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Etiqueta: asamblea constituyente

Procedencia y riesgo de una Asamblea Constituyente en Colombia

Por Carlos Meneses Reyes

Al hablar de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, corresponde precisar conceptos tales como ¿Qué significa una Asamblea Constituyente?

No es cierto que en la Constitución Política de 1.991 (CP91) se haya pasado de una democracia representativa a una de participativa directa. Quedó en un enunciado de “formas de participación democrática” y mecanismos, como el voto, ha sido vilipendiado, depreciado, avergonzado y reducido a practica de casino. El “cabildo abierto” fue desnaturalizado cuando su verdadera razón de ser es, como pueblo soberano en las calles, desplazar el engranaje legislativo municipal corrupto. El cabildo abierto, va de la mano con la aplicación de lo decidido en la consulta popular. La revocatoria del mandato, convertido en el hazmerreír de la voluntad popular y la no aplicación, en la práctica, de ese instrumento. Todo, por cuanto fueron mecanismos reglamentados por leyes originadas en una piara congresional que las entretejieron de marañas y enredaderas jurídicas.

La participación ciudadana fue convertida en una caricatura. No se ve asomo de ejercicio de la soberanía popular. Se dice que se tradujo en la posibilidad de elegir alcaldes y gobernadores. Con un sistema electoral corrupto, clientelista, asistimos al aquelarre de la consolidación de las oligarquías locales y regionales en el control estatal por el narco poder y sus mafias. No se encuentra- aunque es viable en conjunto- la participación ciudadana para crear un nuevo sistema de salud. Ni que mencionar los diversos mecanismos existentes para proteger a la familia y a las minorías étnicas, dotar de educación, favorecer a la juventud, etc. etc.

Lo de fortalecer el Estado y su capacidad institucional no se ha dado. No ha permitido erradicar la situación de olvido y de violencia exacerbada. Nos ufanamos de la existencia de un Estado de Derecho. Pues hagámoslo viable de la mano y hombro a hombro con un pueblo soberano.

Al tratar de reformas corresponde abordar lo de derechos esenciales

Se equivocan quienes colocan a la propiedad como primordial. Esos Derechos Fundamentales, taxativamente hablando son: Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; Derecho de prioridad (que es variado e incluye el de los niños, por ejemplo); Derecho a la identidad; Derecho a vivir en familia; Derecho a la igualdad sustantiva; Derecho a no ser discriminado; Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral.

Al hablar de Asamblea Constituyente se abarca un todo; no esencialmente lo relacionado a reformas. Una Asamblea Nacional constituyente se convoca para conciliar las normas con la realidad. Conlleva un salto cualitativo de nuevo pacto social. No tiene límites ín genere, puesto que su accionar desborda, acorde con el interés soberano popular en ejercicio. Una Constituyente Popular conlleva a un cambio radical acelerado. Es revolucionario. En tanto, que un proceso de reforma de la Constitución puede abarcar diferentes clases de cambios en lo político, económico, social, judicial, educativo e incluso de orden institucional estructural constitucional. Es decir, la reforma constitucional es modificación parcial. La Asamblea Constituyente popular conlleva un cambio total y si se quiere revolucionario.

Bajo el principio de Bloque de Constitucionalidad, la CP91 contempla la vía de Reforma Constitucional que opera mediante Acto Legislativo y la Vía de Convocatoria de Asamblea Constituyente, que es nacional y de convocatoria popular. Aquí radica el calificativo de osado, que es una cualidad de presentación política, por parte del presidente G. Petro, como progresista que es y en modo alguno “hasta ahora”, socialista o revolucionario. Por ello es que se desgarran las vestiduras los fariseos y se toman de los cabellos hasta los calvos ex constituyentes del 91. Ello también explica las reacciones de la derecha y aquí es donde corresponde contribuir a hacer claridad.

Análisis y caracterización jurídica

La Convocatoria de una Asamblea Constituyente no tiene prevista tramite congresional o legislativo, como si lo observa la propuesta de una Reforma Constitucional; o cuando se convoca una asamblea constituyente por el legislativo. Esta prevé el camino del Referéndum.

A La Corte Constitucional, en función de jurisdicción constitucional, en estrictos y precisos términos, se le confía la guarda e integridad de la Constitución Política. El artículo 241-2 de la CP91, le da a la Corte Constitucional la función de: “Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referéndum o a una asamblea nacional constituyente para reformar la Constitución, solo por vicios de procedimiento en su formación”.

De tal manera que la Convocatoria de Asamblea Constituyente que hace el presidente G. Petro, está basado en mandato expreso constitucional: el Artículo 376-2, que textualmente transcribo y resalto en negrilla, dice: “Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral”.

Lo anterior significa que el señor presidente, como Máxima Autoridad Administrativa, puede convocar ya, mediante Decreto presidencial, con debida instrucción de forma y contenido, la Asamblea Constituyente. Y ese Acto pasará primae faciae a decisión de aprobación por la Corte Constitucional. Ajustándose a los calificativos de contenido y procedimiento la Corte Constitucional lo aprueba y no es menester acudir al conciliábulo del desprestigiado Congreso nacional. Tampoco hacer eco a lo de tan en moda “uso de los tiempos”, cual fiasco para la dictadura opositora mediática y dejar “con los crespos hechos” a los voceros y áulicos de la retrograda y militarista derecha colombiana.

Del riesgo a asumir

Así lo dado, el censo electoral colombiano puede estar en 39 millones de sufragantes. La tercera parte seria que votaran 13 millones; que sobrepasa un poco a la de votantes que eligieron al presidente G. Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Luego de ese paso, sobreviene la Conformación de la Asamblea Constituyente en la que se elegirá, mediante el voto universal, a los Delegados Constituyentes. La derecha militarista lanza retos que el progresismo liberal y la izquierda en Colombia no cuenta con esos votos. Y que se le miden a la contienda. Lo afirman con convicción por contar con un sistema electoral corrupto, clientelista, de casino y además genocida y criminal. Están atornillados. Detentan el poder narco estatal institucional. Algunos afirman que las fuerzas del progresismo y la izquierda no cuentan con un Partido único. Tampoco con un trabajo organizacional cualificado políticamente y de masas. Pero si tiene a su favor condiciones objetivas y subjetivas en el entorno de la realidad colombiana. La movilización y el movimiento callejero y de masa, las mingas, la clase obrera y el movimiento sindical y de las organizaciones de la sociedad civil, en amplio espectro, se han cualificado políticamente. Se cuenta con un timonel gubernamental. De otro lado, destaca como elemento de análisis y de peso político especifico la existencia de un movimiento armado insurgente, de característica político-militar, en una actitud consecuente y seria de búsqueda por una salida política definitiva al conflicto armado interno colombiano. Las conversaciones con las guerrillas no se circunscriben a casa, carro y becas para ellas, como en el pasado. Predomina una conducción de participación popular y todo indica que los llamados “diálogos regionales” a nada conducen; pero en cambio empoderan proyectos de Asambleas Populares Locales con carácter decisorio de participación política regionales-territoriales. Todo, a mi modo de ver, concatena de modo universal, asomando y creciendo la audiencia, por la liberación nacional y popular de la nación colombiana.

La izquierda y el debate constitucional chileno: La historia de una rebeldía, o los estertores de una forma política

Gilberto Lopes, en San José

13 mayo 2023

La forma política chilena caducó el 18 de octubre del 2019, cuando estallaron las enormes protestas por un aumento del transporte público, que luego se transformaron en un verdadero estallido social.

Eso me dijo Fernando Atria, abogado constitucionalista, entonces miembro de la Asamblea Constituyente, elegida en mayo del 2021. Gobernaba entonces, por segunda vez, el empresario Sebastián Piñera, hombre de enorme fortuna, líder de sectores de derecha menos estridentes que los de Juan Antonio Kast.

Conversé con Atria el día siguiente del primer turno electoral del 21 de noviembre de ese año, en el que Kast quedó en primer lugar, con casi 28% de los votos. Gabriel Boric, en segundo lugar, alcanzó algo menos de 26%. Toda una sorpresa, después de la verdadera rebelión del 2019, que había conducido a la convocatoria de la constituyente.

Las expectativas eran enormes. Ante un resultado inesperado, todas las miradas se dirigían a una incierta segunda vuelta en la que, finalmente, Boric logró alzarse con 56% de los votos.

–La derecha cree que la constitución de 1980 aun funciona, afirmó Atria. “Cree que si el proceso constituyente fracasa, vamos a volver a vivir en paz, bajo esas normas constitucionales”.

Vale la pena volver al escenario de entonces que –en mi opinión– Atria ayudaba a iluminar: “No se puede volver a una constitución que quedó aplastada por el 80% de los votos del ‘apruebo’ en el plebiscito de convocatoria de la constituyente. Pero es un error pensar que al momento constituyente le corresponde dar (y ganar) todas las batallas. Después de la nueva constitución va a seguir habiendo política”.

Pensaba entonces en la constitución que estaban elaborando (creo que todavía con la esperanza de que fuera aprobada). Pero la frase sigue vigente, pensado en esta nueva, cuya elaboración apenas comienza, en un escenario político distinto al de hace un par de años.

El resultado del primer turno presidencial, según Atria, mostraba que el colapso de una forma política, antes del surgimiento de una nueva, generaba “condiciones de extraordinaria fluidez”.

“Ha habido mucho más preocupación por la inseguridad, por la violencia, por la incapacidad del sistema político de mantener el orden y eso fue capitalizado por la ultraderecha”. “Espero que ese resultado produzca en la convención más conciencia sobre el riesgo que enfrenta. Y que eso lleve… (Atria para, piensa… le costaba encontrar las palabras…) a una discusión constituyente más consciente de los límites que enfrenta”.

En su visión, lo fundamental de una constitución es establecer el esquema en que se van a resolver las disputas políticas en el país. Construir una forma política que sea eficaz: esa la tarea de la constituyente, asegura Atria.

“Espero que lo del domingo (el resultado del 1er turno presidencial) haga consciente de eso a los constituyentes, de la necesidad de que lo que salga de la constituyente sea reconocido por la cultura chilena como una discusión de la forma política que Chile necesita. Eso es lo que lleva al éxito del proceso constituyente”.

Como sabemos, no ocurrió así. La propuesta fue rechazada meses después por un abrumador 62% de los votos.

Kast le parecía “la negación de la transformación que Chile necesita”. Él cree –dijo entonces– como cree el presidente Piñera, en las fórmulas neoliberales y piensa insistir en ellas.

Se estaba refiriendo a la posibilidad de un Kast en la presidencia de la República. No ocurrió. Pero ahora Kast tiene en sus manos, y en las de sus partidarios, la elaboración de una nueva versión de esa constitución que debe sustituir la que tuvo su origen en el golpe de 1973 (que Kast admira y defiende).

En la visión de Atria, Kast y sus partidarios podían hacer su propuesta, caso ganase la presidencia d la República. Pero que eso representara una solución para los problemas de Chile, ¡no! “Va en dirección contraria. Eso no es lo que Chile necesita: lleva a la inestabilidad, a la ingobernabilidad”.

¿Qué necesita Chile?

Visto a 50 años de distancia del golpe, pareciera que Chile necesita retomar el rumbo de reformas interrumpido por la dictadura.

La naturaleza polémica del tema puede ser ilustrada con una reflexión del periodista Patricio Bañado, recientemente fallecido, recordado por la conducción de la franja televisiva del “NO”, en el plebiscito que definió la no continuidad del régimen militar, en 1988. En diciembre pasado, en una última entrevista, Bañado afirmó nunca haber sido allendista. Y agregó:– Creo que el gobierno de Allende fue uno de los grandes errores históricos de Chile.

Una frase dramática, sin duda. En su opinión, lo que debió haber ocurrido fue la continuidad de unas reformas que había iniciado el demócrata cristiano Eduardo Frei, antecesor de Allende: una Reforma Agraria y la nacionalización de una parte del cobre. En su opinión, “si la izquierda se hubiese unido con la Democracia Cristiana para profundizar esos cambios e ir paso a paso, eso habría sido imparable”.

Me parece que la afirmación, dicha así, se despega de la realidad política de entonces. Especula sobre el camino que no estuvo sobre la mesa hace 50 años. Como sabemos hoy, Frei fue figura importante en la articulación golpista, pero también fue asesinado por esos mismos golpistas, envenenado cuando empezó a alejarse de una dictadura que mostraba ya sus rasgos más criminales.

Hoy, ¿qué necesita Chile? O, analizando el tema más ampliamente, ¿qué proyecto de desarrollo necesita la izquierda latinoamericana para avanzar en unas reformas que desmonten el mundo neoliberal? Un mundo que asaltó los recursos públicos y destruyó toda red de solidaridad social, desde las organizaciones sindicales hasta los fondos de pensión, pasando por los recursos naturales.

La esencia del modelo neoliberal es la privatización de los recursos públicos. Allende dijo que el cobre era el sueldo de Chile. Fue más allá de las reformas de Frei y lo nacionalizó. Con el golpe, la minería pasó a manos privadas (menos los recursos con los que se financiaban las fuerzas armadas). Pero la historia sigue. Ahora se discute en el congreso chileno un aumento del royalty minero y la política para la explotación del litio.

En septiembre el golpe cívico-militar cumple 50 años. Esos 50 años de la historia chilena no pueden ser entendidos sino como la lucha por recuperar ese camino.

En Chile (también en Argentina y en otros países), quizás nada representó mejor el asalto a los recursos públicos que la privatización del sistema de pensiones. Significó la transferencia de inmensos recursos a pequeños grupos de interés al costo de pensiones miserables para los cotizantes. Manuel Riesco y su Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo han publicado estudios detallados sobre el sistema (puede verse uno, publicado en 2008, aquí.

Pese a las condiciones favorables de la economía chilena, que se recuperó de una crisis profunda de principios de los años 80, al final “la mayor parte de los afiliados simplemente no iban a recibir pensiones de las AFP” (como se conocen allí las administradoras de pensiones).

“Sus fondos acumulados al jubilar serían tan magros que sus pensiones alcanzaban montos ridículos, del orden de 10 a 20 dólares por mes para millones de afiliados, e inferiores al mínimo de 150 dólares para dos tercios de la fuerza de trabajo”, dice Riesco.

Pese al aspecto clave de este tema como factor de descontento en el país, el proyecto constituyente mencionaba apenas generalidades cuando decía que “las personas mayores son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile”. Asimismo, agregaba, “tienen derecho a envejecer con dignidad; a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna”.

Los muchos senderos del camino

La lucha para recuperar el camino perdido tiene muchos senderos, rutas de rebeldía y rebeliones. No se puede entender la historia de Chile de esos años sin acompañar esas luchas. La del 2019 terminó por remecer las instituciones. Pero no se caracterizó por cementar los pilares de unas nuevas. El 2007 había habido otra, lo de los estudiantes secundarios, los “pingüinos”. Se repitieron en 2011, con protestas contra la privatización de la enseñanza. Ahí se forjaron Boric y su grupo.

Pero el proyecto constituyente no recogió con acierto la fuerza de esas demandas. Como veremos, temas centrales para retomar el rumbo del país apenas están mencionados en el proyecto de constitución rechazado y creo que esto fue clave para su rechazo por casi dos tercios de los electores.

En vez de un texto con una visión política que sirviera de paraguas bajo el que se cobijaran las diversas demandas sectoriales, el texto recoge posiciones de sectores diversos, sin esa visión política que los articule. Pone a todos a competir contra todos.

Dos demandas se expresaron con particular fuerza en ese texto: la representación paritaria entre hombres y mujeres en los más diversos ámbitos políticos y la definición de espacios para los pueblos originarios, especialmente los mapuches, en un ambiente de renovadas tensiones en la Araucanía, en la zona del sur del país, donde con más fuerzas se asentaron.

El tratamiento de ambos temas no contribuyó a sumar votos a favor del proyecto que, como sabemos, fue rechazado también en las zonas de mayor presencia de pueblos indígenas.

El debate constituyente

Antes de continuar, quisiera señalar que no está en discusión aquí la validez de las reivindicaciones, sino del escenario (y de la forma) elegidas para reivindicarlas.

Creo que tiene una mayor capacidad explosiva el debate en torno a los derechos de los pueblos indígenas porque tiene que ver con la propiedad de la tierra. Sin que se pueda tampoco desconocer la importancia de la discusión sobre la naturaleza del Estado, la tensión entre la reafirmación de su unidad y la definición de su carácter plurinacional. “Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado”, decía el texto. “Los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos”. En especial, “tienen derecho a la autonomía; al autogobierno; a su propia cultura”.

El texto vuelve sobre esos temas una y otra vez, pretendiendo resolver, con esas declaraciones, un conflicto que está en pleno desarrollo, sin que una visión sobre el tema esté madura en la sociedad.

Si este tema me parece el más “explosivo”, hay otro, cuya reiteración está presente en todo el texto: el de la paridad en la representación de hombres y mujeres en las instituciones públicas.

El proyecto afirmaba que Chile se constituía como una “república solidaria” y que su democracia era “inclusiva y paritaria”. El Estado debería promover “una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva”.

Me parece difícil imaginar que formulaciones de este tipo cuenten con un apoyo mayoritario, como puede deducirse del resultado de la consulta.

Pero hay algo que me interesa todavía más y es el tratamiento de un tema relevante para el que la izquierda no ha encontrado una forma consensuada para incorporarlo a su proyecto. Naturalmente, no pretendo resolver aquí ese desafío. Pero quiero sugerir alguna cosa.

Uno de los problemas más relevantes para esa participación no es el establecimiento legal (o constitucional) de la paridad –que no tiene relevancia política, como veremos–, sino el cuido. El fracasado proyecto de constitución se centró, sin embargo, en la paridad.

Sobre el cuido –de niños y ancianos– que recae casi totalmente en las mujeres, se dijo muy poco, o nada. Se hablaba, en general, de “trabajo no remunerado” para referirse al cuido. Me parece otra gran equivocación. Desde mi perspectiva, se trata de trabajo remunerado y el problema es precisamente cómo se remunera ese trabajo.

La manera de enfrentar el problema no es que hombres y mujeres compartan el cuido. Eso no es posible, salvo en algunos aspectos, no sustantivos. La solución es que el cuido lo asuma el Estado, con guarderías, kinders y residencias para ancianos adecuadas. No se trata de que se pague a las cuidadoras por su trabajo. El cuidado lo tiene que asumir el Estado. Es la única manera de que se pueda asegurar un cuido adecuado. Es consecuencia de los cambios económicos y sociales que abrieron las puertas del mercado de trabajo a las mujeres, a las que se les debe pagar, no por el cuido, sino por su trabajo.

Nada de eso lo contemplaba el proyecto de constitución construido sobre el concepto de “paridad”, que pretendían presentar como un gran avance. No lo entendió así casi nadie (y me parece que con razón), salvo la derecha.

“Si me ponen un Congreso lleno de mujeres y todas piensan como Margaret Tatcher, yo me siento bien representado, no tendría ningún problema”, dijo al diario El Mostrador el diputado republicano Johannes Kaiser, conocido por su enfoque conservador. La nueva constituyente se conformará de forma paritaria, con la misma cantidad de hombres y mujeres, mayoritariamente conservadores.

Hacer transformaciones en el país

La del 2021 no fue nuestra primera conversación con Atria. Tres años antes, en noviembre de 2017, se celebraron elecciones en las que Piñera logró su segundo mandato presidencial. Atria no logró elegirse diputado.

Pero conversamos: –Hay un cambio de época en política chilena desde las manifestaciones de protesta del 2011. Esas manifestaciones, que no fueron solo estudiantiles, produjeron la impugnación del modelo neoliberal.

“Todavía estamos bajo efecto de estas movilizaciones”, dijo Atria. “Pero durante este gobierno (está hablando al final del segundo período de Michelle Bachelet) aprendimos cual es realmente nuestro problema: es una forma política incapaz de producir transformaciones significativas en el país”.

Desde su punto de vista, la política estaba “neutralizada”. No se podía hacer transformaciones. “Si uno mira los últimos 27 años en Chile, no ha habido prácticamente ninguna modificación significativa”, aseguró.

“No importa cuánta gente marche contra las AFPs. La posibilidad de discutir seriamente su eliminación no existe”.

“Aun cuando las transformaciones sean constitucionalmente posibles, no se pueden hacer porque las formas institucionales contienen una idea de lo que es apropiado o no, de lo que es una política seria o no”. “Esa política neutralizada no tiene fuerza para hacerle frente al poder económico. Solo funciona cuando responde al interés de ese poder económico”.

Atria tampoco veía posible hacerlas mediante grandes acuerdos. “Cuando hay reformas que interesan al poder económico, vienen rápidamente. Cuando provienen de los ciudadanos, son ignoradas”.

Entonces decía que la única salida era una asamblea constituyente. “El problema constitucional se va a solucionar, por las buenas o por las malas”, aseguró. “Algún día tiene que pasar algo; no mañana, quizás, pero algún día”.

Para quienes estamos en la izquierda –concluyó– “una prioridad es la unidad”. “Si no hay unidad de la izquierda vamos a tener dos izquierdas, que van a ver la destrucción de la otra como un desafío”.

Me gustaría seguir este diálogo cuando vuelva a Chile para la conmemoración de los 50 años del golpe.

FIN

Carta en Solidaridad con el Pueblo Peruano

«El Señor dará Fortaleza a su Pueblo«

El Señor dará fuerza a su pueblo;
El Señor bendecirá a su pueblo con Paz.

Salmo. 29: 11, NBL.

José Pedro Castillo Terrones, ganó las elecciones presidenciales en Perú y estuvo en la gestión del país andino durante año y medio, desde julio de 2021 hasta diciembre de 2022. Recordemos que, alcanzó el gobierno con la promesa de convocar una Asamblea Constituyente que barriera por fin la Constitución de 1993. Representó a unos sectores populares abandonados por todos los gobiernos hasta el momento, generando gran ilusión.

No obstante, ya conocemos que la oposición oligárquica peruana, quiso sacarlo de la presidencia desde el primer día. En solo año y medio, el presidente sufrió tres mociones en su contra.

Lamentablemente, el profesor y político peruano, el pasado 7 de diciembre, unos minutos antes de mediodía, anunciaba en un mensaje televisado al país el cierre del Congreso. Al mismo tiempo, Castillo decidió por fin convocar la Asamblea Constituyente que se había prometido a las masas para acabar con la constitución fujimorista. De este modo, convocó elecciones constituyentes.

La reacción de los medios de comunicación denunciando un auto-golpe de Castillo fue inmediata, en directo y contundente: no había que obedecer a Castillo, y ya no es presidente.

Ya conocemos, abundantes informaciones, sobre los hechos previos y posteriores a las causas de este hecho, que los ubican entre un Golpe de Estado por parte de la oligarquía peruana golpista, por las instituciones del país, por los medios de comunicación, un autogolpe de Castillo, así como un estallido de impotencia por parte del presidente, una trampa, una provocación, un suicidio político, una «ruptura del orden constitucional en Perú por parte de Castillo, un golpismo parlamentario del fujimorismo que es mayoría en el Congreso peruano y sus aliados políticos, económicos y mediáticos, en fin, un cumulo de especulaciones y acusaciones las cuales no abordaremos en esta misiva.

Los hechos posteriores son la juramentación de la vicepresidenta Dina Boluarte, como presidenta interina, el ofrecimiento del presidente López Obrador de México de asilo a Castillo, y los acontecimientos siguen en pleno desarrollo a la hora de la redacción de esta carta.

Ahora al margen de errores y culpabilidades, nos preguntamos: ¿se justifica el apoyo a un gobierno golpista que ha tomado el poder junto al ejército y tras el que se esconden la oligarquía peruana con apoyo y complacencia de naciones extranjeras?

Por otro lado, desde la IMWC nos preocupan los últimos hechos sucedidos luego de iniciado el ya acusado Golpe de Estado, ante la reacción valiente y legal del pueblo peruano, la actuación de los poderes policiales y del ejército contra el pueblo. Las protestas iniciales a favor de Castillo y por el cierre del Congreso se dieron principalmente fuera de Lima. Luego se fueron añadiendo otras provincias y se han dirigido a la capital en señal de protesta.

Al momento de escribirse esta carta, ya van al menos 12 muertes, según fuentes oficiales (poco creíbles) y por parte de colectivos de mujeres y de derechos humanos, entre ellos un menor de 15 años, dos adolescentes ejecutados y una niña mutilada por la policía, asesinatos de personas del pueblo, que reclaman el establecimiento de la legalidad, por parte de las autoridades policiales. Y se inician las desapariciones forzosas. Y los acontecimientos se siguen sucediendo…

Deseamos que la situación no se transforme en una represión de consecuencias imprevisibles. Y en estos momentos, el pueblo grita «que se vayan todos», proponiendo y constituyendo su propia alternativa popular.

La IMWC fiel a sus principios a favor de la vida y su solidaridad con los pueblos sufrientes, oprimidos de nuestra américa, abogamos y exigimos un alto a la brutalidad, crímenes y toda clase de vejámenes en contra del pueblo peruano.

Solicitamos a las máximas autoridades peruanas, un momento de reflexión y un llamado a la cordura, en beneficio de las mayorías, quienes en situaciones como estas, son las que sufren las consecuencias de los extremismos de los aparatos policiales del Estado. ¡Alto a la represión!

A su vez, llamamos a una limpieza ética de todas las estructuras políticas y jurídicas del actual estado peruano, ya que se han comprobado toda clase de desmanes y situaciones irregulares en las mismas.

Finalmente, deseamos explicitar que existen unos fundamentos bíblicos sobre la justicia y los derechos humanos, que se expresan afirmando que: toda injusticia cometida contra otro ser humano es cometida contra un hermano, por lo tanto, el bienestar de todo ser humano, en cierta forma es responsabilidad de todos, en especial de las autoridades.

En Romanos. 13:3-4 y en 1 Pedro. 2.14, los dos apóstoles; Pablo y Pedro, dejan bien claro que el papel y la responsabilidad del Estado y las autoridades para con las y los ciudadanos que viven conforme a la ley, es de protegerlos y hacerles el bien, y de castigar a los que hacen el mal. *Estamos esperando últimas noticias, que cómo decíamos «con consecuencias imprevisibles».

Chile, ¿Hacia una Verdadera Asamblea Constituyente?

Lic. José A. Amesty R.

El año pasado 2020, escribimos un artículo sobre Chile llamado: “Chile se Encamina Hacia un Nuevo y Profundo Ciclo Político”, donde luego de hacer una breve historia y consecuencias del modelo neoliberal en Chile, nos preguntamos: ¿Hacia dónde va Chile?

En el mencionado artículo recordamos, y ahora lo hacemos igualmente, sobre la Consulta Popular, hacia la redacción de una nueva Constitución para Chile, donde el 78,27% de los ciudadanos que votaron en el Plebiscito, aprobaron iniciar este proceso. Decíamos que sería un proceso largo y tedioso, aunque monumental, desmontar la vieja Constitución de Augusto Pinochet.

La nueva Constitución chilena, será redactada por una Convención Constituyente, compuesta por 155 miembros electos por votación popular, el 11 de abril del 2021.

Estos constituyentes tendrán 9 meses, para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ser ampliado por 3 meses más, en una sola oportunidad. De esta manera, a mediados de 2022, el país vivirá un nuevo Plebiscito de salida para aprobar o rechazar la nueva Constitución.

Veamos las etapas del Proceso Constituyente, que tiene a Chile en este Momento Histórico:

15 de noviembre de 2019: Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución.

24 de diciembre de 2019: Reforma constitucional que modifica la Constitución vigente para incorporar el itinerario y reglas del proceso constituyente.

29 de marzo de 2020: Presidente convoca, vía decreto, al plebiscito de entrada del 25 de octubre de 2020.

25 de octubre de 2020: Plebiscito en el que se decide si se aprueba o rechaza la idea de una Nueva Constitución; y cuál sería el órgano que la redacte.

11 de abril de 2021: Elección de Convencionales Constituyentes.

Mayo o junio de 2021: Instalación de la Convención Constituyente.

Hasta 9 o 12 meses después: Convención aprueba un nuevo Texto Constitucional.

Aproximadamente 60 días después (agosto de 2022 aproximadamente): Plebiscito para aprobar o rechazar nueva Constitución.

Ya estamos a pocos días de celebrarse este paso histórico en la vida política de Chile. Aunque al momento de estar redactando este artículo, surge la eventualidad, que ante la ola de contagios de la Covid-19, que llega a niveles inéditos en toda la pandemia en Chile, el presidente Sebastián Piñera, presentará una reforma constitucional para que se lleven a cabo el 15 y 16 de mayo, la que necesita de los votos de dos tercios del Parlamento. La oposición, sin embargo, anunció que exigirá al Ejecutivo nuevas medidas sanitarias y de ayuda económica, a cambio de respaldar la medida en el Congreso. Veremos que sucede…

No obstante, la anterior eventualidad, deseamos compartir algunos elementos de tan importante hecho político para la institucionalidad y para la nacionalidad chilena.

  1. Lo cierto es que desde que se propuso la fecha del 11 de abril 2021, para la Elección de los Constituyentistas redactores del nuevo texto Constitucional, no ha habido mucha atención periodística y/o comunicacional de tal evento, por lo menos en América Latina, no sabemos si al interior del país. Dejamos esta inquietud-pregunta para su reflexión…
  2. Algunos sectores del país, señalan que en verdad en Chile no se está en un Proceso Constituyente, que no hay una Asamblea Constituyente, ya que lo “acordado” por los partidos políticos de derecha e izquierda, es celebrar una Convención Constitucional. Agregándose además, que la dicha Convención Constitucional, aprobará la nueva Constitucional con el quorum de dos tercios, que deja en entredicho la verdadera soberanía popular de la Convención.

Parece ser una traición al pueblo chileno, quien demanda una Asamblea Constituyente, con todas las potestades para redactar y someter a votación popular (apoyo masivo de un pueblo), un asunto de especial importancia para la Nación, como lo es una Constitución nueva.

Ojalá, este 11 de abril, preferentemente, le toque al pueblo chileno, iniciar y decidir su destino al escribir con su mano, con verdaderos redactores del pueblo, la primera Constitución democrática de la historia de Chile.

  1. Otro acuerdo entre las partes fue que el texto Constitucional, será escrito sin amarras a la actual Constitución; es decir que, en ausencia de acuerdos sobre algún punto, no se mantendrá el articulado del texto actual. Sin embargo, la condicionante de la derecha, para ceder dicho punto fue establecer como límites el respeto a la definición de Chile, como una República democrática, el respeto a los DDHH, a todos los tratados internacionales suscritos y a las sentencias judiciales ya ejecutoriadas.

Cosa que ha significado un punto de conflicto, toda vez que pone en cuestión el alcance soberano del proceso.

  1. Otros cambios u “acuerdos” han sido: dada la presión del feminismo, se incorporó la paridad de las y los constituyentes; se encuentran en debate los escaños reservados para los pueblos originarios y se flexibilizaron los requisitos para la participación de independientes en el proceso, pues el modelo de elección replica la elección de congresistas, que favorece la electibilidad de los partidos políticos.

¿Qué está en Juego en el Proceso Constituyente?

Primero, no se trata del cambio de un texto constitucional por otro, sino de la construcción de una Constitución con implicaciones materiales, tanto en relación a la sociedad actual de Chile, como en relación a los alcances de los cambios: la posibilidad de cambiar la orientación neoliberal del modelo actual, de superar ese orden político, social y económico nefasto.

Segundo, debe ser la oportunidad para abrir un proceso de transformaciones, que exceda al propio debate del texto. Las expectativas sociales son altas y, para no acumular frustración social, las fuerzas de cambio enfrentan el desafío de compatibilizar medidas de corto plazo, que tengan implicaciones materiales inmediatas, con cambios estructurales que excedan el propio debate constitucional.

Temas y/o Cambios de la Constitución Actual

  1. ¿Qué país se desea diseñar?
  2. ¿Que significa un nuevo Pacto Social?
  3. Discutir nuevamente la Regla Fiscal.
  4. Lo exclusivo del Ejecutivo en temas como el Presupuesto.
  5. La Independencia del Banco Central.
  6. Soluciones para 30 años de desigualdad económica-social.
  7. Una de las grandes demandas es la necesidad de redefinir la noción patriarcal, colonial y hetero normativa de familia, heredada históricamente de las constituciones autoritarias, que se han impuesto al país desde 1833 en adelante, y que ha sido una fuente de discriminación, exclusión y persecución a importantes sectores de la sociedad.

En definitiva, la discusión constituyente en Chile está abierta, por lo que la manera cómo se definirán a las familias democráticamente, es quizás unos de los puntos más importantes que se tienen que dar, ya que muestra cómo nos vemos a nosotros/as mismos realmente, y no como la elite conservadora ha querido que nos veamos por siglos.

Entonces, para que pueda significar la apertura de un proceso de transformaciones sociales profundas, el debate, y la acción, deberán exceder el plano institucional y reconducirlo hacia los diversos sectores populares.

Desde la calle, Chile debe comenzar a reescribir su historia, dejando en el basurero de su historia a los Pinochet, los Lagos, los Bachelet, los Piñera y otros tantos.

 

Imagen: Diario Jurídico.

Detractores de la autonomía municipal

Manuel Hernández

En materia de autonomía municipal, el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público significa viajar en el túnel del tiempo, devolviéndonos más de 70 años atrás, a los lejanos debates de la Asamblea Constituyente, de 1949, en el siglo pasado.

¿Quién lo hubiera creído, a estas alturas de la modernidad del Siglo XXI?

En uno de los debates encendidos de la Constituyente, un diputado afirmó:

“Se debe desligar a las municipalidades-como cuerpos elegidos por el pueblo- de las influencias del Poder Ejecutivo.”

Otro diputado constituyente enfatizó:

“Si se desea realmente otorgar a las municipalidades plena autonomía, deben desligarse del Poder Ejecutivo.”

El mal llamado proyecto de empleo público, por contrario, aspira que el Poder Ejecutivo dirija y controle el régimen autonómico municipal, implicando un retroceso antidemocrático y una deplorable afrenta contra la Constitución Política.

El proyecto derrumba la Constitución, porque las municipales van a ser simples despachos administrativos de la autocrática MIDEPLAN o la DGSC.

Esto tiene muy graves repercusiones políticas contra la autonomía de los gobiernos locales.

Menos democracia territorial y más concentración de poder en manos del Gobierno.

¡Un Leviatán inconstitucional!

Se deben estar revolcando en sus tumbas los constituyentes socialdemócratas que defendieron la autonomía municipal, maldiciendo a sus detractores del PLN.

Anuncio de Costa Rica de no reconocer resultados de Asamblea Constituyente en Venezuela: breves apuntes

Nicolas Boeglin (*)

Anuncio de Costa Rica de no reconocer resultados de Asamblea Constituyente en Venezuela
La ex jefa de la diplomacia venezolana, actualmente delegada constituyente y posiblemente llamada a presidir la Asamblea Nacional Constituyente, y el actual Secretario General de la OEA, en sesión en Washington en abril del 2017. Foto extraída de artículo de La Nación (Costa Rica) del 27 de abril del 2017.

En un comunicado de prensa que fue dado a conocer el pasado domingo 30 de julio (véase texto integral al final de esta nota), Costa Rica anunció que no reconocerá efecto alguno al proceso de Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela realizado el mismo día. Nótese que este comunicado fue circulado en la misma tarde del día de la elección celebrada en Venezuela.

En Mesoamérica, la diplomacia de México se manifestó en igual sentido (véase comunicado oficial), mientras que Panamá, usualmente muy crítico con relación a la situación imperante en Venezuela, se ha mantenido omiso sobre lo vivido el 30 de julio en Venezuela (véase sitio oficial de su cancillería). En la región andina, Perú ha anunciado que tampoco reconocerá los resultados del proceso de Asamblea Constituyente (véase comunicado oficial), y de igual manera lo hizo Argentina (véase comunicado).

En el caso de Chile, su comunicado (véase texto completo) no refiere a desconocer los resultados, sino que señala que:

«El Gobierno de Chile manifiesta su profunda decepción ante la decisión del Gobierno venezolano de haber materializado el día de hoy un proceso de elección de representantes a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)».

De igual manera, Colombia emitió un comunicado (véase texto) condenando las acciones violentas registradas el mismo día 30 de julio en Venezuela, sin entrar a valorar los resultados de la consulta como tal.

En su comunicado del 31 de julio, Uruguay expresa por su parte que:

«El Gobierno del Uruguay, una vez finalizado el proceso electoral en Venezuela, vuelve a rechazar el clima de violencia que se vive en esa Hermana República y lamenta con profundo dolor la pérdida de vidas humanas que se han producido en los últimos meses y en el día de ayer, en ocasión de la elección para la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente».

Desde el punto de visto político, el unísono cuestionando hace unas semanas el proceso de Asamblea Constituyente en Venezuela, pareciera haber sufrido algunos bemoles. Entre otros factores, es probable que la infidencia del responsable de la agencia norteamericana de inteligencia dada a conocer días antes haya obligado a algunos Estados a cierta reserva sobre Venezuela (véase nota del Miami Herald sobre declaraciones de Mike Pompeo). Esta infidencia puede guardar alguna relación con un comunicado (insólito) circulado por la legación de Honduras en Belice en mayo pasado, que culminó con la destitución casi inmediata del diplomático hondureño responsable de su divulgación (Nota 1).

Desde el punto de visto jurídico, posiblemente afloren algunas dudas sobre las consecuencias que implica «no reconocer» un proceso de consulta. Como tuvimos la oportunidad de plantearlo con relación a una declaración conjunta del 26 de julio cuestionando el proceso de designación de los futuros constituyentes venezolanos y suscrita por 13 Estados (incluyendo a Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, a Perú así como a Uruguay entre corchetes),

«una dificultad técnica, desde el punto de vista jurídico, radica en que el no reconocimiento es una figura que aplica para Estados o para Gobiernos considerados ilegítimos o de facto (a raíz de un golpe de Estado) y no para procesos de consulta con miras a la adopción de una nueva Constitución en un Estado con el que se mantiene relaciones diplomáticas» (véase breve nota nuestra publicada en nuestro sitio).

Como se podrá apreciar, el debate se anuncia álgido entre delegaciones diplomáticas, en particular si la iniciativa del Secretario General de la OEA de convocar a una nueva reunión del Consejo Permanente de la organización hemisférica para examinar la situación en Venezuela se materializa.

En años recientes, Estados de América Latina procedieron a «no reconocer» a autoridades autodesignadas a raíz de una situación política sumamente cuestionable (y cuestionada), como lo ocurrido en Paraguay en junio del 2012 o en Honduras en junio del 2009. En ambas ocasiones, se procedió a congelar o bien a suspender relaciones diplomáticas con autoridades consideradas «ilegítimas». El caso de Venezuela difiere sensiblemente de los dos casos antes mencionados, en la medida en que a la fecha, Venezuela mantiene relaciones diplomáticas con todos los Estados de América Latina (Nota 2): lo que se cuestiona por parte de algunos Estados, no es la legitimidad de las actuales autoridades, sino el proceso de consulta realizado con el fin de adoptar una nueva Constitución.

Es de notar que, a diferencia de lo ocurrido en enero del 2016 con relación a otro cuestionamiento sobre el sistema electoral en Venezuela, esta vez la diplomacia de Costa Rica no actuó de forma aislada (Nota 3).

«No reconocer el proceso y resultados» de una consulta de este tipo significaría, desde el punto de vista jurídico, no reconocer el nuevo régimen constitucional que organice a las actuales instituciones venezolanas, y que se plasme en el nuevo texto constitucional que se adopte. Salvo error de nuestra parte, no existe precedente alguno en la práctica internacional para poder apreciar con mayor precisión el alcance exacto de este «no reconocimiento» y sus consecuencias en el plano jurídico (así como en el ámbito diplomático).

Nótese que la diplomacia de Brasil, usualmente muy activa cuando se trata de la situación en Venezuela (en particular desde el mes de mayo del 2016), ha optado (al igual que Panamá) por no emitir declaración alguna con relación a los resultados del proceso celebrado en Venezuela el 30 de julio (véase sitio oficial del Palacio del Itamaraty).

 

Notas

 

Nota 1: Se trata de un inédito comunicado de Honduras en el que se lee «es crucial mayor derramamiento de sangre» en Venezuela (sic.): véase nota de prensa sobre la protesta de Venezuela con texto – a todas luces inusual – de Honduras y esta nota con fotografía del texto de Honduras reproducida. El diplomático hondureño responsable de la redacción del texto fue removido días después (véase nota de prensa): nótese, a diferencia de lo que ocurre con comunicados de prensa redactados de manera bastante precipitada, la gran rapidez con la que las autoridades de Honduras procedieron a destituir al agente diplomático responsable de este extraño comunicado circulado por su legación diplomática en Belice.

Nota 2: La última ruptura de relaciones diplomáticas de Venezuela registrada fue la ordenada en marzo del 2014 con relación a Panamá. Los canales diplomáticos se reanudaron en julio del 2014 con el cambio de autoridades en Panamá: véase nuestra breve nota sobre el episodio que dio origen a esa ruptura, publicada en Informa-tico. Uno de los últimos incidentes diplomáticos de Venezuela con un Estado de América Latina tuvo lugar en marzo del 2017 con la llamada a consulta del Embajador de Perú en Caracas (véase breve nota al respecto).

Nota 3: Un comunicado de prensa de Costa Rica emitido en los primeros días de enero del 2016 dio lugar a una fuerte reacción por parte de las autoridades venezolanas. Sobre este cruce de comunicados, remitimos al lector a nuestra breve nota editada en Ius360.

 

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Comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica,

JULIO 30, 2017 05:28 PM

Costa Rica no reconoce y considera nulo e ilegítimo el proceso y resultados de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela País hace un llamado a todos los Estados y organismos internacionales a desconocer esos resultados.

El Gobierno de la República de Costa Rica no reconoce y considera nulos, viciados, ilegítimos, inconstitucionales y contrarios a la voluntad popular, la convocatoria, el proceso y los resultados para la composición de una Asamblea Nacional Constituyente en la República Bolivariana de Venezuela, hoy 30 de julio.

Costa Rica hace un llamado a todos los Estados y organismos internacionales, a desconocer esos resultados y, al Gobierno de Venezuela, a recuperar la vía de la razón y escuchar el clamor de su pueblo y de la comunidad internacional.

Costa Rica repudia y condena, una vez más, de la manera más categórica, la brutal, metódica y sistemática represión con que el Gobierno venezolano ha respondido a las protestas y manifestaciones sociales de los últimos meses.

Nuestro país se solidariza con el dolor que invade a las familias de las personas fallecidas, así como con los centenares de heridos y detenidos en Venezuela por defender las libertades fundamentales, la democracia y manifestarse legítimamente contra la represión.

El Gobierno de Costa Rica reitera su convicción de que la vía electoral es la única salida política, negociada y pacífica a la crítica situación que se vive en Venezuela.

La celebración de elecciones libres, secretas, directas, universales, con observación internacional e independiente, permitiría la transición democrática que tanto anhela el hermano pueblo de Venezuela.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

Enviado por el autor.

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Mesa redonda: ¿Es necesaria una asamblea constituyente en Costa Rica?

Mesa redonda

El Frente de Acción Unitaria con el auspicio de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad Nacional invitan a la mesa redonda “¿Es necesaria una asamblea constituyente en Costa Rica?”, que se realizará el próximo martes 17 de mayo, a las 9:00 a.m; en la Biblioteca Joaquín García Monge, de la UNA, en Campus Omar Dengo, Heredia centro.

La actividad contará con la participación de los panelistas, los señores Walter Antillón, Mario Devandas y Alex Solís.

*Asistencia libre.

 

Información enviada a SURCOS Digital por Norman Solórzano.

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