SURCOS comparte el siguiente comunicado de Mujeres en Acción:
Mujeres en Acción decidió participar en los Diálogos Multisectoriales porque la convocatoria fue más amplia que las anteriores y, en principio, permitiría un debate sobre aspectos económicos, laborales y sociales, y no solo fiscales.
No obstante, la metodología y la dinámica de trabajo nunca estuvieron claramente definidas, y fueron cambiadas de manera constante, lo cual generó extenuantes jornadas. Creemos que fue una metodología cuya pretensión era impedir la construcción política de acuerdos y agotar a los sectores sociales: la discusión se organizó en torno a más de dos mil propuestas presentadas por los distintos sectores, conocidas y evaluadas a partir de enunciados escuetos y muchas veces poco claros, faltó información técnica clave para la toma de decisiones y su entrega oportuna por parte de las instituciones. Todo ello, en un plazo estrecho y con la presión de la falta de tiempo de la que solo el Ejecutivo es responsable.
Esta imprecisión metodológica solo demuestra la falta de interés del Ejecutivo de generar el auténtico diálogo que el país necesita desde hace décadas.
Mujeres en Acción jugó un papel destacado en el proceso de diálogo debido a su capacidad propositiva, su visión y práctica feminista; posicionando la agenda de las mujeres como prioritaria y vinculada a una concepción de país donde todas y todos quepamos. Se propuso empujar las propuestas que buscan fortalecer y financiar la inversión en el Estado social, así como una recuperación económica que beneficie a las mujeres y al conjunto del país, eliminando privilegios empresariales, protegiendo a las personas y sectores más afectados por las desigualdades estructurales y por las medidas adoptadas en la pandemia. En este objetivo identificamos coincidencias desde la pluralidad de ideas y en diálogo permanente con otros sectores sociales y, en particular, con otros grupos, redes y articulaciones de mujeres.
Nuestras propuestas fueron pensadas y bien fundamentadas. Aplicar por una única vez un impuesto solidario del 1% a los grandes capitales y empresas, generaría un equivalente al 2,27% del PIB, según estimaciones del Ministerio de Hacienda, suficiente para cubrir casi en su totalidad el déficit primario. Fue de todas las propuestas la que mayor impacto fiscal y social hubiera tenido; sin embargo, ni siquiera fue discutida. Ante nuestra insistencia de que se llevase a debate, solo recibimos silencio.
Este boicot a nuestra propuesta deja claro la existencia de las líneas que el Ejecutivo había pactado con el sector empresarial, particularmente, no tocar a los grandes capitales y fortunas. Todas las propuestas de impuestos altamente progresivos para atender la emergencia económica y social fueron rechazadas o, peor aún, invisibilizadas.
En el mismo sentido, la venta de la cartera de CONAPE, a pesar de que fue vetada por APSE, fue aprobada por el gobierno, evidenciado el valor diferenciado que en la práctica asignó el Ejecutivo a las posiciones de cada sector.
Estar y permanecer en los Diálogos Multisectoriales permitió posicionar la economía de los cuidados como eje central de la reactivación económica y la recuperación social; el combate a la pobreza; el empleo digno; la inversión pública; la conectividad para el acceso a la educación; la soberanía alimentaria, así como la visibilización de las pequeñas y las microempresas a nivel territorial. Se logró detener, en conjunto con otros sectores sociales, la propuesta del Gobierno para aumentar el IVA en un 12% a la canasta básica. Un resultado limitado, pero que sin nuestra presencia y la de otros sectores sociales no se habría logrado.
El Ejecutivo ha preparado una agenda legislativa para el periodo de extraordinarias que se presenta en los medios de comunicación como emanada de los consensos alcanzados en los Diálogos Multisectoriales. Es necesario aclarar que los relativos a la violencia contra las mujeres no fueron parte de la agenda discutida en ese espacio. Se trata de proyectos que apuntan a un mayor reconocimiento, visibilización y sanción de los femicidios, que hoy son juzgados como homicidios, por el ámbito estrecho con el que se aprobó la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres en 2007. En este propósito hay un amplio consenso en nuestra sociedad del que Mujeres en Acción es parte, sin embargo, los proyectos actualmente en la corriente legislativa, y que integran la agenda presentada por el Ejecutivo, requieren continuar con la discusión previa al debate legislativo ya iniciada meses atrás con diversos actores de gran experiencia en esta materia, cuyo propósito es sintonizar y mejorar las propuestas para lograr una aprobación pronta y garantizar el resultado deseado.
Tampoco es producto de los Diálogos la decisión de negociar con el FMI. Este fue un tema que el Ejecutivo no quiso poner a discusión sabiendo que numerosos sectores lo vetarían, incluyendo a Mujeres en Acción.
La reconstrucción del tejido social y político requiere de auténticos procesos de diálogo y negociación transparente. Haber reunido a distintos sectores tiene el valor de haberse escuchado mutuamente, pero para lograr el pacto social para el proyecto de país que hoy Costa Rica requiere de una voluntad política libre de influencias de los grupos de poder económico
Estamos ante un momento grave donde no se debe empeñar el destino de las futuras generaciones, entregando el país al endeudamiento externo. Mujeres en Acción se opone firmemente a la negociación con el FMI, ya demostramos que nuestras propuestas lo hacen innecesario. Debilitar y reducir lo que queda del Estado Social de Bienestar, violentando el marco de todos los derechos laborales, sociales y económicos adquiridos por las luchas históricas de los movimientos sociales, empobrecerá a la mayoría de la población, restringirá el acceso a los servicios y derechos humanos básicos, y ampliará la brecha de desigualdad que atenta contra el núcleo mismo de la democracia.
El Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) recién publicó su anuario número 11. Entre los artículos destaca “Pedagogía de la violencia y resistencias de las mujeres. El cuerpo como territorio en disputa” de la psicóloga e investigadora feminista, Mariana Alpízar Guerrero.
El artículo es una propuesta teórica y conceptual para comprender los mecanismos en que opera la violencia como pedagogía que, no sólo reprime, sino también moldea los cuerpos y les enseña cómo ser.
La autora presenta una sistematización de las resistencias macropolíticas y micropolíticas que han utilizado históricamente las mujeres “y parte de la idea de que donde existe violencia siempre ha existido también la resistencia, siendo esta última una herramienta indispensable que han usado las mujeres para apalabrar su dolor, asumir su capacidad de agenciamiento e ir recuperando su cuerpo que ha sido un territorio histórico en disputa”, expone el artículo.
El lunes 07 de diciembre fueron amenazados de muerte los recuperadores cabécares Doris y Ariel Ríos Ríos, y Efraín Fernández Zúñiga, de acuerdo con la Coordinadora de Lucha Sur Sur – CLSS.
En horas de la mañana los recuperadores cabécares de Sekeirö Kaska identificaron 9 cabezas de ganado dentro del terreno recuperado y, alrededor de las 4:30 pm, dos personas no indígenas intentaron ingresar al terreno recuperado. Doris y Ariel Ríos Ríos, recuperadores de Sekeirö Kaska, los detuvieron, y recibieron insultos así como amenazas de muerte. También hubo amenaza de muerte a Efraín Fernández Zúñiga, recuperador cabécar de Kono Jú.
Según informa la CLSS, los dos hombres se fueron del terreno recuperado amenazando que buscarían armas, y fueron interceptados por la Fuerza Pública, aunque se desconoce si les fueron decomisadas armas.
El ingreso del ganado a Sekeirö Kaska se ha mantenido por alrededor de una semana y las agresiones han sido constantes. Uno de los hombres le provocó una herida en la cabeza a Efraín Fernández Zúñiga en Yuwi Senaglö, terreno recuperado el 28 de septiembre pasado y usurpado anteriormente.
Tras la agresión del 8 de octubre, el hombre tiene orden de alejamiento al Territorio Cabécar de China Kichá. La Fuerza Pública al dirigirse a los recuperadores cabécares niega la existencia de esa orden, situación que genera alerta pues ambos hombres se encuentran en un terreno que colinda con Sekeirö Kaska.
“Demandamos al Estado costarricense y a la Fuerza Pública a que garantice la integridad física y vida de los y las recuperadoras cabécares. Cualquier agresión en nuestra contra es responsabilidad del Estado, en el tanto omite llevar a cabo acciones reales en los desalojos de personas no indígenas de nuestro Territorio”, exponen en un comunicado.
El Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica invita al lanzamiento de la Red Regional de Apoyo para Periodistas Migrantes, Refugiados y Desplazados el próximo viernes 11 de diciembre a las 10:30 am.
A través de la Red de Apoyo se brindará acompañamiento psicosocial a periodistas por medio de sesiones grupales y capacitaciones en materia de seguridad digital, a fin de mejorar su bienestar y seguridad.
De acuerdo con el Sindicato “presentamos esta iniciativa que realizará por la UNESCO y la OIM: la cual responde a las necesidades de periodistas que viven realidades complejas y difíciles. Algunas personas periodistas se ven forzadas a desplazarse dentro de su mismo país, o a migrar hacia otros países producto del trabajo que realizan en la defensa de la libertad de expresión. Las personas periodistas sufren de secuestros, acoso en línea, ataques físicos, digitales y vigilancia. Además de estos intentos de silenciar periodistas, las asociadas afectaciones psicológicas, junto con los asesinatos y la impunidad crean un ambiente de miedo el cual fomenta la autocensura”.
El evento se llevará a cabo en el marco del Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas y será vía Microsoft Teams (no es necesario instalar la aplicación).
Compartido con SURCOS por Gerardo Chavarría Vega, Secretario Adjunto SNP.
La Fundación Friedrich Ebert publicó el documento “Mujeres por Costa Rica ante el COVID-19: medidas para superar la crisis y su impacto en las mujeres” de las autoras Ana Leonor Ramírez Montes, psicóloga, docente universitaria e investigadora; Elizabeth Fonseca Corrales, historiadora y ex diputada de la República; Margarita Bolaños Arquín, antropóloga y productora agrícola orgánica; Olga Marta Sánchez Oviedo, socióloga y ex Ministra de Planificación y Política Económica; y Olga Marta Sánchez Oviedo, socióloga y consultora adhonoren de grupos de mujeres.
El documento invita a reflexionar acerca de las condiciones que deben cumplirse para la reactivación económica, la generación de empleo decente, el combate a la pobreza y su impacto en las mujeres. Dichas condiciones son:
“Reconocer que los problemas estructurales del actual estilo de desarrollo económico, causante de una creciente desigualdad social y territorial, ya mostraba una clara tendencia a la desaceleración. Además, evidenciaba un incremento del desempleo, en particular en mujeres y jóvenes, una disminución de la inversión privada y pública, un crecimiento de la deuda pública, entre otros indicadores relevantes”
“El actual estilo de desarrollo ya no estimula el crecimiento y profundiza la inequidad. El crecimiento económico es fundamental, pero para que active transformaciones estructurales debe estar orientado a generar las bases materiales de un desarrollo que combata la desigualdad, avance en la igualdad de género e igualdad territorial, y a la vez, que sea compatible con la sostenibilidad ambiental”
“Debe destacar un robusto sistema educativo que permita incidir en la capacidad creadora y productiva de las personas, pero también en la forja de la identidad personal y colectiva, y en el desarrollo de competencias ciudadanas”
SURCOS invita a consultar el documento a continuación:
La Fundación Friedrich Ebert publicó el documento “Mujeres indígenas y del campo en Costa Rica: múltiples pandemias y violencias en tiempos de la COVID-19” de la cientista social Allison Quintanilla Hernández y la activista ecofeminista, Rebeca Arguedas-Ramírez.
El documento invita a reflexionar alrededor de la siguiente pregunta: en tiempos de crisis por la COVID-19, ¿existen otras pandemias que están enfrentando las mujeres?
“Esta reflexión, situada en Costa Rica, explora lo estructural y global desde lo local, con la convicción de que la transformación social ecológica será, en el tanto incorpore claves diversas y desde las regiones, sectores y personas más oprimidas”, presenta el documento.
El documento amplía acerca de las luchas, debates y propuestas de los feminismos del sur y los ecofeminismos.
Asimismo, expone “¿Por qué nos deben interesar de manera particular las violencias que enfrentan las vidas de las mujeres indígenas y del campo? Son ellas quienes están en la primera línea de resistencia, respuesta y solución ante este y otros problemas sistémicos y en general, ante la crisis civilizatoria que atravesamos. La contradicción es muy visible cuando quienes tienen llaves maestras para la transformación social y ecológica que el mundo necesita y son las primeras en estar en peligro”.
SURCOS invita a consultar el documento a continuación:
El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR) invita a participar de la conferencia “Perspectivas sobre la Desigualdad en América Latina y Costa Rica» el próximo miércoles 16 de diciembre a las 11:00 am.
Participan: – Dra. Alice Krozer. Colmex, México – MSc Álvaro Zúñiga-Cordero. Doctorante Escuela de Economía de París, Université Paris 1 Pantheón – Dr. Ignacio Flores Beale. Coordinador para América Latina de World, Inequality Lab. – Msc. Lorenzo Ramírez Cardoza. Investigador Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica Modera: – Dr. Diego Sánchez Ancochea. Universidad de Oxford.
La transmisión se realizará por Facebook Live del IIS o puede inscribirse para participar vía zoom en este formulario. La fecha límite de inscripción es el día 15 de diciembre al mediodía.
La Comisión Permanente de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) invita a la conferencia virtual “Los derechos humanos y la situación de Palestina. Realidad y perspectivas” el próximo jueves 10 de diciembre a las 3:00 pm.
El evento virtual contará con el saludo de la Cónsul Honoraria de Palestina en Costa Rica, Sra. Wahija Sasa; la participación del MSc. Jorge Barrientos, catedrático de la Universidad de Costa Rica; y modera el Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de ANDE, Sr. Carlos Vindas Villalobos.
Propuestas de la UCR para la reconstrucción de la Costa Rica pospandemia
Mayor apoyo a los pequeños productores, inserción del país en la bioeconomía y estimular la inversión extranjera en zonas rurales figuran entre las propuestas
La pandemia por COVID-19 provocó que sectores agroexportadores muy dinámicos disminuyeran su volumen de ventas al exterior. Una de las propuestas de la UCR tiene que ver con el impulso a nuevas actividades de exportación. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
El cierre de fronteras y la disminución abrupta del comercio internacional que provocó la pandemia por COVID-19 le recordó al mundo la importancia de que cada país produzca los alimentos que consume, para que una situación de emergencia no genere desabastecimiento, sino que se cuente con una producción sostenida y garantizada en el tiempo, respaldada por una sólida cadena de industrialización y distribución.
Costa Rica no experimentó la ausencia de productos en el mercado, gracias a un sector agroalimentario que no paró de trabajar en ningún momento ni pudo optar por el teletrabajo porque, sencillamente, las vacas deben ser ordeñadas todos los días y las cosechas hay que recogerlas en el momento oportuno. No obstante, muchos productores agropecuarios vieron disminuidas sus ventas por el cese de la actividad turística y el decrecimiento del consumo en restaurantes y sodas.
Por otro lado, la pandemia también recordó la fragilidad de la actividad exportadora, cuando se basa en bienes no esenciales para la dieta de los países importadores. Es el caso de sectores muy dinámicos como la piña, el melón y las plantas ornamentales, que han visto disminuido su volumen de exportación desde que inició la cuarentena y el cierre de fronteras.
De acuerdo con Felipe Arauz Cavallini, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica, el país tiene un sistema agroalimentario frágil porque, aunque produce cerca del 70% de la canasta básica alimentaria, todavía no es autosuficiente en la producción de arroz y frijoles. “Con la pandemia todos los países están reforzando su sistema productivo para garantizar, a partir de su propia producción, el suministro de alimentos de la población. Entonces, el sistema agroalimentario se vuelve muy estratégico. De ahí importancia de resolver esa fragilidad”, resaltó.
Con los objetivos de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional del país ante este tipo de situaciones, reducir el impacto de la pandemia en las zonas rurales e iniciar el proceso de reactivación del sector agropecuario y pesquero, el área de Ciencias Agrolimentarias de la Universidad de Costa Rica presentó al Gobierno de la República un conjunto de propuestas que buscan fortalecer el sistema agroalimentario.
El documento empieza señalando que el sistema agroalimentario costarricense requiere cambios urgentes para que genere ingresos dignos a los productores y sea responsable en materia ambiental y socialmente justo. En esta línea se debe trabajar en el mejoramiento de la productividad, en la reducción de costos, en darle valor agregado a la producción y en reducir el margen de comercialización.
A partir de este señalamiento, se presentan propuestas de política pública para llevarlas a cabo de forma inmediata, así como en el corto y mediano plazos. A continuación se detallan las principales sugerencias:
Entre ellas se destaca el apoyo a todas las medidas tendientes a la flexibilización del cobro del crédito con el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y de las cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por parte de los pequeños productores y pequeñas empresas, a fin de que las situaciones de poca solvencia causadas por la pandemia no les impida ser sujetos de nuevos créditos.
En este sentido también se apoyan las gestiones encaminadas a mejorar las condiciones de créditos para la agricultura, por medio de la reducción de las tasas de interés y el incremento en los plazos de pago tanto en el Sistema Bancario Nacional como en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
También se subraya la necesidad de contar con sistemas de rastreo que le permitan al consumidor identificar la procedencia de los productos pesqueros y agropecuarios y las condiciones ambientales y laborales en las que se produjeron, con el fin de promocionar la producción de origen nacional. Asimismo, se sugiere fortalecer y modernizar el Programa de Abastecimiento Institucional del Consejo Nacional de Producción (CNP) e implementar mecanismos innovadores de comercio solidario de productos agropecuarios y pesqueros con base en las organizaciones asociativas.
Adicionalmente, se propone garantizar la alimentación de la población mediante acciones específicas en materia de producción de alimentos, almacenamiento y empleo. Entre ellas resalta la producción de alimentos básicos en áreas de cultivos exportables cuya demanda ha caído. Esta medida contribuiría a evitar el despido de trabajadores o el cese temporal de los contratos laborales. Por ejemplo, en fincas piñeras, dependiendo de la zona y de la época, se podría incluir un ciclo de rotación de maíz o frijol en áreas de renovación. En áreas de invernaderos que estaban dedicadas a flores, se podrían introducir pequeñas modificaciones para producir hortalizas o semilla de papa, aprovechando la infraestructura existente.
Una de las propuestas de la UCR es la producción de alimentos básicos en áreas de cultivos exportables cuya demanda ha caído. Esto contribuiría con el empleo en las zonas rurales y con una mayor disponibilidad de granos producidos localmente. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Paralelamente, se propone generar un proyecto para mejorar la infraestructura de almacenamiento de granos que incluya las necesidades de inversión y la identificación de posibles fuentes de financiamiento.
En materia de empleo se apela a utilizar todas las medidas legales para proteger al productor nacional, así como no criminalizar al sector de pescadores artesanales confundiendo la informalidad con la ilegalidad, sobre todo cuando han perdido su licencia por condiciones de pobreza.
Asimismo, se remarca la necesidad de ofrecer alternativas para el combate de problemas fitosanitarios con el fin de que los agricultores cuenten con los insumos necesarios para producir eficientemente, sin riesgos para la salud y el ambiente.
Además, se puntualiza la urgencia de fortalecer tecnológicamente la producción de café para aumentar la productividad, disminuir los costos y mejorar el desempeño ambiental y el valor agregado de esta actividad, tomando en consideración que es un sector que genera más de cien mil empleos.
Entre las medidas inmediatas se incluyen acciones tendientes a fomentar la innovación productiva. Una de ellas es generar un mecanismo de financiamiento específico utilizando la banca, fondos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y seguros de cosecha, con apoyo técnico de las universidades, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Por ejemplo, se menciona la incorporación de nuevas variedades de café y el uso de agricultura de precisión en el cultivo del arroz como formas de aumentar la productividad de ambos sectores. Por otro lado, se apoya la aprobación del proyecto de ley para la modificación de la Ley de Biodiversidad, con el fin de facilitar y promover la inserción del país en la bioeconomía.
Medidas a corto plazo
Este período va de seis meses a un año, en el que se propone mejorar la productividad de los actuales sistemas por medio de 11 acciones, entre las que destacan actividades demostrativas de sistemas productivos exitosos. Por ejemplo, fincas que han aumentado su productividad y resiliencia ante el cambio climático a partir de buenas prácticas agrícolas y áreas de pesca responsable que incluyen la trazabilidad del pescado proveniente de pesquerías artesanales.
Por otra parte, también se sugiere habilitar nuevas épocas de cultivo de productos de alta demanda de mano de obra, como las hortalizas. El aumento de esta producción debe ir de la mano con una campaña para promocionar su consumo con el fin de evitar una sobreoferta. Esta medida contribuiría a generar más puestos de trabajo y mejoraría la nutrición de las personas, reduciendo los gastos en los que tiene que incurrir la CCSS en la atención de enfermedades cardiovasculares prevenibles.
Para el sector pesquero se propone desarrollar un modelo de organización de pesquerías de pequeña escala para la gestión ambiental y el comercio justo, así como formalizar a los pescadores artesanales para garantizar el mantenimiento digno de su actividad.
Otra de las propuestas de la UCR se relaciona con la organización de pesquerías de pequeña escala que le den trazabilidad a sus productos para una gestión sostenible de los recursos marinos y la obtención de un mejor precio en el mercado. Foto: Dennis Castro
En el tema exportador se sugiere impulsar nuevas actividades a partir de los estudios desarrollados por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex). En esta misma línea se recomienda facilitar todos los procesos para que el sector agroexportador siga generando empleo. Entre otros, se mencionan la tramitología, las tarifas portuarias, los escáneres y el registro de agroquímicos de última generación.
También se enfatiza en la necesidad de reactivar el empleo rural más allá de la producción agroalimentaria, ya sea estimulando el turismo rural comunitario, impulsando la agroindustria asociativa o promoviendo la inversión extranjera en las zonas rurales. Con todo ello se pretende dinamizar la economía de estas regiones y generar empleos atractivos que provoquen la migración de la ciudad al campo.
Medidas a mediano plazo
Las propuestas de la UCR para desarrollarse en un plazo de uno a dos años se centran en generar emprendimientos en zonas rurales con base en actividades y tecnologías nuevas, entre los que destacan procesos de valor agregado para la alimentación humana y animal a partir de productos agrícolas y pesqueros.
También se recomienda insertar al sector agropecuario y pesquero en temas de bioeconomía y descarbonización para generar nuevos emprendimientos de alto valor en zonas rurales y comunidades costeras, en concordancia con el Plan Estratégico de Banca para el Desarrollo, el Programa Nacional de Bioeconomía y el Plan Nacional de Descarbonización. Por ejemplo, medicamentos, plásticos biodegradables, energía y fibras.
Asimismo, se propone facilitar el acceso a la biodiversidad para generar conocimiento y tecnología para el desarrollo de controladores biológicos de plagas, biofertilizantes, biorremediadores de suelos y otros microorganismos útiles, así como el apoyo financiero para estos bioemprendimientos.
La UCR propone y actúa
Las propuestas formuladas por la UCR para la reactivación socioeconómica del sector agropecuario y pesquero del país van acompañadas de acciones concretas que la Facultad de Ciencias Agroalimentarias puede desarrollar para contribuir con este objetivo.
La primera de ellas es diseñar un programa para la transformación agroproductiva de Costa Rica con base en la modernización de los sistemas productivos, que incluya sistemas de producción resilientes y sostenibles, agricultura automatizada y de precisión, ambientes protegidos, valorización de la biomasa, valor agregado y comercio electrónico.
El uso de sensores remotos y de la agricultura de precisión liberarían a los productores de muchas labores manuales y mejoraría el rendimiento de los cultivos. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
Por otro lado, la Universidad se compromete a acompañar técnicamente programas específicos de su propuesta, como la producción de alimentos básicos en áreas de cultivos exportables cuya demanda ha caído, el incremento de semilla de buena calidad para arroz y frijoles para futuras siembras y todas las acciones para aumentar la productividad, disminuir el costo y mejorar el desempeño ambiental y el valor agregado de la actividad cafetalera, entre otros.
Otra de las acciones tiene que ver con la implementación de un programa de capacitación y transferencia de tecnología en torno a la modernización de los sistemas productivos y a la creación de nuevos emprendimientos rurales basados en valor agregado alimentario y no alimentario. Adicionalmente, la UCR estaría apoyando todas las acciones para insertar al sector agropecuario y pesquero en temas de bioeconomía.
“Creo que la Universidad puede hacer un aporte importantísimo en el tema de la bioeconomía. Por ejemplo, la valorización de la biomasa agrícola residual. De ahí se puede obtener energía, productos industriales y una serie de valores agregados que pueden generar nuevos emprendimientos en las zonas rurales”, destacó Arauz.
De acuerdo con el decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, es imperativo el uso de la tecnología en la agricultura para mejorar la productividad. Sin embargo, su utilización debe hacerse desde un enfoque humanista. Es decir, que la tecnología no se convierta en un fin en sí mismo, sino que esté función de mejorar la calidad de vida de las personas.
Puede consultar el documento de las propuestas en el siguiente enlace: http://ucr.cr/r/X11e
Fernando Montero Bolaños Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Propuestas de la UCR para la reconstrucción de la Costa Rica pospandemia
Las alianzas Público-Privadas deben incrementarse ante la carencia de recursos estatales
De acuerdo con los expertos de la UCR, el sector de la construcción es clave en la reactivación de la economía porque genera empleos, incrementa la productividad y mejora la calidad de vida de las personas. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Con el fin de contribuir con la reactivación económica del país ante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, un grupo de estudio de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica elaboró un documento con más de20propuestas para el sector de la construcción y de la ingeniería civil.
De acuerdo con los expertos, este sectorrepresenta casiel7% del empleo en el país, tomando en cuenta solo puestos directos de trabajo. Esto lo convierte en una actividad clave para desarrollar estrategias de recuperación económica con efectos positivos a corto plazo, tomando en consideración su capacidad de emplear personas de todos los estratos sociales.
Sin embargo, la misma crisis económica aunada a la compleja situación fiscal que atraviesa el país y a los recortes que aplicó la Asamblea Legislativa al Presupuesto de la República para el 2021, obligan a pensar en Alianzas Público-Privadas (APP) para que el sector de la construcción siga desarrollándose y generando puestos de trabajo.
En este sentido, Germán Valverde, docente de la Escuela de Ingeniería Civil, considera imprescindible este tipo de convenios. “Queda muy claro que para darle el impulso necesario al desarrollo de la infraestructura en general va a ser necesario el uso de capitales privados y el apoyo de las APP para los próximos años. Es muy importante no parar la continuidad del desarrollo de proyectos”, enfatizó.
En esta misma línea, Rosendo Pujol Mesalles, catedrático de esta misma Escuela, advierte sobre la urgencia de bajar la incertidumbre económica y territorial por medio de un diálogo en el que se discutan cuáles son los proyectos que están maduros para ser ejecutados y quitarles las trabas que los están bloqueando.
Las propuestas están organizadas en 7 grandes ejes que van desde la construcción en general hasta el desarrollo de infraestructura relacionada con la telemática. También se incluye un apartado más extenso sobre la construcción de obras de infraestructura vial y la edificación de viviendas bajo un novedoso sistema.
Eje de la construcción en general
En vista de que las obras de infraestructura de gran envergadura suelen mejorar la competitividad del país, el grupo de estudio sugiere mantenerlas activas y agilizar su desarrollo, de la mano de la promoción de proyectos de corto plazo que requieran gran cantidad de mano de obra, que sean ejecutados por muchas empresas constructoras y que, a su vez, satisfagan necesidades inmediatas de la sociedad, como vivienda, acceso a agua potable, tratamiento de aguas residuales e infraestructura hospitalaria, entre otros.
Subraya el documento que estas medidas deben acompañarse de una revisión de los procesos de contratación y de la tramitología actual, en aras de fomentar la transparencia y abrir las oportunidades a la mayor cantidad de oferentes en todo el territorio nacional.
En este apartado las propuestas son las siguientes:
Continuar el financiamiento del programa de vivienda para las personas de menores recursos.
Mantener el financiamiento y acelerar la ejecución de proyectos hospitalarios, de alcantarillados pluviales y sanitarios y el mantenimiento de vías nacionales y cantonales.
Adaptar infraestructura existente para hacerla más apropiada a la situación de la pandemia.
Dotar de nueva infraestructura a escuelas y colegios que hayan sido declarados inhabitables por situaciones sanitarias o estructurales.
Tomar en cuenta el cambio climático en todas las obras para mitigar los daños que puedan ocasionar condiciones climáticas más adversas.
No paralizar el diseño y planificación de obras y proyectos, pero sí adaptarlos a las nuevas necesidades.
Mejorar el ordenamiento territorial que promueva una mayor productividad y un mejoramiento en la calidad de vida.
De acuerdo con el criterio de los analistas de la UCR, la inversión en obra pública debe incrementarse. La foto corresponde a la reconstrucción del edificio de Correos de Costa Rica en Limón. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
Esta consiste en la identificación de lotes pequeños y casas que hayan cumplido su vida útil dentro de los cascos urbanos de las ciudades, donde pequeñas y medianas empresas diseñen y desarrollen proyectos residenciales de condominio vertical de pequeña escala.
1) Presentar una alternativa que permita aprovechar mejor la infraestructura y repoblar la ciudad.
2) Dar mayor accesibilidad a las familias de escasos recursos a terrenos con buena ubicación.
3) Generar opciones de empleo para trabajadores de la industria de la construcción, así como para profesionales y empresas de ingeniería y arquitectura.
4) Contribuir con los esfuerzos del plan de reactivación económica del país.
Eje de la construcción de obras de infraestructura vial
Los analistas de la UCR consideran que este eje es estratégico para ampliar mercados, incrementar la inversión privada y reducir los costos de producción, entre otros beneficios. Sin embargo, llaman la atención sobre la importancia de enfocar estas acciones en los sectores más rezagados.
“Los mayores rendimientos e impactos se consiguen cuando las inversiones se realizan en lugares donde la infraestructura es más escasa y deficiente. Por lo tanto, si se desean conseguir los mayores impactos en el crecimiento económico, es necesario volver los ojos a las zonas del país con mayores rezagos de desarrollo y que presentan mayores carencias de infraestructura”, puntualiza el documento.
En términos generales, las sugerencias en esta materia se centran en retomar y fortalecer el Plan Nacional de Transporte (PNT) y que cada gobierno dé continuidad a los proyectos iniciados en administraciones anteriores e inicie los procesos de nuevas obras de infraestructura que heredará al siguiente gobierno.
Las propuestas de esta sección se resumen en los siguientes puntos:
Aumentar la inversión en obras de infraestructura vial en el orden del 3.66% de Producto Interno Bruto, en promedio, cada año, e incrementar la inversión privada en este ámbito.
Retomar el PNT como la hoja de ruta de inversión pública en infraestructura de transporte.
Acelerar las etapas de preinversión, diseño y gestión de derechos de vías de nuevos proyectos contemplados en el PNT y su inscripción ante el CFIA, para no paralizar el desarrollo de obras de infraestructura de transporte.
Priorizar aquellos proyectos del PNT que corresponden a la mejora de corredores estratégicos desde el punto de vista logístico y a la mejora de vías que forman parte de la red vial complementaria, particularmente aquellas localizadas en zonas rurales de alto potencial productivo, turístico y de atracción de nuevas inversiones, en lugar de concentrar inversiones dentro de la Gran Área Metropolitana.
Convertir las rutas de lastre que pertenecen a la red complementaria establecida en el PNT en vías pavimentadas o mejorar su condición por medio de sellos asfálticos no estructurales. “Nuestra recomendación es mejorar la calidad de las redes de lastre. Cada año se invierten cerca de 8 mil millones de colones y la durabilidad que tienen las intervenciones de esta red es de aproximadamente 4 meses. Es una inversión muy poco efectiva. De hecho, el Plan Nacional de Transporte requiere, además de la Red Estratégica de Alta Velocidad, también una Red complementaria, y parte de esa red complementaria está conformada por estas vías no pavimentadas”, detalló Valverde.
Incrementar la participación del sector privado a través de diversas figuras de APP para la inversión y como responsables del mejoramiento, operación y mantenimiento de infraestructura de transporte.
No utilizar más recursos del Fondo Vial del Conavi para financiar obras del proyecto San José-San Ramón, sino que el Fideicomiso del Banco de Costa Rica gestione la obtención de recursos frescos para el desarrollo de ese proyecto.
Fomentar la creación de microempresas de conservación vial.
Mejorar la Red Estratégica de Alta Velocidad y la Red Complementaria compuesta, en su mayoría, por caminos de lastre son parte de las propuestas en materia de infraestructura vial. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Otras medidas
El análisis desarrollado por el equipo de docentes de la Escuela de Ingeniería Civil no se limitó a la llamada “obra gris” sino que contempló otros aspectos de vital importancia para la convivencia y el desarrollo el país. Uno de ellos es el fortalecimiento de la infraestructura telemática en todo el territorio nacional, especialmente en escuelas, colegios y áreas públicas.
“La crisis del COVID-19 es una crisis que se gesta sobre otra ya existente: la de la desigualdad de conectividad para el acceso a servicios o a fuentes de información y conocimiento. Bajo la nueva realidad, con las clases virtuales, la conectividad de estudiantes y docentes que habitan a todo lo largo y ancho del país, se vuelve una necesidad tan imperiosa como en su momento fue la construcción de escuelas”, reza el documento.
Por otra parte, también se considera que muchos centros educativos urgen una reconversión para ajustarse a la denominada “nueva normalidad”. Esto incluye aspectos como mejoramiento en servicios sanitarios y estaciones de lavado de manos, habilitación de espacios para atender personas con afecciones respiratorias, colocación de mamparas de acrílico en sitios de atención al público y señalización en general.
El documento también propone fortalecer, acelerar y difundir un programa de inversión que incluya la construcción de acueductos nuevos y la reparación de los ya existentes, en vista de que la pandemia por COVID-19 puso de manifiesto la enorme importancia de contar con un suministro permanente de agua potable para garantizar la higiene básica personal y la limpieza frecuente del hogar.
Finalmente, se propone simplificar los trámites para obtener los permisos de construcción como un eje transversal que contribuya con la materialización y aceleración de todas las propuestas, así como rendir cuentas a la ciudadanía en relación con todas las acciones desarrolladas.
Puede consultar el documento de las propuestas en este enlace: http://ucr.cr/r/uhIH
Fernando Montero Bolaños Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Utilizamos cookies y tecnologías similares para mejorar su experiencia en nuestro sitio web.
