El próximo jueves 26 de mayo el Fiscal General estará recibiendo a voceros de los Pueblos Originarios del Caribe y Zona Sur y organizaciones defensoras de derechos humanos, delegación que estará en diversas actividades en San José exigiendo justicia y un alto a la impunidad.
¡Acompáñenos, jueves 26 de mayo, 10 de la mañana en el Primer Circuito Judicial de San José!
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
Compartimos parte del material didáctico utilizado en el movimiento La CCSS Que Queremos (2011-2014), el cual, impulsó los Comités de Rescate de la Seguridad Social. Este movimiento produjo un documento que sistematiza las propuestas generadas con la participación ciudadana. El documento final (2014) puede consultarse aquí: https://wp.me/p6rfbZ-5f
A partir de las declaraciones del nuevo gobierno de Costa Rica en torno a permitir la importación de moléculas «modernas», nos parece importante reflexionar sobre el contexto actual de la utilización de este tipo de sustancias en el país, para contribuir a la reflexión crítica sobre las prioridades que debe tener una política pública en torno a este tema.
Por esta razón, queremos invitarles a tomar en consideración algunas dimensiones para profundizar ¿cuál debería ser el enfoque de esta política productiva? Por ejemplo, debería primar un supuesto beneficio económico sobre los procedimientos de inscripción, o debería replantearse su regulación y uso.
Les compartimos algunas notas de prensa que nos ayudan a enriquecer los insumos para la reflexión.
En el documento emitido por BUSSCO, se manifiesta lo siguiente:
BUSSCO-005-2022
San José, 12 de mayo del 2022
Doctor
Rodrigo Chaves Robles
Presidente
República de Costa Rica
Estimado señor:
Reciba un cordial saludo.
Nos hemos enterado por otros medios no oficiales del Bloque Unitario Sindical Costarricense BUSSCO, sobre la convocatoria enviada por la señora Zeidy Cedeño Guadamuz para una reunión el día jueves 12 de mayo 2022, a las 4:00 p.m. con su persona en Casa Presidencial. Lamentablemente el medio electrónico utilizado por la persona anteriormente mencionada desde Casa Presidencial para informarnos no es el medio oficial de comunicación que utiliza BUSSCO.
En la sesión plenaria del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense sostenida en horas de la mañana de hoy día, dentro de los acuerdos tomados se decidió respaldar la solicitud realizada por la Unidad Sindical en horas de la mañana hoy 12 de mayo en el que se le solicita una reunión con la totalidad de las organizaciones sindicales aglutinadas en ese espacio unitario.
No omitimos señalar que desde su candidatura presidencial el espacio de la Unidad Sindical por distintas vías hicimos gestiones para poder reunirnos con su persona, algo que finalmente no logró concretarse.
Agradecemos la invitación cursada para el día de hoy y lamentamos los inconvenientes que nos han impedido participar. Le ratificamos nuestro mayor interés de poder conversar con su persona en el menor tiempo posible, quedando a la espera de su invitación al conjunto de la Unidad Sindical.
Quedamos a la espera de su mayor atención al respecto.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
“Que la Presidencia de la República establezca un despacho en Casa Presidencial, con una autoridad con el carácter de comisionada, para presentarle todo tipo de denuncia de presunta corrupción y de irregularidades con fondos públicos y con tráfico de influencias que se hayan dado o que estén por darse en todas las instituciones del Estado, especialmente cuando se da la sucia connivencia de empresarios privados con funcionariado corrupto”.
Así, textualmente, lo indica el enunciado punto 19 (de 20), de la Proclama y Demanda Sindical (https://anep.cr/primero-de-mayo-proclama-y-demanda-sindical/) que se hizo pública el pasado domingo 1 de mayo con ocasión de la histórica conmemoración del PRIMERO DE MAYO, Día Internacional de la Clase Trabajadora; al dársele lectura integral a la misma, de manera pública y al aire libre, en la Plaza de las Garantías Sociales, al término de la manifestación de la corriente sindical en la cual milita ANEP.
Este planteamiento (y toda la Proclama y Demanda Sindical), será entregado, por escrito, a primera hora del próximo lunes 9 de mayo, en la Casa Presidencial, para que así quede constancia oficial del recibido.
La respectiva carta que contiene los 20 planteamientos se dirige al propio y nuevo Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles; así como al señor Primer Vicepresidente, don Stephan Brunner Neibig; y a la señora Segunda Vicepresidenta, Mary Munive Argenmüller.
Aparte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), también suscriben el documento las siguientes agrupaciones sindicales:
Asociación Sindical de Empleados de la Energía y de las Comunicaciones (ASDEICE)
Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP)
Sindicato de Trabajadores y de Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD)
Sindicato de la Defensa Pública (SINDEPU)
Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD)
Sindicato de Trabajadores del Tribunal Supremo de Elecciones (SETSE)
Sindicato de Trabajadores del CNP y FANAL (SIPRO-CNP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD)
Unión de Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)
Se ha considerado conveniente que, de esta gestión sindical, tengan conocimiento autoridades político-civiles como: el señor Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; la señora María Eugenia Zamora Chavarría, Presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); la señora Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes de la República; la señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Ministra de Trabajo y Seguridad Social; el señor Álvaro Sánchez González, Presidente del Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica.
También, se valoró como muy importante que las siguientes entidades conocieran este planteamiento sindical sobre el tema de la corrupción (y, por supuesto, el contenido integral de: la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), el Movimiento Cooperativo, el Consejo Nacional de Recortes (CONARE). De la misma manera, se difundirá en el amplio mundo de los movimientos sindicales y sociales.
Valga indicar que la Propuesta y Demanda Sindical, ya se ha hecho del conocimiento de cada una de las seis fracciones parlamentarias de la Asamblea Legislativa que entró en funciones el pasado domingo 1 de mayo.
Estaremos muy expectantes del contenido del mensaje presidencial de este 8 de mayo a ver si hay señales más concretas del nuevo mandatario en esto del combate a la corrupción.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Recientemente fue aprobada en Costa Rica una ley que penaliza con cárcel entre 20 y 35 años a quien cometa un crimen tipificado como “crimen de odio”.
Esta ley, que agrega un inciso al artículo 112 del Código Penal sobre homicidio calificado, define como crimen de odio “cualquier homicidio que suceda a causa de la nacionalidad, raza, edad, sexo, opinión política, situación migratoria, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad o características genéticas».
Constituye sin lugar a dudas un avance en la estructura normativa y legislativa del país pero las tareas pendientes siguen siendo supernumerarias.
Por ejemplo, esta aprobación ha coincidido con una denuncia interpuesta por un grupo de vecinos encabezados por el Comité de la Persona Joven de Palmares, cantón ubicado al occidente del país, en la que señalan el ensañamiento y violencia recibido por un hombre que actualmente lucha por su vida, dadas las heridas provocadas por otra persona.
Todo apunta a que su orientación sexual estuvo tras las causas de este hecho. Las autoridades judiciales, en cambio, han insistido en investigarlo como un aparente intento de asalto.
Entre la ley, la percepción, las creencias y la acción institucional hay un mundo de diferencia. Pasa con los femicidios, a los que la prensa insiste en señalar como “crímenes pasionales” o la xenofobia, que en mucho casos se reviste de “defensa a ultranza de nuestro país, de nuestro territorio”.
Hablar de odio en una sociedad construida históricamente igualitaria y pacífica como la costarricense implica desmontar los andamiajes de un mito que ya no se sostiene. Significa, por ejemplo, trabajar con los efectos que discursos de muy diversa naturaleza provocan en lo cotidiano y se entienden como reacciones que terminan siendo naturalizadas.
Hago mías las palabras de la antropóloga costarricense Natalia Villalobos, que en estos días reflexionaba acerca de la violencia en el lenguaje vertido en redes sociales a propósito del fútbol. Cito: “ Viendo Memes, videos y otras formas de comunicación propias de estos tiempos, de las cosas que una ve terribles en el fútbol es mostrar orgullo o reproducir «chistes» a través de alegorías sexuales «qué rico les dieron hasta debajo de las…!!!», «qué rico a tal equipo se la metieron toda ayer», «que buena c0g1d4, para que respeten», éstas no son expresiones inocentes o chistes forman parte de algo más grande que está muy normalizado «la cultura de la violencia» y dentro de ellas la «violencia sexual», esa que busca castigar o aleccionar a través de actos sexuales…No dudo que muchas personas van a defender esas formas de comunicación… van a decir que soy exagerada pero no, es muy alarmante ver esas formas de violencia”.
Coincido con Natalia. Es alarmante el tipo de violencia que se enquista en la aparente democracia comunicativa de las redes sociales. Por ello el trabajo es amplio. Allí donde exista discriminación por nacionalidad, clase, género, nacionalidad, etnia, orientación sexual tanto en el lenguaje como en la práctica, se debe trabajar en restablecer las bases de una convivencia horizontal que hace mucho tiempo perdimos.
La violencia inicia justamente con los discursos y luego pasa a las prácticas, normalizadas muchas veces bajo una pasivo agresividad colectiva que todo lo naturaliza.
Si queremos ser recordados por ese mito de la igualdad y el pacifismo, empecemos por construirlo. Empecemos hoy.
La Organización Interseccional Pro Derechos Humanos le invita a participar de la conferencia: “¿El cambio climático promueve o atenta contra los DH de los grupos históricamente vulnerabilizados?”, que se realizará este jueves 28 de abril a las 7 pm, por medio de la plataforma Facebook Live.
En el programa Alternativas del viernes 22 de abril de 2022, se abordaron temáticas relacionadas con la Celebración del Día de la Tierra. Se contó con la participación de los siguientes invitados:
Andrea Chaves, profesora de la Escuela de Biología de la UCR
Guillermo Alvarado Induni, geólogo del Comisión Nacional de Emergencias y profesor de la UCR
Rolando Álvares, ing. oceanólogo
Indira la Rosa Arrieta, filósofa y vitalista
Alberto Rojas Rojas, director de la Escuela Ecuménica Ciencias de la Religión, UNA
Marcony Lacayo Elizondo, Indígena Maleku Guatuso Zona Norte, director de la Asociación Indígena de las 8 etnias de Costa Rica
En este programa, se discutieron la importancia de proteger la tierra y las responsabilidades de la población, las organizaciones multinacionales, y del estado para el cuido de la misma. Cada invitado hizo una presentación sobre la Tierra desde la perspectiva de su especialidad.
Se le invita a ver el programa transmitido en Facebook Live, o a escuchar el programa Alternativas todos los viernes por Radio 16, 1590 AM.
Compartido con SURCOS por el Colectivo Reflexión-Acción.
El día 6 de marzo de 1970, ingresé a Estudios Generales en la Universidad de Costa Rica. Semanas después, el 24 de abril me tocó ser testigo presencial del proceso de aprobación del contrato Ley, que le permitiría a la transnacional, “Aluminum Company of Costa Rica”, la extracción de bauxita en la zona de Pérez Zeledón. La iniciativa contó con la aceptación de la administración Trejos Fernández, y el apoyo de la mayoría de diputados(as) en la Asamblea Legislativa, recinto parlamentario que estaba colmado de “protestantes”, la mayoría estudiantes de Secundaria y de la UCR, además de grupos organizados de la sociedad civil, sindicatos, comunalistas. Se calculó que circularon 27 mil personas.
“…al aprobarse el proyecto en horas de la tarde, muy tarde, se desconectó el fluido eléctrico en el Parlamento, los diputados quedaron a oscuras, empiezan a arder las cortinas de los ventanales, los vidrios sucumben a las pedradas de la muchedumbre; la basura fue esparcida en el recinto…”
Miles de estudiantes abarrotaron las calles; la policía hace lo propio: garrote, gases y represión, cientos de detenidos. Marcha y protesta en las vías josefinas.
El proyecto de ley días después es archivado, la empresa ALCOA abandona el país.
En ese contexto y como telón de fondo el pensamiento y las oleadas de la izquierda en boga, encontraron eco en los movimientos sociales del medio; la prescripción de la izquierda costarricense como resultado de la guerra civil del 48, además la “guerra fría” y la tirantez político ideológica se esparce como sombra viva en el país y sobre todo en el pensamiento crítico de maestros y profesores; la Revolución Cubana era quimera y sueños de los jóvenes de la época.
El movimiento sindical en su conjunto, fue sorprendido por los acontecimientos …La ANEP y su dirigente Marco A. Castillo Rojas recuerda:
“…participamos con lo de ALCOA, algunos empleados públicos estuvieron presos, movilizamos gente a la barra legislativa, contratamos buses para la movilización…” (entrevista, agosto 2007).
La lucha no fue en vano. Cinco años después fue modificada la Constitución Política para prohibir los contratos-ley.
Hoy no es ALCOA, la imposición viene de los bancos acreedores como el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, al igual que en el año 1970 el gobierno se doblega ante los imperios comerciales y tratados de usura casi colonialista.
Desde este 20 de abril, se reúne en Santiago de Chile la primera reunión de Estados Partes al Acuerdo de Escazú (o COP1 por las siglas en inglés de «Conference of Parties«).
Esta cita, a la que participan los 12 Estados que son Estados Parte al Acuerdo de Escazú (véase estado oficial de firma y ratificaciones), coincide con las celebraciones del Día Internacional de la Tierra (22 de abril) y viene acompañada de una lista de eventos paralelos organizados desde la academia y la sociedad civil extremadamente variados y muy diversos: de alguna manera, la capital de Chile se viste de verde y de esperanza después de muchos años.
El caso de Chile: una muy pronta rectificación
Como se recordará, el pasado 18 de marzo, el nuevo Presidente de Chile firmó el Acuerdo de Escazú, dando así inicio a una campaña en pro de una pronta aprobación y ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de Chile.
En una ceremonia muy emotiva, la máxima autoridad chilena sentenció que «Nos hemos demorado más de la cuenta» en su discurso, permitiendo así a Chile enmendar un craso error de lectura de su antecesor en el cargo: el cual se empecinó en presentar «argumentos» indefendibles e insostenibles para no firmar este importante instrumento internacional regional. Las dos cámaras de Chile están a partir de esta fecha ambas abocadas a tramitar una pronta aprobación de manera que Chile rectifique cuanto antes la total incoherencia de la administración anterior.
Esta magnífica jornada en el Palacio de la Moneda en Santiago permitió ir cerrando el triste paréntesis para los derechos humanos y el ambiente que significó para Chile el período (2018-2022), e ir abriendo una nueva etapa que reafirme su indiscutible liderazgo en la región en materia ambiental y en materia de derechos humanos.
El caso de Costa Rica: un panorama cargado de nubarrones
Con relación al otro Estado que co-lideró con Chile las negociaciones del Acuerdo de Escazú durante 5 años, 7 meses y 7 días, Costa Rica, tenemos una situación bastante diferente: sus congresistas siguen presionados por las cúpulas empresariales costarricenses, que desde el 2020 se oponen frontalmente al Acuerdo de Escazú con base en supuestos «argumentos«. Al respecto, diversos intentos en aras de debatirlos públicamente (abril del 2021, mayo del 2021, junio del 2021) con académicos y especialistas en materia ambiental han fracasado. Al parecer enviar comunicados a los congresistas contra el Acuerdo de Escazú y rehuir constantemente el debate público sobre sus supuestos «argumentos» pareciera ser la tónica de algunos sectores en Costa Rica.
El resultado electoral del pasado mes de abril indica que las posibilidades de ver pronto el Acuerdo de Escazú aprobado en Costa Rica se han ido desvaneciendo. En días recientes, un muy completo artículo sobre Costa Rica y el Acuerdo de Escazú (cuya lectura recomendamos) hace ver la gran deuda que Costa Rica acumula con relación a otro sector cuyas legítimas reivindicaciones pasaron totalmente ignoradas por ambos contendores durante la segunda vuelta electoral: las comunidades indígenas costarricenses.
El pasado 4 de marzo, fecha en la que el Acuerdo de Escazú cumplió 4 años en medio de un silencio bastante notorio, tanto en medios de prensa como en otros espacios, indicábamos que Costa Rica estaba aún a tiempo de reconsiderar el hecho que no es Estado Parte al Acuerdo de Escazú: un tratado innovador en la región y que ya ha sido ratificado por 12 Estados de América Latina y el Caribe, entre los cuales Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay.
Manifestación frente al Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (así como se lee) de comunidades afectadas por la insensata expansión piñera en Siquirres. En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió el uso de bromacil. Foto perteneciente a los archivos del autor.
En un importante evento realizado por la misma CEPAL en Costa Rica el 8 de marzo sobre el Acuerdo de Escazú, se asoció al BCIE, al BID, al BIE, al Banco Mundial y a la OCDE en aras de explicar los alcances del Acuerdo de Escazú a los delegados de América Latina y del Caribe presentes a la cita, incluyendo a representantes de cámaras empresariales costarricenses (véase enlace con invitación y programa detallado). Por alguna razón que, desde nuestro punto de vista ameritaría ser explicada y conocida, el comunicado de prensa de CEPAL y el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica sobre esta importante reunión pasaron totalmente desapercibidos en los principales medios de prensa costarricenses.
Sobre silencios y preguntas lanzadas al aire sin respuestas
Más allá de los silencios que pareciera lograrse a veces obtener en el espectro mediático, recientemente, desde el medio digital costarricense de de Delfino.cr, nos permitimos externar algunas preguntas sencillas a diversas cámaras empresariales costarricenses y a su fichas políticas: preguntas que, a la fecha, no nos han querido contestar (al parecer la discusión y el debate no son la tónica de algunos en Costa Rica).
Lo interesante es que al no conocerse de ninguna cámara que haya desdecido públicamente las aseveraciones en contra del Acuerdo de Escazú hechas por sus homólogas, pareciera que estamos ante algo más que una simple tónica.
En un artículo publicado el pasado 18 de marzo en Costa Rica, fecha en las que se conmemora también, en Costa Rica, la muerte de Sergio Rojas, líder indígena asesinado en Salitre el 18 de marzo del 2019, señalamos que:
«Para quienes, en Costa Rica, pero también en Colombia, en El Salvador, en Honduras, en Paraguay y en Perú siguen dudando del Acuerdo de Escazú, podrán observar que a partir de mañana no sale huyendo de Chile la inversión extranjera, ni se crea inseguridad jurídica, ni la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental invade el derecho penal chileno poniendo en entredicho el principio de inocencia y el Estado e Derecho. Nada de esto que prevén las cámaras empresariales que va a ocurrir si Costa Rica ratifica el Acuerdo de Escazú se observó en ninguno de los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú: ni en Argentina, ni en Bolivia, como tampoco en Ecuador, ni tampoco en México, y mucho menos en Panamá«.
A modo de conclusión
No quisiéramos concluir estas breves líneas sin externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una reciente entrevista en la televisión universitaria, nuestra profunda admiración por su labor incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe.
El Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena. Le deseamos desde ya muchos éxitos en sus nuevas funciones en la administración del Presidente Gabriel Boric: estamos seguros que Chile será el próximo Estado en aprobar este innovador tratado regional.
(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
