Este próximo sábado 21 de julio a las 9 a.m. en ECMAR-UNA, Punta Morales de Chomes, se llevara a cabo el Encuentro ecologista para evaluar el modelo de concesiones de agua en Costa Rica.
Puntos de discusión:
¿Por qué se permite explotar el 90 % del agua de ríos y quebradas?
¿Cuánto cuesta un canon de agua y quiénes se benefician de su costo?
Para esta actividad se tienen planeados dos bloques de trabajo, uno para compartir y discutir la información y otro para generar propuestas de acción conjunta en cuanto a la problemática del agua.
En horas de la mañana se analizará el tema del apropiamiento del agua en manos privadas a través del modelo de permisos de hasta el 90 % de caudales en ríos y quebradas y cómo esto genera injusticias y desigualdad en el acceso al agua.
También se estará compartiendo información sobre la normativa vigente y el caudal ecológico, la cual debería aplicarse para evitar desastres ecológicos y que actualmente Costa Rica no lo está haciendo.
Por la tarde se tendrá una presentación sobre los costos de canon de agua por tipo de uso y se planteará la duda de si la visión económica que lleva a la apropiación el agua llega a afectar su protección pública así como su protección ambiental. Se compartirá los reglamentos que existen sobre este tema.
Para coordinar su participación, comuníquese con Dany Villalobos al 8781 4512 o Angélica Alvarado al 8583 0253.
Se estará contando con la participación ya confirmada de personas de Pérez Zeledón, Longo May, San Rafael, Salitre, Cabagra, Boruca, Térraba, Talamanca, entre otros.
Autoridades no han realizado ninguna acción al respecto y son las comunidades quienes toman cartas en el asunto
Ya se suman cuatro acueductos comunitarios afectados por la expansión piñera en menos de un año
FECON, 24 de julio 2018. Contaminación con herbicida bromacil, prohibido desde 2017, sigue reportándose en agua para consumo humano, además de bromacil se ha encontrado, miclobutanil, oxamil,butóxido de piperonilo y triadimefón en fuentes de agua de Pital y Rio Cuarto, autoridades tienen conocimiento de esto desde 2016 pero no han informado a las poblaciones.
Ha pasado más de un mes de haberse descubierto que le Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) han escondido datos sobre la contaminación de agua en Pital y Río Cuarto. El CICA pasado jueves 19 de julio en la Comisión Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativaadmitió no haber a los miembros de ASADAS afectadas y tampoco a la autoridades de Salud.
Según trascendió de la audiencia la funcionaria del CICA Laura Brenes, afirmó que: “existe un acuerdo verbal para dar confidencialidad al proyecto en general y que toda la información del estudio se canalizara por medio del Servicio Fitosanitario del Estado”. Esta supuesta cláusula de confidencialidad no se ha confirmado y se ha cuestionado que estos datos sobre la calidad de agua para consumo humano se escondieran por más de dos años pese al conocimiento del CICA y del SFE.
Mientras tanto este informe no ha sido difundido aún a la opinión pública pese a confirmar la contaminación con agroquímicos en acueductos de comunidades de Pital y Río Cuarto. Propiamente el informe del estudio mencionado (descargable acá) confirma que la ASADA La Tabla y El Pinar; de la Santa Rita de Río Cuarto; la naciente Nicrodal; la naciente La Flor de la ASADA de Santa Isabel; la ASADA de Cariblanco de Sarapiquí; la ASADA de La Legua; la naciente de Palmar de Pital de la comunidad de Los Ángeles; la ASADA de la comunidad de Chirivico y CoopeIsabel y la ASADA de Veracruz de Pital se encuentran contaminadas desde 2015.
Por su lado esta semana la ASADA de Santa Isabel de Pital decidió clausurar una de sus fuentes de agua por sospecha de contaminación debido a un reporte del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA por presencia de bromacil (Santa Isabel, julio 2017).
Además la ASADA de la Tabla y el Pinar de Rio Cuarto también ha reportadoafectación y cierre de fuentes de agua a acusa de contaminación por agroquímicos relacionados a la piña.
Si tomamos en cuenta a Veracruz de Pital (Asada intervenida en 2017 por el AyA) ya se contabilizan cuatro acueductos comunitarios afectados en los últimos meses debido al descontrol de la actividad piñera.
Esta situación causa alarma en la población y por eso ya en Pital el jueves anterior se dio una movilización para solicitar a las autoridades locales no permitir el cultivo de nuevas plantaciones de piña en este distrito de San Carlos.
Esta crisis por contaminación no es nueva ya que se tienen antecedentes lamentables como lo sucedido en Milano, el Cairo y la Francia de Siquirres los cuales en 2003 fue descubierta la contaminación con el herbicida bromacil y otros 22 agroquímicos en las fuentes de agua comunitarias. Hasta la fecha el problema persiste en Milano dónde se han recibido agua en camiones cisterna durante 15 años debido a que la ASADA de la zona sigue encontrando agroquímicos en sus nacientes que están vecinas a la empresa Hacienda Ojo de Agua relacionada con la multinacional Del Monte.
Henry Picado Cerdas
Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza
Teléfono: 8760 9800
Imagen ilustrativa tomada de la nota: Persiste la contaminación son agroquímico prohibido.
Comunicado de la Alianza de comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas
Ocho comunidades de Puntarenas estamos cuestionando un cambio normativo propuesto para la entrega de concesiones mineras en cauces de ríos.
A través de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, varios líderes comunales hemos presentado ante la Asamblea Legislativa una serie de cuestionamientos al proyecto de ley 20 635, que ya afirmó la Comisión Legislativa de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.
Expusimos nuestros criterios en el Encuentro de ASADAS de la Alianza de Comunidades que realizamos en Punta Morales y decidimos actuar, y oponernos cuestionando los alcances del proyecto. Los cuestionamientos que presentamos a los diputados y al Ministerio de Ambiente son los siguientes:
¿Cómo se controlará para que no haya uso corrupto de esa arena y esa piedra extraída?
¿Cómo le garantizará la Contraloría General de la República al país que el uso de esos recursos es el correcto?
¿Cuál es el beneficio efectivo para las comunidades con esta ley?
¿Cómo se evitará el daño que esas extracciones provocarían en los ecosistemas?
¿Cómo garantizan las municipalidades, la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud y la presidencia de la República, que las comunidades aledañas o cercanas no se verán afectadas por la alteración de las dinámicas hidrológicas producida por las extracciones?
¿Por qué cuestionar el proyecto de ley?
Como parte fundamental de la vida del país, las organizaciones comunales tenemos derecho a participar activamente en las decisiones que pueden afectar nuestro ambiente y territorio.
¿Qué tipos de cambios queremos construir: negativos o positivos?
El proyecto básicamente es una reforma al artículo 39 del actual Código de Minería y sus conexiones. Cambia el periodo de explotación para concesiones temporales en cauces públicos y canteras. Estos tiempos se ampliarían súbitamente de 120 días a 24 meses duplicables, es decir, se pasa de 4 meses a 4 años. La propuesta de cambio es notoriamente exagerada, pero nos preguntamos también ¿es realmente necesario cambiar así la ley, cuando ya se permiten explotaciones temporales para obras públicas? ¿y en favor de quiénes realmente es que se impulsa este cambio?
Primero hay que pensar si en verdad cuatro meses no son ya suficientes para obtener materiales que ayuden a resolver urgencias en obras viales. Cuatro meses de aprovechamiento en situaciones excepcionales son aceptables, pero cuatro años NO, pues el volumen de explotación en un periodo así podría traer mayores afectaciones que beneficios públicos reales.
¿Un portillo más para la corrupción?
El proyecto flexibiliza los permisos para Ministerios, Municipalidades y el CONAVI, con el beneficio también para las empresas que subcontraten estas instituciones. Es decir, podría abrirse aquí un modelo de contratación público-privada muy rentable, para que empresas particulares exploten (y deterioren todavía más) los cauces de nuestros ríos.
Las administraciones municipales no han sido modelo para la gestión de proyectos. Todo lo contrario. La desconfianza sobre a quién llegarán los beneficios de estas explotaciones es la primera reacción que se puede tener. De acuerdo con las experiencias de varias comunidades puntarenenses participantes en la Alianza, la ampliación de las explotaciones no parece que vaya a traer gran beneficio comunal. Y el CONAVI tampoco es un ejemplo de buenas gestiones.
Si bien el mantenimiento de las vías de comunicación es necesario, cuestionamos que se le puedan abrir canales a más corrupción por haber menos fiscalización. Preferimos la buena planificación en la gestión pública. No apoyamos que se legalice el enriquecimiento privado con recursos públicos, como son los recursos geológicos, al costo de las afectaciones ambientales en nuestras comunidades.
Un retroceso en nuestros derechos ambientales
Nuestros ríos están claramente amenazados de convertirse en minas a cielo abierto por la ampliación próxima de la carretera Cañas-Barranca. El problema no es el aprovechamiento de los materiales, el problema es que se haga sin que los explotadores autorizados tengan que rendir cuentas ambientales, al eximirse de evaluación ambiental. Parece que se piensa ignorar o anular una vez más el principio preventivo.
Aprobar el cambio significaría un gran retroceso en los derechos ambientales de las comunidades costarricenses que valoran y utilizan sus ríos, que son parte del patrimonio público del país. Hemos visto por años el impacto negativo de las concesiones mineras en nuestros ríos, produciéndose efectos como la disminución marcada de los caudales, la sedimentación que altera los flujos y la calidad del agua, e incluso inundaciones por efecto del cambio desmedido de los cauces.
Varias de las comunidades que participan en la Alianza tienen sus pozos a la orilla de los ríos como el Lagarto y Guacimal. Con la eliminación de la evaluación ambiental, desaparece legalmente le posibilidad de oponerse de forma efectiva a las afectaciones que puede provocar la sobreexplotación de los cauces.
Para concluir, les contamos que:
Actualmente vemos claro en Puntarenas los cambios ambientales que van sucediendo por la alteración climática global, que se suma a un pasado de prácticas ambientales inconscientes que dañaron nuestro territorio.
Considerando la problemática ambiental ocasionada por la utilización de plásticos de un solo uso, es que la Vicerrectoría de Administración de la Universidad de Costa Rica requiere que la Comunidad Universitaria elimine la adquisición y el uso de este material derivado del petróleo.
Ingrese en el siguiente enlace para leer la circular emitida por esta instancia:
El pasado 16 de julio, una comisión legislativa especial dictaminó afirmativamente un proyecto de ley que modifica los límites de la Reserva Lomas de Barbudal, para poder construir el megaproyecto llamado Paacume. La iniciativa será discutida el lunes 23 de julio en el plenario.
Megaproyecto del Paacume afectará a la única reserva biológica de bosque tropical seco del país.
Un camino de lastre atraviesa pequeñas parcelas que colindan con la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, en Bagaces, Guanacaste. Desde ahí se pueden divisar las verdes planicies.
Este paisaje cambiará drásticamente si se hace realidad el Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME). Un total de 19 fincas ubicadas a la altura del río Piedras, más una parte de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal se inundarían para convertirse en un espejo de agua, que abarcaría 850 hectáreas.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (SENARA) impulsan el proyecto PAACUME, que consiste en construir canales para bajar aguas superficiales desde el Proyecto Hidroeléctrico Arenal. Estas aguas inundarían el embalse en la zona citada y luego bajarían por más canales de riego hasta la bajura, “para asegurar disponibilidad de agua a los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya para consumo humano y riego para distintos usos”, según afirman las instituciones.
Hasta ahora la Reserva Lomas Barbudal, una zona que es puente ecológico de gran biodiversidad, había pasado más o menos escondida y desapercibida. Pero hoy esta área silvestre protegida creada para resguardar los ambientes del bosque seco tropical y su diversidad biológica, es el centro de atención.
El 16 de julio una comisión legislativa especial dictaminó afirmativamente el “Proyecto de Ley para la Modificación de Límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el Desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras” (Expediente No. 20.465).
La comisión está integrada por las y los legisladores de Guanacaste Aida Montiel y Luis Antonio Aiza (Liberación Nacional); Rodolfo Peña (Unidad Social Cristiana); Mileidy Alvarado (Restauración Nacional) y Paola Vega (Acción Ciudadana).
Se espera que la iniciativa empiece a ser discutida el próximo lunes 23 de julio en el plenario. Sin embargo, diversos actores han externado su preocupación por el mecanismo de compensación de las tierras que se inundarán, -usado como base del principal estudio técnico-, los impactos ambientales del megaproyecto, los verdaderos beneficiarios y sobre el discurso de que éste resolverá problemáticas de agua para consumo humano.
Relieves y elevaciones en zonas de estudio. Se muestra el área estimada de afectación directa por embalse (contorno de línea azul), el área estimada de la zona de amortiguamiento en el perímetro del espejo de agua (contorno de línea negra), límites de Reserva Biológica Lomas de Barbudal y propiedad de ASETREK en la zona (contorno línea rosada), así como la potencial área de canje (compensación) en la propiedad de ASETREK (delimitada por línea roja). Fuente: OET.Mapa de ampliación de límites Reserva Biológica Lomas Barbudal.
Impacto de magnitud: Inundarán 113 hectáreas de Lomas Barbudal
La reserva biológica Lomas Barbudal, creada en 1986, es un oasis de conservación en medio de las planicies guanacastecas, rodeado de fincas ganaderas, arroceras, una autopista de cuatro carriles e ingenios de caña de azúcar.
Se entra pasando Bagaces, por un camino que atraviesa un pueblo llamado Pijije, y no hay rótulo, no hay anuncio, no hay nada. ¿Por qué?
Porque es una reserva biológica, que es sólo para investigación y aunque recibe muchos turistas nacionales y extranjeros, no es ordeñada para turismo, no es promocionada y no es mercadeada como la mayoría de parques nacionales.
El 20 de junio pasado, 48 diputados votaron a favor de tramitar por la vía rápida el proyecto de ley citado, que pretende desafectar 113 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para que ya no estén protegidas. De esta forma el ICE y el SENARA podrán construir ahí este megaproyecto, que afectará a la única reserva biológica de bosque tropical seco del país -que abarca 2.645 hectáreas-.
El único legislador que se opuso fue José María Villalta, del Frente Amplio.
El Gobierno planea adquirir tres fincas, para compensar las hectáreas a inundar. Serían 444,04 ha. de ASETREK Tres Azul S.A., 86,96 ha. De Brindis de Amor y 25 ha. De Hacienda Ciruelas SP S.A.
De acuerdo con el Gobierno, el procedimiento para evaluar la compensación de estas tierras es resultado del estudio para el “Establecimiento de la línea base de biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal y finca adyacente”, realizado por la Organización de Estudios Tropicales (OET).
Pero el PAACUME en sí es un proyecto de impacto, como lo define la propia OET: “Dada la magnitud del impacto, que sustituiría el actual hábitat terrestre por un ambiente acuático, la legislación del país obliga a contemplar medidas de compensación que permitan resarcir las pérdidas en el ambiente como consecuencia del proyecto. La situación es más sensible por tratarse un área silvestre estatal bajo un régimen de protección restrictivo, como lo es el de Reserva Biológica”.
Un camino de lastre atraviesa pequeñas parcelas que colindan con la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, en Bagaces, Guanacaste. Desde ahí se pueden divisar las verdes planicies. Foto: Fabiola Pomareda.
Lomas Barbudal: el minipaís de los insectos y mucho más
Una cosa es leer una propuesta donde se habla de inundar 850 hectáreas, de “llevar agua a Guanacaste”, y de comprar fincas con las que se compensarán las tierras inundadas que pertenecen a una reserva biológica; pero otra muy distinta es caminar sobre esos senderos cubiertos de lodo y hojarasca, ver el río Cabuyo, escuchar el croar de cientos de ranas, y observar el bosque verde y lleno de vida desde una torre dentro de Lomas Barbudal.
Ahí trabaja Manrique Montes Obando, administrador de la reserva, quien compartió su conocimiento y vivencia sobre esta área con gran riqueza en aves, insectos y especies maderables, y donde se realizan numerosas investigaciones, nacionales e internacionales.
“De las primeras personas que estuvieron acá, una fue Franklin Gordon, investigador estadounidense, que empezó a ver las particularidades de la reserva por su bosque seco, como la gran cantidad de especies de abejas y avispas que había”, contó Montes, en una entrevista a la orilla del río Cabuyo.
“Se le llama el minipaís de los insectos, y eso trae consigo una gran biodiversidad en otras especies, como aves, que son aproximadamente 294 especies de aves encontradas en los monitoreos de los ultimos 10 años”, continuó el funcionario.
En la reserva, además, crecen todas las especies maderables del bosque tropical seco -afirmó Montes-algunas en peligro de extinción, como el caoba, el cristobal cachimbo y el laurel negro. Hay otras especies representativas como guanacaste, cenízaro, esbabel, guapinol y cortés amarillo.
También es un lugar donde se llevan a cabo relevantes investigaciones, como la del mono cara blanca, de la Escuela de Antropologia de la Universidad de Los Ángeles, que desde 1987 investiga la genética y fuentes de alimentación de esta especie. Otra estudia la vocalizacion de las loras nuca amarilla, que en esta zona es diferente de las loras de Rincón de la Vieja y Santa Rosa. Una trata sobre el pez zebra o pez burra, en el Río Cabuyo, uno de los pocos peces de agua dulce que es social y vive en grupos familiares.
Montes está bien enterado del posible cambio y afectación que se experimentaría en la reserva si se construye el PAACUME. “El área que se va a impactar es una área muy bien conservada; está retirada de la administración, como a ocho o diez kilómetros, de bosque maduro, bastante bien conservado”.
“Todo desarrollo, todo proyecto tiene su impacto. Ninguna labor de mitigación lleva al estado original del área que se va a impactar, por más que se cambie tierra por tierra, siempre va a haber una marcada diferencia”, expresó.
Manrique Montes Obando, administrador de la reserva.Dentro de Lomas Barbudal.
OET analizó sólo parte de los terrenos que se usarían para compensar
El informe de la OET explica primero que el sitio que sería afectado en Lomas de Barbudal tiene tres tipos de bosque: deciduo, secundario y ripario (asociado a las quebradas en el sitio). El bosque deciduo es de baja densidad y en él hay hay especies pioneras; el secundario posee mayor estructura y en él hay árboles dominantes; y en el ripario hay especies siempre verdes y con árboles dominantes y “es una de las asociaciones vegetales más amenazadas de la región”.
Sin embargo, desde un inicio, la OET advirtió que la finca con la que se pensaba compensar las 113 hectáreas que se inundarían de Lomas Barbudal -ASETREK-, no tenía ni bosque ripario, ni la misma riqueza de especies de plantas y vertebrados, porque era un sitio más perturbado, ambientalmente. Por lo tanto, la OET fue enfática en que se tendría que sumar otra finca llamada Brindis de Amor, que sí tenía bosque ripario; pero que además, se iban a tener que compensar las 113 hectaŕeas de Lomas, con 530 ha de ambas fincas.
Ahora el Gobierno asegura que sumará una tercera finca (Hacienda Ciruelas). Pero el informe de la OET no analizó la biodiversidad de Hacienda Ciruelas; propiedad recomendada posteriormente para poder sumar suficientes hectáreas de bosque.
Según el estudio dela OET, en el sitio de afectación hay cerca de 30 hectáreas de bosque riparo, que representa cerca del 11% de ese tipo de bosque que hay en toda la Reserva Biológica. “El sitio de compensación también es heterogéneo en cobertura forestal y cuenta con bosque deciduo, bosque secundario y zonas de pastizal y no forestales. Este sitio no dispone de bosque ripario”, concluyó el informe de la OET.
De acuerdo con las y los investigadores que participaron en el estudio de la OET, “las mayores similitudes se encontraron en la comunidad de anfibios, artrópodos de sotobosque, y aves, con 79%, 76% y 62% de las especies compartidas. En plantas leñosas y mamíferos los sitios sólo compartieron 55% y 50% de sus especies; mientras que en reptiles (39%), peces (34%) y plantas herbáceas (33%) se encontró el menor porcentaje de especies compartidas. Interpretamos estas discrepancias como indicativo de que hay diferencias importantes entre el sitio de compensación y el de inundación en composición de especies y que por lo tanto, se hace necesario incrementar el área a utilizar para resarcir las pérdidas en diversidad debido a los impactos directos del Embalse”.
En una reciente sesión informativa realizada en la Asamblea Legislativa, Patricia Quirós, gerente general del SENARA, reconoció que se les presentó una situación especial con el área a compensar, y que el Área de Conservación Arenal Tempisque (ACAT) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) recomendaron valorar otras propiedades, además de ASETREK.
El área afectada de Lomas Barbudal comprende 24.7 ha de bosque ripario, apuntó Quirós. Por eso es que el área a compensar de la finca ASETREK se amplió a 444,04 ha., para que incluyera 6.14 ha. de bosque ripario. A esto se sumarían 15.87 ha de bosque ripario de Brindis de Amor y 7.16 ha. de Hacienda Ciruelas , para total de 29.17 ha. de bosque ripario.
Dentro de Lomas Barbudal.
Humedal está bajo protección internacional
No obstante, Jorge Lobo, biólogo catedrático de la Universidad de Costa Rica, cuestionó el informe de la OET con el documento “Observaciones al Informe Línea Base de Biodiversidad OET – Lomas de Barbudal”. Lobo argumenta que “este análisis adolece de problemas teóricos y prácticos importantes, que deben ser conocidos por los funcionarios públicos que tienen en sus manos decidir sobre el primer caso de alteración de límites de un área protegida que se presentaría para realizar este proyecto”.
“El problema principal es establecer un principio de compensación, supuestamente cuantitativo, donde modificando el tamaño de un área de compensación se puede igualar el área perdida dentro de un área protegida. Las poblaciones o especies afectadas por la pérdida de un área protegida no necesariamente aparecerán, en su abundancia original en un área de compensación aunque se aumente muchas veces su área, porque al no existir en el área de compensación los hábitats y recursos requeridos por esta especie, y los núcleos poblacionales o las condiciones migratorias paragarantizar su repoblamiento, no se podrá compensar estas especies o poblaciones perdidas en el área protegida”, escribió.
Para Jorge Lobo, “sería muy peligroso que los legisladores consideraran este estudio como válido, porque esta práctica podría llevar a propiciar la afectación de los límites de más áreas protegidas, fundamentados en la compensación con fincas privadas de área mayor; pero con ecosistemas mucho más alterados de los protegidos”.
Lomas de Barbudal es también parte del humedal categoría Ramsar. La regla de la Convención Ramsar es que los humedales de importancia internacional deben mantener su designación y su extensión inicial y sólo en circunstancias realmente excepcionales debería considerarse cambiar esto.
Sin embargo, en el video informativo los impulsores del proyecto lo destacan como una especie de hito: “la investigación nos pone ante la primera experiencia país en modificar y compensar los límites de un sitio Ramsar”.
La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) también ha externado dudas sobre la forma en que se fijó la metodología para la compensación.
“Es conocido que la compensación es una medida que toman cuando los daños ambientales no se pueden evitar; pero en este caso está siendo usada de forma peligrosa para favorecer un proyecto empujado por intereses económicos muy fuertes”, afirmó Henry Picado, presidente de FECON.
“Es peligroso al ser la primera vez en la historia del país, en que se va a disminuir una reserva y podría sentar malos precedentes en terminos ambientales”, opinó Picado.
Según el artículo 38 de la Ley Orgánica del ambiente 7554: “La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”.
El Río Cabuyo.
Avanza proyecto de ley en la Asamblea Legislativa
De acuerdo con un comunicado de prensa del PAC, el proyecto de ley que modifica los límites fue mejorado a través de las mociones presentadas por la diputada Paola Vega, “a fin de garantizar que el área tenga categoría de manejo de ecosistema de humedal y se establezca con un Plan General de Manejo de Uso Sostenible y Racional, que permita su conservación por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)”. “Además, se aprobaron las mociones para que el 50% del canon de aguas vaya directo al Plan de Manejo y el sitio sea custodiado como Humedal de Importancia Internacional (sitio Ramsar)”, añadió.
Con respecto a si se analizaron otras opciones para el proyecto, Marvin Coto, director de ingeniería y desarrollo de SENARA, comunicó que “se evaluó un plan alternativo con la construcción de un túnel de más o menos 2 kilómetros, con salida adelante del río Piedra; sin embargo, se debió desestimar por una situación de carácter geológico, pues cruza una falla que hace imposible la opción de construir un túnel conforme a los estudios preliminares del ICE” (Dictamen legislativo).
Coto también recordó que el artículo 71 de la Ley de Biodiversidad establece el mecanismo para una declaratoria, modificación o cambio de categoría de un área silvestre protegida. La ley indica que para realizarse el cambio se debe elaborar un documento técnico que respalde cualquier tipo de afectación y que el artículo 72 del reglamento de la misma ley establece una serie de características o de condiciones que deben cumplirse en ese estudio para poder sustentar un eventual cambio de uso de suelo.
El artículo 72 del reglamento de la Ley de Biodiversidad también exige dos elementos adicionales de estudio para poder presentar el proyecto de ley y la propuesta de compensación. Uno es la existencia de recursos financieros para poder comprar esas fincas; y una consulta obligatoria a las comunidades cercanas como Falconiana, Bagatzi y San Ramón y contó con la participación del Alcalde de Bagaces. Según el expediente del proyecto, el anterior Ministro de Agricultura Luis Felipe Arauz se comprometió, mediante un oficio, a aportar los ¢1425 millones de colones que se requieren para adquirir las fincas ASETREK, Brindis de Amor y Hacienda Ciruelas. Hasta el momento no se pudo comprobar que este rubro está incluido en el presupuesto de la República.
Por otra parte, el Ministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez, señaló que la compensación o restauración ecológica del impacto ambiental que genere la obra “es totalmente factible y posee dos elementos fundamentales; uno, entender que esto es un proyecto de interés nacional; y dos, que los daños ambientales son predecibles, medibles, mitigables y compensables” (Dictamen legislativo).
“Por ese motivo, el MINAE tiene la certeza e interés de apoyar este proyecto de ley que utiliza el canon de aprovechamiento de agua establecido por el Artículo 70 de la Ley de Aguas, con el fin de proveer los recursos financieros para la implementación de las acciones de restauración ecológica tras la modificación de los linderos e introducir nuevos espacios a la Reserva Biológica Lomas de Barbudal”, agregó Rodríguez.
La investigación del CICA-UCR y del SFE se está realizando desde el 2015 y finalizará este 2018
Los expertos rindieron un informe a la Comisión de Ambiente, en la audiencia de este jueves 19 de julio
El Vicerrector de Investigación, Fernando García Santamaría, y los investigadores del CICA-UCR, Laura Brenes y Greivin Pérez, presentaron los detalles del estudio ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa este 19 de julio de 2018.
Los expertos del Centro de Investigación de Contaminación Ambiental (CICA-UCR) junto con el vicerrector de Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR), Dr. Fernando García Santamaría, presentaron ante los diputados y diputadas de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa los principales resultados del estudio “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña, para la implementación de buenas prácticas agrícolas”.
Los resultados parciales del estudio, elaborado por el CICA-UCR para el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), se dieron a conocer a la opinión pública el mes pasado. Estos revelaron la presencia de bromacil y otros plaguicidas como ametrina, hexazinona y diurón en ríos, quebradas, pozos y nacientes de las localidades de Aguas Zarcas, Pital y Venecia de San Carlos, Río Cuarto y Sarapiquí. Sin embargo, el estudio completo concluirá hasta diciembre de este año.
El Vicerrector de Investigación, Fernando García Santamaría, y los investigadores del CICA-UCR, Laura Brenes y Greivin Pérez, fueron los encargados de presentar los detalles del estudio ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa. En la fotografía se observa a los investigadores presentando los resultados parciales del estudio, en una conferencia de prensa el pasado junio (foto del Archivo ODI).
Los investigadores detallaron los puntos donde se tomaron las muestras tanto de ríos y quebradas (aguas superficiales) como de pozos y nacientes (aguas subterráneas) que pertenecen a varias Asadas de la zona. Al respecto, el investigador Greivin Pérez acotó que las muestras se tomaron antes de que el agua llegara a la red de distribución y previo al tratamiento por parte de las Asadas.
Bromacil: el plaguicida más detectado
El plaguicida bromacil fue detectado en todas las campañas de muestreo realizadas en aguas superficiales en el 2015, 2016 y 2017, en diferentes puntos de las quebradas Huevo y Pital, así como en diferentes puntos del río Toro y del río Cuarto que incluyen las quebradas Grande, El Suspiro y Sonora y el río Caño Negro. En total se tomaron en cuenta 22 puntos de muestreo de ríos y quebradas que atraviesan los distritos de Pital, Aguas Zarcas, Venecia, Río Cuarto y la Virgen de Sarapiquí.
El bromacil también apareció consistentemente en las aguas de pozos y nacientes durante todas las campañas de muestreo que se realizaron entre el 2015, 2016 y 2017, en las localidades de Veracruz de Pital, La Tabla (La Victoria) y Santa Rita (La Flor) de Río Cuarto. En total se muestrearon 10 puntos de aguas subterráneas que incluyeron La Tabla, Santa Rita (Nicrodal) de Río Cuarto, Cariblanco de Sarapiquí y La Legua, Palmar, Los Ángeles y Chirivico, en Pital.
Durante la comparecencia del 19 de julio de 2018, los diputados y las diputadas de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa consultaron los resultados del estudio presentado por el CICA-UCR.
Los investigadores del proyecto, Greivin Pérez y Laura Brenes, explicaron que en el 2016 cuando ya contaban con más datos de los muestreos realizados se reunieron con el presidente y el administrador de la Asada de Veracruz de San Carlos y con representantes del AyA y del Ministerio de Salud de la zona para informarlos. Asimismo, atendieron la invitación de la Alcaldía de la Municipalidad de San Carlos para referirse a este tema en el 2016.
De esa forma se respondió a la consulta de los diputados José María Villalta (Frente Amplio) y Mario Castillo Meléndez (Partido Acción Ciudadana), quienes consultaron si el CICA-UCR había informado los hallazgos de esta investigación a las Asadas de las comunidades que podrían estar siendo afectadas, como las de Venecia y Pital de San Carlos.
La Asada de Veracruz de San Carlos solicitó al CICA-UCR realizar más estudios en el agua que los abastece. Con estos resultados se tomó, en el año 2016 por parte del Ministerio de Salud, la medida sanitaria de cerrar dos pozos de la Asada, según admitieron los investigadores.
El mapa presentado por el CICA muestra los puntos donde se tomaron las muestras de aguas superficiales a lo largo de las subcuencas de los ríos Tres amigos, río Cuarto, río Toro y río Sahino, quebrada Pital.
Información clave
Ante las consultas de los diputados, los investigadores y el vicerrector de la UCR detallaron que desde el 2015, el CICA-UCR recomendó al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) elevar esta información a las autoridades competentes para que se tomaran las medidas del caso. En el 2017, el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG) Luis Felipe Arúz informó al Ministerio de Salud, no obstante, ellos manifestaron no tener conocimiento sobre las medidas que tomaría el Ministerio de Salud tras esta misiva.
Los diputados cuestionaron el manejo de la información sobre los resultados del proyecto, a lo cual el vicerrector de Investigación de la Universidad, Fernando García, aclaró que aunque la carta de entendimiento entre la UCR y el SFE para realizar el proyecto no incluye una cláusula de confidencialidad, sí existía un acuerdo verbal de que sería el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) la institución que manejaría la información y divulgación del estudio.
Por su parte, la diputada de Liberación Nacional Aida Montiel consultó si se han realizado más muestreos después de la prohibición del bromacil que hizo el Gobierno en mayo de 2017, tal consulta fue secundada por el diputado Villalta. Los investigadores del CICA-UCR aclararon que no se han realizado muestreos desde inicios de 2017 ya que el SFE decidió no hacer más, a pesar de que ellos recomendaron continuar con los estudios.
Para continuar recabando información sobre este tema, la Comisión de Ambiente, que investiga la contaminación provocada por el cultivo de piña en Costa Rica, recibirá en audiencia a representantes del Servicio Fitosanitario del Estado el próximo lunes 23 de julio.
En la actividad participarán científicos de países latinoamericanos y de España
Esta semana se reúnen en la UCR investigadores de América Latina y de España para analizar el impacto de la polinización en las áreas naturales protegidas y en la agricultura (foto del Archivo ODI).
Investigadores que conforman la Red Internacional de Servicios Ecosistémicos de Polinización y Dispersión en Áreas Naturales Protegidas analizarán los avances científicos en este campo en un simposio que se realizará en Costa Rica el 18 y 19 de julio.
El encuentro tendrá lugar de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en el auditorio de la Unidad de Conocimiento Agroalimentario (Ucagro) de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica, y estará abierto a la participación de funcionarios públicos, productores agrícolas y pequeños campesinos.
Un servicio ecosistémico de polinización se refiere a que las áreas protegidas naturales conservan las poblaciones de animales, incluidos los insectos que son los encargados de polinizar las flores del bosque. Estas especies a la vez polinizan los cultivos agrícolas de importancia económica y alimentaria. Por ejemplo, en Costa Rica, las plantaciones de aguacate y mora, entre otras, son producto de este proceso.
Eric Fuchs, profesor e investigador de la Escuela de Biología y organizador del encuentro, indicó que la Red de científicos internacionales se dedica a evaluar la importancia de los servicios que diferentes animales prestan a los ecosistemas y los beneficios para el mantenimiento y regeneración de las áreas naturales protegidas.
Asimismo, con esta iniciativa los investigadores pretenden estimar el impacto de los servicios de polinización y dispersión de semillas provisto por las áreas naturales protegidas a la agricultura.
Investigadores de la UCR y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impulsan este proyecto en varias áreas naturales protegidas de Argentina, Brasil, Costa Rica, España, Honduras y México, como parques nacionales y reservas. Estas áreas son sitios fundamentales para la conservación de la biodiversidad y para la productividad de los agroecosistemas.
Fuchs agregó que con el trabajo de la Red se trata de generar bases de datos de acceso público con información sobre la identidad de las especies de plantas silvestres, cultivadas y manejadas, sus polinizadores y dispersores y su dependencia de la polinización realizada por diversos animales.
El oleaje de la costa pacífica del país tiene la particularidad de venir desde Nueva Zelanda y es modificado en su trayectoria por las islas Galápagos
Entre los participantes en la instalción y revisión en la Isla del Coco, estuvieron Maikeel Pérez (guardaparque) y Ronald Víquez (Imares) (foto cortesía de Geiner Golfín).
Los modelos matemáticos más conocidos y utilizados para predecir oleajes y tormentas alrededor del mundo tienen un coeficiente de correlación del 0,99; en otras palabras, son 99 % correctos. Sin embargo, para la costa del Pacífico de Costa Rica su efectividad ronda el 0,70.
Esto se debe a que las olas que llegan a la región entre Guatemala y Panamá inician en Nueva Zelanda y Australia, es decir, atraviesan medio planeta y se convierten así en el oleaje más distante del mundo.
En este recorrido, antes de llegar a Costa Rica, las olas se encuentran con las islas Galápagos, las cuales funcionan como un rompeolas, modifican las ondas y dejan al país dentro de lo que se denomina “zona de sombra”.
Por este motivo, investigadores de la Unidad de Ingeniería Marítima de Ríos y Estuarios (Imares) del Instituto de Investigaciones en Ingeniería (INII), de la Universidad de Costa Rica (UCR), trabajan en la medición del oleaje que llega a la costa pacífica, para poder mejorar el modelo matemático y predecir con mayor exactitud las tormentas y oleajes que afectan dicha área.
Tal estudio, titulado Medición y caracterización del clima de oleaje en el Área de Conservación Marina Cocos, ya contaba con equipos de medición colocados en el puerto de Caldera, Puntarenas, y en Cabo Blanco, en la Península de Nicoya. Ahora, se cuenta con un equipo de monitoreo AWAC en el Parque Nacional Isla del Coco para recolectar más datos sobre el comportamiento del oleaje en la mencionada zona de sombra.
Las olas del Pacífico son bastante desconocidas a nivel mundial, explicó Georges Govaere Vicarioli, director del IINI, y aclaró que el problema es que “la zona de sombra no la pueden resolver los modelos matemáticos, hay modelos que pueden resolverla, pero si se usa a todo el planeta como formato de cálculo sería demasiado lento de calcular. Entonces se usan modelos simplificados que no calculan bien la zona de sombra”.
Govaere expresó también que las primeras veces que midieron y utilizaron equipo especializado se dieron cuenta de las fallas en las ecuaciones del modelo, ya que según estas, los buzos iban a poder estar tranquilos a 20 metros de profundidad, con el sedimento firme luego de 15 metros de la superficie. Sin embargo, en la práctica se enfrentaron a sedimento suspendido -que les dificultaba la visión- y a oleajes fuertes.
La investigación genera conocimiento útil para la toma de decisiones acerca del desarrollo de las costas del Pacífico. “El beneficio de conocer mejor el oleaje es que podemos hacer mejores predicciones de corrientes de resaca, de oleajes sobre las playas, si hay zonas de la operación de barcos con agitación en los puertos, si en algún lado el oleaje va a rebasar las calles cercanas y también estudiar la seguridad de las estructuras”, añadió Govaere.
Un ejemplo de lo anterior es el rompeolas de Caldera, que matemáticamente debería ser correcto y soportar el oleaje, pero que en la práctica ha sido destruido casi tres veces; esto es incluso objeto de análisis internacional.
“Si queremos construir puertos, rompeolas y demás estructuras, lo primero que tenemos que hacer es entender el oleaje”, concluyó el director del INII, pues no se conoce el origen de alrededor del 30 % de este fenómeno. Esto causa que en ocasiones se esperen tormentas grandes que no llegan, o tormentas pequeñas que resultaron más fuertes de lo que se calculó.
Luego de 36 horas de viaje, los investigadores llegaron a la Isla del Coco, punto estratégico entre las Islas Galápagos y Costa Rica (foto cortesía de Imares).
Por otro lado, las mediciones que se van a recolectar servirán para alimentar una base de datos que en el futuro podría utilizarse para otros estudios, como la investigación sobre energía undimotriz, aquella que se genera a partir del movimiento de las olas. Aunque la tecnología actual no está diseñada para soportar las condiciones del particular oleaje del Pacífico en la región centroamericana, el potencial del país para producir este tipo de energía es alto.
Los investigadores prevén recoger cada año los datos del equipo instalado en la Isla del Coco, mientras que la información obtenida por el equipo en Caldera se recibe por medio de ondas de radio, debido a la cercanía con la costa.
El proyecto Medición y caracterización del clima de oleaje en el Área de Conservación Marina Cocos está previsto para que continúe por tres años más, incluso los investigadores de Imares afirmaron que mientras tengan recursos seguirán realizando las mediciones.
Las mediciones
El equipo AWAC instalado tiene distintas formas de medir el oleaje: la primera es por medio de un sensor de ultrasonido que mide las ondas al rebotar con la superficie libre del agua; la segunda es gracias a un sensor que calcula la velocidad de partículas de agua a distintas alturas, según se mueve la partícula se relaciona con el oleaje; y la tercera forma es por medio de un sensor que valora las olas en función de si hay mayor o menor presión del agua.
Este tipo de mecanismos se consideran redundantes, ya que tienen procesos de medición de respaldo activos para evitar que se pierdan datos, en caso de que alguno falle por factores externos como, por ejemplo, un pulpo descansando encima del equipo –situación que ya ha ocurrido, comentaron los encargados del estudio–.
El proyecto ha contado con apoyo del Servicio Nacional de Guardacostas y del Cuerpo de Bomberos, además del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), por medio del grupo de guardaparques destacados en el Parque Nacional Isla del Coco, de los cuales cinco son coinvestigadores y colaboran con la seguridad del equipo instalado.
Los humanos han ignorado las lecciones del pasado y desde hace unos 11 000 años han destruido la diversidad de las especies, así como también han contribuido a deteriorar la tierra, el mar y el aire
El sapo dorado (Incilius periglenes), icono de Monteverde, fue avistado por última vez en 1989.
La ecologista Martha Crump, quien registró los rituales de apareamiento del sapo dorado en 1987, narra lo siguiente en su libro En busca de la rana dorada (2000): “Estoy inmersa en la fría niebla de este asombroso bosque de Costa Rica, porque como bióloga investigo fenómenos nuevos y apasionantes. Esta es mi búsqueda personal de la rana dorada, o como Jay Savage lo expresara: ‘la búsqueda de la verdad mística y la belleza de la naturaleza’”. El sapo dorado, icono de Monteverde, fue avistado por última vez en 1989 y es parte de la extensa lista de los animales extintos.
Se calcula que en el planeta habita cerca de un millón de millones de especies diferentes, de las cuales el 99,9995 % son bacterias y arqueas (sin núcleo) que escapan a la vista. El restante 0,0005 % son eucariotas (con núcleo), de los que 30 millones son insectos, arácnidos, moluscos, crustáceos y otros invertebrados; 85 000 son mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces; 300 000 son plantas, y 700 000 son hongos, protozoarios y cromistas.
Sin embargo, las especies no son eternas y están destinadas a la extinción, algunas más temprano que otras.Todo depende de su adaptabilidad y de la contingencia de los eventos. Se ha estimado que cerca del 99,9 % de las especies multicelulares, que alguna vez habitaron la tierra, se extinguieron. Es probable que para el año 2100, la mitad de las plantas y vertebrados que existen habrá desaparecido. “La extinción es la regla, la supervivencia es la excepción” (Carl Sagan, 1934 – 1996).
Desde la perspectiva geológica, se han registrado cinco extinciones masivas de los organismos multicelulares, todas causadas por catástrofes naturales. La primera ocurrió hace unos 444 millones de años durante la transición del Ordovícico al Silúrico, cuando cerca del 86 % de las especies (todas marinas) fueron borradas de la faz de la tierra.
La segunda sucedió unos 375 millones de años atrás durante el Devónico tardío, con el 75 % de las especies desaparecidas. La tercera y más severa de todas transcurrió al final del Pérmico, hace unos 251 millones de años, con la eliminación del 96 % de las especies. Se estima que toda la vida multicelular que existe desciende de ese 4 % que sobrevivió.
La cuarta extinción mató al 80 % de las especies al final del Triásico, unos 200 millones de años atrás. Por último, hace 66 millones de años, al término del Cretáceo, cerca del 76 % de las especies murieron, entre ellas los famosos dinosaurios, las amonitas, muchas plantas y grandes reptiles voladores como los pterosaurios.
Todo apunta a una sexta extinción masiva, esta vez causada por una especie de mamífero bípedo, desnudo y de cabeza grande, cuya siniestra actividad es modificar al medio ambiente: el Homo sapiens. Este sexto período se inició al final del Pleistoceno, hace unos 100 mil años, cuando los humanos empezaron a migrar de África hacia otros continentes.
Durante esa época se presentaron varias glaciaciones, interrumpidas por períodos en los que el hielo se retiraba. Aunque es posible que el cambio climático pusiera estrés a la flora y a la fauna de entonces, el consenso es que la principal causa del cambio del paisaje en los continentes y de la extinción de muchos animales y plantas fue la acción de los advenedizos humanos; todo producto de las cacerías y destrucción de la floresta mediante las quemas y talas.
Por ejemplo, la desaparición del 71 % de las especies de los vertebrados de Oceanía coincide con la llegada de los humanos a Nueva Zelanda, Australia y Nueva Guinea hace unos 60 000 años. Entre los animales extintos está la megafauna, que incluía marsupiales gigantes como canguros y diprotodontes, aves como el pichón gigante y reptiles como enormes cocodrilos y lagartijas.
Del mismo modo, el arribo de humanos al continente americano, 15 000 años atrás, coincide con la desaparición del 78 % de la megafauna, por ejemplo, camellos, caballos, renos, bisontes, perezosos gigantes, osos, felinos y mamuts, entre otros. Algo similar ocurrió en Madagascar hace 1 600 años, cuando la megafauna fue eliminada de esa isla a partir de la venida de los primeros humanos desde Indonesia.
Desde la perspectiva geológica, se han registrado cinco extinciones masivas de organismos multicelulares causadas por catástrofes naturales. Todo apunta a una sexta extinción masiva, esta vez causada por la especie humana (infografía: Edgardo Moreno y Rafael Espinoza).
La “edad de los humanos”
Las extinciones antropogénicas; es decir, mediadas por los humanos, se aceleraron hace unos 11 000 años, con la aparición de asentamientos en las diferentes regiones. Estos han ido en aumento hasta crear las metrópolis del presente.
De acuerdo con Paul Crutzen, Premio Nobel de Química 1995, a esta nueva época se le debe conocer como el “Antropoceno”; es decir, la ‘edad de los humanos’. Si bien la extinción masiva no es única del actual período, sí lo es la forma en que ella ocurre. Los científicos la han delimitado de acuerdo con cuatro características interdependientes.
La primera de ellas es la homogeneización de la flora y la fauna a nivel global. Nunca antes la Tierra había experimentado el intercambio masivo de especies entre diferentes latitudes ni la dispersión rápida de organismos exóticos de un lugar a otro. Esto ha llevado a confrontaciones ecológicas y a que se propaguen enfermedades, tal y como ha ocurrido con los cerdos ferales en varias islas, incluyendo la del Coco.
En segundo lugar, los humanos son los principales predadores de la tierra y del mar. Ninguna otra especie puede reclamar tal distinción. La humanidad usa cerca del 35 % de la producción neta del planeta para sus propios fines. A esto hay que añadir el consumo desmesurado de combustibles fósiles, lo cual constituye una minería irrestricta de la biosfera del pasado.
El tercer rasgo alude al poderío que tienen los humanos para redirigir la evolución mediante varios procedimientos ingeniosos y algunos perversos. Los más obvios son la domesticación de las plantas y los animales, la erosión y modificación de grandes territorios silvestres para la agricultura, la ganadería, el urbanismo y la explotación indiscriminada de los océanos, todo para alimentar a la gran masa humana.
La última y más severa acción es la “tecnósfera”, término acuñado por Peter Haff para describir un sistema global tecnosocial que consume gran cantidad de energía. Este sistema está compuesto por las sociedades humanas, todos sus artefactos y sus sistemas tecnológicos, así como por los procedimientos y vínculos necesarios para que funcione.
La tecnósfera se reproduce y se eleva por encima de la humanidad y no puede ser eliminada sin causar enormes estragos a su creador. Ella domina y mata a diferentes especies de manera directa o indirecta, incluyendo a la misma que la creó: el Homo sapiens. Solo basta recordar la hecatombe de Hiroshima y los accidentes en Chernóbil y Fukushima; eso sin tomar en cuenta la contaminación y el calentamiento global antropogénico que se incrementó exponencialmente desde la revolución industrial.
Aunque la historia es a veces ingrata, ella ayuda a comprender el presente y a anunciar el futuro. Los humanos han ignorado las lecciones del pasado y han desplazado, aniquilado y diezmado la diversidad de las especies.También han contribuido a deteriorar la tierra, el mar y el aire.
Es evidente que se han convertido en los depredadores supremos, incluso de sí mismos, y, por tanto, seguros candidatos para la extinción prematura en un universo que, después de todo, es indiferente al destino de los humanos.
Edgardo Moreno Robles
Catedrático de la Facultad de Microbiología e investigador del Instituto Clodomiro Picado (ICP)
Actividades de extracción de madera se dan bajo y amparo de un decreto de 2016
Vecinos temen que se esté talando bosque ilegalmente
FECON, 27 de junio 2018. Vecinos del Cantón de Sarapiquí han denunciado desde enero del presente año la posibilidad de que el permiso de sacar madera caída en Áreas Silvestres Protegidas este fuera de control y con poca fiscalización por parte de funcionarios públicos. Así lo denunció Néstor Mata, regidor de la Municipalidad de Siquirres, y miembro del Consejo Regional del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central.
Existe un decreto que permite el aprovechamiento de madera caída emitido al momento de la emergencia nacional provocada por el Huracán Otto hace año y medio. El Decreto N° 40099-MINAE del 27 de diciembre de 2016 menciona que “establece las regulaciones para que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en su condición de Administración Forestal del Estado (AFE), él través de sus oficinas ubicadas en los sitios comprendidos en la declaratoria de Emergencia Decreto Ejecutivo N° 40027-MP, evalúen y tramiten en forma expedita las solicitudes para el aprovechamiento, de los árboles caídos o partes de éstos con secciones aprovechables ocasionados por el Huracán Otto, en terrenos de bosque, de uso agropecuario, de plantaciones forestales, de Sistemas Agroforestales o árboles plantados individualmente.”.
La Federación Para la Conservación de la Naturaleza mediante una carta dirigida al Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez solicitando información al respecto de estas denuncias de posible abuso de la extracción y una lista sobre las personas solicitantes de estos permisos de explotación.
Según dice la carta de FECON “…estamos muy alarmados debido a que hemos recibido múltiples denuncias sobre extracción de madera irregular en muchas fincas en la zona del Refugio Mixto Maquenque. Agradecemos nos comente sobre los controles que existen para que el decreto N° 40099-MINAE se esté dando de forma responsable y sin dañar el bosque de la zona”.
