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Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense alerta sobre ataques del presidente Chaves hacia la educación pública

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En un video publicado el 30 de septiembre de 2024 , Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), hizo un llamado urgente a la ciudadanía y al Magisterio Nacional a estar atentos a los discursos del presidente Chaves. Díaz señaló que dichos mensajes han atacado directamente al sector educativo, poniendo en peligro su estabilidad y dejando de lado los principios establecidos en la Constitución Política, que consagra la educación como un derecho fundamental para todos los costarricenses.

Se resalta como hace unos días, en una entrevista realizada por Radio Columbia, el presidente Chaves abordó de manera desinformada y atacante un tema que preocupa a los estudiantes del país: el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en el cual por primera vez no se alcanzó un acuerdo en la negociación de este fondo, lo que llevará el tema a ser discutido en la Asamblea Legislativa. Durante la entrevista, Chaves afirmó que la reforma constitucional de 2011, que estableció el financiamiento de la educación pública en un 8% del PIB, fue una concesión gratuita de la expresidenta Laura Chinchilla, destinada a beneficiar a grupos de interés y privilegio, como los sindicatos de la educación y las universidades públicas.

El SEC, por su parte, ha respondido afirmando que la educación es un derecho humano que avanza y se encuentra consagrado en la Constitución desde 1949 y que su financiamiento es clave para el desarrollo social y económico del país. Las críticas señalan que el presidente ignora la importancia de la educación como motor de igualdad social y herramienta para el progreso nacional. Además, se advierte que su postura pone en riesgo el futuro de la educación pública y, por ende, el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo para los niños y jóvenes costarricenses.

Díaz concluyó haciendo un enfático llamado a unir fuerzas para detener la mala gestión del presidente, advirtiendo que sus acciones están abriendo las puertas para que los jóvenes caigan con mayor facilidad en la marginalidad, donde prevalece la delincuencia. Es imprescindible promover un financiamiento adecuado del FEES, que garantice un futuro y una educación digna para el país.

Le invitamos a ver el video.

UNDECA: medidas cautelares contra presidenta ejecutiva y directores son imprescindibles

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

1 de octubre, 2024

  • Cuestionados por privatizar 10 áreas de salud con sobreprecios

Comunicado de UNDECA

UNDECA presentó una fundamentada denuncia en el Ministerio Público, con el objeto de que se investigue la responsabilidad penal que, conforme a derecho, le pudiera corresponder a la Presidenta Ejecutiva, directores y otros funcionarios de la CCSS, que participaron y aprobaron la adjudicación de 10 áreas de salud, favoreciendo a varias cooperativas y un consorcio hospitalario privado.

Además, solicitamos que, de conformidad con el Código Procesal Penal, se aplicaran las medidas cautelares pertinentes contra los imputados, entre ellas la separación del cargo de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, los otros directores y María de los Ángeles (Marielos) Gutiérrez Brenes, sin goce de salario o dietas.

Asimismo, UNDECA amplió su petición de medidas cautelares, a raíz del sorprendente nombramiento que realizó Marta Esquivel, favoreciendo a la coimputada Marielos Gutiérrez, en el cargo de gerente general, con un salario superior a los 5 millones de colones, cuya acción de personal firmó el día siguiente al que fue dejada en libertad; no es un nombramiento cualquiera, es en uno de los puestos de mayor jerarquía institucional. cuya conducta refleja la total inconveniencia de que regrese a su cargo, como si nada hubiera pasado.

En el caso Barrenador, aunque entendemos su complejidad y la atención mediática, la tardanza en la implementación de medidas judiciales puede tener consecuencias graves para testigos y denunciantes: riesgos laborales, personales -incluyendo amenazas a la vida y la integridad física- además del riesgo para la integridad del proceso judicial.

UNDECA ha insistido ante las autoridades judiciales, que es absolutamente necesario, imprescindible, que por lo menos sean separadas de sus cargos jerárquicos, sin goce de salario y dietas, Marta Eugenia Esquivel, los demás directores y funcionarios que participaron en la aprobación de aquella adjudicación.

“Hacemos una instancia respetuosa a las organizaciones para que se pronuncien, con la finalidad que se garantice la normalidad de la prosecución de la investigación penal, sin obstáculos de ninguna especie, impedir futuras situaciones de favorecimiento y evitar represalias contra las personas denunciantes, testigos, representantes y directivos de los sindicatos”, indicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

SITRAPA: protección y defensa de la salud laboral

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El Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines (SITRAPA) ha intensificado su lucha por mejorar las condiciones laborales en las plantaciones, asegurando que los trabajadores reciban la protección adecuada. A través de su esfuerzo, la organización exige a las empresas que cumplan con las evaluaciones médicas necesarias para preservar la salud de los empleados.

En caso de que las empresas no cumplan con las normativas de salud y seguridad, SITRAPA se compromete a apoyar a los trabajadores en la presentación de denuncias ante las autoridades competentes, garantizando que se tomen las medidas correctivas para proteger la salud de todos. Su mensaje es claro: “Tu salud es lo primero. No trabajes en silencio, defiende tus derechos”.

Además, SITRAPA promueve un entorno de trabajo seguro mediante la denuncia de cualquier irregularidad relacionada con la seguridad y salud laboral, brindando acompañamiento en la protección del bienestar de sus afiliados.

ANEP aporta información sobre irregularidades en contratación de áreas de salud

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informa a SURCOS que ha emprendido una ardua labor durante los últimos cuatro meses, investigando y denunciando lo que considera un conjunto de irregularidades en los procesos de contratación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Estas denuncias, centradas en la adjudicación de contratos para la gestión de áreas de salud, revelan preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad de las decisiones tomadas por la Junta Directiva de la CCSS. Se ha señalado que estas decisiones podrían estar orientadas al favorecimiento indebido de ciertos proveedores, específicamente cooperativas de salud, con contratos que implican cientos de miles de millones de colones. ANEP aporta información sobre irregularidades en contratación de áreas de salud con documentos presentados ante Contraloría, la Fiscalía y el Juzgado.

La primera denuncia formal presentada por la ANEP data del 15 de mayo de 2024, dirigida a la Contraloría General de la República (CGR). En esta, la organización expone la supuesta modificación de informes técnicos para favorecer a cooperativas en la adjudicación de áreas de salud en diversas regiones, afectando la competitividad del proceso y exponiendo al país a pagos inflados por servicios médicos. Esta denuncia es parte de un esfuerzo por prevenir lo que la ANEP describe como una operación que podría desviar más de 210 mil millones de colones en beneficio de unos pocos proveedores, a costa de los recursos públicos y de la ciudadanía.

Posteriormente, el 12 de julio de 2024, la ANEP emite un nuevo documento en el cual solicita una intervención inmediata por parte de la CGR. En esta ocasión, se denuncia específicamente una licitación por más de 470 mil millones de colones, adjudicada a tres cooperativas y una asociación, argumentando que el proceso está plagado de irregularidades y que las acciones de la Junta Directiva de la CCSS presentan serios vicios legales. La ANEP solicita que se investiguen estas acciones antes de que se concrete lo que califican como un acto administrativo nulo e ilegal.

En respuesta a las gestiones de la ANEP, la Contraloría General de la República emite un documento dirigido al denunciante el 10 de julio de 2024, en el cual se reconoce la recepción de la denuncia y se asegura que la misma será utilizada como insumo en una investigación formal en curso. La CGR detalla los pasos a seguir y confirma que los puntos planteados por la ANEP, junto con la documentación adjunta, serán evaluados en el marco de esta investigación.

Estos tres documentos reflejan la gravedad de las acusaciones y el esfuerzo de la ANEP por detener lo que consideran una serie de actos administrativos con graves consecuencias económicas para el país. Es crucial revisar en detalle estos documentos, que ya se encuentran disponibles para su análisis.

Caso Barrenador – ANEP Destapa Irregularidades en Contratación de Áreas de Salud_ Documentos Presentados Ante Contraloría, Fiscalía y JuzgadoDescarga

Unión Sindical de la CCSS exige destitución de presidenta de la CCSS

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La Unión Sindical de la CCSS, tras las consecutivas denuncias de mal uso de los fondos públicos en el caso que se investiga de presunto aumento irregular de contratación a cooperativas, expresa su complacencia hacia la Fiscalía por la detención de integrantes de la junta directiva de la Caja que participaron en la toma de decisión.

“Estas acciones afectan los fondos públicos que deben ser priorizados para la atención de los asegurados” señala la Unión Sindical de la CCSS, además de ser una actuación irresponsable, por parte de los directivos.

Exigen al presidente de la República que destituya a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Esquivel. 

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social continúa lucha por aumento de pensión no contributiva para población adulta mayor y personas con discapacidad

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El convenio que rige esta materia establece una cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para financiar el régimen no contributivo de pensiones (RNC). Este acuerdo regula la transferencia de recursos del fondo de desarrollo social y asignaciones familiares (FODESAF) a la CCSS con el objetivo de otorgar pensiones a personas en condiciones de vulnerabilidad que no califican para los regímenes contributivos.

Las principales cláusulas del convenio definen la responsabilidad de la CCSS en la identificación y selección de beneficiarios, la programación y distribución de recursos, así como la presentación de informes sobre la ejecución presupuestaria y programática. Además, se estipula la obligación de reintegrar a FODESAF cualquier superávit de recursos y el uso del sistema SINIRUBE para la clasificación socioeconómica de los beneficiarios.

El convenio tiene vigencia durante el año 2024, con la posibilidad de prórroga automática hasta el 2028, siempre que ninguna de las partes solicite su finalización.

Resolución del Ministerio de Trabajo sobre Recurso de Revocatoria

El 17 de septiembre de 2024, la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) emitió la Resolución N.° RAD-MTSS-DMT-DVAS-DNP-DAL-24-2024. En esta resolución, se rechazó el Recurso Ordinario de Revocatoria presentado por los auditores ciudadanos Carlos Eduardo González Arroyo, Alfredo Ramírez Montero, Jorge Manuel García Araya, Juan Carlos Aguilar Zamora y Rodrigo Arias López contra el acto administrativo N.° MTSS-DMT-DVAS-DNP-1018-2024, fechado el 5 de septiembre de 2024.

El recurso fue presentado con el propósito de solicitar un aumento en las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC), argumentando que muchas de estas personas se encuentran en situaciones de pobreza extrema. Asimismo, se solicitó información detallada sobre el estado de la deuda del Estado con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y una copia del convenio firmado entre el MTSS y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La Dirección Nacional de Pensiones respondió que no es competencia del MTSS gestionar modificaciones en el RNC, ya que este régimen es administrado exclusivamente por la CCSS. La función del MTSS se limita a la transferencia de los recursos asignados por ley al programa, sin tener injerencia en la administración o ejecución del mismo.

Finalmente, la resolución mantiene el criterio expresado en el acto administrativo inicial y eleva el recurso de apelación al despacho del Ministro de Trabajo para su análisis y resolución conforme a derecho.

Ley Integral para la Persona Adulta Mayor

No obstante la resolución del Ministerio, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades y una vida digna para las personas adultas mayores en todos los ámbitos de la vida. Promueve su participación activa en la creación y aplicación de políticas que les afectan directamente, fomenta su integración en el núcleo familiar y comunitario, y facilita su organización y participación en la sociedad, aprovechando su experiencia y conocimiento. Además, impulsa y fortalece una red de atención progresiva para asegurar su cuidado integral con la colaboración de entidades públicas y privadas, y garantiza su protección y seguridad social.

La ley también establece diversos derechos para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, como el acceso a la educación y preparación para la jubilación, la participación en actividades recreativas, culturales y deportivas, una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, y facilidades para obtener créditos. También asegura opciones de atención alternativa en caso de riesgo social, atención médica inmediata, pensión oportuna para satisfacer sus necesidades, asistencia social en situaciones de desempleo o discapacidad, y la participación en actividades productivas según sus capacidades y deseos. Además, protege contra la violencia y ofrece trato preferencial en trámites administrativos, promoviendo su unión con otros adultos mayores para buscar soluciones a problemas comunes.

Recurso de revocatoria y apelación en subsidio en busca de aumento de pensión no contributiva para población adulta mayor y a personas especiales

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La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social planteó un recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra el oficio GP-DAP-0937-2024/GP-1472-2024 del 13 de septiembre de 2024. La gestión se realiza ante la instancia superior del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ante el argumento esgrimido por un nivel de dirección que rechazó la competencia de esta cartera en resolver el aumento solicitado en beneficio de la población adulta mayor y a personas especiales.

Base legal: Artículos 1 y 38 de la Ley N.° 8687, artículos 342 y siguientes de la Ley N.° 6227, Ley de Regulación del Derecho de Petición y artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política.

Primera solicitud: Reajuste de pensiones de ¢82.000 a ¢102.500. Se argumenta que la falta de ajuste en más de seis años vulnera la “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor” y afecta a adultos mayores pensionados con ingresos insuficientes. La institución responde que no hay presupuesto para ajustes en 2024 y 2025, según instrucciones superiores y estudios técnicos no especificados.

Segunda solicitud: Se pide el reajuste de pensiones de la Ley de PCP. La justificación basada en prácticas pasadas no es considerada un argumento válido ni aceptable.

Tercera solicitud: Se solicita información sobre la causa de invalidez de las pensiones RNC/PCP. Se pide detalle específico de la causa de invalidez para 44,606 pensiones bajo el riesgo “INVALIDEZ RNC/PCP”, información que no se incluyó en los datos proporcionados.

Petitoria: Se solicita declarar con lugar el recurso de revocatoria y, en caso de rechazo, elevarlo a la autoridad superior para aumentar la pensión básica del RNC a ¢102.500. Se pide agregar la causa de invalidez a cada uno de los 44,606 casos enviados en el archivo correspondiente. También se solicita información sobre las “autoridades superiores” que emitieron las instrucciones para no revalorizar la pensión, así como copia de estudios técnicos y documentos que respalden la decisión.

Denuncias sindicales contra la jerarquía de la CCSS por adjudicaciones irregulares rinden frutos

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En el transcurso de los últimos meses, distintos sindicatos y organizaciones, como la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), y el Sindicato Nacional de Enfermería Afines han presentado denuncias ante la Fiscalía y la Contraloría General de la República (CGR) contra la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por presuntas adjudicaciones irregulares. Las acusaciones señalan que la junta favoreció contratos a cooperativas de salud mediante procesos que carecen de transparencia y con sobreprecios significativos.

Denuncias principales:

  1. ANEP: En mayo de 2024, ANEP presentó una denuncia ante la CGR, alertando sobre un sobreprecio en la adjudicación de la Licitación Mayor, que pretendía contratar los servicios de salud para 10 áreas de salud por un monto que excede los 210 mil millones de colones​. Albino Vargas Barrantes, secretario general de ANEP, destacó que los precios adjudicados sobrepasan en un 60% las ofertas razonables, lo que podría haber sido suficiente para financiar 3 o 4 áreas de salud nuevas​.
  2. UNDECA: Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA, en septiembre de 2024 presentó otra denuncia relacionada con un contrato de 4.000 millones de colones mensuales, destinado a beneficiar a cuatro cooperativas y a la empresa ASEMECO por un periodo de 10 años​. UNDECA sostiene que varios miembros de la junta directiva, incluida la presidenta ejecutiva Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y María Isabel Camareno Camareno, tienen conflictos de interés, lo que cuestiona la legalidad del proceso​. Esa acción de UNDECA se suma a denuncias presentadas en abril del 2024.
  3. SINAE AFINES:  Lenin Hernández Navas, secretario general de SINAE AFINES, destacó los allanamientos realizados por la Fiscalía, señalando que las pruebas técnicas y legales presentadas respaldan la denuncia interpuesta en agosto de 2024. Según Hernández, este avance representa un paso importante en el proceso de investigación sobre las adjudicaciones irregulares en la CCSS.

Las denuncias se centran en la supuesta manipulación de informes técnicos y el establecimiento de un equipo técnico ad hoc para justificar los sobrecostos, lo cual ahora se investiga. Según ANEP, la junta directiva, liderada por Marta Esquivel, aprobó adjudicaciones a cooperativas con precios inflados sin considerar los criterios del Área de Costos de la CCSS​. También se señala que la representante del sector estatal, María Isabel Camareno, participó en la decisión a pesar de su vínculo con el sector cooperativo, lo cual viola las leyes de contratación pública​.

UNDECA, por su parte, destaca que la junta ignoró las advertencias de expertos que recomendaban declarar infructuosa la licitación debido a los costos elevados, y procedió con la adjudicación​.

Actualmente, la Fiscalía y la CGR han iniciado investigaciones para esclarecer las denuncias. Tanto ANEP, como UNDECA y SINAE Afines exigen que se protejan los fondos públicos y que los funcionarios responsables enfrenten las consecuencias legales pertinentes. Mientras tanto, las organizaciones sindicales se mantendrán vigilantes sobre el desarrollo de las investigaciones y continuarán denunciando actos que consideren perjudiciales para la seguridad social del país​.

Directorio Nacional de Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras celebra la intermediación financiera realizada por Coopealianza y Coopenae

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El Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras celebra con gran complacencia la compraventa entre cooperativas como es Coopealianza a Coopelecheros y Coopenae a Coopeamistad.

La positiva noticia resalta la respuesta inmediata de la sana mediación financiera entre cooperativas, ante el acelerado crecimiento del negocio de ahorro y crédito, el cual sitúa a las cooperativas más pequeñas en vulnerabilidad ante el aumento de la competitividad financiera nacional.

En ese contexto es muy viable que las cooperativas más grandes absorban a otras, antes de que su vulnerabilidad les lleve a situaciones de riesgo financiero que podría desencadenar pérdidas para las personas asociadas y ahorrantes.

Coopealianza y Coopenae determinan hoy un relevante ejercicio en la salud económica del país, ante su sólida posición financiera, impactando significativamente y sensatamente al sistema financiero costarricense.

El modelo Cooperativo siempre al resguardo y aplicación de sus principios, como vehículo promotor del crecimiento social y productivo de la sociedad.

Lenin Hernández critica a Esquivel y al gobierno por no atender las prioridades en la CCSS

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Lenin Hernández Navas, secretario general del sindicato SINAE AFINES, ha lanzado duras críticas contra Marta Esquivel, quien había presentado una iniciativa relacionada con la política de género institucional en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esquivel anunció la implementación de ropa hospitalaria específica para mujeres, compuesta por pantalones y blusas, lo cual fue calificado por Hernández Navas como una “distracción de los problemas realmente importantes que enfrentan los costarricenses”.

En su respuesta, Hernández Navas instó a Esquivel a enfocarse en lo urgente y relevante, señalando que los problemas de salud pública, como el cáncer y las listas de espera para procedimientos quirúrgicos, son cuestiones que exigen atención inmediata. El líder sindical subrayó la gravedad de la situación del cáncer en Costa Rica, destacando que anualmente se detectan 13,000 casos nuevos de diferentes tipos de cáncer y que 5,700 personas mueren a causa de esta enfermedad. Además, criticó la cantidad insuficiente de mamografías realizadas en la CCSS, mencionando que por cada 76 mamografías, una mujer fallece, lo que muestra un claro déficit en la prevención y el tratamiento de enfermedades graves.

Hernández Navas también abordó el alarmante aumento en las listas de espera desde que Esquivel asumió su cargo. El dirigente señala que la lista de espera para procedimientos quirúrgicos ha crecido en 19,000 personas, sumando un total de 188,600 personas que esperan atención médica. En los últimos cuatro meses, más de 2,000 personas adicionales se han sumado a estas listas, lo que ha generado una crisis en la atención de salud, que Hernández Navas califica como una situación de “listas de muerte” debido a la irresponsabilidad de Esquivel.

Además de responsabilizar a Esquivel, Hernández Navas acusó al presidente de la República de protegerla y no tomar medidas efectivas para resolver los problemas dentro de la CCSS. En su opinión, el presidente no solo es parte del problema, sino que también ha permitido que la corrupción dentro de la Caja siga proliferando. Para Hernández Navas, tanto Esquivel como el presidente son responsables de una situación que pone en riesgo la vida y la salud de miles de costarricenses.