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Los ataques a la Educación Pública – Desde la Otra Acera

Esta semana en Desde la Otra Acera, el Secretario General de APSE nos ofrece el editorial “Los ataques a la Educación Pública”, donde explica cómo el Gobierno y algunas fracciones de la Asamblea Legislativa le han jugado sucio a la Educación Pública.

Contamos con la participación de Marvin Padilla, Martha García y Jackeline Ureña, docentes que relatan los impactos de los recortes a la educación, y también nos acompaña el asesor legislativo Jonathan Acuña para entender la naturaleza de esos recortes.

Además, en el vox populi conversamos con algunas madres y padres de familia, sobre las condiciones de la Escuela Santa Marta en San José. Acompáñenos todos los jueves a las 7:00 p.m. con el programa “Desde la Otra Acera”, por medio de @apseinforma en Facebook y YouTube.

 

Enviado por APSE.

Facultad de Derecho UCR: Análisis del proyecto de Ley Marco de Empleo Público

Facultad de Derecho, UCR

Este documento tiene como objetivo principal hacer un análisis de los principales problemas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público tramitado bajo el expediente legislativo número 21.336. Como parte del trabajo aquí presente, se propone identificar dos objetivos centrales del proyecto, en sus distintas versiones: la centralización del poder y el control unilateral de salarios y condiciones laborales.

Algunos puntos importantes que se pueden encontrar en el documento son:

  1. El proyecto viola el régimen de autonomía constitucional establecido para las municipalidades, la Caja Costarricense del Seguro Social y las universidades públicas.
  2. Violenta los derechos humanos en el empleo público, al prohibir, o bien vaciar de contenido, la negociación colectiva y los medios de solución de conflictos colectivos, y al hacerlo violenta el derecho a la libertad sindical que tiene en aquellos, parte de sus elementos fundamentales.

En este análisis se abordan aspectos que tienen que ver con la inclusión del servicio civil en la Constitución, sobre la importancia que tiene la autonomía en la constitución política y el papel que tuvieron instituciones como: el Servicio Civil, el Tribunal Supremo de Elecciones, las Municipalidades, la CCSS, universidades y la Contraloría General de la Republica para la redistribución del poder del Ejecutivo. Por otro lado, también se toman elementos sobre empleo público desde lo normativo, económico y político.

Un apartado importante que se desarrolla en el análisis es la inconstitucionalidad del proyecto en relación a la invasión al ámbito de la independencia administrativa, organizativa, política y de gobierno de las universidades estatales y su régimen autónomo de empleo, también se abarcan aspectos que están siendo fuertemente discutidos por sectores y agrupaciones de la sociedad costarricense y que tienen que ver con la negociación colectiva y el salario global.

Algunas observaciones que se mencionan en este análisis son de carácter estructural como: las Competencias otorgadas a MIDEPLAN, al Ministerio de Hacienda o al Servicio Civil para la fijación salarial, la gestión o evaluación del desempeño en la política pública del país, la homogeneización del empleo público, las prohibiciones e incompatibilidades.

Por último, en relación a las conclusiones, este análisis plantea:

  1. a) El proyecto tiene como objetivos centralizar el control y establecer unilateralmente las condiciones salariales y de trabajo.
  2. b) Esto violenta los distintos regímenes de autonomía constitucional.
  3. c) El proyecto parte de un enfoque del empleo público construido a partir de tesis autoritarias y unilateralistas propias del constitucionalismo clásico, en violación del constitucionalismo social expresamente incorporado a nuestro bloque de constitucionalidad por medio de las garantías sociales y por los tratados fundamentales de derechos humanos.
  4. d) Las autonomías se justifican, no solo como instrumentos para limitar el poder del gobierno central, sino como instrumentos para potenciar la eficiencia en cada ente público autónomo, así como para garantizar la libertad de expresión y el ejercicio de prácticas democráticas.
  5. e) Además, prohíbe, limita o vacía de contenido de forma inconstitucional la libertad sindical y la negociación colectiva.
  6. f) El salario global tiende a convertir los salarios en instrumentos de política económica, fácilmente congelables o disminuibles con objetivos fiscales, violando la naturaleza de los salarios establecida en la Constitución Política como instrumento de distribución de la riqueza y movilidad social.
  7. g) Además, el salario global impide la negociación colectiva sobre salarios y pluses salariales, en violación de lo señalado expresamente por la Sala Constitucional.
  8. h) Crea competencias en manos de MIDEPLAN, el Ministerio de Hacienda y/o la Dirección General de Servicio Civil que trascienden por mucho los objetivos expresamente establecidos en los artículos 191 y 192 constitucionales (eficiencia, nombramiento con base a idoneidad comprobada y estabilidad en el empleo).
  9. i) Homogeniza entes públicos que son radicalmente diversos en la naturaleza de sus funciones (administrativa y no administrativas).
  10. j) La gestión de evaluación se centraliza, con lo que se violan las autonomías constitucionales.

Adjunto se encuentra la versión completa del documento:

Acontecimiento obrero-histórico para la ANEP: choferes de autobús reciben capacitación sindical

El día miércoles 10 de febrero se presentó un acontecimiento muy importante para la ANEP, ya que se presentaron con licencia sindical y goce de salario, 5 trabajadores del servicio de transporte, específicamente choferes de autobús y 1 chequeador de la misma línea autobusera Tapachula para conformar la primera Junta Directiva de la seccional ANEP-TAPACHULA, lo que se considera un acontecimiento histórico.

Albino Vargas, quien es el secretario general de la ANEP, manifiesta un gran reconocimiento a la empresa TAPACHULA, que ha hecho un gran esfuerzo para respetar la libertad sindical y los convenios internacionales en materia de libertad sindical que Costa Rica tiene suscritos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, destaca la importancia de que esta empresa ha empezado a respetar los derechos humanos del personal colaborador, algo que deberían según Vargas deberían imitar otras empresas autobuseras.

María Laura Sánchez Rojas, quien es la coordinadora de la unidad de capacitación y formación político-sindical de la ANEP, es la encargada de brindar la capacitación sindical a estas 6 personas. Ligia Solís Solís, directiva Nacional de la ANEP es la encargada de cumplir funciones de asesora sindical de esta seccional de choferes de autobús. En el video se remarca la importancia que tiene este acontecimiento en la historia de la ANEP y en general para el movimiento sindical costarricense.

Adjuntamos el video completo:

 

Compartido con SURCOS por Albino Vargas.

Puntualizan pedido para poner pausa a proyectos del Ejecutivo

“Don Carlos Alvarado le sigue mintiendo al pueblo de Costa Rica, a los sectores sociales, socioproductivos, productivos, empresariales y organizaciones sindicales”, esas fueron las palabras de Lenin Hernandez Navas, secretario general del SINAE, y representante de 37 diferentes organizaciones, que buscan mediante la elaboración de un documento que se pausen durante un mes todos aquellos proyectos de ley que puedan relacionarse con el préstamo y las negociaciones que se coordinan con el Fondo Monetario Internacional. Lo anterior, tiene la finalidad de generar tiempo para poder revisar y dar propuestas, ya que según Hernandez, no es justo que en este momento de crisis se le brinden más responsabilidades a la clase media costarricense con el tema del déficit fiscal.

En relación a lo anterior, Hernández también señala que en el país hay un sector económico poderoso que no se ha visto afectado con los proyectos que se han gestionado desde la institucionalidad, y que, por el contrario, se ha visto una clara vinculación por parte del gobierno de Carlos Alvarado, tal es el caso de Horizonte Positivo y Alianza Empresarial para el Desarrollo.

En el video se destaca también la participación de ciertas figuras políticas-económicas del país como André Garnier, que ha representado los intereses de las zonas francas, mismas que están exentas de impuestos y en época de pandemia han sido de los sectores que han presentado mayores ganancias. Hernández, reitera la injusticia que sería para la sociedad costarricense y la clase media trabajadora la imposición de nuevos impuestos y recortes al gasto público.

Por último, Lenin Hernández demanda a que se escuche y se tome en consideración la posición de más de 1 millón de personas que representa las diferentes organizaciones antes mencionadas, ya que lo que se necesita es “una política real de reactivación económica” (Hernández, 2021), un gestionamiento responsable de los recursos y una toma de decisiones que tenga presente la necesidad y los derechos de la clase trabajadora del país y de los sectores vulnerables.

Seguidamente, adjuntamos las declaraciones que puntualizó el secretario general del SINAE con respecto a los proyectos del ejecutivo:

Referencias:

Hernandez, L. [Periódico Surcos]. (2021, febrero 7). Puntualizan pedido para poner pausa a proyectos del Ejecutivo. [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=vy5I9UkSYlo&feature=youtu.be

Movimientos impulsan la lucha: ¡No a la Ley de Empleo Público!

Denisse López Sánchez

Antes de exponer la posición del movimiento sindical sobre el tema, es importante que conozcamos aspectos generales que se plantean dentro de la formulación de la Ley de Empleo Público. Lo primero, es que es un proyecto de 28 páginas, que aborda aspectos en materia laboral, se trata según Alfaro (2019) de “una nueva conceptualización de las redes laborales con el Estado desde la etapa de contratación hasta la de despido” (párr.2). Lo segundo, es que desde la institucionalidad y el Ministerio de Planificación se argumenta que la propuesta es necesaria para modernizar el Estado actual. Por último, específicamente se dice que lo que se quiere con este proyecto de ley es la aplicación de un sistema de salario único para todos los empleados públicos, poner un tope a los incentivos y bajar la curva de crecimiento por el pago de las remuneraciones.

Los cambios estructurales que se planean ejecutar están íntimamente relacionados con las siguientes áreas: reclutamiento y selección del personal, según se indica para garantizar idoneidad comprobada para los puestos que se asumen; alta dirección pública que va aunada al área anterior pues lo que se requiere es que cada unidad y departamento esté liderado por personas aptas y capacitadas; cambios en la movilidad pública; la desvinculación de los funcionarios del sistema por bajo rendimiento; modificaciones en materia de salarios con el fin de lograr una igualdad entre los altos jerarcas y los profesionales de menor rango; vacaciones; permisos de cuido; licencias de maternidad; otros incentivos laborales; condiciones de aplicación y de contratación temporal (Alfaro, 2019. párr.1-33).

Ahora bien, con respecto a esta ley han surgido diferentes posicionamientos tales como el de los movimientos sociales y el movimiento sindical de Costa Rica, que refiere su disconformidad con el proyecto debido a una posible recarga de la crisis fiscal sobre el sector laboral y que terminará afectando la calidad que ofrecen los servicios públicos y la estabilidad del Estado Social de Derecho.

Parte de las acciones que se han tomado desde estas entidades sindicales y sociales son las manifestaciones que se han llevado a cabo en las afueras de la Asamblea Legislativa, donde han participado algunas figuras que están inmersas dentro de la institucionalidad como lo es el actual rector de la Universidad de Costa Rica Gustavo Gutiérrez Espeleta, el SINDEU, la APSE, UNDECA, ANDE, SEC, CTRN, SINAE, sindicatos del AyA, entre otros. Estas manifestaciones tienen como objetivo preservar el empleo público, el Estado Social de Derecho y la calidad de vida de las personas ciudadanas y funcionarias del Estado y sus familias.

En el video publicado por Marcela Zamora-Cruz en su página de Facebook hace un llamado a las federaciones estudiantiles a sumarse a la causa, ya que estos proyectos como la Ley de Empleo Público y las negociaciones con el FMI, afectan no solo a la clase trabajadora, también a la educación pública, específicamente a las universidades públicas.

Referencias Bibliográficas:

Alfaro, J. (9 de abril de 2019). ¿Qué dice el nuevo proyecto de reforma al empleo público? Semanario Universidad. Recuperado de https://semanariouniversidad.com/pais/que-dice-el-nuevo-proyecto-de-reforma-al-empleo-publico/

65.000 funcionarios públicos ganan menos de ₡500 mil mensuales

Luis Paulino Vargas Solís

La Nación publica un reportaje titulado: “32.000 funcionarios públicos ganan más de ₡2 millones”. Igual pudieron haberlo titulado tal cual yo he titulado este comentario, puesto que ese dato aparece en el mismo reportaje. A lo cual podemos agregar: 107.000 ganan entre ₡500 mil y ₡1 millón.

Vale decir que 172.000 personas que trabajan para el sector público ganan menos de ₡1 millón. De donde igual La Nación pudo haber titulado: “56% de funcionarios públicos ganan menos de ₡1 millón”.

Claro que la nota ofrece datos que deben llamar la atención. Un ejemplo: 107 personas ganan arriba de ₡10 millones.

Sin duda, esos extremos son inaceptables. Entre las reformas que deben hacerse está la de fijación de un límite máximo a los salarios en el sector público, y, asimismo, un límite máximo al múltiplo, para cada institución pública, entre el salario más alto y el más bajo.

Pero, más allá de eso, el titular de La Nación está puesto, con mala intención, para reforzar el odio contra empleados y empleadas públicas y la satanización de lo público. Buscan así justificar ese adefesio contrahecho -el llamado “proyecto de empleo público”- un monstruito que causará mucho más daño que el que presuntamente se quiere corregir.

Pero el problema fundamental tiene que ver con el silencio sobre lo que es esencial: cuando un salario en el sector público excede de ₡2 millones ¿es eso signo inequívoco de abuso o refleja alguna realidad más profunda que deba ser considerada con un mínimo de atención?

La intención de La Nación es plantar la idea de que, sin excepción, son casos de abuso.

En cambio, un enfoque riguroso y no prejuiciado, reconocería la importancia de conocer los niveles de calificación profesional de las personas y el nivel de conocimiento especializado que sus labores demandan. Al fin y al cabo, ser intensivista en las salas de UCI de un hospital público, es una tarea que plantea demandas excepcionalmente exigentes. Pero, y perdone usted el ejemplo, no es cualquiera el que puede conducir una clase para analizar y discutir a fondo una obra tan rica y compleja, y tan fundamental para la historia del último siglo, como la Teoría General de Keynes.

Son sutilezas. Pero sutilezas absolutamente fundamentales. Ocultarlas, como lo hace La Nación, es el camino retorcido que alimenta el odio.

Los (¿escandalosos?) salarios del sector público

Óscar Madrigal

La Nación ha hecho montones de estudios y análisis sobre el empleo público para querer demostrar que los problemas del país se deben a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Hoy publica un nuevo análisis que lógicamente manipula, pero que indica lo siguiente:

1-. El 90% de los empleados de todo el sector público (poderes del Estado, instituciones autónomas, universidades, sea de todas las instituciones) reciben un salario menor a 2 millones de colones.

El 33% tienen un sueldo entre 1 millón y 2 millones.

El 35% entre ¢500.000 y un millón.

El 21% ganan menos de ¢500.000. Dentro de este grupo se encuentran un grupo importante de profesores universitarios que no tienen jornada completa.

Observen que el 56% -más de la mitad- de los trabajadores públicos ganan MENOS de un millón de colones al mes.

¿Son estos salarios de lujo?

2-. Los que ganan más de 2 millones (el 10%) trabajan principalmente en:

43% en la Caja. Son principalmente médicos especialistas.

12% en la Corte. Principalmente jueces.

6% cada uno en UCR, ICE y MEP.

Como se aprecia son profesionales muy importantes, médicos, catedráticos, jueces, técnicos especializados, que han dado una gran contribución al desarrollo económico-social del país.

¿Les rebajarán el salario como pretenden algunos?

3-. Ahora bien, sí hay que señalar que 107 empleados reciben más de 10 millones de sueldo al mes, que son a los que siempre recurre La Nación para denigrar a los trabajadores públicos. Habrá que analizar quiénes son, porque siempre se citan algunos médicos especialistas a los que les obliga la Caja a hacer guardias y estar en disponibilidad; hay que ver cómo la Caja logra reducir esas remuneraciones con la contratación o formación de más especialistas.

Sin embargo, llama la atención que uno de esos 100 funcionarios de más de 10 millones de salario mensual sea el señor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, que un día sí y otro también claman por la austeridad y otro sea el embajador en Japón.

Por otra parte resulta claro que no es posible comparar instituciones o poderes del Estado ya que la realidad de cada uno es muy distinta: en el Poder Judicial y en las universidades predominan los profesionales mientras que en otras instituciones no.

Si alguno quiere comparar el sector público con el sector privado, deberá hacerlo por categorías de puestos. En el sector público, el 21% gana menos de ¢500 mil colones, sea los oficinistas, encargados de mantenimiento, etc.

La Nación echa por tierra lo que se ha venido diciendo desde hace muchos años, que los salarios de los empleados públicos son privilegiados. La realidad es otra como la reflejan los números: 56% de los trabajadores públicos, más de la mitad, reciben un salario menor a 1 millón de colones.

Una vez más queda claro, hasta con los estudios de La Nación, que los trabajadores no son los culpables del déficit fiscal ni de los problemas de las finanzas públicas y que el proyecto de empleo público no es más que una medida para congelar los salarios de los trabajadores y trabajadoras.

Publican cuaderno Acerca del Proyecto de Empleo Público

Las organizaciones sindicales UNDECA, BUSSCO y FSM publicaron el cuaderno: Acerca del proyecto de Empleo Público. Derecho de la función pública del enemigo, que contiene una compilación de artículos del especialista en derecho laboral Manuel Hernández.

SURCOS comparte esta producción que aborda un análisis de los elementos que llevan a constituir una nueva superestructura política normativa.

La presentación de este documento expone:

«En el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE, el Gobierno de la República se comprometió a tramitar un proyecto regulatorio de la gobernanza del empleo público.

En atención a este compromiso, el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa, en el primer semestre de 2019, el denominado Proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente N° 21.336.

Más recientemente, en el contexto de la crisis fiscal, este proyecto se ha convertido en moneda de canje para negociar un préstamo con el FMI por el monto de $1.750.000.

El proyecto se tramita a ritmo motorizado, que ha experimentado un desarrollo en clave regresiva, en una suerte de evolución genética degenerativa, que viene a consumar, a estas alturas del procedimiento parlamentario, una especie monstruosa de Frankenstein legislativo, absolutamente impresentable.

Totalmente impresentable porque, por una parte, violenta la arquitectura constitucional democrática de nuestro ordenamiento jurídico, y, por otra parte, vulnera los derechos fundamentales de las y los servidores que laboran en la Administración Pública.

Este proyecto, junto con la aprobada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, a finales de 2018, y la contrarreforma del Código de Trabajo, contenida en la Ley N° 9808, de 21 de enero de 2020, que en términos generales prohibió la huelga en los servicios públicos, constituye la nueva superestructura política normativa, que el bloque de poder hegemónico requiere para metabolizar y consolidar el modelo económico neoliberal.

Este Cuaderno acerca del Proyecto de Empleo Público contiene una selección de artículos, que, desde una perspectiva jurídica–política, examina, al hilo de su desarrollo legislativo, el contenido y los alcances de dicho proyecto, que viene a consolidar el Derecho de la función pública del enemigo.

Se configura este Derecho o antiderecho político, porque conjuntamente con aquellas leyes, se crea un régimen de excepción, autoritario, antidemocrático, que expulsa del ordenamiento jurídico los derechos de ciudadanía social de los y las servidoras públicas, particularmente los derechos colectivos, cuyo régimen se radica en una construcción cultural de odio y violencia institucional contra este colectivo laboral.

El Derecho de la función pública del enemigo representa un desafío histórico que los sindicatos tendrán que asumir».

SURCOS comparte el documento para descargar en formato PDF:

SEC denuncia “irresponsable actuación” de los poderes Ejecutivo y Legislativo al cortar el presupuesto de Educación

SURCOS comparte comunicado del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC):

El SEC denuncia la irresponsabilidad con que están actuando el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo al cortar el presupuesto de Educación, porque a pocos días de iniciar el Curso Lectivo faltan por nombrar más de 1300 plazas, las cuales fueron congeladas.

Es ahí donde nos preguntamos: quién atenderá esos grupos de estudiantes que estarán sin docentes, quiénes harán limpieza.

en los centros educativos estando en esta pandemia de salud, quién guardará la vigilancia en los centros educativos, quienes darán el soporte administrativo y técnico en los centros y en las Direcciones Regionales.

Con este actuar están precarizando y violentando la educación que constitucionalmente es un Derecho Fundamental.

El SEC exige que se derogue la norma 12 de la Ley 9926 publicada el 2 de diciembre del 2020, un recorte que vergonzosamente lo han hecho para responder al FMI.