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Etiqueta: desigualdad

Alertan sobre transformaciones profundas en tres destinos costeros de Guanacaste

Johnny Núñez Z./Periodista-O.C-UNA

Un informe reciente del Observatorio de Turismo, Migraciones y Sustentabilidad de la Región Chorotega (Obtur) señaló que, a diferencia de los procesos clásicos de gentrificación, caracterizados por el auge de alquileres temporales en plataformas como Airbnb y el desplazamiento directo de población local, en destinos como El Coco, Nosara y Tamarindo emerge una dinámica distinta: una sectorización claramente delimitada, con coexistencia —sin integración— entre barrios tradicionales y nuevos enclaves exclusivos, orientados más a reforzar la distancia y la separación de lo local, antes que fomentar la convivencia.

El impacto de este modelo resulta evidente en al menos tres sitios analizados por el Observatorio —El Coco, Tamarindo y Nosara—, donde las zonas con mayor desarrollo inmobiliario coinciden con aquellas que concentran la mayor cantidad de espacios destinados a rentar en la plataforma Airbnb. Esta correspondencia permite inferir que el alquiler temporal a través de esta aplicación constituye uno de los principales usos de estos inmuebles.

Este hallazgo, elaborado por los investigadores del Observatorio, Johan Mora, Sebastián Arce y Esteban Barboza -coordinador de Obtur- se derivó de un muestreo de la plataforma en cuestión, la cual, en su propio mapa, ubica lugares y espacios disponibles en las fechas solicitadas por los potenciales clientes. La muestra se tomó en la temporada baja de 2025, periodo cuando más opciones disponibles existen.

Barboza explicó que, en el caso de El Coco se localizaron aproximadamente 800 espacios, entre apartamentos, condominios, habitaciones, villas y hoteles listados en la plataforma. En Nosara fueron aproximadamente 600 espacios y en Tamarindo alrededor de 1000. En suma, existen aproximadamente 2400 inmuebles dedicados a alquileres temporales en estas tres localidades, solo en la plataforma Airbnb.

Análisis por sectores

En el caso de El Coco, el informe de Obtur destaca una marcada concentración de oferta en sectores como playa Ocotal, Las Palmas, las colinas circundantes y el centro, zona donde históricamente se ubicaban los principales servicios turísticos, como hoteles y restaurantes. Una proporción significativa de los alquileres temporales corresponde a construcciones recientes, desarrolladas en los alrededores de playa Ocotal y en el sector norte. Muchas de estas se levantan en colinas, destinadas tiempo atrás a actividades productivas o cubiertas por vegetación local. A esto se suma una clara separación territorial entre las áreas donde se concentran estos desarrollos y aquellas en las que reside la población local, espacios que además albergan viviendas destinadas a alquileres de largo plazo, por ejemplo, para trabajadores.

“Al contrario de la gentrificación, en donde clases más pudientes venidas de otro lugar sustituyen a los habitantes locales por medio de la compra y remodelación de sus propiedades, en El Coco lo que observamos es la construcción de espacios nuevos que no tienen como fin ser residencias permanentes para recién llegados, sino que buscan generar dividendos a partir de su alquiler temporal a turistas”, subrayó Barboza.

Esta forma de territorialización no provoca en sí el desplazamiento o la expulsión de la población local; más bien, genera mayores niveles de desigualdad y exclusión de ciertos grupos que permanecen en el sitio.

En el caso de Nosara, se observa una marcada concentración de alojamientos de alquiler temporal en los sectores de Playa Guiones y las colinas circundantes con vistas al mar frente a este sector, así como en Playa Pelada y en los alrededores del denominado Proyecto Americano. En estas dos últimas zonas se registra, además, una alta densidad de oferta turística en las cercanías de los límites del Refugio de Vida Silvestre Ostional, área que ha sido objeto de atención mediática en meses recientes debido a controversias relacionadas con procesos de desalojo de residentes locales que han habitado estos espacios por generaciones.

En Tamarindo, la mayor parte de la oferta de hospedaje se concentra en las inmediaciones de la playa y en las colinas circundantes, sectores donde históricamente se ha desarrollado la actividad turística. Si bien existen opciones de alojamiento en localidades como Villarreal, Santa Rosa y Huacas —comunidades habitadas principalmente por trabajadores locales—, su presencia es menor en comparación con la zona costera y sus alrededores.

Barboza aseveró que esta distribución responde a un patrón similar al observado en Nosara y El Coco, donde la expansión de nuevas construcciones y alojamientos temporales tiende a no integrarse con los espacios habitados por residentes permanentes. “Por el contrario, se privilegian ubicaciones cercanas al mar o en colinas con vistas al océano, en general alejadas de los centros de población, configurando un modelo orientado hacia la exclusividad”, afirmó el investigador.

Imagen de cabecera: Este modelo aporta poco valor a las comunidades donde se concentran estos enclaves inmobiliarios, con escasa reinversión en la economía local, alta dependencia del turismo internacional y un impacto socioambiental significativo.

Vídeo en: https://youtu.be/mRySRU_4Fps?si=834ZxGP3b4qOKrf_

Informe completo en: https://www.obtur.una.ac.cr/index.php/la-ecuacion-del-desarrollo-inmobiliario-y-los-alquileres-temporales-en-guanacaste

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

La obscenidad del poder: nuevo giro político de la dominación contemporánea

Abelardo Morales Gamboa (*)

Entre negocios, espectáculo y dominación, lo obsceno deja de ser excepción para convertirse en regla.

Hay escenas que condensan una época. Por ejemplo, una investidura presidencial en los Estados Unidos, rodeada de magnates tecnológicos y grandes fortunas no es una simple noticia ni un exceso de protocolo; es la expresión visible de una mutación en las formas de dominación contemporáneas. Esa imagen no revela solo la cercanía entre poder político y poder económico —que siempre ha existido-—, sino un cambio profundo en la forma en que el poder se exhibe, se ejerce y se legitima.

La separación ficticia, pero necesaria, entre el interés público y los intereses privados nunca fue absoluta, pero operó durante largo tiempo como principio normativo. Gobernar en democracia implicaba, al menos en el plano formal, mantener una distancia prudente respecto a la acumulación directa de riqueza, así como una moderación en las formas de ejercer autoridad, sobre todo para el beneficio privado de los gobernantes.

Hoy esos límites se han vuelto crecientemente porosos. Tanto en la política internacional como en los contextos locales, irrumpe un tipo de actor que transita con naturalidad entre los negocios y la política. No es solo el empresario que incursiona en la política, ni el político que se aprovecha de su posición para lucrar. Es una figura híbrida que convierte el poder en un recurso de valorización múltiple: económica, simbólica y mediática.

El caso de Donald Trump resulta paradigmático no porque sea único, sino porque revela cómo, según orienta el marketing político, la presidencia puede funcionar simultáneamente como plataforma política, marca personal y entorno de negocios. Pero más allá de los conflictos de interés —que no son menores—, lo que importa es su naturalización. Lo que antes debía ocultarse o justificarse, ahora se exhibe sin reservas.

La metamorfosis no es solo económica. Junto con esa nueva fusión entre poder y acumulación de riqueza, cambian también los códigos culturales del quehacer político. El poder ya no se ejerce únicamente como autoridad institucional o liderazgo programático: se despliega como espectáculo, como performance, como presencia mediática.

El precedente de Silvio Berlusconi ayuda también a entender esta deriva. Durante años, su figura articuló de manera singular poder político, imperio mediático y escándalos sexuales, en un contexto donde la cosificación de las mujeres y la banalización del poder se volvieron parte del paisaje público. Lo que entonces parecía una anomalía hoy adquiere una resonancia más amplia.

La relación entre poder y escándalo no se agota, sin embargo, en figuras individuales. El caso de Jeffrey Epstein puso al descubierto no solo una red global de explotación sexual, sino también las conexiones entre riqueza, influencia y encubrimiento que permitieron su operación. Más que episodios aislados, estos entramados revelan circuitos donde el abuso, los favores y la impunidad operan como parte de economías clandestinas que se entrelazan con espacios de poder.

Cuando estas prácticas son asumidas como un patrón del ejercicio del poder, desnudan la decadencia en las formas de dominación y subordinación. Es ahí donde la obscenidad deja de ser solo un exceso —como en el imperio de Calígula— para revelarse, no en un sentido moralista, sino como parte de las estratagemas de control: aquello que se muestra sin pudor, que rompe los límites de lo que antes debía permanecer fuera de la escena pública.

Surge así una dimensión difícil de ignorar: la creciente perversidad de la dominación. En ella puede observarse cómo ciertos liderazgos incorporan una retórica y una gestualidad donde el cuerpo, la virilidad, el insulto, la humillación y el abuso ocupan un lugar central.

La obscenidad del poder se expresa en varios registros. En el lenguaje, a través del insulto y la caricaturización del adversario. En la gestualidad, mediante la exhibición de una masculinidad amenazante que impone autoridad más por intimidación que por argumentación. Y en la cultura política, en la normalización de prácticas que trivializan la desigualdad de género y de clase, y refuerzan jerarquías simbólicas.

Estos elementos funcionan como medios de dominación que articulan lenguaje, cuerpo y jerarquía. El insulto no es solo una falta de respeto: es un mecanismo de anulación simbólica. La sexualización del discurso no solo es vulgar: es una forma de marcar dominio, de convertir al otro —en particular a las mujeres— en objeto, y de establecer jerarquías que desplazan el debate racional.

No se trata únicamente de una devaluación del lenguaje público, sino de la transformación de la política en un espacio donde la dominación se exhibe sin mediaciones y donde la deliberación cede ante la imposición y la teatralización de la autoridad. Lo que se exhibe sirve también como mecanismo encubridor.

Este tipo de liderazgos, que suele presentarse como “auténtico”, “directo” o “sin filtros”, funciona porque conecta con un clima social marcado por la ansiedad, la frustración, el desencanto y la ira. Allí donde amplios sectores experimentan inseguridad material y desconfianza institucional, el discurso agresivo encuentra resonancia.

Pero esa conexión no es espontánea. Se construye. La agresividad canaliza malestares difusos; el desprecio por las normas se presenta como rebeldía; y la ostentación de poder —económico o simbólico— se interpreta como eficacia.

En ese marco, la política deja de ser percibida como un espacio de mediación entre intereses diversos y pasa a definirse como el terreno del más fuerte. No del que puede convencer, sino del que logra vencer. No se trata de deliberar, sino de doblegar.

Esta mutación tiene consecuencias más profundas de lo que suele admitirse. Al desdibujarse la frontera entre lo público y lo privado, la autoridad política pasa a operar como un recurso disponible para la acumulación, el exhibicionismo y el encubrimiento. Al mismo tiempo, se transforman las condiciones de la vida democrática: la política deja de ser racional y el conflicto político se tramita mediante la descalificación. No estamos solo ante un cambio de estilo, sino ante una alteración en la forma en que se produce legitimidad.

Cuando la obscenidad del poder consuma la transgresión de límites —en el lenguaje, en los gestos, en la exhibición de la dominación—, lejos de debilitar a estos liderazgos, puede reforzarlos. La falta de pudor se convierte, paradójicamente, en un recurso de autenticidad.

Pero esa eficacia tiene un costo. Se erosionan los vínculos sobre los que descansa cualquier comunidad política civilizada. Cuando el autoritarismo se vuelve espectáculo, la desigualdad deja de ser un problema y empieza a ser aceptada como valor.

Por eso, el desafío no es únicamente ético y comunicacional. Es político en un sentido más profundo: remite a la manera en que se reconfiguran las relaciones entre poder, sociedad y cultura.

Frente a este escenario, la respuesta no puede reducirse a la denuncia moral ni a la nostalgia. Implica reconstruir condiciones que limiten esa captura privada y obscena del poder, pero también desmontar los códigos culturales que hoy le otorgan legitimidad.

Mientras esa forma de dominación basada en la imposición siga siendo percibida como eficacia, seguirá encontrando adhesión.

Y ahí se juega lo esencial: si el poder se ejerce como forma de apropiación privada o como servicio al bien común.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

Próximo gobierno afrontará retos que determinarán modelo de desarrollo

UNA Comunica. La lista es extensa y los desafíos también, pero lo cierto es que el futuro hacia un modelo de desarrollo “equilibrado, resiliente y equitativo” en el país pasará por la toma de decisiones estratégicas en materia económica y social, que deberá adoptar la administración de Laura Fernández para el periodo presidencial que arrancará el 8 de mayo.

El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) revisó cuáles desafíos económicos enfrentará la próxima administración y enlistó propuestas de políticas públicas que podrían implementarse.

1. Reducir desigualdades, diversificar exportaciones

La realidad económica del país se basa en un sector de empresas en zona franca (régimen especial) que crece de manera acelerada, frente a un régimen definitivo (el resto de las empresas) que no crece a la misma velocidad. De 2019 a 2025 el crecimiento del régimen especial fue de un 116.8%, frente a un 14.6% del resto del parque empresarial en el país.

Ante ello, se propone profundizar los encadenamientos productivos entre compañías de zona franca y proveedores locales y modernizar y brindar más apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes). También, diversificar la oferta exportadora, dar más atención a los territorios para disminuir las desigualdades y modernizar al sector agrícola, al tiempo que se fomenten las exportaciones de industrias ubicadas fuera del valle central.

2. Desdolarizar y transparentar la política monetaria

Una de las palancas que más mueve la economía es el acceso al crédito. Sin embargo, esto ocurre cuando las decisiones de política monetaria son consecuentes con la realidad del entorno. El OES determinó que en vivienda, consumo, servicios y turismo, las Tasas de Política Monetaria (TPM) del Banco Central de Costa Rica (BCCR) no siempre se trasladan a las tasas de interés que cobran las entidades financieras por ese tipo de préstamos.

Mientras que la TPM se redujo 2,75 puntos porcentuales (p.p.) de enero de 2024 a febrero de 2026, la Tasa Básica Pasiva (que sirve para promediar las tasas de interés por préstamos en entidades financieras) solo bajó un 1,54 p.p. en ese lapso. Al respecto, se propone una mayor competencia en el sistema financiero y mejorar la transparencia en tasas de interés desagregadas por tipo de crédito, moneda e institución. Asimismo, avanzar hacia una “desdolarización” que incentive el ahorro y el crédito en colones.

3. Fortalecer red de cuido y bajar la informalidad laboral femenina

En cuestión de una década, Costa Rica redujo en un 5.4% la tasa neta de participación laboral femenina. Cerrar la brecha existente requiere que el gobierno expanda la red de cuido tanto para la primera infancia como para las personas adultas mayores y dependientes.

El desafío contempla además el desarrollo de políticas de empleo con enfoque de género, incentivar la formalización laboral de las mujeres, promover el acceso al crédito, el emprendimiento y los puestos de liderazgo, así como modalidades de trabajo flexibles. De parte del OES se reiteró la oposición a las jornadas laborales de 12 horas diarias (jornadas 4×3), al catalogarse como una regresión en derechos laborales.

4. Revisar regla fiscal y aumentar ingresos

“La coyuntura fiscal de Costa Rica en el 2025 muestra avances en la contención del gasto y una ligera mejora en el déficit fiscal, pero también evidencia problemas estructurales en la recaudación tributaria y en el nivel de endeudamiento público”, señala el informe del Observatorio en el apartado de sostenibilidad fiscal.

Ante este diagnóstico, la ruta a tomar, de acuerdo con los académicos de la UNA, pasa por fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado, sustituir los ingresos provenientes del impuesto a los combustibles que tiende a bajar, aplicar medidas que reduzcan el pago de intereses de deuda y revisar el diseño de la regla fiscal actual, para que empate la estabilidad fiscal del país con la necesidad de financiamiento a programas sociales e infraestructura.

5. Modernizar el transporte público

En cada administración siempre se habla de la necesidad de modernizar el transporte público. Pero los datos confirman la necesidad de apuntar con más precisión hacia esa meta. Mientras que la cantidad de personas movilizadas se redujo en un 42.2% entre el 2018 y el 2025 (de acuerdo con el Programa Estado de la Nación), la cantidad de automóviles creció en un 62.1% entre 2013 y 2025.

Renovar la flotilla de buses que utilicen tecnologías limpias, establecer un subsidio al transporte público, mejorar la gobernanza del sector, promover la intermodalidad (con ciclovías y terminales de buses en centros urbanos) y concretar el proyecto del tren eléctrico metropolitano, son parte de las soluciones propuestas.

6. Tren de carga y atención de rutas esenciales

Costa Rica enfrenta un rezago en su infraestructura vial y portuaria, lo que le resta competitividad frente a otros actores. Por ello, la ampliación del puerto de Caldera debe ser una prioridad en el próximo gobierno, además de la concreción del tren de carga, que conecte los principales centros productivos con los puertos del Caribe y el Pacífico.

El mismo impulso debería otorgársele al proyecto de ampliación de la ruta 27 (San José-Caldera) y de la construcción de túneles falsos sobre la ruta 32 (San José-Limón) ante los altos costos recurrentes producto del cierre de esta vía por las condiciones climáticas.

7. Fortalecer pensiones y la inserción laboral

Este gobierno debe proyectar, en sus políticas públicas, que de cara al 2050, la población de 60 años o más representará el 32.5% del total.

El acelerado crecimiento demográfico de las personas adultas mayores requiere atender la sostenibilidad del sistema de pensiones. Además, se debe promover la inserción laboral en personas mayores de 55 años, desarrollar un sistema universal de cuidados que integre servicios públicos, privados y comunitarios e incorporar el impacto del cambio demográfico en la planificación fiscal a largo plazo.

8. La educación y la necesidad de aumentar la inversión pública

La inversión en educación como porcentaje del producto interno bruto (PIB) ha caído desde un 7.2% de 2015 hasta un 5.24% el año anterior. En términos nominales, aunque el presupuesto a educación aumentó un 24% en ese periodo, al descontar el efecto de la inflación, el crecimiento real fue de solo un 4%.

Los desafíos requieren ampliar la inversión pública en educación y aprovechar el cambio demográfico (para aumentar la inversión por estudiante y mejorar la calidad educativa). También, fortalecer los aprendizajes básicos, la educación técnica, la actualización laboral y fortalecer la articulación entre el sistema educativo y el sector productivo.

9. Afectar la rentabilidad del crimen organizado

La semana pasada, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó el país hizo el vínculo entre seguridad y economía, al advertir que un agravamiento de la criminalidad puede afectar el turismo, al inversión y el comercio.

En un país que en los últimos tres años ha roto los récord de asesinatos, la OES sugiere focalizar territorialmente la política de seguridad, golpear la rentabilidad de los grupos criminales a través de incautación de activos y trazabilidad patrimonial e impulsar programas de prevención, sobre todo en la población joven del país.

“Atender estos desafíos requiere una agenda de política económica integral que combine estabilidad macroeconómica con inversiones estratégicas en capital humano, infraestructura y capacidades productivas. Esto implica impulsar reformas graduales pero sostenidas que fortalezcan la competitividad del país, amplíen la participación y anticipen los cambios tecnológicos y demográficos que marcarán las próximas décadas”, señala el informe elaborado por los académicos Roxana Morales (coordinadora del OES), Fernando Rodríguez y Javier Rodríguez.

Le invitamos a descargar desde SURCOS el documento con el análisis, así como la presentación

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/OES-UNA-Desafios-economicos-documento.pdf

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/OES-UNA-Desafios-economicos-presentacion.pdf

Manual del esclavo voluntario: Por qué el hambre hoy vota por su verdugo

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

Hay una imagen que recorre América Latina como una epidemia: el árbol que, viendo venir al leñador, vota por el hacha porque el mango está hecho de madera. Nos convencieron de que el verdugo es un «aliado» solo porque usa nuestro mismo lenguaje de frustración. Es la ironía más cruel de nuestra era: ver a personas que, no tienen seguro si pagar la luz o el diario de comida, defendiendo a capa y espada el derecho del banquero a llevarse hasta las migajas del pan.

Empezamos viendo a Chile, donde el miedo al caos fue el fertilizante para que discursos autoritarios de un heredero de Pinochet prometieran un orden que solo protege los activos de la élite. Seguimos con Ecuador, entregando la soberanía a grupos que ven lo público como un estorbo para el negocio privado. En Argentina, el experimento es casi quirúrgico: un liderazgo que grita «libertad» mientras le arrebata el medicamento al jubilado, vendiendo la idea de que el sacrificio del pobre es el combustible necesario para el yate del rico al que sirve el loquito Milei. Y en El Salvador, la seguridad se ha vuelto la moneda de cambio de Bukele para hipotecar la democracia, donde el ciudadano aplaude sus propias cadenas mientras los derechos fundamentales se vuelven un lujo que el trabajador de a pie ya no puede pagar, sin solucionar, en ningún caso, la pobreza extrema y la desigualdad.

¿Cómo nos hicieron esto? No fue por accidente. Es el triunfo de una Programación Neurolingüística aplicada al asco social. ¿Cómo? es, básicamente, un hackeo emocional: consiste en repetir palabras «llave» para que tu cerebro deje de razonar y solo reaccione desde la víscera. Un ejemplo descarado lo vivimos cada miércoles en Zapote con Rodrigo Chaves y Laura Fernández: cuando usan etiquetas como «dictadura perfecta» para atacar a las instituciones o «prensa canalla» para anular cualquier crítica. No están describiendo la realidad, están instalando un «chip» en tu cabeza para que vos mismo pidas que quiten los controles que te protegen del abuso de poder. Te convencen de que el árbitro es el enemigo para que no veás que el capitán de su equipo se está robando el balón.

Y aquí caemos en la contradicción más absurda y dolorosa: el pobre que se convierte en el guardaespaldas voluntario de la bóveda del millonario. Es el fenómeno del «guardaespaldas del patrón«: personas que viven en precarios o que llegan a fin de mes haciendo milagros, pero que salen a redes sociales a defender que se le bajen los impuestos a las grandes corporaciones o que se desmantele la Caja. Se han vuelto expertos en defender intereses que nunca los invitarán a su mesa. Es como ser el ratón que aplaude cuando el gato quita las leyes de protección de roedores, convencido de que, si el gato es «libre«, algún día lo invitará a cenar en lugar de comérselo.

En nuestra Costa Rica, este populismo de modales bruscos, violencia verbal y testosterona digital nos está programando para odiar al vecino que tiene un poquito más, mientras adoramos al magnate que nos quita lo poco que nos queda. Nos dicen que el Estado social de derecho es un «gasto» para que no notemos que lo que quieren es privatizar hasta el aire que respiramos.

Es hora de despertar del trance. Ser pobre y defender a ultranza a un millonario con ínfulas de mesías no es una postura política, es un error de cálculo emocional provocado por el hambre y el hartazgo. No seas el pavo que celebra que adelantaron la Navidad; recordá que en esa fiesta, vos no vas a la mesa, vos sos el plato principal.

Postdata de JoseSo: La manipulación es tan perfecta que terminás odiando al que te quiere ayudar y amando al que te está desplumando… ¿Ya revisaste quién sostiene el mango del hacha que estás aplaudiendo?

La verdad sobre el Estado de la Unión de Trump

Senador Bernie Sanders*

Muchas gracias por acompañarme. Permítanme decir unas palabras sobre algunas de las mentiras y distorsiones que el presidente Trump hizo anoche en su discurso sobre el Estado de la Unión. Y no se preocupen, a diferencia de Trump, no voy a extenderme durante una hora y 47 minutos. Será bastante más corto que eso.

Anoche, como recordarán, el presidente Trump afirmó, cito: “Miembros del Congreso y compatriotas estadounidenses, nuestra nación ha vuelto. Más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca”. Fin de la cita. Bueno, debo admitir que Trump acertó a medias. Él y sus amigos multimillonarios son, en efecto, más ricos que nunca. Desde que es presidente, como resultado de un nivel sin precedentes de cleptocracia, la familia de Trump es ahora 4.000 millones de dólares más rica que antes de que fuera elegido. Sin mencionar el avión de 400 millones de dólares que recibió como regalo de la familia real de Qatar. Además, la clase multimillonaria en su conjunto está obteniendo resultados increíblemente favorables bajo Trump.

Desde su elección, los multimillonarios han visto un aumento de 1,5 billones de dólares en su riqueza. Eso es realmente extraordinario.

El resultado es que ahora tenemos más desigualdad de ingresos y de riqueza que en cualquier otro momento de la historia de nuestra nación. Pero mientras las personas más ricas están prosperando de manera extraordinaria, sorpresa, sorpresa, esto es lo que Trump no mencionó.

Hoy en Estados Unidos, más del 60% de nuestra población vive al día, con millones de estadounidenses luchando por poner comida en la mesa, pagar la vivienda, la atención médica, el cuidado infantil, la educación y otras necesidades básicas de la vida. 60% de nuestra gente viviendo al día. Trump simplemente se olvidó de hablar de eso. Hoy en Estados Unidos, más de 20 millones de hogares están destinando más de la mitad de sus ingresos limitados a la vivienda y casi 800.000 personas no tienen hogar.

Hoy en Estados Unidos, el 21% de nuestros adultos mayores intenta sobrevivir con menos de 15.000 dólares al año. Intenten hacerlo. Intenten sobrevivir con 15.000 dólares al año. Y casi la mitad de los trabajadores mayores no tiene ningún ahorro para la jubilación. Hoy en Estados Unidos, cientos de miles de jóvenes brillantes no pueden costear la universidad y más de 40 millones están lidiando con niveles escandalosos de deuda estudiantil. Hoy en Estados Unidos tenemos una de las tasas más altas de pobreza infantil entre los países principales del mundo. Ahora bien, si esa es la economía en auge, la mejor economía en la historia de la humanidad, si eso es de lo que Trump está hablando, que Dios nos ayude.

Además, sobre otro tema, Trump dijo anoche que quiere, cito: “Detener a los extranjeros ilegales y a otras personas no autorizadas de votar en nuestras sagradas elecciones estadounidenses, donde el fraude es desenfrenado”. Fin de la cita, según Donald Trump.

Para empezar, me parece interesante que Trump hable de nuestras elecciones sagradas. Este es el mismo hombre que, después de las elecciones de 2020, fue grabado presionando por teléfono al secretario de Estado de Georgia para, cito, “encontrar 11.780 votos”, fin de la cita, para poder revertir el resultado. Supongo que esa elección en Georgia no era tan sagrada. Este es el mismo hombre que provocó una insurrección violenta el 6 de enero de 2021 para intentar revertir una elección que perdió y permanecer en el poder. Y a pesar de más de 60 casos judiciales que dictaminaron lo contrario, sigue afirmando que ganó las elecciones de 2020 y que le fueron robadas.

Este hombre que dice que nuestras elecciones son sagradas todavía no ha afirmado que no buscará un tercer mandato, a pesar de que eso es claramente inconstitucional. La Constitución limita a las personas a dos mandatos.

Pero aquí está la verdad sobre nuestras elecciones.

A pesar de que 154 millones de estadounidenses en los 50 estados votaron en la última elección, el fraude electoral en nuestro país es extremadamente raro. Incluso la base de datos de delitos electorales de la conservadora Fundación Heritage, partidaria de Trump, registró solo 24 casos de no ciudadanos votando en elecciones estadounidenses entre 2003 y 2023.

Cientos de millones de votantes en un período de 21 años, 24 casos de no ciudadanos votando. Eso no es precisamente una crisis. Pero esa gran mentira de que millones y millones de personas indocumentadas están votando es la base del SAVE Act, una legislación que efectivamente obligaría a cada estadounidense a presentar un pasaporte o un certificado de nacimiento para registrarse para votar. Así que detengámonos un momento. ¿Tiene usted pasaporte? Algunos sí. Muchos no. ¿Tiene su certificado de nacimiento? Francamente, yo no. ¿Cómo va a conseguir ese certificado? Pues bien, si no tiene pasaporte ni certificado de nacimiento, no podrá registrarse para votar. Eso despojaría de sus derechos a millones y millones de personas. Despojaría del derecho al voto a millones de mujeres que cambiaron su apellido después de casarse y cuyos documentos ya no coinciden, así como a millones de otros estadounidenses que simplemente no tienen pasaporte ni certificado de nacimiento.

Y luego está el tema de la inmigración del que Trump habló anoche, donde se jactó y cito: “Estamos deportando a criminales extranjeros ilegales de nuestro país en números récord y los estamos sacando de aquí rapidísimo”. Fin de la cita. Bueno, no exactamente la verdad. La realidad es que menos del 14% de las personas arrestadas por ICE en el primer año de Trump de regreso en el cargo tenían antecedentes de delitos violentos. El 86% no los tenía.

Pero la verdad es, como hemos visto en nuestras pantallas de televisión, que ICE está ocupando y aterrorizando ciudades estadounidenses, deteniendo a ciudadanos estadounidenses y solicitantes de asilo, derribando puertas sin el debido proceso, enviando a niños de cinco años a centros de detención y deportando ilegalmente a personas a países en los que nunca han estado, de manera horrífica.

También vimos los videos de agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza asesinando a Renee Good y Alexander Petty a sangre fría.

Anoche, el presidente Trump dijo que está trabajando para reducir drásticamente los costos de la atención médica. Bueno, podría haberme engañado. El llamado “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump está dejando a 15 millones de estadounidenses, personas de bajos ingresos y de clase trabajadora, sin la cobertura de salud que tienen, mediante un recorte de un billón de dólares a Medicaid y a la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Por cierto, el propósito de ese recorte es otorgar un billón de dólares en exenciones fiscales al 1% más rico.

Este año, como resultado de las acciones de Trump, las primas de los seguros de salud se han duplicado en promedio para 20 millones de estadounidenses bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Esa es una manera bastante extraña de reducir los precios de la atención médica y mejorar el sistema.

Anoche, Trump también afirmó que está poniendo fin al costo desorbitado de los medicamentos recetados como nunca antes había sucedido. Fin de la cita. Bueno, no exactamente. Este año, la industria farmacéutica anunció que aumentará los precios de más de 850 medicamentos recetados en Estados Unidos. Y, a pesar de lo que dice Trump, seguimos pagando, por mucho, los precios más altos del mundo por medicamentos recetados.

Permítanme concluir diciendo esto. El pueblo estadounidense entiende cada vez más que Donald Trump es un mentiroso patológico que representa los intereses de la clase multimillonaria y que está moviendo rápidamente a nuestro país hacia el autoritarismo.

El pueblo estadounidense también entiende que cuando permanecemos unidos y no dejamos que Trump y sus amigos nos dividan —y lo vimos en Minnesota, y lo estamos viendo en estados de todo el país— cuando hacemos eso, podemos y vamos a crear la nación que sabemos que podemos ser: un país basado en los principios de libertad, justicia y democracia.

Sigamos adelante juntos. Muchas gracias.

* Transcripción y traducción del discurso que puede verse en el enlace colocado al final.

Estos son los “datos duros” de la crítica de Sanders al informe de Donald Trump:

Primero, sobre concentración de riqueza y beneficios para multimillonarios:

La familia Trump sería 4.000 millones de dólares más rica desde que él asumió la presidencia.
– Trump habría recibido un avión valorado en 400 millones de dólares como regalo de la familia real de Qatar.
– Desde la elección de Trump, los multimillonarios habrían incrementado su riqueza en 1,5 billones (trillón) de dólares.
– Afirma que la desigualdad de ingresos y riqueza es la mayor en la historia del país.

Segundo, sobre condiciones socioeconómicas en Estados Unidos:

Más del 60% de la población vive “paycheck to paycheck” (al día, dependiendo del salario mensual).
– Más de 20 millones de hogares destinan más de la mitad de sus ingresos a la vivienda.
– Cerca de 800.000 personas están en situación de calle.
– 21% de las personas mayores sobreviven con menos de 15.000 dólares al año.
– Casi la mitad de los trabajadores mayores no tiene ahorros para la jubilación.
– Más de 40 millones de personas cargan con deuda estudiantil.
– Estados Unidos tendría una de las tasas más altas de pobreza infantil entre los países desarrollados.

Tercero, sobre fraude electoral:

154 millones de personas votaron en la última elección.
– Entre 2003 y 2023, la base de datos de delitos electorales de la
Heritage Foundation registró 24 casos de no ciudadanos votando.
– El período considerado fue de 21 años.

Cuarto, sobre inmigración y aplicación de la ley:

Menos del 14% de las personas arrestadas por ICE en el primer año de Trump tenían antecedentes por delitos violentos.
– 86% no los tenía.

Quinto, sobre salud y política fiscal:

El “gran proyecto de ley” de Trump implicaría un recorte de 1 billón de dólares a Medicaid y a la Ley de Cuidado de Salud Asequible.
– Ese recorte dejaría sin cobertura a 15 millones de personas.
– El objetivo sería financiar 1 billón de dólares en recortes fiscales para el 1% más rico.
– Las primas de seguros bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible se habrían duplicado para 20 millones de personas.
– La industria farmacéutica habría anunciado aumentos de precios en más de 850 medicamentos.

Fuente: https://youtu.be/W2qpYkLZxeY

Abrir las Ciencias Sociales…30 años después

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Febrero inició para la sociedad costarricense con la confirmación de una alerta que desde hace unos años tenía sus luces encendidas: el sistema político mostraba serias fracturas, el camino democrático podría llenarse de piedras y aparecerían nuevos actores que vendrían para quedarse y enturbiar el escenario de estabilidad del que gozamos hasta hace un par de décadas.

Abordar este proceso de rápidas reestructuraciones y quiebres implica enormes desafíos en la manera como hemos venido observando los cientistas sociales esa realidad.

Es impostergable de nueva cuenta falsear los esquemas de pensamiento sobre la base de nuevas evidencias que reconozcan cada vez con mayor fuerza la necesidad de entrar en procesos de transformación en la construcción de conocimiento, no solo para generarlo, sino para que este sea útil en la vida cotidiana de muchos sectores de población.

Este 2026 se cumplen 30 años de la publicación de aquel compendio de reflexiones denominadas “Abrir las Ciencias Sociales” desarrollado por la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales y coordinado por el científico social estadounidense Inmanuel Wallerstein.

Este esfuerzo significó un punto de inflexión para las ciencias sociales de entonces: había que superar los estancos disciplinarios, acometer ejercicios de diálogo entre la historia, la cultura y la economía y avanzar hacia la consolidación de procesos más reflexivos, abiertos y globales.

Constituyó una hoja de ruta que al menos en el contexto latinoamericano ha tenido sus limitaciones: las ciencias sociales enfrentan hoy su hora más crítica dado el giro conservador en muchas propuestas sociopolíticas que las observan con recelo. Hoy la amenaza para su continuidad es real ciertamente.

Enfrentar esta hora implica revisar de nuevo el marco de acción epistemológico y político de las diversas disciplinas que la conforman. En el caso costarricense requiere señalar una hoja de ruta clara para los próximos diez años en los que se deberán ampliar los diseños interdisciplinarios, las acciones concretas de impacto en las poblaciones y comunidades e incidir en una arquitectura mucho más flexible que vuelva posible la generación de los vasos comunicantes hacia adentro y hacia afuera.

Abrir, de nuevo, las ciencias sociales para abordar la complejidad que somos (violencias, desigualdades, exclusiones) es una tarea impostergable: así nos lo demanda el contexto actual.

Construir hacia adelante, no perder el tiempo intentando recuperar el pasado

Freddy Vargas Aguilar
Tel 8620 0780

Necesitamos construir Esperanza.

Necesitamos construir Rebeldía.

Necesitamos construir Humilde sabiduría.

¿Qué dejamos de hacer y, qué hicimos, que ha impedido construir un Movimiento popular?

¿Cómo es que hay divorcio entre intelectuales y movimientos sociales? ¿Entre dirigentes, políticos y afiliados, bases sociales?

¿Qué cambios en actitudes, conductas personales del tico llevan al aislamiento, a la evasión?

¿Por qué se hace difícil comprender que se está en una encrucijada que, o nos lleva a una economía de mayor concentración de riqueza y expansión de pobreza con un Estado más autoritario o, a una economía justa, solidaria, con un Estado plenamente democrático?

En Costa Rica, así como en el mundo, un modelo económico y político está llegando a su fin. No tiene sentido histórico luchar por algo que está dejando de existir. Construir otro camino pasa por el trabajo laborioso, paciente, humilde, de construir un Movimiento popular en donde, esa misma acción es la razón, el proyecto para integrar fuerzas, recursos.

Defensoría: Reducción del financiamiento pone en riesgo el derecho a la educación

Una reciente investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes vuelve a apuntar sobre el riesgo que significa para la sostenibilidad del sistema educativo seguir por el camino de la reducción en el financiamiento.

El gasto público destinado a educación ha disminuido del 7,8% del PIB en 2019 al 5,5% en 2025, incumpliendo el mandato constitucional que establece un mínimo del 8%. Esta reducción refleja una pérdida sostenida de prioridad política y fiscal hacia uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano y social costarricense.

El más reciente informe de la Defensoría insiste que esta contracción presupuestaria no solo debilita la capacidad institucional del Ministerio de Educación Pública (MEP), para ejecutar programas estratégicos, sino que además impacta directamente en la calidad de los aprendizajes, la infraestructura educativa y la equidad territorial. Entre 2015 y 2025, el país ha experimentado una caída sostenida en los resultados de las pruebas internacionales PISA, con pérdidas acumuladas de hasta 24 puntos en matemáticas y 28 en lectura, lo que evidencia el vínculo entre la reducción de recursos y el deterioro de los aprendizajes básicos.

Desde un enfoque de derechos humanos, la Defensoría subraya que el principio de progresividad exige al Estado avanzar de forma constante en la garantía del derecho a la educación de calidad (inclusiva, equitativa y pertinente), evitando retrocesos injustificados. Sin embargo, los recortes presupuestarios en programas esenciales —como alimentación escolar, infraestructura y formación docente— constituyen una forma de regresividad que afecta desproporcionadamente a las comunidades rurales, costeras, indígenas y a las personas estudiantes con discapacidad. En estas poblaciones, la falta de recursos compromete la permanencia escolar y amplía las brechas estructurales de desigualdad.

Asimismo, la Defensoría señala que la erosión progresiva del presupuesto educativo ha limitado el alcance de políticas de inclusión y equidad, debilitando programas como el de becas y transporte estudiantil. De esta forma, la educación pública, históricamente reconocida como motor de movilidad social, enfrenta hoy una precarización institucional que amenaza su papel como herramienta de justicia social. La Defensoría destaca que esta tendencia contradice los compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense ante la UNESCO y el Comité de los Derechos del Niño.

Por otro lado, la investigación identifica una creciente inestabilidad presupuestaria en el MEP, con variaciones interanuales negativas desde 2019 y una dependencia de decisiones coyunturales. Ello ha generado un efecto dominó en las Juntas de Educación y Administrativas, que hoy deben asumir con recursos limitados la continuidad de servicios básicos en las escuelas y colegios. Esta situación expone a las comunidades educativas a vulneraciones indirectas del derecho a la educación y profundiza la desigualdad entre territorios con distinta capacidad de gestión local.

La Defensoría de los Habitantes hace un llamado urgente a revertir la tendencia de desinversión educativa, priorizando la educación como inversión estratégica para el desarrollo nacional. Fortalecer la gobernanza, garantizar estabilidad financiera y asegurar la equidad en la asignación de recursos son condiciones esenciales para que la educación continúe siendo un instrumento de justicia social, cohesión y democracia.

Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Ante la rebaja de combustibles: ¿Y la comida? ¿Y los salarios congelados?

Partido Vanguardia Popular

El Partido Vanguardia Popular toma nota de la noticia publicada este 29 de enero de 2026, en la que se informa que la ARESEP aprobó una rebaja en los precios de los combustibles.

Si bien toda disminución en los precios de combustibles es bienvenida, nos preguntamos: ¿Esta rebaja se traducirá en un alivio real para el bolsillo de las familias trabajadoras? La experiencia nos muestra que las rebajas en los combustibles nunca se reflejan de manera proporcional en la canasta básica. Mientras los precios de los alimentos siguen aumentando, y aunque se reporta una inflación negativa, las familias siguen sintiendo el peso de la carestía en los productos de primera necesidad.

Peor aún, el gobierno celebra esta rebaja marginal mientras mantiene congelados los salarios del sector público desde hace seis años. Los sindicatos han tenido que presentar proyectos de ley para exigir el descongelamiento salarial, porque los trabajadores no reciben un ajuste desde 2020. ¿De qué sirve que baje el precio del combustible si los ingresos de miles de funcionarios y trabajadores públicos siguen estancados, perdiendo poder adquisitivo año tras año?, eso es precarización laboral y empobrecimiento.

Por eso, el Partido Vanguardia Popular plantea dos interrogantes claves al pueblo costarricense:

1. ¿Por qué el dólar baja, el precio de combustibles baja, y el precio de los alimentos no? ¿Qué medidas concretas toma el gobierno para garantizar que esta rebaja en los combustibles se transmita a los precios de la canasta básica y no se quede en los márgenes de lucro de los intermediarios?

2. ¿Cuándo terminará el congelamiento salarial de 6 años? ¿Cuándo se dejará de castigar a la clase trabajadora con un congelamiento que viola sus derechos constitucionales y profundiza la desigualdad?

No basta con anunciar rebajas simbólicas en los combustibles mientras se ignora el drama cotidiano de las familias que ven cómo sus salarios no alcanzan para comer. Exigimos políticas integrales que combatan la especulación en los precios de los alimentos y que restablezcan la dignidad salarial de los trabajadores, pero también llamamos a la organización de la clase trabajadora por un ajuste salarial del 10% o más, sin lucha no hay victoria posible.

Partido Vanguardia Popular
Por la justicia social y la soberanía nacional

Entre tibiezas y olvidos: así enfocan planes de gobierno temas de migración y género

UNA. Desde problemas conceptuales, hasta aproximaciones muy superficiales e incluso olvidos absolutos: así transitan las propuestas relacionadas con políticas hacia la población migrante y al enfoque de género, en los planes de gobierno de los cuatro partidos políticos que encabezan las preferencias de voto.

Así lo valoraron Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) y quien ha estudiado el fenómeno migratorio en los últimos 25 años y Larissa Arroyo, abogada especialista en género y derechos humanos, y académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM).

El tercer programa Praxis Electoral, de la Escuela de Filosofía de la UNA, se adentró en estos dos temas y analizó las propuestas de los partidos Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Frente Amplio (FA).

Migración

Guillermo Acuña inició su valoración del tema migratorio bajo un contexto internacional que no es el idóneo. Calificó como un “proceso de tensión” las políticas implementadas por el mandatario Donald Trump en Estados Unidos, y que han desembocado en una resistencia civil tras el asesinato de una mujer en el estado de Minnesota, por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En Costa Rica, el fenómeno migratorio también ha mutado: existe migración en tránsito y aquella más vinculada hacia la expulsión de nacionales producto de la pobreza y la exclusión, en regiones específicas del país como la zona sur y el occidente. Bajo este entorno, el académico señaló que las propuestas políticas han optado por dos enfoques: la del control y la seguridad y la de integración.

Esta última, que es más garantista en temas de derechos humanos, predomina en las visiones de la CAC y del FA.

Para el caso del partido frenteamplista, Acuña afirma que es la agrupación que realizó un diagnóstico más certero “donde incluye acciones para fortalecer la institucionalidad y el trabajo en territorios”.

En el caso del CAC no visualiza tanta fortaleza en el programa de gobierno, al determinar que el tema se trata de manera tangencial y diluida a lo largo de su propuesta, sin que ocupe un espacio unificado.

Para el caso del oficialista PPSO, la visión se acerca más hacia ese enfoque de control y seguridad y a fortalecer los centros de detención. Acuña ve un alineamiento de esta visión con el apoyo que tuvo en el actual gobierno el traslado de personas migrantes desde Estados Unidos y su reclusión en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), en la zona sur del país, donde incluso la Defensoría de los Habitantes denunció faltas y agravios a los derechos de estas personas.

Sin embargo, una coincidencia no positiva de estos tres partidos es la ausencia de una visión de la persona migrante con autonomía y subjetividad, y, por el contrario, la orientación programática tiende a ser más vertical.

La otra cara de la moneda, en cuanto a la formulación de propuestas en esta materia, la representa el PLN, cuyo plan de gobierno no incluye una sola mención al tema migratorio, denunció el vicedecano de Ciencias Sociales.

Género

El análisis del tema de género y los derechos de las mujeres debe pasar por una premisa fundamental, de acuerdo con Larissa Arroyo: el Estado costarricense está en la obligación de tomar las acciones pertinentes para reducir las brechas de desigualdad y discriminación, en acatamiento de lo dispuesto por convenciones internacionales como Belém do Parà y la de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Estos mismos organismos han señalado la necesidad de que las soluciones se aborden desde la interseccionalidad; es decir, considerando los derechos de poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y de la diversidad sexual, entre otros.

Bajo estos preceptos, la especialista ve propuestas más integrales en los planes del FA y la CAC, aunque sí enfatizó en que deben existir concreciones puntuales por medio de acciones afirmativas, que beneficien a los grupos poblacionales más excluidos.

En el caso del FA sí se hace referencia a las distintas manifestaciones de violencia que sufren las mujeres, mientras que, en el caso de la Coalición, se hace mención a los organismos internacionales y la responsabilidad estatal que eso conlleva.

En el PPSO, el plan de gobierno del partido que defiende la continuidad se enfoca más en el asistencialismo, con un énfasis en lo económico y laboral, más allá de lo estructural o en los derechos.

Al igual que en el ámbito de lo migratorio, el PLN resalta por la debilidad de sus propuestas. “Se quedan en la epidermis. Es un partido que no muestra con claridad cuál es su postura”, indicó Arroyo.

En cuanto al análisis de cuán factibles pueden ser las soluciones que plantean estos partidos, la académica del IEM señaló que pasa mucho por el contenido presupuestario, aunque indicó que esto no debe ser excusa para que un Estado garantice derechos vulnerados a la luz de lo que dictan los organismos internacionales. También debe existir mayor rendición de cuentas y transparencia.

En cuanto a migración, Guillermo Acuña también apuntó a la necesidad de asegurar los costos de regularización migratoria y un uso más transparente del Fondo Social Migratorio, que se nutre de los ingresos provenientes de los trámites que deben cumplir en el país las personas que realizan solicitudes de asilo.

El programa completo de este Praxis Electoral puede verlo desde el canal de YouTube de la Escuela de Filosofía: https://www.youtube.com/watch?v=z7vark5Qrkg

El cuarto episodio de este especial electoral se llevará a cabo el jueves 22 de enero a las 12 p.m. sobre los temas de política exterior y economía. Participarán los académicos Carlos Cascante, de la Escuela de Relaciones Internacionales, y María Leonela Artavia, de la Escuela de Economía de la UNA.

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