Denuncian arrasamiento en “derecho de vía” de la Ruta 32 y exigen evaluación técnica y respuestas del MINAE y el MOPT

La Asociación Conservacionista YISKI volvió a denunciar lo que califica como un arrasamiento indiscriminado de cobertura vegetal en el llamado “derecho de vía” de la Ruta 32, particularmente en tramos cercanos al Parque Nacional Braulio Carrillo, y exigió una evaluación técnica y científica independiente sobre los supuestos riesgos de deslizamiento utilizados para justificar las intervenciones.

Según informó María Elena Fournier, presidenta de YISKI, las fotografías tomadas el 6 de diciembre, entre las 10:36 y las 11:18 de la mañana, evidencian que las labores realizadas no distinguen entre zonas con riesgo real de deslizamiento y áreas donde, a criterio de la organización, no existía justificación técnica para la tala, lo que habría provocado una afectación generalizada del entorno.

Las imágenes —tomadas por N. Landry, con autorización expresa para su publicación— muestran extensos tramos sin cobertura vegetal, lo que, advierten, podría agravar procesos de erosión, afectar la fauna silvestre y comprometer la estabilidad ecológica del área protegida y su zona de influencia.

Falta de respuestas institucionales

De acuerdo con la denuncia, han transcurrido más de catorce días hábiles sin respuesta por parte del despacho del ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, a quien señalan como máxima autoridad del ente rector en materia ambiental. En el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la consulta habría sido trasladada a una dependencia interna sin que, hasta el momento, exista una respuesta formal.

La denunciante cuestiona además la inestabilidad administrativa en el MOPT, con jerarcas en condición interina y constantes cambios, situación que —a su juicio— contribuye al abandono y desorden en la gestión de la red vial nacional, así como a la falta de rendición de cuentas.

Exigen criterios técnicos y fiscalización ambiental

Desde YISKI se insiste en que las intervenciones realizadas bajo el argumento de “derecho de vía” deben estar respaldadas por criterios técnicos y científicos claros, debidamente documentados y sujetos a fiscalización ambiental, en especial cuando se trata de áreas colindantes con parques nacionales y ecosistemas sensibles.

La organización espera pronunciamientos concretos del SINAC–MINAE, del Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) y de las autoridades responsables de la infraestructura vial, a fin de determinar quién autoriza, ejecuta y supervisa estas labores, y bajo qué parámetros.

Un conflicto que no es aislado

Esta nueva denuncia se suma a cuestionamientos previos documentados en SURCOS sobre la aplicación del concepto de “derecho de vía” en carreteras nacionales, particularmente en la Ruta 32, donde organizaciones ambientalistas han advertido sobre tala excesiva, ausencia de pasos de fauna y falta de transparencia en los procesos de decisión.

En esos antecedentes se ha señalado que el uso amplio y poco preciso de esta figura puede derivar en daños ambientales irreversibles, especialmente cuando no existe información pública clara ni evaluaciones independientes que sustenten las intervenciones.

YISKI reiteró que se mantendrá vigilante y que continuará recurriendo a los mecanismos legales y administrativos disponibles para defender el patrimonio natural y exigir responsabilidades a las autoridades competentes.