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Etiqueta: impacto ambiental

Crucitas: la ilusión de riqueza que produce el oro

Fernando Rodríguez Garro
Economista

Fernando Rodríguez Garro

Los conquistadores españoles se obsesionaron con el mito de El Dorado, que se fue distorsionando con el tiempo hasta llegar a ser la historia de una ciudad con riquezas inimaginables en oro. Esto los llevó a embarcarse en tareas increíbles, como la de tratar de drenar la Laguna de Guatavita a mediados del siglo XVI, a fin de comprobar la veracidad de la leyenda, lo que generó una cicatriz en la zona que aún hoy es visible y que pudo dañar de forma irreparable la riqueza ambiental del área que la rodea. Los conquistadores no encontraron El Dorado, ni lograron secar la Laguna de Guatavita, aunque finalmente mucho oro sí logró cruzar el Atlántico.

La comprensión que el mundo tenía de riqueza en ese entonces era muy particular, claramente la acumulación de metales preciosos tenía un papel central en ese concepto y el poder de las naciones se definía en función de la cantidad de “riquezas” en oro y plata que se pudieran acumular. Pero esto cambió, el mundo transformó su modo de producción y la revolución industrial vino a darle sustento a una visión que condensó adecuadamente Adam Smith en su obra “Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones”, cuando señalaba que la base de la riqueza de una nación está en la producción, el uso del trabajo productivo para la satisfacción de las necesidades de la población. Los metales preciosos son, en este concepto, un medio de cambio, pero no la fuente de la riqueza.

La discusión con la que hoy nos encontramos, sobre la minería de oro a cielo abierto en la zona norte de nuestro país, se distorsiona para promover un ideal de riqueza que desde hace 250 años la economía como disciplina científica dejó atrás. Si bien el oro extraído del suelo se puede comerciar y obtener de él recursos para invertir de distintas formas, ni esto por sí solo garantiza resultados distintos que hagan del proceso en la zona norte una panacea de desarrollo, ni cambiará el destino de la zona de Cutris y alrededores en el largo plazo.

Empecemos por el primer punto, hay muchas experiencias previas de países, o regiones, dedicadas a la explotación de oro, y otros recursos naturales, en que estas actividades no cambiaron sustancialmente su situación económica y, sobre todo, su nivel de desarrollo en el largo plazo. Si la explotación de oro planteada en Cutris será como se ha indicado hoy, gran parte del valor que generará la venta del oro no quedará en la comunidad, ni servirá para transformar mayor cosa en esa comunidad. La forma en la que se plantee el proceso, más allá del papel del oro en la transformación de las condiciones económicas de la zona, puede hacer que las cosas se vean distintas, para bien, o que no dejen ningún efecto beneficioso.

Ilustremos esto con un ejemplo. ¿Por qué si Noruega y el Reino Unido tenían acceso a la misma cuenca del Mar del Norte, obtuvieron resultados distintos de la exploración y extracción de petróleo? La respuesta en sencillo es la forma en que lo planteó Noruega, su estrategia se basa en el control público estricto de estas actividades, impuestos elevados a las empresas que participan de la extracción del petróleo, que llegan al 78% de sus ganancias netas, y la constitución de un gigantesco fondo de inversión global, que es la fuente de recursos que alimenta la economía noruega. Para obtener en nuestro caso resultados distintos, como los obtenidos por Noruega, tendríamos que hacer las cosas de otra manera, que dista mucho de lo que se está planteando hoy con la minería de oro a cielo abierto.

Por otro lado, ¿puede garantizar este proceso un cambio en las condiciones de desarrollo de la zona norte del país? No, siguiendo el planteamiento que define lo que es riqueza, las condiciones de producción de riqueza en la zona no cambiarán, no habrá una modificación de sus fuerzas productivas, ni en las condiciones de competitividad, ni una transformación de los procesos de producción que permitan sumar más valor agregado a las actividades económicas en esa región. El día que el oro no esté, que se haya agotado su explotación, nos quedarán los resultados del proceso, los buenos y los malos, incluyendo en esto último los impactos ambientales, pero nada más, no habrá ninguna transformación sustancial que cambie el destino de las personas de esa zona.

Esto lo entendieron los países petroleros del Golfo Pérsico hace un tiempo, cuando supieron que los recursos obtenidos por las ventas de este hidrocarburo debían invertirse en cambiar las cosas dentro de sus países. Sin embargo, la situación actual en esa región del planeta demuestra que su posición aún es endeble, sus economías siguen muy vinculadas a la exportación de gas y petróleo, y si su comercialización se ve afectada por situaciones como la que viven hoy, sufren de forma importante. Ese es el problema de suponer que podemos depender de un recurso natural, para solucionar los problemas que las estrategias de desarrollo de las últimas décadas no lograron.

Si la explotación del oro no cambia la realidad de las fuerzas productivas de la zona, si esos recursos no se invierten en fortalecer la educación de sus niños y jóvenes, en mejorar la infraestructura pública de la región norte, en más y mejores caminos, en mejorar la velocidad de conexión a la red de internet, en más y mejor infraestructura de salud, incluso en una ferrovía que conecte la zona norte con el área portuaria del Caribe costarricense, no habrá nada distinto el día que el oro se acabe, salvo el previsible impacto ambiental.

Y es que esto tampoco se habla de forma abierta, pues la ilusión de riqueza que el oro produce, no se contrapone al costo ambiental que produciría la exploración del oro en gran escala, impacto que reduciría los beneficios a la población por los servicios ambientales que la zona eventualmente impactada produce hoy día. ¿Cuánto será el costo ambiental de esa exploración, en comparación con el pírrico 5% de los ingresos de la actividad que se quedarán en el país como renta del oro extraído?

Sin entender cómo realmente se produce la riqueza, o sin ver el impacto que el costo ambiental puede tener en nuestras actividades diarias, incluyendo la producción en el largo plazo, lo que estamos haciendo por el momento es engañarnos con el oro como una solución a los problemas de una región que urge de respuestas.

Sala Constitucional pide informes por construcción de carretera en zona protegida de Barva

La Sala Constitucional acogió para trámite un recurso de amparo presentado contra el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Municipalidad de Barva de Heredia por la construcción de una carretera en Sacramento de Barva, dentro de una zona inalienable protegida por la Ley 65 de 1888 y en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo.

El recurso fue interpuesto por Isabel Arias Chavarría y José Francisco Alfaro Carvajal, quienes señalan que las obras se realizan sobre un antiguo camino rústico sin que se hayan efectuado estudios ambientales integrales ni contemplado medidas de mitigación para la fauna silvestre, pese a tratarse de un ecosistema de alta fragilidad ecológica.

Según el expediente, las personas recurrentes sostienen que el proyecto financiado mediante un convenio entre el INDER y la Municipalidad de Barva fue tramitado ante SETENA como una obra de bajo impacto ambiental, mediante una evaluación simplificada, cuando por las características ambientales y jurídicas de la zona debía requerirse un Estudio de Impacto Ambiental completo.

El recurso señala además que la intervención implica ensanchamiento del camino, remoción de vegetación y posibles afectaciones sobre corredores biológicos utilizados por especies como quetzales, dantas, pumas, ocelotes, monos carablanca y numerosas aves y reptiles.

Entre los cuestionamientos también se menciona la supuesta ausencia de pasos de fauna y la falta de autorización expresa del MINAE o del SINAC para intervenir el patrimonio natural del Estado en esa zona protegida.

La Sala Constitucional ordenó solicitar informes a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y a la Municipalidad de Barva, otorgando un plazo de tres días hábiles para responder sobre los hechos denunciados.

El caso se relaciona con preocupaciones ambientales, que diversos sectores han venido planteando, sobre el impacto de obras viales y desarrollos en zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo y otros territorios protegidos del norte de Heredia, particularmente en áreas vinculadas con la recarga hídrica y corredores biológicos estratégicos para el Valle Central.

Le invitamos a leer desde SURCOS el documento completo de la resolución judicial:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/0031-0007-237626170-0155-F.pdf

Denuncian intervención de camino en zona inalienable hacia el volcán Barva y solicitan explicaciones al MINAE y SINAC

El colectivo ciudadano CONCEVERDE, mediante gestión presentada el 7 de abril de 2026 ante el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), denunció la intervención de un camino en una zona declarada inalienable por la Ley N.° 65 del 30 de julio de 1888, en las cercanías del Parque Nacional Braulio Carrillo, sector Barva.

La solicitud, firmada por José Francisco Alfaro Carvajal, advierte que la Municipalidad de Barva estaría ejecutando obras de ampliación y pavimentación con cemento en el camino ubicado en Sacramento de San José de la Montaña, en un área de alta vulnerabilidad ambiental. Según el documento, estas acciones podrían contravenir el marco legal vigente y generar impactos significativos en ecosistemas clave para la recarga hídrica y la conservación de la biodiversidad.

Zona protegida y restricciones legales

El documento recuerda que la zona intervenida forma parte de un territorio declarado inalienable, lo que implica restricciones estrictas sobre su uso. Además, se señala que la Sala Constitucional, mediante el voto N.° 2008-12109, ordenó a diversas municipalidades —incluida la de Barva— abstenerse de otorgar permisos de construcción en estas áreas.

Según la argumentación presentada, esta prohibición no solo aplica a proyectos de particulares, sino también a obras ejecutadas por las propias municipalidades, en tanto se trata de una disposición orientada a proteger un patrimonio ambiental estratégico.

Asimismo, se enfatiza que, conforme al artículo 13 de la Ley Forestal, estas zonas forman parte del patrimonio natural del Estado y su administración corresponde al MINAE, lo que implica una responsabilidad directa en la supervisión y resguardo de estos territorios.

Riesgos ambientales señalados

El colectivo advierte que la ampliación y pavimentación del camino para facilitar el tránsito de vehículos automotores podría generar impactos acumulativos y sinérgicos, afectando la estabilidad ecológica del área.

Entre los riesgos señalados se incluyen:

  • Afectación a la recarga hídrica.

  • Alteración de ecosistemas de alta fragilidad.

  • Incremento de atropellos de fauna silvestre.

  • Contaminación sónica y lumínica asociada al aumento del tránsito vehicular.

Estos elementos refuerzan la preocupación por una posible degradación progresiva de un entorno ambientalmente sensible.

Solicitudes a las autoridades

En su petitoria, CONCEVERDE solicita al MINAE y al SINAC que informen de manera expresa si han otorgado algún tipo de autorización para la ejecución de estas obras dentro de la zona inalienable.

En caso afirmativo, requieren copia de las resoluciones correspondientes, incluyendo los criterios técnicos y jurídicos que habrían fundamentado dicha decisión. Asimismo, solicitan información sobre los mecanismos de mitigación ambiental previstos frente a los impactos derivados de la intervención.

El documento también remite copia a la Sala Constitucional, lo que sugiere la posibilidad de futuras acciones legales en caso de confirmarse irregularidades.

Antecedentes de conflictos en zonas protegidas

Este caso se suma a otras denuncias ciudadanas documentadas en torno a intervenciones en territorios con protección ambiental, donde se cuestiona la coherencia entre las decisiones institucionales y el marco jurídico vigente.

La situación plantea nuevamente el debate sobre la gestión de áreas protegidas, el rol de las municipalidades y la responsabilidad del Estado en la defensa del patrimonio natural.

Recurso de nulidad e informe de la Contraloría General de la República cuestionan proyecto de embarcadero en Puerto Viejo de Talamanca

Un recurso de nulidad presentado ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), junto con recientes observaciones de la Contraloría General de la República, evidencian serias irregularidades técnicas, ambientales y administrativas en el proyecto denominado “Embarcadero Vecinal en Puerto Viejo”, en el cantón de Talamanca.

El recurso, interpuesto por el abogado Walter Brenes Soto, solicita la nulidad absoluta de la viabilidad ambiental otorgada mediante la resolución N.° 1879-2024-SETENA, señalando vicios graves en el estudio ambiental que sirvió de base para su aprobación. Según el documento, la evaluación presenta fallas estructurales que comprometen su validez, al haberse realizado sin el rigor científico mínimo requerido para una obra ubicada en un área ambientalmente frágil.

Entre los principales cuestionamientos se encuentra la ausencia total de estudios marinos, a pesar de que el proyecto se desarrollaría directamente en el mar. El análisis se limitó a la vegetación terrestre, omitiendo información esencial sobre el lecho marino, la batimetría, los ecosistemas bentónicos y las condiciones oceanográficas. Esta omisión resulta especialmente grave si se considera que el propio expediente reconoce la existencia de arrecifes coralinos en el sitio donde se pretende cimentar la obra, sin que exista una evaluación de impacto sobre este ecosistema.

El recurso también advierte que la viabilidad ambiental se sustentó en información desactualizada y técnicamente incorrecta, al asumir que los arrecifes de la zona se encuentran mayoritariamente muertos desde el terremoto de 1991, ignorando evidencia científica reciente que demuestra su recuperación y vitalidad. Asimismo, se señala la omisión de especies marinas en peligro de extinción, incluyendo corales como Acropora palmata y fauna como tortugas marinas, manatíes y delfines, lo que evidencia una evaluación superficial e incompleta. A esto se suman errores graves en la identificación de especies, incluyendo referencias a fauna propia del océano Pacífico, lo cual compromete la confiabilidad del estudio en su conjunto.

Adicionalmente, el recurso denuncia la falta de estudios oceanográficos que permitan prever impactos como la alteración de corrientes marinas, la acumulación de sedimentos o procesos de erosión costera, lo que incrementa la incertidumbre sobre las consecuencias reales del proyecto en las playas de Puerto Viejo. En este contexto, se argumenta que la resolución de SETENA incumple principios fundamentales del derecho ambiental, como el principio precautorio y preventivo, al autorizar una obra sin contar con información suficiente para descartar daños significativos al ambiente.

El recurso de nulidad solicita, además, la suspensión inmediata de cualquier obra relacionada con el embarcadero, el archivo del expediente y la apertura de investigaciones administrativas para determinar posibles responsabilidades de los actores involucrados. En conjunto, los elementos expuestos en ambos documentos refuerzan la preocupación sobre un proyecto que podría generar impactos irreversibles en los ecosistemas marino-costeros de Puerto Viejo, así como un uso inadecuado de recursos públicos, en ausencia de garantías técnicas, científicas y administrativas suficientes.

¿Qué dijo la contraloría del proyecto?

A estos señalamientos se suman las observaciones de la Contraloría General de la República oficio (DFOE-CIU-0584), que no aprobó la asignación de ₡674,2 millones dentro del presupuesto 2026 de la Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) destinada al diseño y construcción del embarcadero. El órgano contralor determinó que el proyecto carece de elementos esenciales para su ejecución, como la inexistencia de un convenio formal entre JAPDEVA, el MOPT y la Municipalidad de Talamanca, así como la falta de claridad sobre las responsabilidades institucionales en la administración, operación y mantenimiento de la obra.

La Contraloría también advirtió que estas omisiones impiden comprender el alcance real del proyecto y debilitan el control sobre el uso de los recursos públicos, aumentando el riesgo de conflictos institucionales y fallas en su implementación. En consecuencia, los fondos improbados deberán ser trasladados a cuentas sin asignación específica, dejando en suspenso la viabilidad financiera del proyecto.

Otros cuestionamientos:

A estos cuestionamientos técnicos se suma un fuerte señalamiento social: organizaciones ambientales y comunidades de Puerto Viejo denuncian que la viabilidad ambiental fue tramitada de forma “exprés y oculta”, en un plazo aproximado de 18 días hábiles, sin conocimiento ni participación de la población local. Según estas denuncias, el proyecto permaneció sin acceso público durante cerca de un año, y solo fue conocido tras un anuncio de la Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Incluso, personas de la comunidad que consultaron a SETENA fueron remitidas a expedientes antiguos, sin información clara sobre el proceso vigente.

Organizaciones y actores locales cuestionan además que, una vez otorgada la viabilidad ambiental, se esté convocando a procesos de consulta que consideran tardíos y orientados a legitimar una decisión ya tomada, lo que podría vulnerar el derecho a la participación ciudadana y al acceso a la información pública.

El proyecto actual es señalado como el tercer intento de desarrollar infraestructura similar en la zona, tras iniciativas previas en 2008 y 2019 que fueron rechazadas por la comunidad debido a irregularidades, falta de estudios rigurosos y ausencia de consulta pública. En esos antecedentes también se identificaron deficiencias en los estudios de impacto ambiental y omisiones de especies marinas clave, lo que refuerza la preocupación sobre la repetición de patrones en la gestión del proyecto.

Las denuncias también ponen en cuestión el enfoque de desarrollo detrás del proyecto, señalando que responde a intereses turísticos y empresariales, mientras se relegan necesidades urgentes de la comunidad. Entre estas destacan la falta de acceso a agua potable, la ausencia de servicios básicos de salud como un EBAIS, así como carencias en infraestructura educativa como colegios y escuelas. A ello se suma la incapacidad de resolver la conexión a la planta de tratamiento de aguas residuales, la falta de espacios públicos y la limitada inversión social para enfrentar problemáticas como la pobreza y la exclusión de la juventud.

Solicitan información detallada sobre pasos de fauna en vía hacia el Parque Nacional Braulio Carrillo

El abogado José Francisco Alfaro Carvajal, de CONCEVERDE, presentó una solicitud formal ante la Municipalidad de Barva para que se brinde información detallada sobre los pasos de fauna instalados en la carretera recientemente habilitada hacia el Parque Nacional Braulio Carrillo, sector Volcán Barva, en el contexto de preocupaciones ambientales sobre el impacto de esta vía.

Según consta en la nota dirigida a la Alcaldía Municipal, el solicitante requiere información precisa sobre la infraestructura destinada a la protección de la vida silvestre en ese tramo vial, incluyendo la cantidad, tipo y ubicación exacta de los pasos de fauna, así como sus respectivas coordenadas geográficas.

Asimismo, solicita copia de la resolución de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) mediante la cual se otorgó la viabilidad ambiental para la construcción y ampliación del camino, lo cual resulta clave para verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables.


Municipalidad traslada solicitud a instancias técnicas

Mediante el oficio MB-AMB-0225-2026, la Alcaldía de Barva trasladó la solicitud a la Unidad Técnica de Gestión Vial y a la Gestión Ambiental municipal, con el fin de que elaboren una respuesta conjunta sobre los aspectos planteados.

El documento indica que también se remitió copia al solicitante para su conocimiento, en seguimiento al trámite administrativo correspondiente.


Antecedentes: preocupaciones por impacto ambiental en zona protegida

La apertura y uso de la vía hacia el sector del Volcán Barva ha generado preocupaciones en sectores ciudadanos y ambientales, particularmente por su posible impacto sobre los ecosistemas del Parque Nacional Braulio Carrillo, una de las áreas protegidas más importantes del país.

En notas previas procesadas por SURCOS se ha señalado la necesidad de garantizar medidas efectivas de mitigación ambiental, entre ellas la correcta implementación de pasos de fauna que permitan la movilidad segura de especies silvestres y reduzcan la fragmentación de hábitats.

También se han registrado advertencias sobre la importancia de la transparencia en los procesos de evaluación ambiental, así como del acceso a información pública que permita a la ciudadanía verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas por SETENA.


Acceso a la información y control ciudadano

La solicitud presentada por el Lic. Alfaro Carvajal se inscribe en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, particularmente en temas de interés ambiental, donde la participación ciudadana y el control social resultan fundamentales.

El seguimiento de este caso permitirá determinar si las obras ejecutadas en la vía cumplen con los estándares ambientales requeridos y si las medidas de mitigación, como los pasos de fauna, han sido adecuadamente diseñadas e implementadas.

Impactos ambientales de las bases militares: elementos de experiencias latinoamericanas

  • Históricamente las bases militares en América Latina han dejado caos y destrucción en todas las fases de instalación, operación y cierre.

  • El aparato militar de Estados Unidos prioriza instalarse en lugares estratégicos que muchas veces coinciden con ecosistemas frágiles.

Costa Rica. 17 de marzo de 2026. El debate que ha abierto la desafortunada ocurrencia de Fabián Silva Gamboa, asesor de la presidenta electa, sobre las bases militares estadounidenses en Costa Rica merece advertir que dicho proyecto no está exento de gravísimos impactos ambientales para ecosistemas frágiles.

Vale la pena señalar que el historial de las bases militares en América Latina tiene como saldo de vastas áreas contaminadas; miles de hectáreas usadas como depósitos de escombros y municiones sin detonar; ensayos navales y militares que han acabado con ecosistemas enteros; campos de experimentación de armas químicas y biológicas en la absoluta impunidad, inclusive desechos nucleares abandonados. Así lo dejó claro la doctora en biología Elizabeth Bravo una conferencia el pasado 12 de marzo en la Universidad Andina en Quito, Ecuador.

Experiencias como el archipiélago de Hawái han sido denunciadas por “una larga historia en la producción de daños ambientales permanentes contra el pueblo hawaiano y contra las islas al verter sistemáticamente sustancias tóxicas, detonar municiones y filtrar productos petroquímicos” puntualizó la Dr. Bravo.

Por otro lado, nuestro país vecino Panamá también tiene una larga historia de lidiar con bases militares imperiales, donde 17 mil hectáreas fueron ocupadas por Estados Unidos para destinarlas en polígonos de tiro y bases militares estadounidenses. Se reporta que al menos 7.300 hectáreas estaban contaminadas por explosivos no detonados y otros contaminantes propios de las actividades bélicas.

Por su puesto Puerto Rico, es otro de los sitios donde se han instalado complejos militares trayendo graves impactos en la calidad del agua debido a la infiltración de sustancias tóxicas en la Isla de Vieques donde en su lecho marino permanecen miles de bombas sin detonar. Además, en la Isla de Vieques se reportan innumerables maniobras militares con explosiones con municiones reales, en donde viven cerca de 9000 personas que han sido desplazadas por el ejército que ocupa el 75% del territorio.

Recientemente el gobierno de Daniel Noboa intentó instalar bases militares en las Islas Galápagos. Afortunadamente, en un referéndum el año 2025 el pueblo ecuatoriano rechazó la propuesta de Noboa. Pero cabe preguntarse sí la intención en Costa Rica es instalar bases militares sobre islas con ecosistemas frágiles como la Isla del Coco, la Isla del Caño o alguna otra similar. Tomando en cuenta la cercanía ideológica del gobierno de Noboa y el de Chavez-Fernadez; pero además la cercanía geográfica de las Galápagos y la Isla del Coco.

Costa Rica se convertiría en objetivo militar. Estaríamos en la misma condición que hizo al archipiélago de Hawái objeto de ataque en la militar en la Segunda Guerra Mundial el 7 de diciembre de 1941 cuando una de sus islas fue atacada: Pearl Harbor. Esto sin duda, es importante en medio de un clima de guerra como el actual, instalar bases militares estadounidense en territorio nacional convertiría a Costa Rica en un objetivo militar. Por lo que, la propuesta del Fabian Silvia no solo es temeraria sino además compromete la seguridad de Costa Rica.

Para terminar, hay que mencionar que las emisiones de gases de efecto invernadero militares de la OTAN representan un 5,5% de las emisiones de gases invernadero del mundo. La Dr. Bravo también puntualizó que: “En los primeros 20 años de este siglo, el ejército de Estados Unidos fue responsable de 1.200 millones de toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero; emitiendo más gases tóxicos que la mayoría de los países del mundo.”

En conclusión, la desafortunada apuesta por militarizar el país no solo traerá consecuencias sociales y económicas irreversibles sino abriría una etapa de destrucción ambiental en Costa Rica aún sin precedentes.

Más de 300 personas denuncian impacto ambiental del proyecto inmobiliario SAVIA en Ulloa de Heredia

Vecinos y vecinas de distintas comunidades de Ulloa de Heredia presentaron el pasado 6 de marzo de 2026 una denuncia formal ante varias instituciones públicas por los impactos ambientales y de salud que, según indican, está generando el proyecto inmobiliario SAVIA, desarrollado por PIMSA Portafolio Inmobiliario.

La gestión fue presentada con más de 300 firmas de residentes, quienes solicitan la intervención inmediata de las autoridades para verificar las condiciones del proyecto y adoptar medidas correctivas ante la emisión recurrente de polvo y material particulado asociado a las obras de construcción.

La denuncia fue dirigida a SETENA, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), la Municipalidad de Heredia y el Ministerio de Salud, instituciones a las que se pide realizar inspecciones y aplicar las medidas preventivas y cautelares correspondientes.

Denuncia por emisiones de polvo y afectación a la salud

De acuerdo con el documento presentado ante las autoridades, las comunidades cercanas al proyecto han experimentado en las últimas semanas emisiones recurrentes y significativas de polvo producto de las actividades constructivas y del movimiento de materiales en el sitio.

Según señalan las personas denunciantes, este material particulado se desplaza hacia zonas residenciales cercanas, afectando comunidades como Condominio Blue, Condominio Vita, Residencial Los Arcos en Cariari y otros sectores aledaños.

La denuncia advierte que la situación genera afectaciones directas a la salud de las personas, particularmente en quienes padecen problemas respiratorios o pertenecen a grupos vulnerables, para quienes la exposición constante a partículas en suspensión representa un riesgo prolongado.

Asimismo, los residentes reportan que el polvo se deposita de forma persistente en viviendas, terrazas, vehículos y otras superficies, alterando la vida cotidiana y el uso normal de los hogares.

Solicitud de inspección y medidas cautelares

En el documento dirigido a la Municipalidad de Heredia, específicamente al Departamento de Control Constructivo, Ingeniería Municipal y Gestión Ambiental, solicitan una inspección urgente del proyecto.

La petición plantea que las autoridades verifiquen la situación denunciada y adopten medidas correctivas, preventivas y cautelares frente a la emisión recurrente de polvo proveniente del proyecto SAVIA.

Según la denuncia, el desarrollo se ubica en Barreal de Heredia, con conexión a la Ruta 1, zona donde anteriormente existían cafetales.

Preocupación por impacto ambiental y fauna silvestre

Además de los efectos en la salud y en la calidad de vida de las comunidades cercanas, las personas firmantes de la denuncia expresan preocupación por impactos ambientales adicionales derivados del desarrollo del proyecto.

En la nota enviada indican que en los últimos meses se ha observado un aumento en la presencia de fauna silvestre desplazada de su hábitat, especialmente animales que habitaban en los antiguos cafetales de la zona.

Entre los casos reportados se mencionan armadillos y garzas atropelladas, lo que, según los denunciantes, evidencia los efectos del cambio en el uso del suelo y del avance de las obras constructivas.

Denuncian abandono institucional

Las personas residentes que impulsan la denuncia manifiestan sentirse abandonadas en su lucha por obtener respuestas institucionales, pese a que —según indican— la situación ha sido persistente y afecta a varias comunidades del sector.

Por esta razón, solicitan a las autoridades competentes actuar con prontitud, verificar las condiciones del proyecto y garantizar la protección de la salud de las personas y del entorno ambiental de la zona.

UCR recomienda no aprobar proyecto de ley que permitiría minería de oro a cielo abierto en Crucitas

La Universidad de Costa Rica votó en la sesión N°6967, un acuerdo (CU-160-2025) frente al proyecto de ley denominado Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el Distrito de Cutris de San Carlos, Provincia de Alajuela y Reforma parcial al Código de Minería, Expediente n.º 24.717, actualmente en conocimiento de la Asamblea Legislativa.

Luego de un análisis integral solicitado por la Asamblea Legislativa la Universidad de Costa Rica por medio del Consejo Universitario concluye que la iniciativa presenta debilidades estructurales, riesgos ambientales, sociales, institucionales y jurídicos, y que no constituye una respuesta adecuada ni efectiva al problema de la minería ilegal en la zona de Crucitas.

El proceso de análisis incorporó criterios de diversas instancias universitarias, entre ellas el Programa Kioscos Socioambientales, la Escuela Centroamericana de Geología, el Departamento de Salud Ambiental de la Escuela de Tecnologías en Salud y el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental.

Desde el Programa Kioscos Socioambientales se advierte que el proyecto de ley parte de una base profundamente problemática. En su criterio institucional se señala de forma expresa que existe una “ausencia de diagnóstico serio y contextual”, ya que “el proyecto ignora los antecedentes históricos de minería metálica en Costa Rica, como los casos de Crucitas, Bellavista y Beta Vargas, todos marcados por impactos negativos y fracasos institucionales”. Además, se indica que “no se analiza por qué han fallado sistemáticamente los proyectos mineros en el país, ni se ofrece una evaluación realista de la minería ilegal actual”.

Kioscos Socioambientales también alerta sobre la desproporción territorial que introduce la iniciativa, al señalar que “el proyecto propone abrir más de 849 km² a la exploración y explotación minera, cuando los estudios oficiales indican que el área afectada por minería ilegal representa menos del 1 % del distrito”, lo cual “sugiere que el objetivo no es la remediación ambiental, sino la legalización de una expansión minera a gran escala bajo un régimen de excepción”.

Asimismo, el programa advierte que la propuesta legislativa no enfrenta las causas estructurales de la minería ilegal y, por el contrario, podría agravarlas. En ese sentido, se señala que “legalizar la minería sin una estrategia de seguridad efectiva podría legitimar estructuras delictivas y aumentar la violencia en territorios fronterizos”, en un contexto donde “existen vínculos documentados entre minería ilegal, narcotráfico y crimen organizado”.

Por su parte, la Escuela Centroamericana de Geología realizó observaciones técnicas de fondo al proyecto, señalando que legislar de manera parcial una actividad compleja como la minería constituye un error reiterado. En su análisis se afirma que “legislar parcialmente para una actividad compleja como la minería no es razonable”, y que resulta necesario un abordaje integral del Código de Minería para todo el territorio nacional.

La Escuela también cuestiona el uso del concepto de minería sostenible en el proyecto, indicando que “es extraña esa mezcla conceptual que se contrapone”, ya que la minería implica necesariamente el agotamiento del recurso, y que los posibles beneficios económicos no pueden justificar la ausencia de una regulación robusta y coherente.

En relación con el mecanismo de concesión, la Escuela de Geología es enfática al señalar que “solo tomar el royalty como base de puja no es aceptable”, y que “se debería evaluar la totalidad del proyecto minero propuesto”, incorporando aspectos como la gestión de residuos, los impactos ambientales, las medidas de cierre técnico, la relación con las comunidades y la remediación de los daños existentes.

En ese mismo sentido, se advierte que una lógica puramente económica resulta insuficiente, ya que “el proceso debe valorar también los componentes ambientales y sociales dentro de un estudio de factibilidad integral”. Se señala además que “la experiencia internacional demuestra que es posible diseñar concursos más equilibrados”.

La Escuela también critica que el artículo 9 obligue a entregar toda la información de exploración a la Dirección de Geología y Minas para incluirla en futuras subastas, lo cual refleja un desconocimiento de cómo funciona la industria minera, dado que la exploración constituye una inversión estratégica que no debería ser de acceso público inmediato.

De forma contundente, la Escuela concluye que “el proyecto de ley es otro esfuerzo más que presenta propuestas similares a otros anteriores para regular la minería en Crucitas”, y que no contribuye a frenar la minería ilegal, sino que “incita a la minería ilegal, similar a la existente en la actualidad en Crucitas”.

A estas observaciones se suman los señalamientos del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, que advierte que la propuesta “no constituye una estrategia efectiva para mitigar los efectos de la minería ilegal” y que “se requiere una reforma sustantiva que priorice la sostenibilidad, la protección ambiental y la salud pública”, en lugar de limitarse a la legalización de la minería a cielo abierto sin controles adecuados. Además, se advierte “la ausencia de un estudio socioeconómico que respalde técnicamente la declaratoria propuesta en el proyecto de ley”.

Finalmente, la Escuela de Salud Ambiental señala que “La minería es una de las actividades laborales con mayor impacto en la salud de las personas trabajadoras, sus familias y las comunidades. Estos efectos pueden ser de carácter físico, biológico y químico, y en muchos casos se manifiestan a largo plazo, lo que dificulta su comprensión clínica y epidemiológica. Si bien Costa Rica cuenta con un marco normativo e institucional en materia de salud ambiental, persiste una brecha significativa entre la normativa existente y su aplicación práctica”.

Acuerdo final

Con base en el análisis institucional realizado, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica acuerda:“ Comunicar a la Asamblea Legislativa, por medio de la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela, que la Universidad de Costa Rica recomienda no aprobar el proyecto denominado Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el Distrito de Cutris de San Carlos, Provincia de Alajuela y Reforma parcial al Código de Minería, Ley n.° 6797 del 4 de octubre de 1982, Expediente n.º 24.717, por las observaciones señaladas en el considerando 5.”

Asimismo, la Universidad de Costa Rica manifiesta que “queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas para aportar en este proyecto de ley”.

Ver acuerdo: https://www.youtube.com/live/osFQLvTDv2M?t=7275s

Texto del acuerdo: https://drive.google.com/file/d/1t803LuX2fJ267ZedjoAMJyKhCnU3HYR5/view?usp=drive_link

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Organización ambiental cuestiona a la Contraloría por omitir pasos de fauna en ampliación de la Ruta 1

La Asociación Conservacionista Yiski, por medio de su presidenta María Elena Fournier, cuestionó a la Contraloría General de la República (CGR) ante la ausencia de información sobre pasos de fauna subterráneos y aéreos en el proyecto de rehabilitación y ampliación de la Ruta Nacional n.° 1, sección Barranca–Limonal, recientemente refrendado por la institución fiscalizadora.

El mensaje fue enviado directamente al equipo de prensa de la CGR, con copia a diversas personas y organizaciones, expresando preocupación por el incumplimiento de obligaciones ambientales esenciales que Costa Rica ha asumido internacionalmente.

Una omisión incompatible con los compromisos de conservación

Fournier recuerda que Costa Rica ha firmado y ratificado múltiples convenios internacionales vinculados con la protección de la biodiversidad y la vida silvestre. Sin embargo, en la práctica, miles de animales mueren cada año en las carreteras del país por atropellos evitables.

En su comunicación, plantea una pregunta central:

¿Están contemplados también, en esta rehabilitación y ampliación de Ruta Nacional No. 1 y otras mencionadas, los pasos de fauna subterráneos y aéreos?”

Subraya que la ampliación vial sin medidas de conectividad ecológica representa una grave falta de alineación con compromisos ambientales vigentes y con el deber estatal de protección de la fauna silvestre.

El refrendo de la CGR y la ausencia del componente ambiental

El comunicado enviado por Xinia Valverde Corrales, de la CGR, informaba que la entidad refrendó dos contratos para ampliar la Ruta 1 a cuatro carriles, adjudicados a:

  • Consorcio Barranca Ruta 1, por más de 121 millones de dólares, más servicios especializados.

  • Constructora Meco S. A., por más de 141 millones de dólares, más servicios especializados.

La CGR indicó haber verificado requisitos legales, técnicos, estudios de preinversión y disponibilidad de terrenos, pero no menciona en ningún punto el componente ambiental relacionado con la conectividad de fauna, un aspecto indispensable para obras dentro de un país megadiverso y con compromisos internacionales de conservación.

Un llamado urgente a la fiscalización ambiental

La Asociación Yiski insiste en que la rehabilitación y ampliación de la Ruta 1 debe incorporar de manera obligatoria:

  • Pasos de fauna aéreos y subterráneos en los tramos necesarios.

  • Respeto a la legislación y normativa ambiental vigente.

  • Coherencia con los compromisos internacionales de conservación firmados por Costa Rica.

Fournier concluye su mensaje recordando la urgencia de detener la mortalidad de fauna silvestre en las carreteras y la responsabilidad institucional de evitar proyectos viales que profundicen esta crisis ecológica.