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ANEP aporta información sobre irregularidades en contratación de áreas de salud

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informa a SURCOS que ha emprendido una ardua labor durante los últimos cuatro meses, investigando y denunciando lo que considera un conjunto de irregularidades en los procesos de contratación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Estas denuncias, centradas en la adjudicación de contratos para la gestión de áreas de salud, revelan preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad de las decisiones tomadas por la Junta Directiva de la CCSS. Se ha señalado que estas decisiones podrían estar orientadas al favorecimiento indebido de ciertos proveedores, específicamente cooperativas de salud, con contratos que implican cientos de miles de millones de colones. ANEP aporta información sobre irregularidades en contratación de áreas de salud con documentos presentados ante Contraloría, la Fiscalía y el Juzgado.

La primera denuncia formal presentada por la ANEP data del 15 de mayo de 2024, dirigida a la Contraloría General de la República (CGR). En esta, la organización expone la supuesta modificación de informes técnicos para favorecer a cooperativas en la adjudicación de áreas de salud en diversas regiones, afectando la competitividad del proceso y exponiendo al país a pagos inflados por servicios médicos. Esta denuncia es parte de un esfuerzo por prevenir lo que la ANEP describe como una operación que podría desviar más de 210 mil millones de colones en beneficio de unos pocos proveedores, a costa de los recursos públicos y de la ciudadanía.

Posteriormente, el 12 de julio de 2024, la ANEP emite un nuevo documento en el cual solicita una intervención inmediata por parte de la CGR. En esta ocasión, se denuncia específicamente una licitación por más de 470 mil millones de colones, adjudicada a tres cooperativas y una asociación, argumentando que el proceso está plagado de irregularidades y que las acciones de la Junta Directiva de la CCSS presentan serios vicios legales. La ANEP solicita que se investiguen estas acciones antes de que se concrete lo que califican como un acto administrativo nulo e ilegal.

En respuesta a las gestiones de la ANEP, la Contraloría General de la República emite un documento dirigido al denunciante el 10 de julio de 2024, en el cual se reconoce la recepción de la denuncia y se asegura que la misma será utilizada como insumo en una investigación formal en curso. La CGR detalla los pasos a seguir y confirma que los puntos planteados por la ANEP, junto con la documentación adjunta, serán evaluados en el marco de esta investigación.

Estos tres documentos reflejan la gravedad de las acusaciones y el esfuerzo de la ANEP por detener lo que consideran una serie de actos administrativos con graves consecuencias económicas para el país. Es crucial revisar en detalle estos documentos, que ya se encuentran disponibles para su análisis.

Caso Barrenador – ANEP Destapa Irregularidades en Contratación de Áreas de Salud_ Documentos Presentados Ante Contraloría, Fiscalía y JuzgadoDescarga

A Chaves le quedó muy grande el traje de presidente de la República

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Incapaz de reunir profesionales competentes, en sus instancias gubernamentales, el más de medio centenar de sustituciones de funcionarios, es evidencia del por qué, su orquesta filarmónica, suena a cimarrona, encabezando un desfile de personajes de mascarada. No hay disciplina, ni en Zapote ni en ministerios y otros entes gubernamentales. Costó, pero ya el presidente parece haberse dado cuenta, de que, conforme corre el tiempo, son mayores las malas decisiones que se van acumulando. Así le llegó el punto, en que se siente imposibilitado de dominar el timón que gira violentamente, sin control. Su barco a la deriva, está escorando en un litoral rocoso, y, aunque grita y gesticula, no hay quien evite el destino que le espera.

Mientras tanto, reparte culpas entre sus tripulantes, y las autoridades del puerto, pero, él, el verdadero culpable, finge no ser el capitán, el principal responsable del inminente naufragio. Ya su discurso amenazante, sus llamados a la sedición, sus tenues cortinas de humo, lo que nos muestran, es a un gobernante deseoso de salir corriendo, hasta muy lejos, hasta donde, quizá, no le alcancen las 52 causas penales, que le esperan al final de su histórica (por mala), administración. Cambió la Biblia del primer día, por machetes sin filo, aunque siempre peligrosos, que hay que tomar en cuenta, pues, en manos de una persona así, amenazan la PAZ que merece nuestra PATRIA, la de nuestros hijos, la que han forjado costarricenses con sentido de responsabilidad histórica.

Se impone el cese al fuego bilateral nacional

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Se requiere de diferenciaciones y precisiones para abordar el tema álgido del fin del conflicto armado interno colombiano, con todas y cada una de las insurgencias actuantes en el territorio de Colombia y en el momento coyuntural, en el que un gobierno de inspiración popular rige los destinos del país.

El ataque del ELN a una guarnición militar del ejército nacional en Saravena, Arauca, califica como atentado o saboteo de una fuerza beligerante por parte de insurgentes armados. Se expresa la calidad de ese ataque dentro de las acciones insurgentes al aparato estatal, que una fuerza beligerante, desconoce y busca destruir. Esto conforme a la estructura denominativa del Derecho Internacional (DI); en tratándose de conflictos armados internos. Eso de “terrorismo” se atribuye a una ficción mediática a raíz de los sucesos de las Torres Gemelas y en modo alguno encausa dentro del cuerpo normativo internacional. La alusión, a que a 900 metros de la instalación militar atacada funciona una Escuela, pues habilita la denuncia a la no observación por el Estado- parte, a la diligencia y cuidado que no deben funcionar establecimientos educativos cerca a guarniciones militares, y, por consiguiente, no atribuible a carga para el sector insurgente. Sobre esto se debatió y hubo claridad en el extracto de las negociaciones con las antiguas Farc, que concluyó en los Acuerdos de la Habana y del Teatro Colon, años de 2.016 y 2.017

El no a las imposiciones unilaterales

Intentando expresar un criterio objetivo riguroso corresponde extraer, que la separación que he intentado hacer para el entendimiento de dos situaciones totalmente identificadas, como lo son el conflicto armado interno y el conflicto social en Colombia; se determina en forma expresa y clara, que tanto el desarrollo de las conversaciones con el Estado Mayor Central de las Farc- EMC; junto con la Segunda Marquetalia y las adelantadas con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia-E.L.N, yerran, en la aplicación y atención clara al carácter insurgente y con estatus de rebeldes, de esas organizaciones. El que se dediquen a acciones delincuenciales es propio de la esencia de ellos…

Ahora bien, los sucesos del pasado 8 de septiembre contra una comunidad indígena en el municipio de Tumaco, por parte de la fuerza de tarea conjunta Hércules del ejército, que, al mando de un general, abrió fuego, sin atender al principio de distinción, contra la población indígena Awua desarmada, de Inda Sabaneta; luego que la tropa intentó entrar a la fuerza al territorio indígena; resulta similar al accionar del grupo insurgente EMC-Farc, contra un autoridad indígena y que trajo consigo el cese de conversaciones, para el fin del conflicto armado con ese sector insurgente. En el agresivo comportamiento del ejército colombiano, murieron dos indígenas y siete más resultaron heridos. Al igual que la respuesta de la insurgencia armada EMC-Farc contra la comunidad indígena; la del ejército colombiano obedeció a oposición de los indígenas Awa a que vehículos blindados del ejército ingresaran a su sagrado territorio comunal.

En eso del gobierno del cambio, todo apunta a un comportamiento, con calificación y acción, que lo diferencie de los gobiernos anteriores. Pero no parece ser así. El manejo conduccionista de lo noticioso, continua, al igual que sucedía con la acción y efecto, que, bajo la egida contra insurgente del Terrorismo de Estado, redundaba en el simplismo calificativo del síndrome de la fracasada guerra imperialista contra el narcotráfico y que, en conjunto, determina la motivación de la oficialidad castrense, en su “guerra” de micrófonos y de declaraciones, con el sobado y gastado argumento, que el trasfondo del escenario, en las regiones, es la pelea o enfrentamiento, por las “rutas del narcotráfico”. Más le afecta la humedad al pato que a la insurgencia continuar denominándola narcotraficantes. Esto pareciere de apariencia inocente; pero resulta malvado, puesto que afecta al factor metodológico de trato y manejo del análisis concreto de la situación concreta. Un presupuesto falsario para abordar lo magnánimo del fin del conflicto armado interno en Colombia, no puede continuar girando sobre previsión de planes falsos. Ello no augura un desenlace feliz en los propósitos que alienta a la nación colombiana.

Pero la realidad es otra. La dinámica de las actividades políticas en los territorios, ha conllevado al empoderamiento de las masas movilizadas, en torno a las soluciones concretas de sus problemáticas. Son las mismas masas las que han colocado “en cintura” el accionar de presencia tradicional de las fuerzas armadas (o militarización) en las zonas del conflicto armado interno y se han opuesto a ello, acudiendo a acciones de desobediencia civil; a ejercicio soberano popular de impedir la presencia del ejército, cuando ello implica el enfrentamiento inminente de las fuerzas rebeldes con la de la oficialidad estatal y a toda costa y con acciones concretas, neutralizan, hasta a centenares de soldados, impidiendo los inminentes enfrentamientos o acciones armadas que implican el desalojo y el éxodo de sus regiones o de los territorios ancestrales, en tratándose de la población indígena. No se puede ocultar que tanto el campesinado, como sujeto de derechos actuante; así como las comunidades indígenas, con su ejercicio constitucional, entran en contradicciones, con los miembros armados de la oficialidad estatal y con los irregulares rebeldes e insurgentes. Este aspecto de intereses contrarios, no ha sido objetiva y correctamente abordado tal como es: de agudas contradicciones en el seno del pueblo.

Otro aspecto de la falsaria mass media impuesta, consiste en que los agudos enfrentamientos armados se dan entre fuerzas rebeldes, entre sí (calificadas como rebeldes por el gobierno, puesto que fungen en mesas de conversaciones, por separado); dándole a las fuerzas armadas estatales el papel de meros espectadores. Pareciere que, por arte de magia, hubiere desaparecido el factor paramilitar del escenario del conflicto armado interno colombiano. Sabido es que en la medida en que opere una acción contrainsurgente, en Colombia, va de la mano el accionar de las huestes paramilitares, para la “lavada de cara” al ejército estatal, en lo que concierne al mantenimiento y respeto de los Derechos Humanos. Con anterioridad he citado, como referente, el espíritu de la Ley 1.908 de 2.018; resultado de una concepción contrainsurgente del Estado colombiano, que, al asimilar a las organizaciones criminales comunes, en el raudal autónomo que concede la caracterización de los grupos armados insurgentes y rebeldes, con el de las denominadas bandas criminales o grupos armados organizados, se efectuó, en la práctica, una legalización del paramilitarismo en Colombia. Al “pan pan y al vino vino” que cuando se registran choques armados entre algunas de las insurgencias y denominaciones de “autodefensas gaitanistas”; o “clanes del golfo”, etc., etc., se esta ante el mismo juego, de lo no ha mucho llegó a denominarse “la sexta división del ejército” colombiano; aludiendo al recurso contrainsurgente estatal del uso del paramilitarismo. No es que, por obra y gracia de la desmovilización de las antiguas Farc y los acuerdos de paz firmados, el paramilitarismo dejó de actuar en Colombia. “Dejémonos de eso!” exclama el campesino catatumbero, enseñado en identificar que el cordón umbilical del actual paramilitarismo, continúa atado a las fuerzas armadas estatales, sin excepción, en cuanto perdura con la permanencia de la doctrina militar de seguridad “del enemigo interno”. Esa esencia contrainsurgente de las fuerzas armadas estatales continua, en tanto, perdure, el conflicto armado interno en Colombia. No se maquilla con decretos y cambios de personal u oficialidades…

Insisto en que eso de los denominados “procesos de paz” no encaja. Que Colombia transita por un proceso de solución política para el fin del conflicto armado interno. Ese proceso precisa darse con todas y cada una de las insurgencias existentes o que surgieren. Lo de Paz Total es una aspiración. Aplica a una metodología asequible para un fin ultimo en beneficio de todos los habitantes. Esta dentro del amplio campo y acepción de lo posible. Corresponde, por el momento, despejar el camino de las conversaciones consensuadas y de no imposiciones, para tomar pista en el enrumba miento de la temática y contenido de fondo, de ese ejercicio dialectico, que significa el logro de objetivos y alcances de conquistas, para llegar a la etapa sublime del fin de conflicto armado interno, en Colombia y que como colombianos y colombianas, apremiamos vivir en la construcción de una sociedad próspera sin el asomo del recurso de la lucha armada, en forma definitiva.

Capacitaciones buscan minimizar conflicto entre cocodrilos y comunidades

Escrito en . Publicado en Comunidad, Madre Tierra.

Durante los días 8 y 9 de agosto se realizó el II Taller de Capacitación para el Manejo de Cocodrilos, dirigido a funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

El objetivo fue el desarrollo de habilidades para atender interacciones con cocodrilos bajo las bases éticas del manejo y manipulación de animales. A pesar del riesgo potencial y la percepción negativa que a menudo les rodea, estos reptiles juegan un rol crucial en las redes tróficas de los ecosistemas tropicales, siendo uno de los depredadores más importantes.

Con 20 participantes de cinco distintas áreas de conservación, se desarrolló el contenido teórico, para luego dar espacio a la práctica de elaboración de nudos, captura y manipulación de cocodrilos. También hubo espacio para compartir experiencias de su trabajo de campo. 

Al finalizar el taller, se entregaron paquetes con materiales educativos impresos sobre prevención de accidentes y kits básicos de captura, que incluían mecates de diversos diámetros para mejorar la respuesta ante emergencias.

Esta capacitación, realizada en las instalaciones del Instituto Tecnológico en San Carlos, es parte de las actividades que realiza el Proyecto de cooperación ICD-XIII-2023- “Gestión de interacciones entre humanos y cocodrilianos en Costa Rica, el caso de la región Nicoya”, que ejecuta la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional y la FUNDAUNA con el apoyo del Área de Conservación Tempisque, en el marco del I Canje de Deuda Costa Rica – EEUU y la Asociación Costa Rica por Siempre

En la actividad participaron los investigadores Iván Sandoval y Lilliana María Piedra Castro de la Escuela de Ciencias Biológicas; Juan Bolaños Montero especialista en cocodrilos; Mauricio Méndez, enlace entre el proyecto y el área de Conservación Tempisque y Adolfo Artavia, representante de la Asociación Costa Rica por Siempre.

Este esfuerzo conjunto busca atender las necesidades de la comunidad para reducir los conflictos entre cocodrilos y poblaciones humanas, promoviendo una convivencia más segura y respetuosa.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Acuerdo de Escazú:  a propósito del depósito de instrumento de ratificación por parte de Colombia 

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho,Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

Este 25 de septiembre, Colombia procedió a depositar formalmente ante la Secretaría General de Naciones Unidas, el instrumento de ratificación del Acuerdo de Escazú (véase texto completo del Acuerdo de Escazú). 

De esta manera, Colombia se convierte en el Estado Parte número 17 del Acuerdo de Escazú.

Es de notar la presencia de sus máximas autoridades en la delegación oficial presente en Nueva York para el acto formal de entrega del instrumento de ratificación del Acuerdo de Escazú (véase artículo de prensa con foto de la misma), que antecede de 48 horas la fecha en la que, aquel 27 de septiembre del 2018, se oficializó en Nueva York la apertura a la firma y ratificación por parte de los Estados, de este valioso instrumento regional.

Breve recuento en la tramitación en Colombia

Desde el 5 de noviembre del 2022, luego de que ambas cámaras del Congreso colombiano aprobaran el texto del Acuerdo de Escazú, el Poder Ejecutivo colombiano estaba esperando pacientemente la decisión de la Corte de Constitucionalidad, la cual se tomó casi dos años para declararse a favor del Acuerdo de Escazú (Nota 1). No se tiene información sobre las razones por las que el estudio de este tratado internacional por parte de los magistrados constitucionales colombianos se extendió por tanto tiempo.

En efecto, fue tan solamente el 28 de agosto del 2024 que la Corte de Constitucionalidad dio a a conocer su decisión favorable con respecto al Acuerdo de Escazú (véase comunicado oficial de las autoridades ambientales de Colombia), por lo que era inminente el depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas por parte de Colombia. El comunicado oficial de la justicia constitucional colombiana también merece ser revisado (disponible en este enlace).

Colombia viene así a sumarse a los 16 Estados que ya lo han ratificado (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), entre los cuales Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay.

A la fecha en América Latina, se mantienen distantes, al haber firmado el Poder Ejecutivo más no aprobado el Acuerdo de Escazú (atribución del poder Legislativo), los siguientes Estados: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Entre los Estados de América Latina que ni tan siquiera lo han firmado (un acto que recae en el Poder Ejecutivo), persisten al momento de redactar estas líneas (26 de septiembre del 2024): Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.

Fechas escogidas para depositar su instrumento de ratificación

Nótese, que, al igual que Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay en el 2019, la cancillería colombiana optó por depositar formalmente el instrumento de ratificación en una fecha cercana al 27 de septiembre: se trata del día en que formalmente este instrumento regional fue abierto a la firma de los Estados en Naciones Unidas, con ocasión de una ceremonia protocolaria realizada durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 27 de septiembre del 2018 

Otros Estados escogieron una fecha cercana al 4 de marzo (fecha en que se adoptó dicho instrumento en Costa Rica en el 2018) para proceder formalmente al depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas: Belice en el 2023, así como Nicaragua y Panamá (2020).

Es de destacar la perfecta coordinación entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para depositar el mismo 22 de enero del 2021 su respectivo instrumento de ratificación, permitiendo así que la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú se materializara para la celebración del Día de la Tierra, el 22 de abril del 2021.

El Acuerdo de Escazú: viento en popa

Pese a la casi nula cobertura de medios nacionales en Costa Rica, la tercera Conferencia de Estados Partes al Acuerdo de Escazú (COP3) se realizó en Santiago de Chile en abril del 2024 (véase documento preparatorio de marzo del 2024).

Entre otras decisiones, se aprobó el Plan de Acción sobre Defensora y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales (véade decisión y el documento titulado Plan de Acción), en gran medida a partir de los insumos recabados durante el II foro de Defensoras y Defensores realizado en la ciudad de Panamá en septiembre del 2023 (véase informe final). 

En el mes de abril del 2023, la COP2 se realizó en Buenos Aires, Argentina (véase informe final). Habíamos tenido la oportunidad de saludar, entre otros aspectos, el regreso de Chile en el 2023, como Estado Parte: véase nuestro artículo titulado «Acuerdo de Escazú: una segunda COP más que exitosa» publicado en el medio digital Delfino.cr.

En sesta segunda COP realizada en Argentina, los Estados Partes escogieron a los integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, el órgano de expertos independientes, que crea el mismo tratado en su artículo 18 (véase enlace).

La persistente ausencia de Costa Rica

Resulta oportuno señalar la persistente ausencia de Costa Rica como Estado Parte al Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo del 2018 en … Costa Rica (Nota 2).

Es de notar desde ya que la Corte de Constitucionalidad de Colombia no encontró ninguno de los extraños «hallazgos» del Poder Judicial de Costa Rica para dificultar su tramitación, a los que referimos en nuestro precitado artículo y en otro artículo anterior sobre los verdaderos «mitos» creados por algunos sectores en contra del Acuerdo de Escazú en Costa Rica (Nota 3).

Tampoco un solo magistrado colombiano detectó amenaza alguna en materia penal con un supuesto riesgo que significaría la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental (Nota 4).

El hecho que en ninguno de los 16 Estados que antes de Colombia, han ratificado el Acuerdo de Escazú, se haya observado alguna traba en sus respectivas economías o algun tipo de freno en su desarrollo, debiera de llamar a la reflexión a algunos sectores en Costa Rica: en particular unos cuantos, propensos a repetir como ciertos, supuestos «argumentos» ventilados desde el sector privado en contra de este valioso instrumento regional.

No está de más señalar que en un artículo de la publicación especializada costarricense Ojo al Clima, de abril del 2021, sobre los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones y fantasías creadas por algunos, en relación con su contenido, se lee algo muy llamativo que desde el mes de abril del 2021, ameritaría algunas aclaraciones. En efecto, la negociadora del Acuerdo de Escazú por parte de Costa Rica, la exviceministra de Ambiente costarricense, Patricia Madrigal Cordero, señala con respecto a una magistrada de la Sala Constitucional lo siguiente: 

«La obstaculización del Poder Judicial al proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú ha sido negativa en muchos sentidos. Primero, se aparta del criterio de servicio técnicos de la Asamblea Legislativa, que dijo que no se estaba ante la situación descrita en el artículo 167 de la Constitución Política y también se aparta del criterio de servicios técnicos del Poder Judicial, que considera que este proyecto de ley no afecta de manera orgánica al funcionamiento del Poder Judicial y menos tratándose de un tratado de derechos humanos, continuó la exviceministra. Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto, añadió Madrigal».

A modo de conclusión

Más allá de las extrañas coincidencias entre la UCCAEP y las preocupaciones de la precitada magistrada constitucional, el hecho que, a 6 años de la apertura a la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, Costa Rica se mantenga distante con este valioso instrumento plantea algunas interrrogantes: su imagen internacional en el ámbito ambiental resultó bastante deteriorada desde que la Asamblea Legislativa archivó el proyecto de ley de aprobación del Acuerdo de Escazú en febrero del 2023 (Nota 5). El deterioro se ha ido confirmando en los últimos años, con autoridades ambientales sumamente cuestionadas en meses recientes. En una reciente comparecencia relacionada a la polémica del momento (Gandoca Manzanillo) de la máxima autoridad en temas de ambiente ante una Comisión de la Asamblea Legislativa el pasado 6 de agosto (véase video) denotó un desconocimiento bastante preocupante con relación a las amenazas recibidas en el Caribe Sur por activistas y miembros de organizaciones sociales: véase el «a mí no me consta» que se oye de su parte al minuto 1:52:01 y que repite en tres ocasiones (Nota 6). 

A pesar del espectáculo bastante particular que Costa Rica ofrece a observadores de la vida internacional, los principios rectores del Acuerdo de Escazú encontrarán en Colombia un terreno fertil ante la apremiante situación que conocen muchos líderes ecolgistas y jefes de pequeñas comunidades rurales y/o indígenas colombianas al alzar la voz en defensa del ambiente.

Es de esperar que este mismo esfuerzo sostenido de la sociedad civil colombiana, articulado con el sector académico y otros sectores de la sociedad colombiana en pro de una pronta ratificación del Acuerdo de Escazú (Nota 7), se logre replicar en un futuro en otras latitudes del continente americano, en particular en Centroamérica, pero también en el Sur del continente.

– – Notas – –

Nota 1: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: Colombia a muy poco de ser oficialmente Estado Parte después de Chile (2022), Argentina y México (2021). Apuntes desde Costa Rica«, editada el 26 de octubre del 2022. Texto disponible aquí. 

Nota 2: Remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N., «Costa Rica y el Acuerdo de Escazú: historia de una persistente ausencia«, Revista de Ciencias Ambientales (UNA, Heredia), Vol. 58 (2024), pp.1-11. Texto completo del artículo disponible aquí.

Nota 3: Véase BOEGLIN N., » ‘¡Llegaron los mitos!’: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Sección Voz Experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), 16 de diciembre del 2020. Texto disponible aquí. Con relación al carácter insólito del hallazgo hecho por el Poder Judicial, que al parecer no ha despertado mayores críticas en Costa Rica, remitimos al subtítulo «La profunda soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina» en nuestro artículo publicado en el sitio jurídico especializado de DerechoalDia, en su edición del 17 de noviembre del 2022.

Nota 4: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., «Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú«, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.

Nota 5: El archivo por parte de la Asamblea Legislativa, el 1ero de febrero del 2023, del expediente legislativo sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase al respecto nuestra nota) ha dañado sustancialmente la imagen de Costa Rica en el exterior: fueron varios los titulares en la prensa internacional del pasado mes de febrero del 2023 haciendo ver la incongruencia de Costa Rica en materia ambiental (véase por ejemplo este artículo publicado en El Mundo (España) titulado «Costa Rica resta puntos como ´país verde´ «; o bien esta nota de France24 titulada «Costa Rica, promotor del Acuerdo de Escazú sobre medioambiente, lo deja morir«; o esta nota publicada en GoodPlanet Mag titulada «Le Costa Rica fait passer à la trappe un traité de défense de l environnement«; o este cable de la agencia internacional AFP replicado en El Observador de Uruguay empleando la palabra «retroceso«). De factura más reciente este artículo titulado «Lauded as Green Model, Costa Rica Faces Unrest in Its Forests» publicado desde la Universidad de Yale en Estados Unidos detalla esta y otras inconsistencias de Costa Rica en materia ambiental. Desde Naciones Unidas, el mismo Relator Independiente sobre Derechos Humanos y Ambiente no tardó en hacer ver su profundo malestar con esta decisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de archivar este expediente legislativo (véase nota publicada en el medio digital costarricense Delfino.cr). Tal y como se indicaba en una nota publicada por el Semanario Universidad en la misma fecha del 1ero de febrero, al no aprobar el Acuerdo de Escazú: «Costa Rica está perdiendo toda credibilidad internacional, al estar dándole la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior, como lo son derechos humanos y ambiente«.

Nota 6: Con relación a la última propuesta, algo ocurrente, de las máximas autoridades ambientales de Costa Rica, véase BOEGLIN N., «Gandoca / Manzanillo: las obligaciones jurídicas que implica la Convención Ramsar para Costa Rica«, editada el 11 de septiembre del 2024. Texto completo disponible aquí.

Nota 7: Véase en esta valiosa publicación editada en Colombia y titulada Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú, así como este enlace de la Universidad del Rosario, y, desde el sector académico este muy completo artículo MUÑOZ AVILA L. & LOZANO AMAYA M.A. «La democracia ambiental y el Acuerdo de Escazú en Colombia a partir de la Constitución ecológica de 1991«, Revista Derecho del Estado, Número 50 (Sept.-Dic. 2021), pp. 165-200. El texto integral de este extenso artículo está disponible aquí. El talentoso equipo colombiano de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas” (véase enlace ), el cual responde a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia: se trata de verdaderos mitos y leyendas, escuchados en varios otros Estados del continente americano en contra del Acuerdo de Escazú, y que cuentan con influyentes adeptos en el sector empresarial.

26 de setiembre Día Mundial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Dra. Angélica Vargas Campos
Especialista en Ginecología y Obstetricia
Invitada de ACANAMED

El Embarazo en la Adolescencia tiene determinantes sociales bien definidas que ponen en condición de vulnerabilidad  a las personas adolescentes, entre ellas podemos destacar la Pobreza la Ruralidad, la Baja Escolaridad o Deserción escolar, la Violencia de Género, las Relaciones Impropias, el Acceso limitado a Servicios de Salud, Desconocer el derecho al aseguramiento que tiene los adolescentes, la Demanda insatisfecha en Educación sexual, Consejería y Prescripción de métodos anticonceptivos.

Por lo anterior, queda claro que las acciones para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes no pueden ser individuales, requieren intervenciones articuladas que deben ir  desde la familia, la socialización en la comunidad hasta la articulación institucional, que nos permita dar contención a las necesidades de desarrollo integral de las personas adolescentes y a la protección de sus derechos.

El país tiene una estructura legal robusta y hay Instituciones Públicas sólidas para dar respuesta a esta necesidad.

En los últimos años se han desarrollados diferentes estrategias y proyectos para mejorar la atención de los adolescentes que lamentablemente no  han sido sostenibles en el tiempo.

Cabe destacar en estos esfuerzos el Proyecto Salud Mesoamérica ejecutado en el país del 2015 al 2019, en dos regiones del país por alta tasa de embarazo en adolescentes y en el que se logró bajar la tasa de embarazo de forma significativa.

Línea base: 4.97 Meta: reducción 28%, equivalente a 3.57

Este proyecto dejó exitosas lecciones aprehendidas entre ellas de gran importancia la articulación institucional, cada institución cumplía un rol de acuerdo a sus labores establecidas, así por ejemplo tenemos que en la CCSS se brindó atención diferenciada con valoración de riesgo psicosocial, lo que permitía la identificación de los y las jóvenes en situaciones de riesgo social o riesgo sexual y reproductivo para quienes se disponía a su vez de consejería en salud sexual y reproductiva por profesionales interdisciplinarios, se amplió la oferta anticonceptiva con incorporación de métodos de larga duración como el Implante subdérmico y se llevó a cabo una extensa capacitación a funcionarios.

Por su parte el MEP trabajó de forma exitosa en prevenir la deserción escolar, y por medio del programa afectividad y sexualidad llevó la educación sexual a los jóvenes, ya identificado que su ausencia es un determinante social de riesgo para el embarazo y que ha quedado claramente establecido como un factor protector en la reducción de embarazos desde su incorporación en el 2012.  El PANI por su parte daba seguimiento a las situaciones de violencia y capacitó un importante grupo de adolescentes protagonistas que a su vez capacitaba a sus pares en la comunidad, el CEN CINAI atendía las situaciones de riesgo nutricional de adolescentes embarazadas y adolescentes madres y además de participar activamente en educación a las chicas.

Se implementaron estrategias de captación como fue la consulta médica fuera de los servicios de salud, en escuelas y espacios laborales (EFES espacios fuera de servicios de salud).

Como mencioné al inicio parte importante del éxito está dado por articulación institucional que se llevó a cabo bajo la Coordinación del Ministerio de Salud como Ente Rector.

Esta articulación consistió en la creación de equipos de trabajo denominados Unidades de Coordinación Local y Regional y Nacional, conformada por representantes de cada institución los cuales se reunían mensualmente para dar seguimiento a las adolescentes de su adscripción que presentaran alto riesgo de psicosocial, riesgo de embarazo o adolescentes ya embarazadas y coordinar la atención que necesitaran.

Nos queda de trabajo pendiente buscar la forma de dar sostenibilidad en el tiempo a estrategias que como esta han demostrado ser exitosas.

El acto de corrupción más grande de la historia de la Caja

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

En una ocasión visité a Mario Devandas en las oficinas de la Caja cuando él era miembro de su Junta Directiva. Hablamos de muchas cosas; sin embargo, una me llamó la atención. Me decía que le sorprendía por qué participaban en esa Junta Directiva representantes del sector patronal y estatal que eran prominentes miembros de grandes bufetes de abogados o directamente de las empresas.

Mirá, me decía, las sesiones de Junta Directiva duran desde las 9 de la mañana hasta entrada la noche, hay que dedicar todo un día casi que a la semana a esta labor y muchas horas de estudio. Y las dietas que se pagan son de 40 mil colones por sesión. ¿Por qué dedican todo ese tiempo por tan poco dinero, personas que ganan muchísimo más plata diariamente en sus actividades empresariales?

Además, aquí aprobamos compras por millones de dólares en medicamentos o equipo médico, construcciones y muchas cosas más. Las responsabilidades son enormes, entonces ¿por qué se la juegan por tan poco?, me contaba.

A Mario le llamaba la atención esa situación.

Otra persona una vez contaba que la Caja era un pequeño ministerio de Hacienda, por ser una gran recaudadora de “impuestos” o cargas parafiscales ya que recaudaba miles de millones mensualmente, no solo para la Caja sino para luego dirigir determinados montos a otras instituciones.

Los recientes escándalos ocurridos con la Caja vuelven a poner de manifiesto que esa Institución es un ente apetecido para hacer grandes negociados corruptos. Ya ocurrió en el pasado con préstamos y ocurre ahora con sobreprecios exagerados a cooperativas de la salud.

La Caja mueve miles de millones de colones que son para la salud y las pensiones de los costarricenses. Por eso hablar de sobreprecios de 12.400 millones de colones por año o de 1.200 millones mensuales, por encima del precio que podría ser razonable, a pesar de ser una suma inimaginable para personas como nosotros, son cantidades propias del manejo de instituciones como la Caja o el ICE.

El escándalo de los sobreprecios a las cooperativas de salud es una transacción o compra de servicios absolutamente corrupta. Puertas giratorias, abogados de esas cooperativas y luego directivos, miembros de organizaciones cooperativas y luego personas que deciden millonarios contratos para esas cooperativas, visitas del gerente de logística de la Caja al bufete del directivo para conversaciones que no se aclaran, estudios de factibilidad o financieros del negocio, amañados o realizados por gente sin competencia para hacerlos, reuniones de Junta Directiva a la carrera y con cuórum arreglado para decidir la contratación. En fin, hacer a un lado a las estructuras normales y legales de la Caja para acomodar estudios técnicos a la medida de los corruptos. Y por supuesto, todo esto hecho bajo la dirección intelectual de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, sin cuya participación todo lo anterior no habría sido posible.

El alegato del Gobierno es que el contrato no está en firme y que no se ha pagado ni un centavo. Es posible. Pero entonces estamos en presencia de un intento o tentativa de aprobación de una contratación evidentemente irregular, con un gigantesco sobreprecio y absolutamente corrupta. Un intento que no cristalizó por la rápida intervención de la Auditoría de la Caja y del Ministerio Público. De lo contrario Marta y su grupo se habrían salido con la suya.

Creo que estamos ante el acto de corrupción más grande de la historia de la Caja y, tal vez del país.

¿Y la UCAEEP qué dice?

Rodrigo Chaves despidió a Ramos de la presidencia Ejecutiva por aprobar un aumento de salarios a los trabajadores pero ahora mantiene y apoya a Marta Esquivel responsable del acto corrupto más grande de la historia de la Caja.

UCR. Lecherías de pastoreo en Turrialba tienen oportunidades de tecnificación

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El proyecto vislumbra a la Lechería de la Sede del Atlántico y a la organización Ciudad de los Niños como modelos educativos en donde se brindan talleres y capacitaciones sobre estrategias de tecnificación de las lecherías bajo sistemas pastoriles (foto: Archivo OCI).

La UCR capacita a estudiantes y a productores locales en el uso de herramientas tecnológicas

Costa Rica destaca como uno de los principales productores y exportadores de leche de Centroamérica. Se estima que en nuestro país existen alrededor de 26 mil fincas y 2.500 empresas formales que se encargan de producir esta materia prima para elaborar otros derivados, según los datos de la Cámara Nacional de Productores de Leche.  

Por esta razón, y con el objetivo de impulsar la eficiencia y el desarrollo sostenible en el proceso de producción lechera del país, la Universidad de Costa Rica trabaja junto con productores locales de Turrialba, jóvenes en condición de vulnerabilidad y otros actores sociales para fortalecer sus capacidades en el uso de herramientas tecnológicas para tecnificar las lecherías de tipo pastoril.

Se trata de un proyecto de acción social de la Escuela de Ingeniería de Biosistemas de la UCR, la carrera de Ingeniería de Desarrollo Sostenible (CIDS) y la Escuela de Física a través del Laboratorio de Observación del Sistema Climático (LOSiC), que busca contribuir con los productores y jóvenes en temas como bienestar animal, viabilidad financiera y presión ambiental.

La iniciativa educa y capacita a estas poblaciones en temas como manejo de residuos, uso del biodigestor, economía circular, y en el diseño, creación e implementación de collares inteligentes para monitorear ganado.

Gracias a este proyecto productores de leche cercanos a la Sede del Atlántico, estudiantes de secundaria de la organización Ciudad de los Niños y asociaciones de productores locales fortalecen sus conocimientos y capacidades en el uso de herramientas tecnológicas para mejorar su productividad de forma sostenible con el ambiente.

Talleres de tecnología en la UCR a jóvenes de Ciudad de los Niños

Estudiantes aprenden a conceptualizar, diseñar, crear e implementar collares inteligentes para ganado (foto: Sofía Quesada Palma, UCR).

Como parte de este proyecto, los jóvenes de la organización Ciudad de los Niños visitan los laboratorios de la UCR, en donde aprenden desde la conceptualización y diseño de collares inteligentes para ganado, hasta su implementación, recolección y análisis de datos.

Además, durante estas giras también se les brinda información sobre el proceso de ingreso a la UCR y sobre las carreras de la Facultad de Ingeniería.

Jeikel Jara Monge, estudiante de Ciudad de los Niños manifestó que los talleres de capacitación que le ha brindado la UCR han sido una gran oportunidad para aprender más sobre tecnología.

“Cuando nos dijeron que íbamos a venir a la UCR me emocioné mucho porque aparte de diseñar los collares para ganado, es una oportunidad de aprender más, hasta ahora hemos ya aprendido sobre microchips, sobre sensores y diseño 3D, y esta es una oportunidad que no se puede desaprovechar porque también conocimos la U y las carreras” expresó el joven.  

Por su parte, Cristopher Molina Flores, estudiante de Ciudad de los Niños manifestó que la experiencia con la Universidad de Costa Rica es muy positiva “siento que las charlas que nos están dando son muy buenas porque nos están motivando a estudiar algunas carreras como las de ingeniería, a seguirnos esforzando y a seguir trabajando por un mejor futuro”.

Asimismo, Johnny Álvarez, docente del área técnica del colegio de Ciudad de los Niños manifestó que estos talleres han permitido que los estudiantes se acerquen de una manera más práctica a la universidad “a ellos se les han abierto las puertas, han visto y usado los laboratorios, han podido ver sobre el ámbito estudiantil y muchos de ellos gracias a esto están pensando en cursar carreras universitarias”.

Mejorar la producción, pero con un enfoque de sostenibilidad

Este proyecto de la UCR pretende impulsar la tecnificación de las lecherías desde un enfoque en el cual, el uso de la tecnología y la innovación contribuyan no solo a mejorar la productividad sino también a disminuir el impacto al ambiente.  

Como parte del proyecto también se les brinda a los jóvenes información sobre la Universidad de Costa Rica (foto: Laura Rodríguez, UCR).

Por este motivo, se promueve el uso del biodigestor para manejo de los residuos y como una herramienta para generar una fuente de energía renovable, con un modelo educativo a escala, el cual se está desarrollando en la Sede del Atlántico, con el objetivo de que las personas productoras y otras interesadas puedan aprender sobre el uso y los beneficios de esta tecnología.

Por otra parte, también se brindan los talleres de capacitación a los jóvenes de Ciudad de los niños en materia de diseño, creación e implementación de los collares inteligentes para obtener información y optimizar el uso de los recursos en el sistema de pastoreo.

Según la Ing. Melissa Rojas Downing, docente de la Escuela de Ingeniería en Biosistemas de la UCR, el principal objetivo de esta iniciativa multidisciplinaria es brindar un aporte desde la academia al país, específicamente en área de la producción lechera, la cual enfrenta muchos desafíos.

“Nosotros queremos apoyarles dándoles a los productores este tipo de tecnificaciones, a través de diferentes modelos educativos” expresó Rojas.

El fortalecimiento de capacidades a productores locales, jóvenes  en condición de vulnerabilidad y actores sociales se realiza por medio de 4 talleres y 3 capacitaciones, que se desarrollan en un período de dos años, con el fin de que ellos mismos puedan implementar las herramientas tecnológicas y den un valor agregado a su producción.

En estos espacios se promueve la interacción entre estos distintos grupos de beneficiarios con el fin de enriquecer el proceso de aprendizaje, a partir de las experiencias que aporta cada población.

Tatiana Carmona Rizo
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Unión Sindical de la CCSS exige destitución de presidenta de la CCSS

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La Unión Sindical de la CCSS, tras las consecutivas denuncias de mal uso de los fondos públicos en el caso que se investiga de presunto aumento irregular de contratación a cooperativas, expresa su complacencia hacia la Fiscalía por la detención de integrantes de la junta directiva de la Caja que participaron en la toma de decisión.

“Estas acciones afectan los fondos públicos que deben ser priorizados para la atención de los asegurados” señala la Unión Sindical de la CCSS, además de ser una actuación irresponsable, por parte de los directivos.

Exigen al presidente de la República que destituya a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Esquivel. 

Reseña del Programa Alternativas: Arte, Cultura y Sociedad

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El panel titulado «Arte, Cultura y Sociedad», realizado el 20 de septiembre de 2024, como parte del Programa Alternativas, ofreció una profunda reflexión sobre el papel del arte en la sociedad contemporánea, a incluir temas relacionados con la filosofía, el cine, la literatura y escultura. Los panelistas, tres expertos en sus respectivos campos, compartieron una visión enriquecedora sobre cómo el arte y la cultura son elementos fundamentales para la cohesión social y el desarrollo humano.

Pablo de Jesús Vindas, profesor de filosofía, aportó una reflexión filosófica que conectó el arte con la civilización occidental, especialmente desde una perspectiva griega. Según Vindas, el arte no puede entenderse sin la participación activa del espectador. El acto de crear arte, como él explicó, no está completo si no hay una interacción entre la obra y quien la observa. Explicó que el arte es una extensión de la emotividad humana y su relación con la realidad, y que es el medio por el cual el ser humano expresa su interioridad de una manera simbólica. También hizo referencia a filósofos como Nietzsche y Freud, quienes han abordado cómo el arte y la imaginación permiten al ser humano crear y entender su entorno.

Por su parte Mario Octavio Montero, profesor especialista en cine y literatura, abordó el tema del arte desde la perspectiva visual y la influencia de la mirada. Destacó la importancia de aprender a «saber mirar» (Saper Vedere), una habilidad que, según él, está en declive en las sociedades modernas debido al ritmo acelerado de la vida. Montero argumentó que la sobreexposición a imágenes y la cultura del consumo visual han disminuido nuestra capacidad de apreciar verdaderamente el arte. Además, citó a varios filósofos y escritores, como el alemán Max Scheler y el poeta francés André Malraux, para subrayar la importancia del arte en la formación de una cultura crítica. También se refirió al cine como una forma de arte que no solo entretiene, sino que también tiene el poder de educar y provocar la reflexión en el espectador.

De igual forma, Juan Manuel Arce, desde su experiencia como escultor, compartió cómo la escultura y las artes plásticas permiten a los artistas y a los espectadores conectarse con las emociones más profundas. A diferencia de otras formas de arte, la escultura involucra un diálogo tangible con los materiales y el espacio. Su intervención destacó la importancia de proporcionar acceso al arte y la cultura en la educación pública, especialmente en zonas marginadas, donde las oportunidades para los jóvenes son escasas. Para él, la falta de financiamiento y apoyo a las instituciones culturales está contribuyendo al aislamiento de amplios sectores de la población, alejándolos de las posibilidades transformadoras del arte.

Un tema recurrente en el panel fue el papel del arte en la transformación social. Los panelistas coincidieron en que, a través de las distintas formas de arte, la sociedad puede reflexionar sobre sus problemas y buscar soluciones. Vindas habló de cómo el arte ha sido históricamente una forma de resistencia ante sistemas opresivos, mencionando cómo en tiempos de crisis políticas y económicas, el arte ha servido para visibilizar injusticias y dar voz a los marginados.

Además, se hizo hincapié en la necesidad de defender el financiamiento y apoyo a las instituciones culturales y educativas que promueven el arte. Tanto Arce como Montero advirtieron sobre los peligros de que las artes sean relegadas a un segundo plano en las políticas públicas, ya que esto no solo limita el desarrollo personal y colectivo, sino que también perpetúa la desigualdad social.

Finalmente, la discusión también enfatizó la importancia de la educación artística desde edades tempranas, destacando que el arte no debe verse como un lujo, sino como una necesidad fundamental para la cohesión social y el bienestar de las personas. Como señaló Montero, el «saber mirar» es esencial para no perder el sentido de asombro y aprecio por el mundo que nos rodea, un valor que parece estar desvaneciéndose en la era digital.