CGR detecta irregularidades en contrataciones públicas con RACSA

La Contraloría General de la República (CGR) encontró anomalías en contrataciones públicas entre diversas instituciones y Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA). Ante dichas irregularidades el ente regulador emitió las órdenes correspondientes para la atención de los incumplimientos encontrados, asegurando la transparencia y legalidad del proceso de contratación pública.

El estudio encontró que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), la Junta de Protección Social (JPS), la Asamblea Legislativa (AL), la Dirección Nacional de CEN-CINAI y la Municipalidad de San José han firmado contratos con RACSA, los cuales no cumplen a cabalidad con las regulaciones en tema de contrataciones públicas.   

Entre las órdenes de cumplimiento emitidas hacia estas instituciones se les instruyó la implementación de medidas administrativas, para no reconocer la utilidad en los contratos analizados y la recuperación de los montos pagados hasta la fecha bajo este concepto, conforme al marco legal vigente.

Con relación a RACSA, la contraloría señala que esta empresa utilizó de manera indebida la excepción de contratación directa entre entes de derecho público. Según la normativa, RACSA solo puede realizar este tipo de contratos cuando pueda cumplir directamente con el objeto contractual, sin recurrir a asociaciones empresariales que desvirtúen el proceso de contratación. La Contraloría advirtió que el uso de estas asociaciones permitió que proveedores privados ofrecieran bienes y servicios a la Administración sin necesidad de pasar por procesos concursales, lo que contraviene los principios de transparencia y competencia establecidos en la legislación costarricense.

La irregularidad identificada por la CGR radica en que RACSA, aunque contratada bajo la modalidad de contratación directa entre entes públicos, recurrió a asociaciones empresariales con empresas privadas para cumplir con los contratos adjudicados. La normativa sólo permite estos contratos directos si la entidad contratada puede realizar el trabajo por sí misma y dentro de su marco de competencias legales. Al incorporar empresas privadas en el proceso, tanto RACSA como las entidades contratantes incumplieron este requisito fundamental.

La CGR reconoce en la figura de los procesos de licitaciones públicas, donde el Estado puede realizar adquisiciones de bienes o servicios, sin embargo, el ente recuerda que estos procesos deben garantizan la transparencia, la igualdad entre oferentes y la libre competencia, evitando que recursos públicos sean administrados sin los controles adecuados y sin asegurar la mejor opción en términos de precio y condiciones.