Skip to main content

Etiqueta: desigualdad

Costa Rica 2010-2024 – La marejada de la desigualdad

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

En este artículo, se explora cómo el Proyecto Neoliberal prioriza la rentabilidad empresarial, devenida criterio central de la organización económica, lo que cual provoca una desconexión preocupante entre el crecimiento económico y el bienestar social en Costa Rica, durante el período entre 2010 y 2024. Destacan problemáticas clave como la desconexión entre crecimiento y empleo, el estancamiento de los ingresos reales y la creciente brecha entre el crecimiento económico y los ingresos de los hogares, lo que plantea preguntas importantes sobre las implicaciones para la desigualdad.

SURCOS le invita a descargar y compartir este análisis del doctor Luis Paulino Vargas Solís.

La ampliación de la jornada de trabajo de las mujeres a 12 horas como expresión de la violencia de género

Frank Ulloa | Foto: Gerardo Iglesias | Rel UITA

Frank Ulloa Royo

La violencia de género también impregna las leyes laborales y por tanto tiene un impacto significativo en el trabajo de las mujeres. En la vida diaria y en su incorporación al proceso de trabajo, las mujeres enfrentan una serie de desafíos que reflejan las desigualdades y la discriminación profundamente arraigadas en la sociedad. Existe una relación directa e interacciones entre la violencia social, el trabajo de las mujeres, la discriminación y las desigualdades en el ámbito laboral. En razón del proyecto de ley que pretende aumentar la jornada de trabajo a doce horas, examinamos esta propuesta desde la óptica de las mujeres trabajadoras, porque este cambio en la regulación de la jornada busca aumentar la jornada laboral de las mujeres a 12 horas, dejando de lado la perspectiva de género y a la luz de los Convenios Internacionales de la OIT.

La violencia social, la discriminación y las desigualdades en el trabajo son fenómenos interconectados que afectan negativamente a las mujeres. Las propuestas de aumentar la jornada laboral a 12 horas ignoran las realidades de la doble carga de trabajo y los riesgos asociados para la salud de las mujeres. Es esencial adoptar políticas laborales que promuevan la igualdad, protejan la salud y bienestar de las trabajadoras y respeten los derechos humanos.

La OIT (2021) ha señalado que las mujeres trabajan en promedio 4 horas más que los hombres cuando se combinan las responsabilidades laborales y domésticas. Este proyecto de ley va a afectar al 47 % de las mujeres costarricenses que son encargadas de su propia familia. A partir de este enfoque, es posible encontrar sesgos androcéntricos en los derechos, los principios fundamentales o en las garantías constitucionales, así como en los mecanismos por medio de los cuales se protegen. Al identificarlos, se requiere hacer un replanteamiento desde la perspectiva de género con la intención de ser inclusivos en la formulación de las leyes.

Violencia social y trabajo de las mujeres

Las mujeres no solo enfrentan acoso y violencia en el hogar, sino también en sus lugares de trabajo. Esta violencia se manifiesta de múltiples formas, desde el acoso sexual hasta la violencia física y psicológica. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2018), una de cada tres mujeres ha experimentado alguna forma de violencia en el lugar de trabajo.

Consecuencias de aumentar la jornada laboral a 12 horas:

Las propuestas de aumentar la jornada laboral a 12 horas para las mujeres tienen implicaciones severas para su salud y bienestar y la de sus familias. Estudios han demostrado que largas jornadas laborales están asociadas con un aumento en enfermedades cardiovasculares, problemas de salud mental y fatiga crónica. La OMS (2016) ha advertido que trabajar más de 55 horas por semana aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular en un 35% y el riesgo de muerte por cardiopatía isquémica en un 17%.Para las mujeres, estas consecuencias pueden ser aún más graves debido a la doble carga de trabajo. Aumentar las jornadas laborales sin proporcionar apoyo adicional puede llevar a un deterioro significativo de la salud física y mental de las mujeres, exacerbando las desigualdades existentes.

Derechos humanos y normativas internacionales

La propuesta de aumentar las jornadas laborales contraviene los principios de los derechos humanos y las normativas internacionales. El Pacto de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual muchos países de América Latina son signatarios, establece el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables, incluyendo jornadas laborales razonables. La OIT también aboga por jornadas laborales que no comprometan la salud y el bienestar de los trabajadores.

La OIT y las condiciones de trabajo de la mujer

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha desarrollado varias propuestas y estrategias para mejorar y equilibrar el trabajo de la mujer. Aquí te presento algunas de las más destacadas:

Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad de Género 2022-2025

Este plan se centra en promover la igualdad de género en el mundo del trabajo y aborda temas como la discriminación, la violencia y las desigualdades salariales. Entre sus objetivos se encuentran:

  • Promover la igualdad de oportunidades: Asegurar que tanto hombres como mujeres tengan acceso a empleos dignos y productivos.

  • Mejorar la protección social: Fortalecer la cobertura y eficacia de la protección social para todos los trabajadores.

  • Fomentar el diálogo social: Promover el tripartismo y el diálogo social para abordar las desigualdades de género.

Convenios y recomendaciones claves

La OIT ha establecido varios convenios y recomendaciones que son fundamentales para la igualdad de género en el trabajo. Algunos de los más importantes incluyen:

  • Convenio sobre la Discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111): Prohíbe la discriminación en el empleo y la ocupación.

  • Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (núm. 156): Protege a los trabajadores con responsabilidades familiares.

  • Convenio sobre la Protección de la Maternidad, 2000 (núm. 183): Garantiza la protección de la maternidad y el derecho a la licencia por maternidad.

  • Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (núm. 156) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

De manera concreta el proyecto de ley para ampliar la jornada de la mujer a doce horas contraviene el Convenio (núm. 156) que tiene como objetivo principal garantizar la igualdad de oportunidades y tratamiento para hombres y mujeres trabajadores con responsabilidades familiares. Este instrumento internacional reconoce que las responsabilidades familiares pueden afectar negativamente las condiciones laborales de los trabajadores y busca abordar estas desigualdades a través de diversas medidas.

Lo anterior lo afirmo porque el Convenio propone fomentar la igualdad de oportunidades y tratamiento al establecer que las trabajadoras con responsabilidades familiares deben recibir igualdad de oportunidades y tratamiento en el empleo, sin discriminación. Asimismo, busca proteger a las trabajadoras con responsabilidades familiares contra el despido injustificado, como podría ocurrir por las ausencias para atender responsabilidades familiares por enfermedad o cuidados. Finalmente propone mas bien reducir jornadas por distintos medios y horarios flexibles y trabajo remoto, para ayudar a los trabajadores a equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares, en busca de promover en la practica la igualdad de género en el ámbito laboral y de apoyar a los hombres y mujeres en la asunción de responsabilidades familiares.

Estrategias para la igualdad de género

La OIT también promueve la incorporación de la perspectiva de género en todas sus actividades y políticas. Esto incluye:

  • Divulgación de información: Aumentar la conciencia sobre los derechos laborales y la igualdad de género que debe considerarse al modificar las leyes.

  • Medidas diferenciadoras: Implementar medidas de apoyo específicas para responder a las necesidades y intereses de las mujeres y los hombres.

  • Promoción de la igualdad en el lugar de trabajo: Asegurar que tanto mujeres como hombres tengan igual acceso a los derechos laborales. Reducción de las jornadas de trabajo y la creación de apoyos familiares.

Costa Rica contra corriente:

Mientras los países de América Central avanzan en derechos el país avanza contra corriente, en favor de la eliminación de derechos y generando mayores desigualdades al proponer proyectos como el de aumento de jornada que parece que tiene los votos inconscientes necesarios para contribuir destruir la calidad de vida de miles de mujeres. Costa Rica con esta propuesta de ampliación de jornada contraviene las propuestas y estrategias buscan crear un entorno laboral más equitativo y justo para todas las personas, independientemente de su género. 1

De esta manera sectores de la Asamblea legislativa lejos de darle una perspectiva de género a la legislación para crear un entorno laboral más equitativo y justo, reconociendo la importancia de las responsabilidades familiares y su impacto en la vida laboral de los trabajadores, promueven nuevas y mayores desigualdades.2

Así, Costa Rica dejó atrás su doble moral y de manera clara impulsa estrategias contrarias a la corriente de derechos humanos que impulsa la OIT y que se resume en varias propuestas pro derechos de las mujeres.

Bibliografía

  • Aznar Aguilarte, Alexandra María. «Los orígenes del derecho al trabajo en Francia (1789-1848).»

  • Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2018). «Ending violence and harassment against women and men in the world of work.»

  • Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2021). «World Employment and Social Outlook: Trends 2021.»

  • Organización Mundial de la Salud (OMS). (2016). «Long working hours and the risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis.»

  • Pacto de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (1988).

  • Vázquez Macías, Ana. (2022). «La evolución del régimen jurídico del trabajo de la mujer: la conciliación de la vida laboral y familiar como vía estratégica para alcanzar la igualdad de género.» Tesis de Máster, Universidad de Oviedo. España.

1 La perspectiva de género en el derecho laboral es un tema de especial importancia que busca abordar las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. En el libro «Los orígenes del derecho al trabajo en Francia (1789-1848)», Alexandra María Aznar Aguilarte analiza cómo las políticas laborales comenzaron a reconocer y tratar estas desigualdades desde sus primeras formulaciones. Allí examina la evolución de las leyes y políticas laborales que surgieron durante este período y cómo estas leyes comenzaron a reconocer el trabajo como un derecho fundamental.

2 Ana Vázquez Macías (Universidad de Oviedo,2022) concluye que la corresponsabilidad en las responsabilidades domésticas y familiares es esencial para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Ella argumenta que, aunque formalmente se reconoce la igualdad, la realidad material muestra que las responsabilidades familiares siguen siendo asumidas principalmente por las mujeres, lo que lleva a una doble jornada de trabajo-hogar y limita las oportunidades de promoción laboral para las mujeres, lo que se afecta con normas aparentemente neutras como la ampliación de una jornada para estimular la inversión extranjera.

La crisis de la educación requiere una participación efectiva de los movimientos sociales y populares

Pronunciamiento

El sistema educativo costarricense, en todos sus niveles, afronta una profunda crisis organizativa, presupuestaria y en términos globales de gestión. Lo que, sin lugar a dudas, requiere un cambio que permita orientar y generar una plataforma de diálogo constructiva para solventar los diversos desafíos socioeducativos. Desde el Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED), consideramos fundamental tomar acciones conjuntas frente a políticas que afectan al sistema educativo.

Considerando los siguientes elementos en materia de gestión política:

·      La carencia de una planificación y organización sistémica pertinente en términos educativos, tanto a lo interno del Ministerio de Educación Pública (MEP) como de este con instancias vinculadas a la formación superior.

·      La falta de comunicación y vinculación efectiva en áreas educativas con instituciones públicas y universidades para enfrentar las problemáticas y rezagos.

·      La improvisación como constante en acciones educativas: los fallidos procesos de megacentros educativos, el emprendedurismo desde preescolar, el abordaje inadecuado del tema de la violencia y el acoso escolar desde una perspectiva punitiva, la ausencia de claridad en las pruebas estandarizadas nacionales.

·      Han transcurrido tres años sin conocer una ruta de la educación con sustento normativo y material. Esto sin lugar a dudas genera incertidumbre e inestabilidad entre las comunidades educativas, las universidades y en general la ciudadanía. ¿Cómo se maneja el sistema? ¿A qué intereses obedece?

·      La carencia de un equipo constante y sólido en la dirección del MEP: han desfilado tres viceministros académicos ¿De quién es la responsabilidad de un clima de gestión tan inestable?

·      Las riendas del Consejo Superior de Educación y otros órganos claves en la gestión política de la educación: carecen de perspectiva y seguridad en la toma de decisiones para responder a los retos educativos nacionales.

·      El incumplimiento del 8% constitucional del PIB para la educación pública, atendiendo a decisiones con visión recortista y que no garantizan el derecho fundamental a la educación.

·      El retroceso en materia de derechos humanos en el ámbito educativo, con la eliminación de efemérides vinculadas a la diversidad de género y ahora el Programa de Educación Sexual y Afectividad.

Considerando los siguientes elementos en materia de gestión presupuestaria de la educación y, sobre todo, sustentado en el análisis presupuestario para el 2025:

·      Decrecimiento en la inversión pública para el conjunto del sistema educativo, con un claro incumplimiento del marco constitucional y llevándose a mínimos históricos respecto al PIB en las últimas dos décadas: un 4.9% para el 2025.

·      Un golpe en áreas medulares del sistema educativo, las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas, tanto para gastos operativos y comedores escolares, con un recorte de más de 2000 millones de colones. En los últimos tres años los presupuestos transferidos a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas se han reducido paulatinamente, retrocediendo a porcentajes de una década atrás.

·      La imposición a las universidades de 1% para el FEES, lo que llevó las discusiones a la Asamblea Legislativa, a fin de obtener los recursos requeridos por las universidades públicas. Medida encabezada por el despacho educativo y de hacienda sin contemplar indicadores, el plan de desarrollo del sistema superior universitario, e irrespetando lo establecido constitucionalmente. Con las universidades se aplica la misma receta de reducción de la inversión que en todo el conjunto del sistema educativo. Y, actualmente, de forma ilegal rechazan girar los recursos aprobados en la Asamblea Legislativa.

·      Enfrentamos un 2025 con un presupuesto planteado desde el gobierno y la cartera educativa que no cumple con los requerimientos mínimos, donde se establece una perspectiva fiscalista y que refleja una reducción sistemática en áreas de infraestructura, becas, transportes, alimentación y el equipamiento mínimo que requieren miles de docentes y estudiantes, de todos los niveles.

Afrontamos la profundización de las problemáticas socioeducativas resultado de la reducción del gasto y la ausencia de medidas estratégicas:

·      Más de 850 órdenes sanitarias en instituciones educativas de todos los niveles y regiones, un número inalterado desde el 2022. ¿Cómo, ante la reducción del presupuesto, se puede solventar la crisis en la infraestructura educativa, algo que resulta medular para mejorar el sistema educativo? 

·      De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares del 2023, en Costa Rica la mitad de las personas de más de 24 años no ha culminado la secundaria y un 26,5% ha completado únicamente el nivel de primaria. Hay una creciente desigualdad y exclusión de la población por la reducción de la inversión en educación, así como el incumplimiento de un derecho humano fundamental. ¿Qué propuestas se tienen desde el MEP para asegurar la oportunidad de acceso a la educación y culminación de niveles con un recorte severo de los presupuestos?

·      Hay restricciones para generar procesos de actualización y desarrollo permanente del personal docente-administrativo, al limitarse la actualización y la atención en áreas emergentes en distintos contextos sociales. La actual gestión del MEP y del gobierno exige resultados, pero sin brindar los insumos necesarios. ¿Cómo cumplir con los compromisos internacionales en materia de educación, indicadores históricos a nivel nacional que pretenden una dinámica de calidad sin actualización?

·      El acceso a la educación superior de forma universal es una aspiración para los actores comprometidos con la educación pública. Sin embargo, la disminución de recursos en primaria, secundaria y la creciente exclusión de la población merma dicha meta, aunado al recorte creciente a las universidades públicas. La educación es una herramienta esencial para el desarrollo del país: ¿De qué manera la actual dirigencia del MEP pretende afrontar con recortes presupuestarios acciones que realmente se orienten a la calidad educativa a largo plazo? ¿Qué propuestas tiene el MEP para garantizar el acceso y movilidad en los distintos niveles educativos?

En general, contemplando las inconsistencias políticas y organizativas del gobierno actual y de manera particular en la cartera educativa, junto con la disminución evidente de presupuestos y sin una ruta educativa congruente que responda a los indicadores críticos a nivel socioeducativo, se propone:

a.   Un cambio en la gestión y rumbo del MEP, que no ha generado ninguna propuesta verificable y menos articulada con los distintos actores del sistema educativo. Las  acciones del gobierno reflejan un retroceso y limitación del derecho a la educación en todos los niveles. 

b.   La formación de una comisión de alto nivel, integrada por representantes del profesorado del MEP, las universidades públicas, representantes sindicales y estudiantiles, junto con centros especializados en investigación educativa, social y económica, que establezcan una agenda de prioridades y tareas colectivas a nivel nacional para, a corto y mediano plazo, determinar una agenda democrática y representativa de los actores que viven la educación, que tienda a revertir la grave crisis educativa que enfrentamos como país. ¡Que las decisiones educativas se tomen por los actores sociales que las conocen y que las viven!

Ante el aumento de la violencia femicida, las mujeres declaramos emergencia nacional

Las mujeres que integramos el Colectivo Mujeres por Costa Rica expresamos nuestra preocupación y enojo por el aumento de los femicidios en Costa Rica. En el año 2024 tuvimos un femicidio cada 15 días y en este mes que recién iniciamos el año 2025: se dan 5 femicidios en 28 días, dos veces y medio más con respecto al año 2024.

Es muy preocupante, además, que la violencia femicida ha tomado formas cada vez más extremas, de tortura y ensañamiento contra las mujeres, prácticas que antes se consideraban exclusivas del narcotráfico y el crimen organizado, las encontramos hoy en las formas en que los hombres deciden acabar con la vida de las mujeres.

Las causas de la violencia son multidimensionales: por un lado, son consecuencia de una desigualdad estructural, política y económica de género, y por otro, responden también a la circulación cada vez más extendida de discursos políticos que utilizan el odio, la confrontación, la burla y la violencia como herramientas para el ejercicio del poder.

Las mujeres no queremos seguir viviendo bajo un estado de permanente amenaza, odio, terror y miedo.

Junto a la movilización social, es urgente que el Estado y sus instituciones cumplan con su deber de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y declarar ya un estado de emergencia.

Basta ya de violencia femicida

El Perú totalitario

Juan Huaylupo Alcázar[1]

En nuestra América vivimos una democracia aparente, se nos ha hecho creer que votar individualmente es democracia, no obstante, la democracia hace referencia a la colectividad, no al individuo, es social, que es diferente a la suma de individuos, como se asume en la estadística. Asimismo, emitir el voto es un acto mecánico, mientras que la democracia es un acto político que hace referencia a las decisiones y acciones sobre la gestión de una colectividad en relación con las problemáticas, necesidades y anhelos ciudadanos. Aspectos que no se relacionan ni se infieren de una cuantificación electoral.

Tampoco es democrática la actuación de un personaje, por el simple hecho de haber sido electo, la democracia trasciende el acto electoral, que de ninguna manera faculta al electo o electos, a la realización de acciones contrarias o ajenas de las necesidades, y demandas ciudadanas. La democracia no es una carta blanca a los electos, para quienes actúan a espaldas de la ciudadanía, esos son autócratas o tiranos, nunca demócratas. Así, hemos elegido a dictadores y ratificados electoralmente a asesinos en el poder, así como se ha aislado y difuminado la actuación articulada de la ciudadanía, ante la traición, corrupción, fraudes y electos delincuentes. Esta democracia de papel nunca cerró el camino al totalitarismo, por el contrario, ha sido el camino seguido por los tiranos Pinochet, Videla, Fujimori, Ortega, Bukele, Boluarte, entre otros, para asesinar las voces disidentes al poder.

Esto es, la democracia no es la expresión ideal de la igualdad política de los ciudadanos, pues reconoce explícitamente la desigualdad y la inequidad existente, que no es afectada, sino conservada y perpetuada en su nombre, sin alterar las bases constitutivas del sistema político. La democracia desde su origen ateniense, en el siglo VI a.c., ha sido un modo de segregación social, cuya significación etimológica “el poder del pueblo” expresaba la exclusión a los esclavos, además de ser paradójicamente concebida en un universo de esclavitud. Los propietarios en la actualidad no requieren representarse a sí mismos, como en el pasado, porque están representados por todo el poder estatal. Esto es, la democracia no supone consenso, libertad ni paz, por el contrario, implica un permanente enfrentamiento en contextos que otorgan facultades y libertades a unos contra otros. Se crea democracia en la lucha por el respeto y conquista de derechos, ella nunca ha sido una concesión ni regalo al pueblo.

Asimismo, no puede calificarse como democracia el cumplimiento de la normatividad jurídica, pues las leyes son aprobadas, según las negociaciones e intereses partidarios, clientelares o individuales por los legisladores en el Congreso peruano. Esto es, la creación de las leyes, no responden ni obedecen a las preocupaciones ni necesidades ciudadanas ni del interés nacional. Luego, no podrán ser democráticas, son leyes indignas, como quienes las aprueban. Solo la ignorancia sobre la creación de leyes, pueden creer o engañar que la normatividad jurídica es igualitaria, justa y necesaria. La democracia no se rige por patrones jurídicos creados para propósitos ajenos al interés general de la sociedad, la subordinación jurídica e instrumental, es la cosificación de la democracia por y para el poder. La democracia no es una mercancía enlatada, es siempre peculiar en las condiciones y situaciones que se conquista. La sociedad es la impronta social de toda democracia.

En el Perú no es posible, ni por asomo, denominarse democracia, es totalitario el régimen político peruano, o el poder absoluto del Estado o de algún poder estatal, sobre la ciudadanía o, dicho de otro modo, es el régimen que liquida todo derecho social alcanzado contra quienes deben depender y servir, al pueblo, el soberano.

El totalitarismo es el fin de la separación y autonomía de los poderes del Estado para ser monopolizado por una exclusiva instancia que controla y determina el funcionamiento del quehacer estatal. El totalitarismo es la despótica privatización del poder estatal y de la institucionalidad contra lo que es común a todos. Es la regresión salvaje del poder, que representa única y exclusivamente las ambiciones personales, de sus cómplices y asesinos, con capacidad de cometer atrocidades inimaginables contra la sociedad que creen ser dueños y amos. Ello, no solo muestra la calaña de gente, sin principios ni dignidad, también muestra cómo algunos sectores son arrastrados en las viles prácticas totalitarias y de otros que se han coludido delincuencialmente con el monopolio en el ejercicio de la represión y violencia, legal e ilegal, contra la sociedad. El totalitarismo compromete radicalmente nuestro presente y condena el futuro de los peruanos con la complicidad de sus propias víctimas. Así, la institucionalidad pública que habiendo sido una política estatal para garantizar la función pública básica y necesaria para la ciudadanía, está siendo liquidada por el totalitarismo estatal, para convertir a sus entes en incapaces de una actuación social y pública

El totalitarismo en el Perú, como toda tiranía, no ha requerido de la aceptación social, se ha liberado de toda supeditación para imponer el poder político absoluto sobre la ciudadanía y la nación. Tales facultades están dadas por la manipulación corrupta de los legisladores en el Congreso, por la red tejida por magistrados y fiscales comprometidos que ilegal, complaciente y tardíamente revelan los compromisos propios y ajenos contra la voluntad y derechos ciudadanos y nacionales, así como es evidente, el cómplice amparo de las fuerzas armadas que presurosas, al mandato de un poder que irrespeta todo derecho, asesina las justas demandas en defensa de los derechos ciudadanos y la soberanía nacional.

Creer que la gran mayoría de pobres y trabajadores con derecho a votar compensa la desigualdad social y política, es una ilusión, porque de manera sistemática y desde siempre y no precisamente por procesos electorales, se ha dividido a los subalternos con diversidad salarial, prebendas, despidos y corrupción a dirigentes y sindicalistas, así como con las opciones organizativas y alternativas partidarias divergentes, la promoción de la indiferencia, entre otras, han posibilitado la división política de los pobres y trabajadores. No obstante, la democracia latinoamericana posee un equilibrio catastrófico, porque la explotación e irrespeto a los derechos laborales y ciudadanos persisten, así como, por las ambiciones y disputas entre propietarios y grupos de interés por el poder y sus privilegios, como por aquellos que buscan ser los nuevos sátrapas.

[1] Catedrático pensionado. Universidad de Costa Rica.

Continuo caminar

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

A menos de 20 días para la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, las caravanas de personas migrantes han empezado a formarse de nuevo, tal vez como último recurso antes que empiece la anunciada política antiinmigrante a ser implementada en las primeras directivas que tomará en sus primeras horas de mandato.

Ni tan siquiera se habían apagado los fuegos artificiales despidiendo 2024 y dando la bienvenida a este incierto 2025, cuando se anunció la conformación de un numeroso grupo de personas migrantes provenientes de Guatemala, El Salvador, Venezuela, Ecuador, principalmente.

Para muchas de estas personas el destino final es la frontera entre México y Estados Unidos, para intentar cruzarla.

Pero también se reconoce la dificultad que implica el cruce y la estancia en Estados Unidos, frente a la implementación de una línea de política migratoria más dura, cuando el republicano asuma la presidencia. Ya hemos dicho que nos parece una línea más dura, dado que la administración demócrata que termina ha sido una de las más castigadoras contra las personas migrantes, en particular las de origen centroamericano.

Estos primeros grupos conformados salen del sur de México, concretamente Tapachula, escenario de una escalada de violencia en medio de la cual las personas migrantes han quedado atrapadas, sin otra posibilidad más que emprender el viaje.

A seis años del inicio de estas formas inéditas de movilización humana (grupos, colectivos, visibles en carreteras y fronteras internacionales en Centroamérica y México) su continuación se explica por la permanencia de las condiciones expulsoras en los países desde donde se originan: violencias, inequidad, desigualdad, pobreza, desempleo.

México aguarda por un posible aumento de personas devueltas o deportada al iniciar la administración Trump.

Esto desencadenará sin duda la intensificación del riesgo y la vulnerabilidad, que han producido ya 120.000 personas migrantes desaparecidas en ese territorio federal 2010 y un número aún no confirmado que ronda 7.500 personas migrantes fallecidas en los últimos diez años.

Antes estos hechos, el continuo caminar se convierte en estrategia, recurso y respuesta desde las mismas personas migrantes para tener al menos una pequeña esperanza de contar con un futuro mejor que su complejo presente.

Aguardemos por la suerte de este grupo que salió recientemente de Tapachula y esperemos más grupos a lo largo de este mes, antes que Donald Trump jure como el presidente #45 de la historia estadounidense.

El chavismo tico: síntoma de una democracia en agonía

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Mauricio Ramírez Núñez.

Desde hace ya mucho tiempo los partidos políticos en Costa Rica, y no exagero si nos referimos a occidente en general, enfrentan una profunda crisis de identidad o decadencia extendida. Representan a minorías económicas o culturales, pero han dejado de ser vehículos de representación para las grandes mayorías. Estas mayorías, que soportan las desigualdades y exclusiones de un modelo económico intacto desde hace décadas, han sido abandonadas por la clase política tradicional. En este vacío de representatividad, surgió el chavismo tico, no como un proyecto ideológico sólido, sino como un síntoma de una democracia que agoniza.

El reciente Informe del Estado de la Nación 2024 arroja luz sobre esta problemática. Según el informe, la democratización, lejos de ser un escudo, no logró evitar el colapso de los partidos políticos. La crisis de representación y el desalineamiento político de la ciudadanía son síntomas claros de un sistema político desconectado de las necesidades del pueblo y con una entropía institucional que le impide adaptarse para responder con certeza a las nuevas demandas ciudadanas. Este desalineamiento, reflejado en una ciudadanía que ya no se identifica con las ofertas partidarias tradicionales, evidencia la profundidad de la desconexión entre los partidos y las mayorías.

Cuando los partidos se enfocan únicamente en defender intereses específicos, del tipo que sean, se convierten en partidos minoritarios. Olvidan que, en una democracia real, aunque las minorías deben ser protegidas, reconocidas y respetadas, el objetivo final siempre debe ser el bienestar de las mayorías. Sin embargo, Occidente en los últimos años ha invertido esta lógica, misma en la que Costa Rica ha caído al seguir los pasos de forma acrítica de quienes ha considerado históricamente como el ejemplo a seguir. En lugar de demos-cratos, el poder del pueblo, estamos viviendo una democracia capturada por pequeñas élites o grupos que se desconectan de las necesidades colectivas.

No en vano, en las últimas elecciones llevadas a cabo en Estados Unidos de América, el senador Bernie Sanders al referirse a la derrota de los demócratas dijo que “no debería ser una gran sorpresa que un partido demócrata que ha abandonado a la gente de la clase trabajadora descubra que la clase trabajadora le ha abandonado”. Saquemos conclusiones nada más sobre la situación histórica de algunos partidos en Costa Rica, que en algún momento sí representaron no solo a la clase trabajadora, sino a la mayoría de la sociedad, y que hoy ésta le da la espalda.

El Informe del Estado de la Nación 2024 también señala que esta crisis de representación es una amenaza para nuestra ya débil estabilidad democrática. Las grandes mayorías, excluidas y desilusionadas, se convierten en terreno fértil para proyectos políticos que se alimentan de su frustración, llenando los oídos del pueblo con discursos de odio y promesas vacías que solo hacen crecer la espiral de desesperanza y violencia social. El chavismo tico es un ejemplo de cómo el descontento puede ser canalizado a través de liderazgos que explotan los sentimientos de abandono y desconfianza hacia el sistema. No se trata de una fuerza política que ofrece soluciones reales o de largo plazo, sino de un fenómeno que se alimenta del resentimiento acumulado contra una clase política cooptada por minorías de todo tipo, incapaz de responder a las necesidades básicas de la población.

La falta de representatividad no solo alimenta proyectos populistas, sino que también erosiona la esencia misma de la democracia. Cuando las mayorías sienten que el sistema no les responde, la legitimidad de las instituciones se derrumba como un castillo de naipes. En este contexto, el crecimiento del chavismo tico no es una anomalía; es una consecuencia lógica de un sistema político que ha fallado. La infiltración de este movimiento en diversos campos de la sociedad, desde la prensa hasta las instituciones públicas, es predecible y responde a su naturaleza: un proyecto político que, al nutrirse del descontento popular, busca inevitablemente el control total de los aspectos fundamentales de la vida nacional. Este afán hegemónico no solo intensifica la crisis democrática, sino que amenaza con perpetuar un ciclo donde la representatividad real sigue siendo la gran ausente. En otras palabras, no resuelve nada, solo agrava la crisis.

Reinventar la representación

El desafío que enfrentan los partidos políticos costarricenses es colosal. Según el Estado de la Nación, su desconexión con las mayorías no es un fenómeno reciente, sino el resultado de décadas de desalineamiento político y exclusión. Si Costa Rica quiere evitar caer en una espiral de polarización y populismo destructivo como hemos visto en otros países, sus partidos deben abandonar la complacencia y reconstruir los puentes con las mayorías y sus necesidades, además de hacer una limpia interna a nivel de estructuras. No hay de otra. De lo contrario, serán también responsables de lo que venga. Todo esto implica reconocer las falencias del modelo económico actual con el cual todos quienes han gobernado han colaborado, hacer una mea culpa, y abandonar el discurso elitista que desprecia las preocupaciones de la población común.

Costa Rica enfrenta una prueba crucial en las próximas elecciones de 2026. El colapso de los partidos políticos, reflejado en el informe, es una advertencia de todo lo que está en juego. O los partidos retoman su papel como representantes del demos, del pueblo, o seguirán allanando el camino para que liderazgos como el chavismo tico se consoliden, poniendo en peligro el equilibrio político y social que tanto costó construir. El tiempo para corregir el rumbo se agota. Reconstruir la confianza de las mayorías no es solo una cuestión de sobrevivencia política u oportunismo electoral, sino un imperativo para salvar la democracia tica, o lo que dejen de ella.

La indiferencia social

Juan Huaylupo Alcázar

La indiferencia aparece como la incomunicación entre actores implicados socialmente, lo cual puede ser interpretado como una relativa ruptura creada artificialmente por actores que crean barreras que no son arbitrarias. El carecer del apego a alguien o situación particular, no es característico del ser social, que valora, actúa y es consecuente en sus relaciones cotidianas. Imaginar una indiferencia a todo, es la negación a la propia existencia humana, como individuo, ciudadano y ser social, sin duda sería una extrema patología, una muerte en vida, un sujeto convertido en objeto, sin capacidad de valorar ni reflexionar.

La indiferencia es originada externamente, creada por determinaciones culturales, grupales o ideológicas, que se encubre en una aparente indiferencia. Esto es, revela la separación, la diferenciación del pensamiento, condición social, etc., no es sobre lo desconocido o ignorado, sino sobre lo conocido y despreciado. Es la evidencia de la toma de posición sobre aspectos que se asumen no tener interés porque lo comprometen como sujeto social, sin ser desconocimiento de lo existente.

La abstención intencional al establecimiento de determinadas relaciones o estar inmersos en situaciones indeseadas, son valoraciones separatistas, excluyentes o antagónicas aprehendidas en contextos particulares que ubican a las personas con afinidades e identidades grupales, estamentales o clasistas en la heterogeneidad social.

La indiferencia posee una implícita relación de poder entre los actores, pues es excluyente la decisión de ignorar, desoír o despreciar el pensamiento y acciones de los otros, pero también expresa la imposibilidad de desaparecer lo que perturba o disgusta. Esto es, la indiferencia no es arbitraria, representa una posición e intencionalidad específica entre los sujetos en interacción no armoniosa que trasciende la actuación de los actores, para comprometer al contexto societal.

La sociedad capitalista ha configurado un espacio individualista de competitividad y explotación asociado con procesos de corrupción y violencia con formas jurídicas desiguales e inequitativas. Asimismo, ha conformado mafias asociadas con el sistema financiero y el poder estatal para los sistemáticos despojos de la riqueza social, así como las democracias se convierten en dictaduras de propietarios y delincuentes. Procesos que han creado medios insolidarios y de desconfianza que liquidan las formas culturales éticas de solidaridad y cooperación colectiva. La desigualdad inherente del sistema, es la impronta de las diferencias sociales, racistas y segregacionistas que promueven separaciones intolerantes e indiferentes en un sistema que lo incentiva, como función reproductora de poder y dominio. Esto es, el contexto contemporáneo es el ámbito propicio donde se inscribe la indiferencia, como una forma aparente de ignorancia y temor social ante la inseguridad delincuencial, legal, económica y estatal.

Alejarse o aparentar indiferencia ciudadana es una alternativa para no ser visto como adversario o enemigo por poderes o posiciones intolerantes y violentas que no aceptan discrepancias, visiones alternativas ni plurales.

La indiferencia y cinismo del poder clasista no ignora la condición de los subalternos, por el contrario, son causantes de su situación. La intolerancia política crea indiferencia y miedo ante la impotencia e imposibilidad de desafiar o liquidar a los otros.

En la unilateral y desigual violencia totalitaria, o del monopolio represivo del Estado, como del control y dominio privado del aparato estatal, no solo son transgresiones del Estado Social de derecho, también liquida todo vestigio de democracia y organicidad social y política. El miedo y el totalitarismo convierte a las víctimas en cómplices e incluso en victimarios contra su pueblo. Esas viejas prácticas terroristas son comunes en los delincuentes para anular, aislar y asesinar testigos, así como, en la represión privada contra trabajadores que temen el despido, la desaparición o ser víctimas del sicariato, o la represión estatal que intencionalmente aprisiona y asesina inocentes para amedrentar a opositores y poblaciones indefensas. Procesos que no están aislados, se relacionan y complementan en la crítica cotidianidad en más espacios latinoamericanos.

En ese contexto, tan peculiar en el presente, la indiferencia social es aparente, el no importar sobre lo que acontece, es una máscara que oculta lo que se conoce, no se cree o teme. La indiferencia está determinada por la desigualdad, la diferenciación y el distanciamiento social, como también por la acción de poderes autocráticos que inciden y promueven el aislamiento de las personas y grupos. El totalitarismo crea indiferencia de la cual se nutre, además de encubrir su despotismo, ante una aparente aceptación, sin oposición.

“La indiferencia es apatía, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso odio a los indiferentes.
La indiferencia es el peso muerto de la historia. Es la bola de plomo para el innovador, es la materia inerte en la que a menudo se ahogan los entusiasmos más brillantes, es el pantano que rodea a la vieja ciudad y la defiende mejor que la muralla más sólida, mejor que las corazas de sus guerreros, que se traga a los asaltantes en su remolino de lodo, y los diezma y los amilana, y en ocasiones los hace desistir de cualquier empresa heroica.
La indiferencia opera con fuerza en la historia. Opera pasivamente, pero opera. Es la fatalidad, aquello con lo que no se puede contar, lo que altera los programas, lo que trastorna los planes mejor elaborados, es la materia bruta que se rebela contra la inteligencia y la estrangula.” (Gramsci, 2017: 19).[1]

La inacción de los indiferentes forma parte del contingente social que permite la continuidad del poder y del mantenimiento del statuo quo, pero en el sistema son otros muchos los actores subalternos que lo sostienen y alimentan. Un sistema totalizante como el capitalista ha creado una inmensa red de procesos de subordinación formal y real del trabajo que genera riqueza que es privatizada, así como en las desiguales relaciones mercantiles que contribuyen a la reproducción de la polaridad e iniquidad social, procesos en cual están insertas gran parte de las naciones occidentales.

De este modo, las afirmaciones expresadas mucho antes de David Ricardo, que son los trabajadores la fuente de la riqueza y poder, se confirman por doquier. Así, en las labores productivas, la riqueza empresarial es creada por quienes desprecian, odian y explotan; o de los trabajadores privados y del Estado que son compelidos a envilecer los servicios públicos y financieros que violentan derechos sociales; o de magistrados que interpretan leyes en beneficio propio y dictaminan resoluciones contra la letra y espíritu de la Constitución y validan leyes indignas; o los profesionales en salud pública que violentan el juramento hipocrático y se coluden corruptamente cuando atentan contra la salud y vida ciudadana; o los militares, como en el Perú, que ciegos y obedientes, violentan su propia constitución y existencia, asesinando a quienes defienden los intereses y derechos sociales y nacionales.

Las necesidades de subsistencia de los subalternos, son los medios para que los propietarios del capital y el Estado, manipulen el trabajo y los trabajadores para crear colaboradores y cómplices, así como indiferentes, aun cuando son los subalternos del mundo quienes sostienen el sistema imperante.

La indiferencia y cinismo del poder clasista no ignora la situación y condición de los explotados, por el contrario, son sus intencionados causantes. La pobreza es el medio para someter y dividir salarialmente a las poblaciones trabajadoras, así como la indiferencia estatal es protagonista de la creciente desigualdad social al liquidar las políticas públicas y privatizar los servicios públicos y recursos nacionales. La práctica estatal totalitaria obstruye y niega a los trabajadores el pensamiento y la actuación propia y original, para ser obligados a asumir como propia la del poder. La indiferencia creada por el poder despoja a las personas de lo propio, de su identidad social para subordinar totalmente del sujeto colectivo.

La indiferencia social del poder es un absurdo, imaginar que los gobernados son ajenos del gobierno, es una concepción totalitaria y de ignorancia extrema de un poder que se cree omnipotente, capaz de dominar y explotar eternamente. La ilusa e impotente autosuficiencia totalitaria, cree poseer las capacidades para sacrificar eternamente derechos sociales y nacionales para beneficio propio, clasista y de cómplices. En la historia de la humanidad ningún poder totalitario ha poseído tales capacidades ni han perdurado. Los anhelos democráticos de los pueblos liquidan los sistemas autoritarios.

[1] Palabras duras, pero están descontextualizadas, el breve escrito de Gramsci fue elaborado en febrero de 1917, hace más de un siglo, tiempo y situación muy distinta al presente, citado para la reflexión ante la creciente indiferencia en el presente globalizado. (Odio a los indiferentes. Editorial Planeta).

¿Marxismo cultural o neoliberalismo disfrazado?

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Mauricio Ramírez Núñez

En las últimas décadas, los movimientos por los derechos sexuales y de género han logrado avances significativos dentro de las sociedades occidentales. La visibilidad de las comunidades LGBTQ+, la reivindicación de los derechos de las personas trans y el debate sobre la diversidad de identidades han ocupado un lugar central en la esfera pública, impulsando cambios legales y sociales en algunos países. Sin embargo, más allá de estos hechos, surge una pregunta incómoda: ¿en qué medida estas luchas han sido absorbidas o parte del sistema dominante, convirtiéndose en herramientas funcionales para su perpetuación? Más aún, ¿cómo se relacionan con una estrategia geopolítica e ideológica (imperial) de largo alcance contra el mundo no occidental diseñada desde los centros de poder occidentales?

La llamada revolución sexual y de género no surgió de manera espontánea ni fuera del marco de las dinámicas de poder globales de su época. Por el contrario, su desarrollo ha sido impulsado y vendido como un paso más hacia el progreso, la libertad individual y la igualdad real. Eso sí, una “revolución” centrada exclusivamente en el individuo y su identidad, que no altera la estructura real del poder y deja de lado los aspectos colectivos que podrían haber desafiado al sistema capitalista.

Este enfoque individualista, entiéndase, de raíz estrictamente liberal, responde a una lógica promovida por los aparatos de inteligencia de los centros de poder occidentales, particularmente durante la Guerra Fría, como parte de una estrategia geopolítica más amplia. Al ensalzar la libertad individual —entendida como la capacidad de expresión personal, identidad y consumo—, se construyó un discurso que contrastaba directamente con los ideales colectivos y materialistas del comunismo soviético.

La lucha por los derechos individuales, especialmente en temas de género y sexualidad, se convirtió así en una herramienta ideológica para demostrar la supuesta superioridad moral de las libertades del “mundo libre” frente a los modelos comunistas. El mensaje era claro: en las democracias capitalistas, las personas tienen libertad para ser quienes quieran ser, mientras que en los regímenes socialistas esta diversidad estaría reprimida. Esto permitió desviar el foco de atención de las jóvenes generaciones sobre las desigualdades económicas y sociales que también existían (y existen) en las democracias liberales para evitar que se convirtieran en fervientes militantes socialistas y guerrilleros. En aquel momento el ejemplo de Fidel Castro y el Che Guevara era algo que no podían permitir que se propagara en las juventudes disidentes, especialmente en los Estados Unidos y algunos países de Europa.

El capitalismo, con su extraordinaria capacidad de absorción, transformó estas luchas en oportunidades económicas y narrativas funcionales al sistema. Posteriormente las demandas de las comunidades LGBTQ+ por reconocimiento y derechos fueron rápidamente integradas en el mercado global. Desde las campañas publicitarias en el Mes del Orgullo hasta la creación de productos y servicios para estas comunidades. La diversidad se convirtió en un nicho rentable que genera millones al patriarcado, así como a muchos hombres heterosexuales blancos, que, desde los ojos de estas comunidades, son algo así como el mismo diablo.

Sin embargo, esta “integración” no cuestionó ni alteró las bases del sistema, ya que de marxista tiene poco. Como resultado, las conquistas en materia de derechos sexuales y de género no han afectado las desigualdades estructurales. Un pobre que es trans sigue siendo pobre; su identidad puede ser reconocida, pero su posición económica permanece inalterada. En este sentido, la inclusión se convierte en una forma de control simbólico o lo que el filósofo Byung Chul Han llama psicopolítica (control mental): se otorgan derechos parciales que no alteran el statu quo, mientras las jerarquías económicas y sociales permanecen intactas.

La promoción de esta revolución individualista de corte neoliberal, frecuentemente catalogada como «de izquierdas» o incluso como «marxismo cultural» por parte de la extrema derecha, simplemente por no alinearse con valores conservadores o tradicionales, debe entenderse como una extensión posmoderna de la estrategia de Occidente para debilitar el comunismo durante el siglo XX. Esta narrativa, sin embargo, ignora un aspecto fundamental: tanto el liberalismo como el comunismo son ideologías nacidas de la modernidad, profundamente materialistas y con poca o ninguna conexión con lo espiritual.

Mientras el comunismo niega cualquier posibilidad de una realidad más allá de las relaciones de producción y el conflicto de clases, el liberalismo eleva al individuo y a su razón autónoma (voluntad) al nivel de un dogma casi sagrado. Es precisamente esta exaltación del individuo en el liberalismo lo que, paradójicamente, genera confusión en los críticos que asocian las luchas por derechos individuales o la diversidad con un supuesto «marxismo cultural». En realidad, estas luchas son, más bien, una evolución lógica del liberalismo posmoderno que, en su afán de hegemonía, se apropió de ciertas demandas para acomodarlas al marco del capitalismo.

Por lo tanto, la extrema derecha no solo malinterpreta el origen de estas luchas al identificarlas erróneamente con el marxismo, sino que también pierde de vista que el individualismo que critica como «progresista» es, en esencia, un producto de la misma tradición liberal que dice defender. Esto pone en evidencia una contradicción profunda: su rechazo no es contra el individualismo per se, sino contra ciertas expresiones de este que desafían su visión conservadora del mundo, sin comprender que estas formas de individualismo también forman parte de la lógica del sistema que buscan preservar.

En los países del bloque socialista, donde la agenda colectiva y las metas del Estado se imponían sobre los derechos individuales, la diversidad sexual y de género fue históricamente tratada de forma represiva. Este enfoque, basado en la homogeneización de las identidades como parte del proyecto revolucionario, se convirtió en un punto débil que Occidente no tardó en explotar. Esta narrativa no solo reforzó al capitalismo como modelo económico, vinculándolo con conceptos de libertad personal, sino que también sirvió como una estrategia geopolítica para debilitar la influencia del comunismo en los movimientos sociales y culturales, especialmente en el hemisferio occidental. Una vez caída la Cortina de Hierro en el este, la bandera de la diversidad se convirtió en una herramienta ideológica para terminar de minar la cohesión del socialismo, asociándolo con represión en contraposición a la «libertad» ofrecida por el sistema capitalista tras el “fin de la historia”.

El resultado de esta estrategia es evidente en el presente. Hoy, muchos partidos de izquierda en Occidente, que históricamente enarbolaban la hoz y el martillo como símbolo de lucha por los derechos de los trabajadores y la transformación estructural, han desplazado esa agenda en favor de las luchas por la diversidad sexual y de género. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿se han hecho neoliberales estos partidos sin darse cuenta?

La realidad es más compleja. En muchos casos, las luchas por la diversidad se han integrado de forma acrítica al sistema capitalista, promoviendo una agenda identitaria que no cuestiona las bases estructurales del modelo económico. En lugar de representar una amenaza al statu quo, estas luchas han sido neutralizadas, convirtiéndose en herramientas funcionales a un sistema que utiliza el discurso de la inclusión como una forma de legitimarse, mientras perpetúa las dinámicas de explotación y desigualdad.

Así, la izquierda y la social democracia occidental enfrentan un dilema: ¿pueden volver a conectar las grandes mayorías excluidas con una agenda revolucionaria integral que cuestione al capitalismo y promueva transformaciones colectivas profundas? ¿O se limitarán a enarbolar banderas simbólicas que no desafían las estructuras económicas y políticas que perpetúan las desigualdades? La respuesta a estas preguntas definirá su relevancia y su capacidad para liderar un verdadero cambio sistémico, al menos en esta parte del mundo.

Es fundamental reconocer que una revolución centrada únicamente en el individuo y promovida desde los centros de poder occidentales (financiero y tecnológico), no puede transformar las estructuras que perpetúan la desigualdad. Que las izquierdas hoy reduzcan sus luchas prácticamente a esto, no quiere decir que sean realmente izquierdas, defensoras del progresismo o garantes únicos de la justicia social.

Una verdadera agenda revolucionaria y social democrática hoy debe empezar por no negar el Estado nación o menospreciar la soberanía, la tradición propia de cada pueblo y sus valores tradicionales. Debe reforzar las luchas colectivas en favor de una educación y salud públicas de calidad, empleos y salarios competitivos y dignos para todas las personas, así como garantizar oportunidades para que cada ciudadano pueda salir adelante. También es esencial priorizar la seguridad, la protección del ambiente, la seguridad alimentaria y la construcción de un mercado con rostro humano, entender el justo equilibrio que se requiere entre estado y mercado, uno que no sea dejado en manos de especuladores ni de manipuladores de la verdad que financian campañas e imponen agendas ajenas a nuestras costumbres, dirigidas exclusivamente al beneficio de unas minorías.

En una verdadera democracia, las minorías se reconocen, se respetan y se protegen, pero nunca se puede perder de vista que el objetivo supremo no puede ser jamás el beneficio exclusivo de minorías económicas o de otro tipo. El objetivo tiene que ser el país en su conjunto, trabajando un proyecto de nación que priorice el bienestar colectivo y las necesidades de las grandes mayorías, sin sacrificar nuestra identidad, tradiciones ni los derechos fundamentales de todas las personas.

Tocar fondo

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Una publicación de un querido amigo guatemalteco hacía la comparación del comportamiento del entorno en las finales de fútbol tanto en su país como en Costa Rica. Se refería a las celebraciones que sin violencia se desarrollaron en el estadio Mario Camposeco, sede del equipo Xelajú, flamante campeón con su sétima copa obtenida.

Mientras tanto, colocaba una imagen de los bochornosos actos ocurridos a gran escala en la final del fútbol costarricense recientemente desarrollada.

En respuesta a su post, algunos comentarios se apresuraron a recordar cuánto sentimiento de superioridad hemos mostrado los costarricenses a lo largo de la historia, tal vez por el desarrollo institucional que fuera fortaleza durante décadas, tal vez por la ausencia de ejército, tal vez por la construcción idílica y fantasiosa del eje democracia-paz-estabilidad.

Quisiera detenerme en el segundo de los enunciados.

Hasta hace poco, la narrativa de paz como emblema se sostenía. Y era sostenida e impulsada por los grupos hegemónicos a quienes les interesaba diseminar esa noción fantasiosa de la horizontalidad en las relaciones sociales, la ausencia de conflictos bélicos a la usanza centroamericana, la posibilidad de los pactos sociales y las transiciones políticas sin mucho desorden y con un alto control social.

Esta narrativa era diseminada sin problemas por los diferentes estratos y grupos sociales. Había un proyecto en el que La paz narrativa y La Paz en la práctica eran valores universales en una sociedad como la costarricense.

Esto ha cambiado porque las reglas del juego sociopolítico han cambiado. A los grupos hegemónicos no les interesa ya sostener esa premisa tan identitaria de un proyecto que fue asumido por el colectivo de una forma pasivo-agresiva.

Los intereses de esos grupos no están en el país. Y sus interlocutores ya no son los voceros de los partidos políticos.

Más de 112 grupos criminales operan en Costa Rica y son ellos los que controlan los territorios, las agencias individuales, las microeconomías familiares de quienes han sido excluidos por un sistema económico y político que por más de 40 años ha avasallado al ser humano y su esencia.

Las reglas del juego democrático son otras. Otra la interfaz que dibuja un escenario quebrantado, vulnerable, a punto de tocar fondo si no es que ya.

Quiero hacer aquí una precisión y una disculpa conceptual. Durante muchos años en mi ejercicio sociológico utilicé la expresión “Costa Rica se está centroamericanizando” para hacer referencia al aumento de la violencia y la desigualdad, dos ideas precursoras con las que alguna vez se construyó eso que llamábamos los académicos “la excepcionalidad costarricense”.

Es decir, en ausencia de violencia y siendo uno de los países con menos desigualdad a nivel regional, podríamos ver por encima de los hombros a nuestros vecinos. Y si, con tono de superioridad, racismo y burla.

Qué daño nos hizo la idea de la excepcionalidad. Porque si para afuera lo éramos, hacia adentro el germen de la violencia y la ruptura de la convivencia y la igualdad imaginada, empezaba a cristalizar un nuevo proyecto social basado en la competencia, el individualismo y la construcción de un enemigo social interno, que ha erosionado nuestras formas más básicas de coexistencia comunitaria.

Acabamos de pasar una semana de terror en esta materia. El bochorno sin comparación vivido en el Estadio Alejandro Morera Soto debe ser leído en una clave más amplia. Si la base material está quebrada, la dimensión sociocultural está aniquilada. Ya no sabemos cómo divertirnos ni a nivel subjetivo ni colectivo. No sabemos respetarnos. No sabemos convivir.

Si para pasarla bien debemos acudir a la violencia contra el otro; si para divertirnos debemos asistir a la muerte de dos caballos en un desfile de caballistas, es porque inexorablemente hemos tocado fondo.

Trato de encontrar una fecha significativa en la cual podamos colocar un diálogo nacional para revertir esto.

Se me ocurre 2025: el primer cuarto de siglo de una época absolutamente disruptiva. Aprovechar este momento porque del fondo no salimos si no apalabramos en la enfermedad social, económica y cultural en la que nos hemos convertido.