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Sin Ciudadanía No hay Democracia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Costa Rica ha entrado en una prolongada crisis de valores, pero su Estado de Derecho sigue incólume, su institucionalidad está intacta, funciona, nos permite convivir y también desarrollarnos como Sociedad. Ciertamente, en las últimas décadas, las transformaciones mundiales, regionales, locales vienen permeando el sentido de ser y pertenecer. Hay nuevos desafíos, retos y demandas, son tiempos nuevos y complejos, donde emergen actores sociales, gremiales y corporativos, cuyas exigencias, a veces desbordan, las soluciones que el Estado brinda, y esto obliga a repensar el Estado.

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El derecho de huelga del enemigo: criminalización de la protesta ciudadana y disolución de sindicatos (III)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Manuel Hernández V.

“Tendamos la mirada en otra de las direcciones de la historia proletaria: la que se refiere a las conquistas de la clase obrera en el terreno de la emancipación integral. ¿Qué vemos? Una vía dolorosa, sangrienta, trajinada por una multitud de mártires de la libertad, desconocidos casi todos ellos” (García Monge)

La huelga es un Derecho Fundamental, reconocido y protegido en un amplio bloque del derecho internacional de Derechos Humanos.

Pero para llegar a constituirse en derecho fundamental, la huelga pasó por diferentes estadios o etapas, a un costo humano muy caro: primero, huelga-delito, luego, huelga-libertad y finalmente, huelga-derecho.

En un primer estadio, contemporáneo a la Revolución Francesa, la coalición de los obreros y la huelga, configuraron delitos tipificados en los códigos penales europeos.

Bueno, pues resulta que el Proyecto de ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos (N° 21049), representa una involución histórica, que prácticamente nos transporta en el tiempo, a más de 200 años atrás, a los albores sangrientos de aquella Revolución.

En su versión original, el proyecto pretendía adicionar un inciso –el inciso f- al artículo 350 del Código de Trabajo (CT). Este artículo enumera las causales de disolución de los sindicatos.

La propuesta original estableció que los sindicatos pueden ser disueltos cuando organizan o incitan a sus afiliados a impedir la libertad de tránsito de los ciudadanos, realizar sabotaje sobre bienes públicos o ejecutar cualquier otra conducta que configure un ilícito penal.

Esta disposición fue acotada en el texto sustitutivo del proyecto, que estipuló que los sindicatos serán disueltos cuando organizan o incitan a sus afiliados a realizar bloqueos en vías públicas, acceso en las instalaciones públicas, servicios públicos, actos de sabotaje sobre bienes públicos o realizar cualquier otra conducta que implique un ilícito penal.

En estos términos, dicha propuesta fue dictaminada afirmativamente –por mayoría-.

Luego que fue dictaminado el proyecto, vía artículo 137 del Reglamento Legislativo, se presentó una sugestiva moción, al tenor de la cual se eliminó la creación de aquel pernicioso inciso del artículo 350 CT.

Algunos, de pronto con cierta ingenuidad, se dieron por satisfechos con la llamativa eliminación de ese inciso, pero no advirtieron los alcances de un nuevo párrafo, incisivo y malicioso, que se incorporó al final del mismo artículo, cuyo texto deviene más lesivo que aquellas propuestas que calculadamente se “desecharon” en el camino.

En definitiva, la Comisión antihuelgas aprobó un nuevo párrafo al artículo 350 CT (in fine), que ahora establece que si la autoridad judicial dicta una sentencia condenatoria contra un representante o directivo del sindicato, en calidad de autor, instigador o cómplice, por acciones realizadas en el ejercicio de sus cargos, por los delitos señalados en los artículos 128,144,229, 263, 263 bis, 264, 339 y 340 del Código Penal, enviará una copia de la sentencia al Ministro/a de Trabajo, para los efectos correspondientes a este artículo; es decir, para que solicite la disolución del sindicato.

Desde luego que esta enmienda no es nada inocua, que por contrario, amplia, en demasía, las causas por las que puede ser disuelto un sindicato.

Es pertinente denotar que esa pluralidad de delitos, de muy distinta naturaleza, que contempla el texto aprobado son los siguientes: lesiones culposas (artículo 128 Código Penal), omisión de prestación de auxilio a un menor de 10 años que se encuentre perdido o desamparado o a una persona herida o amenazada de un peligro cualquiera (144), daño agravado (229).

Además, el delito de entorpecimiento de servicios públicos (263), obstrucción de vías públicas, que consiste en impedir, obstruir o dificultar, en alguna forma, el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes (263 bis); disposiciones que coartan y penalizan la protesta ciudadana.

Finalmente, también quedaron comprendidos el delito de abandono de servicio de transporte (264), denegación de auxilio (340) y no podía faltar, el consabido delito de incumplimiento de deberes (339).

En cualquiera de esta amplia gama de supuestos, en que sea condenado un dirigente sindical, la responsabilidad personal se transfiere indebidamente a la esfera jurídica del sindicato –ex lege-, cuya disolución se vuelve inminente.

Valiéndose de esa fraudulenta técnica legislativa, el texto aprobado por aquella Comisión, resulta todavía mucho más dañino, porque contempla una considerable cantidad de nuevas causas por las que un sindicato, a merced de la responsabilidad penal de cualquiera de sus dirigentes, que es estrictamente personal e intransferible, puede ser sencillamente disuelto.

Así, en conexión con el Derecho de Huelga del Enemigo, tenemos, por una parte, que se viene a sancionar, con la disolución, ilegítimamente la actividad de los sindicatos, con disposiciones punitivas que desbordan los límites ordinarios de la responsabilidad penal y las reglas del ordenamiento democrático.

Por otra parte, se criminaliza la protesta social o ciudadana, inherente al derecho de huelga, en detrimento, además, de la libertad de expresión, reunión y movilización, que son todas libertades públicas.

Un retroceso sin precedentes en la legislación de nuestro país, que nos devuelve a aquella fase de la huelga delito, que para muchos de nosotros, por lo menos para mí, en pleno Siglo XXI, era tan sólo un episodio anecdótico, el cual dábamos por sentado que estaba totalmente superado.

 

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El dulce encanto del dólar

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

Economista

CICDE-UNED

Goza de gran popularidad la idea de que el tipo de cambio colón-dólar es lo que tiene que ser. Como el Pangloss de Voltaire: simplemente el mejor de los mundos posibles. Se lo escuché recientemente a un economista del Frente Amplio. Pero el coro de economistas que lo repite es multitudinario y con profundo arraigo en el imaginario popular.

Para algunos el asunto no tiene misterio: todo se reduce a las fuerzas milagrosas del libre mercado. Que oferta y demanda se ajusten y ¡bingo! tenemos un tipo de cambio de equilibrio. Como maná caído del cielo. Ese sería, en efecto, “el mejor de los mundos posibles”. Jorge Guardia es, con seguridad, el que con más asiduidad rinde tributo a esta deidad mítica.

Otros se ahorran florituras. Siguen la regla de “evítese la fatiga”, y optan por despachar el asunto con un lapidario: “el tipo de cambio es lo que es, no pregunte más”.

Para el Banco Central, la cuestión tiene su magia: un tipo de cambio bajo y estable es una bendición: abarata las importaciones y modera la psicología inflacionaria, lo que les permite satisfacer su fetiche de la baja inflación.

Comprendo que a nivel popular un tipo de cambio tan bajo como sea posible, goce de gran aceptación. Alimenta una ilusoria sensación de solvencia económica, aunque a la larga, sus efectos podrían ser los contrarios.

De cualquier manera, el tipo cambio colón-dólar es un asunto importante, entre otras cosas porque pagamos impuestos en colones, y la enorme mayoría ganamos nuestro salario en colones. Y mucho más puesto que somos una economía chiquitica, que depende mucho del comercio con el resto del mundo. Tener en cuenta esto da indicios de una cosa: no cualquier valor del tipo de cambio es conveniente.

Podría tener un valor que favorezca las exportaciones y encarezca las importaciones. Esto último, a su vez, favorecerá la producción para el mercado interno, al protegerla de la competencia externa.

O bien, puede desfavorecer las exportaciones y abaratar las importaciones. Esto último pondrá en problemas las actividades económicas que compiten con esas importaciones y producen para el mercado nacional. Esta es la situación que Costa Rica vive hoy, pero la cual, como tendencia general (con algunas oscilaciones), se ha mantenido vigente por un largo período de alrededor de 13 años.

Es algo que refleja el influjo, generalmente invisible pero siempre poderoso, que las fuerzas financieras que mueven el capitalismo global, han ejercido sobre nuestra pequeña economía. En parte, lo han transmitido los bancos –sobre todo privados– mediante la masiva colocación de crédito en dólares. En parte lo ha propiciado la propia situación del déficit fiscal, al intentar financiarlo con recursos provenientes del exterior. El contexto mundial, abundante en capitales y con bajísimas tasas de interés en los países ricos, lo ha propiciado. No descartemos, asimismo, que haya habido una contribución nada despreciable proveniente de capitales vinculados al narco. La consecuencia entonces es que el país ha sido receptor de importantes flujos financieros, que crean una abundancia relativa de divisas y tiende a hacer que el colón se aprecie respecto del dólar.

Pero un detalle aquí debe resaltarse: no es algo que surja de nuestra capacidad productiva. No es porque seamos una economía altamente eficiente, dotada de altos niveles de productividad, capaz así de generar superávits significativos en sus intercambios con el resto del mundo. Si fuera así, la cuestión se sostendría sobre bases sólidas y sostenibles. No ha sido el caso. Surge, más bien, de fuerzas de carácter puramente financiero y sin arraigo en lo productivo, lo que, al cabo, termina por dañar la producción misma y, tristemente, también el empleo.

Eso sí, olvídense de la fantasía calenturienta del tipo de cambio de equilibrio. No existe. Pero sí debe procurarse un tipo de cambio que refleje, de la mejor forma posible, nuestra capacidad y eficiencia productiva, relativamente a la de los países con los cuales comerciamos, de forma que ninguna actividad productiva reciba privilegios injustificados ni dañinas penalizaciones.

Hoy, eso simplemente no existe. El actual tipo de cambio colón-dólar no refleja nuestra realidad productiva. Es una fantasía alimentada por las fuerzas fantasmagóricas de las finanzas. Pero intentar corregir esa situación sería muy peligroso: por los altos niveles de endeudamiento en moneda extranjera por parte de familias y empresas cuyos ingresos son en colones; porque la deuda en dólares del propio gobierno va al alza, y porque, encima, ello podría generarle serios problemas a algunos bancos, sobre todo privados.

Debemos buscar otras vías para salir del atolladero en el que nos metieron, la principal de las cuales es la siguiente: es urgente llevar adelante una verdadera revolución de la productividad.

 

Enviado a SURCOS por el autor, publicado además en su blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com

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Arde la Amazonia y responda Bolsonaro

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Cuando en al año de 1541, Francisco de Orellana salió de El Cuzco con una expedición de 500 españoles y 4.000 indios, abriendo caminos, atravesó el Ecuador desde lo alto de los Andes y bajó a la selva. Con embarcaciones ligeras y una más grande transportó por los ríos. Su misión era encontrar El Dorado: descubrir el mito de creencias y culturas indígenas que daban como cierto la existencia inconmensurable de oro. Para 1542, no había descubierto El Dorado, pero se encontró navegando, cortando el aire y observando el inmenso paisaje verde descubrió el Rió Amazonas, registrando como fecha el 12 de febrero y llegando a la desembocadura del río más caudaloso del mundo, en el mes de septiembre de aquel mismo año. La selva no “se lo tragó” como en la épica La Vorágine, novela del colombiano José Eustasio Rivera. Siempre el deseo y apetito ansioso de oro y riqueza enmarcó el ánimo de los conquistadores y esa codicia logró el descubrimiento de la Amazonia, imponente área de ocho millones de kilómetros cuadrados de flora y fauna tropical y del mayor sistema hidrográfico del planeta, conservando en estado natural la quinta parte de agua dulce del mundo; con 70.000 millones de metros cúbicos de madera en pie y cual El Dorado de riquezas cuenta con 250 tipos de mamíferos,180 variedades de aves,500 especies de peces y en sus entrañas posee muy grandes, enormes – como por mencionar algunos- yacimientos de petróleo, estaño, hierro, bauxita, manganeso, níquel, cobre, carbón, diamantes y oro.

LA CONSTANTE DE LA EXPLOTACIÓN AMAZONICA

No obedece solo a registros históricos para comprender que la conocida Cuenca del Amazonas constituyó por siglos una zona habitada por una población indígena escasa y con visos desconocidos en facetas de estadios antiguos de la humanidad. También resalta el registro que esa enorme cuenca fue paulatinamente poblándose y explotándose marginalmente por colonos procedentes de las zonas costeras del Brasil, prioritariamente; toda vez que el área de la Amazonia la comparten los países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Guyana, Suriname y Brasil. Su explotación transcurrió bajo esquemas anticuados, faltos de vigente planeación. En el siglo XIX imperó una explotación que comenzó a afectar el equilibrio ecológico más frágil de la zona. Una explotación clásica de beneficio a minorías, aunado a beneficio de compañías extranjeras, marcó el hito de esa inmensa y mayor reserva económica. Para la segunda mitad del siglo XX, calculaban en estudios brasileños que se destruían tres millones de árboles diarios en la cuenca.

Una visión de expansionismo geo-político, imperó durante décadas de gobiernos dictatoriales militares en Brasil. El general Golbery do Couto e Silva, en su libro Geopolítica do Brasil, publicado en 1957, proponía “inundar de civilización” la Cuenca Amazónica. El militarismo desarrollaba la idea de “la frontera viva”. Estas ideas predominaban y eran radicalmente actualizadas. Para el año de 1975 el general Carlos Meira Mattos, las denominó como “áreas de intercambio fronterizo” y la “conquista del espacio amazónico” superando la dependencia de las comunicaciones marítimas. Toda una concepción de modificación del paisaje natural “para vertebrarse por medio del binomio carretera-río” a través del área amazónica. Los intereses expansionistas lo ocultaban los llamados para esa época sub-imperialistas, bajo el prurito de la “regionalización” en la internacionalización para “la creación de la patria latinoamericana”. Todo un descabellado proyecto que poco a poco fue derrumbado y que conforme a palpitante actualidad renace en la concepción militarista de derecha del presidente Bolsonaro.

Ante la creciente situación de depredación y entendiendo la creciente preocupación por resguardar a la Amazonia de la incursión creciente inversionista foránea, se requería de una respuesta audaz y en julio de 1978, se suscribió el osado TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA (TCA), firmado por los 8 Estados amazónicos, ya citados. En resumen, el Tratado reguló los proyectos parciales de explotación económica en el Amazonas, con aprovechamiento de lo hidráulico, la flora y la fauna en forma racionada, manteniendo el equilibrio ecológico de la región; así como la preservación de las especies y el medio ambiente. Digamos que la filosofía del Tratado en el aspecto de regulación de los proyectos parciales de explotación, enfocaba al interés mayor de la explotación general a que están interesados los gobiernos, en integración a sus economías nacionales. Propugna por lo racional a utilizar, bajo equilibrio y conservación y utilización conjunta de los recursos hidráulicos de la Cuenca (Artículo V). El impulso de la cooperación técnica y científica. (Artículo IX). La creación de infraestructura adecuada de transportes y comunicaciones (Artículo X).

DE LAS POLITICAS AGRESIVAS DE BOLSONARO

Bolsonaro se posesiona como presiden de Brasil, el 1o. De enero de 2019. Triunfó en coalición con el Partido de Renovación Laborista Brasileño, de “laboralismo participativo”: un etéreo corporativismo camuflado con el anti estatismo neo liberal y el Partido Social Liberal. Partido político conservador y derechista fundado en 1994.

La derecha militarista suele cobijarse con los usos de “democrático” de “centro” y en Brasil comulga con corrientes religiosas evangélicas, bancadas conservadoras, grandes empresarios extractivistas de los recursos naturales, fortaleciendo su campaña gubernamental con bancadas ruralistas de la Unión Democrática Rural (UDR) que expresan: “…un tratado internacional no puede vulnerar la soberanía ni establecer límites de des forestación, así sea en la Amazonia”.

Como señal o signo de una cosa que va a suceder, el militarista Bolsonaro reedito las ideas de militares atrás expuestas. La política seguida conforme al TCA, como «el aprovechamiento de la flora y la fauna de la Amazonia sea realmente planificado a fin de mantener el equilibrio ecológico de la región y preservar las especies» fue modificada con las tesis aplicadas durante el actual gobierno. Bolsonaro toma posesión, con el proyecto de “cambiar el destino de Brasil” que materializo en volver a las políticas de las dictaduras militares superadas en 1990.

Para detallar los cambios en la Amazonia corresponde detener en lo sucedido hasta 2018. Ya para julio de 2019 era evidente el cambio por aumento en el nivel de desforestación en la Amazonia brasileña. No se aplicó un sistema de alerta temprana para la prevención o mitigación de incendios forestales. Sin aplicación alguna de multas ejemplarizantes a propietarios negligentes. Desde satélites se verificaba la actuación de actores voraces de invasores de tierras para el desmonte, sobre la prerrogativa que producida la quema sobreviene la explotación ganadera, minera etc. El discurso del rumbo gubernamental comenzó a manifestarse, paralelo con incendios en diversos puntos de la región, sin que ello representara una reacción inmediata de las autoridades, dejándoles pasar sin mayor preocupación hasta llegar a la conflagración que hoy alarma al Mundo.

Durante su campaña los términos deforestación, amazonia, calentamiento global, estuvieron ausentes. Planteó reunir en un solo ministerio las áreas que se ocupan de “política económica y agrícola” y de “recursos naturales y medio ambiente rural”, pese a lo contradictorio de intereses que expresan, como dos ámbitos de intereses enfrentados en la Amazonia. Toda la economía basada en austeridad y privatizaciones. También anunció acabar con el activismo ecologista, al que tildó de “chiita” y ”radical”, con la consecuente alarma para los sectores de defensa de los derechos humanos y del derecho de la Naturaleza.

Aunque el mandatario prometió inicialmente abandonar el Acuerdo de París contra el Cambio Climático, el potente sector agrícola expresaba preocupación al colocar en riesgo las certificaciones internacionales útiles para la exportación. Contrariando declaraciones anteriores manifestó que continuaría con el Acuerdo de París; pero bajo nuevas condiciones… Al igual que con el pacto Sobre el calentamiento global. Economía: austeridad y privatizaciones. «Reducir la deuda pública 20% mediante privatizaciones, concesiones» y venta de propiedades públicas. Verdadero símil de referencia política y contradicciones a imagen y semejanza con el presidente Trump.

DE LA CRISIS DIPLOMATICA COMO CARGA A BOLSONARO

El gobierno de Bolsonaro tenía conocimiento que los periodos extensos de sequía presentaban una situación favorable a una propagación mucho más rápida de los incendios. Los incendios comenzaron a finales del mes de julio de 2019. Paso a relatar la presión internacional a que ha sido sometido, reseñando que solo hasta el 24 de agosto de 2019, dispuso la intervención del ejército brasilero para contener y atacar los incendios, sin que se haya conocido un eficaz programa de aplicación sobre el terreno. Se dio la intervención de Francia con expresiones directas del presidente Macron, quien aludió que Francia, como único país europeo en mantener una frontera terrestre con Brasil, a través de la Guyana Francesa, como Departamento de Ultramar, amenazó con oponerse al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea (UE) con los países de Mercosur, debido a la omisión en la diligencia oportuna en contener las llamas, rechazando la argumentación de Brasil que lo del incendio se trata de un asunto interno brasileño y no de carácter internacional. Consideró que Brasil “mintió” durante la cumbre del G-20. Como efectos colaterales de esa crisis diplomática generada, España arguyó que se oponía a la afectación de ese Tratado de Libre Comercio, recién firmado.

Los integrantes del G-7 han acordado en su reunión en Biarritz (Francia) el pasado 25 de agosto de 2019, un primer desembolso de ayuda urgente de 22 millones de euros para mitigar los incendios, a lo cual Bolsonaro se negó, para luego expresar que los aceptaría siempre y cuando el presidente Macron se retractara de sus posiciones, en una clara felonía de chantaje internacional.

De otro lado, Brasil ha querido modificar el Fondo de Cooperación con Alemania y Noruega. Este es un Fondo de Amazonia creado en el año 2008. Bolsonaro, en contrario, el 16 de agosto de 2019 generó un incidente recalcándoles a Alemania y Noruega que se dedicaran a reforestar sus propios territorios y que dejaran de preocuparse tanto por financiar los proyectos en la Amazonia. Como quien dice: como ese Tratado lo firmo el gobierno anterior, no estoy en obligación de respetarlo; algo que hace carrera en gobiernos de derecha en Latinoamérica.

Ya las Naciones Unidas, el 23 de agosto de 2019, manifestó: «En medio de la crisis climática global no podemos permitirnos más daños a una de las grandes fuentes de oxígeno y biodiversidad. Se debe proteger al Amazonas”.

Corresponde resaltar el valor asumido por el presidente de Bolivia, Evo Morales. Fue el primero en contratar el enorme avión boeing para proceder a combatir el fuego en la Amazonia y difunden los medios que prohibió la venta de tierras en las zonas en llamas en la Amazonia. Algo de efecto a aplicarse por parte del gobierno brasilero, para demostrar al mundo el cese de la cadena: incendios- deforestación y aplicación del ciclo: colonización con aplicación de ganadería extensiva, explotación minera, etc. Sobrevendrá así la sabanizacion, alarmante termino estudiado en Brasil desde el año 1991. Reivindiquemos la memoria del luchador agrario y popular Chico Méndez.

El internacionalista costarricense Nicolás Boegling, analiza si existe una responsabilidad internacional del gobernante y el Estado brasilero por omisión y/o negligencia. Los estados son sujetos de derecho público. Resume el Principio 2 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, de no autorizar los países proyectos en sus territorios susceptibles de causar un daño de carácter transfronterizo. La actitud de las actuales autoridades brasileñas al dejar que se propaguen intencionalmente las llamas en extensas zonas secas, es muy probable que la dirección del viento lleve cenizas a territorios de otros Estados, afectando la calidad del aire que se respira, aumentando los problemas respiratorios existentes en poblaciones afectas. Despliegue noticiosos indican que los efectos del humo provenientes de la Amazonia,ya se sienten en zonas de la Sabana de Bogotá, DC de Colombia.

DE LA APLICACIÓN DEL ESTATUTO DE ROMA

El texto del estatuto de Roma comenzó a circular para su conocimiento desde el 17 de julio de 1998. Entró en vigor el 1o de julio de 2002 y consta de un Preámbulo y 13 Partes. Expresamente entre sus competencias no está para conocer del delito de ECOCIDIO. El origen de esta palabra viene desde la guerra de Vietnam por el uso de defoliantes como el agente naranja producido por la empresa Monsanto. El Ecocidio es el resultado de daños irreversibles, por la destrucción de bosques tropicales, la contaminación de cuerpos y yacentes de agua; el uso de armas químicas como el napalm, el agente naranja; la generación de incendios extensivos y que afectan tanto a seres vivos, de la naturaleza y a la población indefensa.

Los efectos del cambio climático ha hecho que se tome conciencia y se perfile la ventilación del Ecocidio en Tribunales Internacionales y campañas para que el Estatuto de Roma se adicione incluyendo el Ecocidio como un crimen contra la Paz. La Universidad de Londres propuso en el año 2010, a las Naciones Unidas que el ecocidio fuera incluido como un crimen contra la Humanidad. Abriga esperanza que por vía jurisprudencial internacional y siendo que es de competencia del Estatuto de Roma conocer de crímenes contra y de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional (CPI) pudiere conocer el Ecocidio de la Amazonia, bajo la responsabilidad del presidente Bolsonaro y el Estado del Brasil.

 

Imagen ilustrativa tomada de https://sostenibilidad.semana.com

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DERECHO DE RESPUESTA QUE CR Hoy SE NEGÓ A PUBLICAR COLECTIVO JUBILADOS EN ACCIÓN

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

SURCOS recibió el siguiente documento de parte del Colectivo Jubilados en Acción:

En el Colectivo Jubilados en Acción, que agrupa a funcionarios y académicos jubilados del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio Nacional, vemos con preocupación que la información incompleta, y la distorsión de los hechos respecto de nuestras pensiones, difundidos repetidamente por distintos medios, sean patentes en el artículo “Jubilados de lujo: este es el top 100 de las pensiones más altas del país”, publicado por este informativo.

A continuación brindamos algunas consideraciones y hechos de nuestras pensiones, de dominio público y fácil comprobación, y que refutan sesgos y distorsiones:

1) Si las jubilaciones del RTR deben cargarse al presupuesto nacional, es porque el Estado, durante más de cincuenta años, desvió los excedentes de cotizaciones a gasto ordinario, dejando al Magisterio sin su fondo de pensiones. Esto constituye uno de los desvíos de fondos más descomunales en la historia del país. Desde la promulgación de la ley 2248, (Régimen de Jubilaciones del Magisterio, 1958), quedó establecido que las contribuciones tripartitas trabajador, patrono y Estado, debían conformar un fondo solidario previsional para el pago de futuras pensiones, mandato que fue incumplido por parte del Estado; esto ha sido reconocido incluso por Sala Constitucional en su voto 3447-98, en lo que refiere a pensiones a cargo del presupuesto.

2) Muestran falta de objetividad los periodistas que centran su atención exclusivamente en los pensionados que reciben los montos más altos en nuestro régimen. Los datos de la Junta de Pensiones del Magisterio (JUPEMA) a marzo del 2019, dan una cifra global de 43 487 pensionados en el RTR. De ellos, sólo el 1.75% devengan pensiones superiores a 4 millones nominales, y léase con atención, solo el 0.41% reciben montos de 6 millones o más, en tanto que el 81.3% de los jubilados del RTR reciben una pensión nominal de 1.5 millones o menor.

3) Distorsionan la realidad los periodistas que insisten en mencionar “jugosos” montos de pensión en el RTR, que además de ser poco numerosos, son invariablemente nominales, no netos. Los montos jubilatorios, en esos casos, son consecuencia de altos salarios que en el entorno universitario son el resultado de mérito, esfuerzo, productividad y liderazgo, o de recargo por función administrativa; no se obtienen a manera de privilegio. Enfatizamos esto último porque es precisamente sobre la base de los salarios que se aplican universalmente las fórmulas de cálculo de pensión establecidas en las leyes que regulan las jubilaciones. En algunas de esas leyes se establecieron gravámenes a las pensiones del RTR que, en conjunto, reducen el monto nominal de la pensión hasta en un 57% para las más elevadas.

En el RTR, esas jubilaciones han sido otorgadas, reguladas (y también modificadas y sujetas a gravámenes crecientes) a lo largo de las décadas, mediante las leyes 2248 (1958), 7268 (1991), 7531 (1995), 7946 (1999), 8536 (2006), y 9104 (2012). Por ello, falta a la verdad el articulista cuando afirma que “Todas ellas (pensiones aludidas en el texto) forman parte de regímenes que hasta ahora no han enfrentado reformas…”. En el caso del Magisterio, por el contrario, su régimen de pensiones ha enfrentado una reforma…tras otra.

4) Las pensiones del RTR han sido otorgadas en consonancia con el bloque de legalidad mencionado. Por ello sorprende la cita referenciada por el articulista, respecto de la “presión política” para resolver “odiosas desigualdades” porque “muchos tenemos que sostener privilegios de unos cuantos”. Tales declaraciones no solo muestran una inaceptable estrechez de miras, sino también desconocimiento preocupante y muy peligroso acerca del desvío histórico de nuestras cotizaciones, y la estructuración legal de las pensiones del RTR; desconocen que el respeto a los derechos adquiridos y la seguridad jurídica son pilares fundamentales de un estado de derecho, lo que se aplica a también a pensiones legalmente otorgadas. Tampoco toman en cuenta que los adscritos al RTR, por ejemplo, cotizaron a lo largo de su vida laboral entre 3 y 6 veces más de lo que cotizaron los pertenecientes al régimen del IVM-CCSS, y, que una vez jubilados, siguen “cotizando” para su “fondo” inexistente, así como para Enfermedad y Maternidad (CCSS), pagan impuesto sobre la renta, y una contribución especial, solidaria y redistributiva, por tramos, si la pensión sobrepasa el tope establecido por ley, contribución que puede alcanzar hasta el 75% sobre excesos.

5) Esas declaraciones también avivan el rencor y la animadversión que los medios han contribuido a sembrar en la mente del costarricense promedio en contra de los pensionados del RTR, quienes, a consecuencia del señalamiento público de que han sido objeto, empiezan a ser marcados como objetivos del hampa organizada. Esta es una situación vergonzosa, en cuanto al trato dado a un conjunto de académicos y funcionarios, que incluye a quienes dieron contribuciones señeras a la sociedad en diferentes campos de las artes, las letras, las ciencias y la salud, y en el que encontramos ex Rectores, profesores eméritos, Premios Nacionales, Premios Magón, además de profesionales y científicos, cuya labor no solo ha contribuido a mejorar las condiciones de vida en el país en todos los campos, sino que también ha salvado incontables vidas.

Agosto 20, 2019

 

Enviado por Álvaro Vega Sánchez.

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¿Alguien puede estar contra el fortalecimiento de la Caja?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

¡Pues sí!: los mercaderes de la salud e ignorantes

Luego de impulsar una ley que era el “sueño mojado” de los neoliberales enemigos de la seguridad social, se impuso el criterio según ellos flexible, que restringe el crecimiento del gasto público en todas las instituciones, conocida como regla fiscal. Con la complicidad de la Sala IV esa ley se hizo extensiva incluso a otros poderes de la república e instituciones autónomas como es la Caja Costarricense del Seguro Social, violentando la autonomía constitucional.

El impacto de la Regla Fiscal en la inversión social que se define como gasto público, nos parece que se usa como propaganda para estigmatizar el concepto del uso de los fondos públicos en el bienestar social, es un atentando contra la salud de las personas o bien la calidad de vida, pues impide el crecimiento de programas o servicios en determinados momentos de crisis fiscal, en la CCSS es más bien una política criminal pues sus consecuencias son mortales para pacientes presentes y futuras generaciones.

Hemos apreciado la molestia que provoca en los usuarios perder citas en clínicas y hospitales, sin embargo ese sentimiento debería multiplicarse por diez veces cuando se trata de políticas que restrinjan, limiten, corten o dañen la institución, vengan esas de decisiones de la propia junta directiva de la institución, de la Asamblea Legislativa a través de las leyes, pues las huelgas son temporales mientras que los daños a nuestro país se convierten en permanentes.

Las acusaciones de medios de comunicación contra los valientes trabajadores de la Caja pueden ser ingratas, pues ellos luego de intentar solucionar en la mesa de negociaciones no tienen otra opción que protestar para detener el deterioro o para defender sus derechos dejan de lado la actitud pasiva de la mayoría de la ciudadanía contra el daño en sus servicios por parte de los políticos.

Para nosotros, quienes deberían ser los primeros “huelguistas manifestantes” son los usuarios de la institución o sea el pueblo en general, que los ricos que no la utilizan sigan asistiendo a sus clínicas y hospitales privados y dejen de manipular opiniones con ayuda de los grandes medios de comunicación.

Tenemos otro gobierno que parece poco importarle el presente y futuro de la Caja, razón por la que tendrá la bien merecida condena histórica, en la pila de otros gobernantes que no honraron su juramento ni sus discursos, promesas que no valen el papel donde se escribieron.

Carlos José Cabezas Mora

SECRETARIO GENERAL

CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES

 

Enviado por el autor.

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Tres preguntas que deben ser respondidas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Alberto Salas Sarkís

Los medios de comunicación han envenenado a muchas personas en contra de los funcionarios públicos. Ese veneno lo han vertido por órdenes de la oligarquía, los políticos y empresarios corruptos con un solo propósito: desviar la atención del Pueblo sobre temas como la evasión, beneficios fiscales, amnistías tributarias y muchos otros métodos con los que se están robando los fondos públicos.

Existen tres preguntas que deben ser respondidas para poder contrarrestar esta campaña en contra de los servidores públicos. Estas son: 1.- ¿por qué existen pluses o beneficios salariales en el sector público? 2.- ¿por qué hay funcionarios públicos que disfrutan de treinta días de vacaciones por año? 3.- ¿Por qué hay funcionarios públicos que ganan mucho dinero en puestos sencillos o iniciales?

Respuestas: los pluses salariales, beneficios, reconocimientos e incentivos que se otorgan a los funcionarios públicos obedecen a una simple y sencilla razón: ¡LOS SALARIOS EN EL SECTOR PÚBLICO SON RIDÍCULOS Y MISERABLES! Ejemplos: un misceláneo en el Estado gana un salario base de 274.500 colones por mes. ¿Saben cuánto gana un misceláneo en la empresa privada? 309,143 colones mensuales. Un trabajador calificado en el Estado gana 292,250 colones por mes, ese mismo puesto en el sector privado gana 349,623 colones.

Analicemos el caso de la computación: un técnico en informática gana mensualmente en el Estado 326,250 colones. Un programador 396,350 colones y un profesional en informática gana 522,300 colones mensuales? ¡SE CONSIGUEN MEJORES SALARIOS EN UN CALL CENTER! ¿ENTIENDEN EL POR QUÉ DE LOS PLUSES?

Saben cuánto gana un profesional en el Estado? 522,300 colones mensuales. Piensen: un joven que se ha matado estudiando durante décadas, con suerte se endeudó hasta el cuello y tiene que pagar millones de colones, ¿ustedes creen que va a ingresar a trabajar al Estado con esos salarios tan bajos, ridículos y miserables? Piensen en los Educadores ganando salarios como esos ¿con qué ganas van a trabajar lidiando con 30 o 35 niños por grupo?

En Salud la situación es peor: una enfermera recibe 427,800 colones, un médico 901,358 y un médico especialista 1, 011, 291 colones todos por mes. CUALQUIERA DE ELLOS SE GANARÍA ESA CIFRA EN MENOS DE MEDIA HORA EN UNA OPERACIÓN EN UNA CLÍNICA PRIVADA. Sin embargo, trabajando en el Estado deben hacer 20 y hasta 25 operaciones por mes. Entonces ¿por qué trabajan en el Estado? Porque los pluses, sobresueldos, dedicaciones y otros beneficios mejoran su salario un poco, pero jamás en lo que ganarían en el sector privado.

Aquí entra a jugar la respuesta a la pregunta 2: como parte de esos incentivos para que los buenos profesionales y trabajadores laboren para el Estado, aparte de los 15 días de vacaciones establecidos en el Código de Trabajo, cuando un funcionario público labora 10 años para el estado (o sea tiene 10 años de antigüedad) adquiere el derecho a tener 15 días de vacaciones extras, en total serían 30 días, PERO ESO SÓLO SE LO DAN A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE HAN LABORADO 10 AÑOS EN EL ESTADO.

Finalmente la respuesta a la pregunta 3 tiene que ver con un incentivo que todo funcionario público tiene: al cumplir un año de servicio, el trabajador del Estado se le reconoce un “paso” o porcentaje por antigüedad de un 1.5% por sobre su salario base. Esto significa que cada año de servicio de un trabajador que gana 100 mil colones recibe 1,500 colones por paso por antigüedad. Entonces ¿por qué los medios corruptos de comunicación dicen que hay choferes o misceláneos que ganan un millón de colones? Esa es una verdad a medias porque esos funcionarios públicos tienen más de 35 o 40 años laborando en el Estado y los aumentos anuales más los pasos por antigüedad, los hacen tener salarios superiores ¿por qué no dicen la cantidad de años que tienen esos choferes o misceláneos de laborar en el Estado? Porque quieren engañar a la gente y desviar la atención.

Pero dejemos todo esto de lado y entendamos un principio fundamental de nuestra sociedad: si usted quiere ser atendido por un buen profesional, si quiere que sus hijos tengan una buena educación, si quiere recibir buenos servicios públicos… ¡HAY QUE PAGARLOS! Usted tiene que definir si pone el futuro de sus hijos en manos de un charlatán, que entra a trabajar en el Estado que por un salario miserable sin pluses. Usted decide cuando está enfermo si quiere que lo opere un excelente doctor o cualquier “carnicero” que sacó un título en una universidad de garaje. Porque si se eliminan los pluses, incentivos y otros beneficios, los buenos profesionales no trabajarán en el Estado y caerá en manos de inútiles e irresponsables que por cualquier dinero harán un trabajo mediocre.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por el autor.

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La imposición de un modelo autoritario

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Está conformado en el país un bloque oligárquico-conservador, formado por las cámaras patronales, los principales medios de comunicación, los principales partidos políticos y el Gobierno con el propósito de impulsar un programa económico, social y político conforme con los intereses de los neoconservadores. Este programa necesita de manera necesaria una limitación a la democracia. En Costa Rica está en marcha la imposición de un modelo autoritario y no nos damos cuenta.

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