-Ley agudizaría a la crisis hídrica de muchas comunidades para regar monocultivos contaminantes;
-Proyecto carece de criterios técnicos que lo avalen e inconsistencias graves señaladas por la CGR;

(Bloque Verde, 21-07-2022) El Poder Ejecutivo ha convocado en la corriente legislativa el proyecto n.º22.709 y se encuentra en el orden del día en el Plenario. Este texto brinda amnistía a los pozos de agua y a las captaciones superficiales ilegales que operen en el país. La única información que brindarán los usurpadores de agua será una declaración jurada del caudal extraído. Este proyecto de ley tiene impactos inmediatos en zonas con alto estrés hídrico.

La Contraloría General de la República en su informe DFOE-SOS-0109 le hizo saber a los señores y señoras diputadas que este proyecto de ley incrementaría la vulnerabilidad de las comunidades que ya sufren de escasez de agua, líquido que pasaría a ser usado para regar plantaciones agrícolas descuidado el abastecimiento para el consumo humano. La CGR señala que esta iniciativa de ley conllevaría apropiaciones y privación de un recurso que es escaso, finito y vulnerable. Además la amnistía de pozos y captaciones superficiales ilegales de agua podría contravenir el orden constitucional del derecho humano al agua, el equilibro ecológico y el bienestar de los habitantes.

Lo más alarmante de todo es que la administración Chaves pretenda legalizar el saqueo del agua sin criterio técnico ni científico, convocando a la corriente legislativa un mamarracho de proyecto de ley que le da el agua a los monocultivos, al mismo tiempo que condena a la sequía y la salinización de las fuentes de aguas de poblaciones enteras.

Hay que recordar que la usurpación de bienes de dominio publico, como el agua superficial y subterránea es un delito, tipificado así en el Código Penal: “Artículo 226.- Usurpación de aguas. Se impondrá prisión de un mes a dos años y de diez a cien días multa al que, con propósito de lucro: 1) Desviare a su favor aguas públicas o privadas que no le corresponden, o las tomare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho; …”

Rodrigo Chaves continua los pasos de su predecesor, Carlos Alvarado, en esta materia. No se diferencian en mucho ambas políticas, el fin de ambos enfoques es el mismo: es que el saqueo del agua siga sucediendo. Este proyecto de ley es muy similar a lo que propuso el último gobierno del PAC mediante el Decreto Ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG “Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas”. Decreto fue llevado ante los Tribunales de Justicia mediante una acción de in-constitucionalidad presentada por la Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza y el abogado Álvaro Sagot. En esta ocasión la Sala Constitucional falló a favor de los ecologistas en la resolución 2021025386, respaldando el argumento de que es inconstitucional perdonar los delitos de usurpación del agua. Es decir que va contra nuestra carta magna usurpar un bien de dominio público como es el líquido vital. .

Pese al fracaso de Carlos Alvarado, la administración Chaves insiste con legalizar el robo y otorgar estatus legal al saqueo del agua superficial y subterránea por parte de los grandes monocultivos. Esto significa privar al país del análisis científico que debe primar a la hora de otorgar una concesión de agua. Estas industrias no solo les estarían perdonando el delito sino además se les exonerará de evaluar el impacto ambiental de la extracción del agua.

El proyecto n.º 22.709 fue originalmente propuesto por el partido Restauración Nacional en la legislatura anterior. De aprobarse veremos más ríos secos y saqueados. En época de verano son frecuentes las noticias de ríos que desaparecen, se secan o que ya no llegan más al mar. La explotación de muchos de esos ríos da como resultado su extinción. Incluso el monumental Río Tempisque ha sido victima de este fenómeno. Pero muchas otras comunidades ven como los niveles de agua de los pozos que les abastecían han bajado o incluso se han quedado sin agua.

Lejos del Principio Precautorio, esta ley da rienda suelta a las más feroces fuerzas de saqueo del agua. El insaciable agro-negocio y el megaturismo serán los directos beneficiarios de una propuesta que ponen en riesgo el agua de miles de personas, en escenarios de crisis climática e inestabilidad.

Imagen ilustrativa, UCR.