Desde diferentes colectivas feministas denunciamos el abordaje que se le ha dado a la candidatura de Rodrigo Chaves Robles por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en donde se ha encubierto de manera solapada las diferentes denuncias por acoso sexual presentadas en su contra, mientras trabajó para el Banco Mundial (organismo internacional).
A lo largo de su campaña electoral Chaves se dejó decir que dichas denuncias eran falsas, sin embargo, en el debate del día viernes 04 de febrero transmitido por Teletica canal 7, el candidato dijo:
“Don José María (Villalta) habla de invitarlas a hacer una orgía con seis especies de animales diferentes; eso fue un chiste y a ellas les molestó, así como le molestó a una que yo dijera ‘amor de lejos, felices los cuatro’, porque ella consideró que, al tener ella un novio en Europa, yo estaba insinuando algo”.
Le recordamos a Rodrigo Chaves y al equipo que lo respalda, que realizar insinuaciones de carácter sexual, es acoso. Asimismo, le recordamos que el Banco Mundial sí sancionó su accionar, después de abrir un procedimiento administrativo por acoso sexual y ambiente laboral hostil en su contra, el cual terminaría en una degradación de su puesto, imposibilidad de ascenso y congelamiento de salario; dictamen por el que usted renunció y luego sería recibido en el país como ministro de Hacienda en el 2019.
En el debate de Canal 7 Chaves señaló que tres instancias judiciales determinaron que sus conductas no fueron acoso sexual, insistiendo en que las dos colegas denunciantes habían dicho que las situaciones fueron “comportamientos de carácter subjetivo”. Además, Chaves agregó: “Lamento muchísimo lo que pasó; me hubiera encantado que alguna de ellas se hubiera quejado”, sin embargo, en la Decisión 649 del Banco Mundial, en el punto 223 referente a las conductas de Chaves se señala claramente que: “Las denunciantes demostraron un inmenso coraje al presentarse a denunciar la conducta de un miembro del personal que se encontraba en una posición de poder sobre sus carreras”.
A su vez le recordamos a Chaves y a su partido que las acusaciones por acoso sexual, especialmente cuando este se encuentra mediado por puestos de poder, son un proceso complejo de llevar a cabo para las personas denunciantes, especialmente cuando dichos comportamientos suceden de manera repetida.
Finalmente, repudiamos la violencia política con la que se ha encarado a la candidata a la presidencia Lineth Saborío Chaverri (PUSC), en los dos debates desarrollados el día jueves 03 de febrero y viernes 04 de febrero en televisora nacional, de parte de los candidatos José María Figueres Olsen (PLN) y Rodrigo Chaves Robles (PPSD), en donde además de hacer muecas en las intervenciones de Saborío, Chaves a la hora de responderle a su pregunta sobre las acusaciones de acoso sexual, mencionó que Lineth “debería tener la ´capacidad intelectual´ para leer las respuestas a resoluciones judiciales”, comentario que además de fuera lugar, permite visualizar la misoginia internalizada del candidato Rodrigo Chaves.
Adjuntamos el documento oficial del Banco Mundial.
El cambio a la normativa refuerza las sanciones y establece responsabilidad a todas las instancias universitarias para prevenir esta problemática
La reforma integral al Reglamento Institucional contra el Hostigamiento Sexual responde a la demanda expresada por el movimiento estudiantil en el 2019, cuando mediante una conferencia de prensa declararon estado de emergencia ante los diferentes tipos de violencia sexual que viven en las universidades públicas del país. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Por unanimidad de votos, el Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) aprobó una reforma integral al Reglamento Institucional contra el Hostigamiento Sexual, la cual fortalece el proceso interno para sancionar a quienes incurran en esta conducta dentro del espacio académico.
En el caso de la UCR, las universitarias exigieron el fortalecimiento de la normativa interna y de las instancias que atienden el tema, específicamente la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual que tramita las denuncias y del Equipo Interdisciplinario que brinda acompañamiento psicológico y legal a las víctimas.
La coordinadora de la subcomisión que trabajó la propuesta y miembro del CU, Dra. Teresita Cordero Cordero, destacó que este cambio institucional surge como respuesta a la demanda estudiatil y da lugar a un Reglamento que aborda tanto aspectos preventivos como sancionatorios.
La propuesta de reforma al actual reglamento fue analizada y desarrollada durante alrededor de diez meses y entre sus principales aspectos brinda mayor claridad respecto a las definiciones relacionadas al acoso sexual y reconoce la diversidad de ámbitos en los que puede experimentarse.
La nueva versión de reglamento también fortalece las sanciones para las diversas manifestaciones del hostigamiento y establece responsabilidad a todas las instancias universitarias para prevenir el desarrollo de esta problemática.
La reforma aprobada refuerza el funcionamiento de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual mediante la asignación de nombramientos para las personas que la integran y que dan continuidad a los procesos de denuncia de las víctimas.
Hasta ahora, tanto la coordinación de la Comisión como las personas que conforman las comisiones instructoras que analizan cada caso denunciado desarrollaban sus funciones de manera ad honorem o como recargo a sus labores ordinarias en otros puestos.
Según la coordinadora de la Comisión, M.Sc.Teresita Ramellini Centella, el reconocimiento laboral de estas actividades generará mayor celeridad en el desarrollo y conclusión de los procesos, pues permitirá al personal destinar jornadas más específicas para la atención del tema.
Ramellino celebró la consolidación de este proceso institucional que catalogó como “un avance muy importante para la construcción de una UCR libre de todas las formas de violencia y discriminación para todas las personas”.
Movimiento estudiantil partícipe del proceso
La miembro de colectiva estudiantil “Me pasó en la UCR”, Eliana Quimbayo Bolaños fue parte de las estudiantes que denunció públicamente la problemática y más tarde, se convirtió en parte la subcomisión institucional que trabajó la propuesta de modificación al reglamento.
La universitaria se mostró entusiasmada con lo que denominó “un sueño cumplido”, el cual asegura, es resultado de la lucha desarrollada por el movimiento estudiantil para visibilizar este fenómeno tanto a lo interno como externo de las universidades.
“Esta reforma viene a generar un cambio muy importante respecto a la forma cómo se ve el hostigamiento sexual dentro de la Universidad. Le da un giro a esta problemática que antes se veía con normalidad y que no tenía suficiente divulgación” señaló la joven.
Según Quimbayo, la consolidación de este proceso marca el inicio de un mayor compromiso por parte del movimiento estudiantil para seguir trabajando por la erradicación del hostigamiento sexual y de cualquier forma de violencia contra las mujeres en la UCR.
Implementación de cambios administrativos
El CU brindó a la Administración un plazo de tres meses para que, junto a la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual, formule las claúsulas de cumplimiento del nuevo reglamento, así como de las posibles sanciones sobre el tema que a partir de ahora incluirán los contratos, convenios, acuerdos o cartas de entendimiento que suscriba la UCR con cualquier contraparte.
A su vez, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la UCR deberá incorporar en la próxima resolución sobre normas y procedimientos de matrícula una disposición para garantizar que, ante la eventual imposición de medidas cautelares o de protección por acoso sexual, se valoren opciones que garanticen al alumnado su derecho a la educación.
El Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) será la instancia encargada de actualizar el Reglamento vigente, creado en 1997 y que hasta sólo había sido modificado en el año 2013 en atención a la reforma que experimentó en el 2010 la Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia.
Según informó el CU, la nueva normativa deberá ser publicada en la Gaceta Universitaria en las próximas semanas, posterior a lo cual, dará inicio su entrada en vigencia de manera oficial en todas las Sedes y Recintos de la institución.
Andrea Méndez Montero Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Las colectivas feministas de las universidades públicas: Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica, y el Tecnológico de Costa Rica nacen en el año 2018 con el objetivo de visibilizar la violencia de género en las distintas universidades, principalmente el acoso sexual hacia estudiantes. Gracias a la organización de muchas estudiantes, mediante diferentes campañas en redes sociales con los hashtag: #MePasóEnLaUNA, #MePasóEnLaUCR, y #MePasóEnElTec se logró visibilizar la violencia sistémica de género que se encubren en las diferentes universidades, y es de esta forma que las colectivas logran acuerpar y acuerparse mediante diferentes espacios de incidencia y de toma de decisión en la búsqueda de espacios seguros de estudio, así como la erradicación de la violencia de género en todos sus niveles mediante la denuncia, la organización y el acompañamiento entre mujeres estudiantes.
Las condiciones de estudio para los cuerpos feminizados en las universidades públicas se encuentran en crisis desde hace muchos años, con un panorama bastante desfavorable, donde para el caso de la UCR según los datos estadísticos de la Comisión Institucional Contra el Hostigamiento Sexual en el 2019 se presentaron 15 denuncias todas interpuestas por mujeres, donde las personas denunciadas corresponden en su mayoría a hombres. Además, según datos suministrados por el CIEM, una de cada cinco mujeres en la UCR ha vivido alguna situación de hostigamiento sexual. Por otro lado, desde la Colectiva Me Pasó En La UCR se han recopilado más de 280 testimonios de hostigamiento sexual, en los cuales incluso se encuentran testimonios de personas egresadas de hace años, dejando en evidencia cómo esta problemática ha sido histórica y el cómo las instituciones académicas no están exentas de reproducir violencia contra nosotras.
Asimismo, la Universidad Nacional, pese a contar con una política Institucional contra el Hostigamiento Sexual, según datos del el Instituto de Estudios de la Mujer, el 42.5% de las estudiantes mujeres de la UNA afirmaron haber sido objetas de hostigamiento sexual y violencia de género en ambientes universitarios. Además, la prevalencia del hostigamiento sexual en la población estudiantil de la UNA es del 35,8%. Lo cual refleja que una persona estudiante de cada tres, ha sido objeto de al menos una de las manifestaciones de acoso. Además es alarmante que actualmente el 100% de las denuncias interpuestas han sido por hasta el momento únicamente por mujeres.
En el caso del TEC desde la primera denuncia interpuesta en el 2003, se han denunciado formalmente a 22 personas, entre estudiantes, administrativos y funcionarios. Sin embargo, desde la campaña llamada Me Pasó en el TEC, realizada por la Comisión Feminista, solamente en el 2019 se recibieron más de 170 testimonios anónimos de mujeres víctimas de acoso y hostigamiento en la institución. A pesar de los grandes esfuerzos de la Oficina de Equidad y Género en este tema, muchas de estas denuncias no se formalizan debido al miedo, a la desinformación y al paso del tiempo establecido para poder denunciar.
Por lo tanto el 27 de mayo del 2019, las diferentes colectivas feministas de la Universidad Nacional, Tecnológico de Costa Rica y Universidad de Costa Rica nos unimos para realizar una Declaratoria de Estado de Emergencia ante la Violencia Sexual hacia las Estudiantes en Universidades Públicas.
Con esta Declaratoria denunciamos ante la comunidad nacional y universitaria que se atendiera de manera urgente la violencia persistente e histórica que se vive contra las mujeres en los campus universitarios de todo el país, así como la negligencia con la que las autoridades universitarias han manejado las denuncias y los casos de acoso u hostigamiento sexual contra las personas estudiantes.
Posterior a la Declaratoria de Emergencia, se logró visibilizar la problemática más allá de las universidades, a nivel nacional, obligando a las administraciones de las tres universidades a tomar acciones respecto al abordaje del acoso y hostigamiento sexual que se estaba presentando en dichas casas de enseñanza.
En el TEC, se logró desarrollar manuales de buenas prácticas, visibilización de la problemática a nivel interno, organizaciones de nuevas colectivas feministas, desarrollar campañas de denuncia y varias reuniones con el actual rector; así mismo, algunas escuelas se han comprometido y pronunciado en contra del hostigamiento sexual que enfrenta la universidad. A pesar de haber logrado avances en dicha materia, las mujeres del Tecnológico aún reciben comentarios machistas y sexistas a nivel público y privado, por tanto, se requiere más cambios que les aseguren una convivencia libre de machismo y patriarcado.
Para el caso del balance en la UCR, se logró la aprobación de una Reforma al Reglamento Contra Hostigamiento Sexual, además diferentes escuelas y órganos institucionales trabajamos en conjunto talleres, charlas, material informativo para visibilizar la problemática del hostigamiento sexual. Continuamos articulando con el Equipo Interdisciplinario Contra Hostigamiento Sexual y diferentes profesoras feministas para abordar el Hostigamiento Sexual desde una visión integral con cambios no solo legales sino también socioculturales.
Así mismo trabajamos en conjunto con algunas Asociaciones Estudiantiles charlas informativas para las inducciones de las personas nuevo ingreso abarcando: las definiciones, procesos de denuncia y órganos a los que acudir en caso de vivir una situación de hostigamiento sexual o sexismo a lo interno del campus.
Como parte de los alcances en la UNA, se han conformado espacios de análisis al reglamento interno contra el hostigamiento sexual como parte de las intenciones por atender nuestras petitorias de reforma al reglamento, y estos espacios se han nutrido de la participación de la colectiva, como también de estudiantes representantes ante el consejo universitario que acuerpan las propuestas de reforma al reglamento, en síntesis se perciben avances en la consulta a la toma de decisiones mediante espacios de trabajo y escucha que se han abierto mediante por ejemplo el IEM, y la fiscalía contra el hostigamiento sexual, además la visibilización de las denuncias dentro de las unidades académicas fue reforzada gracias a la incidencia en la declaratoria de estado de emergencia.
Sin embargo, para el caso de la UNA, no es suficiente tener los espacios abiertos de diálogo para la participación, o asesoramiento por parte del INAMU, ya que en un contexto de estado de alerta por la violencia sexual nuestra petitorias no se resuelven únicamente incidiendo en consulta, se necesitan las acciones específicas en la reforma al reglamento interno que aún se encuentra en discusión y en búsqueda de aprobación por parte de las autoridades universitarias, lo que genera no sólo incertidumbre con los compromisos que se asumieron responder ante la crisis, sino que evidencia que nuestra agenda sigue quedando en segundo plano, con o sin estado de emergencia. Por lo tanto, la deuda por garantizar espacios seguros de estudios y libres de violencia de género en las universidades y con sus estudiantes continúa.
Como parte de alcances de las colectivas en conjunto, en el año 2020 gracias a los diferentes espacios de incidencia que se alcanzaron con la declaratoria se presentó una iniciativa de proyecto de ley: ‘’Ley de apoyo a La Cultura de Denuncia Contra el Hostigamiento Sexual’’ 21.749, que en síntesis busca la reforma al artículo 38 de la actual ley contra el hostigamiento u acoso sexual en el empleo y la docencia, y en ese sentido ampliar el plazo de prescripción de las denuncias de 2 a 8 años.
Finalmente queremos recordar que, la lucha está lejos de terminar, hay muchas demandas y compromisos por cumplir, pero estas acciones nos acercan cada vez más a convivir en un ambiente universitario libre de violencia patriarcal, así como crear un espacio tanto universitario como nacional, más justo y libre de violencia. Les exhortamos a todas las personas a organizarse desde sus espacios y el animarse a la organización contra la violencia de género, como en el activismo dentro de las colectivas cercanas.
Hoy un año después, nosotrAs nos seguimos creyendo, nos seguiremos organizando, nos seguimos acuerpando, seguimos y seguiremos alzando la voz porque ya no hay títulos, maestrías ni doctorados que nos detengan, hoy estamos seguras que: Juntas somos más fuertes.
Iniciativa busca ampliar de 2 a 8 años el plazo para denunciar y de esta forma, evitaría la prescripción de los casos y la impunidad de los agresores
Estudiantes universitarias afirmaron que su apoyo a la propuesta del diputado Enrique Sánchez «es política más no partidaria». Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) respaldaron la propuesta presentada por el diputado el Diputado del Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez a fin de ampliar el plazo para denunciar situaciones de acoso sexual en el espacio académico y laboral.
Las jóvenes forman parte de la colectiva “Me pasó en la UCR” y junto a las agrupaciones “Me pasó en la UNA y “Comisión Feminista TEC” acompañaron al legislador el miércoles 5 de febrero durante la conferencia de prensa en donde hizo pública la propuesta.
La iniciativa pretende modificar el artículo 38 de la Ley N.° 7476 “Contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia” creada en el 1995 y que establece un plazo de 2 años para formalizar una denuncia tras el último hecho de acoso experimentado por la víctima.
La propuesta del diputado pretende ampliar el plazo a 8 años, pues reconoce la complejidad emocional de estos procesos y la existencia de relaciones de poder que impide que las víctimas formalicen denuncias mientras existe algún vínculo con el agresor.
Sánchez reconoció la importancia de haber consolidado la ley N.° 7476 hace más de 25 años pero señaló que la realidad ha evidenciado la necesidad de actualizarla para garantizar que ningún caso de acoso u hostigamiento sexual quede en la impunidad.
Las estudiantes afirman que en los casos de acoso y hostigamiento por parte de docentes, es común que las víctimas se abstengan de denunciar mientras siguen cursando sus carreras por temor a represalias y al existir un plazo tan corto para denunciar, los casos prescriben.
La estudiante de la colectiva “Me pasó en la UCR”, Fabiola Bermúdez señaló la necesidad de “reconocer que muchas leyes de nuestro país se rigen a partir de estereotipos patriarcales que dificultan que las mujeres denunciemos”.
“Denunciar requiere tiempo, pues enfrentarse a procesos de denuncia culpabilizadores y revictimizantes no es sencillo, requiere tiempo porque sabemos que muchas personas y que incluso el sistema jurídico de nuestro país, no nos cree de primera entrada” enfatizó la joven.
La estudiante de la “Comisión Feminista TEC”, Daniela Cortes señaló la importancia de ampliar estos plazos de denuncia para poder avanzar en las reformas de los reglamentos internos de las universidades que se encuentran regidos por la actual ley.
“Queremos dejar claro que nuestra participación en esta mesa es política más no partidaria, ya que nuestro compromiso no está con los partidos políticos ni con las personas legisladoras de esta Asamblea” enfatizó la universitaria.
La propuesta cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y tras ser convocado por Casa Presidencial sería enviado a la Comisión de Derechos Humanos que preside el diputado Sánchez, quien espera que sea aprobado en el primer semestre del año.
La estudiante de la UCR, Fabiola Bermúdez reiteró la necesidad de dar tiempo a las víctimas para enfrentarse a «procesos de denuncia culpabilizadores y revictimizantes». Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
UCR trabaja para fortalecer reglamento institucional
El rector a.i de la UCR, Fernando García y la directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), Montserrat Sagot, comparecieron el miércoles 5 de febrero ante la Comisión Permanente Especial de la Mujer respecto a la situación de acoso sexual en la institución.
Sagot reconoció la situación como un problema presente en la institución y afirmó que desde el año anterior, se conformó una comisión institucional que trabaja para reformar el actual reglamento contra hostigamiento sexual.
Según la académica, se pretende ampliar las sanciones y reorganizar la instancia para fortalecer la atención del tema, que según reconoció, les obliga a luchar contra resistencias de algunos sectores y hasta “triquiñuelas” legales para dificultar los procesos.
La propuesta que trabaja esta comisión, en la que está presente la representación estudiantil, deberá ser presentada ante el Consejo Universitario en los próximos meses para su revisión y eventual aprobación.
A partir del segundo semestre del 2019 la Rectoría de la UNA emitió una directriz que le solicita a las unidades académicas este texto en los programas de cursos con el fin de prevenir, investigar y sancionar el acoso sexual en las aulas.
Durante la pasada Asamblea de la Unidad Académica de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje se acordó pronunciarse en contra de esta directriz y negarse a la inclusión de este texto en los programas de cursos propios de esta escuela.
Por tanto en “Me Pasó en la UNA”:
1)Rechazamos el acuerdo tomado por la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, en tanto es un ataque hacia la búsqueda de espacios universitarios libres de acoso sexual.
2)Recalcamos que las manifestaciones de violencia de género en la UNA son constantes dentro y fuera de las aulas.
3)Reiteramos nuestra declaratoria de estado de emergencia ante las repetidas situaciones de acoso sexual y violencia de género de la UNA.
4)Exigimos que se tomen las medidas necesarias para asegurar el derecho a espacios de estudio seguros para todas las personas.
La Fiscalía de Asuntos de Género del Ministerio Público investiga posibles casos de acoso y hostigamiento sexual en la Sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica (UCR), tras recibir una serie de denuncias encabezadas por la propia institución.
En el marco de las denuncias realizadas por estudiantes de las universidades públicas, incluida la UNA, sobre la dimensión de las prácticas de hostigamiento sexual en los centros de educación superior universitaria, la Rectoría de la Universidad Nacional (UNA), reitera su compromiso de prevenir, prohibir y sancionar esta práctica discriminatoria por razón de sexo que atenta, mayoritariamente, contra la dignidad de las mujeres en el ámbito laboral y educativo.
La Rectoría de la Universidad de Costa Rica comparte con la comunidad universitaria este pronunciamiento de la UDUAL, por ser de interés para todas las universidades de América Latina y el Caribe.
Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) se declararon este 27 de mayo en “estado de emergencia” frente a las diversas situaciones de violencia sexual que experimentan cada día en los espacios académicos.
En los últimos años, la comunidad estudiantil de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha identificado dos fenómenos principales de violencia que perturban las dinámicas de relaciones humanas dentro de las instalaciones universitarias: los actos delictivos dentro del campus y los comportamientos de acoso y hostigamiento sexual.
