La Junta Directiva Nacional de UNDECA condena enérgicamente el acuerdo abusivo e inconsulto de aumentar en un 1% la cotización al Régimen de pensionesdel salario de la clase trabajadora pública y privada, así como de aquellos que también por convenios o de forma voluntaria cotizan para este Régimen.
Reprobamos esta decisión porque después de los resultados del estudio realizado por la Universidad de Costa Rica, en todo momento se le manifestó al pueblo costarricense que no se tomaría ninguna decisión hasta tanto no se sometiera a consulta a los diferentes sectores sociales.
También manifestamos nuestra total inconformidad con la determinación de aumentar la cuota solamente a los trabajadores y trabajadoras, ya que la cotización para financiar este Régimen de pensiones es tripartita, es decir trabajadores, patronos y gobierno, pero en este sentido se resolvió cargar la pésima administración de los dineros del IVM sólo sobre las espaldas de la clase trabajadora. Es sospechoso el por qué a estos otros sectores la Junta Directiva de la Caja los exoneró de incrementar la cuota en forma igualitaria.
En este sentido cuestionamos el papel de los representantes de los diferentes sectores que integran la Junta Directiva de la Caja, tanto de los empresarios, el gobierno y principalmente el papel de la representación del sector cooperativo y solidarista contra los trabajadores, ya que el representante sindical fue el único que se opuso en su momento y el día de hoy no se encontraba en la Sesión.
Si el resultado del estudio realizado por la UCR se va a implementar de esta forma tan arbitraria, ¿Para qué engañar al pueblo costarricense de que este va a ser consultado a los diferentes sectores sociales?, si al final la Junta Directiva actuará de forma tan antidemocrática.
Nos preguntamos entonces, ¿todas las recomendaciones de este estudio se van a aplicar de esta forma?, la elevación de la edad a 70 años, la cotización hasta en un 16%, castigar el cálculo de la pensión hasta un 60%, imponer un impuesto del 15% al monto de las pensiones, obligar a los pensionados a pagar la cuota de seguridad social; y aún más, a no revalorar el monto de la pensión de acuerdo al alto costo de vida, ¿todo se hará de esta forma o es una provocación?
Hacemos un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras costarricenses, más de 1 millón 600 mil costarricenses que cotizamos para el régimen de pensiones, a organizarse y protestar enérgicamente contra esta agresión en contra sus intereses y más aún contra esta violencia en contra los adultos mayores pensionados o por pensionarse.
El objetivo es desarrollar un programa de formación en trabajo decente y derechos fundamentales
Cumpliendo con su lema “SEC junto al pueblo” y comprometido con la lucha contra las actuales tendencias de precarización del trabajo, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense firmó un acuerdo con la Oficina Internacional del Trabajo OIT, para desarrollar en el 2017 un programa de formación en el área de trabajo decente y derechos laborales fundamentales.
Gilberth Díaz, Presidente del SEC, destacó la importancia de este proceso de capacitación que va en consonancia con el interés del sindicato de apoyar la lucha por la erradicación del trabajo infantil, del trabajo forzoso, de las formas de esclavitud moderna y de la trata de personas. Así mismo, este programa complementa los contantes procesos de formación con los cuales se busca que la comunidad educativa conozca sus derechos laborales para poder ejercerlos y defenderlos.
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC
¿Y qué pasó con la rendición de cuentas de la crisis financiera del seguro de salud en los años 2011-2012?
Pésimo y desafortunado “regalo de Navidad” para la clase trabajadora
Ha salido a la luz pública el estudio de análisis actuarial que realizó la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR), el cual evaluó la solidez financiera del más importante régimen jubilatorio del país, el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Las conclusiones generales y centrales constituyen un pésimo “regalo de Navidad” para la clase trabajadora costarricense, tanto la que tiene suerte de tener empleo formal y salario fijo, como la que se desenvuelve en la informalidad.
Considerando el prestigio, la credibilidad y la solidez académico-profesional que caracterizan el trabajo para la sociedad que hace la Universidad de Costa Rica (UCR), este estudio tiene que ser valorado en su justa dimensión, correspondiendo a las organizaciones sindicales analizarlo con la más rigurosa seriedad y la más sólida responsabilidad.
Sin embargo, no podemos evitar albergar algunas suspicacias acerca del momento, de la oportunidad, de la coyuntura y de la legitimación política para, y que espera obtener, el alto mando de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a partir de los resultados de este estudio, dados todos los elementos económicos, sociales, políticos y técnicos que están implicados en él.
Sin embargo, en estos primeros momentos afloran sentimientos de consternación y de indignación, pues una primerísima impresión es que cualquier medida que se tomare con base en tal estudio tiende a incrementar la perniciosa ruta de la desigualdad que hace ya bastante tiempo y peligrosamente, Costa Rica viene transitando.
En lenguaje popular, es al perro flaco al que se le pegan la pulgas pues es la clase trabajadora cubierta y por cubrir de parte del IVM la que tendrá que pagar los platos rotos de decisiones tomadas en los años 2011-2012; decisiones político-tecnocrático-financieras de alta gerencia en materia de inversiones y que habrían sido erróneas, que siguen pendientes de rendición de cuentas puesto que, presuntamente, se habrían tomado recursos del seguro de pensiones IVM para gastos operacionales y ordinarios del seguro de salud (Enfermedad y Maternidad).
Efectivamente, una denuncia penal que duerme el sueño de los justos en el Ministerio Público planteó que “… se habría forzado al Seguro de IVM a comprar, a precios relativamente altos, millonarios títulos valores en poder del Régimen de Salud para dotar de liquidez a este último. En segundo término, se habría obligado al Seguro de Salud a postergar el pago al Régimen de IVM de altas sumas de dinero por concepto alquiler de los edificios que albergan las oficinas centrales de la Institución.
Tal denuncia, tramitándose bajo el expediente penal 12-000046-0615-PE, planteó que “…a través de estos presuntos subsidios ilegales, el Seguro de IVM habría sido contagiado de la crisis financiera del Régimen de Salud, diezmando el rendimiento de su cartera de inversiones al extremo de requerirse a corto plazo impopulares reformas para restablecer su sostenibilidad financiera; entre ellas el incremento de las edades de retiro y de la tasa de cotización.
Evidentemente este factor no está determinado con contundencia por parte de la autoridad judicial competente (y con una retardación inexplicable); sin embargo, es imposible no considerarlo a la hora en que deberá analizarse cómo habrá de manejarse este estudio de la UCR en una mesa de diálogo social como se dice que habrá a principios del 2017.
PRIMERO: La anterior reforma al IVM-CCSS del año 2005 hizo observaciones puntuales sobre control de la evasión, subdeclaración e inversiones, aspectos que las autoridades de la Caja han cumplido a medias y que, una década después, requeriría de una especie de auditoraje de cumplimiento.
SEGUNDO: El sistema IVM-CCSS por su antigüedad, más de 70 años, tiene una alta salida de recursos producto de que la población afiliada envejece a un ritmo diferente del ingreso de nuevos afiliados. Esto se debe reconocer; pero, dicho de otro modo, la institución no estimula adecuadamente el crecimiento de la masa laboral afiliada, sobre todo de las profesiones liberales las cuales parecieran estar más interesadas en otras alternativas.
TERCERO: La creación del ROP (Régimen Obligatorio de Pensiones) tuvo como inspiración y esencia salir en defensa del primer pilar, el IVM, en caso de que éste presentara problemas de desfinanciamiento. ¿Cómo está esta relación hoy en día?
CUARTO: En el año 2000 se aprobó la Ley de Protección al Trabajador (LPT) cuyo artículo 78 señala que las empresas públicas del Estado deben trasladar sus superávits al IVM, lo cual no fue posible. Solamente hubo un intento que no se concretó, siendo la actual diputada doña Sandra Pizsk Feinzilber, ministra de Trabajo y Seguridad Social. Las acciones de su cartera parecían querer bajar tensiones y no concretar el cumplimiento de la ley. Aquí también, hay que preguntar y hay que auscultar qué paso.
QUINTO: La Constitución Política señala que el Estado está obligado a sostener la salud de IVM y bien es sabido que el Estado mantiene una deuda importante cancelando la misma, con bonos y en abonos a la Caja, Por otra parte, las inversiones de la institución están en más de un 95 % en el Ministerio de Hacienda, lo cual pareciera indicarnos que en lo económico IVM estaría sosteniendo gran parte de la acción del Estado costarricense. Históricamente no se ha logrado subir, de manera importante y sustancial, la cotización estatal. Demasiado que conversar y dialogar al respecto.
SEXTO: Sobre evasión y morosidad, urge una drástica contundencia en acciones de cierre y de castigo a empresarios que cobran a sus trabajadores cotizaciones y no las trasladan al IVM. El En tema de inversiones, la cartera de crédito que sostiene IVM es impopular, o sea, de imposible acceso para la clase media y media baja, por lo que los trabajadores recurren para créditos de vivienda a organismos de otro tipo, pudiendo el IVM mejorar sus recursos dando crédito a todos sus trabajadores a mejores intereses.
SÉTIMO: En el campo de las inversiones, pensamos que el IVM puede desarrollar perfectamente obra pública.
OCTAVO: Hay que establecer prohibición expresa de que los fondos de IVM, a futuro, jamás deben ir al Seguro de Salud como ya sucedió, según lo apuntamos líneas arriba.
NOVENO: Desde nuestra perspectiva sociosindical, el diálogo social sobre el futuro del IVM-CSS y a partir del estudio de la UCR, debe tener estos requisitos iniciales:
1) No proceder con ninguna reforma sin que se haya dado el diálogo social, realmente transparente con acuerdos sólidos cumplibles y verificables, sin caer en una carrera loca contra el tiempo.
2) Rendición de cuentas: cumplimiento del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador (LPT). Situación actual y perspectivas de acción político-gerencial.
3) Rendición de cuentas: informe de Gerencia de Pensiones sobre políticas de control de la morosidad, la evasión y la subdeclaración patronal.
4) Rendición de cuentas: Informe detallado de inversiones pasadas, presentes y en curso.
5) Rendición de cuentas: posición institucional sobre denuncia penal expediente 12-000046-0615-PE.
6) Rendición de cuentas: Informe detallado sobre políticas de inversión.
7) Rendición de cuentas: Informe detallado sobre el Estado de la Reserva.
DÉCIMO: Finalmente, formulamos seis consideraciones generales-finales de este primer posicionamiento sindical ANEP-CJSMP sobre el tema: A) El agotamiento de la Reserva en el año 2030 no es una noticia novedosa, se advirtió desde el año 2005. B) La CCSS incumple su compromiso de mantener informes regulares a los actores sociales. C) Elevar la edad a los 70 años implica condenar a los trabajadores a entre 45 y 50 años de trabajo. D) Elevar la cotización obrera es cargar sobre la espalda de los trabajadores, el peso de malas acciones administrativas. E) El ROP debe venir en auxilio de IVM. 6) Nunca debe de convertirse el carácter del IVM de Régimen de capitalización colectiva a individual. Los países que lo han hecho, como Chile, hoy sufren las consecuencias.
Dejamos así sentadas nuestras primeras impresiones sobre un asunto de tanta relevancia para la inmensa y abrumadora mayoría de la población: la clase trabajadora; enfatizando en que ésta es nuestra visión sindical sobre tan delicado asunto y que, con seguridad, habrá otras igual de respetables, serias y dignas de toda consideración.
El día de hoy 20 de diciembre se hace público, por los diferentes medios de comunicación, el resultado de un extenso estudio efectuado por la Universidad de Costa Rica, UCR, referente al Régimen de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, que protege aproximadamente a 1 millón 300 mil costarricenses de la clase trabajadora del sector público y privado del país.
Según los resultados de este estudio, que debemos de ver con mucha preocupación, tomando en cuenta un fracasado intento entre la Caja y la SUPEN que obligó a cancelar un contrato con una empresa que no contaba con el currículum necesario.
De acuerdo al estudio de la UCR, que debemos aclarar no hemos analizado y que habrá que hacerlo con toda responsabilidad, algunos escenarios indican elevar la edad de 65 a 70 años. En la mayoría de los casos consideramos que ni en las empresas públicas ni privadas, están en capacidad de sostener a personas trabajando activamente a esa edad tomando en cuenta enfermedades laborales, emocionales, desgaste físico, problemas psiquiátricos, accidentes, recargos de trabajo, exposición de muy alto riesgo, etc. Más aún con una obsoleta Ley de Salud Ocupacional que no resguarda la salud y la vida de los trabajadores.
Actualmente para el cálculo de la pensión los y las trabajadoras están siendo castigadas severamente con un monto hasta en un 50% de su salario y este estudio indica que debería bajarse al 40%. Esto sin que la Caja posea un medio serio y responsable para revalorar la pensión a esos miles de pensionados a los que hoy no les alcanza para sobrevivir.
A esto se suma que para tener posibilidad de pensionarse, según este escenario habría que trabajar entre 40 y 45 años, en algunos casos hasta más tiempo. Así es que no existe la menor duda que los resultados de este estudio deberán ser profundamente analizados y estudiados por el impacto en la seguridad social y el en el entorno familiar de las personas que se pensionen, y que se prevé sea el doble de los que hoy se acogen a la pensión.
En UNDECA, desde ya llevaremos este estudio de la UCR para el conocimiento de las organizaciones sindicales y sociales, así como de los trabajadores del país, para tomar las acciones que sean necesarias.
*Para mayor información comunicarse con Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA, al teléfono 8367-2737
Imagen con fines ilustrativos tomada de laizquierdadiario.com
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, celebra que el Poder Ejecutivo no haya incluido el proyecto de Empleo Público 19506, en el Decreto N40039-MP, para convocar a sesiones extraordinarias a partir del 1 de diciembre.
Reafirmamos que este proyecto de ley es un instrumento ideológico que pretende acabar con el Derecho Constitucional de negociar Convenciones Colectivas y el derecho a la Libertad Sindical, por eso el SEC mantendrá su posición férrea de actuar en unidad con el movimiento sindical para evitar que este proyecto se apruebe.
Consideramos que pretender excluir al Magisterio Nacional de dicho proyecto es muestra de que tenemos toda la razón en afirmar que NO SOMOS LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO LOS CULPABLES DEL DÉFICIT FISCAL. Por eso lucharemos para que se archive totalmente y castigue a los evasores de impuestos.
Seguiremos insistiendo ante el Poder Ejecutivo para que mantenga esa posición de no enviar dicho proyecto, ya que el periodo de sesiones extraordinarias se mantiene del 1 de diciembre al 30 abril.
Mantenemos el llamado en primera instancia a nuestra dirigencia zonal y representantes institucionales de estar en disposición para actuar a nuestro llamado cuando se considere necesario y a la afiliación en general, estar pendiente ahora que viene el periodo de vacaciones.
Texto sustitutivo será revisado a la luz de lo que estipula el Código de Trabajo
Rocío Marín González,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
En compañía de algunos vicerrectores y decanos, el Dr. Henning Jensen entregó el texto propuesto por la administración a Nancy Muñoz, directora de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo. (foto Anel Keenjekeva).
Un grupo de autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR) encabezadas por el Rector, Dr. Henning Jensen Pennington, acudieron la tarde de ayer al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), donde denunciaron la Convención Colectiva de Trabajo que ampara a las personas trabajadoras de la Institución, que está vigente hasta el 2 de marzo de 2017 y presentaron el texto sustitutivo de la misma.
La propuesta, que en criterio del rector es moderna y equilibrada entre lo que son los derechos de los trabajadores y las posibilidades financieras de la Institución, fue entregada a Nancy Muñoz Valverde, directora de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo.
Posteriormente, el Dr. Jensen y la delegación universitaria compuesta por los vicerrectores y algunos decanos, fueron recibidos por el ministro de Trabajo, Carlos Alvarado Quesada y el viceministro del Área Laboral y Economía Social Solidaria, Harold Villegas Román, a quienes se les explicó los pormenores del proceso que se ha venido gestando desde hace meses y sobre algunas de las novedades que contiene el nuevo texto sobre todo en lo que se refiere a los derechos de tercera generación, que no van a significar una nueva erogación para el país.
El rector aprovechó la ocasión para solicitarles a las autoridades del Ministerio de Trabajo el apoyo de esa cartera, enviando a un observador u observadora s todas las sesiones de negociación con el Sindicato de Empleados Universitarios (SINDEU).
En esta oportunidad el ministro Alvarado se manifestó complacido con el proceso que inicia en la UCR, por la seriedad del tema y por la necesidad de que las convenciones colectivas ofrezcan un balance entre el servicio que se da a la ciudadanía, las finanzas públicas y el respeto a los derechos de los trabajadores. “Aunque lograr ese balance no es una tarea sencilla, con el diálogo que caracteriza a los costarricenses se puede lograr”.
En representación del gobierno central, Alvarado manifestó que el ministerio está en la mejor disposición de colaborar a través de la Dirección de Asuntos Laborales, siempre respetando la autonomía universitaria y siendo conscientes de que no será como en otros casos donde se ha jugado un papel más proactivo.
Entre los principales cambios propuestos están los referentes al ajuste salarial por costo de vida y anualidades.
El ministro de Trabajo, Carlos Alvarado, recibió en su despacho al rector Henning Jensen, a quien ofreció su colaboración en el proceso respetando la autonomía universitaria. (foto Anel Keenjekeva).
El Artículo 6 del texto sustitutivo propone que el ajuste salarial por costo de vida se pague por semestre vencido como ocurre con el resto de trabajadores y trabajadoras del país, y no por semestre anticipado como reza la convención colectiva vigente, que era propio de una realidad económica de los años 90 del siglo pasado, con altos niveles de inflación.
Entre el 2013 y el 2016, el ajuste salarial por semestre anticipado -con base en las proyecciones del Programa Macroeconómico del Banco Central sobre el porcentaje de inflación del año siguiente-, hizo que las personas trabajadoras de la UCR recibieran incrementos salariales superiores al 10%, por encima de la inflación, situación que a juicio de las autoridades universitarias es insostenible.
Mientras los incrementos salariales fueron de 6.8% en 2013, 5.3% en 2014, 5% en 2015 y 3% en 2016, para un incremento salarial acumulado a la base de un 19.93%, en el mismo período la inflación acumulada fue de un 8.32%.
Sin embargo, para solventar la inflación que pudiera acumularse cada mes entre enero y junio de cada año, se generó una fórmula que incorpora la inflación acumulada al finalizar el semestre, más un porcentaje adicional de reconocimiento por la inflación arrastrada durante los primeros meses del año.
Reconocimiento por experiencia laboral
Entretanto, en el Artículo 13, que regula la anualidad, a diferencia de lo que reza la convención colectiva vigente, de un 3% anual para todo el personal, el texto sustitutivo establece una anualidad escalonada.
Esto permitirá a la UCR ofrecer un salario competitivo durante los primeros cinco años con respecto a otras instituciones del sector público, sin que una vez pasado ese período se den diferencias salariales abismales entre instituciones del sector o entre las mismas personas trabajadoras de la Institución, y sin afectar negativamente las finanzas de la universidad.
Durante la cita con el ministro y viceministro de Trabajo, se explicó que el nuevo texto de la Convención Colectiva de la UCR es moderno y equilibrado entre lo que son los derechos de los trabajadores y las posibilidades financieras de la Institución (foto Anel Keenjekeva).
Para lograr un salario competitivo con respecto al resto del sector público, en los primeros cuatro años de servicio la anualidad va a tener un porcentaje del 5.5%, los años cinco y seis, un 4%, del año 7 al año 30, un 3%, y a partir de los 30 años, un 1%.
Lo anterior está sustentado en los resultados de dos estudios comparativos de salarios con otras instituciones públicas realizados por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Institución, en 2012 y en 2015, que mostraron que los salarios de contratación de la UCR son poco competitivos porque se ubican alrededor del percentil 50, pero que, a partir del año cinco en su gran mayoría pasan a ser muy competitivos, al punto de que son los mejores salarios que se pagan en el sector público, dándose diferencias enormes a partir del año 10.
Otra variante, es que la anualidad se pagará a partir del salario base, y no como se efectúa actualmente tomando en cuenta el salario base y otros componentes salariales, a excepción de la dedicación exclusiva.
Según lo explicó el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración, estas modificaciones no violentan los derechos adquiridos de las personas trabajadoras de la Institución. “Una vez que entre en vigencia la nueva convención colectiva, quienes tengan menos de cinco años de laborar para la UCR continuarán recibiendo un 5.5% de anualidad. El quinto y sexto año, un 4%. Y a partir del sétimo año, un 3%. Asimismo, la fórmula de cálculo de la anualidad sobre el salario base regirá únicamente para las personas que ingresen a laborar después de entrar en vigencia la nueva convención colectiva”.
El texto propuesto regula por primera vez en el ámbito de la UCR lo referente al cambio de horarios para facilitar el desplazamiento de las personas funcionarias de sus hogares a sus lugares de trabajo y se incluye la posibilidad de laborar cuatro días a la semana en jornadas de 10 horas diarias o el establecimiento de diferentes horarios, previa negociación entre el trabajador y la jefatura. Asimismo, se establece el teletrabajo como modalidad de organización y desarrollo de la relación laboral, que se regulará por acuerdo entre las partes según la conveniencia institucional.
Conciliación de la vida familiar y laboral
El texto sustitutivo incorpora también aspectos novedosos tales como espacios laborales libres de violencia y medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral. Por ejemplo, cuando se identifique una situación de violencia intrafamiliar en la cual la persona agresora y la persona agredida sean trabajadores de la Universidad, se tomarán medidas que garanticen la seguridad de la persona agredida.
El tema tuvo eco en la prensa nacional que entrevistó al rector sobre los alcances del texto, que será analizado por el MTSS a la luz de lo que estipula el Código de Trabajo. (foto Anel Keenjekeva).
Asimismo, se presentan variantes que beneficiarán a las trabajadoras de la UCR con Licencia por Maternidad, quienes disfrutarán de un permiso con goce de salario por 35 días naturales adicionales después del parto, lo que permitirá que las madres de la UCR alcancen niveles similares en este aspecto a las de países latinoamericanos como Chile y Cuba, en beneficio de los recién nacidos, la Institución concederá un permiso con goce de salario por 35 días naturales adicionales después del parto. La Convención colectiva vigente ya contemplaba un derecho similar, pero de 15 días.
Además, en casos de partos múltiples, se concederá un mes más por cada niño “adicional”. Asimismo, cuando el niño o la niña nazcan con algún tipo de discapacidad o problema de salud severo, se ampliará el permiso hasta un máximo de seis meses, incluida la Licencia por Maternidad de cuatro meses.
Otro cambio visible y positivo es el aumento de la Licencia por Paternidad de dos días a 15 días naturales, con miras a que haya una corresponsabilidad en la atención del niño o la niña en sus primeros días.
Aunque la convención colectiva vigente contempla una licencia de tres meses con goce de salario para la trabajadora que adopte a una persona menor de edad, el texto sustitutivo contempla 15 días naturales para el trabajador que en una relación de pareja adopte a una persona menor de edad.
En casos de enfermedad el texto sustitutivo contempla permisos con goce de salario por ocho días en caso de internamiento o atención especializada en el hogar de un hijo o hija bajo su dependencia, esposa o esposo, padre o madre adulto mayor, o pareja en unión de hecho, del mismo o de diferente sexo.
Los permisos por fallecimiento de familiares, se mantienen en cinco días hábiles si el deceso ocurre en el país y 10 días hábiles si se da fuera del país, en el caso de padres, cónyuge, hermano, hermana, relación de hecho o pareja, sea del mismo sexo o no. La licencia por el fallecimiento de un hijo o una hija se eleva a 15 días, ocurra ésta dentro o fuera del país.
Con respecto al período de lactancia materna, toda trabajadora tendrá derecho a una hora de lactancia hasta por dos años, independientemente de la jornada laboral de la madre y la universidad establecerá condiciones adecuadas para que las madres trabajadoras puedan extraerse la leche materna y conservarla durante su jornada laboral en condiciones de higiene, proximidad, privacidad y seguridad.
A juicio de las autoridades elaboración del nuevo texto fue un proceso colectivo que incluyó una consulta general a la comunidad universitaria, en la que las personas trabajadoras tuvieron la oportunidad de realizar sugerencias para la mejora del documento, o bien, para la derogación de los artículos que consideraran obsoletos o sin lugar. En total se recibieron 114 sugerencias, 41 comentarios sobre diversos artículos y se contabilizaron 45 participaciones.
Además se recibió la asesoría de abogados especialistas en el tema, ex vicerrectores, ex negociadores de convenciones colectivas e investigadores en la materia, y se recopilaron puntos de vista al respecto con las vicerrectorías, OPLAU, Recursos Humanos, Suministros, Servicios Generales, el CIEM y la CIMAD, entre otras.
Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT)
Comunicado de Prensa
Como es común en todas las piñeras y plantaciones en general, los patronos realizan todo tipo de acciones, amenazas, ofrecimientos, asignación de los peores trabajos y hasta el despido, para impedir que las personas trabajadoras ejerzan libremente el derecho humano fundamental de organizarse en sindicato.
Estas prácticas anti sindicales y violatorias de la legislación laboral costarricense, así como la pasividad y hasta complacencia de las instituciones del Estado para con estos empresarios, han sido denunciadas en los mercados europeos por OXFAM Internacional y gracias a esta acción, las empresas piñeras han tendido que corregir algunas prácticas anti laborales muy evidentes, como la subcontratación de personal por medio de contratistas sin el pago de salario mínimo y mucho menos la cotización con la seguridad social; disponer de equipos con dotación de agua potable, letrinas y lugar más o menos aptos para la ingesta de alimentos.
Esto ha generado el enojo de los empresarios contra el sindicato y la gente organizada, y están echando mano de la figura de Comité Permanente como herramienta patronal para evitar el surgimiento y empoderamiento del sindicato, que es la única herramienta que tienen los trabajadores para defender sus derechos.
Particularmente en FINCA ONCE, hoy martes 8 de noviembre, se convocó a todos los trabajadores para imponerles la conformación de un Comité Permanente, cuyos representantes son propuestos por el patrono y elegidos con su estricta vigilancia, por aquello de que algún trabajador se vaya a oponer a la matráfula. Valga decir que para curarse en salud y quitarse obstáculos del camino, la patronal envió a vacaciones a la dirigencia de la UNT, con el objetivo de evitar cualquier oposición a la constitución de este instrumento patronal.
No está de más recordar que esta herramienta que le facilita el Código de Trabajo a los patronos para desaparecer y proscribir al sindicato, que ha motivado infinidad de denuncias ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT; lamentablemente se mantiene incólume a pesar de la Reforma Procesal Laboral, lo que seguirá impidiendo el desarrollo de sindicatos en la empresa privada.
Como UNT preparamos una denuncia contra el representante legal de Finca Once por prácticas laborales desleales, esperando que los tribunales de trabajo hagan valer el derecho laboral costarricense.
Susan Quirós Díaz
Secretaria General
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS Digital por Unión Nacional Trabajadoras y Trabajadores.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA informa a la prensa nacional y a la comunidad costarricense que este lunes 7 de noviembre, Día de la Democracia Costarricense, está cumpliendo su segundo año de fundación pues fue el 7 de noviembre de 2014, en el auditorio del Museo del Jade del Instituto Nacional de Seguros (INS), cuando anunciamos públicamente nuestra conformación.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, con ocasión del arranque de su tercer año de gestión, resalta la gesta cívica del pueblo costarricense del 7 de noviembre de 1889, hace 127 años, cuando siete mil costarricenses, organizados y armados con palos y machetes, salieron a las calles dispuestos a hacer valer su voluntad y exigir el respeto a los resultados electorales, constituyendo éste el primer levantamiento popular ante un fraude electoral, lo que convirtió a esa fecha en el Día de la Democracia Costarricense.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA conmovió el escenario político nacional con ocasión de la presentación del proceso “Una Agenda Patriótica del Bien Común”, el 26 de junio de 2015, en el Teatro Popular Melico Salazar, en conjunto con los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio; constituyendo este acontecimiento un proceso de incidencia pocas veces visto en el país en las últimas décadas y que entre sus aspectos positivos generó las condiciones de la promulgación de ley de la Reforma Procesal Laboral, la defensa del Empleo Público y el espacio para legislaciones tributarias progresivas actualmente en trámite.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, vía la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha logrado posicionar fuertemente la tesis de que el déficit fiscal no se debe a los salarios que devengan las personas trabajadoras del sector público; tesis que fue adoptada por la totalidad del Movimiento Sindical Costarricense y que en los últimos días ha sido reconocida como acertada por las vocerías más recalcitrantes del neoliberalismo criollo.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA viene de realizar una encerrona, el pasado 24 de octubre de 2016, la que definió sus ejes de acción para este tercer año de gestión, destacando que para la presente circunstancia sociopolítica del país sus valores impulsores serán: a) la resistencia a todos los procesos de privatización actuales y futuros, así como considerar la desprivatización, la recuperación para el bien común, de varios servicios públicos concesionados que se convirtieron en un saqueo a la población; b) apostar al diálogo social con todos los sectores cívico-patrióticos interesados en un proyecto-país para la inclusión social; c) considerar el diálogo político-partidista para el favorecimiento de alianzas entre actores progresistas interesados en propiciar una Democracia Social en nuestro patria.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA en este tercer año de gestión definió, además, como ejes transversales de su agenda de trabajo los siguientes: equidad de género, lucha contra la corrupción y sustentabilidad ecológico-ambiental.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA puntualizó sus ejes temáticos de acción sociopolítica para este tercer año de gestión, dentro de los cuales citamos los siguientes:
Continuar con la lucha por la defensa del empleo público.
Aportar para el fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Propiciar un arranque sólido de la puesta en práctica de la Reforma Procesal Laboral (RPL) para el fortalecimiento del sindicalismo en el sector privado y seguir abogando por la elevación del monto del salario mínimo.
Impulsar su propuesta para una nueva cadena agroalimentaria en el marco de la soberanía y la seguridad alimentarias.
Apoyar la reforma constitucional que declare el agua como Derecho Humano Fundamental y por la nueva ley del recurso hídrico.
Ni un kilovatio más de electricidad privada y a favor de la autorización legal al ICE para la construcción de obra pública.
Por la autorización a RECOPE para invertir en energías limpias y a favor de una nueva refinería amigable con el ambiente.
Seguir apoyando toda legislación que cambie el sistema tributario hacia su progresividad.
Impulso y fomento de los valores del Trabajo Decente proclamados por la OIT en el nuevo escenario de la operación portuaria de los muelles del Atlántico, además del fortalecimiento de JAPDEVA
Defensa y fortalecimiento de los seguros solidarios a cargo del INS.
Aportar para un fortalecimiento estratégico de la Seguridad Ciudadana y de sus cuerpos policiales.
Contra los TLC’s neoliberales de “nueva generación” como el perverso tratado TISA.
Integración con el Movimiento Sindical del conteniente americano al adoptar el ideario contenido en la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA).
Seguir insistiendo en la imperiosa y necesaria unidad sindical en la acción.
Considerar el impulso a procesos de incidencia en el marco de las definiciones nacionales para el proceso electoral del 2018.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA está integrando en este tercer año de gestión como ejes temáticos la EDUCACIÓN y el TRANSPORTE.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA está integrado en la actualidad por las siguientes organizaciones:
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE)
Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA).
Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP)
Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (INS)
Sindicato de Profesionales del Consejo Nacional de Producción y de la Fábrica Nacional de Licores (SIPROCNP)
Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP)
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA aglutina, como afiliación directa, unas 50 mil personas trabajadoras asalariadas cotizantes activas de cada una de las ocho organizaciones que lo componen y los gremios que simpatizan con nuestras posiciones; desarrollando su accionar abarcando un radio de acción integrado por unas 200 mil personas integrantes de la clase trabajadora con empleo formal y con salario fijo, lo cual da idea del potencial de incidencia de este proceso sindical más allá de sus fronteras laborales. Para este tercer período de gestión se considerarán valiosas intenciones de nuevos ingresos que están en trámite.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA apunta a aumentar su quehacer político-social y organizativo con mucho mayor estructuración en la gran cantidad de servicios públicos comprendidos en su ámbito de competencia e incidencia: energía, combustibles, electricidad y telecomunicaciones; municipales, policiales, de Salud y de Seguridad Social, portuarios, administración central del Estado, agropecuarios, de agua y alcantarillados, entre otros. Paralelamente, las condiciones de trabajo en las plantaciones de banano y de piña, especialmente, son un desafío permanente de todos los días.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA tendrá su sesión de apertura de su tercer año de gestión, este lunes 7 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, en el local del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE).
Gobierno y diputados amenazan el bien común y la paz social
El pasado martes 1 de noviembre de 2016, se realizó el “Encuentro Popular” organizado por BUSSCO, en el Auditorio de la Conferencia Episcopal
Comunicado de BUSSCO
En lo que llevamos de gobierno del Partido Acción Ciudadana – Administración Solís Rivera – con la excusa de la crisis fiscal, los partidos políticos, representando los intereses de organismos económicos internacionales, grandes transnacionales y la acaudalada clase político-empresarial nacional, han presentado varias iniciativas legislativas que pretenden disminuir salarios, aumentar impuestos y generar más pobreza al pueblo costarricense.
Estos proyectos de ley, como los de Empleo Público, Impuesto al Valor Agregado, Regla Fiscal y Recortes Presupuestarios, impulsados por los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristina, entre otros, tienen como objetivo congelar salarios y pensiones, aumentar los impuestos, deteriorar programas sociales, desmantelar y privatizar servicios fundamentales como salud y educación, desmontando el estado social de derecho.
Las conquistas sociales fueron construidas, de acuerdo con la idiosincrasia costarricense, a través de grandes luchas y por la vía del diálogo y el pacto social y que, lamentablemente, ahora los políticos comprometen arbitrariamente la justicia y la paz social.
El “Encuentro Popular” convocado por el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO tuvo el propósito de reunir a representantes de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y populares para analizar los proyectos, conocer la posición de los y las diputadas que los acompañaron en este evento y definir la ruta de lucha contra el combo de proyectos.
Enviado a SURCOS Digital por Martín Rodríguez E; Unidad de Comunicación, UNDECA.
Los impactos ambientales y laborales de las piñeras no se pueden ocultar
Es urgente la intervención del gobierno para obligar al cumplimiento de la legislación nacional e internacional
Las comunidades que alojan plantaciones piñeras en Costa Rica, muchas en las zonas más pobres del país, conviven diariamente con riesgos de contaminación del agua y aire, pérdida de bosques y biodiversidad, erosión y cambios en el uso del suelo, y graves afectaciones a la salud de la población y a la producción ganadera por la plaga de la mosca Stomoxys calcitrans.
Los trabajadores de las plantaciones piñeras tienen suerte cuando les pagan el salario mínimo por jornadas extenuantes bajo el sol y por arriesgar su salud al exponerse a agroquímicos reconocidos como altamente tóxicos. Cuando tratan de organizarse en sindicatos para defender sus derechos, son perseguidos y corren el riesgo de perder sus inestables empleos.
Esas realidades han salido a la luz en la prensa nacional recientemente, a raíz de la investigación que realizó Oxfam Alemania en nuestro país en el marco de su campaña “Hacer la fruta justa”. En su última visita en octubre, esa organización internacional denunció que la situación en Costa Rica no ha mejorado desde su primera visita en 2008, al contrario la expansión del cultivo de piña ha llevado sus impactos a más comunidades costarricenses.
Sin embargo CANAPEP, la CNAA y COMEX dicen que estas denuncias son falsas. No quieren reconocer la responsabilidad de la producción piñera en la contaminación de acuíferos en Siquirres (Cairo, Milano y La Francia), que hace años limita el derecho humano de acceso al agua potable de miles de familias. Tampoco en la contaminación del acuífero de Veracruz en Pital, San Carlos, donde este año se encontraron en el agua rastros de bromacil, un herbicida altamente tóxico utilizado en las fincas piñeras que rodean el acuífero. No quieren reconocer las malas condiciones laborales que sufren los trabajadores de las piñeras, ni la persecución sindical que enfrentan cuando se organizan de forma independiente para defender sus derechos.
El sector piñero se niega a reconocer lo que viven a diario las comunidades cercanas a sus fincas y los trabajadores que sostienen su producción. Le quitan importancia a la preocupación que llevó al Consejo Municipal de Los Chiles a decretar una moratoria a la expansión del cultivo de piña, que sin embargo fue contradecida por la Sala IV. Si un gobierno local no puede ejercer sus potestades para organizar el territorio y garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a su población, ¿quién nos ampara?
Por lo tanto:
Celebramos la visita de Oxfam Alemania a Costa Rica, porque nos ayuda a llamar la atención sobre esas realidades que enfrentamos todos los días, y que no deberían preocupar a las autoridades nacionales solamente cuando trascienden las fronteras.
Rechazamos las declaraciones irresponsables del Ministro de Comercio Exterior, que prefiere defender los poderosos intereses económicos de compañías inescrupulosas antes que el interés nacional y los derechos humanos de las comunidades afectadas, tal como lo hiciera también Oscar Arias con la minería en Crucitas.
Exigimos el respeto a la legislación nacional e internacional en temas laborales y ambientales, especialmente el reconocimiento en las fincas piñeras de la libertad sindical, que es el mejor mecanismo para que los trabajadores puedan defender sus derechos y denunciar las irregularidades sin temor a persecución o despidos.
Seguiremos denunciando estas situaciones en alianza con los movimientos de consumidores y consumidoras conscientes, que quieren conocer las condiciones en que se produce la piña en Costa Rica y que están dispuestos a usar su poder de compra para mejorar esas condiciones.
Acueducto de Milano, Siquirres
Alianza de Redes Ambientales, ARA
Alianza Nacional en Defensa del Agua, ANDA
Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente, ARCA
Bloque Verde
Campaña Piña sin Derechos
Coeco-Ceiba Amigos de la Tierra Costa Rica
Comité de Ganaderos de Los Chiles
Federación Ecologista Costarricense, FECON
Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción de Piña, FRENASAPP
Fundación Bandera Ecológica
Fundación Neotrópica
Red Centromericana de Acción del Agua, FANCA
Unión de Asociaciones para el Desarrollo Sostenible de Upala, UNADESU
