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El proyecto de ley que pretende cambios en el empleo público y la aplicación de la regla fiscal no son la solución a la denominada crisis fiscal, reconoce la OCDE
Eduardo Muñoz, periodista Vicerrectoría de Acción Social UCR
Si de riqueza y poder político global se trata, el conocimiento científico y la educación son de los activos más apetecidos por los grupos económicos internacionales. La historia de los nexos entre la ciencia y la educación, y la política, demuestra que siempre ha existido un pulso por el control de estos activos, cuyos costos y pérdidas son socializados pero sus ganancias privatizadas a favor de conglomerados empresariales.
En el caso costarricense, los logros sociales alcanzados desde la Segunda República son múltiplemente reconocidos. Incluso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), actual sustento ideológico de la clase política y empresarial costarricenses que impulsan cambios en materia fiscal, de inversión social, educación y empleo público asegura, contradictoriamente, en su informe titulado Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2018, que “el acceso a la educación para todas las personas ha sido una piedra angular del modelo social exitoso de Costa Rica y, por esta razón, las reformas constitucionales aumentaron el gasto obligatorio al 8% del PIB”. Pero, pese a los indicadores internacionales en dicha materia, la OCDE también afirma que “no existe una razón subyacente para este objetivo específico, mientras que la evidencia sugiere que actúa como un obstáculo importante para la restricción del gasto sin mejorar la eficiencia ni la eficacia en cuanto a los resultados educativos”.
Sobrepasar ese “obstáculo” es el principal desafío de las autoridades políticas costarricenses, ya que los proyectos impulsados desde el Estado costarricense para la aprobada reforma tributaria, el empleo público y la privatización solapada de la Caja Costarricense del Seguro Social, son insuficientes para ingresar al exclusivo club de naciones integrantes de esa organización.
En contraste con los criterios de que la masa salarial pública es corresponsable del déficit fiscal, la realidad es que solamente representa el 14% de la fuerza laboral nacional, integrada mayoritariamente por los sectores educativo, salud y seguridad. Y, en opinión de la OCDE y sus acólitos costarricenses, las remuneraciones en este sector son excesivas y distantes de lo devengado por el sector privado. No se menciona que, de manera sostenida y según encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, una cuarta parte de la fuerza laboral nacional no percibe el salario mínimo; y existen claras disparidades entre lo percibido entre hombres y mujeres.
La Rectoría de la Universidad de Costa Rica, en un documento a disposición de acceso público a la ciudadanía, ha sido contundente al afirmar que el Estado costarricense, en procura de “resolver” el problema del empleo público, “convierte a los salarios en una variable de ajuste macroeconómico (por ejemplo, para controlar la inflación o el déficit fiscal) y no en un elemento central para procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país”. En suma, el proyecto de ley apuesta a la pauperización generalizada como mecanismo de control tributario, mientras por otro lado no se resuelve con acciones firmes la evasión y elusión fiscales, que superan el 13% del PIB.
Por otra parte, sin considerar las particularidades de las instituciones del Estado costarricense, la OCDE aplica criterios de “productividad” a servicios tan diversos como la educación básica y universitaria, la seguridad social y las transferencias que se realizan a los sectores menos favorecidos. Para ello, y traspasando sus competencias, esa organización le sugiere al Estado, a manera de receta única, que impulse un «conjunto claro de mecanismos de dirección, coordinación y control a nivel del Gobierno Central», ignorando deliberadamente nuestra Constitución Política de Costa Rica, un escollo para la OCDE.
El citado estudio de la OCDE es claro, nuestra Constitución y la institucionalidad costarricense se contraponen a su ideario político. “El uso excesivo de la asignación obligatoria de fondos con destinos específicos en Costa Rica también está en contradicción con la Recomendación del Consejo sobre Gobernanza Presupuestaria, que establece que «Los fondos para fines específicos y la asignación de ingresos para fines concretos deben mantenerse al mínimo» (Recomendación del Consejo sobre Gobernanza Presupuestaria, Principio 7, OCDE 2015b)».
En suma, la ruta definida por la OCDE y el gobierno costarricense atenta contra la institucionalidad y la historia costarricenses, pisotea la Constitución Política e hipoteca el bienestar de las futuras generaciones.
Para descargar el documento de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica Sobre el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público puede buscarlo con este enlace: http://ucr.cr/r/GU8F
Paola Valladares Rosado, diputada
Durante los últimos meses hemos discutido en la Asamblea Legislativa alrededor del proyecto 21049 “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, un proyecto que se presentó inicialmente con la intención de definir plazos para la declaración de legalidad o ilegalidad de las huelgas. Sin embargo, a lo largo de esta discusión se han puesto sobre la mesa diversos temas que van más allá de lo planteado, y tienden a prohibir el derecho de los ciudadanos a asociarse y manifestarse en contra de lo que creen cercena sus derechos.
Cabe recordar que manifestarse, asociarse libremente e ir a huelga forma parte de nuestros derechos humanos. Otros derechos vinculados son el de fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de los intereses colectivos.
Esos derechos ciudadanos van más allá de la reivindicación de luchas en el ámbito laboral, permiten que las personas participen en la construcción y toma de decisiones que afecten sus vidas y a la sociedad en general.
Las políticas públicas son cursos de acción, decisiones políticas que se toman para atender los problemas públicos, es decir, problemas que afectan a grupos o a toda la ciudadanía. Es la propia población la que debe participar y ser tomada en cuenta no sólo en la formulación de las políticas públicas sino también en la evaluación de su efectividad para resolver los problemas y para determinar nuevas acciones.
En una verdadera democracia participativa, el poder se debe compartir con la ciudadanía y se debe promover esa participación real en la toma de decisiones. En nuestro país, los espacios reales de participación ciudadana son pocos –hay quienes piensan que se reducen a votar cada 4 años- o existen solo en el papel, no en la práctica. A la gente le quedan pocos ámbitos en los cuales se le escucha y se le toma en cuenta y mucho menos en los que pueda manifestar su descontento o ejercer control ciudadano sobre quienes tenemos la responsabilidad de hacer e implementar las políticas públicas.
Las políticas públicas se sustentan en decisiones políticas, porque son los gobiernos y los legisladores quienes deciden qué problemas públicos atender y cómo hacerlo. Es decir, unos cuantos deciden políticamente sobre aquello que afecta la vida de todas las personas. Por lo tanto, cualquier manifestación o huelga contra una política pública es inherentemente de carácter político.
En estos días se ha pretendido con el proyecto 21049 prohibir las huelgas políticas, algo que no tiene ni pies ni cabeza. Sería como prohibir acciones políticas que se opongan a otras acciones políticas, eso suena a tiranía. Ese razonamiento no tiene sustento legal y así lo han señalado distintas instancias judiciales y expertos en derecho de nuestro país.
Meses atrás durante la discusión de la reforma fiscal vimos como la sociedad en general, no solo los sindicatos como muchos lo quisieron hacer creer, salieron a las calles y se manifestaron de diferentes maneras en contra de un proyecto que para muchos traería mayores complicaciones económicas. Eso claramente fue una huelga política que buscaba el diálogo social para la construcción conjunta de una política pública más balanceada, que no impactara tan negativamente a algunos sectores. Esa es una reivindicación legítima. Sabemos que las huelgas traen también muchas consecuencias negativas, por eso estamos obligados a abrir pronta y oportunamente canales de diálogo y negociación que minimicen impactos y maximicen el bienestar colectivo.
Otro aspecto que se discute alrededor de este proyecto de ley es la posibilidad de prohibir las huelgas en servicios considerados esenciales. Según la OIT son aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población» (OIT, 1983b, párrafo 214). La OIT señala que ante esta condición los funcionarios cuya ocupación se desarrolla dentro de estos servicios ya definidos, tienen el derecho a que se les garantice procedimientos de conciliación y arbitraje apropiados, imparciales y rápidos que se apliquen plena y prontamente. O sea, en estos casos hay restricciones para realizar una huelga y en eso estamos de acuerdo, pero en el proyecto de “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos” se ha pretendido incluir como escenciales otros servicios para así impedir que se realicen huelgas.
Debemos poner mucha atención en la definición de cual o cuales instituciones brindan servicios que verdaderamente afectan o ponen en riesgo la salud, la seguridad y la vida de la población y se debe brindar seguridad a esos funcionarios de que sus demandas serán escuchadas y atendidas mediante una negociación conciliadora e imparcial.
Este es un tema álgido que no debe discutirse al calor de enojos o resentimientos añejos. Vivimos tiempos de polarización y malestar social, que no se pueden ni se deben ocultar debajo de la alfombra. Un proyecto de ley que pretenda generar prohibiciones arbitrarias a las huelgas o a las manifestaciones de nuestra sociedad traerá más polarización y estrechará más el espacio democrático.
Es oportuno recordar que muchas de las conquistas sociales que tenemos, se las debemos a movimientos de huelga y a la construcción de un pacto social mediante el diálogo entre personas y sectores que pensaban distinto.
Lo que realmente necesitamos es llegar a acuerdos a través de más espacios de participación política ciudadana, eso nos beneficia a todos porque fortalece nuestra democracia.
José Manuel Arroyo Gutiérrez, ex magistrado y catedrático UCR
La Constitución Política de Costa Rica opta por una organización republicana y un ordenamiento jurídico propio del Estado Social de Derecho. Lo primero establece con claridad la división de poderes, los ámbitos de competencia, los controles recíprocos en orden a que ninguna autoridad de la República se sienta libre de hacer lo que le parezca y abuse de sus atribuciones. Lo segundo, en lo fundamental, opta por el respeto a la dignidad humana –que no es otra cosa que el respeto a los derechos de las personas sin ningún tipo de discriminación-, así como la enunciación de derechos y garantías individuales y sociales y el diseño de un andamiaje institucional complejo y diverso.
La Constitución Política, hace distinciones que no pueden atropellarse sin poner en riesgo el futuro mismo de la convivencia democrática dentro de un régimen de derecho. La Sala IV, a propósito del Art. 188 C.P. ha establecido que las instituciones autónomas tienen independencia administrativa, mas no de gobierno, ámbito en el que éstas deben atenerse a las leyes dictadas por la Asamblea Legislativa (Voto No 3309-94). No obstante, esta misma resolución explicita cómo, la Corte Suprema, en cambio, conserva el gobierno y la administración de tribunales, funcionarios y empleados de la rama judicial, es decir, conserva un ámbito de independencia mayor, tanto de gobierno como de administración (art. 156 C.P.), que la diferencia del que disfrutan las instituciones autónomas en sentido estricto (188 y 189 C.P.). La lectura de estas dos últimas normas evidencia que se refieren a instituciones autónomas como los bancos y aseguradoras estatales, y las que a futuro cree la Asamblea Legislativa.
Pero evidentemente el constituyente, de manera directa, quiso tutelar algunos valores fundamentales como la justicia, la salud, la educación superior pública, entre otros, para lo cual creó instituciones con encomiendas específicas y las dotó de autonomías reforzadas, frente al Poder Ejecutivo de turno y frente a la misma Asamblea Legislativa. Estoy convencido que tal es el caso de la Universidad de Costa Rica y de todas los centros de educación superior pública del país. Véase cómo, esta autonomía reforzada se evidencia cuando la Constitución crea “…una institución de cultura –ojo, algo más que de educación- que goza de independencia para el desempeño de sus funciones, y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios…”. Tales atributos y competencias se hacen extensivas a los otros centros de educación superior públicos, y el Estado queda obligado no sólo a otorgarles un patrimonio propio, sino a colaborar en su financiamiento (Art. 84 y 85 C.P.).
He aquí la importancia trascendental de que el examen de constitucionalidad al que está siendo sometida la Ley No. 9635, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, no pase atropelladamente por las distinciones y precisiones que hace la Constitución Política. El problema es que esta legislación, con su buque insignia la “Regla Fiscal”, pretende meter a todos los poderes e instituciones, funcionarios y empleados públicos, en una especie de camisa de fuerza, olvidándose de que las vías impuestas siempre tienen sus días contados, y es imposible hacer sostenible a largo plazo medidas que asfixian o ahogan a amplios sectores de la población.
Esto es así en la medida en que aún para las instituciones autónomas en sentido estricto, como la C.C.S.S. o I.C.E., -para mencionar sólo dos sobre las que ha recaído buena parte de la paz social disfrutada en el país por décadas-, no se les puede imponer, sin más, cómo y con qué recursos van a poder atender servicios de emergencia o extraordinarios, o bien qué régimen de incentivos salariales, o reconocimientos por prohibiciones o dedicaciones exclusivas pueden promoverse. Tampoco es posible que las nuevas reglas para los trabajadores de primer ingreso pasen por alto que existen otros principios constitucionales en materia laboral, que expresamente erigen el principio de igualdad (Art. 57) o el de no-discriminación para ningún sector de los trabajadores (Art. 68). Mucho menos se puede tratar de esta manera a quienes laboran en otros poderes republicanos o en las universidades, cuyas misiones institucionales, -como la justicia o educación superior-, el constituyente quiso protegerlas de gobiernos y tendencias coyunturales emanadas de otros poderes en ejercicio.
Rosaura Chinchilla-Calderón Abogada y docente universitaria Rosaura.chinchilla@gmail.com
El sueño de la razón produce monstruos (Goya)
Costa Rica se encamina a vivir un aniversario más de la independencia de España y lo hará, muy probablemente, de la misma forma en que recibió la noticia: en un ambiente polarizado, dubitativo y a la espera de mágicos vientos que despejen los cargados nubarrones de un día que ya casi lleva doscientos años, pero que hoy, a diferencia de ayer, amenaza con la inminente furia de su vendaval.
Polarización. La división no es, ya, entre monárquicos y separatistas; colonialistas y anticolonialistas o republicanos e imperialistas, sino entre “progres” y “ramashecos” o “PAC-lovers” y “FabriPLUSCianos”. Unos —insuflados con las oportunidades y hasta con los privilegios obtenidos gracias al Estado de Bienestar en la Gran Área Metropolitana— tildan, a quienes carecieron de ellas, de ignorantes-retrógrados; niegan la sola posibilidad de contextualizar, en coordenadas supra-individuales, los síntomas o comportamientos percibidos; defienden algunos derechos humanos liberales al tiempo que ridiculizan expresiones de fe y reniegan de los derechos económico-sociales…en fin, traicionan la esperanza y el mandato popular, acrecentando el descontento social. Otros (atrincherados en un dios-creado-a-su-medida) imponen su visión de mundo como la única posible, y le niegan dignidad a amplios segmentos de la población que no se ajusten a la moral que predican (y que no siempre practican). Unos y otros conducen, a este pequeño país, muchas veces a golpe de fake news, hacia el despeñadero.
Desigualdad. Pero el anterior es solo un signo epidérmico o superficial que, sin embargo, oculta la enfermedad terminal que internamente carcome nuestro tejido social: la desigualdad crece y se evidencia ya como desempleo abierto y miseria rampante; la institucionalidad democrática y republicana cae derruida tanto por la avidez como por la corrupción de quienes mueven y enredan los hilos, y pretenden desmantelar cualquier dique normativo que les impida obtener el mayor lucro, para el menor número, durante el mayor tiempo posible.
Debilidad institucional. Así, con procedimientos que han de permanecer fuera de foco, ocultos al escrutinio ciudadano, se hacen pactos, se nombran funcionarios que coopten las instituciones públicas y, desde ahí, cumplan con la consigna de eliminar las normas de protección claves en el diseño del Estado Republicano, Democrático y Social de Derecho de la Segunda República: un sistema de pesos y contrapesos; de división de funciones; de independencia de las instituciones contraloras; de procedimientos y garantías para el adecuado gobierno de la cosa pública; de respeto a la dignidad inmanente a todo ser humano y de protección a la educación, el medio-ambiente y la salud como claves del desarrollo. En ese contexto se legisla y hasta se juzga.
Modernidad. La promesa de la modernidad, del avance de la razón y del humanismo en el mundo, ciertamente explotó durante la II Guerra Mundial frente a la evidencia del Holocausto y la barbarie de la que, como seres humanos, somos capaces. Empero, paradójicamente, fue en los años 40 en donde, en este pequeño territorio, también nació la esperanza de que la solidaridad era posible: de que podíamos vivir sin ejército; nacionalizar la banca y las instituciones energéticas para que el bienestar de todos no dependiera del lucro de unos; universalizar los seguros sociales; extender la gratuidad y cobertura de la educación; confiar en la pureza del sufragio; en la formación y equidad de la judicatura; mantener la Naturaleza y apostar por una convivencia en armonía y tolerancia, respetando nuestra diversidad.
El sueño de la razón. Ese sueño, paulatinamente, se ha ido derrumbando. Parafraseando a Goya: se durmió la razón y nacen los monstruos. El fascismo campea por doquier reivindicando múltiples ropajes: nacionalismos, visiones mágicas y acientíficas del mundo, religiosidad individualista y egoísmos extremos y a Costa Rica la vacuna (formada por aquellos componentes) se le venció. Esta democracia del bicentenario es raquí-tica, de simples formas, por lo demás porosas y débiles, que se están rompiendo ante nuestros ojos. Si nos descuidamos, seremos testigos de su colapso definitivo.
Lucha cívica. Pese a todo “¿quién dijo que todo está perdido?” Todavía tenemos una educación gratuita y generalizada que, pese al modelo de negocios por el que unos apuestan, permite que el hijo del obrero y la hija de la indígena obtengan una profesión u oficio; podemos velar por nuestra salud sin empeñar el patrimonio de las futuras generaciones o vender órganos para ello; seguimos accediendo a las fuentes de agua, de energía y a la infraestructura de comunicaciones a módicos costos; aún tenemos variedad de ecosistemas; todavía hay fiscales, jueces y juezas probos; docentes con mística y personal de salud que responde al juramento hipocrático…aún hay quienes entienden que la dignidad humana, única e indivisible, impide escoger (algunos) derechos humanos (de unos) a conveniencia…en fin, aún hay personas que alimentan su espiritualidad o su ética en las fuentes del Amor, que es servicio, entrega e inclusión.
Porque aún queda “algo”, que es mucho, ¡no podemos seguir impasibles! ¡Interesémonos en el manejo de los asuntos públicos, que son los nuestros! ¡Exijamos procesos públicos, motivados y transparentes en la toma de las decisiones! ¡Usemos los recursos que el Derecho nos da para vigilar, impugnar y hasta sancionar a quienes se desvíen del fin común! ¡Ejerzamos nuestra responsabilidad de educarnos cívicamente, de elegir cuidadosamente, y de organizarnos! ¡Seamos solidarios y tolerantes! No sigamos atrincherados en nuestras cosmovisiones, que nos impiden visualizar la humanidad que hay en el otro. Trascendamos diferencias. Construyamos un proyecto común en que todas las personas quepamos. Sí, sé que no es solo voluntarismo…pero por algo se empieza.
“Hablo de cambiar esta nuestra casa (…) ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón…” (Fito Páez/Mercedes Sossa).
Presentación
Vivimos tiempos difíciles en Costa Rica. Amplios sectores a lo largo y ancho del país muestran un malestar creciente y una insatisfacción con las propuestas que dominan las agendas política, económica, cultural y social. Las posibilidades de encuentro, diálogo y entendimiento se debilitan por posiciones intolerantes y excluyentes. Desde hace varias décadas se nos viene imponiendo un modelo de desarrollo y un proyecto de país que, lejos de forjar cohesión y consensos y de buscar el bienestar colectivo, ha fomentado un grave proceso de fragmentación social, cargado de inequidad, con un fuerte deterioro ambiental. Las propuestas dominantes han beneficiado a algunos sectores, pero han afectado la calidad de vida y la dignidad de muchas más personas; el crecimiento económico no ha sido inclusivo.
Pese a la evidencia de la disfuncionalidad social y ecológica de estas propuestas, los sectores económicos, políticos y mediáticos que llevan adelante esta agenda no parecen cesar en su empeño de empujar al país hacia un sendero muy arriesgado que está poniendo en peligro la posibilidad de una convivencia armoniosa entre las personas y entre éstas y el ambiente. La correlación de fuerzas políticas en este momento favorece estas tendencias, y se promueven proyectos e iniciativas que tienden a minar espacios democráticos y nos alejan de una distribución justa de la riqueza, debilitando elementos claves del estado social de derecho y estrujando las posibilidades de forjar una colectividad marcada por el bien común.
Un grupo amplio de organizaciones y personas, de muy diversos sectores, tenemos la convicción de que Costa Rica necesita encontrar nuevos senderos por los cuales transitemos con esperanza y sentido colectivo, en procesos marcados por una amplia participación social, institucional y comunitaria. Senderos que nos permitan soñar y crear escenarios distintos, más inclusivos, y también respetuosos con el ambiente, en los que la prioridad sea el desarrollo de las potencialidades de todas las personas, en un marco de respeto a la diversidad. Por ello hemos decidido integrar la Alianza por una Vida Digna, con la confianza de que entre todas y todos podemos plasmar reflexiones, propuestas, y acciones en procura del bien común. Queremos contribuir a gestar otros mundos posibles.
Este suplemento recoge puntos de vista de cuatro personas sobre algunos temas medulares de la realidad nacional actual. Continuaremos presentando, por diversos medios, otros tópicos en ámbitos variados de la vida nacional, que fomenten reflexión y acción en comunidades, instituciones y colectivos varios. Pretendemos que la Alianza por una Vida Digna sea una fuente de pensamiento diverso y un acicate para la participación democrática alrededor de aspectos esenciales de nuestra convivencia.
Con la idea de impulsar esta Alianza, se realizó el lunes 29 de julio una reunión a la que asistieron cuarenta personas de los sectores comunitario, estudiantil, ambientalista, profesional, educación popular, comunicación popular y alternativa, Buen Vivir, y universitario.
Alberto Rojas Rojas, Andrea Alvarado Vargas, Héctor Ferlini-Salazar, José María Gutiérrez Gutiérrez
Correo-e: alianza.por.una.vida.digna@gmail.com
El Semanario Universidad publicó este miércoles 21 de agosto en la edición impresa un conjunto de textos con la firma de la Alianza por una Vida Digna. Puede leerlos aqui:
Suplemento Semanario Universidad
Este agrupamiento señala en su presentación:
Vivimos tiempos difíciles en Costa Rica. Amplios sectores a lo largo y ancho del país muestran un malestar creciente y una insatisfacción con las propuestas que dominan las agendas política, económica, cultural y social. Las posibilidades de encuentro, diálogo y entendimiento se debilitan por posiciones intolerantes y excluyentes.
Le invitamos a terminar de leer la presentación:
Presentación Alianza por una Vida Digna
Uno de los textos incluidos en la edición se titula “Una democracia raquí-tica”, escrito por la abogada y docente Rosaura Chinchilla-Calderón.
Puede leerlo aquí:
El exmagistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez aporta en la compilación un análisis que titula “Reforma fiscal a examen de constitucionalidad”. Asimismo, se incluye un artículo periodístico relacionado con un estudio de la UCR sobre el proyecto de empleo público que impulsa el gobierno y otros sectores políticos y económicos. Lea aquí ambos textos:
Reforma fiscal a examen de constitucionalidad
Privatizar las riquezas, socializar las pérdidas
La colección divulgada por el Semanario Universidad y enviada por la Alianza por una Vida Digna se completa con este artículo de la diputada del PLN Paola Valladares Rosado:
La huelga es un derecho humano
SURCOS le invita a propiciar la reflexión y compartir este material generado desde la Alianza por una Vida Digna.
Correo-e: alianza.por.una.vida.digna@gmail.com
Foto alusiva a la participación ciudadana con fines ilustrativos.
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