Por Jimmy Vargas Alvarado del Programa Kioscos Socioambientales
El pasado mes de abril la comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley “Reformas en permisos y concesiones temporales para extracción de materiales de canteras y cauces del dominio público por parte de las municipalidades”, el cual se tramita bajo el expediente No. 20 635.
Actualmente, las municipalidades pueden solicitar ante el Minaet permisos temporales para extraer materiales de río durante un periodo máximo de 120 días. Sin embargo, este proyecto de ley busca modificar el Código de Minería y la Ley de Regulación de la Extracción de Materiales de Canteras y Cauces de Dominio Público por parte de las Municipalidades, a fin de que las concesiones para la explotación de materiales de río se extiendan por un periodo de hasta dos años. Además de permitir que la extracción de los cauces de río aumente hasta cinco veces más, este proyecto de ley eliminaría las pocas regulaciones necesarias para la explotación de materiales de río.
Este proyecto de ley no exige a los gobiernos locales utilizar los materiales extraídos para el desarrollo de la infraestructura vial de las comunidades afectadas por la explotación de sus ríos. Por ello, es válido pensar que los materiales extraídos se utilizarían prioritariamente en los megaproyectos viales desarrollados por concesionarios privados. Esto genera preocupación en el Pacífico Central, donde las Asadas del cantón central de Puntarenas consideran que la extracción de materiales requerida para la ampliación de la carretera Interamericana en el tramo Barranca-Cañas terminaría por agudizar la afectación de los ríos de la zona, los cuales sufren graves daños debido a la presencia de quebradores. De estos ríos dependen los pozos y tomas de agua potable que abastecen a las comunidades costeras, que han visto como año con año aumenta la contaminación y sobre explotación de las cuencas del pacífico.
Con este proyecto de ley, las pocas regulaciones ambientales para la explotación de los ríos se vuelven “prescindibles”, ya que la ampliación de los plazos de explotación en los cauces de río no requeriría de Estudios de Impacto Ambiental (EsIA). Para las Asadas y organizaciones comunales, la eliminación de los EsIA aumenta los riegos sociales por deslave en las cuencas de río. De igual forma, la falta de EsIA para estas concesiones de extracción ignora la alteración de la dinámica hidrológica en los ríos explotados. Para la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, la eliminación de los EsIA tiene el objetivo de sacar a todas las comunidades del país del proceso de gestión y protección de sus ríos. A pesar de que los EsIA no garantizan protección ante los riesgos socioambientales de las actividades extractivas, sí han representado un mecanismo mediante el cual las comunidades se enteran, actúan e influyen sobre proyectos de este tipo. Al eliminar los EsIA, los proyectos se enclaustrarían en las municipalidades, lo que haría a un lado a las personas que todos los días defienden sus ríos de la contaminación agroquímica, la tala de árboles, los quebradores informales y las tomas ilegales de agua.
No por su “localía” las municipalidades están dispuestas a defender los ríos; por el contrario, –como lo ha reflejado el caso puntarenense– los gobiernos locales tienden a ignorar las denuncias que las comunidades interponen por la contaminación y explotación de sus ríos. Tal y como lo ha declarado la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas, proyectos de este tipo deberían garantizar la participación y fiscalización de las organizaciones comunales, así como una serie de beneficios directos para las comunidades que día con día defienden sus ríos y el acceso al agua.
Nota: Este artículo se produce gracias al trabajo de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua-Puntarenas y el apoyo del TCU-590 del Programa Kioscos Socioambientales.
Corporaciones transaccionales contaminantes y evasoras de impuestos son los principales beneficiadas de millonaria inversión pública
FECON. ¿Agua para quién y para qué? Es importante que nos preguntemos esto antes de que el país se endeude por USD$ 500.000 (unos 300.000 millones de colones) ante el BCIE para construir una represa de 850 hectáreas y una red de canales de 300 Km y use más de 1500 millones de colones en expropiaciones para pagar las tierras que supuestamente compensaran el bosque seco inundado en la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (RMLB). Todo lo anterior con dinero público en plena crisis fiscal.
Recordemos que el proyecto de ley Expediente 20.565, el cual propone desafectar la RBLB, es parte de un megaproyecto llamado PAACUME. El cual se supone llevaría agua a la parte Oeste del Río Tempisque y anegaría aproximadamente 17.500 hectáreas. Pero el formato de este megaproyecto está en función de llevar agua a proyectos hídricamente despilfarradores e ineficientes como lo son los monocultivos. Este proyecto apodado con el eufemismo de “Agua para Guanacaste” es en gran parte para regar monocultivos de caña de azúcar, melón, arroz, ganadería extensiva y por qué no piña también. Pero sus promotores no lo dicen.
Lo cierto es que las empresas que se ven directamente beneficiadas son las mismas que han acaparado el agua de Guanacaste en lo últimos 30 años, se trata de cuatro empresas que consumen un 7 veces más volumen de agua que la población la provincia completa. Estamos hablando de CATSA, Ingenio Taboga, El Pelón de la Bajura y Azucarera el Viejo. Además estas empresas beneficiadas con el PAACUME tienen relación con partidos políticos tradicionales, han sido parte de sus equipos de gobierno e incluso invierten en campañas políticas.
Agua para grandes empresas acaparadoras y contaminantes:
El Pelón de la Bajura es propiedad de Carlos Manuel González Pinto, este empresario ha sido históricamente financiador del Partido Liberación Nacional, pero destaca que para la campaña de Oscar Arias Sánchez aportó ¢20.000.000 (Semanario Universidad, 2012) y para la campaña de Antonio Álvarez puso alrededor de ¢22.000.000 (TSE, 2018). Al mismo tiempo González Pinto es representante legal de Melones de Costa Rica S.A. empresa parte de la del conglomerado transaccional Del Monte, además es dueño de Grupo Pelón (arrocera) y Hacienda Ojo de Agua S.A. (piñera presuntamente relacionada con la contaminación del acueducto de Milano de Siquirres). Por si fuera poco este empresario ha sido también directivo del Banco Central en la administración de Figueres Olsem.
Existe además evidencia que estas mismas empresas privadas han hecho maniobras para evadir sus responsabilidades tributarias. Por ejemplo la empresa cañera CATSA, propiedad el ex-presidente Oscar Arias Sánchez, ha sido descubierta haciendo presuntamente defraudación fiscal por más de 167 millones de colones en 2016. Momento en el cual fue allanada por el Ministerio de Hacienda (Nación, 2016).
Otro gran beneficiado del agua con dinero público son las canchas de golf y jardines de mega hoteles. En este momento están ingresando el doble de habitantes de toda la provincia. Más de 700.000 turistas llegan por el Aeropuerto Internacional de Liberia mientras la población de Guanacaste es aproximadamente 350 000 habitantes. Este proyecto vendría a subsidiar con infraestructura la industria de megaturismo que no ha sacado a la provincia del desempleo y pobreza, al contrario ha agudizado la crisis por el agua.
Existen coincidencias con respecto a quienes hicieron el fideicomiso de Acueducto de Sardinal (Coco-Ocotal) con los impulsores del proyecto PAACUME. Un proyecto impulsado por financiadores de las campañas políticas del PLN (Semanario Universidad, 2006, TSE, 2018) como lo es uno de los grandes beneficiarios de PAACUEME: Agustín Peón Orlich (socio de Andre Garnier en el acueducto Coco-Ocotal y actual Ministro de Coordinación con el sector privado. Peón Orlich es presidente de Guanacaste Seco S.A. y accionista de Exporpack S.A. (melonera de Sardinal).
El agua para consumo humano está de adorno en el PAACUME pues es poco viable y muy caro una planta de potabilización de hecho el AyA no recomienda el uso de agua superficial y menos de este tipo pues pasará a cielo abierto por áreas de plantación de arroz o melón con alto uso de plaguicidas y todo tipo de contaminación biológica y química. Además el mismo AyA ha desmentido la posibilidad que esta propuesta se lleva acabo puesto que no tienen planes al respecto (AyA, 2017)
Todos estos poderes económicos impulsan un proyecto tan cuestionado como el PAACUME. Obligando a Costa Rica a endeudarse por más de ¢300.000 millones para abastecer de agua a estas empresas que no han demostrado que accionan de buena fe. En esta discusión parlamentaria en la Asamblea Legislativa sobre la desafectación 113 hectáreas de bosque seco de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, debería estar decirse transparentemente que ésta destrucción ambiental y esta inversión dantesca de fondos públicos, no es para campesinos pobres, por el contrario es para para beneficiar grandes empresas de políticos mafiosos.
Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza
Este próximo sábado 21 de julio a las 9 a.m. en ECMAR-UNA, Punta Morales de Chomes, se llevara a cabo el Encuentro ecologista para evaluar el modelo de concesiones de agua en Costa Rica.
Puntos de discusión:
¿Por qué se permite explotar el 90 % del agua de ríos y quebradas?
¿Cuánto cuesta un canon de agua y quiénes se benefician de su costo?
Para esta actividad se tienen planeados dos bloques de trabajo, uno para compartir y discutir la información y otro para generar propuestas de acción conjunta en cuanto a la problemática del agua.
En horas de la mañana se analizará el tema del apropiamiento del agua en manos privadas a través del modelo de permisos de hasta el 90 % de caudales en ríos y quebradas y cómo esto genera injusticias y desigualdad en el acceso al agua.
También se estará compartiendo información sobre la normativa vigente y el caudal ecológico, la cual debería aplicarse para evitar desastres ecológicos y que actualmente Costa Rica no lo está haciendo.
Por la tarde se tendrá una presentación sobre los costos de canon de agua por tipo de uso y se planteará la duda de si la visión económica que lleva a la apropiación el agua llega a afectar su protección pública así como su protección ambiental. Se compartirá los reglamentos que existen sobre este tema.
Para coordinar su participación, comuníquese con Dany Villalobos al 8781 4512 o Angélica Alvarado al 8583 0253.
Se estará contando con la participación ya confirmada de personas de Pérez Zeledón, Longo May, San Rafael, Salitre, Cabagra, Boruca, Térraba, Talamanca, entre otros.
Autoridades no han realizado ninguna acción al respecto y son las comunidades quienes toman cartas en el asunto
Ya se suman cuatro acueductos comunitarios afectados por la expansión piñera en menos de un año
FECON, 24 de julio 2018. Contaminación con herbicida bromacil, prohibido desde 2017, sigue reportándose en agua para consumo humano, además de bromacil se ha encontrado, miclobutanil, oxamil,butóxido de piperonilo y triadimefón en fuentes de agua de Pital y Rio Cuarto, autoridades tienen conocimiento de esto desde 2016 pero no han informado a las poblaciones.
Ha pasado más de un mes de haberse descubierto que le Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) han escondido datos sobre la contaminación de agua en Pital y Río Cuarto. El CICA pasado jueves 19 de julio en la Comisión Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativaadmitió no haber a los miembros de ASADAS afectadas y tampoco a la autoridades de Salud.
Según trascendió de la audiencia la funcionaria del CICA Laura Brenes, afirmó que: “existe un acuerdo verbal para dar confidencialidad al proyecto en general y que toda la información del estudio se canalizara por medio del Servicio Fitosanitario del Estado”. Esta supuesta cláusula de confidencialidad no se ha confirmado y se ha cuestionado que estos datos sobre la calidad de agua para consumo humano se escondieran por más de dos años pese al conocimiento del CICA y del SFE.
Mientras tanto este informe no ha sido difundido aún a la opinión pública pese a confirmar la contaminación con agroquímicos en acueductos de comunidades de Pital y Río Cuarto. Propiamente el informe del estudio mencionado (descargable acá) confirma que la ASADA La Tabla y El Pinar; de la Santa Rita de Río Cuarto; la naciente Nicrodal; la naciente La Flor de la ASADA de Santa Isabel; la ASADA de Cariblanco de Sarapiquí; la ASADA de La Legua; la naciente de Palmar de Pital de la comunidad de Los Ángeles; la ASADA de la comunidad de Chirivico y CoopeIsabel y la ASADA de Veracruz de Pital se encuentran contaminadas desde 2015.
Por su lado esta semana la ASADA de Santa Isabel de Pital decidió clausurar una de sus fuentes de agua por sospecha de contaminación debido a un reporte del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA por presencia de bromacil (Santa Isabel, julio 2017).
Además la ASADA de la Tabla y el Pinar de Rio Cuarto también ha reportadoafectación y cierre de fuentes de agua a acusa de contaminación por agroquímicos relacionados a la piña.
Si tomamos en cuenta a Veracruz de Pital (Asada intervenida en 2017 por el AyA) ya se contabilizan cuatro acueductos comunitarios afectados en los últimos meses debido al descontrol de la actividad piñera.
Esta situación causa alarma en la población y por eso ya en Pital el jueves anterior se dio una movilización para solicitar a las autoridades locales no permitir el cultivo de nuevas plantaciones de piña en este distrito de San Carlos.
Esta crisis por contaminación no es nueva ya que se tienen antecedentes lamentables como lo sucedido en Milano, el Cairo y la Francia de Siquirres los cuales en 2003 fue descubierta la contaminación con el herbicida bromacil y otros 22 agroquímicos en las fuentes de agua comunitarias. Hasta la fecha el problema persiste en Milano dónde se han recibido agua en camiones cisterna durante 15 años debido a que la ASADA de la zona sigue encontrando agroquímicos en sus nacientes que están vecinas a la empresa Hacienda Ojo de Agua relacionada con la multinacional Del Monte.
Henry Picado Cerdas
Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza
Teléfono: 8760 9800
Imagen ilustrativa tomada de la nota: Persiste la contaminación son agroquímico prohibido.
Comunicado de la Alianza de comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas
Ocho comunidades de Puntarenas estamos cuestionando un cambio normativo propuesto para la entrega de concesiones mineras en cauces de ríos.
A través de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, varios líderes comunales hemos presentado ante la Asamblea Legislativa una serie de cuestionamientos al proyecto de ley 20 635, que ya afirmó la Comisión Legislativa de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.
Expusimos nuestros criterios en el Encuentro de ASADAS de la Alianza de Comunidades que realizamos en Punta Morales y decidimos actuar, y oponernos cuestionando los alcances del proyecto. Los cuestionamientos que presentamos a los diputados y al Ministerio de Ambiente son los siguientes:
¿Cómo se controlará para que no haya uso corrupto de esa arena y esa piedra extraída?
¿Cómo le garantizará la Contraloría General de la República al país que el uso de esos recursos es el correcto?
¿Cuál es el beneficio efectivo para las comunidades con esta ley?
¿Cómo se evitará el daño que esas extracciones provocarían en los ecosistemas?
¿Cómo garantizan las municipalidades, la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud y la presidencia de la República, que las comunidades aledañas o cercanas no se verán afectadas por la alteración de las dinámicas hidrológicas producida por las extracciones?
¿Por qué cuestionar el proyecto de ley?
Como parte fundamental de la vida del país, las organizaciones comunales tenemos derecho a participar activamente en las decisiones que pueden afectar nuestro ambiente y territorio.
¿Qué tipos de cambios queremos construir: negativos o positivos?
El proyecto básicamente es una reforma al artículo 39 del actual Código de Minería y sus conexiones. Cambia el periodo de explotación para concesiones temporales en cauces públicos y canteras. Estos tiempos se ampliarían súbitamente de 120 días a 24 meses duplicables, es decir, se pasa de 4 meses a 4 años. La propuesta de cambio es notoriamente exagerada, pero nos preguntamos también ¿es realmente necesario cambiar así la ley, cuando ya se permiten explotaciones temporales para obras públicas? ¿y en favor de quiénes realmente es que se impulsa este cambio?
Primero hay que pensar si en verdad cuatro meses no son ya suficientes para obtener materiales que ayuden a resolver urgencias en obras viales. Cuatro meses de aprovechamiento en situaciones excepcionales son aceptables, pero cuatro años NO, pues el volumen de explotación en un periodo así podría traer mayores afectaciones que beneficios públicos reales.
¿Un portillo más para la corrupción?
El proyecto flexibiliza los permisos para Ministerios, Municipalidades y el CONAVI, con el beneficio también para las empresas que subcontraten estas instituciones. Es decir, podría abrirse aquí un modelo de contratación público-privada muy rentable, para que empresas particulares exploten (y deterioren todavía más) los cauces de nuestros ríos.
Las administraciones municipales no han sido modelo para la gestión de proyectos. Todo lo contrario. La desconfianza sobre a quién llegarán los beneficios de estas explotaciones es la primera reacción que se puede tener. De acuerdo con las experiencias de varias comunidades puntarenenses participantes en la Alianza, la ampliación de las explotaciones no parece que vaya a traer gran beneficio comunal. Y el CONAVI tampoco es un ejemplo de buenas gestiones.
Si bien el mantenimiento de las vías de comunicación es necesario, cuestionamos que se le puedan abrir canales a más corrupción por haber menos fiscalización. Preferimos la buena planificación en la gestión pública. No apoyamos que se legalice el enriquecimiento privado con recursos públicos, como son los recursos geológicos, al costo de las afectaciones ambientales en nuestras comunidades.
Un retroceso en nuestros derechos ambientales
Nuestros ríos están claramente amenazados de convertirse en minas a cielo abierto por la ampliación próxima de la carretera Cañas-Barranca. El problema no es el aprovechamiento de los materiales, el problema es que se haga sin que los explotadores autorizados tengan que rendir cuentas ambientales, al eximirse de evaluación ambiental. Parece que se piensa ignorar o anular una vez más el principio preventivo.
Aprobar el cambio significaría un gran retroceso en los derechos ambientales de las comunidades costarricenses que valoran y utilizan sus ríos, que son parte del patrimonio público del país. Hemos visto por años el impacto negativo de las concesiones mineras en nuestros ríos, produciéndose efectos como la disminución marcada de los caudales, la sedimentación que altera los flujos y la calidad del agua, e incluso inundaciones por efecto del cambio desmedido de los cauces.
Varias de las comunidades que participan en la Alianza tienen sus pozos a la orilla de los ríos como el Lagarto y Guacimal. Con la eliminación de la evaluación ambiental, desaparece legalmente le posibilidad de oponerse de forma efectiva a las afectaciones que puede provocar la sobreexplotación de los cauces.
Para concluir, les contamos que:
Actualmente vemos claro en Puntarenas los cambios ambientales que van sucediendo por la alteración climática global, que se suma a un pasado de prácticas ambientales inconscientes que dañaron nuestro territorio.
Considerando la problemática ambiental ocasionada por la utilización de plásticos de un solo uso, es que la Vicerrectoría de Administración de la Universidad de Costa Rica requiere que la Comunidad Universitaria elimine la adquisición y el uso de este material derivado del petróleo.
Ingrese en el siguiente enlace para leer la circular emitida por esta instancia:
El pasado 16 de julio, una comisión legislativa especial dictaminó afirmativamente un proyecto de ley que modifica los límites de la Reserva Lomas de Barbudal, para poder construir el megaproyecto llamado Paacume. La iniciativa será discutida el lunes 23 de julio en el plenario.
Megaproyecto del Paacume afectará a la única reserva biológica de bosque tropical seco del país.
Un camino de lastre atraviesa pequeñas parcelas que colindan con la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, en Bagaces, Guanacaste. Desde ahí se pueden divisar las verdes planicies.
Este paisaje cambiará drásticamente si se hace realidad el Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME). Un total de 19 fincas ubicadas a la altura del río Piedras, más una parte de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal se inundarían para convertirse en un espejo de agua, que abarcaría 850 hectáreas.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (SENARA) impulsan el proyecto PAACUME, que consiste en construir canales para bajar aguas superficiales desde el Proyecto Hidroeléctrico Arenal. Estas aguas inundarían el embalse en la zona citada y luego bajarían por más canales de riego hasta la bajura, “para asegurar disponibilidad de agua a los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya para consumo humano y riego para distintos usos”, según afirman las instituciones.
Hasta ahora la Reserva Lomas Barbudal, una zona que es puente ecológico de gran biodiversidad, había pasado más o menos escondida y desapercibida. Pero hoy esta área silvestre protegida creada para resguardar los ambientes del bosque seco tropical y su diversidad biológica, es el centro de atención.
El 16 de julio una comisión legislativa especial dictaminó afirmativamente el “Proyecto de Ley para la Modificación de Límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el Desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras” (Expediente No. 20.465).
La comisión está integrada por las y los legisladores de Guanacaste Aida Montiel y Luis Antonio Aiza (Liberación Nacional); Rodolfo Peña (Unidad Social Cristiana); Mileidy Alvarado (Restauración Nacional) y Paola Vega (Acción Ciudadana).
Se espera que la iniciativa empiece a ser discutida el próximo lunes 23 de julio en el plenario. Sin embargo, diversos actores han externado su preocupación por el mecanismo de compensación de las tierras que se inundarán, -usado como base del principal estudio técnico-, los impactos ambientales del megaproyecto, los verdaderos beneficiarios y sobre el discurso de que éste resolverá problemáticas de agua para consumo humano.
Relieves y elevaciones en zonas de estudio. Se muestra el área estimada de afectación directa por embalse (contorno de línea azul), el área estimada de la zona de amortiguamiento en el perímetro del espejo de agua (contorno de línea negra), límites de Reserva Biológica Lomas de Barbudal y propiedad de ASETREK en la zona (contorno línea rosada), así como la potencial área de canje (compensación) en la propiedad de ASETREK (delimitada por línea roja). Fuente: OET.Mapa de ampliación de límites Reserva Biológica Lomas Barbudal.
Impacto de magnitud: Inundarán 113 hectáreas de Lomas Barbudal
La reserva biológica Lomas Barbudal, creada en 1986, es un oasis de conservación en medio de las planicies guanacastecas, rodeado de fincas ganaderas, arroceras, una autopista de cuatro carriles e ingenios de caña de azúcar.
Se entra pasando Bagaces, por un camino que atraviesa un pueblo llamado Pijije, y no hay rótulo, no hay anuncio, no hay nada. ¿Por qué?
Porque es una reserva biológica, que es sólo para investigación y aunque recibe muchos turistas nacionales y extranjeros, no es ordeñada para turismo, no es promocionada y no es mercadeada como la mayoría de parques nacionales.
El 20 de junio pasado, 48 diputados votaron a favor de tramitar por la vía rápida el proyecto de ley citado, que pretende desafectar 113 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para que ya no estén protegidas. De esta forma el ICE y el SENARA podrán construir ahí este megaproyecto, que afectará a la única reserva biológica de bosque tropical seco del país -que abarca 2.645 hectáreas-.
El único legislador que se opuso fue José María Villalta, del Frente Amplio.
El Gobierno planea adquirir tres fincas, para compensar las hectáreas a inundar. Serían 444,04 ha. de ASETREK Tres Azul S.A., 86,96 ha. De Brindis de Amor y 25 ha. De Hacienda Ciruelas SP S.A.
De acuerdo con el Gobierno, el procedimiento para evaluar la compensación de estas tierras es resultado del estudio para el “Establecimiento de la línea base de biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal y finca adyacente”, realizado por la Organización de Estudios Tropicales (OET).
Pero el PAACUME en sí es un proyecto de impacto, como lo define la propia OET: “Dada la magnitud del impacto, que sustituiría el actual hábitat terrestre por un ambiente acuático, la legislación del país obliga a contemplar medidas de compensación que permitan resarcir las pérdidas en el ambiente como consecuencia del proyecto. La situación es más sensible por tratarse un área silvestre estatal bajo un régimen de protección restrictivo, como lo es el de Reserva Biológica”.
Un camino de lastre atraviesa pequeñas parcelas que colindan con la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, en Bagaces, Guanacaste. Desde ahí se pueden divisar las verdes planicies. Foto: Fabiola Pomareda.
Lomas Barbudal: el minipaís de los insectos y mucho más
Una cosa es leer una propuesta donde se habla de inundar 850 hectáreas, de “llevar agua a Guanacaste”, y de comprar fincas con las que se compensarán las tierras inundadas que pertenecen a una reserva biológica; pero otra muy distinta es caminar sobre esos senderos cubiertos de lodo y hojarasca, ver el río Cabuyo, escuchar el croar de cientos de ranas, y observar el bosque verde y lleno de vida desde una torre dentro de Lomas Barbudal.
Ahí trabaja Manrique Montes Obando, administrador de la reserva, quien compartió su conocimiento y vivencia sobre esta área con gran riqueza en aves, insectos y especies maderables, y donde se realizan numerosas investigaciones, nacionales e internacionales.
“De las primeras personas que estuvieron acá, una fue Franklin Gordon, investigador estadounidense, que empezó a ver las particularidades de la reserva por su bosque seco, como la gran cantidad de especies de abejas y avispas que había”, contó Montes, en una entrevista a la orilla del río Cabuyo.
“Se le llama el minipaís de los insectos, y eso trae consigo una gran biodiversidad en otras especies, como aves, que son aproximadamente 294 especies de aves encontradas en los monitoreos de los ultimos 10 años”, continuó el funcionario.
En la reserva, además, crecen todas las especies maderables del bosque tropical seco -afirmó Montes-algunas en peligro de extinción, como el caoba, el cristobal cachimbo y el laurel negro. Hay otras especies representativas como guanacaste, cenízaro, esbabel, guapinol y cortés amarillo.
También es un lugar donde se llevan a cabo relevantes investigaciones, como la del mono cara blanca, de la Escuela de Antropologia de la Universidad de Los Ángeles, que desde 1987 investiga la genética y fuentes de alimentación de esta especie. Otra estudia la vocalizacion de las loras nuca amarilla, que en esta zona es diferente de las loras de Rincón de la Vieja y Santa Rosa. Una trata sobre el pez zebra o pez burra, en el Río Cabuyo, uno de los pocos peces de agua dulce que es social y vive en grupos familiares.
Montes está bien enterado del posible cambio y afectación que se experimentaría en la reserva si se construye el PAACUME. “El área que se va a impactar es una área muy bien conservada; está retirada de la administración, como a ocho o diez kilómetros, de bosque maduro, bastante bien conservado”.
“Todo desarrollo, todo proyecto tiene su impacto. Ninguna labor de mitigación lleva al estado original del área que se va a impactar, por más que se cambie tierra por tierra, siempre va a haber una marcada diferencia”, expresó.
Manrique Montes Obando, administrador de la reserva.Dentro de Lomas Barbudal.
OET analizó sólo parte de los terrenos que se usarían para compensar
El informe de la OET explica primero que el sitio que sería afectado en Lomas de Barbudal tiene tres tipos de bosque: deciduo, secundario y ripario (asociado a las quebradas en el sitio). El bosque deciduo es de baja densidad y en él hay hay especies pioneras; el secundario posee mayor estructura y en él hay árboles dominantes; y en el ripario hay especies siempre verdes y con árboles dominantes y “es una de las asociaciones vegetales más amenazadas de la región”.
Sin embargo, desde un inicio, la OET advirtió que la finca con la que se pensaba compensar las 113 hectáreas que se inundarían de Lomas Barbudal -ASETREK-, no tenía ni bosque ripario, ni la misma riqueza de especies de plantas y vertebrados, porque era un sitio más perturbado, ambientalmente. Por lo tanto, la OET fue enfática en que se tendría que sumar otra finca llamada Brindis de Amor, que sí tenía bosque ripario; pero que además, se iban a tener que compensar las 113 hectaŕeas de Lomas, con 530 ha de ambas fincas.
Ahora el Gobierno asegura que sumará una tercera finca (Hacienda Ciruelas). Pero el informe de la OET no analizó la biodiversidad de Hacienda Ciruelas; propiedad recomendada posteriormente para poder sumar suficientes hectáreas de bosque.
Según el estudio dela OET, en el sitio de afectación hay cerca de 30 hectáreas de bosque riparo, que representa cerca del 11% de ese tipo de bosque que hay en toda la Reserva Biológica. “El sitio de compensación también es heterogéneo en cobertura forestal y cuenta con bosque deciduo, bosque secundario y zonas de pastizal y no forestales. Este sitio no dispone de bosque ripario”, concluyó el informe de la OET.
De acuerdo con las y los investigadores que participaron en el estudio de la OET, “las mayores similitudes se encontraron en la comunidad de anfibios, artrópodos de sotobosque, y aves, con 79%, 76% y 62% de las especies compartidas. En plantas leñosas y mamíferos los sitios sólo compartieron 55% y 50% de sus especies; mientras que en reptiles (39%), peces (34%) y plantas herbáceas (33%) se encontró el menor porcentaje de especies compartidas. Interpretamos estas discrepancias como indicativo de que hay diferencias importantes entre el sitio de compensación y el de inundación en composición de especies y que por lo tanto, se hace necesario incrementar el área a utilizar para resarcir las pérdidas en diversidad debido a los impactos directos del Embalse”.
En una reciente sesión informativa realizada en la Asamblea Legislativa, Patricia Quirós, gerente general del SENARA, reconoció que se les presentó una situación especial con el área a compensar, y que el Área de Conservación Arenal Tempisque (ACAT) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) recomendaron valorar otras propiedades, además de ASETREK.
El área afectada de Lomas Barbudal comprende 24.7 ha de bosque ripario, apuntó Quirós. Por eso es que el área a compensar de la finca ASETREK se amplió a 444,04 ha., para que incluyera 6.14 ha. de bosque ripario. A esto se sumarían 15.87 ha de bosque ripario de Brindis de Amor y 7.16 ha. de Hacienda Ciruelas , para total de 29.17 ha. de bosque ripario.
Dentro de Lomas Barbudal.
Humedal está bajo protección internacional
No obstante, Jorge Lobo, biólogo catedrático de la Universidad de Costa Rica, cuestionó el informe de la OET con el documento “Observaciones al Informe Línea Base de Biodiversidad OET – Lomas de Barbudal”. Lobo argumenta que “este análisis adolece de problemas teóricos y prácticos importantes, que deben ser conocidos por los funcionarios públicos que tienen en sus manos decidir sobre el primer caso de alteración de límites de un área protegida que se presentaría para realizar este proyecto”.
“El problema principal es establecer un principio de compensación, supuestamente cuantitativo, donde modificando el tamaño de un área de compensación se puede igualar el área perdida dentro de un área protegida. Las poblaciones o especies afectadas por la pérdida de un área protegida no necesariamente aparecerán, en su abundancia original en un área de compensación aunque se aumente muchas veces su área, porque al no existir en el área de compensación los hábitats y recursos requeridos por esta especie, y los núcleos poblacionales o las condiciones migratorias paragarantizar su repoblamiento, no se podrá compensar estas especies o poblaciones perdidas en el área protegida”, escribió.
Para Jorge Lobo, “sería muy peligroso que los legisladores consideraran este estudio como válido, porque esta práctica podría llevar a propiciar la afectación de los límites de más áreas protegidas, fundamentados en la compensación con fincas privadas de área mayor; pero con ecosistemas mucho más alterados de los protegidos”.
Lomas de Barbudal es también parte del humedal categoría Ramsar. La regla de la Convención Ramsar es que los humedales de importancia internacional deben mantener su designación y su extensión inicial y sólo en circunstancias realmente excepcionales debería considerarse cambiar esto.
Sin embargo, en el video informativo los impulsores del proyecto lo destacan como una especie de hito: “la investigación nos pone ante la primera experiencia país en modificar y compensar los límites de un sitio Ramsar”.
La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) también ha externado dudas sobre la forma en que se fijó la metodología para la compensación.
“Es conocido que la compensación es una medida que toman cuando los daños ambientales no se pueden evitar; pero en este caso está siendo usada de forma peligrosa para favorecer un proyecto empujado por intereses económicos muy fuertes”, afirmó Henry Picado, presidente de FECON.
“Es peligroso al ser la primera vez en la historia del país, en que se va a disminuir una reserva y podría sentar malos precedentes en terminos ambientales”, opinó Picado.
Según el artículo 38 de la Ley Orgánica del ambiente 7554: “La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”.
El Río Cabuyo.
Avanza proyecto de ley en la Asamblea Legislativa
De acuerdo con un comunicado de prensa del PAC, el proyecto de ley que modifica los límites fue mejorado a través de las mociones presentadas por la diputada Paola Vega, “a fin de garantizar que el área tenga categoría de manejo de ecosistema de humedal y se establezca con un Plan General de Manejo de Uso Sostenible y Racional, que permita su conservación por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)”. “Además, se aprobaron las mociones para que el 50% del canon de aguas vaya directo al Plan de Manejo y el sitio sea custodiado como Humedal de Importancia Internacional (sitio Ramsar)”, añadió.
Con respecto a si se analizaron otras opciones para el proyecto, Marvin Coto, director de ingeniería y desarrollo de SENARA, comunicó que “se evaluó un plan alternativo con la construcción de un túnel de más o menos 2 kilómetros, con salida adelante del río Piedra; sin embargo, se debió desestimar por una situación de carácter geológico, pues cruza una falla que hace imposible la opción de construir un túnel conforme a los estudios preliminares del ICE” (Dictamen legislativo).
Coto también recordó que el artículo 71 de la Ley de Biodiversidad establece el mecanismo para una declaratoria, modificación o cambio de categoría de un área silvestre protegida. La ley indica que para realizarse el cambio se debe elaborar un documento técnico que respalde cualquier tipo de afectación y que el artículo 72 del reglamento de la misma ley establece una serie de características o de condiciones que deben cumplirse en ese estudio para poder sustentar un eventual cambio de uso de suelo.
El artículo 72 del reglamento de la Ley de Biodiversidad también exige dos elementos adicionales de estudio para poder presentar el proyecto de ley y la propuesta de compensación. Uno es la existencia de recursos financieros para poder comprar esas fincas; y una consulta obligatoria a las comunidades cercanas como Falconiana, Bagatzi y San Ramón y contó con la participación del Alcalde de Bagaces. Según el expediente del proyecto, el anterior Ministro de Agricultura Luis Felipe Arauz se comprometió, mediante un oficio, a aportar los ¢1425 millones de colones que se requieren para adquirir las fincas ASETREK, Brindis de Amor y Hacienda Ciruelas. Hasta el momento no se pudo comprobar que este rubro está incluido en el presupuesto de la República.
Por otra parte, el Ministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez, señaló que la compensación o restauración ecológica del impacto ambiental que genere la obra “es totalmente factible y posee dos elementos fundamentales; uno, entender que esto es un proyecto de interés nacional; y dos, que los daños ambientales son predecibles, medibles, mitigables y compensables” (Dictamen legislativo).
“Por ese motivo, el MINAE tiene la certeza e interés de apoyar este proyecto de ley que utiliza el canon de aprovechamiento de agua establecido por el Artículo 70 de la Ley de Aguas, con el fin de proveer los recursos financieros para la implementación de las acciones de restauración ecológica tras la modificación de los linderos e introducir nuevos espacios a la Reserva Biológica Lomas de Barbudal”, agregó Rodríguez.
La investigación del CICA-UCR y del SFE se está realizando desde el 2015 y finalizará este 2018
Los expertos rindieron un informe a la Comisión de Ambiente, en la audiencia de este jueves 19 de julio
El Vicerrector de Investigación, Fernando García Santamaría, y los investigadores del CICA-UCR, Laura Brenes y Greivin Pérez, presentaron los detalles del estudio ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa este 19 de julio de 2018.
Los expertos del Centro de Investigación de Contaminación Ambiental (CICA-UCR) junto con el vicerrector de Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR), Dr. Fernando García Santamaría, presentaron ante los diputados y diputadas de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa los principales resultados del estudio “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña, para la implementación de buenas prácticas agrícolas”.
Los resultados parciales del estudio, elaborado por el CICA-UCR para el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), se dieron a conocer a la opinión pública el mes pasado. Estos revelaron la presencia de bromacil y otros plaguicidas como ametrina, hexazinona y diurón en ríos, quebradas, pozos y nacientes de las localidades de Aguas Zarcas, Pital y Venecia de San Carlos, Río Cuarto y Sarapiquí. Sin embargo, el estudio completo concluirá hasta diciembre de este año.
El Vicerrector de Investigación, Fernando García Santamaría, y los investigadores del CICA-UCR, Laura Brenes y Greivin Pérez, fueron los encargados de presentar los detalles del estudio ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa. En la fotografía se observa a los investigadores presentando los resultados parciales del estudio, en una conferencia de prensa el pasado junio (foto del Archivo ODI).
Los investigadores detallaron los puntos donde se tomaron las muestras tanto de ríos y quebradas (aguas superficiales) como de pozos y nacientes (aguas subterráneas) que pertenecen a varias Asadas de la zona. Al respecto, el investigador Greivin Pérez acotó que las muestras se tomaron antes de que el agua llegara a la red de distribución y previo al tratamiento por parte de las Asadas.
Bromacil: el plaguicida más detectado
El plaguicida bromacil fue detectado en todas las campañas de muestreo realizadas en aguas superficiales en el 2015, 2016 y 2017, en diferentes puntos de las quebradas Huevo y Pital, así como en diferentes puntos del río Toro y del río Cuarto que incluyen las quebradas Grande, El Suspiro y Sonora y el río Caño Negro. En total se tomaron en cuenta 22 puntos de muestreo de ríos y quebradas que atraviesan los distritos de Pital, Aguas Zarcas, Venecia, Río Cuarto y la Virgen de Sarapiquí.
El bromacil también apareció consistentemente en las aguas de pozos y nacientes durante todas las campañas de muestreo que se realizaron entre el 2015, 2016 y 2017, en las localidades de Veracruz de Pital, La Tabla (La Victoria) y Santa Rita (La Flor) de Río Cuarto. En total se muestrearon 10 puntos de aguas subterráneas que incluyeron La Tabla, Santa Rita (Nicrodal) de Río Cuarto, Cariblanco de Sarapiquí y La Legua, Palmar, Los Ángeles y Chirivico, en Pital.
Durante la comparecencia del 19 de julio de 2018, los diputados y las diputadas de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa consultaron los resultados del estudio presentado por el CICA-UCR.
Los investigadores del proyecto, Greivin Pérez y Laura Brenes, explicaron que en el 2016 cuando ya contaban con más datos de los muestreos realizados se reunieron con el presidente y el administrador de la Asada de Veracruz de San Carlos y con representantes del AyA y del Ministerio de Salud de la zona para informarlos. Asimismo, atendieron la invitación de la Alcaldía de la Municipalidad de San Carlos para referirse a este tema en el 2016.
De esa forma se respondió a la consulta de los diputados José María Villalta (Frente Amplio) y Mario Castillo Meléndez (Partido Acción Ciudadana), quienes consultaron si el CICA-UCR había informado los hallazgos de esta investigación a las Asadas de las comunidades que podrían estar siendo afectadas, como las de Venecia y Pital de San Carlos.
La Asada de Veracruz de San Carlos solicitó al CICA-UCR realizar más estudios en el agua que los abastece. Con estos resultados se tomó, en el año 2016 por parte del Ministerio de Salud, la medida sanitaria de cerrar dos pozos de la Asada, según admitieron los investigadores.
El mapa presentado por el CICA muestra los puntos donde se tomaron las muestras de aguas superficiales a lo largo de las subcuencas de los ríos Tres amigos, río Cuarto, río Toro y río Sahino, quebrada Pital.
Información clave
Ante las consultas de los diputados, los investigadores y el vicerrector de la UCR detallaron que desde el 2015, el CICA-UCR recomendó al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) elevar esta información a las autoridades competentes para que se tomaran las medidas del caso. En el 2017, el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG) Luis Felipe Arúz informó al Ministerio de Salud, no obstante, ellos manifestaron no tener conocimiento sobre las medidas que tomaría el Ministerio de Salud tras esta misiva.
Los diputados cuestionaron el manejo de la información sobre los resultados del proyecto, a lo cual el vicerrector de Investigación de la Universidad, Fernando García, aclaró que aunque la carta de entendimiento entre la UCR y el SFE para realizar el proyecto no incluye una cláusula de confidencialidad, sí existía un acuerdo verbal de que sería el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) la institución que manejaría la información y divulgación del estudio.
Por su parte, la diputada de Liberación Nacional Aida Montiel consultó si se han realizado más muestreos después de la prohibición del bromacil que hizo el Gobierno en mayo de 2017, tal consulta fue secundada por el diputado Villalta. Los investigadores del CICA-UCR aclararon que no se han realizado muestreos desde inicios de 2017 ya que el SFE decidió no hacer más, a pesar de que ellos recomendaron continuar con los estudios.
Para continuar recabando información sobre este tema, la Comisión de Ambiente, que investiga la contaminación provocada por el cultivo de piña en Costa Rica, recibirá en audiencia a representantes del Servicio Fitosanitario del Estado el próximo lunes 23 de julio.
En la actividad participarán científicos de países latinoamericanos y de España
Esta semana se reúnen en la UCR investigadores de América Latina y de España para analizar el impacto de la polinización en las áreas naturales protegidas y en la agricultura (foto del Archivo ODI).
Investigadores que conforman la Red Internacional de Servicios Ecosistémicos de Polinización y Dispersión en Áreas Naturales Protegidas analizarán los avances científicos en este campo en un simposio que se realizará en Costa Rica el 18 y 19 de julio.
El encuentro tendrá lugar de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en el auditorio de la Unidad de Conocimiento Agroalimentario (Ucagro) de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica, y estará abierto a la participación de funcionarios públicos, productores agrícolas y pequeños campesinos.
Un servicio ecosistémico de polinización se refiere a que las áreas protegidas naturales conservan las poblaciones de animales, incluidos los insectos que son los encargados de polinizar las flores del bosque. Estas especies a la vez polinizan los cultivos agrícolas de importancia económica y alimentaria. Por ejemplo, en Costa Rica, las plantaciones de aguacate y mora, entre otras, son producto de este proceso.
Eric Fuchs, profesor e investigador de la Escuela de Biología y organizador del encuentro, indicó que la Red de científicos internacionales se dedica a evaluar la importancia de los servicios que diferentes animales prestan a los ecosistemas y los beneficios para el mantenimiento y regeneración de las áreas naturales protegidas.
Asimismo, con esta iniciativa los investigadores pretenden estimar el impacto de los servicios de polinización y dispersión de semillas provisto por las áreas naturales protegidas a la agricultura.
Investigadores de la UCR y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impulsan este proyecto en varias áreas naturales protegidas de Argentina, Brasil, Costa Rica, España, Honduras y México, como parques nacionales y reservas. Estas áreas son sitios fundamentales para la conservación de la biodiversidad y para la productividad de los agroecosistemas.
Fuchs agregó que con el trabajo de la Red se trata de generar bases de datos de acceso público con información sobre la identidad de las especies de plantas silvestres, cultivadas y manejadas, sus polinizadores y dispersores y su dependencia de la polinización realizada por diversos animales.
El oleaje de la costa pacífica del país tiene la particularidad de venir desde Nueva Zelanda y es modificado en su trayectoria por las islas Galápagos
Entre los participantes en la instalción y revisión en la Isla del Coco, estuvieron Maikeel Pérez (guardaparque) y Ronald Víquez (Imares) (foto cortesía de Geiner Golfín).
Los modelos matemáticos más conocidos y utilizados para predecir oleajes y tormentas alrededor del mundo tienen un coeficiente de correlación del 0,99; en otras palabras, son 99 % correctos. Sin embargo, para la costa del Pacífico de Costa Rica su efectividad ronda el 0,70.
Esto se debe a que las olas que llegan a la región entre Guatemala y Panamá inician en Nueva Zelanda y Australia, es decir, atraviesan medio planeta y se convierten así en el oleaje más distante del mundo.
En este recorrido, antes de llegar a Costa Rica, las olas se encuentran con las islas Galápagos, las cuales funcionan como un rompeolas, modifican las ondas y dejan al país dentro de lo que se denomina “zona de sombra”.
Por este motivo, investigadores de la Unidad de Ingeniería Marítima de Ríos y Estuarios (Imares) del Instituto de Investigaciones en Ingeniería (INII), de la Universidad de Costa Rica (UCR), trabajan en la medición del oleaje que llega a la costa pacífica, para poder mejorar el modelo matemático y predecir con mayor exactitud las tormentas y oleajes que afectan dicha área.
Tal estudio, titulado Medición y caracterización del clima de oleaje en el Área de Conservación Marina Cocos, ya contaba con equipos de medición colocados en el puerto de Caldera, Puntarenas, y en Cabo Blanco, en la Península de Nicoya. Ahora, se cuenta con un equipo de monitoreo AWAC en el Parque Nacional Isla del Coco para recolectar más datos sobre el comportamiento del oleaje en la mencionada zona de sombra.
Las olas del Pacífico son bastante desconocidas a nivel mundial, explicó Georges Govaere Vicarioli, director del IINI, y aclaró que el problema es que “la zona de sombra no la pueden resolver los modelos matemáticos, hay modelos que pueden resolverla, pero si se usa a todo el planeta como formato de cálculo sería demasiado lento de calcular. Entonces se usan modelos simplificados que no calculan bien la zona de sombra”.
Govaere expresó también que las primeras veces que midieron y utilizaron equipo especializado se dieron cuenta de las fallas en las ecuaciones del modelo, ya que según estas, los buzos iban a poder estar tranquilos a 20 metros de profundidad, con el sedimento firme luego de 15 metros de la superficie. Sin embargo, en la práctica se enfrentaron a sedimento suspendido -que les dificultaba la visión- y a oleajes fuertes.
La investigación genera conocimiento útil para la toma de decisiones acerca del desarrollo de las costas del Pacífico. “El beneficio de conocer mejor el oleaje es que podemos hacer mejores predicciones de corrientes de resaca, de oleajes sobre las playas, si hay zonas de la operación de barcos con agitación en los puertos, si en algún lado el oleaje va a rebasar las calles cercanas y también estudiar la seguridad de las estructuras”, añadió Govaere.
Un ejemplo de lo anterior es el rompeolas de Caldera, que matemáticamente debería ser correcto y soportar el oleaje, pero que en la práctica ha sido destruido casi tres veces; esto es incluso objeto de análisis internacional.
“Si queremos construir puertos, rompeolas y demás estructuras, lo primero que tenemos que hacer es entender el oleaje”, concluyó el director del INII, pues no se conoce el origen de alrededor del 30 % de este fenómeno. Esto causa que en ocasiones se esperen tormentas grandes que no llegan, o tormentas pequeñas que resultaron más fuertes de lo que se calculó.
Luego de 36 horas de viaje, los investigadores llegaron a la Isla del Coco, punto estratégico entre las Islas Galápagos y Costa Rica (foto cortesía de Imares).
Por otro lado, las mediciones que se van a recolectar servirán para alimentar una base de datos que en el futuro podría utilizarse para otros estudios, como la investigación sobre energía undimotriz, aquella que se genera a partir del movimiento de las olas. Aunque la tecnología actual no está diseñada para soportar las condiciones del particular oleaje del Pacífico en la región centroamericana, el potencial del país para producir este tipo de energía es alto.
Los investigadores prevén recoger cada año los datos del equipo instalado en la Isla del Coco, mientras que la información obtenida por el equipo en Caldera se recibe por medio de ondas de radio, debido a la cercanía con la costa.
El proyecto Medición y caracterización del clima de oleaje en el Área de Conservación Marina Cocos está previsto para que continúe por tres años más, incluso los investigadores de Imares afirmaron que mientras tengan recursos seguirán realizando las mediciones.
Las mediciones
El equipo AWAC instalado tiene distintas formas de medir el oleaje: la primera es por medio de un sensor de ultrasonido que mide las ondas al rebotar con la superficie libre del agua; la segunda es gracias a un sensor que calcula la velocidad de partículas de agua a distintas alturas, según se mueve la partícula se relaciona con el oleaje; y la tercera forma es por medio de un sensor que valora las olas en función de si hay mayor o menor presión del agua.
Este tipo de mecanismos se consideran redundantes, ya que tienen procesos de medición de respaldo activos para evitar que se pierdan datos, en caso de que alguno falle por factores externos como, por ejemplo, un pulpo descansando encima del equipo –situación que ya ha ocurrido, comentaron los encargados del estudio–.
El proyecto ha contado con apoyo del Servicio Nacional de Guardacostas y del Cuerpo de Bomberos, además del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), por medio del grupo de guardaparques destacados en el Parque Nacional Isla del Coco, de los cuales cinco son coinvestigadores y colaboran con la seguridad del equipo instalado.
