El experto actuarial: MSc. Rodrigo Arias López realizo un documento llamado “Situación del seguro de invalidez, vejez y muerte (IVM) y propuestas de Fectsalud” el cual tiene como contenido:
Situación financiera y actuarial de IVM
Causas de la situación actual de IVM
Propuestas del movimiento sindical FECTSALUD – ANEP
Se menciona que las causas de la situación actual de IVM son
Desvió de fondos y otros hechos que afectaron al IVM,
Población pensionada según régimen, gasto y edades de retiro
Inadecuada gestión de las autoridades de la CCSS
Dejaron la cuota de IVM en 7,5% sin ajustar durante 63 años
Convirtieron a IVM en régimen de reparto contrario a la Ley N°17
Compra de títulos valores sin puja al seguro de salud
Venta y alquiler de propiedades al seguro de salud a bajos precios
Creación de otros regímenes de pensiones no sostenibles
Disminución de las tasas de natalidad y fecundidad
Aumento de la esperanza de vida en todas las edades
Aumento de la informalidad en el empleo
Y algunas de las propuestas son
Nos oponemos al aumento de las edades de retiro. En su lugar proponemos un ajuste de las cuotas requeridas y permitir a los varones retirarse a partir de los 60 años de edad con 480 cotizaciones mensuales.
También nos oponemos al uso de todos los salarios para calcular el salario base de referencia. En su lugar proponemos que se usen los últimos 300 salarios cotizados, actualizados con un índice construido a partir del 50% de la tasa de variación de los precios al consumidor y el 50% de la tasa de variación del salario promedio cotizado a IVM. El índice lo construirá el INEC, la CCSS le dará los salarios promedio mensuales históricos cotizados y los nuevos salarios promedio mensuales cotizados a IVM
Nos oponemos igualmente a los cambios que propone la CCSS para calcular el monto de la pensión. En su lugar hacemos la siguiente propuesta:
El beneficio básico de pensión será único e igual a un 50% del SPR por los primeros 25 años cotizados.
El beneficio adicional de pensión por cada cuota mensual cotizada en exceso de 300 será de un 0.0833% del SPR.
El monto de la pensión mínima será igual a 3.5 veces el monto de la Canasta Básica Alimentaria Total que calcula el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Garantía de que después de aplicar el tope máximo de pensión ninguna pensión será menor al 45% del SPR; conforme a lo establecido en el Convenio 128 de la Organización Internacional del Trabajo.
Para quienes se retiren a los 65 años o más edad con menos de 25 años cotizados, pero más de 15, la proporción de pensión será la misma que hoy está vigente, con garantía del monto de pensión mínima.
Proponemos además las siguientes medidas:
Universalizar el Régimen No Contributivo de Pensiones y mejorar el monto de pensión que ofrece actualmente.
La creación de un único régimen contributivo de pensiones.
Que el Estado aumente el financiamiento no contributivo en el seguro de salud conforme lo establecen las leyes 5349, 5905, 7374, 7983, entre otras.
Que el Estado aumente el aporte no contributivo en IVM de los trabajadores independientes, asegurados voluntarios y por convenio (Ley 7983).
Que se redireccionen hacia la CCSS los recursos que en el futuro el Estado deje de aportar a los regímenes de pensiones que actualmente están con cargo al presupuesto nacional, que se extinguirán gradualmente.
Instalación de una mesa de diálogo y negociación por parte de las autoridades de la CCSS con las distintas representaciones que han formulado propuestas, tal y como lo hacemos en este caso.
Que los aportes del seguro social se distribuyan conforme lo ordena el artículo 73 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley Constitutiva de la CCSS (Devolver el bono)
Adjunto se encuentra el pdf del documento para su mejor análisis.
El pasado 3 de julio se llevó a cabo la “Fiex – Feria Institucional de Extensión” de la UNED en donde se contó con las siguientes actividades:
Charla: El poder de las palabras: comunicación asertiva. La charla se puede encontrar en el siguiente enlace: https://fb.watch/v/1ZsmJYVe1/
Charla: Por la CCSS: participo en una junta de salud, esta charla se encuentra en el siguiente enlace: https://fb.watch/v/31vyojWB3/
Y para finalizar la feria virtual, se culminó con la actividad “En la sinfonía y en la cocina: haciendo música en confinamiento”, el cual se encuentra en el siguiente enlace: https://fb.watch/v/2d3Pa1AG8/
Estudio actuarial demuestra que crisis es maquillada por los jerarcas de la CCSS
ANEP Y FECTSALUD PRESENTAN PROPUESTAS PARA FORTALECER EL RÉGIMEN IVM
¡CCSS miente! Dinero es insuficiente, se tendría que tomar dinero de la reserva a partir de este año y no en el 2033 como indicaron las autoridades
Desvío de fondos y otros hechos que afectaron al IVM se cuantifican en 49 billones de colones por una inadecuada gestión de las autoridades de la CCSS
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (Fectsalud) se oponen a la serie de acciones, entre las que se encuentra, elevar la edad mínima de retiro por vejez a los 65 años, para las pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) anunciadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en su lugar tienen varias propuestas para fortalecer el régimen. En el siguiente enlace se encuentran las propuestas mencionadas: https://anep.cr/anep-y-fectsalud-presentan-propuestas-para-fortalecer-el-regimen-ivm/
En la conferencia de prensa se hablaron sobre los siguientes temas:
Quienes dedicaron unos minutos para leer lo que he venido escribiendo sobre la seguridad social, seguramente vieron los siguientes cuadros, figuras y notas que aparecen en las páginas 100 a 104 del documento oficial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) titulado “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017”, que tiene la firma del Sr. Luis Guillermo López Vargas, Director de la Dirección Actuarial de esa institución:
Al observar las cuatro imágenes y texto anteriores a muchos lectores les quedará claro el desvío no autorizado de fondos del “seguro social” que se ha venido haciendo en la CCSS y que está llevando a la bancarrota al régimen de pensiones (IVM). Pero si alguien aún no lo ha entendido, se lo vuelvo a explicar. En mi artículo anterior (https://wp.me/p6rfbZ-fjq) comenté que el “seguro social” es la parte de la “seguridad social” que cubre a los trabajadores asalariados y a sus familiares dependientes, tal y como lo establece el artículo 73 de la Constitución Política y el transitorio tercero de su artículo 177, para el cual la CCSS recauda mensualmente un 25.66% sobre los salarios, que aportan en forma tripartita los trabajadores asalariados (9.5%), sus patronos (14.5%) y el Estado (1.66%). Como se observa en el Cuadro 51 anterior, el costo del seguro de salud de los trabajadores asalariados es un 7.11% sobre los salarios -a confesión de parte relevo de pruebas-, por lo que restándole al 25.66% este 7.11% sobra un 18.55%, el cual según el artículo 32 de la Ley del seguro social (N° 17) debería ser trasladado al seguro IVM; si no lo hicieran, estarían violentando los artículos 11 y 73 de la Constitución Política. El artículo 32 de la Ley N° 17 dice textualmente lo siguiente: “Artículo 32.- La Junta Directiva formará con los capitales y rentas que se obtengan de acuerdo con esta ley, dos fondos: uno para beneficios y gastos del régimen de reparto y otro para beneficios y gastos del régimen de capitalización colectivo”.
En el Cuadro 49 anterior la CCSS informa -repito, a confesión de parte relevo de pruebas- que los gastos del seguro de salud para el año 2018 serían ₡2,055,797 millones y que los Asalariados consumirían un 41% de dicho gasto (según la figura 43); es decir, el gasto en salud de los Asalariados sería ₡2,055,797 *41% = ₡842,877 millones. En el Cuadro 49 la CCSS informa que los ingresos reglamentarios para 2018 serían ₡2,489,752 millones, de los cuales (según la figura 42), un 71% sería aportado por los Asalariados (junto con sus patronos y el Estado), es decir, aportarían en forma tripartita un monto de ₡2,489,752*71% = ₡1,767,724 millones (es el 15% sobre salarios que la CCSS les cobra). Entonces para cubrir el gasto del seguro de salud de los asalariados (y sus familias), los trabajadores asalariados, sus patronos y el Estado, solo ocupaban contribuir un 47.68% (= ₡842,877 / ₡1,767,724) de lo que la CCSS les cobró de cuotas tripartitas. Dicho de otra forma, en 2018, del 15% sobre los salarios que la CCSS cobró (9.25% a patronos, 5.5% a trabajadores y 0.25% al Estado), solo ocupaba cobrar 15%*47.68% = 7.15%; es decir, el 7.11% del Cuadro 51. El excedente en 2018 sería ₡1,767,724 – ₡842,877 = ₡924,847 millones, o un 7.85% sobre los salarios.
Recordemos que los artículos 42 y 43 de la Ley del Seguro Social (N° 17) dicen lo siguiente: “Artículo 42.- Cada tres años y, además, cuando la Junta Directiva lo juzgue conveniente, se harán revisiones actuariales de las previsiones financieras de la Caja.” “Artículo 43.- La Caja regulará la distribución de sus fondos con arreglo a los cálculos actuariales que le sirvieron de base, o con los que se adopten en virtud de los resultados que arrojen las revisiones ordenadas en el artículo anterior”. ¡Qué maravilla!
En 1943 el actuario Mark Kormes hizo los siguientes cálculos actuariales, para el “seguro social” -salud y pensiones de los trabajadores asalariados- que era lo único que tenía a cargo la CCSS en esa época:
Como puede observarse, en 1943, cuando la esperanza de vida al nacer era de solo 47 años (Ver https://ccp.ucr.ac.cr/observa/CRindicadores/evida.html), por lo cual los costos de IVM eran sumamente bajos ya que muy pocos llegarían a tener pensión de vejez y las de invalidez y muerte se pagarían durante poco tiempo, el actuario calculó para IVM (pensiones) una cuota mayor a la de salud, en ambos casos para los asalariados (seguro social). Ya para las décadas de 1960, 1970 y 1980, las esperanzas de vida crecieron como la espuma hasta los 75 o más años y lo mismo sucedió con las cuotas del “seguro social”; pero al IVM, siendo parte del “seguro social”, lo dejaron abandonado, más flaco y pulguiento que perro de pobre, como dice el dicho popular. Entonces, ¿cómo explican los jerarcas de la CCSS que durante más de 35 años la cuota del seguro de salud de los asalariados fuera el doble de la cuota del seguro de pensiones de los mismos asalariados? ¿Cómo explican que hoy la cuota de pensiones sea dos tercios de la cuota de salud? ¿Cómo explican que la cuota del IVM sea solo poco más de un tercio de la cuota del fondo de pensiones del Poder Judicial, siendo el primero de reparto -forzado por la CCSS- y el segundo de capitalización completa? ¿Cómo explican que la cuota de IVM sea solo el 67% de la cuota del Régimen de Capitalización de Jupema, siendo el primero de reparto forzado y un viejo de 74 años, mientras que el segundo es de capitalización completa y un jovenzuelo de apenas 29 años?
Regresando al excedente del “seguro social” de 2018, pregunto al Sr. Román Macaya Hayes y a cada uno de los miembros de la Junta Directiva de la CCSS: ¿Por qué no le trasladaron al IVM en 2018 -y años anteriores y siguientes- el monto de ₡924,847 millones que le sobraría al fondo de reparto creado por la Ley del Seguro Social y el artículo 73 constitucional? Si ustedes creen o consideran que no debían trasladar al IVM esas multimillonarias sumas sobrantes del “seguro social” (de los asalariados, valga la redundancia) les pregunto: ¿Qué ley autorizó a la CCSS para cobrar a los patronos, a sus trabajadores y al Estado costos inexistentes del “seguro social” creado por el artículo 73 de la Constitución Política y la Ley N° 17? ¿Qué ley los autoriza a cobrar un 15% si el costo real es 7.11% según las cifras oficiales de la misma CCSS? (Cuadro 49 anterior) ¿Cuál es el criterio legal de la Dirección Jurídica de la CCSS y su Director el Lic. Gilbert Alfaro Morales?. Lo anterior, considerando que el artículo 1 del Reglamento de esa Dirección dice: “Artículo 1º-De la Dirección Jurídica. La Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social, es el órgano superior consultivo responsable de la atención de asuntos en materia legal, la representación judicial en defensa de los intereses de la organización, en los términos y condiciones de la legislación aplicable. Otorga el apoyo y la asistencia profesional a la Junta Directiva y las autoridades superiores mediante la emisión de criterios técnico-jurídicos para la toma de decisiones estratégicas y de impacto institucional. Tendrá independencia de criterio en materia legal, en el desempeño de sus funciones, y mantendrá las relaciones de coordinación técnica-funcional con otros abogados de los demás órganos de la Administración”. (Destacados míos). Para cuyo costo y salarios, obviamente se usan las cuotas de los asegurados de la CCSS. ¿La Junta Directiva le habrá solicitado algún criterio legal sobre el desvío de fondos a esa Dirección? ¿Cuál fue el criterio emitido? ¿Lo conoce alguien? ¿A quién le rinde cuentas esa Dirección y la Junta Directiva de la CCSS? ¿Será que la CCSS produce legislación? ¿No existe reserva de Ley? ¿Qué hacen los 57 diputados? Mientras esto no se aclare y los asalariados sigan aguantando, seguirán llevando más garrote, les bajarán los beneficios de pensión, les aumentarán las cuotas y las edades de retiro a los 65 años de edad y más adelante a los 70 o a los 75 o más.
No está de más recordar que en la acción de inconstitucionalidad interpuesta por don Gilberth Alfaro en el expediente 15-015096-0007-CO (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-718852), Alfaro alegó que las «Normas de Acreditación de la Discapacidad para el Acceso a Programas Selectivos y de Salud» (Decreto Ejecutivo No. 36042-S) eran inconstitucionales pues “lesionan la autonomía de la CCSS, dispuesta en el artículo 73 de la Constitución Política, al imponerle una serie de tareas y funciones que rozan con su autonomía de gobierno y administración de los seguros sociales y le llevan a desviar fondos de la seguridad social” (Destacados míos). La Sala Constitucional le recordó al Sr. Alfaro que “sólo la institución autónoma afectada por la omisión en el trámite legislativo es la que se encuentra legitimada para accionar”. Así mismo, que “el accionante no acreditó que estuviera autorizado por la Junta Directiva de la CCSS para interponer esta acción de inconstitucionalidad, por lo que carece de la necesaria legitimación para interponer esta acción de inconstitucionalidad. En consecuencia, lo procedente es rechazar de plano la acción interpuesta.” No es de mi conocimiento si la Junta Directiva de la CCSS enderezó lo que nació torcido y si tomó alguna acción por tan grave metida de escarpines de su máximo asesor legal. Tampoco conozco si el Sr. Alfaro fue diligente ante la Junta Directiva de la CCSS haciéndole ver que los resultados mostrados en las páginas 100 a 104 de la “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017”, significaban desvío de fondos de los seguros sociales, lo cual está prohibido por el artículo 73 constitucional y el 1° de la Ley 17, tal y como él lo alegó ante la Sala Constitucional. ¿O sería otra pifia? Ignoro igualmente, si el jefe de actuarios cumplió con su deber de explicar el desvío a su superior y/o a la Junta Directiva, conforme al artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Todo lo anterior, en contraste con el artículo 39 de la Ley del seguro social que dice: “Los fondos de reserva del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social son propiedad de cotizantes y beneficiarios”; pero que, en la práctica, es pura fábula, como muchas cosas en Tiquicia, el país más feliz del mundo. Por ejemplo, ¿Cuántos de los 1,500,000 cotizantes de IVM y de sus 310 mil beneficiarios votaron por alguno de los actuales y anteriores miembros de la Junta Directiva de la CCSS? Sin duda que esa oportunidad, hoy inexistente de elección popular, constituiría un hito en la historia de la seguridad social costarricense, pues sería para elegir a distinguidas personas para que cumplan la importante función de la Junta Directiva de la CCSS: “dirigir la Caja y fiscalizar sus operaciones”, como dicta el inciso b) del artículo 14 de la ley del seguro social N° 17, una actividad que requiere de mucho talento, responsabilidad y conocimiento de los seguros sociales, la seguridad social y su gestión. Obviamente que la Junta Directiva debe estar muy bien asesorada jurídicamente para no meter los escarpines.
Sí aún no sabe por qué motivo el IVM está en grave riesgo de no poder cumplir sus obligaciones con los pensionados y asegurados, le explico paso a paso que el desvío de fondos de los seguros sociales es lo que está llevando a IVM a la quiebra y a sus asegurados a pagar los platos rotos.
Primero es necesario conocer la diferencia entre “seguro social” y “seguridad social”. A pesar de que cotidianamente escuchamos ambos términos, lo cierto es que no existe una definición consensuada sobre el significado de “seguridad social”. Una de las definiciones más amplias aparare en [1], pág. 10 y dice así: ‘‘La expresión ‘‘seguridad social’’, concebida como parte de la ciencia política que, mediante adecuadas instituciones técnicas de ayuda, previsión y asistencia, tiene por fin defender o propulsar la paz y la prosperidad general de la sociedad a través del bienestar individual’’. Bajo esta definición, las siguientes instituciones, fondos o empresas, prestan apoyo y servicios de seguridad social en el caso de Costa Rica: IMAS, AYA, ICE, INS (RT y SOA), INVU, CCSS, los Ministerios de Salud, Trabajo y Educación, BANHVI, PANI, INAMU, JPS, Operadoras de Pensiones, Jupema, hospitales y clínicas privadas, las universidades, Bomberos, ASADAS, IAFA, Fondo de Pensiones del Poder Judicial, Fondos Complementarios de Pensiones, etc. Como se aprecia, la definición es amplia, sin excluir a ningún individuo de la sociedad y las coberturas son prácticamente ilimitadas, pues lo que se persigue es el bienestar del individuo.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el concepto de “seguridad social” es menos amplio, pues dice así, según [2]: “La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia”. En este caso tampoco se excluye a ningún individuo de la sociedad; pero se reducen las coberturas, por lo que la lista de instituciones o fondos de “seguridad social” o de apoyo, se reduce de la siguiente manera, en el caso de nuestro país:
La CCSS, pues administra y/o gobierna los siguientes regímenes de seguridad social:
El “seguro social” creado por la Ley N° 17 de 1941, ratificado en el artículo 73 de la Constitución Política de la República de Costa Rica (CP). Por este motivo la CCSS se llama así, de “Seguro Social”, aunque desde 1973 se debería llamar “Caja Costarricense de Seguridad Social”, con las mismas siglas.
El régimen no contributivo de pensiones creado en el artículo 4 de la Ley N° 5662.
El régimen obligatorio de salud de los pensionados creado por la Ley N° 5905.
La cobertura obligatoria de salud de las personas de escasos recursos, creada en el artículo 2 de la Ley N° 5349.
El régimen obligatorio creado por la Ley 7983 en sus transitorios XII y XVIII, para universalizar la cobertura de la seguridad social a los trabajadores independientes.
El seguro “obligatorio” de salud del resto de la población no cubierta por ninguno de los regímenes anteriores, de conformidad con diversas leyes y convenios internacionales.
2. El Ministerio de Salud, el INS y cualquier otra entidad o institución que preste servicios relacionados con la salud.
3. El resto de las instituciones y operadoras que administran regímenes de pensiones.
4. El IMAS, FONABE y cualquier otra institución o empresa que brinde ayudas sin fines de lucro.
Podríamos decir que la “seguridad social” es el “todo”, ya sea en los términos de la OIT o como dice en [1], pág. 10: “la seguridad social se estructura para cubrir todos los riesgos y contingencias a que están sujetos los miembros de una determinada colectividad”. En cambio, el “seguro social” es una parte de la seguridad social o del “todo”, como se define en el artículo 73 de la CP:
“ARTÍCULO 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine.
La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.
No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.
Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales.” (Destacados míos)
Entender la diferencia entre “seguro social” y “seguridad social”, no solo a nivel conceptual, sino también a nivel jurídico, es crucial para comprender el desvío de fondos que se ha venido produciendo, que de continuar llevará a la quiebra segura y muy pronta al IVM. Por eso sigo insistiendo, para que no le quede ninguna duda. La lectura del artículo 73 constitucional nos deja claro que el “seguro social” es la parte de la “seguridad social” dirigida a los trabajadores por cuenta ajena (asalariados) y sus familias (así adicionado por el transitorio del artículo 177 (párrafo tercero) constitucional). El “seguro social” es obligatorio, contributivo y solidario (tripartito). Así también se lee en la Ley del seguro social N° 17 en sus artículos 1, 2 y 3. En [1], pág. 10, también se lee lo siguiente: “Son evidentes las diferencias entre los seguros sociales obligatorios y la seguridad social. Mientras los primeros protegen a los trabajadores por cuenta ajena, la seguridad social nace con el propósito de amparar a toda la población.” (Destacados míos).
Dentro del “seguro social” estarían incluidos otros regímenes (de pensiones) existentes en Costa Rica, en tanto protejan a trabajadores asalariados, sean contributivos, obligatorios y solidarios; sin embargo, en lo sucesivo me refiero solamente al seguro social administrado y gobernado por la CCSS, por lo cual también excluyo los riesgos del trabajo que son administrados por el INS. Entonces me refiero al “seguro social” que protege a los trabajadores asalariados ante las contingencias de invalidez, vejez, muerte, enfermedad, maternidad y otras que la ley determine, incluyendo cobertura familiar, administrado por la CCSS, que de conformidad con los artículos 32, 33 y 34 de la Ley del seguro social N° 17 se divide en dos partes o seguros: el de salud (reparto) y el de capitalización (IVM). El régimen de reparto no crea reservas, mientras que el de capitalización sí crea reservas. El costo para atender los beneficios del primero es de un 7,5% sobre los salarios como se observa en [3], páginas 100-104. Incluso es menos de 7.5%, vea el Cuadro 51 de [3], Pág. 104, que dice “Prima de reparto Asalariados 7.11%”. En la actualidad la prima o cuota que la CCSS recauda para el “seguro social”, de conformidad con el artículo 73 de la CP y el 32 de la Ley N° 17, es un 25,66% del salario. Según ese artículo 32, esa cuota y cualquier otro fondo obtenido por esa ley, debe separarse en dos, una para salud (reparto) y otra para IVM (capitalización). Así, la CCSS debería destinar un 7,5% al primero (reparto) y el restante 18,16% al segundo (IVM). Sin embargo, contrario con dicho artículo y con el artículo 73 constitucional, al IVM en lugar de enviarle el 18,16% solamente le trasladan un 10,66%. El otro 7,5% lo desvían para otros regímenes de seguridad social sin que ello esté autorizado por ley, lo cual no sería posible sin una reforma constitucional. Lo ilustro gráficamente de la siguiente manera, incluyendo en las esquinas, el ordenamiento constitucional y legal vigente que expresamente prohíbe esos desvíos.
Tal desvío multimillonario no autorizado de aportes tripartitos del seguro social, no solamente está prohibido por la CP, sino también por diversas leyes y sentencias judiciales. Por ejemplo, cuando se creó el seguro de salud para las personas de escasos recursos con la ley 5349, el artículo 2 recordó que “Conforme a las disposiciones del párrafo tercero del artículo 73 de la Constitución Política, la Caja no podrá en ejecución de esta ley, contraer obligaciones que impliquen transferencias o empleo de los fondos y reservas de los seguros sociales en finalidades distintas a las propias de su creación”. Algo similar se ordenó en la Ley 5905 cuando se creó el seguro de salud de los pensionados, al indicar: “Si hubiere algún déficit, este será cubierto por el Estado, el cual tomará los recursos de las rentas creadas por leyes anteriores para cubrir la cuota estatal y la cuota del Estado como patrono a la Caja Costarricense de Seguro Social”. (Destacado mío). Si alguien tiene duda, que le pregunte a Román Macaya Hayes o a los directores de la CCSS, cuánto le han cobrado al Estado por el hueco que hay en este seguro y cuánto ha pagado el Estado.
Como si el desvío de un 7,5% sobre los salarios fuera poco, al 10,66% que sí trasladan al IVM le vienen dando grandes pellizcos a partir del año 2000, cuando con la Ley 7983 le ordenaron a la CCSS afiliar a los trabajadores independientes; ello a pesar de que esa ley volvió a recordar que los dineros del seguro social no se pueden usar para otros fines, adicionando al artículo 1 de la ley N° 17 parte del artículo 73 de la CP y al artículo 3 el párrafo que dice: “Para los trabajadores independientes cuyo ingreso neto sea inferior al salario mínimo legal y que soliciten su afiliación al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, la cuota del Estado se incrementará con el fin de subsanar parcialmente la ausencia de la cuota patronal. Para tales efectos, se creará un programa especial permanente a cargo del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”. La misma ley agregó al artículo 74 de la ley del seguro social, el párrafo siguiente: “Corresponderá al Ministerio de Hacienda la obligación de presupuestar, anualmente, las rentas suficientes que garanticen la universalización de los seguros sociales y ordenar, en todo caso, el pago efectivo y completo de las contribuciones adeudadas a la Caja por el Estado, como tal y como patrono. El incumplimiento de cualquiera de estos deberes acarreará en su contra las responsabilidades de ley. Penalmente esta conducta será sancionada con la pena prevista en el artículo 330 del Código Penal”. (Destacados míos). ¿Dónde están esas rentas suficientes para la universalización de los seguros sociales? Contrario a ello, el Estado le debe a la CCSS más de ₡2 billones y en los años 2007 y anteriores, la CCSS elevó las cotizaciones de los trabajadores independientes y a muchos de ellos les redujo el subsidio estatal, lo cual abrió una segunda válvula -ver el gráfico anterior- para el desvío de fondos del seguro social de los trabajadores asalariados, para atender a este grupo de trabajadores por cuenta propia, que generalmente cotiza con la base mínima; pero que requiere garantía de pensiones mínimas, por lo cual es actuarialmente deficitario, sin que se haya cuantificado el déficit que tiene en IVM. Al respecto, la OIT señala en [4], pág. 50: “… en la práctica ha resultado muy difícil aplicar este concepto en el caso de ciertos trabajadores, como por ejemplo muchos trabajadores por cuenta propia, cuya modalidad de ingresos es irregular, para quienes el propio concepto de ganancias es difícil de evaluar y quienes generalmente tienen diferentes necesidades y prioridades en materia de seguridad social.”
Así que no coma cuento cuando le dicen o le gritan que el problema del financiamiento y la crisis de IVM es el envejecimiento de la población. La OIT dice en [4], pág. 102: “El envejecimiento de la población no constituye una amenaza para los sistemas de seguridad social sino más bien un problema para la formulación de las políticas económica y social y para el mercado de trabajo”. Que no lo engañen. Recuerde, quienes propiciaron la quiebra de IVM son los mismos que deciden lo que se debe hacer con el IVM y lo quieren sumar a usted como si fuera una oveja, sin respeto, ni importarles el conflicto de intereses que poseen. En guerra avisada no muere soldado.
La Gerencia de Pensiones de la CCSS respondió una serie de consultas de Juan Carlos Durán Castro, dirigente sindical del sector salud y secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum.
En el documento se responde cada una de las preguntas que se le fueron planteadas en relación al proyecto de Reforma del Régimen de IVM, las consultas son las siguientes:
¿Cuáles son en concreto y que impacto han generado en la contención del gasto las reformas que han sido consensuadas en los más recientes procesos de dialogo con los sectores sociales y de las mismas cuales se han operativizado?
¿De esas reformas más recientes cuales están incorporadas en el actual proyecto de reforma?
¿Del actual proyecto de reforma, cual es el impacto relativo y absoluto en el gasto del régimen de IVM, de cada una de las medidas propuestas y que impacto tiene cada cual en los momentos críticos derivados de las valuaciones actuariales?
La pandemia del Covid 19, es evidente que ha generado un impacto negativo en los ingresos del IVM. ¿En tal sentido según los estudios que entendemos deben tenerse, requerimos el dato actualizado de ese impacto en términos de millones de colones y se nos indique si estos efectos del tema sanitario en el mundo del trabajo en el país están incorporados en las valuaciones actuariales y que efecto tiene ese fenómeno pandémico-sindémico en los momentos críticos establecidos en las valuaciones actuariales?
¿Cuáles son los argumentos que puede esgrimir la gerencia a su cargo para sostener que en el actual proyecto de reforma no se eleva la edad de jubilación a los 65 años?
En igual sentido cuales son los argumentos que pueden esgrimirse para argumentar que el proyecto de reforma no eleva el 1% de la cuota obrera, ni reduce la tasa de reemplazo establecida en el reglamento actual a un 40%?
¿Tiene la gerencia de pensiones ejemplos claros del impacto real del actual proyecto de reforma en al menos unos 4 salarios extrapolados de la masa salarial nacional? De ser así (lo cual no dudamos, pues somos conocedores de que los estamentos técnicos de la CCSS, tienen esa capacidad), requerimos que antes de cualquier reforma en el marco de la ética, la probidad y la transparencia se le presente al país esos ejemplos.
¿Es la medida relacionada con la eliminación gradual del retiro anticipado la que genera un mayor impacto en la contención del gasto del régimen y la que retrasa más el momento crítico 3 establecido según los actuarios en el 2037?
¿Qué impacto real tiene la eliminación gradual del retiro anticipado sobre la población femenina de la masa laboral del país general y en particular sobre el segmento laboral femenino del sector público?
Cuál podría ser desde la perspectiva de la gerencia y su equipo de trabajo, un listado de posibles propuestas de reforma que rebasan el marco constitucional de la CCSS, pero que impactarían positiva y estructuralmente el régimen de IVM?
¿Puede la gerencia a su cargo desglosar de manera objetiva y con sustento técnico, jurídico, financiero y presupuestario, ¿cuáles son los posibles escenarios y riesgos a los cuales nos podríamos enfrentar como país ante la posibilidad de que la Junta Directiva de la CCSS opte por no aprobar el actual proyecto de reforma?
¿Valora esta gerencia que puede existir la posibilidad de acordar una prórroga y aspirar a construir otros escenarios de reforma que rebasen las potestades institucionales? ¿De tener esta consulta alguna viabilidad, cual sería un plazo razonable?
Se invita a leer y analizar las respuestas en el documento adjunto:
La cantidad de oro documentada en Crucitas, es de 30 toneladas para explotar en 10 años. Podría encontrarse más al hacer la excavación en las 50 hectárea evaluadas (1/2 km2) pero por ahora es solo una expectativa. Nuestra propuesta es que, guardando todas las consideraciones ambientales, el Estado, para beneficio de la CCSS, desarrolle con esos ~US$135 MILLONES anuales, un sistema hospitalario llamado «Hospital del Oro», donde se construya infraestructura y se refuerce personal de salud, para la atención de los 700 mil ciudadanos de oro (en dos décadas más de un millón) que ya no pueden ser atendidos como merecen en nuestras clínicas y hospitales de la Caja. Hoy la cifra de espacios ocupados por los adultos mayores, supera el 65%, y conforme aumente dicho porcentaje, irá disminuyendo el espacio para los de menos edad. El «Hospital del Oro» es un proyecto realista y, muy importante, con fuente de financiamiento seguro. Mucho dolor se evitaría a los viejitos con un proyecto así, a desarrollarse como prioridad del Poder Ejecutivo.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la Canasta Básica Alimentaria (CBA) es “un conjunto de alimentos expresados en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de calorías de un hogar promedio”. Esta incluye lácteos, carnes, pescado, frutas, cereales, etc. En el año 2020 el costo de la CBA estimada por el INEC fue ₡41.973 la rural y ₡50.245 la urbana.
Para el INEC un hogar es catalogado en extrema pobreza si el ingreso promedio por persona del hogar es igual o inferior al costo de la CBA; por eso a la CBA el INEC también le llama “Línea de pobreza extrema” (LPE). Supongamos que en el año 2020 un hogar tenía un ingreso mensual total de ₡200.000 mensuales y estaba compuesto por 4 miembros, por lo que el promedio por persona era ₡50.000. Como este monto es superior a ₡41.973 ese hogar no estaría en pobreza extrema si fuera de una zona rural; pero si fuera de una zona urbana sí estaría en extrema pobreza, ya que los ₡50.000 son menos que ₡50.245. Lo resumo así, en 2020, un viejo, vieja o joven que mensualmente represente en el hogar un ingreso promedio inferior a ₡48.000 -redondeando el promedio rural y urbano-, estaría catalogado en condición de extrema pobreza.
Aunque a alguien no le suene razonable que esa “línea de extrema pobreza” no utilice otros componentes esenciales para vivir en adición a unos cuantos productos alimenticios, no se estrese, porque esos otros bienes y servicios, como vestido, calzado, vivienda, agua, electricidad, etc., el INEC los utiliza para definir lo que llama “Línea de Pobreza” (LP). Además, el INEC también hace otros análisis con Indicadores de Pobreza Multidimensional (IPM) que utilizan otras variables para medir la pobreza. En 2020 ese instituto estimó la LP urbana en ₡112.266 y la rural en ₡86.439. Un hogar es catalogado pobre, pero no en extrema pobreza, si el ingreso promedio por persona es superior a la LPE, pero igual o inferior a la LP. Los hogares cuyo ingreso promedio por miembro es superior a la LP son catalogados como no pobres. Si usted vive en el hogar del ejemplo del párrafo anterior, sería catalogado como en extrema pobreza si es de una zona urbana y como pobre -pero no tan pobre- si fuera de una zona rural. Si el ingreso total de los 4 miembros fuera ₡400.000 -o sea ₡100.000 cada uno en promedio- sería pobre (pero no tan pobre) si vive en zona urbana; pero sería no pobre si vive en zona rural.
En el gráfico siguiente se presenta la distribución de los hogares costarricenses de 2020 según esos tres grupos definidos por el INEC, usando un promedio redondeado de las líneas de pobreza rural y urbana en el eje horizontal.
Sumando la cantidad de hogares pobres y en extrema pobreza se obtiene un total de 420.433 hogares en condición de pobreza o pobreza extrema, o un 26,2%; el restante 73,8% de los hogares es considerado como no pobre. Si se cuentan las personas que viven en los hogares pobres la distribución relativa aumenta a un 30% de la población nacional o 1.529.255 personas pobres o no pobres, pues el número promedio de personas que vive en los hogares pobres es 3.6, mientras que en los hogares no pobres viven en promedio 3 personas. En el gráfico siguiente se muestra la población nacional de 2020 distribuida según los tres grupos de pobreza.
Lo mostrado hasta aquí es usando el método de la LP para medir la pobreza; pero como dije anteriormente, el INEC también utiliza el método IPM, el cual considera otras dimensiones tales como acceso a educación, vivienda, uso de internet, salud, trabajo y protección social. Este método es complementario al método LP. Bajo el método IPM en el año 2020 el INEC determinó que un 16,1% de los hogares resultaban clasificados como pobres. De ese 16,1%, un 8,5% también era un hogar pobre usando el método LP y el restante 7,5% no aparecía como pobre usando el método LP. Por lo tanto, al considerar ambos métodos lo que se obtiene es que la proporción de hogares pobres de 2020 aumenta de un 26,2% usando solo la LP a un 26,2% + 7,5% = 33,7% usando ambos métodos; el restante 66,3% es de hogares no pobres. La cantidad de hogares pobres aumenta de 420.433 a 540.904.
En el cuadro siguiente se presentan los hogares y personas de julio de 2020 distribuidos en cinco grupos de nivel de pobreza usando ambos métodos IPM y LP. Como puede verse, la cantidad de personas pobres aumenta de 1.529.255 a 1.971.149, que representa un 38,6% de la población; el restante 61,4% de personas es no pobre.
Un régimen de pensiones es un modelo económico que permite a un país o sector, entregar bienes y servicios a las personas que no pueden producirlos y a sus dependientes, debido a que han llegado a una edad poco apta, o bien por causa de otras contingencias, como la incapacidad permanente o la muerte. Esos bienes y servicios deben ser suficientes, para evitar que las personas y hogares entren en condición de pobreza o de extrema pobreza; además, para que inyecten dinamismo y estabilidad a la economía.
En el cuadro siguiente se presenta la población nacional del año 2020 distribuida según nivel de pobreza y edad, por condición de aseguramiento en el seguro de salud de la CCSS. Hay que tener presente que los datos son de una encuesta, por lo cual podrían presentar desviaciones de los datos reales; no obstante, ayudan a tener algún conocimiento de la situación real que no se tendría de otra forma. Estos datos sólo incluyen la medición con LP.
Fuente: Misma fuente.
Las políticas públicas de los Estados deben enfocarse a eliminar los dos primeros grupos del cuadro anterior y evitar los retrocesos en materia social. Sin duda, como veremos, los regímenes de pensiones ayudan con esa tarea. El cuadro anterior contiene la información vista al principio de este documento; pero agrega la edad y la condición de seguro en salud, lo cual es importante para la toma de decisiones.
Abajo se presentan distribuciones relativas totales y marginales de la población nacional según varios grupos. Por ejemplo, diríamos que el 6,9% de la población nacional está pensionada por el IVM, el 3% por el RNC y un 1,3% está pensionada por otros regímenes de pensiones. Como el aseguramiento en salud y en pensiones es obligatorio, salvo casos excepcionales, se concluye que la mayoría del 30,3% que aparece asegurada como familiar de asegurado, el 15,6% como no asegurada y otros grupos, están excluidos de cobertura de pensión. Un importante grupo de ellos ni siquiera forman parte de la población económicamente activa, lo cual los excluye de los regímenes de pensiones contributivos, salvo que se afilien de manera voluntaria.
Nótese que una proporción de los asegurados por cuenta del Estado aparecen clasificados como no pobres. Esto podría deberse a varias causas que no están claras para mí. Podrían ser errores de la encuesta, que aparezcan como pobres bajo IMP, que sean realmente no pobres con el seguro u otras razones.
Como era de esperar, casi todos los pensionados por otros regímenes de pensiones (Otros pen) distintos a IVM y RNC aparecen clasificados como no pobres. En el caso de pobreza extrema es importante notar que solamente un 1,3% es pensionado de IVM y 2,5% del RNC, que suman un 3,8%, reafirmándose la importancia de los regímenes de pensiones para evitar la extrema pobreza. Pero al mismo tiempo, se observa el problema de exclusión o falta de cobertura al ver la edad, principalmente en los grupos “Fam Aseg”, “No Aseg” y “Estado”.
Desafortunadamente no sucede lo mismo en el caso de pobreza no extrema, en la cual los pensionados de IVM tienen una participación de 17,3%, que sumada al 1,6% en extrema pobreza da un total de 18,9% de pensionados de IVM en pobreza o pobreza extrema (55 mil pensionados en 2020). Los pensionados de IVM surgen del aseguramiento como asalariados, independientes, convenio y voluntario en IVM, los cuales tienen una participación de un 85,5% en el nivel “No pobres” en salud. El porcentaje de 81,1% de pensionados de IVM que aparece como No pobre sugiere que, al pensionarse, aproximadamente un 5,4% de ellos pasa de No pobre a pobreza no extrema. De ahí la importancia de evitar que este valor se incremente, dado que sería un retroceso.
Como la ayuda que otorga el RNC es de solamente ₡82 mil mensuales, era de esperar que no estuviera ayudando de manera adecuada, pues un 36,6% permanece como pobre, proporción que es parecida a la de los asegurados por cuenta del Estado, que en teoría no reciben la pensión del RNC; aunque esto también podría ser un problema de captura de información por parte de la encuesta. Sumando a esa proporción los que están en extrema pobreza se tiene un 43,7% de pensionados del RNC en pobreza no extrema o en extrema pobreza, que representa aproximadamente 56 mil pensionados. Esto me recuerda las sugerencias de algunos sectores de trasladar dineros de estos sectores al IVM, en lugar de exigir que se usen para los fines que fueron creados.
El pasado 18 de junio, en el programa Alternativas se estuvo conversando sobre «Crisis del IVM y de la CCSS, realidad y perspectivas«
Se contó con la participación de:
Jorge Coronado, Sociólogo de la UCR, Especialidad en Economía Política de la Escuela Libre de Estudios Superiores de Berlín/Alemania Estudios en Ciencias Políticas de la UCR
Martha Elena Rodríguez, directora CCSS en representación de los y las trabajadoras sector sindical, Secretaría General Adjunta UNDECA
En este programa los (as) panelistas conversaron acerca del origen e importancia del régimen del IVM, así como del acontecer actual de este; De acuerdo a Jorge Coronado el régimen del IVM ha garantizado seguro de salud y pensiones a la población, además junto a la CCSS ha permitido que este país tenga indicadores de salud reconocidos a nivel mundial, garantizando la protección social; A pesar de esto este sistema se ha venido deteriorando, y con la crisis provocada por la pandemia del COVID 19, esta crisis se ha incrementado, provocando que la sostenibilidad del mismo se vea a amenazada.
Lo anterior ha provocado que la cobertura de este régimen se disminuyera, generando que miles de trabajadores y trabajadoras no tengan la posibilidad de acceder a esta protección social, precarizando las condiciones de vida de muchas personas.
Del mismo modo Martha Elena Rodríguez menciona como el gobierno y algunos partidos políticos han impulsado una serie de reformas que lejos de mejorar deterioran aún más este régimen. Desde hace varios años el Fondo Monetario Internacional ha venido planteando una serie de reformas regresivas para los regímenes de pensión, además, la OGDE plantea que debe haber un solo régimen, a la medida de lo que quieren los organismos financieros internacionales. Estos modelos históricamente han fracasado.
Asimismo, se señala como es necesaria una reforma al régimen del IVM, sin embargo, la que se está proponiendo no solucionar la crisis de este régimen, todo lo contrario, su implementación afectaría a toda la clase trabajadora, por lo que se hace un llamado a una reforma en la cual se convoque al dialogo social, que cuente con la participación de diversos sectores.
Necesaria una reforma, pero no la actual, se debe dar a través del diálogo social, que incluya a todos los sectores
Para ampliar la discusión de este tema en el siguiente enlace pueden acceder a la transmisión completa del programa https://fb.watch/6cXH3CdIU4/
Se le invita a sintonizar el programa radial Alternativas; éste se transmitirá el día viernes 18 de junio a las 6:00 p,m. Se hablará del tema: “Crisis del régimen de IVM y de la CCSS, causas, realidad y perspectivas”.
Se contará con la participación de:
Jorge Coronado, Sociólogo de la UCR, Especialidad en Economía Política de la Escuela Libre de Estudios Superiores de Berlín/Alemania Estudios en Ciencias Políticas de la UCR
Martha Elena Rodríguez, directora CCSS en representación de los y las trabajadoras sector sindical secretaria General Adjunta UNDECA
Puede sintonizar el programa por medio de Radio 16: 1590 am o en el Facebook Live de Alternativas.
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