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Autoritarismo y violencia neoliberal

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

A diferencia de Chile donde el neoliberalismo se impuso como política económica después de un golpe de Estado y una cruel y brutal represión por parte del ejército, encabezado por el general Augusto Pinochet, en Costa Rica se impuso después de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, con impactos menos privatizadores pero siempre devastadores en lo social.

El filósofo Constantino Láscaris logró percibir que la oligarquía costarricense, sin seguir el patrón dominante en América Latina, había logrado someter a su pueblo sin necesidad de ejército. Efectivamente, en el país se desactivó el dispositivo militar pero se activó el ideológico y cultural, para contener los impulsos transformadores de gran calado. Se instauró, así, un sistema que privilegia la dominación cultural e ideológica. La violencia asume una dimensión predominantemente simbólica y política, propia de una “cultura autoritaria”.

Así lo constata el sociólogo Manuel Solís: “Ni la insignificancia del ejército ni su abolición pueden identificarse con la desaparición de la violencia política […] El fondo del asunto lo pusieron en palabras los jueces insubordinados del año 2.000, cuando hablaban de una institucionalidad marcada por una cultura autoritaria […] La arbitrariedad, la corrupción y las distintas formas de violencia civiles pueden convivir, e incluso escalar, con un discurso de paz cuando este apuntala una cultura autoritaria” (Solís A. Manuel (2006) La institucionalidad ajena. San José, Editorial UCR, p.529).

Efectivamente, en las últimas cuatro décadas, nuestra oligarquía ha sabido imponernos el derrotero del autoritarismo neoliberal con un discurso de paz. En su primera administración (1986-2000) el expresidente Oscar Arias mientras propiciaba la paz en la región impulsaba la privatización de las telecomunicaciones en el país y un proyecto que pretendía privatizar al ICE, al mismo estilo que hoy proponen algunos economistas, es decir, vendiendo acciones de instituciones públicas al sector privado. En su segundo mandato (2006-2010), enarboló el lema de “paz con la naturaleza”, mientras decretaba la explotación minera a cielo abierto de interés público e impulsaba la firma del TLC con Estados Unidos, para, al fin, lograr privatizar las telecomunicaciones y profundizar el pacto neoliberal.

Hoy la oligarquía y sus voceros persisten en un discurso que “llama a la guerra” contra la institucionalidad social y el empleado público. Nuevamente, apela a La violencia simbólica del discurso del miedo, ahora aprovechando el contexto de pandemia, para crear un enemigo del pueblo: el sector público, y legitimar, así, el rumbo privatizante para dar la última estocada al Estado Social de Derecho.

Se comporta con una alta dosis de desesperación porque se resiste a reconocer el fracaso rotundo de su apuesta neoliberal, que solo ha producido desempleo, empobrecimiento y una escandalosa desigualdad social. Una realidad que la pandemia se ha encargado de mostrarnos en toda su crudeza, y que debería conducirnos más bien a conjuntar voluntades políticas y sociales intersectoriales, para impulsar medidas y acciones alternativas dirigidas a fomentar la equidad para garantizar bienestar humano, social y cultural.

“En tiempos de epidemias es más fácil entender que un mundo construido sobre la indiferencia, la injusticia social y las profundas desigualdades es un mundo sin futuro» (Albert Camus, citado por Nuccio Ordine). Tal parece, que en este país no está resultando fácil hacer entender que llegó la hora decisiva de apostar por la solidaridad, la justicia social y la equidad, es decir, por la Costa Rica post-neoliberal.

 

Imagen: https://revistaconstruir.com/ice-electrifica-zona-rural-con-paneles-solares/

Aportes al pensamiento jurídico costarricense VI

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Estimadas y estimados:

Esta semana quiero compartir con ustedes la presentación que hice en el lanzamiento público del libro del Dr. Manuel Antonio Solís Avendaño cuyo título se especifica abajo. El tema es de enorme actualidad y promete seguir estando en las agendas de la investigación académica y en el debate político nacional.

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Presentación del libro “Costa Rica: La Democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos)” del Dr. Manuel Antonio Solís Avendaño.
Presentador: Magister José Manuel Arroyo Gutiérrez.

El libro que se reseña es el resultado, en primer lugar y por supuesto, del destacado aporte investigativo de su autor, el Profesor Manuel Antonio Solís Avendaño, con el patrocinio de la Universidad de Costa Rica a través del Instituto de Investigaciones Sociales, y de la Editorial de la UCR, quienes propiciaron la edición y divulgación de los resultados de este trabajo intelectual, del más alto nivel, y que me atrevo a decir, constituye un aporte histórico, con el que las actuales y futuras generaciones podrán conocer y entender mucho mejor algunas de las claves, no sólo del nombramiento de jerarcas de otros poderes e instituciones a cargo de la Asamblea Legislativa, sino de la dinámica funcional misma, con sus vicios y limitaciones, de la democracia costarricense.

Se impone en esta presentación, a mi juicio, hacer dos o tres señalamientos formales:

(a) Primero, el hecho cierto de que estamos ante una investigación socio-histórica y jurídica cuyas fuentes son, por cierto, una amplísima bibliografía convencional con referencia a autores que teorizan, en general, sobre temas epistemológicos; pero bibliografía que también repara en textos, estudios, análisis, informes, atinentes todos al tema que se focaliza; y principalmente,  una bibliografía que hurga, a lo Foucault, en notas periodísticas del momento, actas de sesiones de  la Asamblea Legislativa, su Comisión de Nombramientos, y  actas de la Corte Suprema de Justicia, así como expedientes legislativos y administrativos de ambas instituciones;

(b) Segundo, la investigación realizada, en el plano metodológico, obliga casi inevitablemente a toparse con la analogía de un examen arqueológico, donde Solís Artavia, herramientas en mano, se mueve con destreza obsesiva, del tema particular al general (en dirección inductiva) y viceversa, de lo general a lo particular (en dirección deductiva), varias veces, de un capítulo al siguiente, de una página a la precedente y a la que le sigue, desnudando estrato por estrato, capa a capa, las conexiones y relaciones entre hechos que, en principio, nos pueden parecer sin  conexión alguna, como meras casualidades, pero que sin embargo van develando poco a poco su escondida trama, su verdad secreta. Es de igual manera inevitable imaginar al autor cual Diógenes, alumbrando con su lámpara los rincones de una reciente historia patria que choca con frecuencia con lo infranqueable: lo que no se consignó en el acta, las razones que no se dieron y jamás conoceremos, las componendas debajo de la mesa, los silencios que se fraguaron o se consintieron. Y es entonces cuando el Doctor Solís nos arroja preguntas, para que ayudemos, o al menos intentemos respondernos como ciudadanos o simples lectores. Porque debe saberse que este texto vale tanto por lo que dice, explica y revela, cuánto por lo que deja entre paréntesis, interroga y deja al lector para que reflexione y responda por sí mismo.

(c) Hay un tercer rasgo relevante en esta investigación y es el encuadre que se hace en el contexto político nacional e internacional. Es importante anotar que este es un trabajo que procura ubicarnos en los temas de fondo, en el contexto de las determinantes socio-políticas de cada momento, tanto en cuanto al ámbito nacional, como en cuanto al internacional. Cuestiones que pueden verse, descuidadamente, como fenómenos aislados o compartimentalizados, resulta que adquieren especial tonalidad y relevancia cuando se relacionan con las cosas más puntuales y particulares que se están analizando. Tal el caso del secuestro de los miembros de la Corte Suprema de Justicia en 1992, la movilización social contra el llamado “Combo del ICE”, o la solidaridad interna y externa al ámbito judicial por la no reelección del Magistrado Cruz Castro en 2012. También el encuadre tiene que ver con momentos internacionales de especial relevancia, como la vuelta a la democracia en América Latina a partir de la década de los ochentas del siglo pasado, las estrategias de legitimación y democratización de las instituciones públicas como resultado natural de ese fenómeno, o bien las estrategias de financiación de reformas, más o menos logradas, más o menos frustradas, con inversiones cuantiosas por parte de agencias estadounidenses y europeas de ayuda en nuestros países.

Y es aquí donde me atrevo a ensayar, un poco prematuramente, una respuesta al último de los cuestionamientos que el autor nos enrostra en la página final de su libro. No, don Manuel Antonio, yo no creo posible cambio auténtico alguno, de nuestro Poder Judicial y en general de nuestra institucionalidad, sin una profunda transformación de la cultura política dominante y sin una radical transformación de nuestra democracia. Las razones para que nada cambie, y por el contrario, para que las transformaciones democráticas sean inviables, están en un modelo económico que privilegia con exclusividad el libre mercado, la salvaje consigna de la competitividad a cualquier precio, el debilitamiento del Estado y sus instituciones como agentes de equilibrio social,  la privatización a ultranza de servicios básicos y estratégicos, y el menoscabo del concepto mismo de lo público; con decisiones y políticas públicas que nos tienen en caída libre hacia una sociedad cada vez más desigual y violenta, con sectores cada vez más amplios que no pueden sentarse a la mesa del reparto mínimo; con obsesivos señalamientos de que la causa de todas nuestras desdichas tiene que ver con salarios,  pensiones y derechos laborales,  precisamente los presupuestos que más bien sustentan a los sectores medios , soporte de toda democracia, dejando en la penumbra a quienes evaden y eluden al fisco cifras con las que bien podría paliarse esa inequidad creciente y esa violencia estructural.

Después de leer el libro del Doctor Solís, tengo la impresión, muy personal, de que en Costa Rica se debate y decide en nuestros días una disyuntiva vital entre dos conceptos diferentes de democracia:  la herencia de un régimen más formal que real, con una institucionalidad electoral todavía fuerte y creíble, pero que no alcanza ya para una convivencia democrática de largo aliento; una  modalidad de democracia donde las élites se han desligado casi por completo de sus bases, donde el juego electoral apenas da para sostener una institucionalidad precaria, en grave riesgo y, para decirlo en los términos del autor, “de razones débiles”, a la hora de articular su legitimidad en la práctica. Cuando  los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, al momento de frenar reformas de mayor calado en los procedimientos para nombrar jerarcas que le competen, apelan a que esa Asamblea es soberana y representante exclusiva del pueblo, -precisamente para consolidar sus poderes y prerrogativas-, lejos de ayudar a la democratización, la erosionan, amplían la brecha entre la gente y sus representantes,  entre quienes toman decisiones más o menos arbitrariamente y la sociedad que sólo las contempla o las padece.

He aquí la principal causa del desgaste de los partidos políticos tradicionales y el reto que tienen los partidos políticos emergentes, cualquiera sea su impronta ideológica. Es un problema centrado en cómo se ejerce el poder en una democracia, cuánto puede abusar el representante de sus representados y cuánto se puede actuar y decidir sin razones legítimas y de peso.  Frente a esa democracia de las formas hay que construir la democracia de la participación ciudadana efectiva. ¿No fue acaso, como bien lo señala Solís Avendaño, la movilización social por el “Combo del ICE”, lo que impidió que se dilapidara un patrimonio colectivo que llevaba décadas de atesorarse? ¿No fue acaso la movilización a lo interno del Poder Judicial, con el apoyo externo de diversos sectores, lo que influyó para que no se consumara el atropello contra el Magistrado Cruz y la judicatura independiente, no ya con razones débiles,  sino con desvergonzados y  absurdos pretextos? Aunque el autor no lo diga con estas palabras, creo que coincidiremos si digo, bajo mi responsabilidad, que no fueron precisamente las tensiones entre la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional las que se expresaron en la no reelección de un magistrado probo, sino la prepotencia de sectores políticamente dominantes dispuestos a imponer, al precio que sea,  su modelo socio-económico con el fervor propio de un fanatismo religioso; dispuestos a darle, como lo confesaron, “una lección” al Poder Judicial respecto de quién manda en este país y cuál es el precio que pueden pagar jueces independientes y críticos. Está más que probado que esos sectores no sólo quieren la mayoría en todas las instancias decisorias, -que como sabemos la han tenido- sino que quieren la unanimidad; no toleran la disidencia, aunque sea minoritaria. Buscan una judicatura sumisa y de rodillas. Ya podrán adivinar ustedes qué fuerzas se mueven a la hora de escoger un miembro de la Corte Suprema a partir de estas realidades subyacentes.

Una de las conclusiones principales de la investigación que comentamos, es que la Asamblea Legislativa ha sido incapaz de renunciar, o al menos de transparentar el ejercicio de nombrar a magistrados de la Corte y a otras autoridades de control político estratégico, como la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, entre otras. Ante esta realidad, ahora científicamente comprobada, no veo más salida que, en el contexto de una nueva cultura política y democrática, la ciudadanía costarricense se organice y vigile estos procesos legislativos, demande transparencia y ejerza un control que si bien informal, pueda contribuir a evidenciar las cosas que se hacen mal.

Del largo elenco de vicios enunciados por el autor y perpetrados por la Asamblea Legislativa en los nombramientos a su cargo, podemos hacer un resumen acotado, sabiendo que a no dudarlo se nos quedarán por fuera algunas cosas importantes. El nombramiento de jerarcas institucionales, constitucionalmente depositados en la Asamblea Legislativa, han transitado, desde los dorados tiempos del monopartidismo, donde el Partido Liberación Nacional ejerció prácticamente un monopolio gracias a sus mayorías legislativas (décadas cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado y que en el libro del Dr. Solís no se analizan); al tiempo del bipartidismo en las dos últimas décadas del siglo XX (donde arranca la investigación), y en las que la lógica que se impuso fue el reparto equitativo (en coloquial: uno para vos, otro para mí); hasta ingresar en un siglo XXI con la emergencia de nuevas fuerzas políticas (principalmente el Partido Acción Ciudadana y el Movimiento Libertario), que no trajeron en realidad cambios importantes en la dinámica legislativa en esta materia.  Aún en esas dos primeras décadas del siglo XXI, las fuerzas del Partido Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, a veces haciendo concesiones a otros sectores minoritarios, pero en la mayoría de los casos imponiendo sus fichas, han jugado a proponer cambios estructurales de importancia pero con paupérrimos resultados. Únicamente se instituyó la Comisión de Nombramientos; se ensayaron metodologías para los procesos de designación, pero prácticamente uno para cada caso; y se logró una reforma constitucional en el año 2003 con la que se aumentó el número requerido para elegir magistrado de Corte a 38 votos, igual cantidad requerida para la no-reelección con esa misma mayoría de votos, pero en contra. 

El universo de democracia formal al que nos referíamos, según lo reseña el autor, se ha desplazado desde iniciativas bien intencionadas para despolitizar, o mejor dicho despartidarizar, los nombramientos de jerarcas, hacia una serie de maniobras  truculentas en la práctica, y entre las que don Manuel Antonio destaca: cambios constantes en la metodología de trabajo a lo interno de la Comisión de Nombramientos y directamente relacionados con los aspectos a calificar, el valor en la puntuación de cada ítem, el porcentaje a distribuir entre los aspectos objetivos y subjetivos, éstos últimos centrados en una entrevista a los candidatos y candidatas, que se ha prestado para todo tipo de abusos, sobre todo el asignar máximas calificaciones para ayudar a ciertos postulantes rezagados a ascender en la escala de la nómina, y, a contrario, asignar puntajes bajos y hasta nulos a postulantes posicionados en los primeros puestos, con la evidente intención  de rebajar sus posibilidades; también se ha abusado del número de integrantes de las nóminas que traslada la Comisión al Plenario, a veces ungido único, a veces tres, cinco, diez o más, según se quiera dar oportunidad a quienes no encabezan las listas; se ha integrado a las nóminas de elegibles candidatos o candidatas con evidentes ventajas de entrada, como pertenecer al mismo Poder Legislativo, a cúpulas partidarias o a parientes o amigos cercanos de esas cúpulas; maniobras dirigidas a propiciar reelecciones automáticas para evitar rendiciones de cuentas y, al contrario, exigir votaciones en casos que quieren complicarlas;   la cereza del pastel lo constituye la designación de personas que no han pasado por el concurso, ni por el filtro de la Comisión,  maniobra que se ha podido prestar a verdaderos actos de corrupción por eludir eventuales cuestionamientos al candidato finalmente designado.  La seguidilla de gazapos continúa en el Plenario Legislativo con algunos casos de votaciones sin siquiera una presentación de los recomendados, sin discusión alguna de sus méritos y en ocasiones sin que se tenga a mano al menos un currículum de la persona propuesta. Todo esto, y más, por supuesto, en la máxima opacidad, sin la mínima transparencia y sin que se legitimen las designaciones con buenas razones, las que permitirían conocer por qué se está nombrando a una persona y no a otra, por qué es ésta la idónea y no otra para ocupar la silla en disputa. Más bien, tanto en la Comisión como en el Plenario, los diputados se han aferrado al voto secreto y no fundamentado.

Esa (in)cultura política, conformada por prácticas y decisiones arbitrarias y claramente antidemocráticas, es lo que hay que cambiar. Y si hoy vivimos en una democracia que decide quiénes sí y quiénes no van a la Asamblea Legislativa, dejando esas trascendentales decisiones en manos de asambleas partidarias, reducidas, crípticas y controladas por círculos mínimos, cuando no por un dueño del partido, en el marco del más anacrónico caudillismo, es hora, conforme lo investigado por el Profesor Solís, de intentar cambiar también eso. ¿Qué magistrados, qué contralores generales, qué defensores de los habitantes podemos esperar de asambleas legislativas así integradas? ¿Qué precio pagan algunos representantes populares para sentarse en el Congreso? ¿Qué impide que éstos quieran imponerle ese mismo precio a quien aspira a ser Magistrado, Contralor o Defensor? ¿Podemos, como ciudadanos y para traducir el dicho a Tiquicia, seguir apostando a que el güitite nos dé aguacates? Por eso, la única salida que puedo intuir es la construcción de una verdadera cultura de participación ciudadana, todavía pendiente en esta Costa Rica de mítica democracia consolidada.

Por supuesto que aquí la última palabra la tendrán las nuevas generaciones. En las últimas elecciones generales (febrero-abril 2018), de manera espontánea, precisamente porque es una necesidad sentida, hubo grupos que se organizaron y tuvieron un peso decisivo en los resultados finales. En el 2000 manifestaciones populares impidieron la rapiña sobre la cosa pública; y en el 2012, se libró la más importante batalla por la independencia judicial al impedirse que la silla de Fernando Cruz fuera usurpada. Ese es el norte. Como igualmente, el norte será vigilar y controlar desde los medios de opinión pública, desde las organizaciones gremiales, desde todas las instancias ciudadanas posibles, la forma y manera en que se harán las cosas de ahora en adelante. Está pendiente en la Asamblea Legislativa el nombramiento de ocho plazas de magistrado o magistrada. Eso es más de un tercio de la Corte Plena. Probablemente será la Corte que integre la cúpula del Poder Judicial en los próximos veinte años. No podemos permitir que estos procesos que se avecinan culminen con designaciones sustentadas en razones débiles ni en pasajes ocultos, que se abran y cierren portillos a los aspirantes a puestos de control político, según los ilegítimos criterios del compadrazgo y las encomiendas pactadas.

El primer paso está ya ante nuestros ojos. Una nueva metodología ha sido recientemente acordada para los nombramientos que se vienen. Tomemos la lupa, critiquemos y advirtamos los riesgos que pueda tener esa novísima metodología. De entrada, un 40% para la entrevista es ya indicio de que pueden colarse subjetivismos y maniobras. Exijamos pues a los diputados y diputadas que nos expliquen por qué califican bien o mal a un postulante; apuntemos con esa lupa a quienes quieren colocar fichas en razón de afinidades partidarias, ideológicas o religiosas; no permitamos que se anulen excelentes postulantes sin exponerse con claridad las razones para que cualquier ciudadano pueda valorar si se trata de un argumento legítimo o es una mera arbitrariedad. Y así, en todos y cada uno de los pasos en que la instancia legislativa terminará tomando las decisiones que nos afectarán a todos. En el libro del Dr. Solís Avendaño, nos muestra lo mal que se han hecho las cosas, nos interroga e interpela, es hora de aprovechar todo ese bagaje teórico y transformarlo en acciones efectivas, por el bien de esta república y para hacer honor a lo mejor de la herencia de los abuelos.

Resta un tópico que no quisiera dejar por fuera de esta presentación. Tiene que ver directamente con la cultura política y el concepto de democracia manejable. Se trata del carácter de la reforma o las reformas que se han intentado en el Poder Judicial costarricense. Aquí la disyuntiva es de  acentos, entre una reforma que prioriza la modernización y avances tecnológicos en la organización de los despachos y la prestación eficiente del servicio público justicia, en procura de superar,  lo que el autor refiere claramente de otros con una herencia colonial y decimonónica (modelo napoleónico de organización y funcionamiento); reforma cuya impronta es sobre todo tecnocrática, cuyo adalid fuera el ex presidente Luis Paulino Mora Mora; y frente a esto una reforma  mucho más cualitativa, que revise precisamente esas herencias coloniales y decimonónicas, pero para tomar en cuenta aspectos sustanciales que nos acerquen no sólo a una justicia de calidad, sino esencialmente democrática, inscrita en una nueva cultura democrática. Entiendo que aquí también hay más preguntas que respuestas, pero el terreno ha sido suficientemente preparado por el análisis del Profesor Solís como para empezar a sembrarlo.

Digo finalmente quizá una verdad de sobra conocida, pero no por ello menos pertinente y bajo mi exclusiva responsabilidad. Todo sistema autoritario o autocrático comienza por intentar controlar a sus jueces. El asunto es complejo, se da con regímenes políticos de todo signo ideológico, sea que nos ubiquemos en la tradicional separación entre izquierdas y derechas, sea que nos refiramos a democracias precarias o consolidadas. Puede darse a partir de formas burdas y descaradas como cuando un magistrado de Corte se sube a la tarima de un candidato a presidente de la República, o puede darse a través de formas más sutiles y refinadas. Me temo que Costa Rica ha ido perdiendo el tacto de la sutileza para avanzar en el terreno de la impudicia y el descaro. En el fondo, quizá la cuestión es sencilla: cómo legitimamos el poder despótico, cómo damos la apariencia de democracia a lo que es esencialmente antidemocrático. Si al final un juez manipulable y dócil termina bendiciendo las decisiones del ejecutivo o el legislativo en defensa de ciertos intereses particulares, se tendrá el argumento idóneo para defender un estado de cosas, pero a la larga, jamás encontrará la legitimidad que puede hacer perdurar los valores que sustentan un sistema democrático auténtico. Estaríamos en el punto sin retorno para un necesario cambio radical, pero no sabemos a qué costo.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca,

agosto de 2018.

Post Scriptum: está en prensa la segunda parte del libro del Dr. Solís Avendaño sobre estos temas. En el ínterin, la Asamblea Legislativa ha realizado todos los nombramientos pendientes a la fecha en que esta presentación se realizó (mediados del 2018). Baste decir que la segunda parte llevará el título: “Sin propósito de Enmienda”.

Carta abierta a los presidentes de los supremos poderes de la República: Costa Rica está en deuda con los pueblos indígenas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Coyuntura.

SURCOS comparte la siguiente carta abierta:

Carta abierta a los presidentes de los supremos poderes de la República

Sr. Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República

Sr. Fernando Cruz Castro, presidente del Poder Judicial

Sr. Eduardo Newton Cruinshank Smith, presidente de la Asamblea Legislativa

Muy distinguidos señores presidentes:

Desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), queremos unir nuestra voz a la de diversas organizaciones y personas que en días recientes han expresado su preocupación por el acoso continuo y las amenazas a la vida y la tranquilidad, que afectan a Pablo Sivas Sivas y a otros líderes y lideresas de los pueblos indígenas.

Debemos reconocer que Costa Rica está en deuda con los pueblos indígenas. En un país que presume de su Estado de derecho, el derecho, en lo que compete a los pueblos indígenas, ha sido irrespetado reiteradamente. Y no hablamos de derechos en abstracto, sino de obligaciones explícitas recogidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, la ley 6172 “Ley Indígena” de 1977, y la Declaración sobre los defensores y las defensoras de los derechos humanos (declaración de la Asamblea General de la ONU, A/RES/53/1448, marzo de 1999). Por más de 20 años, la Asamblea Legislativa ha ignorado y mantenido en el congelador, un proyecto de ley destinado a garantizar una más eficaz aplicación de sus derechos, incluyendo el ejercicio de su autonomía territorial. Recordemos, además, que, en abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le impuso a Costa Rica, Medidas Cautelares (MC 321-12), de acuerdo con las cuales el Estado costarricense tiene la obligación de velar por la vida e integridad de las personas indígenas.

Se ha irrespetado el derecho de los pueblos indígenas a su territorio y a su autonomía de gobierno, como se ha violentado su derecho a la paz y a una vida digna. En resumen, es claro que, a lo largo de muchos años, los sucesivos gobiernos, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, de una u otra forma, por vías más o menos directas o indirectas, han sido cómplices de la violencia contra las comunidades indígenas, y, en particular, contra quienes lideran la lucha por sus derechos. La mayor parte de las veces, la prensa, con contadas y honrosas excepciones, ha sido partícipe de esta atrocidad.

Permanecen impunes, cubiertos por un manto de indiferencia y abulia, los homicidios de dos líderes indígenas: Sergio Rojas Ortiz, asesinado el 18 marzo de 2019, y de Yerhy Rivera Rivera, muerto el 24 de febrero de 2020. También permanecen impunes los reiterados actos de violencia e intimidación contra las personas, familias y comunidades indígenas que, valientemente, han querido hacer valer el derecho a sus territorios, el cual les es reconocido por todas las normas vigentes, pero que nuestra institucionalidad sigue negándoles. Todo lo cual evidencia el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH.

Conocemos más de cerca el caso de Pablo Sivas Sivas, indígena Brorán del territorio de Térraba, como también el de Mariana Delgado Morales, indígena Bribri del territorio de Salitre, ya que él y ella son parte de nuestros equipos de trabajo, con los que han colaborado a lo largo de años, en calidad de “investigadores comunitarios”. Sabemos que Pablo ha sufrido hostigamiento y ha recibido graves amenazas. Sabemos que Mainor Ortiz Delgado, hijo de doña Mariana, recibió una brutal golpiza. Sabemos, asimismo, del ambiente de amenaza e intimidación, que permanentemente viven estas familias y sus comunidades.

Hemos investigado en profundidad los hechos de violencia acaecidos en el territorio de Salitre, y los hemos documentado amplia y rigurosamente, como podrán ustedes confirmarlo en el siguiente enlace que, respetuosamente, les invitamos a explorar: https://cicde.uned.ac.cr/investigaciones/5-15.

Con todo respeto, pero de la forma más vehemente, urgimos a la institucionalidad pública de Costa Rica, cuya representación al más alto nivel corresponde a ustedes tres, para que proceda a tomar las decisiones y adoptar las medidas que esta situación demanda con carácter urgente: en reconocimiento de los legítimos derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica y en protección de su vida y su tranquilidad, en especial la de su líderes y sus lideresas, pero, igualmente, las de sus familias y de la de sus comunidades. Por favor, tengan presente que respetar la dignidad de nuestros pueblos indígenas, dignificará a Costa Rica entera.

Tenemos una enorme deuda con nuestros pueblos indígenas, la cual debe ser saldada a la mayor brevedad posible.

Atentamente

P/Consejo Científico del CICDE Dr. Luis Paulino Vargas Solís Director a.i. CICDE

UNED

Programa Alternativas: “Niñez costarricense: realidad y perspectivas”

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura, Derechos.

Hoy 04 de diciembre a las 6:00 pm el Programa radial Alternativas discutirá acerca de “Niñez costarricense: realidad y perspectivas” con los siguientes invitados:

– Magaly Gutiérrez, licenciada en Educación Preescolar.

– Gabriel Rodríguez, licenciado en Trabajo Social.

– Gustavo Jiménez, sociólogo, docente e investigador de la Universidad de Costa Rica.

– L. Eduardo Alfano, médico cirujano, especialista en pediatría. 

– Cynthia Ramírez, licenciada en Trabajo Social. 

Puede sintonizar el programa en Radio 16, 1590am o por medio del Facebook de Radio 16

Conferencias y conversatorios: “La cultura costarricense frente al Bicentenario”

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos, Educación.

La Cátedra de Estudios Culturales Luis Ferrero Acosta del Instituto Tecnológico de Costa Rica San José (ITCR), el Programa “Miércoles de Poesía” de la Unidad de Cultura y Deporte del ITCR San José y la Biblioteca Nacional invitan a participar del ciclo de conferencias y conversatorios “La cultura costarricense frente al Bicentenario” desde este viernes 04 de diciembre hasta el miércoles 14 de abril de 2021. 

La primera primera conferencia a realizarse este 04 de diciembre “La cultura costarricense, ¿de dónde venimos, hacia dónde vamos?” contará con la participación del historiador de la Universidad de Costa Rica, David Díaz-Arias, y la académica en arte, cultura, educación y administración, Inés Revuelta Sánchez.

La transmisión inicia a las 5:00 vía Facebook Live de la Biblioteca Nacional

Compartido a SURCOS por Adriano Corrales Arias.

Nueva batalla electoral y constitucional, parlamentarias en Venezuela

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

Foto tomada de Juventud Rebelde

El próximo 6 de diciembre 2020, se celebrarán las elecciones legislativas, para el periodo 2020 al 2025 en Venezuela, elección popular número 26. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, introdujo la figura del Poder Electoral, y le dio rango Constitucional, considerando al Consejo Nacional Electoral CNE, como su ente rector.

Veamos algunos elementos, (humildes meditaciones) que tendrán repercusión en el resultado final de esta contienda electoral, que desde hace varios años, tiene algunos elementos, que son reincidentes, y otros que son nuevos o con otros énfasis.

  1. El chavismo, más que un concepto teórico, es una teoría de acción colectiva, popular, llevada a la práctica. Sin el chavismo político y sociológico, en palabras de Reinaldo Iturriza, no sería posible entender no ya la revolución bolivariana, si no la resistencia heroica a los ataques políticos, económicos y mediáticos contra un proceso, ataques que comenzaron desde la victoria de Chávez, se recrudecieron con su muerte en 2013 y se intensificaron aún más, bajo la presidencia de Nicolás Maduro Moros.

Pero resulta, que el chavismo, como sabemos, va un tanto dividido, a la contienda electoral producto de las querellas internas y externas, no tanto políticas, sino económicas.

  1. Estamos seguros, que estas elecciones se celebrarán, como siempre, en un ambiente de calma, tranquilidad y con la garantía de un sistema electoral, avalado en algún momento por la Unión Europea, y el expresidente Jimmy Carter, quien lo considera el más seguro del mundo, confiable ante cualquier auditoría.

Lo diferente a unas elecciones presidenciales, es que en éstas, el abanico de candidatos es muy alto, y no hay posibilidad para arrasar, debido a las múltiples ofertas, agregándole además, por un lado, la división en la oposición, y por otro, otras voces dentro del partido PSUV.

  1. Sin duda alguna, aunque la incidencia de las condiciones económicas, independiente de su origen, no han debilitado el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, sí afectará el resultado de las elecciones parlamentarias.

Aunque, cuando sufragamos por los candidatos de Nicolás Maduro, no estamos votando por la indolencia ni por la ineficacia. Ni por mafias ni por quienes han tenido la política por negocio. Tampoco por las desviaciones de quienes hipócritamente, se llaman chavistas para legitimar la trampa. Nominamos contra eso, para sobrepasar ese charco inmundo. Optamos por una Asamblea en sintonía con un presidente, que sostiene la dignidad de la patria y no ha traicionado el legado de Bolívar y Chávez.

  1. Por supuesto, la guerra económica y su hermano acompañante el bloqueo norteamericano, entendido como: hiperinflación y especulación cambiaria inducida, caída de los precios del petróleo, la corrupción (reconocida por el presidente Maduro), presente en todo gobierno donde se mueven cantidades millonarias en contratos públicos (desde México a la Argentina), entre otras calamidades económicas, sociales, políticas y otras, tendrán una influencia grande en la decisión final del electorado en Venezuela. Esto al margen, que ya conocemos que el pueblo venezolano, conoce el origen de estos males.
  2. Reconocemos que el gobierno venezolano tiene muchos defectos, como todos los gobiernos del mundo, pero el pueblo venezolano hablará a través de los comicios electorales, en las calles y dará un voto de confianza a Nicolás Maduro y los candidatos de la Revolución Bolivariana, para resolver una crisis económica inducida.
  3. Es claro que el chavismo, tiene más apoyo que el proyecto opositor, que tiene como objetivo la vuelta y la permanencia en el neoliberalismo, quien no respeta la soberanía política, económica, territorial y popular de un pueblo informado y politizado, que aun con la necesaria crítica y autocrítica, no quiere volver al pasado.
  4. Así mismo, el país continúa sometido a una feroz ofensiva mediática internacional de demonización, acompañada por la advertencia e insistencia de EEUU, que se deben suspender las elecciones. Sin embargo, el pueblo venezolano, concurrirá a las urnas, sin miedo y consciente, del entramado inmisericorde contra Venezuela, pero seguro de la victoria.
  5. No elegiremos a quienes representan a la Asamblea Nacional actual, que solo se ocupó de sabotear, de avalar agresiones al país, de conspirar y agudizar inmisericordemente las penurias del pueblo. Por esa oposición no se votará.
  6. No ejercemos el sufragio por quienes tras cada decisión del presidente Maduro, siempre le han buscado las cinco patas al gato, y luego, a pesar de que han sido acertadas, no han sido capaces de retractarse. No escogemos la ingratitud. Porque la duda ofende. Porque, más allá de la crítica, resulta sospechoso. Porque vacilar es perdernos, porque en estos momentos, en que está en juego la propia existencia de la República no se puede andar con guabineos.

Estos son solo algunos elementos, que marcarán la decisión del pueblo venezolano, pero como intuimos al inicio, el Gran Polo Patriótico, no pudo llegar a acuerdos con otros sectores, que apoyan el gobierno del presidente Maduro, lo que implica que tendremos una votación a favor dividida. Como en otras oportunidades, no sabemos el daño que esto nos puede causar. Los tentáculos del poder, sin entender mucho de política, impusieron sus criterios, imperó la apronta y muchos candidatos son producto de la amistad, la dedocracia y la familia.

Lo que favorece es que la oposición, concurre con varios sectores, y otro sector se opone al proceso, lo que implica una gran desventaja para este corrompido grupúsculo, conocido por sus trácalas y mañas.

Sí estamos seguros, que el pueblo no perderá la perspectiva. Por el lado de la oposición no hay nada que buscar.

El pueblo sabe que urgimos de una Asamblea Nacional, acorde con el proyecto de país que asumimos como horizonte. Una Asamblea Nacional, que no sabotee ni se detenga en intrascendencias, y que se ocupe de construir y fortalecer la institucionalidad de los nuevos tiempos, al cual ofrendamos con alegría nuestros esfuerzos y afectos más íntimos.

Vamos a ganar esta nueva contienda electoral y vamos a seguir dando la discusión, para que las equivocaciones no nos desvíen del camino que nos incluye como pueblo, lo cual solo se puede lograr si tenemos Patria, por tanto, la conciencia del momento histórico que no se pierda. No podemos entregar el país a los traidores.

Más allá de esta nueva batalla, está la guerra cotidiana y esa sí tenemos la responsabilidad ancestral de no perderla. Con los vende patria no hay nada que discutir. Nosotros somos quienes tenemos que debatir el proceso. Con el partido PSUV y con el gobierno que somos y más allá del partido que no somos y del gobierno que no somos, la Revolución es del pueblo y a nosotros como pueblo nos corresponde hacerla.

Sí estamos seguros, que la sabiduría y lo preclaro del pueblo venezolano, no abandonará el proceso revolucionario iniciado por el comandante Chávez y continuado con el Presidente Nicolás Maduro. Saben que hay mucho que perder y mucho más que ganar, luego de las elecciones, y más allá del futuro de la Nación en manos de la Revolución Bolivariana.

 

Foto tomada de Prensa Latina.

El financiamiento narco electoral a la vista

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Los partidos políticos Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional, en la Asamblea Legislativa, acordaron un recorte de 36.000 millones de colones de la llamada Deuda Política para las próximas elecciones del 2022 y las siguientes municipales del 2024.

La Constitución Política establece que para estos propósitos se debe destinar un 0.19% del Producto Interno Bruto, del año trasanterior, a las elecciones nacionales. Esa es una cifra que puede estar hacia las elecciones del 2022 en los 65.000 millones de colones.

Desde procesos electorales anteriores la Asamblea Legislativa, por acuerdo de partidos, y por presión pública, vienen recortando esa cifra al 0.11%.

Demagógicamente los partidos políticos justificaban dicha reducción en interés de la reducción de gastos nacionales, y de reducción de sus propios gastos electorales para las respectivas campañas. Esto no es cierto. Los partidos han gastado lo que presupuestan para sus campañas, sin importarles ese porcentaje porque están dentro de él.

En ninguna campaña electoral los partidos políticos gastan todo ese dinero, el 0.19% ni el 0.11%, ni tampoco lo justifican en posibilidad de gastarlo, en la totalidad de los partidos políticos que se inscriben en cada campaña electoral.

Todos los partidos políticos al inscribirse para una campaña electoral tienen que presentar un Presupuesto de gastos para la campaña que van a enfrentar. Este Presupuesto por presentado al Tribunal no se puede modificar en ningún sentido, y contra él cada partido justifica sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que después de las elecciones, en correspondencia al porcentual de votos que cada partido saca, le reconoce gastos a los que sacan más del 4% de votos o elige al menos un diputado, siempre y cuando estén en debida forma sus contratos de gastos electorales y sus facturas.

Cuando se estableció este porcentual para el financiamiento de los partidos políticos, en las campañas electorales, se hizo bajo un espíritu y una filosofía muy democrática, de garantizar la posibilidad de participación de los ciudadanos en sus distintos partidos políticos, y de evitar que los ricos pusieran o impusieran sus propios candidatos. Se decía que en el Club Unión se escogían los candidatos antes de 1949. Lo del financiamiento de las campañas electorales fue para evitar esto y asegurar más democracia, y posibilidad democrática, en el escogimiento de candidatos y de garantizar más participación electoral.

Aún con la limitación del 4% de votos, para tener derecho a ese reconocimiento de financiamiento, ya era importante lo dispuesto, porcentaje que se logró a finales del siglo pasado.

En la experiencia electoral del país de todos los procesos electorales, desde 1953 hasta el 2018, más del 90% de los partidos políticos que participan no sacan ese 4% de votos o no eligen diputados, quedando fuera del reconocimiento del financiamiento electoral, favoreciendo de esa manera solamente a los partidos que eligen diputados o sacan ese 4% de votos.

El propio Tribunal Supremo de Elecciones se pronunció a favor de este recorte, sin defenderlo en la filosofía que tiene dicho soporte constitucional, lo cual es un absurdo, que el Tribunal no defienda lo que por Constitución le corresponde, dejando la sensación de que el Tribunal no está por democratizar el proceso electoral o de asegurar la mayor participación posible, y lo peor, que con esa actitud facilita la aparición de narco financiamientos de candidatos y de partidos políticos.

Si de conformidad a lo dispuesto en la Constitución para estos gastos, no se gasta, lo restante le ha de quedar al Tribunal Supremo de Elecciones para asegurar posibles procesos electorales de consultas ciudadanas, por plebiscitos o referéndums, que se deberían promover más, como parte de la llamada participación ciudadana. Igualmente, para garantizar una mayor proyección del Instituto de Formación en Educación Democrática, IFED, del mismo Tribunal, y de los procesos de capacitación, que deben ser permanentes de los partidos políticos, con respaldo a ese monto constitucional.

La práctica que se va a imponer, en los procesos electorales, cuando se reduce el monto de financiamiento de los partidos, es la de volver a las viejas prácticas en la que los ricos ponen candidatos, los financian, así como a sus partidos, y la desviación y deformación de esto es que también el narco dinero, y las narco mafias, incrustadas como están en el andamiaje institucional y nacional, empezarán a campear, más ampliamente, desarrollando la narco política como escenario y pasarelas de candidatos y partidos, con el aval de quienes han impulsado esta reducción del financiamiento estatal de las campañas electorales.

El candado es poner una prohibición total al financiamiento privado de las campañas y asegurar que el financiamiento público, de la llamada Deuda Electoral, cubra a la totalidad de los partidos políticos, en igualdad de condiciones, para su participación real en las campañas electorales.

Mientras se mantenga el financiamiento privado y la reducción del financiamiento público, en el futuro inmediato, esos son los riesgos que afrontará el proceso electoral y la democracia nacional.

Donald Trump: Palabras; Joe Biden: Acciones Bélicas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

  • A pesar de su fama de terrorífico y belicoso, Trump ha sido el único presidente en varias décadas que no ha iniciado una guerra.

Biden tiene una larga carrera política, de apoyo a las guerras de los Estados Unidos, desde la invasión de Irak en 2003, a la prolongada ocupación de Afganistán.

  • Trump, vociferó la creación de un muro en la frontera mexicana, para erradicar la migración.

Biden, durante su campaña política, no hizo ninguna propuesta política concreta, para poner fin a las guerras interminables.

  • Donald, cree que se pueden deportar a 11 millones de inmigrantes. “Están trayendo sus drogas, están trayendo su crimen. Son violadores y algunos, asumo, son buenas personas”.

Biden, apoyó la guerra en Yemen, durante la administración de Obama.

  • Trump, cree que el cambio climático es una mentira.

Biden cuando fue Senador, votó para autorizar la invasión a Irak y propuso dividir Irak en tres regiones separadas, basadas en la identidad étnica y sectaria.

  • Trump, se burla de los inmigrantes y las personas gordas. “Un muro en la frontera con México, nos ahorraría muchísimo dinero”.

Biden está recurriendo a los halcones favorables a las guerras, de la era de Obama para conformar su gabinete actual.

  • Donald, cree que nunca se equivoca.

Joe, actualmente más de un tercio, de su equipo de transición en el Pentágono, tiene como el empleo más reciente, a compañías que son financiadas por la industria armamentística o son directamente parte de esa industria bélica.

  • Trump, cree que le ganaría a China, “¿Cuándo fue la última vez que alguien vio ganarle, digamos, a China, en un acuerdo comercial? Nos matan. Yo le gano a China todo el tiempo. Todo el tiempo”.

Biden, las compañías de las que se nutre, tienen antecedentes comprobados de haber impulsado guerras y nuevos sistemas de armas, como los drones asesinos.

  • Trump, “¿Si Hillary Clinton no puede satisfacer a su esposo, qué la hace pensar que satisfará a EEUU?”.

Biden, con Obama a su lado, intervino en Libia, impulsó la criminal guerra del Yemen, continuó la ocupación de Afganistán, apoyó al golpe de Estado en Honduras.

  • Donald, “Mis dedos son largos y bellos, como se ha documentado muy bien sobre otras partes de mi cuerpo”.

Joe, ahora, se está rodeando del mismo equipo de asesores y consultores, que ayudaron a embarcar a Estados Unidos en guerras sin destino.

  • Trump, “Lo bello de mí es que soy muy rico”.

Biden, fue uno de los cerebros de las políticas que se impusieron en Colombia, como fue el Plan Colombia, y toda la visión contrainsurgente ligada en ese plan.

  • Donald, “Nueva York está congelada y llena de nieve, necesitamos calentamiento global”. “El concepto de calentamiento global, fue creado por y para los chinos, para volver a la industria manufacturera estadounidense no competitiva”.

Joe, durante su gobierno con Obama, proclamó la paz y la democracia, pero detrás de ese mensaje de paz, detrás de ese mensaje de democracia, se impulsaron confrontaciones militares abiertas; a pesar de su mensaje de paz, de su premio de paz, desarrolló confrontaciones militares en todo el mundo.

En resumen, ex funcionarios militares y operativos políticos, señalan que las palabras de Trump, no coinciden con sus acciones, como una de las principales razones por las que los militares acudieron en masa al candidato demócrata; y en sus palabras hay en muchas ocasiones: desconocimiento, racismo, xenofobia, burla, ingenuidad, orgullo, prepotencia, entre otras.

Y en relación a Joe Biden, quien todavía no asume la presidencia, pero sabe de los entretelones (y las cloacas) del imperio, declaró recientemente que, con él al frente, Estados Unidos está “listo para liderar al mundo y no retirarse, para volver a sentarse a la cabeza de la mesa, listo para desafiar a nuestros adversarios…”.

Biden, quizás quiera enmendar su impronta guerrera, anunciando recientemente colocar el combate contra el cambio climático en su agenda de prioridades.

Por esto, quisimos hacer mucho énfasis en el carácter guerrerista de Joe Biden y sin querer justificar a Trump. En lenguaje popular, Trump: bocón, jetón, Biden: de armas tomar.

 

Imagen tomada de la BBC.

El Gobierno no ha cumplido con las personas con discapacidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carta abierta al Sr. Presidente, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

San José, 3 de diciembre del 2020

Señor:
Carlos Alvarado Quesada,
Presidente de la República

Estimado Señor presidente:

Como usted ha de saber, el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Tal fue la decisión de las Naciones Unidas en el año 1992, “con el fin de prestar especial atención a la población con discapacidad en el mundo y promover su bienestar y participación social.”

Éste es un momento oportuno para hacer un balance sobre la situación que enfrentamos hoy, las personas con discapacidad que habitamos Costa Rica.

Lo primero que tenemos que afirmar es que el presente año 2020 no ha sido bueno para la gran mayoría de las y los costarricenses, pero con seguridad, ha sido peor para las personas con discapacidad. Sin embargo, eso no significa que en años precedentes la situación de la población con discapacidad fuera buena; sólo que con la pandemia ha empeorado significativamente.

Si se analiza con rigor el cumplimiento de la normativa en derechos de las personas con discapacidad–tanto nacional como internacional—por parte del Estado costarricense, la valoración es negativa, por más adornos que se le quieran colocar.

La ley 7600 se ha cumplido en forma muy limitada y tangencial, sin impactar positivamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de las personas con discapacidad. Es oportuno destacar aquí por ello, el contrasentido de impulsar en el presente, reformas legislativas a la ley 7600, sin haber realizado nunca un balance riguroso de su aplicación efectiva, desde que fue promulgada el 29 de mayo de 1996 hasta nuestros días, y sin la adecuada consulta a las personas con discapacidad y sus organizaciones.

En aspectos cruciales como el acceso a una educación inclusiva y de calidad, y en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, esta ley es ampliamente deficitaria. Y usted debe saber que sin cumplimiento efectivo a los derechos a la educación y al trabajo, no puede haber ni movilidad ni inclusión social para la gran mayoría de las personas con discapacidad.

De la misma manera, con respecto al cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por el país mediante la ley 8661, las sombras le ganan con amplitud a las luces de su pobre y superficial cumplimiento. Eso quedó patentizado cuando el Comité de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de este tratado de derechos humanos, le entregó al país en mayo del 2014, el documento con las observaciones y recomendaciones, una vez que examinó el informe inicial que le presentó Costa Rica.

Ese informe retrató a un Estado que, en los últimos años, en materia de derechos humanos, sigue haciendo ruido pero muestra pocas nueces o logros efectivos. Y las personas con discapacidad somos testigos de excepción por lo que se ha vivido antes de la pandemia y por lo que enfrentamos hoy, después de coexistir con la covid-19 y sus efectos devastadores.

Es seguro que, si su Gobierno le presentara hoy a la ONU, un informe del cumplimiento de la Convención y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tendría que reconocer que ha dejado a las personas con discapacidad muy atrás.

Las personas con discapacidad del país han estado siempre entre los sectores más pobres y excluidos. El inexorable círculo vicioso entre pobreza y discapacidad (“la pobreza genera discapacidad y la discapacidad produce pobreza”), se sigue replicando en el país y su Gobierno es responsable directo de ello. Tengo la certeza de que el incremento de la pobreza que alcanzó al 26,2 % de la población en octubre anterior, según la más reciente Encuesta de Hogares del INEC, ha golpeado más fuertemente a las personas con discapacidad y sus familias.

En el contexto de la pandemia, que ha estado presente en el país desde marzo hasta el presente, la mayor parte de las personas con discapacidad han sido sometidas a un extendido aislamiento, ya que el acceso a Internet (y más aún, al de calidad), les está vedado. Con ello el acceso a la educación virtual, al teletrabajo y a los múltiples servicios en línea, es mucho más quimera que realidad.

Ni su Gobierno, ni la Asamblea Legislativa han impulsado ni antes ni durante la pandemia, políticas públicas inclusivas acordes con las necesidades, demandas y aspiraciones de las personas con discapacidad y sus familias.

Valga decir que ni las personas con discapacidad ni sus familias, quieren limosnas sino que aspiran a reales oportunidades para avanzar hacia una verdadera inclusión social y su mejoramiento de la calidad de vida. Las personas con discapacidad demandan oportunidades educativas, para mejorar la calidad de su mano de obra y condiciones adecuadas y justas, para acceder al trabajo, tanto el sector público como privado, y mediante el apoyo público a emprendimientos productivos. Asimismo, las personas que por sus severas condiciones de discapacidad, no pueden trabajar y requieren ser cuidadas por un familiar (que tampoco puede trabajar), requieren que el Estado les asegure un ingreso básico. Igualmente, este tipo de apoyo permanente lo requieren las madres que cuidan de hijos e hijas con discapacidad y que por ello, son empujadas a duras condiciones de pobreza.

Tanto para esas personas con discapacidad como para esas madres cuidadoras, que hoy enfrentan una pobreza sin horizontes, un Ingreso Básico Universal (IBU), que algunos países han generado en el marco de la pandemia, es una política pública para aplicar en el país de manera impostergable.

La pregunta que surge cuando se reivindican políticas sociales, que forman parte del Estado Social de Derecho, es de dónde tomar los recursos para financiarlas cuando el país enfrenta una crisis económica y fiscal en pleno desarrollo.

Esta es una crisis que hoy tiene una manifestación aguda pero, usted y yo, y las y los costarricenses conscientes, sabemos que se ha fraguado a lo largo de más de 30 años, cuando se empezaron a impulsar políticas que han facilitado la enorme desigualdad social imperante y que han creado las condiciones propicias para la repudiable concentración de riqueza que en el presente enfrenta el país. El que Costa Rica se haya convertido en el octavo país más desigual del mundo, es el resultado combinado del progresivo debilitamiento del Estado Social de Derecho, y del hecho de que las grandes empresas (nacionales y extranjeras) y dueños de grandes fortunas, evadan y eludan sus obligaciones tributarias. Y lo más grave es que ni su Gobierno, ni la Asamblea Legislativa han cumplido sus deberes en esta materia, ya que han respondido más a los intereses de una minoría groseramente elitista en menoscabo de las mayorías, de las que formamos parte las personas con discapacidad.

Sirva esta misiva respetuosa pero franca y firme, que le dirijo, Sr. Presidente, para exigirle a su Gobierno y a la Asamblea Legislativa que no conviertan a la pandemia de la covid-19, en una justificación para eliminar o reducir la asignación de recursos presupuestarios destinados a programas sociales, al acceso a los servicios de salud y de rehabilitación, a la educación, a la promoción del empleo y al apoyo a las personas con discapacidad y sus familias, particularmente las que viven bajo condiciones de pobreza y extrema pobreza.

En el mismo sentido, reivindico como acción urgente que con recursos propios orovenientes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), su Gobierno desarrolle un plan inmediato en coordinación con las 82 municipalidades del país para reducir la brecha digital, que afecta tan severamente a las personas con discapacidad, sometiéndolas a situaciones de aislamiento y desventaja para su desarrollo e inclusión social.

Hoy, en este día, ni su Gobierno, ni la Asamblea Legislativa, tienen nada que celebrar en relación con las personas con discapacidad en su día internacional. Todo lo contrario: Es un momento para esbozar una sincera autocrítica con respecto al amplio incumplimiento en materia de derechos de personas con discapacidad.

En homenaje al Bicentenario que ya otea en el horizonte, Señor Presidente, demandamos una corrección del rumbo imperante, con el impulso de políticas realmente inclusivas, que empiecen a saldar la enorme deuda social que tiene el Estado y su Gobierno, con las personas con discapacidad.

Cordialmente,
Luis Fernando Astorga Gatjens,
Cédula: 302050706
Celular: 8392-7941

 

Foto: https://www.periodicomensaje.com/guanacaste

Enviado por el autor.

Un gigante que se fue sin decir adiós

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Hernán Alvarado

Maradona es los dos espejos:
aquel en el que resulta placentero mirarnos
y el otro, el que nos avergüenza [1].

Sergio Meresman, un amigo argentino, me dio la mala noticia por el WhatsApp, así que fui de los primeros en enterarse. Este tipo de noticia viaja rápido, sin embargo, aún no había aparecido en medios. Él me escribió: «Una peor noticia encima de lo peor, se murió el Diego». Tras el escalofrío supe que debía sobreponerme y contestar rápido, pues allá en el Sur palpitaba un corazón devastado. «¡Qué mala noticia! ¡Qué en paz descanse uno de los más geniales jugadores de la historia!». Sergio continuó una hora después: «En Nápoles, los carteles electrónicos en calles y avenidas que avisan cosas del tránsito dicen: Gracias, Diego». Un minuto después agregó: «Un genio del fútbol y un dios del pueblo…».

Comparto ese intercambio porque Sergio fue quien me enseñó a querer al Pelusa. Aprendí a apreciarlo por mi cuenta; me lo enseñó el mismo Maradona. Sergio me enseñó a quererlo sin decir una palabra, simplemente queriéndolo; nunca se molestó en defenderlo las veces que la miseria ajena clavó sus colmillos en sus debilidades mundanas, demasiado humanas para ser perdonadas en juicios rápidos que ignoran lo que es humanidad, o la idealiza suponiendo que un ser humano no comete errores y que, desde luego, tampoco es capaz de rectificar [2]. Queriéndolo incondicionalmente, Sergio me enseñó a respetarlo y finalmente a extrañarlo. Él nunca preguntó qué pensaba yo de Diego Armando, ni como futbolista, ni como persona. Dio por un hecho que le admiraba como jugador y que jamás opinaría sobre un escándalo. Para mí era fácil porque aprendí a no juzgar al prójimo en las clases de catecismo.

Ahora que el Diego partió, Sergio quiso mostrar un poco más lo que Maradona significa para el pueblo argentino. Me envió un enlace para que escuchara un «texto memorable» que me llevó hasta las lágrimas. En este, una ficticia ama de casa le escribe a Maradona una carta donde comienza por decirle que no le gusta el fútbol y mucho menos él, a quien considera «un fanfarrón y un boca sucia», pero al que pese a todo quiere, porque le ayudó a que su marido y su hijo no repararan ni recordaran el hambre que pasaron, justo cuando Maradona enarbolaba la alegría de un pueblo atribulado por tanto mal gobierno y tanto mal ejército. Ese mismo pueblo que ama el tango no resistió la felicidad de aquel cara sucia, salido de su pobreza más desamparada, para reivindicar, con cada trazo de su divina lúdica, un principio soberano: en fútbol, nada es imposible. Con razón lloraba desconsoladamente aquel otro argentino que parecía exagerado diciendo que había muerto el fútbol.

¿De verdad era un genio? Lo era. Cuando llevaba la pelota pegada al botín se atrevía a hacer lo que a cualquiera parecería descabellado. Jugaba en otra dimensión, con una visión panóptica, más que periférica, y con el espíritu irredento de un superhéroe, de un verdadero dios de la imaginación popular, que es profundamente politeísta. Era un pequeño duende, medía solo 1:65 metros de estatura, pero danzaba entre gigantes, burlándose a todos con fuerza descomunal. Solo faltó que jugara bajo los tres tubos.

El Diego era un personaje mágico que solo tenía historia para ser rebelde y, por serlo, se fue haciendo inmenso. Ingenuos quienes esperaban que fuese distinto a sí mismo. Basta un dato para evidenciar su grandeza; en el premio de la FIFA al Mejor jugador del siglo XX, celebrado en Roma el 11 de diciembre del 2000, obtuvo el primer lugar de la votación popular. Recuerdo que el Flaco Menotti, su «maestro», escribió alguna vez algo que cito de memoria: el fútbol es el deporte más democrático, porque un gordito bajito que solo tiene izquierda puede ser Diego Armando Maradona. Cierto, pero vaya izquierda la que tenía, ¡valía por cien derechas! El Flaco no dudó en reconocer que se sentía «hecho mierda» con la partida del gordito, mucho tiempo después de haber reconocido que se había equivocado cuando no lo llevó al mundial del 78.

¿Habrá sabido Diego Armando cuánto se le quería? Me temo que no, pero ninguna manifestación de cariño habría bastado para llenar el abandono que llevaba adentro; porque en realidad ni siquiera le pertenecía, es un abandono ancestral; el mismo pueblo lo vive, en todas partes, en toda época, a diario, pese a ser el constructor del reino de este mundo. O tal vez lo sabía y en parte por eso el corazón ya no le aguantó y decidió darle un pase a la eternidad.

Y todo eso sigue siendo poco para entender por qué el pueblo argentino lo ha llorado desconsoladamente, confundiendo tres días de duelo con tres días de velorio, en filas interminables frente a la Casa Rosada, porque no se sabía ni a dónde ponerlo en un país tan fracturado. Pero a muchos más les duele la partida del dueño de la bola, lo mismo en el barrio que en los grandes escenarios. Ahora el pueblo que es el mundo lo lleva tatuado en el alma, como él mismo llevaba en el hombro derecho la efigie del Che.

El Pelusa ya no pertenece a la FIFA, ni a las televisoras, ni a los periódicos, que ayer eran medios de escarnio y hoy de endiosamiento. Ni siquiera pertenece a los argentinos, ni a los latinoamericanos, que mucho lo adoran. Hoy pertenece a quienes veían en él, sin saberlo, la escasa oportunidad que tienen los hijos del pueblo de vivir la vida loca que les venga en gana, por mucho que trabajen o mucho que sueñen con ser burgueses. Él representará de por vida todo lo que ellos, injustamente, nunca podrán ser, dada la violencia estructural que mantiene pobre a la mayoría de las personas, innecesariamente, imprudentemente, con la complicidad de poderes legales y fácticos [3]. La misma violencia que empuja a muchos de ellos en manos de los narcotraficantes que reinan sobre todo gracias a la estupidez de la prohibición. Habrán, por supuesto, los que nunca le perdonarán al Pelusa que se gambeteara su propio destino que igual lo aruñó a la salida con su garra de hierro. Tal vez esto ayude a comprender un poco, más que a explicar, por qué un hondureño, que no lo conoció ni lo vio jugar, sintió que «se le había ido un pariente» [4]. Sin embargo, en rigor, Maradona no es ni será nunca un símbolo, porque como bien dijera Jacques Derrida, no se puede hacer un símbolo de un ser humano, sencillamente porque es irrepetible e incomparable.

 

Imagen principal tomada de Futbol Centroamérica (https://futbolcentroamerica.com/noticias/Diego-Maradona-habra-minuto-de-silencio-en-ligas-de-Costa-Rica–El-Salvador–Guatemala–Honduras–Nicaragua–Panama-por-la-muerte-del-exfutbolista-20201127-0010.html)

Publicado en https://gazeta.gt/un-gigante-que-se-fue-sin-decir-adios/ y compartido con SURCOS por el autor.