En general, la cuestión de la reelección es particularmente importante en los sistemas presidencialistas, en los que una duración indefinida del mandato ha sido identificada como un factor de riesgo democrático.
El ius honorum (derecho a ser electo en un alto cargo público), al igual que el ius suffragi (derecho a elegir), es fundamental e infaltable en el elenco de los derechos políticos previstos por la Constitución y los tratados. Pero ¿cuántas veces podría alguien ser distinguido con una elección popular? ¿Una, dos, tres veces?
En la experiencia histórica, eso ha tenido diferentes soluciones, dependiendo de distintas circunstancias: a) para la Presidencia de México, tenemos un único período sin reelección; b) para Estados Unidos y Brasil, cabe una única reelección inmediata; pero transcurrido un período, la persona podría volver a postularse; c) para Nicaragua y El Salvador, la reelección puede ser indefinida. Etc. ¿De qué ha dependido en cada caso? De los equilibrios del poder.
Los politólogos han observado que en los países políticamente desarrollados y con una institucionalidad fuerte (como Estados Unidos), la tendencia va hacia una reelección restringida; mientras que los democráticamente inmaduros, carentes de instituciones sólidas (como son, claramente, muchos en Latinoamérica) caen fácil y repetidamente en la reelección indefinida.
Para cualquier gobernante no resulta fácil renunciar a las ‘mieles del poder’ una vez que las ha probado; de modo que, si dispone de un haz de facultades y de un largo período para usarlas, tendencialmente va a buscar la manera de torcer las reglas que lo limitan, va a usar todas las posibilidades a su disposición para perpetuarse en el cargo; y si el país no cuenta con frenos vigorosos, el daño es irreversible.
Costa Rica ha tenido la suerte de haber consolidado algunas instituciones esenciales para preservar su régimen jurídico; pero ha arrastrado, por culpa de una tanda de gobiernos irresponsables, un déficit de gobernabilidad en relación con sus clases pobres, sobre todo en lo que concierne a su economía, su salud, su educación; mientras que por el otro lado ha permitido el ascenso de un grupo de nuevos ricos que casi han reventado el coeficiente de Gini, que registra la desigualdad.
Como todos hemos podido ver, esa debilidad estructural ha sido exitosamente explotada por los gobiernos Chaves-Fernández para fines electorales: creen que se han ingeniado una eterna fabriquita de votos con su espectáculo de los miércoles, pero por ahí pueden venir sorpresas (remember Trump).
Mientras tanto, Costa Rica ha podido resistir el brutal asedio que ese gobierno ha puesto sobre las instituciones más vitales: el Poder Judicial, las universidades públicas, la prensa, la Contraloría, la Caja, el ICE, etc. Nuestro pueblo está cada vez más consciente y más organizado, y más temprano que tarde le pasará la cuenta.
Lo tenemos claro: Chaves no está interesado en resolver los graves problemas del país, sino en demoler las instituciones y perpetuarse en el poder. Lo cual explica su proyecto de reforma constitucional para establecer la reelección indefinida.
¿Qué quiere hacer este señor con un poder ilimitado? Echemos un vistazo alrededor del continente, y saldrá la respuesta.
La Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (EUNED) presentará la novela Solentiname, de Elena Pardo, el martes 24 de noviembre a las 5:30 p. m. en el auditorio Dr. Alfredo Lara Soto del Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, en San José.
La historia se desarrolla en los paisajes del Caribe y de Nicaragua, marcados por la desigualdad, la violencia y el anhelo de libertad. Por medio de personajes cercanos y humanos, la novela retrata la realidad y la vida cotidiana en torno al archipiélago de Solentiname. La obra fue publicada este año por la EUNED.
En la presentación participarán la escritora y actriz Arabella Salaverry Pardo y las filólogas Sonia Jones León y Yadira Calvo Fajardo. Esta última también es escritora. Moderará Daniel Garro Sánchez, escritor y editor de la EUNED.
«Les esperamos con alegría a la presentación de la novela de nuestra madre y abuela», dice la invitación. Al finalizar la actividad se compartirá un brindis de honor.
La actividad cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud y del Museo Rafael Ángel Calderón Guardia. Se agradece confirmar la asistencia. Para más información, puede escribir al correo-e promocioneuned@uned.ac.cr
A los seguidores del gobierno y a las familias trabajadoras que aún confían en sus promesas:
¿Sabían que las grandes instituciones que sostienen a Costa Rica nacieron gracias a las luchas de la izquierda y los movimientos sociales? Hoy disfrutamos de logros históricos que transformaron nuestra realidad:
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): salud pública para todos.
La Universidad de Costa Rica (UCR): financiada por el Estado y accesible.
El Código de Trabajo y las Garantías Sociales: Derechos que hoy corren peligro.
El Código Electoral de 1947: La base de nuestra democracia.
La Ley de Inquilinato y Casas Baratas: Techo digno para los más vulnerables.
El impuesto sobre la renta: Para que paguen más quienes más tienen.
El Consejo Nacional de Producción (CNP) y el INVU: Apoyo al productor y vivienda popular.
La nacionalización bancaria y la abolición del ejército: Paz y desarrollo social.
Todo esto consolidó nuestro Estado Social de Derecho, un escudo histórico para la clase trabajadora.
Sin embargo, el rumbo actual del gobierno de Chaves y Laura Fernández Delgado parece alejarse de este legado. Al adoptar un modelo de capitalismo neoliberal —lo que la doctrina social de la Iglesia Católica llamó «capitalismo salvaje»—, se prioriza el mercado sobre el bienestar humano, provocando graves consecuencias:
Fomento de la desigualdad y la concentración de la riqueza.
Debilitamiento de la educación pública mediante recortes presupuestarios drásticos.
Desfinanciamiento de programas sociales destinados a combatir la pobreza.
Aumento del costo de la vida y congelamiento de los salarios reales.
Asignación de presupuestos desproporcionados para gastos de Casa Presidencial, mientras se limitan los recursos de seguridad.
Falta de apoyo al OIJ y al Poder Judicial, debilitando la eficacia en la lucha contra el narcotráfico.
Precarización laboral, impulsando jornadas que flexibilizan el descanso (como el esquema 4×3) sin el pago justo de horas extra ni garantías para una pensión digna.
Esto genera más desempleo, desprotección de la niñez y exclusión social. Quienes defendemos las ideas de justicia social no buscamos la división; luchamos por el bienestar común, la equidad y la dignidad que hoy se están desmantelando.
Costa Rica es un país pequeño reconocido internacionalmente por la solidez de sus instituciones democráticas, su tradición pacifista —la cual se remonta a la abolición del ejército en 1948—, sus políticas de conservación ambiental y por albergar cerca del 6,5% de la biodiversidad mundial (PNUD, 2019). Históricamente, ha destacado en la región centroamericana por un desempeño socioeconómico favorable en indicadores clave —tales como el PIB, la mortalidad infantil, la esperanza de vida, los niveles de alfabetización y de pobreza extrema—, así como en el acceso a seguridad social universal, a educación pública gratuita y a servicios básicos como electricidad, agua potable y saneamiento, reflejado en un Índice de Desarrollo Humano consistentemente alto. Desde 2025, fue catalogado por el Banco Mundial como una economía de ingresos altos (Metreu et al, 2025), además de haber alcanzado una de las tasas de crecimiento del PIB más altas entre los miembros de la OCDE desde 2023 (OCDE, 2026).
Sin embargo, detrás de esta prometedora imagen y este desempeño económico, se esconden enormes grietas en la sociedad y la economía costarricense que hoy amenazan con todo aquello que la ha distinguido. Estas grietas se han gestado durante décadas de crecimiento desigual, alimentado por un modelo de crecimiento impuesto por el Norte global con el nombre de diversificación de las exportaciones. Este estilo de desarrollo, basado en el ajuste estructural, se sustenta en una racionalidad opuesta tanto al Estado de bienestar como al del modelo económico basado en la sustitución de importaciones, el cual se sostuvo en el país por décadas y que, a pesar de su evidente desgaste, heredó instituciones que fueron y han sido clave para el desarrollo del país. Por el contrario, los ajustes estructurales, basados principalmente en apertura comercial, apertura de cuenta de capitales, atracción de inversión extranjera directa (IED) y privatización, buscan estabilidad macroeconómica siguiendo una lógica llena de contradicciones. Dichos ajustes, en su intento de cumplir objetivos muchas veces incompatibles, han culminado en la creación de una economía dual, o lo que podríamos llamar, las dos Costa Ricas.
La primera Costa Rica es la gran, mas no invulnerable, ganadora del ajuste estructural. Altamente dependiente de la IED, ha logrado transformar la estructura productiva del país, aumentando el porcentaje de exportación de productos de mediana y alta tecnología, de servicios empresariales y de tecnologías de la información (PROCOMER, 2025a). A través de esta diversificación, los productos tradicionales, que alcanzaban cerca del 60% de las exportaciones a finales de los años ochenta, ahora representan el 8%, mientras que los no tradicionales pasan de cerca del 40% al 91,2% (PROCOMER, 2025b). A través de estos sectores de alta productividad y altos ingresos, se logra una integración virtuosa a las cadenas globales de valor, demostrando el rol fundamental de la IED como motor de crecimiento económico (Govaere, 2019). Dicha inversión se ha impulsado a través del régimen especial de incentivos fiscales, y el alto grado técnico de un porcentaje importante de la fuerza laboral urbana del país.
Es difícil ignorar, sin embargo, que el régimen especial crece a tasas hasta tres veces mayores al régimen definitivo y tiene conexiones débiles con el resto de la economía (PEN, 2025). Además, resulta evidente la dualidad en el dinamismo de los regímenes de producción, pues al eliminar esta de zonas francas, los principales productos de exportación continúan siendo la piña, el café y el banano (Govaere, 2019).
No debería causar sorpresa que, si el sector más dinámico y de mayor crecimiento se encuentra exento de impuestos, en un país que demuestra su alto compromiso con la apertura comercial mediante sus crecientes acuerdos comerciales —lo cual se traduce en una caída significativa de los ingresos tributarios aduaneros— exista y persista un problema de endeudamiento público. Ante este comportamiento, el desequilibrio fiscal no es una anomalía, sino una consecuencia previsible de objetivos incompatibles. Al estar el modelo de desarrollo acompañado de una caída significativa de los ingresos tributarios —los cuales pasaron de un promedio del 20,8% de los ingresos del Estado entre 2000 y 2007, al 8% entre 2010 y 20181— se hace muy difícil mantener la estabilidad fiscal. En efecto, se dio un rápido incremento del endeudamiento público, que pasó de un 26% del PIB en 2008, a un 69.7% en 2020 (Jiménez, 2021).
Dicha insostenibilidad fiscal resultó en la reforma fiscal de 2018, que reformó ingresos tributarios y aplicó medidas de contención del gasto (PEN, 2025). Como resultado, el país retornó a un sendero más sostenible de las finanzas públicas, alcanzando recientemente un superávit primario cercano al 1% del PIB (Ministerio de Hacienda, 2025). Sin embargo, dicha estabilidad fiscal tiene un costo muy alto, ya que se logra a costa de un desfinanciamiento público de programas sociales en áreas socioeconómicas y ambientales (Jiménez, 2025).
Lo anterior deja en desamparo principalmente a la segunda Costa Rica; aquella para la cual no hubo ni hay un plan económico y, debido a las crecientes disparidades y a su desfinanciamiento, se ve reflejada en estadísticas alarmantes; desigualdad (Gini cercano al 0,5), desempleo (en promedio 11,1% entre 2014-2024), informalidad (38%), y pobreza estancada (cercana al 20% de la población)2. Es una Costa Rica carente de oportunidades y prospectos económicos, reflejados en bajos niveles de escolaridad en la población rural, limitada integración a cadenas de valor, dependencia de monocultivos, y sobre todo, en el incremento inédito de la violencia, que alcanza los 17 homicidios por 100.000 habitantes (PEN, 2025), vinculado principalmente al crimen organizado y narcotráfico.
Así, el lado oscuro del ajuste estructural se ha visto reflejado en el lento pero seguro desgaste del tejido social, visible para quien lo ha querido ver, y que, políticamente, se manifiesta de manera contundente en los resultados de los dos últimos procesos electorales, marcando el inicio de un periodo político disruptivo sin precedentes en el país. La gestación del movimiento político liderado por Rodrigo Chaves (2022-2026), clásico outsider populista, está concatenado al creciente desencanto del electorado. Es innegable que dicho desencanto estuvo ligado a la imposición del ajuste estructural, la cual, junto al aseguramiento de una clase de privilegios separada de la realidad económica del país, generó una pérdida de adhesión ciudadana, una creciente apatía y una pérdida de credibilidad en la clase política.
Así, se abrió camino al chavismo, caracterizado por sus constantes ataques contra distintas instituciones, medios de comunicación y la división de poderes, amenazando directamente las bases de la estabilidad democrática. Este modelo de liderazgo político busca el conflicto permanente, desviando la atención de preocupantes vínculos con el narcotráfico y de otras problemáticas, como el récord de homicidios de los últimos años. Este estilo confrontativo no se agotó con el fin del gobierno de Chaves en mayo de 2026: su sucesora y aliada política, Laura Fernández Delgado, le entregó dos carteras clave —Presidencia y Hacienda—, asegurando así la continuidad de su influencia y del mismo patrón de tensión con los contrapesos institucionales.
La ausencia de una visión país de largo plazo y el desconocimiento de cómo abordar los crecientes retos en el país evidencian, además, la mediocridad de la clase política (Granados, 2026). Dichos retos incluyen la reciente desaceleración de zonas francas, ligado a la agresiva política comercial de EEUU, y a la persistente apreciación del colón, que responde al voluminoso flujo de dólares ingresados por el propio régimen especial, sin ser ajena a los flujos asociados al narcotráfico. Esto genera una apreciación con rasgos característicos de la enfermedad holandesa, erosionando la competitividad de los sectores exportadores tradicionales y del turismo.
A lo anterior, se suman retos en el ámbito ambiental evidenciados en la creciente dependencia de combustibles fósiles y el debilitamiento de las capacidades institucionales para la conservación a través de fuertes recortes y desregulaciones. La pérdida de cobertura forestal, el aumento de desastres climáticos, la vulnerabilidad hídrica, la dependencia de la hidroelectricidad y el aumento en emisiones ligado al deterioro en el transporte público y la alta dependencia de vehículos particulares reflejan una insostenibilidad creciente que amenaza el desarrollo sostenible.
Desde una perspectiva económica, vemos cómo la priorización de la estabilidad macroeconómica sin una visión estratégica ha puesto en riesgo fortalezas históricas, al tiempo que continúa erosionando las posibilidades de un modelo económico que busque aprovecharlas mientras reduce vulnerabilidades y dependencias. Un país reconocido por su sostenibilidad ambiental y por su posición como acreedor climático (Lazaro et al, 2025), no puede desaprovechar las oportunidades que trae el siglo XXI en términos de transición socio-ecológica. Su reconocimiento internacional podría otorgarle el poder estratégico y moral para negociar mejores términos en acuerdos internacionales tales como acceso a financiamiento climático internacional y tecnologías limpias a bajo costo, junto con cooperación técnica, para atraer inversiones interesadas en cadenas de suministro bajas en carbono, o en la producción de hidrógeno verde. Indudablemente esto no será posible bajo el liderazgo político actual, que insiste en debatir sobre la privatización del mercado eléctrico, la venta del Banco de Costa Rica, la minería del oro y mayor reducción en protecciones y regulaciones laborales y ambientales.
A pesar de este panorama poco alentador, en el cual escasean los debates progresistas constructivos, existen en la sociedad costarricense bloques de resistencia debilitados, mas todavía latentes. Entre ellos, el que por décadas ha mostrado resistencia ante el ajuste estructural oponiéndose, en el 2000, a la apertura del mercado eléctrico; a la firma del CAFTA en 2008, y a la reforma fiscal en 2018, así como los que se han levantado en defensa del ambiente y, recientemente, en defensa de la democracia. Recae en estos grupos, las instituciones que los respaldan, el bloque de oposición en el parlamento y en distintos medios de comunicación, lidiar con la actual amenaza a la democracia, así como en repensar el futuro del país, ante un panorama de debilitamiento de las conquistas económicas y sociales que, con sus fortalezas y debilidades, se enfrentan a un mundo en restructuración donde nuestro país continúa navegando en desventaja y bajo la misma subordinación que afecta al resto de América Latina.
Govaere Vicarioli, V. (2019). La paradoja de Costa Rica (1984-2018): Éxito exportador y heterogeneidad estructural. Revista Nacional de Administración, 10(1), 87-104. Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica.
Ministerio de Hacienda (2015). Resultados Fiscales Al Segundo Trimestre de 2026. Disponible en: https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2026/08/InformeTrimestral_II_Trimestre2026.pdf
Lazaro, L. L. B., Usuriaga-Najera, O. C., Neto, A. H., Grimoni, J. A. B., & Jacobi, P. R. (2025). Climate commitments and energy transition pledges in Latin America: Where is the region headed? Energy for Sustainable Development, 88, 101779. https://doi.org/10.1016/j.esd.2025.101779
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), como parte de la Central Social Juanito Mora Porras, presentaron ante el Consejo Nacional de Salarios su propuesta para la fijación de los salarios mínimos del sector privado de 2027. En ella pide revisar la metodología con que se definen los ajustes salariales.
La organización cuestiona que la discusión siga centrada en los porcentajes de aumento, sin evaluar antes si los ingresos actuales permiten a las personas trabajadoras y a sus familias cubrir sus necesidades fundamentales y vivir en condiciones dignas. “El salario mínimo no puede ser tratado únicamente como una variable de ajuste económico, pues constituye un derecho de las personas trabajadoras y una obligación del Estado Social de Derecho”, señala la propuesta.
Santiago Ramírez Jiménez, asesor sindical de la ANEP para el sector privado, explicó que la ANEP y la Central Social Juanito Mora Porras han sostenido, al menos en los últimos cinco periodos de incremento salarial, que la metodología vigente “no responde a la realidad de consumo y de ingreso de las familias costarricenses trabajadoras”. Por eso proponen un cambio que responda a las necesidades reales, que permita la movilidad social y que al mismo tiempo dinamice la economía. Según Ramírez, es una ruta que ya se ha probado en otros países.
Un estudio de salario vital
Como parte de sus argumentos, la Central Social Juanito Mora Porras citó un estudio de Alvarado Abarca, Voorend y Anker, hecho con la metodología de salario vital Anker. Ese estudio estimó para las zonas rurales Huetar Atlántica y Huetar Norte un salario vital bruto mensual de ₡492.781, con valores de mayo de 2025, y un salario base bruto de ₡450.734 al prorratear el aguinaldo.
La organización aclara que estos montos no son una estimación nacional ni pueden aplicarse automáticamente a todas las categorías salariales. Considera, sin embargo, que muestran la importancia de contar con estudios técnicos que permitan saber cuánto necesita realmente una familia trabajadora para vivir dignamente.
Ramírez señaló que partir de ese dato “nos fija un monto salarial para iniciar, ahora sí, una discusión desde el diálogo social buscando las alternativas necesarias para que cada sector articule y reduzca esta brecha”. Añadió que no será un proceso “de un solo movimiento”: debe atenderse de forma escalonada y progresiva, según las necesidades y capacidades del sector empleador, del Gobierno y del sector sindical, “para avanzar hacia ese salario digno”.
Críticas a la fórmula vigente
La ANEP y el SITRAP afirman que la fórmula aprobada en diciembre de 2021, basada en el costo de vida y en el crecimiento del producto interno bruto (PIB) real per cápita, no permite saber si los salarios mínimos vigentes alcanzan para cubrir las necesidades de los hogares. Advierten que incluso un aumento porcentual considerable puede ser insuficiente si se calcula sobre una base salarial que no garantiza condiciones de vida dignas.
Para Ramírez, hay que dejar atrás esa metodología, que “únicamente persigue el costo de vida, la inflación y que encadena a las personas trabajadoras a mantenerse en ese estado muchas veces de vulnerabilidad”.
Por esa razón, la Central Social Juanito Mora Porras no plantea un porcentaje de incremento para 2027. En su lugar, pide abrir un proceso de revisión técnica y de diálogo tripartito para construir una fórmula de convergencia progresiva hacia salarios dignos. Aclara que esta posición no significa aceptar los resultados de la metodología actual ni renunciar a defender mejores remuneraciones.
Cinco solicitudes al Consejo Nacional de Salarios
La propuesta sindical plantea cinco acciones:
Revisar la suficiencia de los salarios mínimos actuales, más allá de los aumentos porcentuales que se aprueban cada año.
Presentar un balance público de los compromisos adquiridos en 2021, en particular sobre los estudios de suficiencia salarial, productividad y capacidad de pago de las empresas.
Hacer estudios de salario vital que contemplen las distintas realidades económicas, territoriales y familiares del país.
Desarrollar una investigación tripartita por sectores económicos para determinar las condiciones necesarias para avanzar hacia salarios dignos, que considere los posibles efectos sobre el empleo, los precios y los servicios esenciales.
Construir una nueva fórmula de convergencia salarial progresiva, con objetivos verificables, plazos definidos y seguimiento periódico, para reducir la distancia entre los salarios mínimos vigentes y el costo de una vida digna.
Salarios y economía
La Central Social Juanito Mora Porras sostiene que mejorar los ingresos de las personas trabajadoras no debe verse solo como un costo para las empresas, sino también como una oportunidad para dinamizar la economía. Mayores ingresos reales permiten a las familias consumir más, fortalecen el comercio local y estimulan la demanda interna, con posibles beneficios para la producción y el empleo. Además, considera que avanzar hacia salarios dignos ayuda a combatir la pobreza, reducir las desigualdades y fortalecer la cohesión social.
La organización, presidida por Albino Vargas Barrantes, recordó que el artículo 57 de la Constitución Política reconoce el derecho de las personas trabajadoras a un salario mínimo que les procure bienestar y una existencia digna. “El Consejo Nacional de Salarios no administra únicamente una operación aritmética: adopta decisiones que inciden en la pobreza, la desigualdad y la posibilidad real de vivir del trabajo”, concluye la propuesta.
Estoy recordando cuando vivía en las fincas bananeras, cuando aún era un niño que dependía de mis padres. Aunque era hijastro, mi padrastro me trató como a su hijo natural.
En ese tiempo, ser hijo de un funcionario de la empresa Tela Railroad Company (TRRCo) era un privilegio frente a los hijos de “los campeños”, los trabajadores manuales, que a su vez se clasificaban según sus actividades principales, lo que definía sus salarios.
En cada finca había clases sociales. Los hijos de empleados de confianza éramos de estirpe de alta sociedad. En nuestras casas había servidumbre: cocinera, “chinas” para cuidar a la niñez y yardero, lo que ahora llamamos jardinero. Generalmente esos oficios los ejercían personas garífunas. Muchos empleados de confianza eran extranjeros, irlandeses o escoceses, o bien hijos de terratenientes, como era mi padrastro.
Había escuelas bilingües, de inglés y español, para los hijos de los empleados de confianza. Esas escuelas estaban en la zona de la compañía bananera de El Progreso y luego pasaron a manos de los jesuitas. Cada finca contaba con escuela primaria solo hasta tercer grado. Después, las familias tenían que buscar escuelas privadas o dejar a sus hijos sin seguir estudiando. Es decir, convertirlos en fuerza laboral semianalfabeta.
Hasta el transporte estaba clasificado. El tren de pasajeros, que cruzaba la costa atlántica hasta Trujillo, tenía vagones con áreas de primera y de segunda clase. Había incluso un tren con vagones que llamaban “machangay”, que no tenía asientos: todas las personas viajaban de pie. En ese tiempo no había carretera, solo la línea férrea, así que había que viajar en tren. Por eso era común que un adolescente perdiera una o las dos piernas al tratar de subirse a un tren en marcha.
Las mulas se usaban para cargar dos y hasta cuatro racimos de banano verde, que se llevaban hasta una plataforma de cemento de unos 12 metros de largo por tres o cuatro de ancho, a la que llamaban “lavadora”. Del techo colgaban unas cadenas y tubos que giraban lentamente sin detenerse, con unos ganchos largos de metal donde se colgaba cada racimo. Así pasaban uno tras otro, hasta asegurar que todos los bananos quedaran bañados con un líquido que contenía químicos para combatir las enfermedades comunes de la fruta.
Después del baño, los racimos, muy pesados, debían trasladarse sin golpearlos a los vagones del tren estacionados, hasta llenarlos. Luego llegaba una locomotora, enganchaba los vagones y se los llevaba a Puerto Tela, a Puerto Cortés o hasta Trujillo, para embarcarlos hacia EUA.
El atraso
Aquella sociedad de clases, dirigida desde arriba, me hace pensar en cómo un país puede mantenerse en el atraso por muchos años, según las élites que lo gobiernan.
Si a quienes gobiernan no les importa un sistema democrático formalmente establecido, el de gobernar para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo, lo que ese pueblo exprese “por un oído les entra y por el otro les sale”, tal como lo acaba de decir abiertamente un presidente centroamericano. Aunque eso sea imposible por la naturaleza humana, no cabe duda de que una sociedad puede seguir en el letargo de su atraso si no reacciona colectivamente.
Un ejemplo es la renovación de la licencia de conducir. Los avances tecnológicos deberían permitir que quienes tienen su licencia vencida puedan renovarla sin tener que madrugar para hacer largas filas frente a las ventanillas de las oficinas públicas, lo que favorece a tramitadores que cobran para repartirse ese ingreso con funcionarios.
Son horas, desvelos y desgaste de miles de personas, víctimas de un sistema obsoleto que no considera a las personas adultas mayores ni a las personas con discapacidad, y que se mantiene en las sociedades atrasadas en beneficio de unos pocos, ante la mirada cómplice de una burocracia también obsoleta. Desde luego, hay unos pocos que se lucran de este sistema a costa del sacrificio de muchos.
Las playas del Atlántico
Ese abandono se ve también en lo que debería ser motivo de orgullo. Hace poco fuimos de visita a Puerto Cortés, en el Atlántico hondureño. Desde la playa pública, administrada por la municipalidad, pudimos ver a unos cinco barcos mercantes anclados a cerca de un kilómetro de distancia, esperando ser atendidos en los muelles.
En la playa había unas tres docenas de motociclistas con sus vehículos estacionados, además de una veintena de jóvenes turistas que tomaban el sol y se divertían a lo grande. Ese ambiente agradable podría no ser del todo recomendable si tomamos en cuenta la salud y la higiene de la población.
Los barcos interoceánicos tienen tanques sépticos que, al llenarse, pueden vaciarse en el mar. A eso se suman los desagües de la ciudad. Aunque no confirmamos hacia dónde corren las aguas negras de ese puerto, hay un riesgo serio para la salud pública. Supimos que también hay playas privadas, pero igual habría que saber si el agua allí está libre de desechos humanos y cumple los niveles de calidad necesarios.
Esperamos que las autoridades aclaren estos puntos, porque esas playas, que se extienden por muchos kilómetros a lo largo del Atlántico hasta Nicaragua, son sin duda un atractivo turístico.
Costa Rica atraviesa un escenario político distinto al que caracterizó su vida en os últimos 75 años. Transita por un terreno árido. Tanto por la irrupción de personajes ajenos a los bloques políticos tradicionales, como por la introducción de una agenda que prioriza temas hasta ahora ausentes (en particular la crítica a los poderes del Estado) expresadas en un tono poco habitual en el escenario político nacional. Suficiente para remecer las estructuras tradicionales e introducir en el debate la sensación de que peligran sus instituciones democráticas.
Un griterío ensordecedor ha sustituido el debate sobre alternativas de desarrollo. Ni el gobierno, ni la oposición, parecen sentirse obligados a poner sobre la mesa ideas sobre el tema. Barridas para debajo de la alfombra, se podría pensar que tienen poco que ver con el debate sobre la democracia.
¿Qué problema han resuelto los representantes de esa nueva expresión política que gobierna el país desde 2022? Pensemos un poco: ¿alguna propuesta para enfrentar la deuda sin coartar la creciente necesidad del gasto social? ¿Alguna idea nueva? ¿Alguna sugerencia para tratar el tema de la informalidad, de la creciente desigualdad social? ¿Alguna propuesta para restaurar una indispensable calidad de la educación pública, la atención del seguro social, las pensiones?
La lista es interminable. No se trata de ver los problemas resueltos en los cortos cuatro de la una administración. Eso no se puede. Estoy hablando de ideas, de propuestas capaces de ilusionar a los costarricenses, de hacernos ver un camino por el que nos gustaría caminar. ¡Ideas! Siempre pienso que, en política, son el motor de todas las cosas.
El sistema democrático tradicional
Elliot Coen, consultor político costarricense, decía –con acierto, en mi opinión– que la extrema derecha gana “porque ha sabido leer la grieta fundamental de nuestra época: la desolación de millones de personas para quienes el sistema democrático tradicional dejó de ser una promesa de futuro y se convirtió en una abstracción inútil”.
El estancamiento prolongado, la precarización, la inflación, “han pulverizado el contrato social. Para el trabajador informal o el repartidor de plataformas, el Estado no es un garante de justicia”, señaló. Yo agregaría que hoy tampoco es un instrumento de esperanza.
Sobre el sistema democrático tradicional, el exvicepresidente de la República Kevin Casas, hoy secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), con sede en Estocolmo, escribió recientemente un artículo. De paso por el país, sugirió su lectura.
Es un texto curioso, publicado en Americas Quaterly el pasado 31 de agosto. El entusiasmo por lo que Casas califica de “notables y sostenidos progresos en desarrollo humano” en América Latina está vinculado, en el artículo, a la celebración de elecciones democráticas. En su opinión, “las elecciones le han dado a los ciudadanos latinoamericanos una participación en el poder sin precedentes”. Al mismo tiempo señala –citando datos de la Cepal– que la pobreza en América Latina se redujo a la mitad desde 1990, que la extrema pobreza bajó en cerca de 40% y la desigualdad de ingresos ha disminuido en prácticamente en toda la región en las últimas tres décadas.
Una lectura que no deja de sorprender. Desde mi punto de vista choca, por un lado, con la impresión que deja cualquier recorrido atento por la región. Desde luego choca si solo miramos el escenario costarricense, el político y el económico. Por otro lado, me parece difícil de sostener ese vínculo entre el proceso electoral y el desarrollo virtuoso, con la idea de que las elecciones han dado a los ciudadanos latinoamericanos una participación en el poder “sin precedentes”.
El mismo artículo reconoce lo vacío de esos procesos electorales, las crecientes irregularidades con que operan. Lo más sorprendente, por contradictorio, es la afirmación de que estudios de la propia IDEA muestran que, en la región, se ha ido perdiendo la credibilidad en las elecciones y la confianza en las autoridades electorales.
Entonces ¿a qué atenernos?
Veamos los datos de la Cepal a los que acude Casas. Se trata del “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023”. Es cierto que podemos ver en el gráfico 3 que el 51,2% de la población estaba en la pobreza en 1990 y que 15,5% estaba en la pobreza extrema. Esas cifras habrían caído a 29,1% y 11,4% en 2023. De modo que podemos estar satisfechos con esa reducción, sobre todo si no entramos en detalles de cómo se hacían las mediciones entonces. Pero hay que ser cuidadoso en el manejo de las cifras. El mismo gráfico nos muestra que en 2010 el 31,5% estaba en la pobreza y el 8,6% en pobreza extrema. O sea, en los últimos quince años la pobreza se mantuvo prácticamente sin cambio, mientras la pobreza extrema creció ligeramente.
En el mismo documento de la Cepal podemos leer que “en la dimensión laboral, América Latina y el Caribe viven una crisis en cámara lenta desde 2010”. “De 2014 a 2023, la tasa de crecimiento del número de ocupados fue de solo el 1,26%, casi la mitad del 3,2% registrado en la década perdida de 1980”. Y el 49% de los trabajadores trabajaban en la informalidad, en el cuarto trimestre de 2022.
En todo caso, el informe advierte que “para 2023 se proyecta un leve aumento de la pobreza y la pobreza extrema, lo que alerta sobre la sostenibilidad de la recuperación experimentada en 2022 en estos indicadores”.
En el informe se puede leer también que el índice de desigualdad de Gini cayó entre 2019 y 2022. Pero “pese a estas mejoras, las brechas de ingreso continúan siendo muy elevadas en los países de la región”. “No solo en el ingreso total, sino también en el ingreso laboral, que es la principal fuente de recursos para los hogares de todos los estratos”. Pero no se trata solo de los ingresos laborales, sino también del patrimonio. “Junto con la desigualdad del ingreso, la extrema concentración del patrimonio es una de las expresiones más evidentes de la desigualdad”. El patrimonio de los 105 milmillonarios de América Latina y el Caribe (es decir de las personas cuyo patrimonio excede los mil millones de dólares) “llegó a 453 mil millones de dólares corrientes en 2022, 4.600 millones de dólares más que en 2021”, dice la Cepal.
Para tener una idea de la magnitud de la riqueza de esos 105 milmillonarios, comparémosla con el PIB de tres países: el de Costa Rica fue, en 2024, de poco más de 89 mil millones de dólares; el de Chile, en 2025, fue de 357 mil millones de dólares; el de Colombia, 457 mil millones.
No me voy a extender sobre el tema. El informe de la Cepal está disponible en línea y me parece que da una imagen más ajustada de la realidad que un entusiasta optimismo sobre los notables progresos en desarrollo humano que los repetidos proceso electorales habrían ayudado a promover en la región.
Volvamos a hablar sobre la democracia.
La calidad de la democracia
Es muy difícil oír a Kevin hablar de democracia sin recordar su papel en la discusión del TLC en 2007, cuando era vicepresidente de la República, durante el gobierno de Oscar Arias. Sus recomendaciones para volcar la votación a favor del tratado -conocidas como el “Memorando del Miedo”– son cualquier cosa menos una receta democrática.
Permítanme una referencia personal sobre el tema. A Kevin lo había conocido antes de que asumirá sus cargos políticos. Después lo vi poco. Nos volvimos a encontrar en un hotel de San José, en alguna reunión a la que yo asistía como periodista y cuando ya había pasado lo del TLC. Kevin se me acercó y dijo algo sobre ese hecho, sobre el que suponía –con razón– que yo estaba muy molesto. Me dijo que lo lamentaba, que había sido un error lo del memorando. Yo estuve de acuerdo con él. Le dije que si de verdad era así, debía decir públicamente que lo que se había logrado de manera ilegítima, fraudulenta, era también ilegítimo. Kevin me contestó –y creo que lo cito textualmente, pese a que, de eso, ha pasado mucho tiempo– que “eso no lo podía hacer”.
Pero creo que la actitud de Kevin se enmarca en un escenario que ya estaba más comprometido para la democracia. Su memorando no era más que el reflejo de un clima creado antes y de mucho mayor trascendencia para la democracia y para la independencia de poderes en el país.
Me explico. Oscar Arias aspiraba a volver al gobierno. La constitución se lo impedía. Empezó entonces a mover sus hilos. Necesitaba el apoyo de la Sala Constitucional. Creyó que lo tenía, pero cuando se puso a votación el tema, lo perdió. Se sintió traicionado, pues le habían prometido los cuatro votos necesarios. Pero no desistió. Hacía falta lograr la mayoría en la Sala y maniobró para lograr la elección de magistrados favorables a su tesis. Manipuló el Poder Legislativo y el Judicial para lograr su objetivo.
¿Para qué lo hizo? Creo que la razón principal era hacer aprobar el TLC. De paso vio la oportunidad de privatizar las telecomunicaciones. Darle un golpe al ICE. Todo eso se hizo.
Viendo el mundo de hoy me parece evidente la mirada corta de quienes apostaban por un tratado que ha contribuido a desarticular la economía nacional, mientras se avanzaba con el proceso de privatizaciones, cuyos resultados me parecen evidentes y lamentables.
Desde mi punto de vista, ambas cosas resultaban un ataque al entramado social sobre el que sustenta la democracia costarricense.
Más de una vez escribí sobre las consecuencias de esas acciones. Siempre pensé que ese manoseo de los poderes Legislativo y Judicial tendría graves consecuencias para el país. Quizás alguien podría pensar que no, que exagero. Pero me parecía que eso era corrosivo, que tendría consecuencias a largo plazo. Me preguntaba que si una persona que había gozado de los mayores honores y privilegios se sentía con derecho de manipular la Constitución en beneficio propio, ¿dónde debía detenerse un padre que no podía alimentar y educar adecuadamente a sus hijos?
Creo que aquellas aguas trajeron estos lodos. Y no veo otra manera de enfrentar el problema sin ir a sus raíces. Chaves no es más que la versión chabacana de esa tragedia, que tiene antecedentes más largos.
Cómo retomamos el camino perdido
Si es así, ¿cómo retomamos el camino perdido? Coen ha sugerido algo que quisiera rescatar: “La extrema derecha no está ganando en América Latina porque sus consultores hayan descubierto el algoritmo de la piedra filosofal. Gana porque ha sabido leer la grieta fundamental de nuestra época: la desolación de millones de personas para quienes el sistema democrático tradicional dejó de ser una promesa de futuro. Lo convirtieron en una “abstracción inútil”.
Es esa grieta la que tenemos que sellar. Entiendo bien lo sensible que es la discusión de cómo hacerlo. Pero hay que intentarlo. Desde mi punto de vista ha sido esa insensata destrucción de lo nacional –desde el sistema bancario hasta las telecomunicaciones, el sistema público de salud, de educación– la apuesta por un modelo de desarrollo basado en un “sector dinámico” de zonas francas que no alcanza para desarrollar un país, mientras un “régimen definitivo”, orientado al mercado local, que emplea a cerca de 85% de la mano de obra, se tambalea. Un sistema que mantiene en la informalidad a poco más de 40% de la población económicamente activa, que se suma a un desempleo de 10% y un subempleo de alrededor de 8% no es sustento para ningún régimen democrático. Son cifras que han permanecido con poca variación (salvo durante la pandemia), con un índice de desigualdad superior al promedio de la OCDE.
De la OCDE son también cifras que nos debían llenar de vergüenza. Pero, sobre todo, hacernos ver que el camino emprendido requiere revisión. Me refiero a la tasa de pobreza entre menores de 17 años, en la que Costa Rica ocupa el primer lugar entre los países de esa organización, con una tasa de 29,6%. Nos siguen Israel, con 23% y España, con 21%. Tampoco hemos hecho la tarea con los mayores de 66 años. Aunque no somos los primeros, ocupamos un sexto lugar, con una tasa de pobreza de 25,8%.
En fin, somos parte de la desolación que afecta a “millones de personas” provocada por proyectos que funcionan mal, que han minado la base social y el apoyo a la democracia. Por lo tanto, hay que empezar por ahí, por reconstruir el modelo de economía nacional, por revivir la seguridad social y la educación pública. Por atender las necesidades de la gente. Por reconstruir el tejido social sobre el que se basa nuestro orden político. Por difícil que sea, no veo otro camino.
La madre naturaleza es implacable cuando los humanos, u otros agentes externos, no respetamos sus equilibrios establecidos. Desde los tiempos antiguos se dieron diluvios o grandes inundaciones, seguidas de fuertes sequías que la inteligencia humana no lograba explicar.
Por siglos se creyó que había una fuerza extraterrestre que intervenía para castigar a la humanidad por los daños causados por otros grupos sociales. Así, utilizamos el miedo para influir en las creencias filosóficas y religiosas de otros, a manera de instaurar fuertes controversias hasta crear grandes instituciones que llegarán a concentrar poderes casi absolutos, los que llegaron a constituir verdades incuestionables y divinas ante el conocimiento humano.
No obstante, a medida que la inteligencia humana investiga y va descubriendo las causas de cada fenómeno, se da por enterado de que no hay nada divino ni mágico en los hechos ocurridos. Que mucho de lo acontecido y, no todo, pero gran parte, son resultado de las actividades humanas.
Después de muchos años o siglos, sabemos que nuestro planeta Tierra no gira alrededor del sol de manera circular, sino elíptica.
Desde luego, racionalizamos y diferenciamos entre lo efectuado por las grandes mayorías y las minorías, estas, normalmente, privilegiadas.
1 Catedrático. Docente e investigador pensionado. Facultad de Economía. Universidad de Costa Rica.
En los recientes procesos electorales de nuestra América se discute y se interpreta el papel desempeñado por los pobres, a quienes acusan, como siempre, de ignorantes, sin conciencia, conservadores y sumisos al poder totalitario por haber contribuido al triunfo electoral de explotadores, mafiosos, corruptos, tiranos, que privatizan la función pública, transgreden la Constitución de la República que liquidan la institucionalidad, centralizando y concentrando ilegal y dictatorialmente el poder estatal.
Ante esta situación y condición política existente en Costa Rica, Perú y Colombia, entre otros espacios nacionales, ¿los pobres son culpables?, ¿acaso los sectores medios, desempleados, funcionarios públicos, intelectuales, pensionados, empleados privados, periodista, militares, partidos políticos, entre otros, son espectadores inocentes de los resultados de los procesos y fraudes electorales, de la complicidad burocrática en las transgresiones a las funciones públicas que se realizan cotidianamente?
No, los pobres no son ignorantes ni complacientes con el totalitarismo, son sobrevivientes en la precariedad, inestabilidad o del chantaje laboral, de salarios insuficientes, de la vulnerabilidad ante la criminalidad, la salud pública, de la regresión cognoscitiva o de la inmunidad e impunidad del poder económico y político. Los pobres no se imaginan ricos ni pensar como ellos, pero al estar imposibilitados de perder lo que les permite subsistir, algunos son coaccionados. El culpabilizar por su condición a los pobres se ha interiorizado en los estereotipos y prejuicios de la estupidez colectiva, en contextos que históricamente han culpado a los débiles, enfermos, manifestantes, dominados, explotados o los asesinados.
En la actualidad la agudización del hambre, miseria, represión y guerras guardan correspondencia con el enriquecimiento de pocos en la aldea global, dueños de las nuevas tecnologías y de los negocios mundiales que también son protagonistas de la actual e inmensa regresión cognoscitiva. La expresión tecnológica actualizada de la estupidez, representada por la inteligencia artificial (IA), en nuestros días está siendo usada en las guerras, fraudes electorales y en la sustitución de millones fuentes de trabajo que en otros tiempos convirtieron el trabajo humano en una labor mecánica o robotizada, como es la formación académica. El absurdo de los dueños, creadores y difusores y creyentes de la IA afirman regresivamente que es superior a la inteligencia humana, tendencia que sustituirá las relaciones sociales a relaciones entre cosas hacia la extinción. El entusiasmo actual para que la máquina realice labores personales, sin intervención humana, se va transformando en tragedia.
El sistema imperante recrea incesantemente las condiciones para la reproducción ampliada de la riqueza privada, comprometiendo desde hace siglos a los empobrecidos del mundo a la mecanización newtoniana que persiste hacia la sustitución radical del trabajo a todos los sectores subalternos, no solo con su esfuerzo, subsistencia, pensamiento y actuación, también con su salud y vida, en contextos de inseguridad y miedo. Luego, la tendencia hacia la paulatina erradicación de los subalternos transcurre haciendo irrelevante y sustituible técnica y formalmente, su voluntad, decisión y acción política y electoral. Entonces, serán los pobres culpables de haber sido electos como presidentes a ignorantes y autócratas en Costa Rica, Perú y Colombia.
Costa Rica ha entrado, casi sin advertirlo, en una etapa en la que lo local empieza a tener alcance nacional, y lo nacional se vive con una cercanía antes impensable. En el cantón de Garabito, por ejemplo, ha surgido una discusión que habría parecido improbable hace algunos años: la posibilidad de regular —e incluso legalizar— ciertas actividades hoy situadas en los márgenes de la legalidad, como respuesta a la violencia, la informalidad y la búsqueda de nuevos recursos para la inversión social. Lo relevante no es solo el contenido del debate, sino el hecho de que algunos territorios están comenzando a redefinir, desde sus propias urgencias, sus formas de supervivencia social, en una relación cada vez más compleja con el Estado, cuyas capacidades de respuesta no siempre logran acompañar la velocidad ni la densidad de estos cambios.
En ese desplazamiento progresivo entre lo local y lo nacional, entre lo institucional y lo territorial, se inscribe también la realidad que enfrenta hoy la Iglesia Católica en estas mismas regiones: no como actor externo, sino como presencia que comparte el mismo tejido social, con sus tensiones, sus vacíos y sus búsquedas de sentido.
En ese territorio —que forma parte de la Diócesis de Puntarenas— la Iglesia ha hecho público esta semana el nombramiento de su nuevo obispo. El acontecimiento, que en otro contexto se leería casi exclusivamente desde su dimensión eclesial, aparece ahora situado en un escenario más amplio y más áspero: desigualdad persistente, conflictos sociales, fragmentación del tejido comunitario y una creciente dificultad para nombrar lo que está ocurriendo sin simplificarlo. Y en ese mapa, Garabito no es una excepción, sino una expresión visible de esas tensiones.
Hay lugares —Crucitas es uno de ellos— donde el mapa administrativo se vuelve insuficiente para explicar lo que ocurre en el terreno, bajo la jurisdicción de la Diócesis de Ciudad Quesada. Allí, las fronteras parecen más porosas que en los documentos: lo que se define en el papel como ordenado, en la práctica se desborda.
La zona ocupa espacio en la agenda pública por la persistencia de la minería ilegal en la frontera norte. Operativos policiales, destrucción de campamentos, decomiso de maquinaria y la apertura constante de nuevos frentes de extracción describen un territorio marcado por una tensión permanente entre intervención estatal y reconfiguración constante del delito. No es un conflicto nuevo, pero sí cada vez más complejo. En ese escenario, donde la institucionalidad aparece sobre todo bajo la forma de operativos, decomisos y alertas ambientales, el acompañamiento humano a las comunidades afectadas rara vez forma parte del relato público. Y en ese mismo plano de visibilidad desigual, no ha trascendido a nivel nacional —al menos en la cobertura mediática reciente— una presencia destacada o sostenida de la Iglesia, del obispo diocesano, de la pastoral social o de estructuras eclesiales organizadas en torno a la crisis.
La Diócesis de Cartago, por ejemplo, ha estado experimentando episodios recientes de violencia particularmente graves en su territorio. Sin embargo, en medio de la intensidad de estos hechos, no siempre resulta claro —al menos en el espacio público— cómo se articula la palabra pastoral, ni desde qué instancias concretas se pronuncia la Iglesia en relación con estas realidades. En ese contexto de ruido social y mediático, la figura del obispo, de las estructuras pastorales o de la acción eclesial en general no aparece con nitidez en el relato público. Más que una ausencia verificable, lo que se percibe es una dificultad para identificar con claridad los cauces a través de los cuales la Iglesia acompaña, interpreta o se involucra en situaciones que afectan profundamente a las comunidades.
En paralelo, el debate público se ha visto atravesado por voces de sectores religiosos cristianos no católicos, algunas de ellas particularmente estridentes, que han elevado el tono de la crítica hacia instituciones del Estado, incluyendo al propio Tribunal Supremo de Elecciones. El contraste no pasa desapercibido: mientras unas voces se amplifican en el espacio mediático, otras —históricamente asociadas a la mediación social y a la defensa institucional— parecen moverse con mayor reserva o menor visibilidad.
No se trata necesariamente de ausencia. Tal vez se trate, más bien, de una percepción: la de una distancia creciente entre ciertas realidades concretas del país y la capacidad de la Iglesia Católica para hacerse presente en ellas de manera reconocible.
Y es ahí donde el momento adquiere densidad propia. El nombramiento del nuevo obispo de Puntarenas no debe aparecer solo como un relevo administrativo. Se inscribe, más bien, en un escenario que pide algo más difícil de definir: presencia sostenida, palabra que no se agote en el comunicado y una forma de acompañamiento que no llegue tarde.
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