Supóngase que agarramos la serie de datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC, desde la primera vez que se publicó hasta la más reciente que se hizo pública. Supóngase que nos interesan los datos de ingresos de la población y, con ese fin, comparamos el primer dato registrado con el más reciente. En tal caso, miraremos el dato del trimestre julio-agosto-septiembre de 2010 y el del trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2022. En total, habrán trascurrido algo más de 12 años entre el primer dato y el segundo. Supongamos, además, que vamos a considerar los precios, medidos según el Índice de Precios al Consumidor, de modo que consideraremos el nivel de precios promedio que ese Índice nos reporta para cada uno de los dos trimestres mencionados. De esa manera, trataremos de expresar el poder adquisitivo real de los ingresos, una vez hemos descontado el aumento de precios registrados a lo largo de esos 12 años y pico.
Hecha esa operación, la conclusión que resulta se resume en lo siguiente: en el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2022, el ingreso promedio en el sector privado es inferior en -15,3% respecto de nivel que tenía en el trimestre en julio-agosto-septiembre de 2010, más de 12 años atrás. En el sector público hay apenas un pequeño aumento de 3%. Eso sí, debemos indicar que, si hacemos la misma operación a fin de comparar lo ocurrido entre mediados de 2019 y finales de 2022, encontraremos que el ingreso en el sector público, descontada la inflación, se desplomó un -18,4%. El mismo dato para el sector privado fue de -7,4%. O sea: los últimos tres años y unos meses, registran un desbarranco generalizado y catastrófico.
Supongamos que ahora revisamos los datos del Banco Central sobre el Producto Interno Bruto (PIB) y, en particular, el PIB por habitante. Resulta que ese dato, tomado en términos “reales”, o sea, descontando la inflación, aumentó nada menos que un 29,1% entre 2010 y 2022. Inclusive en el período 2019-2022 se incrementa un 4,5%, no obstante que de por medio está la crisis pandémica. Ya vimos que, en este último período, los ingresos de la gente -en el sector privado y más agudamente en el público- sufren una fuerte contracción.
Compare la evolución del dato del PIB por habitante con los de los ingresos promedios de la población ¿cómo entender el abismo que se abre entre una cosa y otra?
Aquí hay anomalías diversas. Una de ellas se relaciona con el PIB, un indicador que ha perdido representatividad, y cada vez resulta más falaz y engañoso. Otra tiene que ver con el propio modelo de desarrollo. Algunos “alguienes” -tan privilegiados que las propias estadísticas del INEC no logran registrarlos- se están quedando con una tajada enorme del queque. Pero, la verdad, seguramente una parte sustancial de ese queque se va hacia el exterior.
La política en el lenguaje cotidiano, tanto mediático como social, está asociado generalmente con las determinaciones gubernamentales, de las declaraciones de parlamentarios y de magistrados judiciales o de quienes se les otorga tener influencia caciquil en el Estado. Nunca la política, desde el poder oligárquico, ha tenido una significación vinculada con una facultad ciudadana en la valoración, fiscalización, actuación y devenir estatal.
Esto es, se asume que la política es una facultad del poder estatal prevaleciente, como en tiempos previos a la Revolución Americana y de la Revolución Francesa, o de la constitución moderna del Estado, la ciudadanía, el derecho y la política, para tener la significación de los autócratas en Estados atrasados o absolutos, caracterizados por la frase “el Estado soy yo” atribuida a Luis XIV en la Francia de 1655.
En la historia del Estado peruano o las dictaduras del pasado y presente, no hemos conocido la conquista social de un Estado distinto al oligárquico, de terratenientes y empresarios, razón por la cual la significación del discurso del poder no ha cambiado, como no se ha modificado el ejercicio autocrático del poder estatal peruano.
El Estado Moderno, Nacional, Benefactor o del Estado Social de Derecho, como quiera ser denominado, solo ha sido una ilusión fantasmagórica, que se creía podía ser sustituido por el plagio de alguna normatividad jurídica, que sin conocimiento, participación, legitimidad social ni haber modificado las condiciones que viabilizaban el poder oligárquico, como el actual, solo han sido palabras vacías que sirven como adorno a discursos del poder y las demandas jurídicas. Luego, los derechos formalmente concebidos como igualitarios, fueron de facto sustituidos por derechos desiguales y privativos, para la continuidad de la discriminación, la imposición racial y de clase, en correspondencia con el despótico poder oligárquico. El poder del ayer y hoy posee una Constitución y leyes y que los amparan, contra una inmensa mayoría a quienes se le niega incluso del derecho a la vida, como se privatiza el desarrollo y en bienestar, en favor de los pocos que parasitan de nuestro trabajo y los recursos y riquezas nacionales.
La política no es la administración del poder, tampoco es la voluntad decisoria gubernamental de lo que se hace en la sociedad, porque el Estado no es autónomo ni absoluto, pues la problemática nacional, las necesidades, perspectivas y anhelos ciudadanos son obligaciones que deben ser atendidas por las políticas y la institucionalidad gubernamental. La política es una hechura ciudadana de la ejecución gubernamental. Creer que la política es la acción autónoma del Estado sobre la sociedad, es una falsedad, como tampoco es la actuación gubernamental en razón de los intereses privados de gobernantes y de los grupos empresariales, que son evidencias tangibles de la negación de la política, por ser acciones ajenas, extrañas y antagónicas con los requerimientos ciudadanas y nacionales.
La política no es el ejercicio autocrático del poder, es la expresión y decisión ciudadana en el ejercicio del poder estatal. Los gobernados son parte constitutiva de los gobiernos, son carne y sangre de la legitimidad social y de la gobernabilidad estatal. Las dictaduras carecen de políticas, se sustentan en la violencia ante la crítica, oposición o con protestas y movilizaciones populares. Toda política gubernamental es publica, de lo que es común a todos, nunca privada de gobernantes ni de empresarios globales.
La emergencia identitaria de las poblaciones rurales, históricamente excluidas, muestran una extraordinaria madurez, que trasciende las demandas reivindicativas, para exigir y conquistar los derechos conculcados, así como poseen la capacidad y legitimidad social para construir un Estado dependiente de la participación decisoria para el bien común ciudadano y el progreso nacional.
Los gobernantes del pasado y del presente, aun creen ser los únicos determinadores del quehacer sobre la sociedad, independientemente de las necesidades y anhelos colectivos y comunes de la heterogeneidad social. Los derechos ciudadanos plasmados en la normatividad nacional y las suscritas internacionalmente por el Perú, han sido violentados unas y otras veces, sin un poder ni ente jurídico que los haga cumplir nacional ni internacionalmente. Un derecho sin poder es vacío.
Los derechos sociales en la historia peruana han sido negados o suspendidos con una regularidad extraordinaria, como lo muestra transparentemente la actual tirana, como por los gobiernos que hemos conocido indistintamente de sus posiciones partidarias, ideológicas, demagógicas o delincuenciales.
Hoy, la usurpadora de la presidencia gubernamental, asume con una natural ignorancia, que nuestras poblaciones rurales y sus movimientos sociales, carecen de todo derecho político al criticar, actuar y valorar la actuación estatal, cuando precisamente en nuestro país, son quienes han efectuado variados intentos por revolucionar las estructuras de explotación y dominación colonial-oligárquico, para construir una sociedad democrática y libre para el presente y futuro de todos los peruanos. Asimismo, la fantoche, en su estupidez supina, habla de paz haciendo la guerra y pregona democracia asesinando, cuando en paz y en democracia, la violencia y el terror son imposibles. Sin democracia, no existe ciudadanía.
La policía ni los militares tienen derecho alguno para reprimir y asesinar a la población y menos aún, cuando son justas y necesarias las demandas ciudadanas. La represión de policías y militares contra el pueblo, que nutren sus propias fuerzas, son convertidos en máquinas, que sin pensamiento ni decisión, asesinan vidas e ilusiones colectivas y nacionales. La posesión y uso de las armas de los órganos especializados ni la usurpación estatal, son patrimonios privados que permitan y determinen genocidios. La decisión y el ejercicio de la violencia no les pertenecen, es una facultad requerida por la ciudadanía, ante el riesgo dictatorial, el debilitamiento o liquidación de derechos, o la desaparición y muerte, física o jurídica, de la ciudadanía. El ejercicio de la violencia sin derecho, es ciego y sanguinario, como ha conocido y vivido en nuestra América Latina en diversos momentos, hoy reconocidos como experiencias insensatas y condenados sus autores por crímenes de lesa humanidad. El Perú no puede ni debe repetir la regresividad de la violencia dictatorial de autócratas y militares contra el pueblo.
Es inmoral e inhumano propiciar e incentivar el asesinato de nuestros hermanos que luchan contra los tiranos y codiciosos negociantes globales que pretenden condenarnos a la esclavitud, miseria y muerte. Las movilizaciones y luchas populares crean vidas en libertad y democracia para todos.
[1] Profesor e investigador Catedrático pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.
La Universidad Nacional, cuyo campus central se encuentra ubicado en la provincia de Heredia, fue fundada oficialmente el 15 de febrero de 1973. Por lo consiguiente, acaba de cumplir 50 años de vida institucional.
El momento de su nacimiento fue propicio, porque apenas existían dos universidades públicas de altísima calidad, como eran La Universidad de Costa Rica (UCR) y, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), el cual acababa de fundarse. La UCR no estaba logrando satisfacer la inmensa demanda de educación superior por parte de los egresados de los estudios de bachillerato. La generación de los niños nacidos en la década de los años cincuenta, conocida como “la generación de los baby booms” por la gran explosión demográfica que se produjo en esa década, tocaba las puertas de los estudios superiores en los setenta.
Fueron muchos los estudiantes egresados de la secundaria que carecieron de recursos económicos para costearse los estudios de educación superior, sin que, especialmente la UCR dada su mayor antigüedad, le fuera posible becarlos a todos. Mucho menos el TEC que, como acabo de expresar, acababa de nacer a la vida institucional. Por otra parte, una gran cantidad de jóvenes vieron frustrados su intento de acceder al máximo nivel de educación, tras ser rechazados al presentar el examen de admisión. Los estudiantes que fracasaban con mayor frecuencia provenían de colegios públicos ubicados en zonas urbano-marginales y, con más asiduidad todavía sucumbían ante la prueba de admisión aquellos otros que, se habían egresado de colegios públicos de zonas rurales con graves rezagos económicos, sociales y culturales.
Por lo consiguiente, en aquellas circunstancias del primer quinquenio de los setenta, las opciones de cupo eran en su gran mayoría aprovechadas por estudiantes que se graduaban en los colegios privados del área metropolitana (AM) y en segundo lugar emergían de los colegios públicos de más larga data. Por eso mismo, sus familias poseían mejores recursos educativos y culturales. Fue así como se constituyó una enorme desigualdad en cuanto a la calidad de la educación media, entre los colegios privados, los semi públicos, junto con los públicos más “prestigiosos”, frente a las instituciones públicas, urbanas o rurales ubicadas en regiones deprimidas de la sociedad. La más evidente diferencia y distancia social fue la que se estableció en favor de los colegios privados, con respecto a los colegios rurales fuera de la región central del país (AM). Derivado de lo anterior, se comenzó a producir irremediablemente una suerte de “elitización” de la educación superior que, generó una gran inconformidad, tanto entre personas afines a los círculos de la educación, como en el seno de las familias cuyos hijos se vieron marginados de la oportunidad de acceder a los estudios universitarios. El ambiente se comenzó a crispar.
Los fundadores de la UNA lanzaron un mensaje claro, ofreciendo respuestas ante esta situación aparentemente sin salida. La propuesta no solo comprendió la situación calamitosa del ingreso a la universidad para una parte de los estudiantes que se veían marginados, también contempló una respuesta integral, de carácter académico: el presbítero Benjamín Núñez planteó al amparo de la teoría del sociólogo brasileño Darcy Ribeiro, una tesis vernácula al concepto elaborado por este último de “Universidad Necesaria.”
Antes de que se hubiese llegado a este punto, es necesario señalar que, en la Asamblea Legislativa, los diputados de entonces Daniel Oduber Quirós y Francisco Morales Hernández, enderezaron la propuesta del ministro de educación pública del gobierno del presidente José Figueres Ferrer, Uladislao Gámez Solano, quien originalmente había planteado la creación de una universidad pedagógica. Aunque la idea de una universidad pedagógica sonaba interesante, sobre todo para darle continuidad a la “Escuela Normal Superior”, no podía convertirse en la alternativa que requerían los estudiantes que se veían segregados a causa de su situación de carácter económico social y cultural, pues ellos demandaban acceso a diferentes carreras y no solamente a una institución que ofreciera exclusivamente la opción pedagógica.
El Concepto de la Universidad Necesaria.
Como quedó expresado, el concepto de “Universidad Necesaria” fue acuñado primeramente por el académico brasileño Darcy Ribeiro. Otros intelectuales humanistas latinoamericanos lo secundaron como el filósofo y escritor mexicano Leopoldo Zea.
Ribeiro fue un estudioso de la antropología cultural especialmente. En tal virtud, estudió los procesos culturales de diferentes países de América Latina, y planteó reformas universitarias en varios de ellos comenzando por su Brasil natal. Fue nombrado por el presidente Kubitschek como primer rector de la Universidad de Brasilia; luego durante el gobierno reformista de Joao Goulart, éste lo nombró ministro de Cultura, período durante el cual impulsó una obra democratizadora, reconocida por sus grandes logros en la educación y la cultura de Brasil. Tras el golpe de estado que se le propinó a Goulart, debió asilarse en la embajada de Uruguay, desde donde posteriormente se trasladó a La República Oriental del Uruguay. Allí prosiguió sus estudios sobre las identidades culturales de los pueblos latinoamericanos. Regresó finalmente a Brasil, donde llegó a ser senador del Estado Federal en Sao Pablo.
Gracias a todos estos antecedentes, desarrolló una conceptualización de la “Universidad Necesaria en varias dimensiones: 1- De acuerdo con sus postulados los pueblos latinoamericanos constituyeron identidades nuevas, a lo largo del proceso de colonización Hispánica y Lusitania. Según Ribeiro la cultura estaba conformada por un sincretismo de tres grandes culturas, la cultura hispánica, la indígena y la africana (y la lusitana, agrego ahora). Esta mezcla fue la que dotó a la cultura latinoamericana de la originalidad que ella posee. Sin embargo, reconoció siempre las indiscutibles diferencias entre regiones y después cuando se conformaron como repúblicas en el subcontinente. Empero, en su criterio, este proceso único frente a la cultura europea y estadounidense es el que alimenta la visión de la primera reforma universitaria que tuvo lugar a principios del siglo XX, teniendo como epicentro “la Reforma de Córdoba” en Argentina en 1918. 2-La segunda reforma para Ribeiro fue la que se desarrolló más bien en la segunda mitad de la centuria, sobre todo durante la década de los setenta. “…no se puede entender -postula Ribeiro- el desenvolvimiento de las universidades en América Latina en los siglos XIX y XX, sin interpretar estas instituciones de educación superior en el proceso civilizatorio y su posición en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo.” (Cfr. Ribeiro, Darcy. (1993): “El Proceso Civilizatorio. De la Revolución Agrícola a la Termonuclear.” México. Editorial Extemporáneos, S.A).
Permítaseme agregar otra cita: “En la segunda mitad del siglo XX, los vientos de una nueva reforma universitaria recorrieron los ámbitos de la educación superior en América Latina. Así también había ocurrido en 1918, cuando en Argentina, el grito de Córdoba dio el aviso reformista hacia la nueva educación universitaria.” (Cfr. Ribeiro, D. (1971): “La Universidad Latinoamericana.” Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela.) Es desde esta perspectiva que Darcy Ribeiro plantea que las universidades son y serán las fuentes de donde emanará el pensamiento crítico y se forjarán los profesionales que se conviertan en los motores de un desarrollo y una identidad propia de los pueblos latinoamericanos. Postula que en las universidades es donde se forman los dirigentes para el cambio que nuestra América necesita para impulsar su desarrollo con progreso social. Por ello, reflexionaba que se requería impulsar nuevas estructuras en las universidades en consonancia con la necesidad de apuntalar dicho progreso con independencia identitaria. La función de la universidad latinoamericana consiste en la promoción de una cultura autónoma, no enajenada a las estructuras neocoloniales. Para ello el requisito es la creación de institutos independientes de investigación y la extensión universitaria que alimenten la docencia. (Cfr. Ribeiro, D. (1993): “La Cultura Latinoamericana”, en: Fuentes de la Cultura Latinoamericana, coord. Por Leopoldo Zea. México, Fondo de Cultura Económica, Tomo I.)
Ribeiro también planteó que la Universidad Necesaria en América Latina estaba llamada a cumplir un papel dinamizador ente lo que percibió como una nueva “revolución tecnológica”, más profunda que la “revolución industrial”: “La revolución termonuclear”. También planteó que de cara a esta revolución se deben preparar los nuevos cuadros profesionales, en el contexto de una visión cultural y humanista propia. El gran problema consideró era la falta de recursos económicos de que adolecen la mayoría de las instituciones de educación superior, para asegurar el imprescindible desarrollo autónomo. Por esa razón postulaba que, la colaboración entre universidades latinoamericanas se convertía en algo imprescindible. Para Ribeiro la unidad básica de la universidad moderna e independiente de la política, debía ser la unidad departamental y, en torno a ella deben operar los institutos de investigación y extensión universitaria. También consideró crucial la estructuración de los posgrados, la relevancia de las facultades dedicadas a la formación del magisterio, la rendición de cuentas de todo el personal universitaria y, entre las más importantes, la evaluación quinquenal del cuerpo docente.
Vale la pena señalar que el aporte más original de Ribeiro a la estructura de las universidades lo propuso cuando se empleó a fondo en la tarea de la reforma de la Universidad de Brasilia. Para combatir la excesiva compartimentación de la educación superior, basada en unidades autárquicas, separadas las unas de las otras, incluidos los institutos de investigación disciplinarios, Ribeiro propuso más bien una modalidad consistente en tres cuerpos de órganos de enseñanza, de investigación y de extensión cultural, integrados en una estructura funcional: los institutos centrales de ciencias, letras y artes (Matemáticas, Física, Química, Biología, Geociencias, Ciencias Humanas, Letras y Artes), las Facultades Profesionales (Ciencias Agrarias, Ciencias Médicas, Ciencias Tecnológicas, Ciencias Políticas y Sociales, Arquitectura y Urbanismo y Educación) y de Unidades Complementarias (Biblioteca Central, Editorial, Radiodifusora, Estadio y Museum). (Cfr. Ribeiro, D. (1962): Plan orientador do Universidad de Brasilia, Editora UNB, Brasilia. Véase también del mismo autor “La Universidad Latinoamericana”. Op cit. Pp. 92-106)
La Universidad Necesaria en Costa Rica.
El principal fundador de la Universidad Nacional fue quien llevó la batuta en la propuesta y “vernaculización” del concepto de “Universidad Necesaria”. Entendemos por “vernaculización”, una ruta para hacer propio de la cultura costarricense un concepto como el de “Universidad Necesaria”. Esto significa que en líneas generales se toma el concepto propuesto por Darcy Ribeiro, pero adaptándolo a las características de la “formación socioeconómica y cultural” costarricense. La primera adaptación consiste en que se reconoce la realidad costarricense como una “…cada vez más singular en el concierto latinoamericano, [debido a] factores peculiares de la formación de Costa Rica como nación y como pueblo.” (Cfr. Núñez, B. (1994) “Hacia la Universidad Necesaria”. Editorial de la Universidad Nacional (EUNA), Heredia CR). De acuerdo con el criterio del fundador de la UNA, ello es así derivado de: 1- el relativo aislamiento de Costa Rica respecto de la explotación y de la codicia colonial-mercantilista. 2- la ausencia de formas de trabajo servil y 3- del logro consecuente de una distribución relativamente equilibrada, en comparación con los otros países latinoamericanos del factor productivo fundamental en una economía agraria y pobre: la tierra. (Cfr. Ibidem).
Aquí hay una clara diferenciación con respecto a la propuesta de Ribeiro en dos sentidos: el primero tiene que ver con la caracterización de la situación de Costa Rica como una peculiaridad en el contexto latinoamericano. El segundo, está implícito, pero posteriormente el Dr. Benjamín Núñez lo hará explícito: si Costa Rica es un país con una distribución “relativamente más equilibrada”, en particular en cuanto al recurso de la tierra, y donde la explotación, la codicia colonial mercantilista, y el trabajo servil no fueron tan extremos como en el resto de los países, la universidad se desenvolverá en un contexto, en el que lo que se requiere es mejorar el sistema democrático, ya que «en la sociedad global se mantienen las instituciones democráticas [y una] capacidad de promover el desarrollo, con participación ampliada y la posibilidad de la formación de un consenso con propósitos nacionales comunes”. (Cfr. Ops.cit. pp. 27).
Por otra parte, para el Dr. Benjamín Núñez, la universidad costarricense no repite la historia reciente de regresión que se ha observado en tantas universidades latinoamericanas. En consecuencia, gracias además a la conquista de la autonomía universitaria, la universidad costarricense continúa libre e independiente y puede contribuir a promover un desarrollo más participativo y democrático; puesto que en la sociedad global, se mantienen las instituciones democráticas y la capacidad de promover este desarrollo, con participación ampliada, para lograr la formación de un consenso con propósitos nacionales comunes. No se trata, por lo tanto, como lo proponía Darcy Ribeiro, de la universidad inserta en un contexto de lucha por la transformación integral de la sociedad.
Para Benjamín Núñez, La Universidad Necesaria implica en nuestro contexto, no solo la “formación de una conciencia crítica”, sino algo más comprometido aún, pues se requería que ella participara de manera decisiva en la formulación de una propuesta de solución de los problemas, desde una posición no política, pero sí científica y tecnológica, poniendo al servicio de este propósito, las investigaciones sistemáticas de los problemas nacionales. El resumen realizado por el fundador de la UNA queda patente en la siguiente cita textual: “…la Universidad Nacional debe definir su vocación histórica como la responsabilidad de contribuir al estudio y a la solución de problemas de crecimiento productivo del país, de integración solidaria de su población, de autonomía en las decisiones fundamentales, de preservación y perfeccionamiento de la democracia en Costa Rica”. (Cfr. Ibidem. Pp 32)
Al hacer vernácula la propuesta del concepto de la “Universidad Necesaria”, el Dr. Benjamín Núñez debió entrar en una disquisición acerca de la particularidad del desarrollo costarricense con respecto al contexto latinoamericano, insuficientemente caracterizado y con algunas inexactitudes, a resultas de lo cual quedó sobrevalorada la particularidad de la democracia costarricense. Estas premisas le permitieron comprometer de antemano la propuesta acerca del carácter de la transformación que aguardaba (y aguarda todavía) a la sociedad costarricense, para dejarla constreñida a la “preservación y perfeccionamiento de la democracia en Costa Rica”; en lugar de dejar abierto el aporte de acuerdo con el estudio científico específico de la realidad en los diferentes campos, para que fueran las fuerzas sociales y políticas las que a partir de allí escojan el rumbo que desean imprimirle al país, con base, eso sí, en mecanismos ampliamente participativos y democráticos de decisión.
Estimo que hace falta una valoración a fondo acerca del carácter y la naturaleza de la cultura e institucionalidad democrática costarricense, en cuya tarea las universidades costarricenses (así en plural) han aportado ya desde muchos estudios y tienen mucho más que aportar.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).
A lo largo de su medio siglo de existencia ya transcurrido, la UNA se fue dotando de una importante infraestructura física, tanto en sus campus Omar Dengo y Benjamín Núñez, el primero ubicado en la ciudad de Heredia y el segundo en el sector del Barreal de Heredia, donde se concentran algunas de sus actividades más importantes de docencia, investigación y extensión, como también en los de las sedes y subsedes regionales de Pérez Zeledón, Coto, Liberia, Nicoya y Sarapiquí por lo que la nueva universidad fue consolidando la proyección nacional que siempre la caracterizó, aunque también en esto hay una gran diversidad de opiniones, si bien algunas caricaturescas como la de quienes hablaban de la “Universidad de Heredia” o simplemente “la del río Pirro”, con connotaciones también peyorativas. Sin embargo, fue el abandono gradual del proyecto académico original, con sus proyecciones sociales e interdisciplinariedad, lo que tiende a pesar desapercibido, o silenciado en la manera de evocar (o verdad oficial y oficiosa, para el caso) el inicio de la vida universitaria durante su etapa fundacional.
Los aportes de la UNA en los campos de la investigación y la extensión han sido tan valiosos como los de la docencia, y abarcan un espectro muy amplio en diversos campos de actividad científica, la acción social y de respaldo a la cogestión de comunidades y cooperativas de agricultores, pescadores y apicultores en diversos puntos de la geografía nacional. También, han sido muy importantes las contribuciones específicas del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de la institución (OVSICORI), la Escuela de Biología Marina y sus laboratorios acerca de los problemas planteados por la pesca de arrastre, la matanza de tiburones y la pesca abusiva en el domo térmico de nuestra zona exclusiva marítima del Pacífico, las investigaciones de la Escuela de Química sobre la contaminación ambiental en los espacios urbanos entre otras actividades, el programa de investigación de plaguicidas y las implicaciones su toxicidad en el agro, el programa de análisis de la coyuntura económica y social, auspiciado por las escuelas de economía y sociología, las investigaciones del IDELA y sus constantes publicaciones sobre nuestra área continental, los del IDESPO o Instituto de Estudios de Población con sus encuestas demográficas, sociales, como también de opinión sobre temas sociales y políticos. En fin, todo un conjunto de acciones con las que UNA impacta en la comunidad nacional para beneficio de todos sus habitantes, si bien advertimos que este no pretende, de manera alguna, ser enumeración exhaustiva del inmenso aporte de esta universidad pública a nuestra nación.
La UNA acogió como estudiantes a jóvenes provenientes de los sectores populares, tanto urbanos como rurales, lo que se reflejó en las estadísticas para cuantificar los resultados y tendencias de las políticas de admisión, becas y residencias estudiantiles dentro del ethos del proyecto inicial de la UNA. Los logros se pueden apreciar también en el orden de lo cualitativo y en la medida del tiempo transcurrido se han hecho mucho más evidentes.
En los inicios mismos de la nueva institución, la creación del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA), rescatando la colección del Repertorio Americano de Joaquín García Monge (publicado en Costa Rica entre 1919 y 1958), con la ayuda de su hijo, el doctor Eugenio García Carrillo, dando lugar a un largo proceso de recuperación, análisis y divulgación de los contenidos de esa extraordinaria revista que circuló por todo el continente (Francisco Morales Hernández y Mario Oliva Medina, dixit). Por otro lado, los esfuerzos del IDELA se orientaron hacia el análisis de las tendencias que caracterizan al conjunto de nuestra región, en el plano de lo cultural, de la integración regional y el reconocimiento de una identidad común, y la del Instituto de Estudios del Trabajo (IESTRA), con sus pioneras investigaciones y la docencia dirigida hacia los trabajadores sindicalizados, permitieron avizorar las tendencias y orientaciones de la UNA hacia el mundo laboral, con toda su intrincada y compleja problemática, cuando aún no soplaban los vientos fríos del pensamiento único neoliberal, los que fueron alejando a la socialdemocracia regional de sus políticas keynesianas y reformistas en el mundo laboral y empresarial, al mismo tiempo que entraban en una crisis, incluso de identidad, la casi totalidad de los diversos sectores de la izquierda socialista o comunista (¿meras etiquetas acaso?), los que durante las décadas siguientes abandonaron gradualmente las reivindicaciones obreras y campesinas en materia de legislación laboral, contrato colectivo de trabajo, salud ocupacional, sindicalización y respeto a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Todo este lento y sostenido proceso, que si bien no se dio en términos del discurso pero sí en el de los hechos, como resultado del arribo de la llamada posmodernidad y presunto el abandono de los “grandes relatos” del período de entreguerras y la última posguerra, caracterizada por un crecimiento económico sostenido y el despliegue del estado de bienestar. Esto explicaría, al menos en parte, el cierre o reconversión del IESTRA en los últimos años del siglo XX, un hecho al cual hicimos alusión en la segunda parte de artículo y que marcó un punto de inflexión hacia una visión tecnocrática y utilitarista de la institucionalidad universitaria, frente al que al menos uno de los fundadores de la UNA, Francisco Morales Hernández protestó vehementemente. Tendremos que seguir conversando sobre otras dimensiones de la inmensa proyección de la UNA sobre el conjunto de la sociedad costarricense.
En este país nadie conoció más a Pa Blu Presberu que Tatiana Lobo Wiehoff. Eso no es exageración. Es la constatación de que se metió por completo en la historia de Costa Rica desde el lugar más alejado de la banalidad y los simplismos. Escogió para escribir los asuntos incómodos y desconocidos. Hizo algo así como estripar los diviesos de la historia. Presberu es sólo un ejemplo, entre muchísimos, sobre cómo Tatiana desmontó el discurso del poder con sus escritos y verbo meticuloso y puntilloso. Sus argumentos resultaban tan fundamentados como irrebatibles.
Dedicó muchísimo de su tiempo a estudiar las historias oficiales para demolerlas con una incisiva erudición que molestaba a mucha gente. En sus novelas, reeditadas y premiadas, pasó revista por muchos episodios de la historia anclados en las mentiras del imaginario social y del discurso del poder patriarcal, racista y clasista. Desmontó cada ladrillo de la postal puritana del país. Nos dejó también textos abiertos para continuar investigaciones incómodas como “Parientes en venta”, que resultaban de sus interminables búsquedas en los archivos no deseados del país.
A la casta intelectual difusora del discurso del poder, para nada le encantaba que se pintara la Plaza Mayor de Cartago como el principal sitio de venta de esclavos durante la colonia, porque la esclavitud, como un negocio perfectamente instalado, siempre se intentó negar. En esa obra nos dejó una amenazante propuesta de por qué se habla de “hermanitico” en Costa Rica, “parentesco simbólico que pudo haber surgido del esclavo medio-hermano, que no por estar ligado con lazos de sangre a la familia del amo escapaba a su valor principal: el monetario”. Muchos de los papeles amarillentos de la historia oculta de Costa Rica fueron copiados y transcritos por Tatiana en larguísimas jornadas en la Curia Metropolitana, cuyas puertas le fueron cerradas luego de que le regalara al mundo su “Asalto al paraíso”. Pero por dicha ya había escudriñado demasiado como para entregarnos otras grandes obras como “Entre dios y el Diablo. Mujeres de Colonia. Crónicas”.
Muchas veces compartimos sus manuscritos y papeles que luego serían sus libros. Revolcamos sus cajas y torres de letras a la espera de ser revisadas para escurrirles descubrimientos que resultarían indeseables y agrios para las cabezas conservadoras. Nos pasamos muy buenas horas alrededor de otras historias como “La otra historia de Estados Unidos” de Howard Zinn, o las correrías y negocios de Juanito Mora tan alejados de la inmaculada imagen del prócer intachable. En la pluma de Tatiana todos estaban propensos a ser escudriñados y asoleados. En su discurso, con todas las evidencias del caso, cualquier “prócer” intocable, antiguo o moderno, quedaba en la vitrina como el corrupto, mentiroso o demagogo que hubiera sido.
Hablamos mucho de su trabajo cultural en los pueblos originarios, cuyos conflictos siguen vivos por el desconocimiento y no aplicación de sus derechos. Como símbolo, la foto del texto de la sentencia de Pa Blu Presberu, es sin duda un documento cuya fuerza siempre servirá para mantener despierta la lucha por los derechos de esa población. Esos papeles no hay que guardarlos, sino mostrarlos y compartirlos, sobre todo en estos tiempos de “hiperproducción en los que la humanidad se ha olvidado de ser inteligente”, como reclamada Óscar Wilde. En fin, compartimos desaprendiendo las historias oficiales y buscando una comprensión con mente propia del pasado y la actualidad de nuestros países y pueblos. En esa tarea permanente e impostergable, Tatiana nos deja un aporte inconmensurable.
Ojalá que las nuevas y futuras generaciones, con tanta gente distanciada de los libros, se permitan la oportunidad de sumergirse en los libros de Tatiana, y que las personas jóvenes, como su nieto Nicolás Durán Blanco, que tuvo el privilegio de “pasarle” a computadora algunos borradores y ser dedicado junto con Adela Pita en “Asalto al Paraíso”, nunca se cansen de multiplicar su abundante, desafiante y dichosamente hereje legado.
Tatiana, a pesar de haber nacido en Chile, se hizo más costarricense que la mayoría de acá en términos de conocer, desmitificar, criticar y trabajar para mejorar este país al borde del despeñadero. Ella es un ícono de la inteligencia frente a las mentiras oficiales y la estupidización como mecanismo de control social; por eso marcó un cambio de rumbo en la literatura costarricense.
El pasado 8 de febrero 2023, durante la habitual conferencia de prensa semanal por parte del gobierno, en el segundo anuncio titulado “simplificación de trámites en materia ambiental”, fueron presentados junto al presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, los ministros de gobierno Frank Tattenbak Capra (MINAE) y Francisco Gamboa Soto (MEIC), el presidente del CFIA Marco Antonio Zúñiga Montero y el secretario de la Setena Ulises Álvarez Acosta. También, se mencionó el acompañamiento de representantes de la Cámara Costarricense de la Construcción1.
Si bien la materia ambiental es amplia y compleja como graves son los problemas y daños ambientales que padecen nuestro país y el Planeta, el espacio divulgativo, se limitó a lo que describieron como el “cuello de botella número 92” que este gobierno despescueza con el protagonismo “maestro” del señor Francisco Gamboa; según referencias del propio presidente. Sin embargo, el titular del MINAE ocupó su intervención para llenar de elogios al secretario Álvarez por la tarea cumplida; aunque no se supo bajo cuáles sustentaciones técnicas y/o legales, pues durante el evento, su participación fue muda, máximo que, ni a los representantes de la prensa los interpeló el tema. Tal vez extraño, porque de los cinco protagonistas, este señor era el único supuesto experto en la materia de la Institución que dirige, y a cuya función esencial a través de los expedientes que tramita, dieron a conocer que con la decisión tomada le eliminaron el 65%. Para ellos quizás un “pequeño detalle” pero suficiente para la felicidad manifestada, no obstante, aparte del daño ambiental que induce en el país, vale preguntarnos por las repercusiones que tendrá esta decisión política a corto plazo para los aproximadamente 90 funcionarios de Setena. O sobre los miles de consultores ambientales con credenciales para el desempeño profesional acreditado por esta Institución2.
Pero así fue, el señor Álvarez Acosta no expuso absolutamente ningún sustento técnico ni por parte de sus superiores hubo interés de que lo hiciera, su silencio no se interrumpió ni para corregir las incongruencias discursivas de los acompañantes, si es que su experticia en Evaluación de Impacto Ambiental es consecuente con el puesto que ostenta; por lo tanto, es evidente que fungió como un cómplice más de las mentiras expuestas por ignorancia o mala fe.
Al escribir estas reflexiones, no conocemos todavía la publicación y obvio contenido total del Decreto Ejecutivo anunciado e informado luego por Setena3, acerca de estas nuevas reformas que, por las vísperas evidencian la misma regresividad de las más recientes modificaciones parciales conocidas. Se especula si podrá ser el decreto DAJ-D-008-2018 No. 41132-MINAE que firmara el presidente Solís el 02/05/2018 pero que nunca se llegó a publicar; el generado aparentemente después por el gobierno siguiente titulado “Reforma Integral de 31849-SETENA” con fecha 25/05/2021; reformas o más bien derogaciones consistentemente rechazadas por CONARE4, o en su defecto, “otro más avanzado” acerca de la derogación definitiva del hasta ahora vigente. Es decir, la base de este análisis alude principalmente el vulgar discurso de lo que se atrevieron a decir y repetir los conferenciantes:
1.“Que el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental es un manual de tortura de la santa inquisición”. Vulgar descalificación, pues este Reglamento de Ley (D.E. 31849-2004)5 y Manuales con sus anexos y reformas consecutivas anteriores al año 2013, fue elaborado por profesionales de diferentes especialidades y demostrada calificación científica. Está escrito y demostrado que, contó con una amplia participación pública e institucional, así como de los señalamientos precisos y certeros de la Acción de Inconstitucionalidad resuelta mediante Sentencia No.1220-2002 del 06 de febrero de 20026, por parte del más alto Tribunal de este país. También se tomaron en cuenta disposiciones técnicas internacionales, y todo esto, a pesar de la oposición permanente de sectores empresariales nacionales como la Cámara de la Construcción. En consecuencia, ningún ciudadano honrado de nuestra Nación, puede ni debe llegar a tales extremos de bajeza contra esta normativa de tanta trascendencia y sensibilidad. Es notable que se acude a la ridiculización para destruir o en este caso, eliminar algo en lo que carecen de argumentos técnicos y científicos para llevar a cabo. Conducta sin duda alguna consonante con la oposición gubernamental y mismos sectores empresariales contra la ratificación del Acuerdo de Escazú7,8. Dos acciones contundentes y reveladoras de la contra política ambiental de los usurpadores de los poderes del Estado.
“Que se trata de un modelo de escritorio”. Quienes esto han dicho y repiten, entre ellos el secretario de la institución9, parecen confirmar que, nunca lo han leído y mucho menos analizado integralmente y con conocimientos profesionales previos. Pues nadie puede negar que dicho Reglamento General, es parte sobresaliente del bloque de legalidad ambiental que ha dado o dio prestigio internacional a Costa Rica durante años y que, por ejemplo, entre conceptos y definiciones, también comprende un Manual de Procedimientos e Instrumentos Técnicos para el desempeño multidisciplinario tanto en el terreno como en oficina. De manera que, para el cumplimiento cabal e integral de lo que estos señores llaman “modelo de escritorio”, más bien, lo que rige es una transversalización de las fases de campo y oficina en todo el proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, obras o actividades. Es decir, si este instrumento verdaderamente interactivo, no ha cumplido la mejor función para la que fue creado, no ha sido por las debilidades que suponen corregir; sino, por las debilidades y desviaciones de quienes lo han administrado, justificando reiteradamente que no es necesaria la inspección de campo. Ejemplo: “Habiendo revisado la información contenida en el expediente administrativo D1-0731-2022-SETENA, y analizado la ubicación del proyecto según informe emitido por el área de Geografía, cumpliendo de esta manera con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y sus modificaciones, el Departamento de Evaluación Ambiental determinó no realizar la inspección”.Entre los elementos adicionales justificantes de tal decisión se contempla “El contar con un registro fotográfico del área de proyecto”.
3.”65% de proyectos de bajo impacto ambiental que ingresan a Setena ya no requerirán viabilidad”. Del Reglamento inicialmente citado y que asumimos todavía vigente, pues como se ha dicho antes aún no se conoce publicación de su derogación total ni parcial, el Anexo 2 comprende un listado de los proyectos, obras o actividades que deben cumplir el proceso evaluativo. Todos están clasificados y categorizados únicamente en alto (A), moderado (B) y bajo impacto ambiental potencial (C); así mismo, definidos los instrumentos o documentos de evaluación que les corresponde aplicar para obtener la Viabilidad Ambiental. Los de bajo impacto ambiental debían utilizar el documento de dos (D2) para cumplir con el proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental, obviamente proporcional a su condición respecto a los otros. Pero, aunque esta disposición reglamentaria no siempre fue administrada cabalmente por la Setena, se mantuvo vigente hasta el año 2019 cuando el presidente Alvarado y su esposa, promulgaron el decreto ejecutivo No. 41815-2019-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC (05/07/2019)10 que derogó el otorgamiento de la Viabilidad Ambiental correspondiente. Se dijo entonces que los trámites en la Setena disminuirían un 54 %, se ahorraría mucho dinero y se reactivaría la economía del país. A partir de ese momento, con el mismo D2, se dio lugar a una figura de laxo formato y contenido que llamaron “Registro (permiso) Ambiental”; un proceso de corta duración el cual “… finalizará con una notificación electrónica indicando, número de permiso ambiental emitido al registro…”, no comprende firma de responsable alguno, no especifica tiempo de vigencia y tampoco establece instrumentos para el control y seguimiento. (Ver Artículos 1, 9, 12 y 13 de este Decreto). En dicho orden, es claro que, hace más de tres años la Setena se desligó parcialmente de otorgar licencias ambientales, y a cambio otorgar también permisos ambientales. Hasta la fecha abarcan miles de proyectos, obras o actividades de disímiles características, excluidos y por ende construidos sin Viabilidad Ambiental con la justificante de que se categorizan de bajo impacto ambiental como: Centros de Salud tipo EBAIS, Centros policiales cantonales, Líneas de transmisión y distribución eléctrica, Estaciones de trasporte público de personas, Concesiones de agua, Gimnasios, etc. (Ejs: R. A. D2-0060-2020-R, P.A. D2-0532-2020, R. A. D2-0750-2020-SETENA, R.A. D2-0876-2022 SETENA)11. Tómese en cuenta que, la categorización y clasificación de los proyectos, nunca se diseñó para excluir, sino para adecuar y garantizar la proporcionalidad en la aplicación de la herramienta de Evaluación de Impacto Ambiental.
“Que proyectos pequeños no agregan valor”. Los conceptos y visiones económicas representadas por los conferenciantes, quienes en las regulaciones ambientales no ven más que obstáculos a sus políticas de crecimiento; por regla general no son compatibles con el desarrollo ambientalmente sostenible, así hayan repetido y repitan por siempre que, la protección del ambiente lo llevan en su ADN. El máximo y verdadero valor de los recursos naturales y sobre todo bajo las condiciones del presente, exige en Costa Rica y el mundo una actuación humana realista como bien plantea el Papa Francisco en su encíclica Laudato si12. Y esto es de compromiso con el todo y con todos, lo cual, permita superar la tecnocracia impulsada por estos economicistas, cuyo antropocentrismo moderno ilusoriamente supone que los bienes sólo adquieren valor en la medida en que su explotación satisface las demandas del mercado; olvidando o negando que, tales bienes (recursos naturales) por sí mismo poseen valor intrínseco al margen de dimensiones cuantitativas y de mercado.
Que “para estornudar, remodelar una casita humilde y poner una barbería, había que presentar estudio de impacto ambiental de la Setena.” Desde que se promulgó el Reglamento General de Evaluación de Impacto Ambiental y su Manuel en el año 2004 y posteriores reformas, nunca se estableció que actividades u obras como estas, tenían que presentar algún trámite de impacto ambiental ante esa institución. En los Anexos 1, 2 y 3 puede verificarse cuáles sí lo requieren o requerían.
“Venimos trabajando en esto desde el inicio de la administración, no es fácil…”. “Don Ulises Álvarez es quien ha tenido que llevar el fuerte de esta reforma de fondo.” Como ya se ha dicho, la Viabilidad Ambiental a proyectos de bajo impacto ambiental fue derogada en el año 2019 durante la administración Alvarado y la reforma de fondo o derogación planteada sobre el Reglamento y que, aparentemente es la que ahora está por ejecutarse su puesta en vigencia, fue elaborada durante la administración Solís.
“Que con la reforma por ellos trabajada y que pondrán a regir próximamente, cada proyecto de bajo impacto ambiental que ya no tendrá que ir a la Setena, evitará un costo entre 180.000 y 300.000 colones”. Ni cuando se tramitaba Viabilidad Ambiental a dichos proyectos, obras o actividades con el uso del D2, ni cuando posteriormente se sustituyó por un registro (permiso) ambiental; su costo para el usuario nunca ascendió a la suma mínima señalada de 180.000 colones. Pues no demandaba estudios técnicos, no ocupaba pago de consultor ambiental y la única obligación en este sentido, era pagar el equivalente de 60 dólares por concepto de uso del D2 e igualmente, algo así como leer más que usar el Código de Buenas Prácticas Ambientales, pues al usuario nunca se le entrega ejemplar alguno.
“Establecer con más claridad los controles de obras es fundamental, eso nos lleva al principio de seguridad jurídica”. Este principio no se garantiza con la derogación de una obligación reglamentaria legalmente constituida y consolidada, en cuanto a los requerimientos de la evaluación de impacto ambiental para los proyectos aquí señalados. Por lo tanto, la disposición en marcha que acabará hasta con el registro (permiso), violenta dicho principio, tanto porque en materia ambiental no es válida la retroactividad ni regresividad de normas, como también, porque el Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiental permanece incólume. Y parte de lo que sí es más claro, son los descontroles en que quedaron desde la reforma del 2019, una cifra aproximada a los 4500 proyectos de bajo impacto ambiental desarrollados. Así mismo, otros indicadores de atención, como las más de 19.000 denuncias ambientales ingresadas ante las instituciones del MINAE en el mismo período. (Ver sitio web de SETENA y Contraloría Ambiental)13,14.
“Los proyectos grandes realmente sí tienen que demostrar un no impacto al ambiente”. Ningún proyecto sea de la dimensión que sea, tiene ni puede demostrar tal condición, pues si no impacta es porque no existe; además, la dimensión del proyecto no es el único factor determinante del peso del impacto. Si por proyectos grandes, los conferencistas pretendieron referirse a los proyectos, obras o actividades de alto impacto ambiental potencial que contempla el Reglamento, deben de conocer estos señores que, impactos son impactos. Tanto a esa categoría alto, como a los de mediano y bajo, para todos se deben determinar sus impactos mediante los estudios técnicos, y de esta forma plantear las medidas apropiadas para contrarrestarlos y alcanzar el equilibrio que exige el desarrollo ambientalmente sostenible. Si los impactos ambientales como los de proyectos de categoría mediana y baja, no se identifican y gestionan bajo la misma herramienta, representarán daños al ambiente que, también por acumulación y efectos sinérgicos, llegarán a ser de iguales o mayores consecuencias negativas que los de alto. Y algo más, los impactos ambientales de toda categoría de proyecto, impactan sobre el mismo ambiente, pues no existen tres o más ambientes; el ambiente es uno sólo: la “Casa Común”.
“Esto es muy importante, pues ahora muchos no van a tener que gastar su dinero en lo que no es importante”. “Muerte a la tramitomanía innecesaria”. “Estamos felices ahora. Setena menos fregando desde el escritorio”. “Es una reforma muy sustancial del reglamento de Setena que vemos muy positiva”.Estas estultas y chabacanas declaraciones de la moderna política pública del gobierno, no representan más que la absoluta autodescalificación para administrar las políticas públicas verdaderamente necesarias para volver a avanzar en este país, y no los retrocesos con que, también en materia ambiental e igual lineamiento, se exhiben a nivel internacional. Es falso que se trata de reforma del reglamento de Setena. También es falso que, no es importante invertir dinero para aplicar un procedimiento técnico-administrativo y carácter preventivo, que le facilita a la autoridad ambiental tomar de decisiones informadas respecto a la viabilidad ambiental de un proyecto y su gestión ambiental. Sin duda que, el atrevimiento desborda los límites de lo esperado, al menos por parte del poder ejecutivo de un país que se creyó democrático y de tradiciones ecológicas.
Así estamos, sobreviviendo de la pandemia del siglo que, ya acabó con la vida de cientos de millones de personas en todo el mundo especialmente pobres, mientras la pobreza continúa su expansión tanto como la acumulación y concentración de capitales a costa de más sacrificio humano y del ambiente. Es decir, la amenaza y creciente número de muertos continúa. Las fuerzas e intereses que dominan el mundo no dan muestra de pretender revertir tal situación, pues sin haber acabado la pandemia, la guerra ha sido y es su segunda estrategia aún en medio de las catástrofes naturales que, también advierten el cambio climático. A las consecuencias de todo esto, no hemos escapado ni escaparemos en Costa Rica. Pero su gobierno, cínico, prepotente y además ignorante como pocos de la historia nacional, un día sí y el siguiente también acude al añejo “arte de la mentira política” y con absoluta fidelidad a los grupos plutocráticos que representa, pretende hacer creer al pueblo falsedades con vistas a los fines de: “reactivación económica, empleo e inversión extranjera”. Misma receta para la cual, desde años anteriores aplicaron el terrorismo psicológico de Estado mediante el llamado “memorando del miedo” Casas-Sánchez15.
Por lo tanto, no hay tiempo que perder, luchar y trabajar es ocupación de personas honradas y la denuncia, contra las mentiras de quienes en la Administración del Estado se apartan de sus responsabilidades, deberes y obligaciones de cumplir con la Constitución, la ley y sus reglamentos; es una herramienta legal a disposición de todos y con carácter obligatorio, según lo establecido en el Artículo 50 Constitucional y No. 111 del Reglamento General -todavía vigente.
El mundo atraviesa hoy una situación inédita. Una situación en la que por más de dos años la consigna era que estuviéramos lo más lejanos unos de otros. La pandemia nos obliga a estar encerrados, en unos lugares si, en otros no. Una situación en la que hoy nos damos cuenta de que muchos se aprovecharon de la pandemia para hacer negocios y ganarse millones de dólares en nombre de la enfermedad y de miles de muertos.
Hoy vivimos la infamia de una guerra provocada por unos que ahora se dicen los inocentes y los que desean la paz. Una guerra que se inició con dos países pero que ha involucrado a muchos más, aunque no quieran reconocerlo. Pero que además tiene a otros muy interesados en unirse a ella. Es decir, nada de raro en que tengamos una tercera guerra mundial.
Hoy hemos escuchado que Rusia se retira del acuerdo por reducir armas nucleares, en forma unilateral. Una amenaza mayor para el mundo.
En eso está el mundo, simplemente de cabeza y por ende extraviado sobre lo que desea la humanidad: amor y paz. Aunque suene a los hippies de antaño, pero es lo que necesitamos hoy.
El que Biden vaya sorpresivamente a Ucrania y el que llegue a Polonia a hacer un discurso que no ofrece mucha ayuda para buscar La Paz, nos habla de un mundo abocado, por las potencias, a pelear por lo que desean y no por lo que le interesa a la humanidad.
Dios quiera que recapaciten y entiendan los que toman las decisiones que, en cada una de ellas, está el futuro de la humanidad y entre peores sean menos esperanza tenemos de sobrevivir. Por eso es importante iniciar este tiempo de cuaresma acercándonos más a Dios y hacer lo necesario por entender su Plan de Amor y no seguir ese plan del mundo.
Lo más valioso de nosotros los humanos son las palabras. Somos humanos porque tenemos palabras.
Entre las palabras más preciadas de todas las palabras están las palabras que nos identifican, nuestro nombre.
El crimen más grande que se ha narrado es el diluvio universal en el que, con unas poquísimas excepciones, todos los animales, incluyendo a los humanos, fueron arrastrados a la muerte por asfixia. Pero el crimen mayor no fue la matanza generalizada, que incluyó recién nacidos y ancianos, lo peor de todo es que de aquel episodio horrendo solo quedaron los nombres de Noé y de su familia, mientras los nombres de las víctimas fueron arrancados de raíz como fueron arrancadas sus vidas. Nombres sepultados en el olvido, vidas sepultadas bajo el agua.
Ahora los grandes poderes económicos están secuestrando palabras que hemos cultivado durante milenios. El caso más destacado es cómo se han venido apoderando de la palabra emprendimiento y sus derivados.
El emprendimiento más importante de toda la historia de Costa Rica fue la Campaña Nacional de 1856 y los emprendedores más conspicuos fueron Juanito Mora, el General Cañas y Juan Santamaría.
Grandes emprendimientos fueron la reforma social de 1943 y la reforma del estado de 1948. Grandes emprendedores fueron Calderón Guardia, Manuel Mora, Monseñor Sanabria, José Figueres.
Algunos de los grandes emprendedores de 1856 y de 1943 tuvieron también negocios, pero sus emprendimientos importantes no fueron los negocios, fueron la conformación de Costa Rica.
Tenemos emprendimientos extraordinarios en los campos de la ciencia, el arte, la literatura, el deporte y las actividades comunales y políticas. Una buena novela, una poesía impactante, una escultura son emprendimientos admirables. También son emprendedores los que suben al cucurucho del Chirripó, los que movilizan al pueblo, los que investigan y escudriñan la ciencia para conocer más y más de los movimientos sísmicos o para producir nuevos medicamentos. Y son muy emprendedores quienes se empeñan en organizar mejor los sistemas de salud y otros servicios públicos.
Pero quieren robarnos la palabra emprendimiento, redefinirla para mutilarla, para dejársela solo a quienes se dedican a los negocios. Hasta la han convertido en un sinónimo. Antes se decía que una persona creaba un negocio o una empresa, ahora crea un emprendimiento. Y han tenido éxito.
El éxito que han tenido los grandes poderes económicos en la redefinición de la palabra emprendimiento se debe en buena parte al mimetismo de los humanos. Ese mimetismo lo descubrí yo hace muchos años, no en ningún libro sino repartiendo volantes. En aquellos años nos plantábamos a las cinco de la mañana a repartir volantes en las paradas de buses. Las personas cogían el papelito, una tras otra, pero en algún momento alguien lo rechazaba de manera ostensible. Cuando eso ocurría todos los que seguían continuaban rechazando el papel que intentábamos entregarle. Fórmula mágica: tras un rechazo, dos pasos atrás, pausa, y continuar cuando seguían en la fila quienes no habían observado el rechazo.
Ese mimetismo humano ha sido aprovechado para poner a dos o tres personas influyentes a utilizar emprendimiento como sinónimo de negocio para que la multitud repita y repita.
¡Qué no nos roben las palabras! ¡Que sigan siendo los más grandes emprendedores aquellos que se empeñan en lograr objetivos para el bien común sin esperar ganancias personales!
Publicado por el autor en su espacio de Facebook y compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
Las palabras son la manifestación del pensamiento, cultura, historia e identidad de las personas. Ellas son posesionarias de significaciones complejas en la interacción comunicativa de sus protagonistas, las cuales trascienden la relación personal para ser referentes particulares de cada tiempo espacio social.
La pluralidad social en el presente globalizado requiere de la comunicación por ser un requisito para la convivencia, para la vida en comunidad y para nuestra socialización como seres humanos. La heterogeneidad social, que es inherente de las personas, no es un obstáculo para la comunicación, pues no existe nadie que piense o actúe igual que otros, ni existen patrones culturales idénticos. No, obstante, las diferencias no son limitaciones para la comunicación social, por el contrario, son escenarios para el dialogo peculiar e inédito para aproximarse a conocer otras costumbres y culturas.
El odio racial, cultural o ideológico, no ocurre por ser diferentes, porque todos los somos. Los enfrentamientos sociales, en muchos casos son cicatrices del pasado, alimentadas e incentivadas por quienes les interesa mantener separadas las poblaciones para impedir la unidad de pensamiento y acción conjunta por el bien común entre pueblos y naciones.
La fragmentación social, racial o ideológica, constituyen un pretexto para el fomento del odio y la destrucción genocida en una sociedad y sistema, caracterizado por la desigualdad y la explotación generalizada de los pobres y el desprecio hacia los trabajadores gestores de la historia nacional y de la riqueza privada. En el universo de las relaciones sociales, donde pocos propietarios millonarios, desprecian, explotan y sacrifican cotidianamente a miles de trabajadores, sin derechos ni reivindicaciones, sin duda es la simiente del enfrentamiento, pero en el contexto peruano y otras sociedades, proviene de los pocos que poseen todos privilegios y leyes que los amparan, y que gozan de la protección del monopolio de la violencia del Estado.
El fascismo, de ayer y de hoy, en el Perú se estigmatiza y polariza social, política y económicamente a las mayorías nacionales, basándose en el odio, la discriminación y la represión asesina, como un artilugio para manipular y crear el odio entre trabajadores del campo y la ciudad y de este modo, distraer, distorsionar y diferir el antagonismo entre explotados y explotadores, entre demócratas y tiranos, entre víctimas y victimarios, por ello, el fascismo peruano corrompe y controla de los medios para privatizar la información e intentar el control del pensamiento colectivo, así como para ocultar y falsificar la información, a la vez que justifica las acciones de espurios tiranos, parlamentarios corruptos y las decisiones violentas de los militares, que sin conciencia, sin pensamiento propio ni nacional, reprimen a quienes deben servir. Ese periodismo y otros protagonistas son culpables del odio, enfrentamiento y asesinato contra nuestros hermanos y sus pueblos.
El fascismo en el poder, no es por la caduca consideración racial, de creerse unos superiores a otros, ello es una mascarada que oculta la imposición de la colonialidad del poder y del saber en la sociedad peruana. El miedo, la impotencia y la ignorancia del poder, ha reproducido viejos prejuicios contra los gestores históricos de nuestra peruanidad, con los cuales no se identifican, ni se estiman nativos. La privatización de la nacionalidad por los que se creen mistis o dueños de la nación, es la inimaginable regresión histórica, ideológica, cognoscitiva y cultural ocurrida en el Perú contemporáneo. Pero, no ha sido espontánea, ha sido creada intencionalmente por el poder colonialista existente, los medios y la educación del poder.
El totalitarismo fascista, con los dineros de las empresas globales, ha convertido a muchos periodistas en auténticos sicarios, tan culpables como los asesinos de nuestros hermanos y de los anhelos ciudadanos. Asimismo, los han despojado de la honorabilidad del periodismo continuador de sus predecesores, luchadores por la verdad y la libertad del pensamiento.
La espuria presidenta protegida y amparada solamente por los militares, no gobierna, tampoco lo hacen los corruptos parlamentarios, pues no se gobierna con represión policial y militar y sin legitimidad social. Esos personajes son ridículos fantoches del poder de los millonarios de las empresas globales que imponen las decisiones económicas y se apropian de las riquezas nacionales y del funesto Fondo Monetario Internacional que controla, fiscaliza y decide la finanza estatal que ha liquidado las políticas públicas y los derechos ciudadanos.
Las tiranías requieren de las palabras y discursos, no para dialogar ni concertar, sino para imponer las decisiones y acciones contra quienes les han negado la palabra y el de ser escuchados. Los medios simplifican y falsifican la complejidad de los acontecimientos y realidades, ofenden a la inteligencia e impiden el pensamiento complejo. La veracidad y la pluralidad del pensamiento, así como el debate serio, plural, comprometido, sobre los derechos ciudadanos, la democracia o el desarrollo nacional, están ausentes en dichos medios, porque están protegidos, mantenidos y ser esclavos del poder fascista.
La incomunicación social es la condición privativa del poder, pero ninguna tiranía mediática o estatal es eterna, como tampoco lo es la incomunicación. Las protestas populares son las expresiones del fracaso del discurso del poder, de la imposibilidad seguir dominando y explotando, así como son evidencias concretas y trascendentes de la absurda pretensión de eternizar un poder irracional y sin horizonte histórico. El pensamiento y conciencia crítica y disidente, son la esperanza para reconstruir una sociedad plural y un mundo mejor, en aras de una cuestionable y endeble hegemonía global norteamericana. Las políticas y las instituciones públicas han sido liquidadas.
(*) Juan Huaylupo Alcázar, Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.
La Ley Marco de Empleo Público, N° 10.159, estableció una vacatio legis de doce meses, la cual entrará en vigor el próximo 10 de marzo.
A pocos días del banderazo de salida, a pesar del tiempo transcurrido desde que se promulgó, el pronóstico de su esperado estreno no es, para nada, muy alentador.
La cuestión, en buena parte, obedece a que la ley, de significativa complejidad, comprende varios subsistemas de la relación de empleo público (planificación del empleo, organización del trabajo, gestión del empleo, gestión del desarrollo, desempeño, compensación, evaluación de desempeño y otros), que no fueron bien pensados por el legislador, cuya implementación, a partir del próximo mes, no es nada fácil.
Y si no es así, que lo diga MIDEPLAN, que prácticamente se reservó hasta el final consultar el proyecto de reglamento de dicha ley, una consulta de mero trámite, sólo para cumplir un ritualismo legal, que resultó un desafortunado fiasco jurídico.
A lo anterior, se suman deficiencias de redacción y falencias técnicas que contiene la ley, producto del atropellado proceso legislativo que sufrió, que desdeñó los criterios técnicos y expertos, entre ellos el Memorando del Departamento de Normas Internacionales y Gobernanza de OIT.
Como si lo anterior no fuera poco, el proyecto fue objeto de varias inopinadas enmiendas, que reflejan, como dice Montesquieu, “las pasiones y los prejuicios del legislador”, las pasiones contra el Estado Social y Democrático y los prejuicios contra las personas servidoras públicas; la cual finalmente fue remendada, “técnicamente” chapuceada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, engendrando, en definitiva, la impresentable Ley Frankenstein, cuyo cronómetro ya está en cuenta regresiva.
I.- Razones imperiosas que justifican la posposición de la vigencia de la ley
A la vuelta de la esquina de su anunciada vigencia, puede sostenerse, por diferentes y poderosas razones, que resulta inviable, altamente riesgosa e inconveniente su aplicación, a partir de aquella inminente fecha:
1.- En primer lugar, lo menos que podía haber ordenado la desatinada propuesta de reglamento, consultada por el Poder Ejecutivo, fue precisar, delimitar los alcances y aclarar las tantas normas oscuras que abundan en la ley.
Un reglamento ejecutivo es una norma secundaria, subordinada a la ley (secundum legem), cuyo objetivo es desarrollar, delimitar, precisar y aclarar los preceptos de una ley, particularmente los que implican el ejercicio de potestades discrecionales de la Administración, con la finalidad de procurar una aplicación certera y ordenada de la misma.
No obstante, el proyecto consultado fue cuestionado por diferentes instituciones, y no solo por los sindicatos, entre las cuales destacan la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia, solo por citar algunas entidades públicas.
En términos generales, las opiniones o informes rendidos por estas instituciones, coinciden en que las normas del proyecto de reglamento están viciadas de deficiencias, oscuridades, ambigüedades, desprovistas de la más elemental técnica jurídica.
Además, concuerdan que varias normas se extralimitaron, desbordando el ejercicio de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo.
Amerita destacar que esos informes contienen cuestionamientos muy serios acerca de dos temas muy relevantes: el salario global y el congelamiento de las remuneraciones de las personas servidoras públicas.
No hay duda que el salario global es el producto estrella de la ley. No obstante, el salario global es el producto más oscuro y misterioso de la ley, que se limitó a establecer sus presupuestos y parámetros muy generales, delegando al reglamento su construcción normativa.
Lo mínimamente esperable era que el reglamento desarrollara los presupuestos de ley y precisara la metodología para la construcción de las familias y las escalas salarias globales, que quedarán sometidas a la gobernanza total y totalitaria de MIDEPLAN.
Por contrario, el proyecto de reglamento, deja este asunto, y otros no menos importantes, en el limbo, “a mitad del camino, entre la nada y el olvido”, como dijo el productor de cine Clint Eastwood.
Es insólito, que a tan pocos días que empiece a regir la ley, las nuevas y radicales reglas de juego, que no son poca cosa, particularmente en materia de salario global, estén todavía en las tinieblas.
2.- Varias normas de la ley requieren una plataforma tecnológica que permita su instrumentación. Por ejemplo, la operacionalización de la plataforma integrada de empleo público (artículo 12).
Esta plataforma, a la fecha, ni siquiera está diseñada.
3.- La rectoría de la gestión del empleo público que se le cometió a MIDEPLAN, violentando el principio de separación de poderes y las autonomías constitucionales, por lo visto, le quedó muy grande.
La asunción de la rectoría del empleo público requiere instancias de dirección, coordinación y articulación con las entidades que van a quedar a merced del tutelaje político y normativo de MIDEPLAN.
Los mecanismos de dirección y coordinación interorgánica tampoco han sido implementados, para asegurarse que la entrada de vigencia de la ley vaya a ser ordenada y no produzca un colapso administrativo, que hasta podría significar una alteración en la normalidad y continuidad de la prestación de los servicios públicos.
Estas instancias de dirección, coordinación y planificación están a la deriva.
4.- Por otra parte, dado los cambios institucionales y radicales que produce la ley y las afectaciones que causarán en la relación de empleo de las y los servidores públicos, es absolutamente necesario, por un lado, que las instituciones cuya dirección política asumirá MIDEPLAN, dispongan de las herramientas normativas y técnicas adecuadas para realizar esos ajustes, y por otro lado, que las personas servidoras públicas tengan pleno conocimiento de las implicaciones que en sus condiciones de trabajo y derechos laborales producirá la aplicación de la ley emergente, particularmente tratándose de sus derechos adquiridos, entre ellos, el régimen de sus remuneraciones.
Los trabajadores tienen el inapelable derecho de conocer, literalmente con absoluta certeza y total transparencia estas implicaciones, en el ámbito de cada una de las instituciones en las que se aplicará la ley.
Esas herramientas no están construidas y la información a las personas trabajadoras de los cambios que se aplicarán, a partir de tan pocos días, brillan notablemente por su ausencia.
II.- Desgobierno, caos institucional, inseguridad jurídica y aumento de la conflictividad laboral
Con fundamento en las anteriores consideraciones, se puede sostener que, desde el punto de vista 1) normativo, 2) tecnológico, 3) institucional y 4) administrativo, por decir los más relevantes, la aplicación de la ley, a partir del 10 de marzo, será un ejercicio abortado, una ley fallida, con consecuencias predecibles, que podrían ser catastróficas.
La ley (en sentido material) constituye una manifestación jurídica de la democracia, expresión de la voluntad popular.
En tanto que expresión de la voluntad popular, la ley requiere necesariamente que ostente legitimidad democrática.
La legitimidad democrática de una ley exige que en su proceso de tramitación, aprobación, reglamentación y ejecución, los actores sociales hayan tenido una oportuna y efectiva participación.
Pero la legitimidad democrática no es solo un asunto de procedimiento legislativo, es una cuestión sustantiva, que además, de la publicación de la ley, demanda que la ley sea transparente y los ciudadanos tengan total certeza acerca del contenido y alcance de sus normas.
En el Estado de Derecho la seguridad jurídica es un presupuesto del ordenamiento jurídico, es certeza del Derecho, que garantiza que sus destinarios conozcan, por los medios adecuados y con suficiente antelación, las normas futuras que regularán sus comportamientos sociales y las consecuencias resultantes.
La transparencia de la ley es un presupuesto de la certeza del Derecho.
Por contrario a este principio del Estado de Derecho, la Ley Marco de Empleo Público carece de legitimidad democrática, no solo porque se tramitó de manera acelerada y arbitraria, aguijoneada por la presión de la OCDE y el FMI, que dejó en total interdicción la participación de los actores sociales, principalmente los sindicatos, sino, también, porque, a muy pocos días de su vigencia, su aplicación exuda opacidad, falta de certeza y transparencia, ignorando las personas servidoras públicas, a estas alturas, los alcances de las nuevas reglas y los efectos jurídicos que producirán en el ámbito de su relación de empleo y condiciones laborales.
La seguridad jurídica es un valor y un principio del Estado de Derecho, una garantía democrática de la correcta aplicación de las leyes, que está siendo vulnerada de manera evidente y manifiesta.
Las y los servidores públicos tampoco están obligados a soportar tanto sacrificio.
Además, en este escenario tan incierto, la entrada en vigencia de la ley, será fuente inevitable de conflictos, por una parte, entre las instituciones gobernadas y el supra Ministerio rector, y por otra parte, una fuente de aumento de la conflictividad laboral, que son efectos indeseados, que nadie razonablemente desearía que ocurran.
III.- Una ley inasumible cuya vigencia debe necesariamente posponerse
Así las cosas, la aplicación de dicha ley, a partir del 10 de marzo, sólo producirá caos institucional, desorden administrativo, totalmente inconveniente, en detrimento del interés público, y además, absoluta incertidumbre, en menoscabo del principio de seguridad jurídica.
La Ley Frankenstein es inviable, inasumible, por lo que en estas circunstancias, si todavía queda algún respeto por las reglas del sistema democrático, debería imperar la razonabilidad política y la prudencia legislativa, y en consecuencia, debe posponerse, por un plazo adecuado y razonable, la fecha de su entrada en vigencia, para no dejar el país al borde del precipicio y salvaguardarlo de semejante riesgo político, legal y crisis institucional.
Recordemos la ley de Pudder: lo que mal empieza, mal acaba.
