Posición de la representante sindical en la CCSS respecto a la Reforma al IVM:
Los sistemas públicos de pensiones deben contribuir a la eliminación de las diversas formas de exclusión y la desigualdad, estableciendo mecanismos de justicia distributiva, de protección social solidaria y universal.
En este contexto deben garantizar la protección y la suficiencia de las prestaciones, aunado a políticas de mercado laboral que formalicen el empleo, eviten las limitaciones al aseguramiento, acciones para evitar la enorme evasión y morosidad a la Seguridad Social.
Como principio fundamental, el sector sindical ha considerado que no se puede discutir de pensiones que afectan a los jóvenes, sin los jóvenes, sin las mujeres, sin los grupos étnicos y de otros sectores fundamentales de la sociedad costarricense.
Asimismo, fue plenamente demostrado por el Instituto Nacional de las Mujeres que hay una segregación laboral, que las mujeres se ubican en sectores de la economía en donde los salarios son inferiores y el mercado laboral está más saturado. Ganan hasta un 27% menos que los hombres, con trayectorias laborales interrumpidas, desconocido su trabajo reproductivo, productivo y de cuido. trabajan 70 horas semanales. ¡No se puede tratar igual lo que es desigual,
Aumentar la edad de jubilación, solo aplaza el ingreso de los jóvenes al mercado laboral, perjudicando a ese sector mayoritariamente desempleado.
Solo una de las fórmulas disminuye hasta en un 5% el monto de la pensión y hasta un 15% en total. No hay ninguna gradualidad en las propuestas que están siendo apoyadas mayoritariamente.
Finalmente, las propuestas promovidas por la gerencia de pensiones no acogieron ninguna de las propuestas de los sectores sindicales y sociales, descargando, exclusivamente, sobre los hombros de las personas trabajadoras el costo de la reforma, cuyas medidas son regresivas y limitan la realización efectiva del derecho una jubilación decente, en caso de invalidez, vejez o la muerte del afiliado al sistema.
Por tanto, atendiendo la visión y mandato de sindicales sociales y las personas trabajadoras, reunidas el día de ayer para este tema respecto a las reformas paramétricas mi voto será en contra.
SURCOS comparte el siguiente comunicado: COMUNICADO DE PRENSA
Pensiones IVM: Contubernio de INAMU, Gobierno y directivos de la CCSS • Nefasta intervención política y violación a la autonomía de la Caja.
Es lamentable que Marcela Guerrero la ex diputada del PAC en el gobierno anterior, hoy Ministra de Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del INAMU, justificando resolver las finanzas de la Caja, junto a Casa Presidencial y Jaime Barrantes Espinoza de la Gerencia de Pensiones, hayan tramado la propuesta para aumentar la edad para pensionarse a las mujeres, pasando de 59 años y 11 meses a 62 años y a los hombres de 62 a 65 años.
Así queda comprobado el nefasto antecedente de la intervención política y la violación a la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al confabularse este acuerdo para subir la edad para pensionarse a todas las personas trabajadoras, cotizantes independientes y voluntarias, que cotizan más de la mitad de sus vidas para tener derecho a una pensión cada vez más precaria para unos y miserables para otras. La reforma impulsada por el PAC y sus tres representantes en la Junta Directiva de la Caja, incluyendo al presidente Ejecutivo, más los tres representantes del sector empresarial y el voto del sector Solidarista, ausentándose el representante cooperativista minutos antes de la votación, tuvo solo el voto en contra la compañera Martha Rodríguez, representante del movimiento sindical. Con esto acuerdan una reforma de pensiones al mejor estilo neoliberal y dictatorial, negándose a constituir una mesa de diálogo nacional sobre este delicado tema y negarse a analizar más de 400 propuestas presentadas por el movimiento sindical y otros sectores sociales.
De esta manera las reformas única y exclusivamente la pagan muy caro los hombres y mujeres y se exime en su totalidad hacer aporte alguno al gobierno y al sector empresarial, quienes una vez más en esta crisis, salen favorecidos.
Apunten y no olviden esto, no es más que la tiranía política empresarial, que, con el contubernio de acólitos, le pasan el martillazo a aproximadamente millón y medio de l trabajadores y trabajadoras que cotizan para el Sistema de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Para más detalle puede comunicarse con Luis Chavarría Vega, Coordinador de BUSSCO y Secretario General de UNDECA al 8367-27-37 o al 2223-12-32.
El video al final de la nota es difundido por Jubilados en Acción, y se encuentra en el canal de Youtube del investigador Federico Sobrado. En este material se expone el conflicto que gira en torno a la administración indebida del fondo del Magisterio, que tiene su exposición masiva a principios de los años 2000 ya que se hace popular el concepto calificativo “pensionados de lujo”.
A estas personas se les responsabiliza de la crisis fiscal, la desigualdad, la pobreza, el alza de impuestos y el desempleo. El término “pensionados de lujo” hace referencia a esas personas que pueden retirarse antes de tiempo, recibir montos elevados sin haber cotizado lo suficiente o heredar las pensiones a sus hijos. En el video, se explican los regímenes de gracia y cómo estos beneficios han sido adoptados por la clase política, diplomática y docente.
Este material es un producto de Prisma Latinoamerica y Jubilados en Acción, la investigación y edición fue llevada a cabo por Federico Sobrado y Fernanda León.
Le invitamos a ver, difundir y compartir el video:
El SEC exige como parte de la Mesa Patriótica «Unidos por la Vida» se aplique ya la segunda dosis para el Magisterio Nacional en el esquema de 21 días como se estaba realizando anteriormente.
SURCOS comparte el siguiente comunicado:
El SEC exige como parte de la Mesa Patriótica «Unidos por la Vida». se aplique ya la segunda dosis para el Magisterio Nacional en el esquema de 21 días como se estaba realizando anteriormente.
El SEC como miembro de la Mesa Patriótica «Unidos por la Vida», exige al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación Pública que se adelante la aplicación de la segunda dosis para el Magisterio Nacional. Creemos que los tres meses que se dan entre una dosis y la otra no dan la suficiente seguridad de inmunización para que nuestra comunidad educativa no se contagie. Es necesario volver al esquema que mantenía los 21 días después de la primera.
No comprendemos por que el gobierno mantiene una gran lentitud por vacunar totalmente a la población. Mientras esto no suceda continuará el rezago en la implementaron de políticas de reactivación económica.
La Mesa Patriótica “Unidos por la Vida” reitera su responsabilidad ciudadana de apoyar el proceso de vacunación para el logro a corto plazo de la inmunización de la población y la gestión integral de la pandemia.
SURCOS comparte el siguiente comunicado enviado a nuestra redacción:
A la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social ha sido trasladado el expediente para consultar el Proyecto de Ley que pretende condonar millonarias deudas a grandes políticos y empresarios evasores, utilizando sus intenciones detrás de personas cotizantes independientes y pequeñas empresas que adeudan la cuota obrera y patronal, Ley de protección al Trabajador (LPT) intereses, servicios médicos prestados y multas.
Este proyecto es inconstitucional, según los criterios emitidos por la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la República donde se indica que ni el legislador, ni la misma administración de la Caja puede condonar deudas a la institución.
La inconstitucionalidad reside en que usar los dineros de la Seguridad Social para fines distintos violenta el Artículo 73 de la Constitución Política. Entre los criterios de la Procuraduría se encuentra el OJ-28-2011, OJ-069-2020, OJ-105-2020 que indican; “(…) no puede obviarse frente a condonación propuesta que, en orden a las deudas por cotización de la Seguridad Social y sanciones conexas, hemos insistido que, por el destino constitucionalmente prefijado que tienen dichas contribuciones, la Caja nos solo tiene la potestad de perseguir las sumas adeudas, sino el deber constitucional y legal de emprender todas las acciones procedentes en Derecho para tal fin. De modo que cualquier omisión de la Caja en ejercitar las acciones cobratorias-administrativas o judiciales-, desconocería ilegítimamente preceptos constitucionales y legalmente establecidos al efecto. E igual situación podría presentarse si se decide condonar las deudas a favor de la Seguridad Social. Violación constitucional que también podría producirse si el legislador autoriza esa condonación.”
El Proyecto de Ley propuesto no busca beneficiar a los verdaderos trabajadores independientes, sino a políticos, diputados y grandes empresarios que se afilian como independientes, y otros patronos, sin que se analice su capacidad de pago y otras alternativas que no sean inconstitucionales.
Recordemos que la evasión del pago de las cuotas obrero patronales y del Estado, incide en la calidad de los servicios y la atención a las personas aseguradas, en las listas de espera, la falta de personal, de camas y equipo, así como de infraestructura hospitalaria. Frente a la Pandemia del Covid-19 las instituciones de salud pública y sus trabajadores y trabajadoras, han sido vitales y son la primera línea de defensa de la vida.
La Unión Nacional de empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, se opone contundentemente a este proyecto de ley por cuanto significaría un fuerte golpe a las finanzas de las instituciones de salud pública, de la Caja, y un portillo para quienes buscan su privatización.
En Costa Rica los grupos de poder, los cuales se han apoderado de los principales espacios de decisión política en las instituciones estatales, no cesan de darle golpes contundentes a la clase trabajadora y a la organización misma del Estado.
El ejemplo más reciente es la modificación del Régimen de Pensiones de la CCSS, con el cual se eliminará la posibilidad de obtener una pensión anticipada y la cantidad de pensión que recibirán las personas, cuando se acojan a este derecho.
Si asociamos a esto las modificaciones al retiro del ROP, podemos decir que los grupos de poder no solamente están hipotecando el país para sanear las finanzas públicas de sus propias cochinadas, sino que para hacerlo, nos están dejando a las y los costarricenses sin la posibilidad de contar con una pensión digna en la vejez o en eventuales enfermedades o condiciones generadas por accidentes que nos imposibiliten trabajar.
Pero si nos detenemos a pensar un poco, ¿cuál es la verdadera causa de la vulneración del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte de la CCSS? Si bien es cierto que está aumentando la población adulta y disminuyendo los segmentos poblacionales de personas jóvenes, la verdadera causa de este problema es la mala administración de los fondos de pensiones que los mismos grupos de poder han promovido para lograr dos objetivos: a. debilitar la institucionalidad pública que garantiza la democracia costarricenses y promover su privatización; b. desfalcar los fondos públicos y apoderarse de ellos como si fueran aves de rapiña, avariciosas e insaciables.
No debemos olvidar los escándalos históricos y recientes en los que se ha visto involucrada la administración de la CCSS, pero tampoco podemos caer en la trampa de pensar que esta institución no sirve o que sus funcionarias y funcionarios (a saber, empleadas y empleados públicos) son los culpables de esta situación.
Si la CCSS no fuera una institución funcional para la democracia costarricense, no fuera uno de los baluartes de nuestra identidad nacional y nuestra calidad de vida. Por otro lado, los casos de corrupción en la CCSS no son el resultado del ingenio de funcionarias y funcionarios rasos, sino de altos jerarcas, cuyos puestos muchas veces obedecen a favores políticos. De ahí que sean los mismos grupos de poder los que debilitan las instituciones, colocando personas corruptas para desfalcarlas y a la vez los que nos dicen que estas instituciones no sirven y que deben ser privatizadas. Sin embargo, sería muy ingenuo arrancar una de las plantas que da mejores flores o frutos en nuestro jardín, simplemente porque tiene una maleza, en lugar de arrancar la maleza y permitir que la planta crezca más fuerte y bonita.
Y es esta lógica de debilitamiento de las instituciones, tercerización de servicios y privatización la que realmente es la culpable de que regímenes que brindan seguridad social al pueblo costarricense, como lo es el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte, se vean vulnerados financieramente.
No debemos olvidar que la evasión de pagos de grandes empresas e incluso de la administración neoliberal que ejercen los grupos de poder en el Estado, son los que tienen en jaque a la CCSS. No debemos dejar de lado el hecho de que estos mismos grupos de poder están interesados en que los patronos no paguen o paguen menos dinero de cuotas obrero-patronales. No debemos dejar en el olvido escándalos de corrupción como el de Caja-Fischel. Esto porque quienes administran actualmente la CCSS, en nombre de los grupos de poder más retrógrados de los últimos 70 años, pretenden dejar todo esto en el olvido y salirnos simplemente con el cuento de “no hay plata” y “la plata no alcanza” para aplicar medidas paliativas al régimen. Medidas que recaen sobre los hombros de las clases trabajadoras, sin asumir la responsabilidad histórica de sus actos intencionales de mala administración del Estado y de los fondos públicos.
Es ante este panorama que el pueblo costarricense no debe callar. Basta ya de agachar la cabeza y seguir recibiendo palo porque el pueblo no es ningún esclavo de los grupos de poder. El estado surge y vive porque es una asociación de una multitud de individuos libres que se convierten en un pueblo, a partir de un contrato social por medio del cual se funda un Estado para velar por el bien común y no por los intereses de unos cuantos avariciosos e insaciables.
El Estado costarricense debe ser un estado democrático y no una oligarquía o una plutocracia. Para eso es necesario que el pueblo asuma su cuota de poder y active los mecanismo de democracia participativa que yacen en la doctrina fundamental de la democracia para exigirle a los grupos de poder que retrocedan en sus intenciones de empobrecernos y dejarnos sin nada.
El Frente Nacional por la Seguridad Social FRENASS, se suma a la convocatoria que hace UNDECA para unirnos en una gran Concentración en rechazo a la nefasta decisión de la Junta Directiva de la CCSS de reformar el Régimen de Pensiones IVM y contra la tiranía Política empresarial y de Gobierno. Unidad y lucha contra el modelo neoliberal y patriarcal pues esta reforma afecta de manera particular a las mujeres y deposita todo el peso de la enmienda en el Sector Trabajador.
Se convoca el día jueves 19 agosto a las 9 am, Contiguo a JUPEMA, San José.
El 13 de agosto el señor Juan Carlos Durán Castro, dirigente sindical del sector salud envía un mensaje sobre el régimen de pensiones de la CCSS, en el cual indica que vamos hacia una población adulta mayor empobrecida y con una vejez indigna. Invita a los compañeros de la Caja Costarricense del Seguro Social, a los compañeros del sector privado, hombre, mujeres y colectivos sociales a que se unan y generar una campaña nacional a favor de una revisión de ese acuerdo y a favor de la gradualidad para que el golpe sea distinto al que le van a dar al pueblo.
Se centraron en aspectos relacionados al estado social de derecho
Con el objetivo de abrir un proceso de reflexión, la Rectoría y el área de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), están organizando las jornadas de análisis del dictamen de la Sala Constitucional del proyecto de Ley Marco del Empleo Público.
La primera sesión se dedicó a conocer los alcances del dictamen en relación con el empleo público y al estado social de derecho. Se contó con la participación de la Dra. Rosaura Chinchilla Calderón, docente de la Facultad de Derecho y del Dr. Alfredo Chirino Sánchez, decano de la Facultad de Derecho. El espacio fue moderado por el Dr. Constantino Urcuyo.
Para la Dra. Chinchilla el primer aspecto que se debe analizar profundamente es si el proyecto de ley es una iniciativa relativa exclusivamente al empleo público o si lo que pretendía, sin decirlo abiertamente, era un rediseño del marco estatal que establecieron los constituyentes. Ya que esto último no se hace mediante una ley, si no a través de una reforma constitucional, que tiene un trámite distinto.
Además señaló las 4 grandes líneas a través de las cuales el proyecto buscaba regular las relaciones en todo el sector público. El salario global, un sistema único de definición de perfiles de puestos y gestión del desempeño, la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplan) y la objeción de conciencia.
También explicó que parte de la discusión en la Asamblea Legislativa partió de la interpretación que se le quiso dar a los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, pues se asumió que se podía unificar en un solo régimen todo el sistema de empleo público.
No obstante, hay que considerar que estos artículos se introducen en un sistema normativo en donde se consagran una serie de principios, que en consecuencia, desde el mismo texto constitucional se genera un choque con la posibilidad de que haya un solo régimen para todo el aparato estatal.
En primera instancia, el país se denomina como una República, lo que significa que existe una división de poderes, los cuales son independientes y no pueden delegar sus funciones.
En contexto en el que surge la Constitución Política de 1949, hace que los constituyentes se planteen una serie de autonomías que incorporan en el texto para evitar la concentración del poder.
Además, el sistema constitucional, tiene que convivir con una serie de normas relacionadas con derechos humanos que Costa Rica ha asumido voluntariamente, como por ejemplo los tratados con la Organización Internacional del Trabajo o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que respaldan garantías relacionadas a la independencia judicial, la negociación colectiva y los derechos adquiridos.
En relación al dictamen de la Sala Constitucional, la jurista explicó que las consultas que se hicieron fueron por temas de fondo, por lo que el pronunciamiento no es vinculante, sin embargo si va a ser una grave advertencia de que si el texto se aprueba así como está y alguien alega inconstitucionalidad, en alguno de los artículos que la Sala encontró inconstitucionales, la acción se va a dictaminar positiva.
También aclaró que el fallo que se emitió no significa que el proyecto sea constitucional, pues la Sala Constitucional solo se está pronunciando sobre lo que se le consultó.
Sobre los temas que sí se le consultaron encontró 35 inconstitucionalidades de fondo, la mayoría relacionadas a la rectoría del Mideplan.
“Considera que en efecto, tal y como lo dijeron las universidades, los rectores, el Poder Judicial, el proyecto tiene la virtud, entre comillas, de ser una reforma estatal encubierta, que rompe las autonomías y las independencias establecidas por los constituyentes y que solo podía requerir una reforma constitucional que no se hizo”, recalcó Chinchilla.
Para la abogada, en este momento, buena parte de la autonomía universitaria queda a resguardo, aunque todavía hay temas delicados que se mantienen dentro del proyecto de ley a los que hay que prestarles atención, que van a tener impacto en las distintas instituciones autónomas si oportunamente no se hacen las consultas constitucionales respectivas.
Inconstitucionalidades encontradas no son poca cosa
Por su parte, el Dr. Alfredo Chirino, decano de la Facultad de Derecho, expresó que éste es uno de los proyectos que en las últimas décadas, de manera directa, pretendía impactar el sistema de división de poderes y a instituciones muy importantes en la estructura constitucional.
“Describir los alcances de un fallo constitucional a veces obliga a interpretar los signos que una sentencia de esta naturaleza e importancia nos revela. Esos signos nos permiten intuir que el máximo interprete de la Constitución se vio en aprietos para analizar ese texto legal, porque ha estado rodeado de intríngulis políticos, económicos, pero las mas de aquellas que llegaron al contexto de esta sentencia, son las que tienen que ver con el diseño del estado de derecho y por supuesto de órganos e instituciones que son importantes para la República”, destacó Chirino.
Según el Decano, hay un discurso que se ha divulgado en algunos medios de comunicación y por algunas otras personas de que las 35 inconstitucionalidades señaladas por la Sala Constitucional son poca cosa. Sin embargo, para él, la Asamblea Legislativa tendrá que hacer un análisis profundo para determinar qué aspectos están realmente afectados por esas inconstitucionalidades, labor que no será fácil.
De esta manera, la primera lectura que hay que hacer del por tanto, es contraria a esas perspectivas, pues la Sala ha decidido sostener los pilares fundamentales del Estado de Derecho, como son las autonomías municipales, la universitaria, la del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Lo que es importante, ya que durante el proceso de debate del proyecto de ley, hubo instantes en los que parecía que todo lo que forma parte esencial de la República estaba disponible para el mejor postor y era elemento de negociación.
Señaló además, que en el fallo se reconocen las intromisiones que hubo en las esferas de los poderes de la República,tal como lo planteó la Corte Suprema de Justicia.
Recordó que aunque el fallo no es vinculante, si la Asamblea Legislativa tratara de aprobar el proyecto tal y como está, esto tendría consecuencias importantes para el país, incluso se podrían sumar a la discusión jurisdiccional órganos internacionales.
Para Chirino, queda ahora esperar la justificación de por tanto, pues este fallo va a sentar elementos muy importantes que van a orientar el desarrollo del pensamiento constitucional costarricense de los próximos años.
Puede ver la sesión completa en el siguiente enlace.
Andrea Marín Castro Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Imagen: La Asamblea Legislativa está ahora a la espera de que la Sala Constitucional entregue el fallo completo. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
Las dirigencias SINAE AFINES envían un mensaje a las señoras y señores diputados, sus partidos políticos y sus candidatos presidenciales donde les indican que los trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social y sus familias estarán pendientes de lo que se haga con el Proyecto de Ley Marco del Empleo Público.
Compartimos el mensaje completo en el siguiente enlace video:
