Etiqueta: autonomía indígena

Comunicado de Prensa

• Estado costarricense no ha cumplido con su deber de entregar las tierras a los pueblos originarios

• Pueblo Bribri de Salitre exige justicia en el caso del asesinato de Sergio Rojas

Miércoles 4 de diciembre de 2019. Los territorios indígenas del cantón de Buenos Aires, incluyendo al territorio bribri de Salitre, se encuentran ocupados por personas no indígenas, que no cuentan con títulos legales para ello y contrariando la legislación nacional e internacional, que establece que los territorios indígenas pertenecen y solo pueden ser habitados en forma exclusiva por los pueblos originarios respectivos; por lo que toda ocupación de estas tierras por personas no pertenecientes a estos pueblos es absolutamente ilegal.

En este sentido la Ley Indígena 6172 de 1977, en su artículo 3 categóricamente establece “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso”.

También el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual Costa Rica suscribió, reafirma el derecho a la tierra de los pueblos originarios, al respecto establece el artículo 14 “1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”

Desde el año 2010, los pueblos originarios del cantón han reiniciado procesos de recuperación de tierra – territorio o saneamiento territorial, recalcamos que según las culturas de los pueblos originarios y la legislación nacional e internacional, estos procesos de reafirmación territorial son totalmente legítimos, legales y realizados completamente a derecho, con la particularidad de que no son judicializados por parte de los pueblos originarios.

Por lo tanto es obligación del Estado costarricense reintegrar esos territorios a los pueblos originarios, obligación que hasta el momento ningún gobierno ha cumplido; por lo que estos pueblos han ejercido su derecho humano a la tierra.

Justicia para Sergio Rojas

Desde el Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre exigimos que se determinen los autores intelectuales y materiales del asesinato del compañero Bribri Sergio Rojas Ortiz y se apliquen las sanciones respectivas. Reafirmamos que el Estado costarricense es responsable de esta ejecución extrajudicial por omisión; este vil asesinato ocurrió el 18 de marzo de 2019 y hasta el día de hoy se mantiene impune.

En el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó la medida cautelar 321-12 en favor del pueblo Teribe de Térraba y Bribri de Salitre ante los continuos ciclos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia contra estos pueblos; solicitando al Gobierno de Costa Rica que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de estos pueblos.

Sin embargo, el Estado costarricense es responsable de la sistemática violencia y violación de los derechos humanos que sufre el pueblo Bribri de Salitre y otros pueblos originarios y hasta el momento no ha cumplido con sus obligaciones para que el asesinato de Sergio no quede impune, cese la violencia contra estos pueblos y se garantice la seguridad e integridad humana y territorial de los mismos.A pesar de la ocupación y usurpación de los territorios indígenas, diferentes administraciones del Estado costarricense no han cumplido con su obligación de desalojar a los poseedores ilegales.

El Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre exige al Estado costarricense:

1. Que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz no quede impune y se aplique la ley a los autores intelectuales y materiales de ese vil asesinato.
2. Que el Estado costarricense desarrolle e implemente las medidas cautelares 321-12 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
3. Que se realice una investigación del actuar de todas las instancias y personal judicial y policial del cantón de Buenos Aires con respecto a su actuar frente a los pueblos originarios para determinar las posibles responsabilidades y sanciones administrativas o judiciales.
4. Que el Poder Ejecutivo ejecute los 6 desalojos ya emitidos por el Ministerio de Seguridad Pública en el Territorio de Salitre.
5. Que el estado costarricense cumpla con el Protocolo de Seguridad suscrito con el pueblo bribri de Salitre desde el 2017.

¡Justicia para Sergio Rojas y los Pueblos Originarios!

Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre

Imagen ilustrativa.

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La Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelett, realiza visita oficial a Costa Rica, con el fin de conocer de primera mano la situación de DDHH del país. En su Agenda, el día de ayer lunes 2 de diciembre del 2019, se reunió con representantes de los Movimientos y Organizaciones Indígenas, incluido el Frente Nacional de Pueblos Indígenas- FRENAPI.

Vicky Lezcano Ortiz, integrante del FRENAPI y Delegada Brorán en el Congreso Indígena Nacional- COIN, explicó a Bachelett la lucha actual de los Pueblos Indígenas por la recuperación de sus Tierras/ Territorios, usurpados por No Indígenas, quienes con violencia se mantienen dentro de los Territorios. Relató Lezcano, que ella es una recuperante de tierras, en la Finca Crun Shurín, desde hace casi dos años. Previo a la recuperación estuvo fuera del territorio, víctima de ese despojo.

El Proceso de Afirmación Territorial Autónoma (PATA) se inició en agosto del año 2010, fecha en que 27 líderes indígenas fueron desalojadas/os violentamente de la Asamblea Legislativa, lo que motivó al FRENAPI a iniciar un proceso por construir Autonomía en los propios territorios a través de la Recuperaciones de Tierras y la construcción de Consejos de Autoridades Propias, rechazando las estatales Asociaciones de Desarrollo – ADIs, por ser una imposición recolonizadora que pervierte la autonomía y divide las Comunidades.

Este proceso autonómico trajo mucha violencia por parte de los/ las terratenientes usurpadores, que han promovido agresiones físicas, ataques con armas fuego, quema de vivienda, persecución y amenazas, con la complicidad directa e indirecta de distintas autoridades del Estado incluidos la policía y los Tribunales de justicia.

Las Recuperaciones de tierras se han extendido y de igual forma se incrementó la ola de violencia, incluyendo cárcel y lesiones graves a compañeros y compañeras de distintos Territorios en lucha por la Autonomía. El caso más grave ocurrió el 18 de marzo pasado, cuando asesinaron a SERGIO ROJAS ORTIZ, bribri de Salitre, fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas FRENAPI, integrante del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra de Salitre.

En su intervención, Lezcano, Denunció al Estado/ Gobierno de Costa Rica ante la Comisionada por seguir violando los Derechos Indígenas y no actuar debidamente para que se respeten esos Derechos. También solicitó intervención para que se aclare y castigue el asesinato del compañero Sergio Rojas después de cumplirse casi 9 meses de impunidad total, con el silencio cómplice del Estado costarricense.

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