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Etiqueta: autoritarismo

Vetos presidenciales y resellos legislativos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Es claro que el presidente Rodrigo Chaves no sabe y no conoce cómo funciona un régimen político democrático, que descansa en el ejercicio independiente de los poderes públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral, como existe en el ordenamiento constitucional y legal nacional. Su estilo autoritario, casi tiránico con sus subalternos, con el que gobierna, no le permite entender esta independencia y autonomía.

Los poderes públicos son independientes, autónomos, entre sí, con funciones propias que les son asignadas constitucionalmente, a las que tienen que someterse los funcionarios que los integran y representan. Sus funciones propias son indelegables y exclusivas, por lo que no pueden trasladarlas a los otros poderes para su elaboración o ejecución.

Los funcionarios públicos, como el presidente de la República, están sujetos a lo que la Constitución Política les señala y establece como límites en su función, en su trabajo. Esta es una de las claves del funcionamiento del llamado Estado de Derecho, que en Costa Rica se instituyó desde 1824, cuando en ese año se establecieron los tres poderes clásicos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que el próximo se podrán celebrar en sus bicentenarios institucionales.

Clave del Estado de Derecho es el control político que se lleva a cabo sobre el funcionamiento de los tres poderes y de los funcionarios que los representan. Ese control político descansa en los ciudadanos y en aquellas instancias que se crean, en el ordenamiento jurídico, como colaboradoras de los mismos poderes públicos y de los ciudadanos. Algunas de esas instituciones coadyuvantes del control político institucional son: la Contraloría General de la República, que es un órgano auxiliar del Poder Legislativo, en cuanto al control presupuestario que realiza; la propia Procuraduría General de la República, por sus fallos jurídicos obligatorios para toda la institucionalidad administrativa y pública; las diferentes Defensorías de los Habitantes y Ciudadanos que operan en el país y, la misma Sala IV de la Corte Suprema de Justicia, que marca los límites de la constitucionalidad y legalidad constitucional de las leyes, reglamentos y de las actuaciones administrativas de funcionarios.

Los diputados, integrantes activos del Poder Legislativo, tienen la función del control político, establecida en su trabajo ordinario. A ello le dedican tiempo diario de sus sesiones.

Algunos presidentes del pasado, desde que existe la Sala IV, cuando ésta les rechazaba acciones por violar la Constitución Política y la legalidad nacional, reclamaban que “no los dejaban gobernar”. De allí la idea de la ingobernabilidad nacional que se ha venido vendiendo desde hace bastantes años por parte de quienes desearían ejercer el gobierno de la República sin controles, sin apego a la Constitución Política o al marco de legalidad. Rodrigo Chaves, criticando esa “ingobernabilidad” señaló, criticando a sus antecesores presidentes, que no era que había “ingobernabilidad”, sino que “no gobernaban”. De allí sus primeras expresiones de que gobernaría por decreto, a la fuerza. Que dinamitaría los puentes institucionales con el Poder Legislativo, que no se reuniría con los partidos políticos opositores, cuando el partido que lo eligió solo tiene 10 diputados, y en la Asamblea Legislativa mucho de lo que se hace y se logra es por hacer acuerdos parlamentarios, no por imposición de directrices de la Casa Presidencial sobre la decisión política de los parlamentarios.

La fracción legislativa de gobierno es la que se reconoce como el grupo de diputados que se eligen por el mismo partido político que elige al presidente de la República. A diferencia del presidente, los diputados hablan en nombre de sus partidos, se identifican con su partido, se identifican con su gobierno. El presidente no puede hacer esto. Tiene prohibición constitucional de opinar sobre asuntos partidarios y políticos. No puede meterse en asuntos políticos, partidarios o directamente electorales, como sí lo hacen la mayoría de los presidentes de todas las repúblicas del continente americano, y como también se permite en Europa.

El ministro de la Presidencia como figura, es el encargado de atender las relaciones del Poder Ejecutivo con el Legislativo. Es el encargado de “negociar” el trámite de los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo envía al Congreso para su conocimiento en las llamadas Sesiones Extraordinarias del Poder Legislativo. En este sentido, la Asamblea Legislativa trabaja seis meses al año, de manera exclusiva, atendiendo los proyectos de ley que envía el Poder Ejecutivo a su conocimiento y trámite. Su oportunidad de aprobación dependerá de la importancia del Proyecto de Ley y del trabajo político que realice el ministro de la Presidencia y los diputados oficiales de gobierno para lograrle los votos afirmativos.

Entendamos, todo lo que conocen los diputados en su trámite legislativo se hace por medio de Proyectos de Ley. Estos, cuando se presentan al trámite legislativo se canalizan a la comisión parlamentaria que se estima conveniente para su conocimiento. Allí se realiza un trabajo enorme de los diputados en el conocimiento y discusión de esos proyectos de ley. Allí pueden llevarse técnicos, especialistas y hacer consultas obligadas por constitucionalidad a instituciones o sectores para que opinen sobre el proyecto de ley en trámite. Pueden integrarse también comisiones legislativas mixtas, con diputados y con personas conocedoras de los temas a conocer, tratar y resolver.

Cuando el Proyecto de Ley se rechaza en una comisión legislativa su expediente se traslada al Archivo parlamentario. Si se aprueba por unanimidad pasa al Plenario Legislativo para su trámite definitivo. Si se aprueba con varios dictámenes, de mayoría y de minoría, como se dice, estos pasan al Plenario con el expediente. En el Plenario legislativo solo se conocen Proyectos de Ley que hayan pasado ese filtro de las comisiones parlamentarias.

Los diputados aprueban las leyes cuando le dan la votación final afirmativa, en el Plenario, a los proyectos de ley que han estado en esos trámites desde las comisiones. Se aprueban por unanimidad o por la mayoría parlamentaria que se exija para su aprobación. Por aprobado el Proyecto, como Ley de la República, pasa al Poder Ejecutivo para que lo refrende, lo ratifique, y lo envíe a su publicación en el diario oficial, La Gaceta, para que entre en vigencia en el momento en que la misma ley diga, o ipso facto si es del caso.

Ese refrendo presidencial es una de las formas de control político intra-poderes públicos. Es parte del equilibrio institucional de poderes que existe en el Estado de Derecho. Es un poder especialísimo que puede el presidente oponer a la gestión de los diputados. Al presidente o al Poder Ejecutivo le puede parecer que una ley no debe aprobarse. Eso es válido. Por ello, el presidente tiene el llamado derecho de veto, de rechazar la Ley que le ha sido sometida para su ratificación. Su rechazo tiene que ser justificado y razonado, por las razones que el Ejecutivo sostenga. Las razones son de inconstitucionalidad, ilegalidad, oportunidad, conveniencia o interés público, o la que se aduzca.

Si el Poder Ejecutivo veta la Ley, ésta se devuelve a la Asamblea Legislativa, donde los diputados conocen las razones del veto presidencial hecho. Vuelven a discutir la Ley. Si aceptan el veto proceden de conformidad. Si no lo aceptan vuelven a votar, de manera calificada la Ley. Si la aprueban de nuevo queda vigente, y la envían a su publicación oficial sin la firma del presidente de la República. Esto es lo que se llama resello parlamentario. Así funciona la democracia política republicana que tenemos.

El presidente no puede enojarse, perder el temperamento, alocarse, perder la cordura, ni la compostura, lo que es su estilo y marca, porque le impongan un resello parlamentario. Sencillamente tiene que aceptarlo. Podrá pensar que fue un error que no le acepten su veto. Frente a su exhibicionismo autoritario, debería verse en el espejo del presidente Mario Echandi Jiménez.

El presidente Echandi gobernó con un Congreso legislativo ampliamente en contra, con mayoría parlamentaria liberacionista, que le imponía leyes. Así vetó 80 leyes. De todas ellas solo ocho fueron reselladas.

El veto es una función co-legislativa que da la Constitución al presidente. Es una responsabilidad muy grande la que tiene de enfrentarse a los diputados en el proceso de aprobación de las leyes. De todos sus vetos, 22 fueron enviados al archivo legislativo. En los otros casos se acogieron las razones del Ejecutivo.

El presidente Echandi a pocos días de dejar el gobierno, en abril de 1962, publicó un libro, de 848 páginas, donde exponía las razones y justificaciones de sus vetos legislativos.

Presidente Rodrigo Chaves siga el camino ejemplar del presidente y Benemérito de la Patria, Mario Echandi Jiménez, con ecuanimidad, serenidad y altura.

Acepte con tranquilidad emocional el Estado de Derecho y las limitaciones que usted tiene…y, empiece a preparar, si así lo quiere, su librito de memorias de Los Vetos del presidente Chaves…

UCR: Costa Rica debe atender la violencia social desde una propuesta integral

Escrito en . Publicado en Derechos.

Costa Rica ocupa el tercer lugar de los países de Centroamérica con la tasa de homicidios más alta por cada cien mil habitantes, nuestro país es superado solo por Honduras y Guatemala, y está por encima de países como El Salvador y Nicaragua (foto: Archivo OCI).

Rosaura Chinchilla Calderón: Fortalecer la educación, crear empleo y disminuir la desigualdad son claves para la convivencia democrática

Este 2023, Costa Rica está a punto de romper un récord histórico tras superar los 600 homicidios a tan solo tres meses de cerrar el año. Sin duda, el país sufre una oleada de inseguridad y violencia, que, aunada a otros elementos como una creciente desigualdad social, desempleo, poca inversión en educación y narcotráfico, son motivo de pérdida de paz y tranquilidad en la sociedad costarricense.

En el 2022, el Poder Judicial reportó un total de 656 homicidios en el país, una de las cifras más altas de la historia de Costa Rica en cuanto a violencia social. Mientras que este año se proyecta que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes puede llegar hasta a 16 muertes, número considerado por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia.

Actualmente, Costa Rica ocupa el tercer lugar de los países de Centroamérica con la  mayor tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, nuestro país es superado solo por Honduras y Guatemala, y está por encima de países como El Salvador y Nicaragua.

Desde la perspectiva de la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica, este fenómeno crucial que atraviesa el país en cuanto a inseguridad y violencia social es el resultado de un proceso evolutivo, en el cual, durante las últimas décadas se ha dado una interrelación de detonantes como: una baja inversión en educación pública en todos sus niveles, alta tasa de homicidios, una creciente desigualdad social, el desempleo, el incremento del autoritarismo y un desgaste de la institucionalidad y de los servicios a cargo del Estado.

Al respecto afirmó que los últimos gobiernos han trabajado desde un enfoque autoritario y de populismo punitivo, tratando crear leyes para castigar todo tipo de delito, sin tomar en cuenta que desde este enfoque de “condenar todo” se tiende a vulnerabilizar garantías y derechos humanos ya adquiridos y legítimos, como lo son la protesta social, la libertad de expresión y otros. La experta señaló que esto es un fenómeno que ya ha ocurrido en otros países vecinos como Nicaragua y El Salvador en donde se hacen juicios masivos, o se condenan personas por ir en contra de la ideología del gobierno de turno.

Por eso, la experta reiteró que el hecho de crear leyes para condenar delitos es una medida superficial que no ataca las principales raíces de la inseguridad y de la violencia social como lo son el autoritarismo, la desigualdad social, la baja inversión social en educación y la alta tasa de homicidios.

La M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón es experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica (foto: Archivo OCI).

“Si nosotros correlacionamos datos, vamos a ver que conforme disminuye la inversión en educación, se incrementan los niveles de autoritarismo, asimismo se incrementa la desigualdad social y se va generando una importante violencia que se manifiesta a través de los homicidios, aunque no es la única forma. En esto es importante decir que las medidas tradicionales que se suelen utilizar para combatir la inseguridad a nivel de discurso oficial o político han sido en el plano meramente normativo y punitivo, en este momento existen más de 190 proyectos de ley en materia penal y ninguno de esos proyectos por los que apuestan las políticas populistas tienen la virtud de incidir en absolutamente nada. La inseguridad que se vive tiene otras causas y justamente las verdaderas causas se siguen socavando, es decir se sigue disminuyendo los presupuestos de educación para disque dárselos a seguridad, además existen medidas fiscales que impiden la inversión en los servicios del Estado y con ese discurso oficial lo que va a contribuir es aumentar las tendencias autoritarias, socavar el apoyo a la institucionalidad democrática y, en consecuencia, exacerbar la violencia en sus diferentes espectros” afirmó Chinchilla.

En su opinión, el país debe atacar esta problemática desde sus causas, con un plan nacional integral que logre fortalecer la educación, crear empleo, atraer inversión extranjera, en el cual se robustezca a las instituciones, y se capacite a las personas a cargo del tema judicial, pero sobre todo en donde se ofrezcan oportunidades de calidad a las personas de todas las edades en cuanto a trabajo, salud, educación, deporte, cultura y recreación.

Por otra parte, Chinchilla ahondó sobre el tema de las consecuencias del populismo punitivo, ya que, además de no atacar de raíz las causas principales de la violencia social, así como de vulnerabilizar los derechos de protesta social y la libertad de pensamiento y expresión, es un mecanismo que está colapsando la estructura del sistema penal, en materia de recargo de labores de labores para los funcionarios judiciales, hacinamiento en las cárceles, incremento en el tiempo de los procesos de juzgamiento, entre otros.

“Ni el populismo punitivo, ni las manifestaciones de políticas tendientes a afectar el plano meramente normativo, no solo son una lectura superficial, sino que en realidad son una lectura distractora de las verdaderas causas. Es una, por decirlo con una expresión popular, una cortina de humo para distraer  la mirada de las personas hacia el verdadero escenario donde ocurren las cosas que deben atacarse” expresó Chinchilla.

Todos estos desafíos sobre la inseguridad y violencia nacional fueron abordados por la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, en el marco del III Foro Académico Seguridad y Convivencia Democrática, organizado por la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, con el propósito de contribuir en la construcción de una sociedad costarricense más segura y pacífica.

Para ver la exposición completa de la experta puede ingresar al siguiente enlace: https://www.facebook.com/cienciaspoliticasucr

 

Tatiana Carmona Rizo
Periodista de la Oficina de Comunicación Institucional, UCR

El autoritarismo en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

[…] Si el miedo y la destrucción son las principales fuerzas emocionales del fascismo, eros pertenece principalmente a la democracia. (Adorno et al., 2019, p.1228)

Marco Vinicio Fournier
Ponencia presentada en el Congreso Regional de Psicología, 2023

SURCOS publica la ponencia íntegra compartida con nuestro medio por el autor. El aporte del analista es clave en el periodo que vive Costa Rica.

El documento contiene los siguientes capítulos:

I. La personalidad autoritaria

II. Un presidente claramente autoritario

III. Costa Rica es una democracia en problemas

IV. Una nación que se orienta hacia una personalidad autoritaria

V. Un enojo que se generaliza y se politiza

VI. ¿Qué características tienen las personas autoritarias en Costa Rica?

VII. Conclusiones

VIII. Referencias

Descargue el documento aquí, y si le es posible compártalo.

UCR: El autoritarismo atenta contra la resocialización y la dignidad de la población carcelaria

Escrito en . Publicado en Derechos.

Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional y docente de la Facultad de Derecho, tuvo a su cargo la reflexión inicial del ciclo de conferencias Derecho Penitenciario y Teoría de la Sanción Penal que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR

Inauguración del ciclo de conferencias Derecho Penitenciario y Teoría de la Sanción Penal

En la actividad se presentó la nueva edición de la tesis doctoral de Fernando Cruz Castro, magistrado constitucional

Cada vez que las estadísticas muestran un repunte de la criminalidad, no faltan las voces que se levantan para pedir penas de prisión más altas, la penalización de delitos “menores”, el uso de métodos más agresivos para obtener confesiones (torturas) y el pago de quienes descuentan una pena privativa de libertad mediante trabajos forzados.

Sin embargo, cuando el mundo ha optado por estas “opciones”, lejos de obtener resultados satisfactorios, el problema se torna más complicado porque aumenta la población carcelaria y su permanencia en el sistema penal, lo cual redunda en la sobrepoblación de los centros penitenciarios y, por ende, en el hacinamiento. En esas condiciones, la resocialización del individuo se vuelve, más que difícil, imposible.

De acuerdo con Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional y docente de la Facultad de Derecho, la resocialización de la persona debe ser el objetivo primordial de la pena privativa de libertad y eso solo se puede lograr en un Estado social y democrático de derecho que garantice el respeto por la dignidad individual, que ofrezca opciones de rehabilitación y reinserción social y que, sobre todo, trabaje en la prevención del delito.

Así lo expuso en su tesis doctoral y lo recordó en la inauguración del ciclo de conferencias “Derecho penitenciario y teoría de la sanción penal”, actividad organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica y que está dedicada al mismo Cruz.

“A lo largo de su gran y vasta trayectoria académica y judicial, don Fernando ha demostrado ser un asiduo defensor del Estado social y democrático de derecho. Su convicción sobre este aspecto le ha valido enfrentar las luchas jurídicas más relevantes de los últimos tiempos en nuestro país. Por mencionar algunas de esas luchas, se encuentran la defensa del principio democrático de la división de poderes, la independencia judicial, el estado del sistema penitenciario nacional y la solución de los grandes conflictos sociales que han puesto de manifiesto la agenda política de desmantelamiento de la institucionalidad pública que lamentablemente padecemos hoy. Es de nuestro conocimiento que la defensa de estas convicciones le han valido múltiples ataques y de diversa naturaleza y especialmente ataques que han provenido y siguen proviniendo de quienes deberían ser los guardianes de nuestra democracia.”

Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho

Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, la resocialización es imprescindible y se convierte en una garantía, porque el sistema debe propiciar circunstancias institucionales adecuadas para darle opciones de rehabilitación a la persona. Si bien este principio no se encuentra en la Constitución Política, sí se estipula en el Pacto de San José.

“El crimen es algo normal, es parte de la conducta de los seres humanos. Con la resocialización lo único que queremos es que la persona no cometa más delitos. Lo que no podemos hacer es incursionar en su mente, como si fuera La Naranja Mecánica, para cambiar su conducta, porque el ser humano tiene una dignidad, y la dignidad es un valor fundamental, no es mera ideología”, subrayó Cruz en su intervención.

“Se debe destacar que en sus teorizaciones y estudios más tempranos, como penalista, sobre los fines de la sanción penal y, en específico, en su investigación doctoral sobre el objetivo resocializador de la pena privativa de libertad, también vemos que el trabajo intelectual del profesor Fernando Cruz muestra una absoluta congruencia y una opción preferencial por la defensa del Estado social de derecho, donde se opta por la inclusión económica y social de las mayorías como proyecto a realizar, donde se opta por una mejor distribución de la riqueza como objetivo a cumplir por las instituciones del Estado. El fin primordial de la pena no puede ser otro que lograr la reinserción social de quien ha cometido un delito. No puede ser distinto que reducir las posibilidades de reincidencia y criminalización futuras de las personas condenadas, tal como lo estipula con absoluta claridad el artículo cinco, inciso seis, de la Convención Americana de Derechos Humanos.”

Gustavo Chan Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas

Según el magistrado, de la misma forma que se debe de hablar de un triunfo colectivo cuando un individuo logra alcanzar metas en la vida, la sociedad también debe reconocer su cuota de responsabilidad en los delitos que cometen las personas, porque nadie crece en contextos inocuos. “Entonces, ¿a quién se debe resocializar: al infractor o a la sociedad?”, cuestionó.

Estas y otras muchas reflexiones se encuentran en la tesis doctoral de Fernando Cruz Castro, titulada La resocialización como objetivo primordial de la pena privativa de libertad. Análisis de la legislación costarricense y española y que fue publicada en una nueva edición, gracias al trabajo conjunto del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Derecho y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud).

Foto: Anel Kenjekeeva, UCR

“La grandeza principal de esta obra de don Fernando Cruz es que se centra siempre en esa visión de los derechos fundamentales, del Estado democrático de derecho, del combate, ya desde esa visión que él tenía en ese momento, a esa perspectiva del populismo penal, que quizá no era esa la expresión que se usaba en el momento en el que él publica su obra, pero es una obra que se adelantó en el tiempo y nos hace ver esos peligros que se cernían sobre nuestros países, sobre nuestra región, que hoy se concreta en ese populismo penal, en esa deriva autoritaria que hoy vivimos.”

Douglas Durán Chavarría, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente

El ciclo de conferencias “Derecho penitenciario y teoría de la sanción penal” se desarrolla todos los miércoles, a partir de las 5:00 p. m., en el miniauditorio de la Facultad de Derecho, hasta el 8 de noviembre. Seguidamente, el calendario de las conferencias:

 

Fernando Montero Bolaños

Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

¿La diputada mentirosa, seguidora de Goebbels?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Pilar Cisneros Gallo, diputada oficial del Partido que está gobernando, el Partido Progreso Social Democrático, y activista política de uno de esos otros partidos recién paridos, “Aquí manda Costa Rica”, por la misma argolla oficialista de Zapote, donde se han originado esos partidos para las municipales, se ha declarado públicamente diputada mentirosa. Sin ninguna vergüenza, con altivez, con dignidad y expresivo placer lo manifestó, en una entrevista que le hiciera un periodista en un programa televisivo. En esa posición, defendiendo la tesis de que ella asesoraba en cómo mentir se le sentía cómoda, realizada, profesionalmente habituada en ese arte, ¿o ciencia?, de mentir. Era una expresión sincera de desnudar su conducta, su intimidad de mentirosa, de mostrarse como falsa, en todo o en parte de ella. Ella sabrá cuánto.

Hizo alarde de su patología de mentirosa compulsiva. Dijo claramente que ella aconseja a ministros y otras autoridades institucionales y estatales, seguramente al Presidente también, en cómo mentir; en cómo deben mentir en el cargo de su gestión, partiendo afirmó, de la base enfermiza de su enfermedad patológica, de que “todos mentimos”, aunque sea un poquito.

Mentir como medio, como instrumento de la política, me recordó al gran líder de la imagen pública, del discurso político nazista; de quien actuaba a cargo de los instrumentos estatales de comunicación de la Alemania nazi, a Joseph Goebbels, el gran fiel Ministro de Adolfo Hitler.

¿Será Goebbels su gran Maestro, pensé?, el Jefe y mano derecha de Hitler, como ella es la mano derecha del Presidente Chaves, en sus enseñanzas políticas y propagandísticas.

“Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”, repetía Goebbels. Es el efecto de la ilusión, la esperanza, como verdad. Es el aprovecharse de la debilidad sicológica humana. La repetición de la mentira hace creer que es cierta, aunque no lo sea.

Es el efecto que se ha querido desarrollar con los troles manejados e inducidos desde el Poder Ejecutivo, como se ha tenido por demostrado, ¿o desde la oficina de la diputada mentirosa?; o de fabricación de las llamadas fake news, las noticias falsas; las historias, los artículos engañosos y ataques personales a los opositores políticos, que provocan desinformación en las redes sociales o por medio de ellas, con intensión también de alarmar, escandalizar y manipular la opinión pública y a los ciudadanos.

El objetivo político de esa frase, la de Goebbels, es que la mentira suene como verdadera. Lo más importante de esta filosofía de la mentira es que entre más grande sea la mentira más fácilmente va a ser creíble.

Para Goebbels era más importante una mentira que no pudiera ser desmentida que una verdad que no fuera creída; así como que si no se podía negar una mala noticia, había que inventar otras que la distrajeran. Políticamente había que silenciar las cuestiones en que no se tenían argumentos y disimular las noticias que favorecían a los opositores. Las autoridades de Gobierno, el presidente especialmente en sus mesas de prensa actúa de esta forma.

Finalmente, es el rosario de las mentiras, de modo que cuando se impulsa o se dice una mentira, hay que desarrollar otras para sostener la primera. Esto es lo que enseña, seguramente, en sus asesoramientos la diputada mentirosa. Así, tenemos el gobierno de la mentira y de los mentirosos…

Para Goebbels la centralización de la vida social, cultural, educativa, intelectual, política, institucional, comunicacional debía estar centralizada, como se quiere hacer en Costa Rica, desde el Poder Ejecutivo con el control que se está impulsando comunicacional e institucionalmente.

Para Goebbels había que cargarle a la oposición política, a los adversarios políticos todos los errores, los defectos, las faltas; había que responder los ataques con ataques; había que negar las noticias malas o las noticias críticas con otras inventadas que distrajeran la atención. En las mesas de prensa, de los miércoles, muy caricaturescamente se aprecian estas cosas, con preguntas, claramente dadas a personas del set, para que se las hagan al presidente que ya lleva todos los datos y respuestas de esas preguntas; y… hasta un feliz cumpleaños celebrado le hicieron anunciado ocho días antes de que llegara la fecha… lo más burdo de ese miércoles…

Para Goebbels la propaganda como los mensajes políticos debían ser populares, como “la señora de Purral”, al más bajo nivel intelectual posible para que le llegue al mayor público. “Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar”, afirmaba Goebbels. La idea clave es que la gente sienta que se piensa como todo mundo porque provoca la sensación de una mayor unanimidad.

Para Goebbels la orientación política, la censura de los adversarios, y el discurso de consignas, por la prensa y la radio, en esa época, era la clave del control político. Prensa y radio controladas, como se quiere hacer ahora, colocando a los medios informativos en el paredón económico de la publicidad institucional y estatal, favoreciendo a los medios doblegados y sometidos, urbanos y rurales.

Actos de masas impulsaba Goebbels en apoyo al gobierno nazi. Aquí se están promoviendo, poco a poco, esos actos; en uno de los cuales se llegó a pedir a viva voz, y a gritos, “muerte” para un Magistrado, por una persona aparentemente culta y educada, con conocimiento de la tradición de la abolición de la pena de muerte en el país; y, en otro acto de estas turbas que las movilizan de vez en cuando, se agredió en la gradería de público de la Asamblea Legislativa, al “judío” del Congreso, que paradójicamente es un colaborador político parlamentario del Gobierno y del Presidente.

Si Goebbels era la voz de Alemania, en la época de Hitler; la diputada patológicamente mentirosa es la mejor voz que tiene el Gobierno del Presidente Chaves, la que responde en todos los frentes, la que por sus asesorías y consejos orienta la opinión mentirosa de los ministros.

Igual que Goebbels la diputada mentirosa tiene voz fuerte, es apasionada; su discurso es de campaña electoral victoriosa, de que la victoria todavía está por alcanzarse; siguen en lucha por vencer.

Como Goebbels con Hitler, la diputada asesora en mentiras ha declarado que sobre todo el aparato político parlamentario que ella tiene; ella es absolutamente fiel y está totalmente identificada con el Presidente, y con nadie más. En este sentido no tiene partido ni sigue disciplinas partidarias; lo hace a conciencia. Solo al Presidente le debe su lealtad y su permanencia en la Asamblea Legislativa.

En el ambiente nacional trabajan, quienes están con la política oficial de la mentira, para que se desarrolle una megalomanía, una locura colectiva, una desconfianza generalizada e injustificada hacia las personas, incluso las que rodean al mandatario; y un altísimo poder concentrado en el Presidente. Las casi 40 destituciones que se han hecho, o renuncias forzadas, en menos de dos años de gobierno, evidencian la conducción hacia un modelo dictatorial autoritario de gobernabilidad ejecutiva. Para esto se necesitan esas mentiras políticas.

El megalómano presidente vive atemorizado de sus opositores, incluso de los opositores fantasmas como los “comunistas” que constantemente cita, y que no tienen diputados y casi ni existen, Vanguardia Popular, como partido político, auto inventándose un intento revolucionario por desplazarlo del poder o de acabar con la democracia.

Incluso, una de sus chachalacas, recordó, atacando personas, el ambiente de la guerra fría anticomunista, olvidando que él mismo era parte de esa militancia comunista, vanguardista o izquierdista de los años 70s. El tiempo es grandioso, sobre todo cuando se pierde la memoria…por los tiempos y años idos. Pero no olvidemos a Goebbels…

Todos los partidos políticos que participan en procesos electorales están obligados a hacer una declaración pública, programática y estatutaria, de que defenderán y consolidarán el régimen constitucional democrático que vivimos. Los partidos estigmatizados de izquierda, con diputados actuales, han jurado defender el régimen constitucional democrático nacional. Hasta ahora no conocemos nada que hayan propuesto en oposición a este sistema.

Para Goebbels la sociedad había perdido sus valores y carecía de liderazgos. El Presidente Chaves dice constantemente que en el país no hay falta de gobernabilidad, como afirmaban los anteriores presidentes; que lo que ha faltado es gobernante y qué él es el Gobernante que el país necesita; y que está para gobernar y ejercer el Gobierno, contra viento y marea…comprándose broncas. Sus discursos descansan en la idea, que el mismo presidente Chaves dice, de que él es el Salvador del desastre del país que heredó.

Si los nazis le echaban la culpa a los judíos de la situación de Alemania, por lo que había que “vengarse de la judería internacional”, por el control político que también les atribuía; el Presidente Chaves no deja de echarle la culpa de todos los males del país a quienes han gobernado antes que él, a los Presidentes y a los partidos políticos que han gobernado; por eso también hay que exterminarlos y acabarlos.

Para Goebbels había que enfrentar todos los males, aunque fueran simples. Para la asesora en mentiras, es igual; respuestas claras, inmediatas, eficaces, contundentes.

El punto para los ciudadanos es hacerse ciego ante esta situación…el chavismo exacerbado, y el deschave nacional, hasta el límite como se impulsa; la liquidación de todas las fuerzas opositoras, especialmente parlamentarias, como las de los partidos Liberación Nacional y el Frente Amplio. La liquidación de estos partidos, como lo quiere hacer el gobierno, conduce inevitablemente a la liquidación de la democracia nacional hoy. Los otros partidos parlamentarios lamentablemente están de furgón de cola del gobierno, pero van a salir también afectados.

Las figuras del Presidente Chaves y la de su principal asesora, la mentirosa diputada, son claves para entender la vida política nacional hoy.

Queda claro, muy claro, que la Diputada mitómana, mentirosa, asesora del Consejo de Gobierno, de los ministros y otras autoridades estatales e institucionales, les enseña a mentir; que a los costarricenses, a los ciudadanos, nos están mintiendo oficialmente; que el resentimiento social que ha existido y también se ha estimulado contra la Política en general, contra los políticos y contra los partidos políticos, en cierta forma contra la Democracia como sistema político se sigue atizando.

De seguir por este camino, el berrinche social, el enojo social, el rechazo social político que se pueda provocar nadie lo va a controlar.

En estos tiempos, los caminos autoritarios y populistas son los más peligros de recorrer para los costarricenses, si queremos conservar y desarrollar progresivamente la democracia nacional hasta hoy lograda.

La tragedia en “el país más feliz del mundo”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

“La mentira es reaccionaria; la verdad es revolucionaria”; Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

Rafael Ángel Ugalde Q.
(Periodista, abogado y notario por la U.C.R).

La Costa Rica mayoritaria, la que desde hace cuatro décadas soporta privatizaciones, corrupción sin precedentes en las altas esferas, tráfico de influencias increíbles y “ajustes fiscales” a diestra y siniestra, en espera del “desarrollo” y el añorado derrame de riqueza para mojar los de abajo, sigue a la espera de un “proyecto país” por parte del movimiento popular que de otro aire a la democracia representativa e incluya a campesinos, obreros, estudiantes, amas de casa, intelectuales y profesionales etc. con otra visión de la dignidad y la justicia social; mientras la oligarquía local aspira jugar en las “grandes ligas” al estilo Singapur, entregándose al capital transnacional y fortaleciendo su bien disimulado autoritarismo, frente a una alta y media burguesía asustadiza por una eventual disminución de sus privilegios.

Cuando a mediados del mes de julio de 2023 el presidente Rodrigo Chaves proclamó en Europa una Costa Rica para el mundo y el mundo para Costa Rica no estaba otra cosa que anunciando un cambio de paradigmas por el pequeño grupo gobernante en el país desde hace más de 200 años. Esto explica, por ejemplo, que el Ministerio de Salud sacara de los etiquetados advertencias sobre cantidad de grasas, calorías y sodio (La Nación 2/8/2023); en obvio beneficio para las grandes compañías de gaseosas y vendedoras de “comida chatarra”, relacionadas con la diabetes, obesidad y problemas cardíacos. O que el Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, planteara en junio pasado la posibilidad de hacer exploraciones en busca de gas natural en nuestro territorio..

Una de las mayores prioridades que tenemos en el sector de comercio exterior es la generación de empleo y desarrollo económico a todas las regiones de Costa Rica – justificó en Bélgica recientemente el ministro de Comercio Exterior y presidente de la Junta Directiva de PROCOMER, Manuel Tovar- especialmente en aquellos lugares a fuera de la Gran Área Metropolitana. Por esta razón, buscamos oportunidades en mercados europeos como Bélgica, donde empresas de diversos sectores han mostrado interés en nuestro país, aseguró. (Ver . (La República 12 de julio 2023).

Las empresas europeas pertenecen a sectores como ciencias de la vida, manufactura avanzada, tecnologías digitales, procesos empresariales, industrias creativas, proyectos agrícolas y agroindustria, biomateriales, manufactura liviana, alimentos procesados, logística, infraestructura, servicios de salud, industria cinematográfica, farma y biofarma, añadió la fuente.

Con antelación, el gobierno rompió con una serie de estructuras paraestatales que crecieron al calor de los negocios con el Estado costarricense, controladas desde su inició por dirigentes de dos de los partidos políticos tradicionales e indiscutibles representantes de la alta clase social. Sin duda, sin el apoyo de estos lideres de la burguesía local el esquema de “desarrollo” vigente desde los años ochenta, hubiera sido imposible desplegarlo en el campo de la educación, las privatizaciones, promoción de las inversiones, ni la destrucción del agro, la renuncia a la soberanía alimentaria etc.

Es obvio que estos “desencuentros” ocasionales entre la clase surgida con el joven Estado inaugurado tras la guerra de 1948, con la oligarquía acostumbrada a vivir sin sobresaltos en estos último 75 años, tendrían en algún momentos que tensarse frente a la voltereta dada por las finanzas y los mercados en el mundo, junto a un globalismo que pareciera cederá terreno frente al surgimiento de poderosos bloques de poder económico, la aparición con fuerza de los llamados Brics y un esclavizante dólar amenazado como moneda universal de intercambio.

En estas circunstancias pareciera que el punto de inflexión entre el “gobierno de unos pocos” con las clases sociales de banqueros, propietarios de inmuebles y enormes negocios, es “aliviada” por un nefasto recurso llamado “politiquería”, entendida ésta como medio para apagar el interés del ciudadano común por la cosa pública y contraria a la politización del elector. Enseñar a pensar a la gente es peligrosísimo. Es entonces cuando surgen en la Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo y otras instancias, verdaderas joyas del fascismo moderno costarricense como eso “es comunismo”, “quieren ustedes que nos parezcamos a la Venezuela de Maduro”, “la dictadura orteguista no merece respeto”, “el régimen cubano tiene miles de ciudadanos en las cárceles” o carteles comunales con “llegó la hora de la limpieza social”.

De esta manera, el reclamo de miles de costarricenses por un salario digno, un empleo de calidad, el auxilio estatal para conseguir una vivienda, una atención pronta y de calidad en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), así como educación como derecho y no negocio de unos pocos, son linchados por la matriz mediática, cuando les va bien, porque en la mayoría de los casos, son invisibilizados ya saben por quienes.

El mandatario Rodrigo Chaves y el presidente de la Asamblea Legislativa buscan puntos de coincidencia (foto Semanario Universidad).

No importa que como país tengamos el “honor” de estar en el top de las 10 naciones con más desigualdad social en el mundo, junto con Sudáfrica, Haití, Honduras, Colombia, Brasil, Panamá, Chile, Ruanda y México.

De hecho, el presidente Chaves, para “desactivar” reclamos populares, ha recurrido al menos dos veces en la conferencia de prensa de los miércoles a criticado las posiciones, según él, de “comunistas” o “socialistas”; mientras las ideas del gobernante relacionadas con los altos costos de los medicamentos, el arroz o, lo que él llama excesiva tramitología, de inmediato sus adversarios en la Asamblea Legislativa o algunas organizaciones sociales se descalifican diciendo que es “populismo”.

Así, el enfrentamiento entre Chaves y el periódico Crhoy, medio propiedad del banquero Leonel Baruch, cuyo banco financió a la mayoría de los partidos con representación en la Asamblea Legislativa, así como con el diario La Nación, explica en parte, estos juegos de poder en las más altas esferas de nuestra democracia, llámense “defensa de la libertad de prensa”, “confrontación” o preocupación por los derechos humanos, etc.

Subyace, por tanto, en todo lo anterior, una especie de reacomodo entre nuestras clases tradicionales, ante la nueva realidad del fin del globalismo, como se dijo, y la aparición de cambios sustanciales ocurridos en la región desde México hasta la Argentina, tomados por unos con la madurez y seriedad política del caso y, por otros, colocándose dentro de la nueva “guerra fría “y su consecuente politiquería que, lejos de educar, nos programan para que sigamos sumisos y desarticulados.

EL DIABLO LOS JUNTA.

Según la firma de inteligencia y análisis Wealth-X el país “más feliz del mundo” tiene 85 millonarios, que en total acumulan una fortuna de $12 billones. Sí bien ese número significa poco en relación con los otros millonarios que viven en México, Colombia o Argentina, la llamada “Suiza Centroamericana “alberga tres de los diez millonarios más poderosos del istmo: Rodolfo Jiménez Borbón, Carlos Cerdas Araya y Steve Aronson.

Por otra parte, el Diario La República, situó a dos más de estos diez millonarios de la región en nuestro país, se trata de Francis Durman, gerente de Operaciones de Grupo Montecristo, y Luis Javier Castro, socio director de Grupo Mesoamérica, según la revista Forbes. La fortuna de Durman se estima en $400 millones, mientras que la de Castro no fue revelada por el medio de comunicación; lo que significaría el 50% de estos 10 afortunados en nuestro suelo.

“Investigadores económicos y sociales proponen diseñar un aporte solidario con sus ingresos y patrimonios. Un cálculo del economista Lorenzo Ramírez (Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica) propone que con “un impuesto al 1% del patrimonio de FIFCO, Grupo Nación y Grupo Britt, sería posible financiar alrededor de 76.000 ‘ayudas’ del Plan Proteger de ¢62.500”, precisó la fuente indicada en ocasión de la pandemia por Covid 19.

En Centroamérica entre todos los millonarios se acumula una fortuna de $ 2.185 billones, siendo Guatemala el que encabeza la lista con 235,Honduras con 205,Nicaragua con 190, El Salvador con 145, Panamá con 105 y por último nuestro país con 85 millonarios. (Wealth-X y nación.com).

En cuanto al buen ambiente que registra el país para la clase exportadora e importadora, tenemos, según las Estadísticas de Comercio Exterior 2021, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos el 25 de noviembre de 2022, para 2021 una balanza comercial deficitaria de 6 541 millones de dólares, motivado principalmente por un mayor valor de importación desde las regiones de América y Asia. Ambos flujos comerciales obtuvieron variaciones porcentuales anuales positivas en el 2021 y en comparación con el 2020; el valor de las exportaciones aumentó en un 26,25 %; por su parte, el valor de las importaciones, creció en un 41,59 %.Los productos de exportación más significativos de Costa Rica en el 2021 fueron los instrumentos de la industria médica, las frutas frescas comestibles y los artículos y aparatos de ortopedia. Para las importaciones sobresalieron los combustibles, los circuitos electrónicos, los contenedores y los medicamentos.

En contraste, citando la emisora CRC89.1, el 13 de octubre de 2022, se derogaron decretos de 2019 y 2020 que autorizaban aumentos salariales para el sector público. En cuanto a los salarios para el sector privados las distintas centrales sindicales sostienen que condenan al hambre a millones de ticos, porque son insuficientes para el pago de alquiler de casa, pasajes, servicios y alimentación.

Para 2018, según el Semanario Universidad Costa Rica estaba entre los 10 países con mayor desigualdad social en el mundo. En primer lugar, está Sudáfrica, siguen Haití y Honduras. Después están Colombia, Brasil, Panamá, Chile, Ruanda, Costa Rica y México. Según la fuente citada sobre la desigualdad social, hay varios factores que inciden como el nivel de desempleo que pasó de un 9.1% a 10.3% entre el primer trimestre del 2017 y el 2018, así como que el nivel de subempleo femenino que aumentó un 1.7% con respecto al mismo período del año anterior. Otro elemento relevante, según la fuente, es el nivel de pobreza mantenido en los últimos 20 años prácticamente con poca disminución.

Como si fuera poco lo anterior, el presupuesto nacional como la mayor herramienta en la lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad enfrenta una tendencia a la reducción, al punto de que, según el último dato de presupuestario, representaría una reducción en términos reales de una tercera parte desde el 2018. Así, el contenido financiero para el 2023 del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), consignó el semanario citado, sería de ₡471.561 millones. Esto representaría una reducción nominal de ₡138.635 millones con el presupuesto de ₡610.196 millones de 2018, un 22% en términos nominales.

El Fascismo tico levanta la mano en la zona Atlántica (foto Carlos Campos Rojas, Revista SURCOS).

Desde la perspectiva de los trabajadores, la coyuntura actual nos dice que ya no basta que el movimiento popular se auto declare la cabeza en la defensa de los intereses de campesinos, obreros, amas de casa, intelectuales, estudiantes o profesionales, entre otros, sino que ese privilegio ante las mayorías se gana articulándolo para profundizar la democracia con verdadera participación, abriendo el camino de poder revocar a quienes se nombre y resulten corruptos o incumplan sus deberes, bregar por tierras para quienes quieren trabajarla, no haya un joven en edad universitaria expulsado de la educación, con la excusa de mecanismos lejos de medir la inteligencia etc, más allá de exabruptos lanzados por las “benditas redes sociales” por diversos grupos de sobrevivientes de 40 años de vendaval neoliberal.

Olger Sánchez, auditor interno de la CCSS acaba de decir en una Comisión Legislativa que hay 875 mil personas esperando una cita en el Seguro y que las deudas del Estado con la institución son de más de tres billones de colones (Telenoticias 28/ 7 /2023).

Sin embargo, en aras de la verdad, hay que situar el origen de la crisis financiera en la Caja, los maquillajes contables, su saqueo sufrido desde distintos frentes y la incertidumbre por el futuro de las pensione, en 1973 cuando empezó desvirtuándose la seguridad social y el 24 de setiembre de ese año reformaron el artículo 2 de la ley 5349.

Para dar una idea del asunto el artículo 2 de la ley citada está referido a la Universalización del Seguro de Enfermedad Y Maternidad, quedando así: “Los traspasos a que se refiere el artículo anterior, se harán a título gratuito en la forma y condiciones que convenga la Caja y la entidad correspondiente, conforme lo permita el proceso de universalización de los seguros sociales. En esos casos la Caja deberá prestar asistencia médico-hospitalaria a la población no asegurada incapaz de sufragar los gastos de sus servicios médicos y para atender tales obligaciones se dotará a la Caja de las rentas específicas necesarias. Conforme a las disposiciones del párrafo tercero del artículo73 de la Constitución Política, la Caja no podrá en ejecución de esta Ley, contraer obligaciones que impliquen transferencias o empleo de los fondos y reservas de los seguros sociales en finalidades distintas a las propias de su creación.».

La atención médica privada gana terreno en el país, mientras en el Seguro Social indigna el trato dado a quienes buscan salud (Foto Semanario Universidad).

Este acto de politiquería significó trasladar a la Caja competencias exclusivas del Ministerio de Salud, con los consecuentes efectos en la prestación de sus servicios, sus finanzas y el futuro de las pensiones hasta nuestros días, cuando en la querida institución pusieron verdaderos “expertos” en maquillajes financieros para ocultar las deudas acumuladas por todos los gobiernos de años anteriores..(Sobre el tema ver en el Semanario Universidad: “Así perdimos la Caja,” 26 de junio 2018 y “ Hablemos de IVM.. Parte II”, en SURCOS, 9 de setiembre de 2020). Es entendible que sindicatos, políticos y asegurados prefieran olvidar el origen del desfinanciamiento doloso de la Caja, cuya crisis nos estalló en la cara, no aparecen los partidos responsables y ocho de los principales hospitales privados están listo para apoyar la tercerización de servicios de la CCSS, como la salida más fácil, aunque espeluznante para las futuras generaciones. ¡El pueblo que olvidan de dónde viene no sabrá para dónde va!; y a eso nos han acostumbrado.

Un viejo amigo de la Universidad el pasado fin de semana puso en duda que a estas alturas del proyecto en que nos metieron todos los partidos políticos, con honrosas excepciones, quieran ya vender las pocas instituciones que quedan en pie. Ojo con la Caja, el Banco de Costa Rica, los Parques y las pocas playas públicas etc.: “Lo que quieren ahora es comprarlas a precios irrisorios, y luego, llevarlas a sus puestos de bolsa y de las transnacionales, vendiéndolas al precio que verdaderamente valen y que costó sudor a todos los costarricense”.

¡Pareciera que la historia ciertamente cuando viene por segunda vez supera la tragedia y se presenta como farsa!

Así no presidente Chaves

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa.

Manifiesto liminar, 21 de junio de 1918.

En los anales de la historia reciente de las universidades costarricenses, desde la fundación de la Universidad de Costa Rica, que abrió sus puertas oficialmente el 7 de marzo de 1941, son una minoría los mandatarios que se han dirigido a los estudiantes universitarios y a las máximas autoridades con la chabacanería, la altanería, la prepotencia y el autoritarismo con que lo viene haciendo el actual presidente de la República, Rodrigo Chaves.

En el año de 1970, en el mes de abril, todavía bajo la presidencia de José Joaquín Trejos, se reprimió a los estudiantes universitarios que se manifestaron contra el contrato de ALCOA; además, muchos fueron encarcelados. Más recientemente, en la presidencia de Miguel Ángel Rodríguez, se intentó acallar la protesta estudiantil contra el llamado “Combo del ICE”.

En otra ocasión, el presidente José Figueres, en su último mandato, se había propasado, es cierto, propinándole una cachetada al estudiante Pablo Azofeifa, hijo del poeta y erudito don Isaac Felipe Azofeifa, considerando que el joven estudiante le había faltado el respeto. El presidente Figueres inmediatamente, convocó a don Isaac Felipe a casa presidencial, por quien sentía estima personal, a modo de disculpa. A mi modo de ver le faltó disculparse con el estudiante abofeteado.

En ninguna ocasión, en la que representantes de los poderes públicos han atropellado la dignidad del movimiento estudiantil, su derecho a expresarse, la majestad de las instituciones públicas de educación superior, o la autonomía universitaria y su integridad democrática, han concluido bien. ALCOA terminó siendo un fraude, puesto que la “Aluminium Company of America”, abjuró del contrato que había sido aprobado en la Asamblea Legislativa y se marchó del país con más pena que gloria. El proyecto de ley número 13.873 denominado “Combo del ICE”, debió ser retirado por el poder ejecutivo de la corriente legislativa, y en su lugar tuvo a bien abrir un espacio de interlocución entre los sectores populares y el movimiento de los estudiantes con la clase gobernante. El proyecto de ley que procuraba la apertura del ICE de par en par, favorecido por las corrientes neoliberales, fue detenido “in situ”.

Don Pepe, con la cachetada al estudiante, propició más bien el afianzamiento de la independencia del movimiento estudiantil y de la institucionalidad universitaria, así como el derecho a dialogar con los representantes de los poderes públicos, tal como lo manda la Constitución desde 1949.

Ahora, el presidente Chaves pretende desoír la historia. Con más sorna que prudencia, con más prepotencia y autoritarismo que amor al diálogo, con más altanería que humildad, pretende reeditar un camino que muy pocos gobernantes han osado recorrer y a los que recurrentemente la historia, tanto nuestra historia nacional como la latinoamericana y sus hechos, les han dicho que “Así no es…”, ni por la forma, ni por el fondo. Quien ha osado seguir ese camino invariablemente ha errado. “Así no presidente Chaves”.

En lo concerniente a la historia latinoamericana, ella también ha sido conteste y auspiciosa en ejemplos que no han hecho sino afianzar, si bien con dolores de parto el progreso humano. El más representativo de estos ejemplos es de seguro, el que se produjo en Córdoba, Argentina, entre los meses de marzo y octubre de 1918, más precisamente en la simbólica fecha del 15 de junio de 1918: me refiero claro está al “Manifiesto liminar de Córdoba”, de la Federación Universitaria de Córdoba, que fuera redactado por el inextinguible estudiante de derecho, Deodoro Roca, también conocido más recientemente como ”El revolucionario del otro Cordobazo”; ya que el “primer Cordobazo” fue la insurrección popular obrera, ocurrida también en Córdoba, Argentina entre el 29 y 30 de mayo de 1969, contra la dictadura de Onganía, por haber impuesto un congelamiento de salarios.

Roca redactó indisolublemente el “Manifiesto Liminar” sellando el destino de la universidad latinoamericana con el de los trabajadores del campo y la ciudad, los sempiternos postergados de todos los gobiernos conservadores y de derechas; la argamasa precisamente de ambas columnas vertebrales, la de los obreros y campesinos de una parte y la del movimiento estudiantil por la otra, nos la dio el dirigente estudiantil en la siguiente frase que hemos entresacado de entre todas las maravillas escritas por Roca: “Volvemos hacia la contemplación de la propia tierra, y hacia la de nuestros hermanos: ‘adentrarnos’ en nosotros mismos y encontrar los hilos que nos atan a nuestro universo en las fuerzas que nos circundan y que nos llevan a amar a nuestro hermano, a labrar nuestro campo, a cuidar nuestro huerto, a dar de nosotros todo lo que los demás piden…” (Cfr. Roca D, “La Nueva Generación Americana” -Discurso pronunciado en la clausura del primer Congreso de la FUA en Córdoba, el 31 de julio de 1918-, en “El Drama Social de la Universidad”.pag.25).

Hombres y mujeres latinoamericanos de la estirpe de Deodoro Roca, sentaron las bases de la reforma universitaria, que aún se encuentran vigentes. Todos principios imprescriptibles. Estas fueron: la autonomía universitaria; el cogobierno entre estudiantes y profesores, por medio del que se le otorgó para siempre en el gobierno de la universidad pública latinoamericana, un porcentaje significativo de poder en la toma de las decisiones a la representación estudiantil; la extensión universitaria; la periodicidad de las cátedras y los concursos de oposición. En pocas palabras se trató de luchar por una mejor educación para todos. Este fue un movimiento nacido justamente contra las prácticas autoritarias y dogmáticas, tanto por parte de quienes dirigían las universidades, como frente a la intromisión de la política dentro de las instituciones de educación superior.

Por todo lo expresado, cuando un presidente como Rodrigo Chaves, se lanza una y otra vez, obcecadamente contra las autoridades de las cinco universidades públicas, y en pos de vilipendiar a los dirigentes estudiantiles con irrepetibles e insensatas palabras, no hace más que hundirse en el fangal de todo lo mediocre y atrasado que hayan tenido las élites gobernantes costarricenses y latinoamericanas. Chaves es incapaz de darse cuenta de que ahí tiene todo el terreno para dialogar, y encontrar respuestas ante las diferencias de criterio, en lugar de anquilosarse en su propio desatino. Pero, el mandatario se muestra indolente para reconocer a su real y auténtico interlocutor, a través del cual se puede inducir una reforma verdaderamente democrática, precisamente con los sujetos de las universidades públicas. En su lugar, deplorando a los estudiantes de estos centros de enseñanza prefiere allanar el camino a la contrarreforma cultural y educativa que solamente dará pábulo, alimento, a las élites privatizadoras y autoritarias. Más fácil, pensará con mediocridad chaves, es gobernar sin movimiento estudiantil en los centros públicos de educación superior y sin autoridades críticas y pensantes. “Así no presidente Chaves”. Allá usted con su destino, si continúa jugando a perder.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Bukele y las maras en El Salvador

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

(Segunda parte).

Como se desprende del ensayo escrito la semana anterior, las maras salvadoreñas surgieron como organizaciones para delinquir desde su origen en Los Estados Unidos. Pero, eso sí, agremiados frente a sus poderosos agresores, de origen mexicano y afrodescendientes principalmente, que los discriminaron desde el día uno, porque los consideraban competidores “desleales” por la obtención de los empleos que se ofrecían a la mano de obra más barata, la de los inmigrantes “ilegales”, fincados originariamente en Los Ángeles y San Francisco, en el Estado de California.

En el fondo se trataba de una lucha por la subsistencia que, incitó a los inmigrantes ilegales, una vez más, en este mundo descarnado a un enfrentamiento entre los desdichados de siempre, desprovistos de todos los bienes de fortuna; una lucha entre los que se encuentran “en el fondo del saco”. Así es, suena horrible, pero es la verdad, en lugar de unirse frente a sus verdaderos explotadores y extorsionadores de siempre, que les pagaban -y les pagan todavía- paupérrimos salarios (si merecen llamarse así), se precipitaron a esquilmarse entre ellos en una vorágine de destrucción y muerte.

Entrada la década de los años ochenta, debieron regresar a sus países de origen, especialmente se dirigieron a los tres países del triángulo norte del Istmo (Guatemala, El Salvador y Honduras), derivado de su expulsión de los Estados Unidos. En el Salvador y en los otros dos países se radicalizó su comportamiento delincuencial, ya fuera ligándose al narcotráfico, mediante actividades terroristas que atemorizaron a la población en general, el robo y la extorsión para obtener recursos económicos, así como el blanqueo de dinero, amén de cultivar el proxenetismo, el secuestro y el tráfico de armas.

Estrictamente hablando, fueron treinta largos años que actuaron las maras, sin que los respectivos gobiernos los hubiesen logrado controlar.

Concretamente El Salvador se convirtió, de acuerdo con la información policial, en el país con más homicidios per cápita del mundo, evidentemente una estadística nada envidiable en ninguna parte.

Por fin, se le atribuye al gobierno de Nayib Bukele, que inicia sus labores el 1 de junio del 2019, haber desarticulado radicalmente a las maras en El Salvador, mediante un plan denominado “Control Territorial”; un año después, en el 2020 había disminuido la alta tasa de criminalidad de homicidios intencionales, en un 51.3%. La actividad gubernamental no escatimó ningún recurso logístico militar, ni económico; ya fuera legal o ilegal para movilizar al ejército y la policía con el objeto de diezmar a las pandillas. (Cfr. “ONU pide a El Salvador investigar presuntas violaciones de derechos humanos”. Deutsche Welle. 21 de abril del 2020. Véase, además González, Marcos. -1 de junio del 2020- “Un año de Gobierno de Bukele en El Salvador: el contraste entre el aplastante apoyo que mantiene en el país y las acusaciones de abuso de poder en su contra”. BBC, News Mundo.)

Consecuentemente, los procedimientos empleados por el gobierno de Bukele para enfrentar a las maras por medio del ejército fueron, en muchas ocasiones, igualmente violentos e ilegales que los que habían utilizado las pandillas de delincuentes mareros. Aún más, investigaciones periodísticas señalaron que hubo hasta negociaciones en la penumbra, entre funcionarios gubernamentales y secciones de las tres principales organizaciones de mareros en El Salvador para lograr plasmar los objetivos gubernamentales. (Cfr. Rentería, Nelson. “El Salvador murder rate plummets; study says gangs may have informal pact with government.” Reuter, 8 de Julio del 2020. Véase también “Salvador, le président Bukele aurait -aussi- négocié avec les gangs” Courrier International -en francés- 8 de setiembre del 2020. Citado en el sitio web: es.wikipedia.org/wiki/Nayib_Bukele#cite_note-courrier-18).

Todavía en marzo del 2022, a petición del Poder Ejecutivo salvadoreño, la Asamblea Legislativa, ya por entonces controlada por Bukele, declaró el “régimen de excepción” en el país, porque la ola de homicidios, después de haber descendido como quedó mencionado, se reactivó. (Cfr. “Bukele sanciona régimen de excepción que entra en vigor el mismo día.” Diario El Mundo, 27 de marzo del 2022. Cuando el “régimen de excepción” cumplió 445 días, el 14 de junio del 2023, se decretó una ampliación del mencionado decreto.)

Organizaciones de Derechos Humanos nacionales y extranjeras, denunciaron violaciones de estos derechos cometidos por las fuerzas represivas del Estado contra delincuentes, por la forma arbitraria como fueron aprehendidos y encarcelados o asesinados, frecuentemente al margen de la ley; pero también porque en las redadas que se llevaron a cabo en las comunidades, fueron cruelmente maltratados y asesinados también individuos que, o no tenían vinculación alguna con las “maras”, o eran personas que habían sido incorporadas a ellas mediante la extorsión por las organizaciones de mareros. Muchas de estas personas inocentes sobrevivientes, todavía se encuentran pagando por delitos que no cometieron, junto a los delincuentes. Por asimilación con el procedimiento de la “pesca de arrastre”, que recoge del fondo marino todo lo que aparezca, sea o no el objetivo de la pesca, y que provoca una salvaje destrucción de los ecosistemas, es posible llamar a estas redadas del ejército y la policía en las comunidades salvadoreñas como “de arrastre”, porque allí se aprehende a todo aquel ser humano que se encuentre presente, pertenezca o no a la organización delincuencial objeto de la arremetida del ejército y de la policía.

El gobierno de Bukele, por el hecho de haber reducido (o hecho desaparecer) a las maras en El Salvador, cuenta con gran prestigio entre la población en general, ya que, esta se ha visto liberada de la amenaza de asesinato, secuestro o extorsión constante que los delincuentes creaban en el país. Sin embargo, la controversia no desaparece por eso. En primer lugar, las causas que provocaron la emigración de salvadoreños hacia los Estados Unidos, la pobreza y pobreza extrema, el hambre que los afligía y agobiaba, siguen estando presentes. Bukele y su gobierno han logrado prácticamente hacer desaparecer a las “maras”, pero, insisto, no las causas que originaron su emergencia. Por lo tanto, el riesgo de que un fenómeno tan pernicioso y que ha provocado tanto desastre y dolor se repita, está latente. En segundo lugar, hay un debate, que está instalado en las comunidades salvadoreñas, en la sociedad civil, entre las organizaciones de derechos humanos, tanto dentro del país como en el extranjero, sobre la validez de muchos de los procedimientos empleados para repeler la delincuencia. Como se ha venido señalando, la embestida del ejército no solo tuvo que ver con la población delincuencial y el lumpen que circundaba a las “maras”, sino que, alcanzó a muchos que se vieron obligados por extorsión a incorporarse a ellas; así como a otros inocentes, cuyo único vínculo con las organizaciones de delincuentes era el haber tenido un padre, una madre, un hijo o una hija, un hermano, un pariente en las organizaciones de delincuentes, o simplemente una amistad, o alguna persona conocida. Sin embargo, estos últimos, libres de toda culpa, sin haber sido juzgados siquiera, ahí se encuentran encarcelados y maltrechos siguiendo semejante destino que aquellos que incurrieron en graves delitos, a los que así se les trata, de la peor manera.

Bukele carece de un verdadero proyecto político; inició sus pasos en la política en el seno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), organización de izquierda a la que representó en dos oportunidades: una vez en calidad de alcalde en el municipio de Nuevo Cuscatlán, desde el 1 de mayo del 2012, al 30 de abril del 2015; la segunda cuando fue electo alcalde de San Salvador del 1 de mayo del 2015, al 30 de abril del 2018. Estaba tan identificado en ese momento con el FMLN, que llegó a expresar en una oportunidad inclusive lo siguiente: “Soy de izquierda radical”. En la misma entrevista declaró que tenía 12 años de trabajar en publicidad para el FMLN. El entrevistador le pregunta “¿Y por qué ingresó al FMLN?” A lo que Bukele responde: “Es que soy de izquierda; toda la vida he sido de izquierda y mi pensamiento es de izquierda y no veía otra opción más que el FMLN…” (Cfr. Dalton, JJ. 3 de setiembre del 2012. “Nayib Bukele, soy de izquierda radical.” https://web.archive.org/web/20121011085434/http://www.contrapunto.com.sv/partidos/nayib-bukele-soy-de-izquierda-radical).

A los pocos años de estas declaraciones, entra en severas discrepancias con la organización a la que tan fielmente decía representar, por lo que fue expulsado del FMLN. (Cfr. Laguan, Jonathan. -10 de octubre de 2017-. “Nayib Bukele, expulsado del FMLN por estas razones”. La Prensa Gráfica.) Después de su salida del FMLN forja su propia organización, y hasta se inscribe a participar en las elecciones para aspirar a la presidencia de la República, primero por un partido de centro izquierda denominado Cambio Democrático, el cual fue proscrito por el Tribunal Supremo de Elecciones. (Cfr. Morales, Napoleón. -28 de julio, 2018- “Así explica Bukele a CNN su paso por 4 partidos políticos”. La Página). Frente a este hecho, finalmente se inscribe con un partido de centro derecha, conocido en El Salvador como GANA, con el cual resulta electo a la presidencia de La República, por una mayoría absoluta de los votantes, en la primera ronda electoral. (El porcentaje de su elección fue del 53.10% de los votantes. Véase al efecto: “Elección presidencial 2019: Total nacional”. San Salvador, Tribunal Supremo Electoral.) En subsiguientes entrevistas ha declarado que no cree en ideologías y que él es un político pragmático. En la mayor parte de los estudios académicos que se han realizado, y en algunos medios de prensa se le cataloga ahora como un político autoritario y “populista”, de “centro derecha”. (Cfr. “Con un Congreso aliado, Bukele gobernará sin obstáculos en El Salvador.” France 24 AFP. 30 de abril del 2021).

Después de febrero del 2021, ocasión en la que se celebraron elecciones de medio período para elegir diputados a la Asamblea Legislativa, el partido “Nuevas Ideas” de Bukele, por un diferendo entre el presidente Bukele y el poder judicial, forja una alianza en el Congreso de la República con otras organizaciones de derecha y se destituye a magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, así como al fiscal general. (Cfr. “Crisis brewing as Salvador´s Congress votes out top Judges. Al Jazeera” -en inglés- 2 de mayo del 2021. Archivado desde el original, el 17 de mayo del 2021). De estos acontecimientos, deviene un control férreo de parte de Bukele del Estado salvadoreño, con lo cual se afianza el poder autoritario que ya había comenzado a manifestarse en las acciones acometidas contra las “maras”, tal como quedaron descritas anteriormente. Recientemente, en una interpretación de la Constitución, se aprueba la posibilidad de su reelección como presidente de la República, cargo al que aspira mediante su participación en el proceso electoral que se llevará a cabo en el 2024.

De resultar electo, como todo parece indicar, se habrá consolidado el presidencialismo autoritario y populista que ostenta Nayib Bukele en El Salvador.

La Setena llena de cangrejos «Imagínense…»

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Juan Francisco Campos

Como si este país mantuviera una situación ecológica saludable, digna de la Nación próspera y culta que otrora fue, sin importar la ruina ambiental que ya padecen numerosos ecosistemas y zonas del territorio nacional producto de su explotación simulando una aplicación eficiente de las regulaciones ambientales, ni los desafíos del cambio climático que azotan el Planeta; el 8 de febrero 2023 durante la habitual conferencia de prensa semanal por parte del presidente de la República, a su estilo y léxico especializado anunció la promulgación de un “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” (RECSA)1. Es decir, sencillamente por medio de un pobre acto político, oficialmente se informó que el país tendrá nueva reglamentación al respecto. Para los entendidos en la materia como la comunidad científica y en general para los habitantes de este país, a quienes históricamente les ha distinguido una cultura de conservación y protección de la naturaleza, una vez conocido el documento, este, no es menos que una nueva bofetada de dimensiones incalculables; algo característico de gobiernos autoritarios y desalmados.

Por consiguiente, esos fueron algunos de los primeros hechos específicos, con los cuales, las nuevas autoridades encabezadas por el presidente (economista), el ministro de Ambiente y Energía (economista), ministro de Economía, Industria y Comercio (economista) más otros empleados y fijos acompañantes como la Cámara Costarricense de la Construcción; hicieron pública la derogación del “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental” (EIA) y su Manual de Instrumentos Técnicos. Acerca del cual, una exdirectora de Setena y ex ministra de ambiente y energía lo calificara como “…posiblemente la herramienta técnica, administrativa y legal más fuerte que tiene el estado para hacer cumplir el artículo 50 constitucional”. Pero aun así, la disposición ya está consumada mediante el Decreto Ejecutivo No. 43898, publicado un día después de otro acto político en la sede del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (18/04/2023) con actores de inferior nivel, y donde la exposición de fondo a cargo del máximo jerarca de la Setena, sólo permitió exhibir su deficiente experticia en el tema2; 3. Un aparente desliz, quizás maquillado con la edición de materiales audiovisuales referentes al tema de la nueva reglamentación y luego colgados en los sitios web de Setena y MINAE4,5.

Vale señalar que, de los actos referidos se infiere que una norma consistentemente progresista como es el Reglamento General y su Manual EIA más la experiencia generada durante su vigencia de aproximadamente 20 años, fue sustituida por otra norma de corte regresivo y sustento economicista identificada como RECSA. Además, es deber señalar que, a esta evidente transgresión de la normativa ambiental, desde los gobiernos anteriores de Solís Rivera y Alvarado Quesada, se contribuyó en justificar repetidamente que, las acciones en esta línea, eran y son indispensables para la “reactivación económica del país, aumento de la inversión extranjera y más empleo”. Una típica cruzada en la que sus protagonistas, durante nueve años no han escatimado estratagemas ni recursos para conducir al país a la catástrofe ambiental, cuyos eventos llamados naturales y cada vez más frecuentes, se desarrollan tanto en el campo como en las ciudades y litorales; dejando al descubierto las severas amenazas a nuestra sobrevivencia.

Mientras en este país exista pobreza, desempleo, deficientes servicios públicos y otras necesidades básicas afectando a grandes sectores de la población, y a la vez mucha riqueza concentrada en sectores minoritarios, lo cual visibiliza la enorme desigualdad que nos distingue; es obvio que este indicador no revela paralización del desarrollo nacional, en tanto esa riqueza, aunque mal distribuida, es el producto de la explotación de los recursos naturales de la Nación y que no se ha detenido. Pero, si junto a esta situación, en el ambiente se determinan abundantes impactos negativos de una deficiente gestión del ambiente, frecuentemente determinada por entidades nacionales como la Contraloría General de la República y otras a nivel externo; debemos concluir que no es reactivación económica lo que se requiere, sino, un cambio radical del modelo neoextractivista y reorientación efectiva hacia el desarrollo sostenible. Vale repetir que el neoextractivismo no es compatible con el desarrollo ambientalmente sostenible.

Así mismo, tomemos en cuenta que, la acumulación de impactos ambientales negativos de las actividades humanas de toda dimensión, son parte de los principales contribuyentes a la fuerza destructiva de los eventos naturales extremos. Identificarlos y minimizarlos al desarrollar proyectos, obras o actividades, por ejemplo, en los talleres de mantenimiento vehicular, cuando se adolece del conocimiento técnico parece sencillo y basta con hablar. Pero prevenirlos y controlarlos ambientalmente, es trabajo profesional de personas con idoneidad calificada, honradas y comprometidas con todos; esto es, con la vida presente y venidera. Además, se requiere la inversión apropiada de recursos, sin discriminar elementos indispensables como tiempo y espacio. Nada de esto está explícito en el nuevo reglamento, pero sí la exclusión de esas y más actividades.

De manera que, el sesgado lenguaje economicista, y alegorías descalificadoras (Ej.: “imagínense, Setena en el campo”) contra la institución pública Setena, rectora de la evaluación de impacto ambiental, así como de su principal instrumento para llevar a cabo esa fundamental función; constituye el único sustento hasta ahora conocido para respaldar las acciones ejecutadas. Por lo tanto, no dan margen a la duda de las inconsistencias de forma y fondo con que las autoridades responsables, han llevado el proceso de eliminación de la normativa reglamentaria todavía vigente. Además, su alevosía es ilimitada al calificarla de “innecesaria”, “excesiva”, “onerosa” y de “trabas al crecimiento económico”; en resumen y según su dialecto un “cuello de botella”6. En este orden, puede plantearse que, si Costa Rica como bien sucede, no ha cumplido y menos ahora cumplirá su compromiso con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), sólo faltaría que estas mismas autoridades explícitamente digan que, el Reglamento General de la EIA ha sido el mayor obstáculo. Pues jamás dirán lo que efectivamente representa: el principal instrumento técnico-científico para lograrlo, pero que durante su corta vigencia ellos mismos han impedido la cabal aplicación. Organismos como la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo así lo han planteado al afirmar que, “el principal problema de la legislación ambiental en todos los países de Centroamérica es su poca aplicación y cumplimiento7”. Consecuentemente, aún si lo que interesara al gobierno fuera el desarrollo sostenible, la derogación de este Reglamento es desacertado.

En igual dirección de lo anterior, es observable que, tanto el presidente como los ministros involucrados, no han honrado con eficiencia las obligaciones que les exige la Carta Magna, por ejemplo: lo relacionado con el Artículo 140, inciso 3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento. Y en cuanto a la idoneidad y probidad que, también deben los mandos medios, como el jerarca de la Setena; a pesar de que su currículo8 lo describe con más de veinte años de experiencia y buena lista de títulos, su principal mérito antes de ser elegido secretario de la institución, es la incrustación indefinida en un sólo departamento, desde el cual se desempeñó como “funcionario de especial confianza” de las jefaturas, así como de cierto sector de consultores ambientales y desarrolladores “profesionales” del lobby y las coimas. Su función evaluadora de proyectos, nunca conoció ni conoce en la actualidad acerca del rigor debido con “la ciencia, la técnica y la norma” que repite en su discursiva; elementos indispensables a la hora de analizar los deficientes estudios que, mayoritariamente son presentados ante la Setena en los trámites de la Viabilidad Ambiental. Obviamente no es la excepción, pero por tal desempeño, lo conocen e identifican defensores del ambiente, aunque no con el mismo aprecio que le tributan muchos desarrolladores; entre ellos algunos “cochinillos”.

En la trayectoria profesional del jerarca referido, a quien heredó su puesto la exsecretaria de Setena Cynthia Barzuna durante los últimos meses del gobierno anterior, aplica la metáfora de “las puertas giratorias” y en las titulaciones según currículo no faltan “patitos”. Por eso, nada extraño resulta en su discurso la abundancia de frases y conceptos vagos, así como, la pobre consistencia técnica para justificar las acciones descritas, en las cuales se supone asumió el protagonismo que le corresponde; o también las interpelaciones ante los miles de denuncias y quejas9 de la ciudadanía por daños al ambiente. Respecto a interpelaciones, el caso más reciente en el cual así se le ha observado públicamente, es el de la audiencia10 ante la Comisión de Ambiente legislativa, relacionado con la viabilidad ambiental firmada y defendida por él para un proyecto de incineración de residuos (Exp. Nº D1-0680-2020-SETENA). Claro está que, en ese actuar de aparentes irregularidades, hay tanto “errores involuntarios” como horrores por acción u omisión, para los cuales las promesas de anticorrupción por parte del gobierno no se han cumplido; y menos aún su representada honra la misión, visión y valores que exhiben11.

Además, como un hecho inédito en la audiencia legislativa antes citada, se registra la siguiente afirmación del señor Director General Ulises Álvarez: “Quiero aclarar, la Evaluación de Impacto Ambiental la realiza el equipo consultor, no es la Setena como erróneamente mencionan algunas personas, la hace el consultor o empresa consultora”. Sencillamente, se trata de una autodescalificación para el puesto que desempeña y cualquier otro dentro de la misma entidad rectora de la Evaluación de Impacto Ambiental a nivel nacional, por su confeso desconocimiento en la materia y por ende nula idoneidad. En estos términos, es obvio que las decisiones tomadas en el desempeño de sus funciones, arrastran nulidad debido a su contradicción con la ley (Artículo 17 de Ley Orgánica del Ambiente) y el Artículo 50 de la Constitución Política. No conocemos hasta hoy que, desde ningún poder de la República se haya actuado para corregir con la celeridad que ameritan las graves implicaciones de la situación existente de tal forma rebelada.

Debemos repetir que en el procedimiento seguido para elaborar y promulgar el RECSA, los protagonistas no cumplieron cabalmente con honrar principios elementales como el de participación, transparencia, no regresión y prevalencia de las reglas de la ciencia y la técnica. Aspectos en sumo relevantes que, sí fueron contemplados rigurosamente en el proceso cumplido para la puesta en vigencia del Reglamento General de la EIA y su Manual; basta leer y analizar su contenido integral, así como las actas que lo testimonian. Un ejercicio que, si algún protagonista de buena fe sobre el RECSA lo hubiera hecho, mucho más que derogarlo, se hubiera propuesto lo que de ley corresponde: su mejoramiento real y efectivo en el contexto de la inobjetable realidad que vivimos, y donde los signos presentes no son oráculos sacerdotales.

La cantaleta de “cuellos de botella”, desde el gobierno de Carlos Alvarado adquirió connotación trágica y en gran parte inducida desde la asamblea legislativa, donde varias voces gritaban y exigían al ejecutivo acciones de emergencia; pues según ellos, se perdían elevadas sumas de dinero a consecuencia de montañas de expedientes estancados en la Setena, aparentemente por negligencia de su personal12,13. Esto llevó a que la intervención política de la institución y la presión desde los gremios empresariales, nunca había sido tan fuerte y violatoria de la desconcentración máxima institucional; así lo reconoce la Contraloría General de la República en su más reciente informe. Otro hecho inédito de dicha situación, sucedió al conocerse que, desde otras instancias, en esa escena irrumpieron dos señoras: la primera dama Claudia Dobles y la vice ministra de gestión ambiental María Celeste López. Ambas, la primera indirectamente y la segunda de forma directa contra el Reglamento de EIA y la supuesta presa de miles de expedientes de proyectos en espera de la evaluación; una con sus mandaderos desde la casa de Zapote y la otra desde su instalación en la propia Setena14. No informaron nada sobre el RECSA heredado de la administración anterior, y sin importar variables como la calidad de los estudios, proceso evaluativo, la idoneidad y cantidad del recurso humano y la aplicación y cumplimiento estricto del Reglamento; pocos meses después sí divulgaron que la presa había acabado15. A partir de entonces, ya hay quienes dicen que ahora la Setena es eficiente, no obstante, todavía rige el mismo Reglamento General (hasta el 19/08/2023); pero “el milagro económico nacional” sigue esperando.

Cuando empezó ese ínterin, al finalizar el año 2018 e inicios del 2019, casi nadie supo ni se informó debidamente, por qué el jerarca institucional de entonces (Sergio Bermúdez Muñoz), a sólo 7 meses de su nombramiento fue cesado y en su lugar, aparentemente por orden de la primera dama y petición de UCCAEP, se nombró a la abogada Cynthia Barzuna Gutiérrez. Versión al parecer derivada del ligamen familiar entre esta abogada y un ejecutivo de esos gremios. Mientras tanto, de los colaboradores internos mejor “alineados”, algunos fueron promovidos a mandos medios y con ellos preparado el terreno para lo que vendría luego. El actual secretario Ulises Álvarez es una prueba al respecto, se dice que por su indiscutible “alineamiento” heredó la silla ocupada por Barzuna, de quien dicen también a lo interno de la institución, su principal aporte fue haber cambiado el logo de la Setena e insistir ante la prensa que la Setena iba a “migrar” de su modelo de EIA. Un asunto de repetición frecuente, lo cual, desnuda el desconocimiento de conceptos básicos en la materia de la EIA por parte de ella y quienes así lo repiten.

Acerca de la tarea de las interventoras en este caso contra el “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”, existen algunos antecedentes divulgados por diferentes medios. Por ejemplo: durante el gobierno Solís Rivera, una vez que adecuaron algunos mecanismos de participación pública según los intereses de las cámaras empresariales y otros entes afines como PROCOMER y CFIA; con el protagonismo de estos actores se elaboró el nuevo y primer Reglamento, pronto dado a conocer con el acrónimo RECSA15. Tanto en el sitio web de la Setena como por otros medios, también informaron que, para esos efectos, se facilitaron eventos de participación pública llamados mesas de diálogo. Sin embargo, no disponemos de evidencia suficiente si en verdad las autoridades de Setena facilitaron la efectiva participación pública que requiere este proceso. Pues la participación de la propia Setena, fue de bajo perfil y limitada a aspectos de forma. Así lo confirmaron algunos funcionarios consultados al respecto cuando se dio a conocer el documento, y de los pocos que tuvieron alguna participación, uno (Ing. Civil) respondió que, nunca entendió por qué lo incorporaron en esa tarea, si sólo tenía unos meses de haber sido contratado y el Reglamento a reformar, apenas empezaba a conocerlo.

Sin embargo, según nuestros informantes, durante la última semana del mismo gobierno, el entonces secretario de la Setena (Marco Arroyo), en su despedida ante el personal de la institución circuló un mensaje en el cual informó: “El decreto del RECSA junto a la derogatoria del 31849 que se adjunta, ya fue firmado por el presidente de la República (G. Solís) y está en fase de publicación oficial”. También se conoció que efectivamente, el documento había sido firmado por el presidente y los ministros del MINAE, S, MOP, MAG y MEIC. Así mismo, el número de oficio (DAJ-D-035-2018) con el que se registró y hasta el número de decreto ejecutivo que le correspondería para la publicación oficial (41132); se planteó como Derogatoria Parcial del Reglamento General EIA”. No obstante, transcurrido el primer año del nuevo gobierno encabezado por Carlos Alvarado, la publicación de ese decreto reglamentario no se había dado; pero en su lugar promulgaron otros relacionados con el mismo tema. Por ejemplo, los Decretos No. 41213-MINAE del 10 de julio de 2018 y el No. 41815-MINAE del 05 de julio 2019. Ambos concordantes con los objetivos de eliminar el requerimiento de la viabilidad ambiental, empezando con los proyectos según sus criterios de bajo impacto ambiental (54% de la totalidad de proyectos que ingresan por año – dijeron). Más adelante, la secretaria general declaró que se había determinado oportuno reformular el RECSA y que el asunto estaba a cargo del MIVAH. De manera que, según lo dispuesto en los decretos antes citados, sería de esperar otro reglamento todavía más acorde con los intereses del sector construcción y desarrollo inmobiliario. Siendo por ejemplo que, al tanto del tema, para mayo 2019 el presidente de la Cámara de la Construcción, también había declarado que tal documento se encontraba en revisión16.

Se infiere que, con esas reformas decretadas y otras disposiciones en igual dirección tanto al interior como a lo externo de la SETENA, para los citados sectores dominantes sobre los poderes de la República, el nuevo Reglamento heredado de la administración Solís y a un solo paso de adquirir su vigencia mediante la publicación; perdió interés. Pues, al generarse con el nuevo gobierno, mejores posibilidades de incidir a su favor en la administración del Estado para llevar a cabo transformaciones aún más regresivas, lo lograrían con otro Reglamento conservando el mismo nombre. En este caso, con un segundo RECSA, el cual podría catalogarse como una suplantación para evadir responsabilidades específicas. Algo similar a lo actuado con la viabilidad ambiental respecto al proyecto del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Y como era de esperar, con fecha 25 de mayo 2021, aparentemente con ciertas restricciones y al interior de la Setena, algunos funcionarios conocieron un documento sin número de oficio pero que correspondía a una nueva propuesta cuyo título refiere: ”Reforma Integral de 31849-SETENA”.

Pero, si bien el gobierno Alvarado Quesada finalizó sin haberse publicado el nuevo Reglamento General de EIA reformado ni el RECSA, si se toma en cuenta que las llamadas presas de expedientes ya no existían gracias a sólo la eliminación del requisito de Viabilidad Ambiental para proyectos, obras o actividades de bajo impacto ambiental, relegados a simples registros y permisos sin estudios previos; más otras disposiciones en igual línea, la expectativa a nivel público por el nuevo Reglamento había bajado. No obstante, y como ya se dijo antes, aunque anunciado atrasadamente se conoció el oficio DAJ-D-030-2022 firmado en casa presidencial el 21 de diciembre 2022, anunciado el 8 de febrero del 2023 y publicado el 19 de abril de este mismo año; siendo por lo tanto el último RECSA17. Y para efectos de conocer acerca de su consistencia legal y técnica, debe considerarse que con fecha 17 de noviembre del 2020, el Consejo Nacional de Rectores, luego de sus análisis y los pronunciamientos de investigadores y unidades académicas del espectro universitario, concluyó en rechazar dicho reglamento “…puesto que alberga una cantidad importante de inconsistencias que están alejadas de la ciencia y la técnica, y por las evidentes transgresiones, por acción u omisión, del derecho de participación pública y el derecho de información, así como a la normativa en protección ambiental, cultural y patrimonial vigente18”.

En las actuaciones entre gobiernos sobre la reglamentación de impacto ambiental, se ha determinado que la del señor Alvarado, con su sucesor hizo algo similar a lo del antecesor, ya que, es durante su gestión que se redactó la propuesta titulada “Reforma Integral de 31849 SETENA”, fechada 25 de mayo 2021 en la Setena y dada a conocer como el nuevo documento para decretar el RECSA. Documento diferente al heredado, y sin duda alguna más regresivo y acorde con las potestades concedidas al sector construcción y de desarrollo inmobiliario para “Proponer un reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental (RECSA) con el contenido que considere correspondiente”. En tanto es “…el usuario más importante de la SETENA pues sus proyectos representan un 70% de lo que ahí se tramita”. (Observar Considerando VI y Artículo 2 del Decreto 41817-MINAE y otros)19.

Esta sesgada concesión, permite inferir acerca del proceso de participación ciudadana que se pudo haber cumplido en la elaboración el nuevo Reglamento; pues es claro que la llamada modernización, con tal reforma en la integración de la Comisión Mixta de Apoyo Técnico, lo que más se propuso fue reducir la participación y jamás, al menos igualar la que se facilitó con el Reglamento General de la EIA derogado. (Se recomienda leer lo que sobre este punto específico señala la CGR en el Informe No.DFOE-SOS-IF-00008-2022). En votos anteriores, la Sala Constitucional ha reiterado su reconocimiento a esta fortaleza reglamentaria. Por ejemplo, en la Resolución 2019-2009 dictada a favor de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo No. 32734, mediante el cual se pretendió derogar el requisito de la Viabilidad Ambiental en concesiones de agua20.

Finalmente, es necesario destacar que, de los documentos citados y dados a conocer desde el año 2018 acerca de reformas y derogaciones sobre la evaluación de impacto ambiental y su Reglamento General, se identifican tres documentos: 1. DAJ-D-035-2018, RECSA, su titulación se refiere “reforma parcial”. 2. Identificado con la leyenda 25-5-2021-SETENA, Reglamento, el título indica “reforma integral”. 3. DAJ-D-030-2022, RECSA, firmado el 21/12/2022, anunciado el 08/02/2023, presentado el 18/04/2023 y por último publicado el 19/4/2023 como D.E. 43898-MINAE. Sin embargo, este decreto no corresponde al mismo RECSA dado a conocer hace aproximadamente cinco años, si fuera así, hubiese sido firmado dos veces; la primera por el gobierno Solís Rivera el 03 de mayo 2018 y la segunda por el gobierno Chaves Robles el 21 de diciembre 2022.

También, es importante señalar que al publicarse el D.E. 41815 del 2019 con ello fue dispuesto que se eliminó el requisito de viabilidad ambiental del 54% de los proyectos, obras o actividades que se presentaban a la Setena con el D2; relegados a un trámite de simple registro e inmediato permiso. Mientras con el RECSA último, se indicó igualmente comprende la eliminación del mismo requisito de tramitación con el D2 pero en términos del 63 o 65 % de los proyectos, obras o actividades de bajo y muy bajo impacto ambiental21,22. Por lo tanto, aparentemente estamos en presencia de dos posibles mentiras expuestas al más alto nivel de autoridades de gobierno y a través de las cuales, de la lectura comparativa con el Reglamento General de EIA, se evidencia en el RECSA la constante regresividad que sus principales actores no tuvieron contemplaciones de imponer en ausencia de efectivas y concisas sustentaciones técnicas.

Muy oportuno es señalar que, en Resolución de Sala Constitucional (No. 2002-01220)23, sobre el mismo tema e iguales objetivos de las autoridades gubernamentales, se dictó que, hacer exclusiones de obligaciones ambientales para casos que determina de manera genérica y sin justificación técnica, “…evidencia un exceso del Poder Ejecutivo en el ejercicio de su potestad reglamentaria”. Así mismo reitera: “…el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas es reserva de ley; es por ello que en este campo, la potestad reglamentaria que la misma Constitución Política reserva al Poder Ejecutivo, es inimaginable sin la existencia de una ley. Ya se adelantó que la Ley Orgánica del Ambiente establece en el artículo 17, como desarrollo de lo que dispone el artículo 50 constitucional, la obligación de contar con un estudio de impacto ambiental para realizar actividades o proyectos que por su naturaleza puedan alterar o contaminar el medio ambiente”.

¿Y ahora? Como hechos importantes para la lectura crítica, hemos fijado atención a las más recientes celebraciones oficiales sobre el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. En una de ellas, Canal 13 presentó al señor presidente acompañado de dos de sus ministros en visita a la ciudad de Puntarenas; y desde allá, intentaron transmitir algunos mensajes en los que, quizás ellos mismos muy poco creen. Pero más allá de los mensajes, pretendimos conocer si viajaron en el carrusel blindado “donado” al presidente por los “bondadosos gringos”; ya que, como a tales resguardos se ha llegado en Costa Rica, este, es un signo revelador del acelerado retroceso de las condiciones de vida del costarricense y sin duda, parte de la calidad de su ambiente. Por otra parte, la inauguración del “Desvío Tiribí”, revela otro signo de lo que en el mismo contexto se viene haciendo mal, específicamente aguas arriba de la ubicación del colector de aguas residuales en la cuenca del río Tiribí. Daños ambientales que, además que procurar corregirlos es caro (más de 13.000.000.000)24,25, son irreversibles y los costos así manejados se vuelven carga pública.

Los ejemplos citados, también permiten inferir que, si junto con la nueva reglamentación, se informó que eliminaron la evaluación de impacto ambiental del 65 % de los proyectos que la requerían, y adicionalmente que, en los estudios de impacto ambiental se redujo en un 32.9 % los términos de referencia26; considerando que éstos, eran requerimientos exigidos por el Reglamento General de EIA en consistencia con las Leyes, Convenios Internacionales y la Constitución Política; además de ser una prueba irrefutable de regresividad normativa, lo que también indirectamente pronostican con el RECSA, es la aceleración hacia un ambiente cada vez más insano y desequilibrado. De tal manera que, si como repiten con acentuado chovinismo que, Costa Rica mantiene un destacado liderazgo mundial en la protección, conservación y restauración de la naturaleza27,28,29; con las evidencias descritas, tales ventajas jamás se pueden garantizar con leyes y reglamentos más laxos, ni con Órganos Adscritos de carácter técnico (Ej. La Setena) más concentrados, sometidos al poder político y nadando en corrupción.

A qué conduce el último RECSA, si tanto en la forma como de fondo, también persigue reglamentar de nuevo una materia que, por su complejidad debe ser en todo momento integradora y abarcadora; no obstante, es notable el carácter de simplificación extrema y excluyente que se adopta. Además: 1. Que, como una aparente justificación técnica, argumenta que se abandona un modelo de escritorio para adoptar uno de campo con mayor peso en el control; es decir, no sólo denota desconocimiento de las fases del proceso de la EIA, sino que opta por la corrección en detrimento de la prevención. 2. Que no posee consistencia con lo que establece la Ley Orgánica del Ambiente en sus Artículos 6 y 17, artículo 14 del Convenio de Biodiversidad del que somos Estado Parte, y el artículo 50 Constitucional entre otras. 3. Qué deroga obligaciones ya establecidas y plenamente dispuestas en el Reglamento General de la EIA y su Manual EIA, según lo descrito en los artículos 3, 39 y 91 del RECSA. 4. Que en evidente violación de la normativa del trabajo, induce al acoso psicológico laboral imponiendo plazos que, incluyen tiempo no laboral de los funcionarios encargados del proceso de la EIA para resolver y responder ante los usuarios, así como, advertencias de establecer en su contra procesos disciplinarios (Artículos 15, 17, 26.f, 30.7, 33.3, entre otros). 5. Que el marco de legalidad, no autoriza a la Setena a delegar total ni parcialmente las funciones que le son propias; sin embargo, dispone que los proyectos, obras o actividades a los que les elimina el requisito del proceso de la Viabilidad Ambiental ante Setena; les basta con el trámite que deberán cumplir en otras instituciones y acatar lo dispuesto en el Código de Buenas Prácticas Ambientales (Ej.: Artículo 32.c). 6. Que el Código de Buenas Prácticas Ambientales acerca del cual, la Setena tanto repite sobre su aplicación; son disposiciones que por años han estado en el aire y nadie cumple, ni siquiera la Setena donde la mayoría de funcionarios no lo conoce; pero a los usuarios se les cobra sin entregar nada a cambio; lo único es indicarles que lo lean en el sitio web. 7. Que para proyectos, obras o actividades sobre infraestructura de telecomunicaciones, zonas francas y caminos; la exclusión de la Viabilidad Ambiental, además de lo contemplado en el RECSA, también se han establecido disposiciones en normas de reciente promulgación y otras en trámite30,31.

En conclusión, es urgente y necesario por parte de cada funcionario y cada habitante de este país, asumir el compromiso ético y moral que dispone la Constitución Política y las Leyes; dignificar y defender nuestra institucionalidad democrática, denunciar ante la Nación y el mundo lo que haya que denunciar y, nunca bajar la bandera de Defensores de la Casa Común que ha distinguido a muchos costarricenses, algunos de ellos hoy verdaderos mártires. Sólo así, con hechos y no simples palabras, alcanzaremos legitimidad para pregonar por el mundo si es que fuera necesario, lo que tenemos y hacemos. Como nunca, necesitamos un país y un Planeta más inmune a los impactos irracionales y avanzando indefinidamente en protección y conservación de su biodiversidad.

Referencias

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  4. https://minae.go.cr/noticias/2023/DECI%20037%20GRAN%20INTERES%20DESPERTO%20DECRETO%20DE%20NUEVO%20REGLAMENTO%20DE%20SETENA%20QUE%20FUE%20PUBLICADO%20HOY%20EN%20LA%20GACETA.aspx
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  8. http://www.setena.go.cr/inicio/Noticias/Director-General
  9. https://www.facebook.com/radioasamblealegislativacr/videos/29-07-22-comisi%C3%B3n-permanente-especial-de-ambiente/613070723799557/
  10. https://www.minae.go.cr/organizacion/ministro/SETENA-SecretariaTecnicaNacionalAmbiental.aspx
  11. https://www.larepublica.net/noticia/setena-limita-el-crecimiento-economico
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  14. Cynthia Barzuna, secretaria general: “En Setena no se han suavizado los controles”
  15. https://observador.cr/noticia/empresarios-esperan-mayores-resultados-en-simplificacion-de-tramites/
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  17. https://www.elpais.cr/2020/11/17/consejo-nacional-de-rectores-rechaza-propuesta-del-reglamento-de-setena/
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  20. https://www.larepublica.net/noticia/gobierno-elimina-requisito-de-viabilidad-de-setena-para-65-de-proyectos-de-bajo-impacto-ambiental
  21. Gobierno elimina requisito de estudio de viabilidad ambiental a pequeños negocios «de bajo impacto»
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  23. https://sinartdigital.com/trecenoticias/nacionales/item/en-el-dia-mundial-de-los-oceanos-gobierno-inaugura-obra-de-saneamiento-en-rio-tiribi
  24. https://www.larepublica.net/noticia/salvando-al-rio-tiribi-nuevo-colector-evitara-la-descarga-de-12-millones-de-litros-diarios-de-aguas-residuales
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  29. https://semanariouniversidad.com/pais/estructuracion-del-minae-excluiria-a-comunidades-indigenas-y-universidades-de-toma-de-decisiones-ambientales/
  30. https://delfino.cr/2023/02/comision-avala-proyecto-que-reforma-el-minae-y-quita-independencia-tecnica-de-la-setena

Salidas de jerarcas confirman alta inestabilidad en gobierno

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Carlos Carranza – UNA.

Por medio de un comunicado de Casa Presidencial se informó este martes 4 de julio 2023, que la ministra de Vivienda y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Jéssica Martínez Porras, y el viceministro de Vivienda y Asentamientos Urbanos, Roy Jiménez Céspedes, no continúan en sus puestos tras haber presentado la renuncia.

Con estas nuevas salidas se confirma la alta inestabilidad de la administración Chaves Robles, pues ya son 28 las personas que en 14 meses de gobierno han dejado los puestos de jerarquía al que fueron nombradas por el mandatario.

Desde el Programa de Análisis de la Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), se indica que esta situación en el Estado costarricense es un elemento atípico, ya que, en los últimos 30 años, este ha sido el gobierno con más renuncias en diferentes partes.

Para el politólogo y coordinador del programa, Carlos Carranza, se resaltan varios elementos que se conjugan en esta situación:

  1. El no ser un partido con bases, con organización propia, sino que es propio de un momento determinado, hace que no contara con los cuadros suficientes para ejercer la autoridad correspondiente.
  2. El tipo de gobierno que ha desarrollado el presidente Chaves Robles, es de carácter centralista con grado de autoritarismo, donde el presidente decide cuál es la línea sin que haya un mensaje claro y oportuno.
  3. Como se ha demostrado en ciertos momentos para tomar posiciones, no existe una información racional, pensada, adecuada, sino que depende de los criterios correspondientes.
  4. El presidente, tras una línea muy dura, trata de establecer los criterios sobre los cuales deberían regirse las instituciones, lo cual pierde sentido, si entendemos que en la Constitución hay una serie de instituciones que tienen autonomía, como por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social o las universidades.
  5. Es muy claro o transparente, que las denuncias en su mayor parte han sido con diferencias con el presidente de la República, lo cual nos dice que no hay una estabilidad política adecuada, porque para desarrollar gobierno, desarrollar capacidades, se requiere un esfuerzo de primer nivel de parte de los que tienen la autoridad.

Según Carranza, en este punto, la recomendación de tratadistas es que un gobierno debe tratar de que su número de personas sean siempre un número que se permanezca durante toda la gestión para darle continuidad, estabilidad y el accionar correspondiente.

Por ende, estamos ante una situación que posiblemente cuando finalice la administración Chaves Robles, andaremos por un número superior a cualquier otro tipo de gobierno, dadas las circunstancias en que se desenvuelve el gobierno.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica