Ir al contenido principal

Etiqueta: CCSS

UNDECA denuncia escasez de equipos y recursos para atender la pandemia

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Costa Rica atraviesa la peor crisis sanitaria de su historia, hasta el momento cargada en los hombros de la Caja Costarricense del Seguro Social y de la clase trabajadora

El costo económico para atender la pandemia, más las desacertadas decisiones de la jerarquía de la Caja, para «oxigenar» al empresariado evasor y moroso con la seguridad social y el fisco, que esclaviza y despide solapadamente a miles de trabajadores, está siendo pagada por los trabajadores sanitarios, con atrasos de salarios y escasez de Equipos de Protección y de recurso de humano.

Evidentemente el mayor riesgo por la pandemia lo corren los trabajadores de la salud.
Según los datos oficiales al 10 de junio la institución había enviado a 1631 trabajadores, de todas las disciplinas, a confinamiento domiciliario, por contacto con compañeros de trabajo o usuarios positivos por COVID-19, sin embargo, en los últimos días se han aislado cientos de funcionarios, que hacen presumir una cifra cercana a los 2.500 trabajadores.

Los trabajadores de la CCSS contagiados que en abril pasado representaban el 20% de los contagiados (133), un mes después eran 146, pero la semana pasada solo en tres hospitales se diagnosticaron 23 nuevos casos de trabajadores, por lo que podría superar los 300 según los informes que hemos recibido.

Considerando las cifras de personas contagiadas, particularmente en las zonas de mayor densidad poblacional, los datos se tornan alarmantes, porque si no priorizamos la protección de los trabajadores de la salud muchas personas pueden morir, porque los trabajadores están enfermos.

En los centros de salud escasean los kit de pruebas para el diagnóstico y los equipos de protección, las constantes quejas son por la cantidad y la mala calidad de los equipos, las mascarillas son insuficientes para las extenuantes jornadas, cuando se las suministran, con el riesgo de que el personal ni siquiera se percate de que están propagando el virus.

Hoy el mundo vive una guerra sanitaria con los países más ricos, por los recursos para atender las necesidades de la población, como respiradores y otros equipos de cuidados intensivos, pero el impacto para el país de no contar con suficiente personal de salud sería una verdadera catástrofe, ya que el único distanciamiento social de los trabajadores de la CCSS es el Equipo de Protección. UNDECA exige a las autoridades de la CCSS y del Ministerio de Salud garantizar el diagnóstico oportuno, el acceso inmediato a los equipos de protección, suministros y recurso humano necesarios para atender a la población afectada por esta enfermedad.

San José, 3 de julio de 2020.

Una dictadura en democracia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Hernán Alvarado

El gobierno de «unidad nacional» ya ha mostrado sus garras y dientes, puesto que ha unido a la clase política alrededor de una agenda laboral regresiva que solo complace a unos cuantos. Comenzó concediendo enormes exenciones y cuantiosas amnistías y continuó desfalcando pensiones, autorizando despidos, congelando salarios y cargando sobre las espaldas de quienes menos tienen los costos de las crisis fiscal, sanitaria y económica.[1] Así engendró un consenso que ha saboteado sistemáticamente el pacto social de 1949 sin ofrecer nada a cambio, pues a la religión del mercado le basta con su dios fetiche: el dinero. Pero eso no se puede llevar a cabo sin quebrantar la Constitución de la República y sin atizar un conflicto social que ya hierve en su confinamiento.

Un depredador de la norma superior

Ese gobierno de unidad «nacional» reforzó la coalescencia de poderes que la voluntad del constituyente quiso independientes (artículo 9, entre otros), reduciendo la oposición en el Legislativo y debilitando más la independencia judicial. Esto se volvió evidente a partir de la segunda elección de Oscar Arias y es consecuencia de que los diputados nombran acomodaticia y secretamente a los magistrados.

En vez de pagarle su voluminosa deuda a la CCSS, ese gobierno y sus grandes empresarios han puesto en riesgo su autonomía y sostenibilidad (artículo 73). Mientras cierta prensa se ha dedicado a desprestigiarla, igual que a otras instituciones públicas. Asimismo, las universidades ven amenazada su autonomía (artículos 84 y 85), blanco predilecto de todo tirano. El informe legislativo que se acaba de presentar da vergüenza ajena y pasará a la historia como un monumento a la arrogancia de esta legislatura, basada, como suele suceder, en la «ignorancia oceánica» de quienes votan hasta sin leer.[2] Ni por su forma, ni por su contenido es de recibo; sin embargo, fue aprobado sin sonrojarse por 31 diputados.[3] No se sabe qué es más alarmante, si ese informe de mayoría o su aprobación.[4]

Por otra parte, la ley 9635 para el «Fortalecimiento de las finanzas públicas» fue una falsa solución a una crisis falsa. Fue impuesta contra una multitud de voces que trataron de negociarla, configurando la más clara contravención del artículo 9 vista hasta ahora. La solución es falsa porque no resuelve el problema, ni erradica su causa; es una reforma remendona y regresiva que el Covid-19 dejó desarropada, junto a su dogmática regla fiscal. Pero así se evitó eficazmente la cuestión de fondo: evasión, elusión y contrabando (sin que casi nadie mencione el narcotráfico). Tal reforma deshonró el artículo 50 que manda al Estado a procurar «…el más adecuado reparto de la riqueza». Por cierto, que Costa Rica forme parte hoy de los diez países más desiguales del mundo es un resultado de política económica anticonstitucional y necesita ser urgentemente revertido. En buena ley habría que despedir por eso a todos los responsables.

La crisis fiscal es falsa pues las fuentes de ingreso sobran y bastaría con cobrar bien los impuestos. Pero falta voluntad política; si no se permitiese el robo del impuesto de ventas, por ejemplo, el déficit caería más del 2,5% del PIB. El principal problema es que las mayores fortunas desaparecen por el arte prestidigitador de la «ingeniería fiscal». Al respecto, la propuesta del grupo de economistas heterodoxos, en el cual figuran Thomas Piketty y Joseph Stiglitz, acierta al proponer un mínimo impositivo del 25% sobre las grandes corporaciones para salir de la crisis.[5]

Aún así el sistema tributario costarricense seguiría siendo regresivo, ya que a un pensionado se le quita hasta un 69%. El sistema es tan regresivo que las exenciones se otorgan a quienes más pueden y no a quienes menos tienen. ¿Por qué se le cobraría a un pensionado un 55% de impuestos, mientras a una gran corporación como Appel, Amazon, Google o Facebook apenas un 25%? En rigor, a una pensión se le debería cargar únicamente lo que a cualquier otro ahorro, es decir, nada. Por definición, el ahorro sale de un ingreso neto, es decir, después de pagar los impuestos respectivos. Por tanto, recargarlo con otro -como quiera que se le llame- es doble imposición a un dinero ya gravado. Un segundo impuesto es en sí mismo regresivo, ni qué decir de un tercero o un cuarto. Cualquier monto resulta así discriminatorio y desproporcionado, es decir, abusivo y falta entre otros al artículo 33. Una pensión no es ni un salario ni un dividendo, es un derecho o beneficio social que adquiere el trabajador a través de un financiamiento tripartido. Por cierto, pretender liberar al Estado de financiar pensiones, como se ha querido hacer creer, también es anticonstitucional (artículo 73).

La ley 9796 que obliga a los pensionados a ser súper solidarios ha resultado ser otro disparate legislativo que se contradice a sí mismo. No solo es regresiva sino que además viola el artículo 34, porque «ninguna ley», «para ninguna persona», puede ser «retroactiva» y, desde luego, ninguna puede estar por encima de la norma superior. Su corolario, la ley 9836, que pretende usar ese «ahorro» para subsidiar a los más pobres, también choca con el artículo 73 sobre los seguros sociales, que no pueden ser transferidos ni utilizados «(…) en finalidades distintas a las que motivaron su creación (…).»[6] En el mismo sentido, la Asesoría técnica de la Asamblea Legislativa había advertido que usar una pensión con otra finalidad distorsiona el instrumento, atropella el derecho adquirido y la expectativa del propietario.[7] Unos diputados ignorantes del problema han encontrado una medicina que es peor que la enfermedad.

Por otra parte, la ley 9808 «Para brindar -ni que fuera cuestión de licor- seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos» se propuso restringir todo lo posible el derecho a huelga, especialmente las «huelgas políticas». Se deshonró así, una vez más, el artículo 9 de la Constitución que todos parecen pasar por alto, tal vez porque constituye, desde que se reformó en el 2003, la principal salvaguarda contra el autoritarismo de Estado. Para honrarlo, los legisladores debieron haberse dedicado más bien a garantizar la organización de los trabajadores del sector privado, quienes no pueden sindicalizarse sin ser despedidos, a pesar de los artículos 25 y 60. Alguno debió recordarle a la UCCAEP que no son esclavos. Pero eso no cabe en esa agenda de «unidad nacional». Ahora, en plena pandemia, estos trabajadores han tenido que verificar dolorosamente que a su trabajo se le trata como a una «simple mercancía», lo cual viola abiertamente el artículo 56.

Para colmo el Presidente presentó el 1 de mayo pasado otro informe mamarracho que está lejos de cumplir con la «evaluación de resultados» y la «rendición de cuentas» que exige el artículo 11. Este rápido recuento revela que el gobierno de «unidad nacional» ha conculcado o desconsiderado cuando menos los artículos 9,11, 25, 33, 34, 50, 56, 60, 73, 84 y 85 de la Constitución. A lo cual hay que sumar la presunta violación del artículo 24 por parte del Presidente en relación con la UPAD. Por eso los gobernantes han quedado expuestos cada vez más a denuncias y recursos; solo el Presidente encara ya cinco causas penales por incumplimiento de deberes y prevaricato.

En pocas palabras, nuestros representantes no cumplen con su juramento (artículo 194) porque en vez de estar aprobando leyes democráticamente progresivas, se han dedicado a burlar el diseño participativo y popular de la República. El pueblo tiene todo el derecho a pedir que renuncien, en primer lugar a sus pretensiones y en segundo lugar a sus puestos, por incumplimiento de deber, por actuar contra su juramento y compromiso moral; aunque hayan tenido el cuidado de no incluir en su agenda la revocatoria de mandato. ¡Qué se vayan todos!

El convidado de piedra

A ese desgobierno de «unidad nacional» le persigue, desde el principio, una sombra: el pueblo brilla por su ausencia. Así que no es casualidad que premie a los más ricos y perjudique a la clase trabajadora que es la columna central de esta democracia. El pueblo es el dueño de la República y la fuente de cualquier otro poder; pero nadie nota a ese señor, que también es señora, en Casa Presidencial, ni en Asamblea Legislativa. Y cuando se manifestó masivamente, en oposición a la ley 9635, se le ninguneó como «cuatro gatos», además de vacilar a sus dirigentes.

El Presidente no vio pasar al pueblo que le gritaba en la calle, ni porque salió vestido de maestra. Dado que es medio sordo, requiere una movilización más contundente. Mientras el Soberano permanezca pasivo, como dice don Carlos que le gusta, el representante tiende a ejercer arbitrariamente el poder que se le ha delegado. Volvió a pasar durante el presente encierro con las múltiples propuestas que le llegaron. Él solo prestó oídos a la UCCAEP, aunque representa únicamente a los más grandes empresarios o «grandes contribuyentes», que sería mejor comenzar a llamar de otra manera.[8]

Así, por ejemplo, Guillermo Zúñiga, ex Ministro de Hacienda, ha venido haciendo en su blog una serie de oportunas, comedidas y certeras sugerencias sin dejar de apuntar la necesidad de renovar el pacto social tomando la senda del diálogo, pero nadie responde desde la otra acera.[9] Lo mismo le ocurre al grupo de economistas pluralistas. Para el gobierno hay una verdad única y la tiene en el bosillo. Sin embargo, al decir de José Luis Sampedro, hay dos tipos de economistas: los que se dedican a hacer «más ricos a los ricos» y los que trabajan para hacer «menos pobres a los pobres».

Todo indica que estamos atravesando por lo que Rogelio Cedeño ha llamado, evocando una expresión altanera de Oscar Arias, una «dictadura en democracia».[10] No es que una mayoría aplaste a una minoría, como cabe cautelar en derechos humanos. Se trata de que un pequeño grupo se ha empeñado en hacer retroceder derechos adquiridos, porque la «clase política no le tiene miedo al pueblo» (a confesión de parte relevo de prueba). Se trata de una minoría que atropella a la mayoría que la eligió. Ignorando el límite de la carta magna, ese grupo se arroga un poder que no tiene. Por eso se deslegitima con cada decisión que toma contra los trabajadores. En consecuencia, para estos el gobierno del bicentenario está resultando ser un ruidoso fiasco.

La hora que os anuncié

Solo hay una manera de detener tanto abuso de poder: el Soberano debe presentarse en la escena política y exigir cuentas. No basta con que sea un supuesto, ni una romántica ficción jurídica. El pueblo debe tomar el camino de la democracia participativa directa para sacudir ese andamiaje que carcome, como un cáncer, la democracia representativa. Del confinamiento habrá que salir a la calle, antes de que los cuatro gatos -ahora sí y con el perdón de tan magníficos animales- terminen de destruir lo que tanto ha costado edificar durante décadas. Contrariamente al criterio de Oscar Arias, los problemas de la democracia solo se solucionan con más democracia; porque como dice un cartel anónimo: «Lo que le pasa al país es que la solución está en manos del problema».

Dada la pandemia, cabe calcular el momento, pero actuar con la contundencia que ha caracterizado al pueblo costarricense en cada hito histórico. No hace mucho hubo que parar el Combo del ICE y casi se logra detener el TLC en una jornada cívica inolvidable. Ahora, con más fuerza, razón y convicción que nunca habrá que defender nuestra República participativa y popular. Ha llegado la hora de parar el neoliberalismo que actúa como absoluto, al punto de querer pasar leyes por encima de la Constitución. Aunque los días del capitalismo «salvaje» (patriarcal, colonial y depredador) estén contados, no será posible salir de la pandemia a la solidaridad, sin derrotar a esa dictadura disfrazada de democracia que ha venido a ponerse al servicio de la insolidaridad.[11] Ha llegado la hora de la «hipercreatividad» del pueblo (E. Dussel), empezando por las jornadas de diálogo y pedagogía social como las que viene organizando Surcos y la Alianza por una vida digna. ¿Qué más podríamos perder? Solo los grilletes mentales que nos atan a un grupúsculo dominante que no halla el hilo de su hegemonía ni de su proyecto país, extraviado como está en el laberinto de sus mezquindades y auto eximido del glamur político de otrora.[12]

[1] Manuel Hernández: «La suspensión unilateral del ajuste salarial es manifiestamente ilegal». En: Surcosdigital.

[2] Rogelio Cedeño: «Los enemigos de la universidad pública y sus desvaríos». En: elpais.cr

[3] Walter Antillón: «Autonomía constitucionalmente garantizada» y Yamileth González: «Algunas observaciones sobre el informe de mayoría de la comisión FEES». En: Surcosdigital.

[4] Ver al respecto el excelente comunicado del Instituto de estudios latinoamericanos de la Universidad nacional.

[5] Francisco Guerrero: «Piketty y Stiglitz proponen impuesto mínimo de 25% sobre grandes corporaciones para superar la crisis». En: latercera.com

[6] Msc. Francisco Esquivel: «El financiamiento de las ˝pensiones˝ no contributivas.» En: cambiopolítico.com.

[7] Hernán Alvarado: «El autogol político 9796.» En: Surcosdigital.

[8] Oscar Madrigal: «Murió la oportunidad.» En: Surcosdigital.

[9] Guillermo Zúñiga: «La carreta delante de los bueyes»; Gilberto López: «El mundo unilateral de la UCCAEP»; Mario Hidalgo: «Con falsedades intenta apropiarse de la historia del país». Ver también videforo: «¿Hacia qué tipo de sociedad nos quiere llevar la UCCAEP?» Idem.

[10] Rogelio Cedeño: «Entre la indefensión y la mentira más descarada». Idem.

[11] Álvaro Vega: «Del distanciamiento a la convivencia digna». Idem.

[12] Según una broma de Mafalda: «vivimos en un país raro donde la clase obrera no tiene obras, la clase media no tiene medios y la clase alta no tiene clase.»

Imagen aportada por el autor.

Del saber del poder al poder del saber en las metáforas populares

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Los propietarios del capital como plañideros lamentan las dificultades de las restricciones impuestas al funcionamiento de sus negocios ante el riesgo de la salud pública, pero sus letanías trascienden el malestar economicista, para manifestar su influencia e intransigencia política contra el Gobierno y particularmente contra las decisiones de las autoridades del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social. Los empresarios no sólo influyen en la liberación de las limitaciones de apertura mercantil, sino que exigen que les sea consultada toda decisión que atienda preferentemente la salud pública y no sus negocios, e incluso se atreven querer destituir a las actuales autoridades sanitarias para proponer a otros que sean complacientes con sus intereses, aun cuando se atente contra la salud pública y la vida de las personas. Estas prácticas en la sabiduría popular son metafóricamente calificadas como “lágrimas de cocodrilos”.

La actitud de empresarios y sus Cámaras de propietarios revela que su sensibilidad no es ofrecer trabajo digno a los despedidos ni ofrecer los mejores precios y atenciones a las necesidades ciudadanas, por el contrario, la menor cabida laboral está obligando a que los trabajadores contratados, prolonguen sus jornadas laborales e intensifiquen su trabajo. La motivación para la apertura de los negocios sin restricciones es el restablecer las ganancias, utilidades o excedentes, sin importar las consecuencias en la salud pública de sus decisiones privadas. Dicho breve y popularmente, lo que expresan los propietarios “no es el amor al chancho sino a los chicharrones”.

El poder económico y la “teoría” económica que los ampara ideológicamente, al parecer comparten un pensamiento que se valida a sí mismo, que no requiere renovarse ni actualizarse, porque el poder no lo requiere e incluso puede despreciarlo por tener la capacidad para generar leyes, resoluciones, decretos en su favor, así como imponer condiciones a trabajadores con relativa capacidad organizativa y movilizadora, en un contexto de desocupación, reducción salarial, inseguridad laboral y miedo. El saber del poder, no necesita de la argumentación razonada, lúcida ni contextualizada, como tampoco requiere responder a las críticas, negociar, escuchar y menos aún ser solidarios, porque como dicen los nuestros, “perros que ladran no muerden”.

La prepotencia, unilateralidad y cinismo de los propietarios del capital que, sin compromiso ético ni social, se presentan como las exclusivas víctimas de la crisis sanitaria y los únicos capaces de superar la condición pandémica, cuando son parte de la creación de estructuras de la exclusión y la explotación, sin embargo, amenazan a trabajadores y sus críticos, además de exigir y lograr concesiones financieras, se les otorga millones de dólares en “préstamos” no reembolsables (regalados) y presionan por dictaminar las políticas sanitarias, laborales y sociales del país. Los propietarios del capital, no solo inciden sobre el Estado, quieren ser Estado. Así, parafraseando a Juan Luis de Alarcón y Martínez de 1630, se puede decir que “los muertos gozan de buena salud”.

En el presente crítico, sanitario, económico, político, también se sufre una crisis de la inteligencia. Las teorías o explicaciones de las realidades se han convertido en dogmas, lo nuevo y peculiar pretende ser comprendido con lo viejo y estandarizado, el conocimiento y las iniciativas creadoras son sustituidas por técnicas ajenas a las realidades y sus peculiaridades, las ciencias sociales imitan a las profesiones técnicas, las incertidumbres son sustituidas con infundadas fantasías, ilusiones u otros miedos. Asimismo, los legisladores y gobernantes creen que las sociedades cambian con leyes y decretos, que la democracia es el resultado cuantitativo de las componendas con los ricos y los usureros del sistema financiero. La riqueza privada es ofensiva, inmoral y pone riesgo extinción de la vida y del planeta, e incluso los ignorantes de la historia, de aquellos que detentan el poder económico, estatal y judicial, es tal, que imaginan a los pobres, a los que sufren hambre, los desempleados y los explotados, que son cosas que pueden controlar y supeditar eternamente. No obstante, como ha ocurrido en otros momentos “a todo marrano le llega su noche buena”.

No cabe duda que vivimos una regresión cognoscitiva que se alimenta con las formas mediáticas y de una educación fragmentada, repetitiva, absoluta, descontextualizada de los conocimientos y las realidades. Ello, por supuesto, no hace seres libres sino esclavos del poder, dado que nos necesitan ignorantes, sumisos y temerosos de la violencia. Sin embargo, la dominación omnipotente es una falsa ilusión, porque “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

En defensa de la CCSS y el bono Proteger – para firmar en línea

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Compartimos un enlace para firmar en línea un pronunciamiento en defensa de la CCSS y el bono Proteger.

El documento señala:

Pronunciamiento sobre el bono Proteger, la CCSS y el presupuesto extraordinario

Quienes firmamos este pronunciamiento, ciudadanas y ciudadanos costarricenses, con profunda preocupación por el archivo que se ha hecho del Presupuesto Extraordinario que fuera remitido por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, y que procuraba allegar fondos indispensables para financiar el programa “Bonos Proteger” y a la Caja Costarricense de Seguro Social, en el contexto de la delicada situación por la que atraviesan las personas y las instituciones a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, con respeto pero a la vez con firmeza, manifestamos:

  1. La propuesta para financiar los “Bonos Proteger” pretendía aportar 75 mil millones de colones para destinarlos a personas trabajadoras que se han quedado sin empleo, han sido suspendidas, o han visto reducidas sus jornadas laborales. Al día de hoy, el Estado no tiene cómo financiar esos faltantes y no ha podido otorgar esta ayuda a cerca de 200 mil personas.
  2. Otra de las partidas que preveía este presupuesto extraordinario, se refiere a 33 mil millones de colones destinados a paliar las pérdidas de la Caja Costarricense del Seguro Social, en momentos en que esta institución enfrenta uno de los desafíos más grandes de su historia, y en vista de que sus ingresos se han visto seriamente disminuidos precisamente en razón de la crítica situación sanitaria por la que pasa nuestro país y el mundo entero.
  3. Tampoco puede dejar de señalarse que en el mismo plan presupuestario extraordinario, se incluyen 62 mil millones de recorte de gastos al Gobierno Central.
  4. Hasta ahora, las razones que se han hecho públicas del por qué una considerable mayoría de la Asamblea Legislativa (39 diputadas y diputados de oposición), han decidido rechazar la propuesta y archivar el expediente legislativo, han sido omitidas o muy escuetamente expresadas. De manera que el país desconoce las verdaderas causas del rechazo que se está consumando.
  5. En circunstancias críticas como las que atravesamos, programas como el de “Bono Proteger” resultan fundamentales, precisamente para impedir que el hambre ataque a cientos de miles de seres humanos y que, de paso, se eviten los estallidos sociales que esta situación extrema conlleva. Por ello, resulta insensato oponerse a su ejecución en vista de que “no parecen suficientes los recortes en gasto público” o se crean necesarias “nuevas propuestas presupuestarias” o “negociaciones políticas” para llegar a acuerdos.
  6. Respetuosamente instamos a las señoras y señores diputados, en vista de que las necesidades elementales de la ciudadanía no pueden esperar, que se deponga todo tipo de intereses personales o partidarios, o en el peor de los casos cálculos electorales evidentemente contraproducentes, para privilegiar el interés y la dignidad de las personas, la urgencia de atender sus requerimientos y la importancia de sacar adelante el país entre todas y todos.

Las firmas que respaldan el pronunciamiento, el cual usted puede firmar aquí, son las siguientes:

  1. Alianza por una Vida Digna
  2. Mario Devandas Brenes, cédula 1342692. Economista.
  3. Walter Antillón Montealegre, cédula 1221295. Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
  4. Ana Marcia Aguiluz Soto, cédula 1-928-731. Abogada y defensora de derechos humanos.
  5. Rafael López Alfaro, cédula 401490119. Movimiento Humanista.
  6. Erika Henchoz Castro, cédula 105700927. Periodista.
  7. Marcela Martino Aguilar, cédula 110220014. Defensora de Derechos Humanos.
  8. Antonieta Fernández Quirós, cédula: 30229017. Abogada, Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS).
  9. Vínyela Devandas Brenes, cédula 103940034. Profesora pensionada Magisterio Nacional.
  10. Adriano Corrales Arias, cédula número 2332689. Escritor y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
  11. Ricardo Solano Madrigal, cédula 700481458. Secretario General Sindicato de Trabajadores de Farmacia de la CCSS.
  12. Manuel Enrique Delgado Cascante, cédula 401030846. Periodista jubilado.
  13. Luis Mariano Sáenz Vega, cédula 302200485. Investigador del Centro de investigación Antropológicas CIAN, UCR.
  14. Mauricio Zeledón Leal, cédula 105690067. Partido Humanista.
  15. María Elena López Núñez, cedula 103410135. Médica Salubrista.
  16. Edgardo Moreno Robles, cédula 800860006. Profesor emérito Universidad Nacional.
  17. Jaime Ordóñez Chacón, cédula 105370458. Director Instituto Centroamericano de Gobernabilidad y catedrático UCR.
  18. Roxana Morales Ramos, cédula 111670990. Economista.
  19. Luis Felipe Arauz Cavallini, cédula 104860636. Catedrático Universidad de Costa Rica y exministro de Agricultura y Ganadería.
  20. Alberto Cortés Ramos, cédula 900750815. Catedrático Universidad de Costa Rica.
  21. José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 104610499. Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
  22. Oscar Jara Holiday, cédula 800780568. Sociólogo y educador popular.
  23. José Manuel Arroyo Gutiérrez, cédula 103991073. Exmagistrado y Catedrático Universidad de Costa Rica.
  24. Luis Paulino Vargas Solís, cédula 203270373. Economista, Director CICDE-UNED.
  25. Irma Arguedas Negrini, cédula 104830499. Profesora Universidad de Costa Rica.
  26. Eva Carazo Vargas, cédula 108930621. Investigadora y activista social ecofeminista.
  27. Héctor Ferlini-Salazar, cédula 104540856. Periodista, profesor UCR, director de SURCOS Digital.
  28. Dayana Ureña Solís, cédula 205900549. Docente.
  29. Ricardo Araya Montero, cédula 2259881. Jubilado por la CCSS.
  30. Ana Lorena Cartín Leiva, cédula 900490969. Pensionada por la CCSS.
  31. Casilda Sancho Barrantes, cédula 2241142. Educadora popular. Jubilada.
  32. Flora Fernández Amón, cédula 105230903. Empresaria, integrante Costa Rica Solidaria.
  33. Elena Fournier Solano, cédula 1388971. Presidenta Asociación Conservacionista YISKI, Extensionista UNED.
  34. Irene Ávalos Monge, cédula 105130558. Ingeniera Industrial, Concejal del Distrito de Sabanilla de Montes de Oca, Vicepresidenta del Concejo de Distrito.
  35. Marco Aguilar Badilla, cédula 107740694. Médico Psiquiatra CCSS.
  36. Carlos Aguilar Herrera, cédula 102950249. Empresario.
  37. Gerardina Badilla Vargas, cédula 103260178. Ama de casa.
  38. Dionisio Cabal Antillón, cédula 104250831. Músico y escritor.
  39. Catarina Goldoni Ruiz, cédula 103850510. Jubilada UNA.
  40. Aquiles Jiménez Arias, cédula 401060538. Catedrático pensionado de Universidad Nacional, escultor.
  41. Ana María Botey Sobrado, cédula 104730692. Profesora jubilada UCR.
  42. Jaime Delgado Rojas, cédula 400960395. Profesor universitario jubilado.
  43. Álvaro Fernández González, cédula 104330981. Profesor jubilado, Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional, Sabanilla de Montes de Oca.
  44. Gerardo Mora Burgos, cédula 103640085. Catedrático Universidad de Costa Rica.
  45. German Masís Morales, cédula 3 225625. Profesor jubilado de la Universidad Nacional.
  46. Carlos Campos Rojas, cédula 1605202. Sociólogo, Coordinador Nacional Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros.
  47. Juan Carlos Cruz Barrientos, cédula 104160403. Comunicador Social jubilado.
  48. Juan Carlos Durán Castro, cédula 106690465. Dirigente sindical CCSS Hospital San Juan de Dios.
  49. Ana María Trejos Trejos, cédula 104470409. Ciudadana.
  50. Eddson Gómez Chavarría, cédula 402320039. Consultor en Comunicación Social.
  51. Jazmín Melania Arias Rodríguez, cédula 114720740. Socióloga, Instituto Clodomiro Picado, UCR.
  52. Marjorie Jiménez Castro, cédula 502440652, Profesora UCR.
  53. Mario Solera Salas, cédula 105310339. Músico, Profesor pensionado UCR.
  54. Miguel Ángel Araya Picado, cédula 203090462. Profesor Educación Física CNR ANDE, Asociación de Desarrollo Integral Bajo Arias Calle Orlich, Asociación Agroturística Bajo la Paz.
  55. Marcela Sánchez Cortés, cédula 107860493. Luchadora Comunal, promotora política, actriz empírica y técnica en el arte de la payasería.
  56. Nardo Vanegas, cédula 800500053. Ciudadano.
  57. María del Milagro Solís Aguilar, cédula 206970566. Consultora independiente, vecina de Montufar, La Unión, Cartago.
  58. Eva Montero Solís, cédula 116800240. Estudiante, Mitigar, La Unión Cartago.
  59. Ma José Monterroso Solís, cédula 115320014. Gestora en Recursos Naturales, Montufar La Unión, Cartago.
  60. Ernesto Monterroso Solís, cédula 117740541. Estudiante, Montufar La Unión, Cartago.
  61. Miguel Sobrado Chaves, cédula 102940994. Pensionado UNA.
  62. Luis Muñoz Varela, cédula 203220588. Comunidad de Calle Las Juntas, Ángeles Sur de San Ramón de Alajuela.
  63. Sindy Mora Solano, cédula 1-1051-0573. Investigadora y profesora UCR-UNA.
  64. Daniel Camacho Monge, cédula 102720032. Profesor Emérito de la Universidad de Costa Rica.
  65. Isabel Ducca D., cédula 105640060. Alianza por una Vida Digna.
  66. Roberto Fragomeno Castro, cédula 801370052. Profesor de la Escuela de Filosofía de la UCR.
  67. Carlos Alberto Hernández Porras, cédula 104630666. Asesor economía solidaria, Organización Red Economía Social Solidaria, RedESS / COKOMAL.
  68. Flavia José Mora Cubero, cédula 2 0536 0772. Docente de Artes Industriales, MEP; grupos comunales: APP Justicia Tributaria, Movimiento Justicia y Libertad.
  69. Luis Roberto Zeledón Arias, cédula 106000540. Asesor Legislativo.
  70. Juan Ignacio Palma Guzmán, cédula 110580820. Psicólogo desempleado.
  71. Bernardo Jaén Hernández, cédula 501580141. Médico Veterinario.
  72. Leda Méndez Arias, cédula 103770884. Abogada jubilada.
  73. Lía Teresa Vargas C., cédula 103670905. Administradora de Negocios.
  74. Carlos Luis Chacón Salas, cédula 202140725. Pensionado y taxista.
  75. Nora Garita Bonilla, cédula 103820064. Catedrática jubilada Universidad de Costa Rica.
  76. Rafael Barrantes Bonilla, cédula 700480771. Técnico Eléctrico, pensionado.
  77. Álvaro Vega Sánchez, cédula 22841409. Sociólogo.
  78. Ana Cecilia Escalante Herrera, cédula: 10360070. Profesora Emérita UCR.
  79. Carmen Brenes Sáenz, cédula 1343289. Profesional, pensionada, presidenta de ABISO, Organización Ambientalista en Goicoechea, San José.
  80. Ana Carcedo Cabañas, cédula 800470010. Presidenta de CEFEMINA (Centro Feminista de Información y Acción).
  81. Ana Leonor Ramírez Montes, cédula, 104830426, psicóloga social.
  82. Marta Rojas Porras, cédula 103870924. Catedrática de UCR pensionada.
  83. Oscar Héctor Leiva Cerrato, cédula 8-0094-0463. Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).
  84. Ana Lolita Castillo Murillo, cédula 1678682. Ciudadana.
  85. Alicia Hernández Rojas, cédula 1-405 -805. Ciudadana.
  86. Luis Bernardo Villalobos Solano, cédula 104290837. Médico salubrista. ex Decano de la Facultad de Medicina, Universidad de Costa Rica.
  87. Elizabeth Rodríguez Jiménez, cédula 203850652. Economista.
  88. Milena Barrientos Blanco, cédula 104840489. Jubilada, vecina de Río Grande de Paquera.
  89. Denis Omar Cálix.C., Res. 134000130711. Planificador Económico Social. miembro de ACODEHU.
  90. Bernarda Rivas Madrigal, cédula 105490673. Trabajadora Social, integrante de ACODEHU.
  91. Enid Cruz Ramírez, cédula 303180599. Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo.
  92. Jáirol Núñez Moya, cédula: 6-0311-0623. Profesor asociado, Universidad de Costa Rica.
  93. Tatiana Herrera Ávila, cédula 108850940, Docente UCR.
  94. Melania Monge Rodríguez, cédula 105370482. Jubilada UCR.
  95. Patricia Salgado Muñoz, cédula 1-0418-0050. Antropóloga, jubilada.
  96. Alejandra Cartín Leiva, cédula 105720619. Psicóloga.
  97. Yamileth González García, cédula 202460555. Jubilada, profesora emérita UCR.
  98. Macarena Barahona Riera, cédula 105260207. Catedrática UCR.
  99. Carolina Somarribas Dormond, cédula 1-1110-0145. UNED-PGL.
  100. Guillermo Fernández Arias, cédula 103690223. Pensionado del INEC.
  101. Maritza Marín Herrera, cédula 107590200. Docente, Universidad de Costa Rica.
  102. Sandra Salazar Vindas, cédula 204150213. Comunicadora social.
  103. Marcedonio Zúñiga Arias, cédula 900730394. Ciudadano.
  104. Adriana Laclé Murray, cédula 103820809. Médico, especialista medicina interna, pensionada de la CCSS y actualmente miembro de la Junta de Salud de Montes de Oca.
  105. Ana Tristán Sánchez, cédula 105130593. Psicóloga/Pedagoga. Jubilada.
  106. Vera V Sancho Mora, cédula 104111454. Colectivo Mujeres por Costa Rica.
  107. Mainier Barboza Soto, cédula 202790037. Movimiento Patriótico por Costa Rica. Teólogo, licenciado en docencia.
  108. María Trejos Montero, cédula 106890938. Activista de Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU.
  109. Laura Vargas, cédula 104340593. Socióloga – educadora popular.
  110. Blanca Durán, cédula 8057296. Trabajadora Social pensionada.
  111. Efraín Valverde Moreno, cédula 104680015. Secretaría de Proyectos, Cultura para Todos, Asociación de Desarrollo Integral de Agua Buena.
  112. Hannia Franceschi Barraza, cédula 6123166. Trabajadora social, San Ramón.
  113. Mauricio Gutiérrez Arguedas, cédula 112220457. Profesor, Escuela de Química, UCR.
  114. Organización Política Carmen Lyra.
  115. Yamilette Fontana Coto,cédula 104410669. Coordinación del Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS).
  116. María Del Milagro Solís Aguilar, cédula 16970567. Consultora. Vecina de La Unión, Cartago
  117. Lilliam Zamora Estrada, cédula 301770293. Profesora pensionada.
  118. Saray Córdoba González, cédula 1438311. Profesora pensionada Universidad de Costa Rica.
  119. Arnoldo Mora Rodríguez, cédula 900090046, Doctor en Filosofía, catedrático emérito Universidad de Costa Rica, exministro de Cultura.

Para apoyar este pronunciamiento siga este enlace:

https://bit.ly/FirmaProtegerCCSS

Imagen: TEC

¿Quién paga la salud de las personas migrantes?

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Jenyel Contreras Guzmán*

El pasado 11 de junio el Gobierno de Costa Rica dio a conocer que en conjunto con el apoyo de los distintos cuerpos del Sistema de las Naciones Unidas estableció un acuerdo de cooperación conjunta para el desarrollo de un Plan Sanitario para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país, el cual consta de tres fases:

  1. Consistió en una dotación financiera de 200 millones de colones enfocada en la asesoría técnica, insumos, equipos y producción de material de comunicación y abogacía para diferentes poblaciones, en la primera fase de contención de la pandemia.
  2. Consistirá en la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para la dotación de personal y medicamentos para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país. Así como la identificación de más recursos financieros para la ejecución de esta fase.
  3. Consistirá en la participación de Médicos sin Fronteras y Cruz Roja Internacional para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país.

Durante el 2019, el país estableció un Convenio de Cooperación (Convenio ACNUR-CCSS, que entró a regir el 1° de enero de 2020) con el Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mediante el cual dicha organización dotó de recursos financieros (1.8 millones de dólares) para asegurar temporalmente a 6.000 personas refugiadas y solicitantes de refugio, en condiciones de extrema vulnerabilidad. El monto de la cuota del beneficio que ha asumido ACNUR para cada persona asegurada se calculó sobre la base 350.000 colones, y mediante la figura de seguro voluntario.

Desde el año 2011, y a partir de la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) Costa Rica dispone del Fondo Social Migratorio. El origen de estos fondos procede de acuerdo con el artículo 33 de dicha ley, del importe de un monto adicional al coste del proceso de regularización migratoria de veinticinco dólares (US$25,00) a las personas extranjeras en el momento en que se otorgue su regularización migratoria, así como cada vez que se dé su renovación de permanencia en el país. Es decir, es un fondo que alimentan permanentemente las personas migrantes. El artículo 242 de esta misma ley establece los sectores beneficiarios de los fondos y su distribución en la siguiente proporción: 40% para Migración, 20% para Educación; 25% para Salud; 5% Desarrollo comunal; 5% para Seguridad y prevención; y 5% para Adaptación Social.

Asimismo, “de acuerdo con los datos oficiales de la CCSS la demanda nacional de servicios de salud por parte de la población migrante nicaragüense no sobrepasa el 6% dependiendo del servicio médico, e incluso en las zonas fronterizas, la incidencia de las personas migrantes en los servicios de la CCSS es proporcional a su incidencia a nivel nacional” (Voorend, 2017) a la vez que los datos empíricos contradicen la idea de que las personas nicaragüenses  acuden a los servicios de la CCSS sin contar con seguro médico, lo cierto es que “ en el seguro directo contributivo (como persona asalariado o voluntario) las personas nicaragüenses (37%) aportan más que las costarricenses (31%)” según los datos del Censo Nacional de 2011.

Las investigaciones científicas sobre migración laboral en Costa Rica tienen 30 años denunciando las condiciones de explotación, informalidad laboral y exclusión social que sufren personas migrantes, particularmente las nicaragüenses, en actividades relacionadas a las labores domésticas, la agricultura de monocultivos y la construcción. Estos dos últimos sectores han sido considerados a nivel nacional e internacional, como “sectores esenciales” para la reactivación económica de los países postpandemia. Tan solo el gremio cafetalero costarricense durante las últimas décadas ha dispuesto de 70.000 personas migrantes (nicaragüenses e indígenas ngäbes) para llevar a cabo la siembra y cosecha de sus ganancias.

Por su parte, la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) establece en su artículo N°. 177 multas a aquellas personas físicas o representantes de las personas jurídicas, públicas o privadas que contraten personas en condición migratoria irregular en el país. No obstante, desde mayo de 2012 se han establecido prorrogas vía Decretos Ejecutivos (37112-GOB, 37990-G, 38541 GOB-MTSS-MAG, 41429-MGP-MTSS-MAG, 41719-MGP-MTSS-MAG, y 41908-MGP-MTSS-MAG) que establecen disposiciones transitorias la prohibición del cobro de dichas multas.

Finalmente, un análisis integral de la afectación de los servicios de salud nacional por parte de las personas migrantes implica reconocer también sus aportes (12% del PIB de acuerdo con el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2018), así como sentar las responsabilidades en quienes han contratado en condiciones de informalidad y explotación laboral a personas migrantes irregulares para la obtención de sus ganancias, dificultándoles y perpetuando condiciones de vida inhumanas, así como su no acceso regular a los servicios de salud.

* Socióloga, Máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo por la Universidad de Costa Rica (UCR). Docente en la Escuela de Sociología de la UCR, investigadora y evaluadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Compartido con SURCOS por la autora.

Imagen: https://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/costa-rica-garantiza-acceso-a-salud-para-indigenas-panamenos-durante-el-periodo-de-cosecha-del-cafe/

Esquipulas o la paz regional que nunca se construyó

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Rogelio Cedeño Castro (*)

La frase tantas, veces repetida por Óscar Arias Sánchez, de que durante el conflicto armado centroamericano de los años setenta y ochenta del siglo anterior, los centroamericanos ponían los muertos y las superpotencias ponían las armas, no es más que un lugar común o verdad a medias cuyos alcances convendría examinar, con especial cuidado y atención. Aquel no fue simplemente un conflicto más de la no tan fría guerra que libraron la URSS y los EUA, a lo largo de varias décadas; más bien, cabe destacar que las causas de ese conflicto fueron endógenas y será, desde ese ángulo que intentaremos reflexionar sobre lo ocurrido, durante el cuarto de siglo transcurrido desde que empezaron a ponerse en ejecución los acuerdos de Esquipulas.

El mero hecho del cese del fuego, con el que se pretende muchas veces poner fin a un largo y cruento conflicto bélico, dentro de una determinada área continental, no puede ser confundido con la construcción de una paz positiva y duradera, basada en la superación de las causas profundas que le dieron origen, a partir de acuerdos cuya materialización debe conducir a profundas transformaciones sociales, políticas y económicas dentro de las sociedades y naciones donde han tenido lugar los enfrentamientos armados. Ese y no otro es el caso de la escalada de los enfrentamientos armados que tuvo lugar en el istmo centroamericano, a lo largo de varias décadas, como consecuencia de los graves problemas de legitimidad del poder de las elites regionales, originados en la crisis profunda de las formas tradicionales de la dominación, la que se puso de manifiesto a partir de las crecientes demandas de participación democrática efectiva y de una redistribución de la riqueza, el conocimiento y el poder, las que fueron cobrando presencia e intensidad crecientes, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, en la conciencia y en el actuar de las grandes mayorías centroamericanas.

Debido lo anterior, puede afirmarse que los acuerdos de paz de Esquipulas, Guatemala firmados hace veinticinco años, en el mes de agosto de 1987, no trajeron la paz a la región centroamericana, puesto que de lo que se trató de la ejecución del plan maestro de una contrarrevolución blanda (ver nuestro libro La desmovilización militar en América Central. Dice Libro Editores San José Costa Rica 2008), ejecutado a contrapelo de la fórmula reaganiana de intervención militar directa de la armada estadounidense en todo el istmo, todo un plan político a partir de cuya paulatina materialización quedaron a salvo los intereses de las oligarquías centroamericanas, a pesar de algunos cambios cosméticos en las formas políticas de la dominación. De esta manera, se pasó de la era de las dictaduras militares y las formas más groseras de la dominación tradicional a unas democracias de baja intensidad, a las que calificamos de esa manera, empleando una especie de paráfrasis de las guerras de baja intensidad (Low intensity conflct) promovidas por el Pentágono Estadounidense, durante la década de los ochenta y noventa. Es decir, democracias formales, con periódicas consultas electorales, pero con la condición de que, a partir de sus resultados numéricos, no se vieran afectados los intereses de las viejas élites regionales, las que salieron fortalecidas y parcialmente relegitimadas, al ponerse fin a los enfrentamientos armados en el transcurso de la década de los 1990.

El incumplimiento constante y reiterado de los acuerdos de paz en materia de derechos humanos, en su dimensión política, para no hablar de los de carácter económico y social que tienen sumida a la región en la violencia y la miseria más degradantes y extendidas, fueron una parte esencial de esa gran mentira que buscaba no sólo mantener intacto del statu quo regional, sino que a acentuar las políticas neoliberales en beneficio de ciertos intereses locales y con preferencia, en beneficio de algunas empresas transnacionales, lanzadas al saqueo de los recursos naturales. La impunidad para los criminales de guerra, en su mayoría integrantes de las fuerzas armadas de cada país y de algunos cuerpos paramilitares fue la nota dominante, a lo largo de las más de dos décadas transcurridas desde el inicio de la materialización del llamado plan de paz regional, habiendo sido llevados a juicio sólo unos pocos de los responsables. El reciente golpe empresarial-militar en Honduras, del mes junio de 2009, ejecutado en uno de los países más violentos del mundo, lugar que disputaba con El Salvador, no ha sido otra cosa que una exacerbación de las mismas políticas sociales y económicas, impulsadas por quienes consideran que ellos ganaron -por así decirlo- el conflicto armado, fue el inicio de una grave sucesión de eventos, caracterizados por su secuela de asesinatos sistemáticos de dirigentes populares, periodistas y funcionarios del derrocado gobierno del presidente Manuel Zelaya , todo ello dentro de la misma visión totalitaria de las derechas regionales y de la administración estadounidense de los Obama-Clinton, en su afán de recuperar el control de su patio trasero que se ha visto reducido, en cierta medida, en algunos países situados el sur del continente.

La otra cara de esta contrarrevolución blanda, hábilmente impulsada y ejecutada por la figura más relevante del régimen de la dictadura en democracia, a quien por estos días de conmemoración de los Acuerdos de Esquipulas, Guatemala, del mes de agosto de 1987, se ha pretendido canonizar por parte de algunos de sus más notables corifeos, ha sido la ejecución de los planes del Consenso de Washington con su acelerada destrucción regional del Estado de Bienestar Social o Welfare State. Todo ello con el propósito de hacer retornar a las mayorías centroamericanas, obreras y campesinas, por no decir incluso a muchos sectores empresariales, a las condiciones de vida de por lo menos un siglo hacia atrás, en vísperas de lo conoce ahora como la Primera Guerra Mundial (1914-1918), sin organizaciones sindicales, seguridad social, prestaciones, pago de riesgos del trabajo y otras conquistas sociales no menos importantes por las que hubo que luchar hasta con pérdida de vidas, de manera heroica y tenaz, a lo largo de las primeras décadas del siglo anterior.

El plan de paz de Óscar Arias Sánchez, para el caso de Costa Rica, una nación que tuvo participación indirecta en el conflicto armado fue apenas una fachada para la intensificación de las políticas neoliberales, con estrategias de mediano y largo plazo para acabar con instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Durante ese período se bajó el aporte del estado a la caja del seguro social del 3.25 al 0.25 y se comenzó a pagar esa mermada aportación en bonos, de baja denominación y redimibles hasta por períodos de quince años (Ver el libro de Luis Alberto Jaén Martínez El gran asalto del PLUSC al seguro social San José Costa Rica 2011), de ahí en adelante la estrategia de la contrarrevolución blanda, caracterizada por el saqueo de los fondos públicos y su mala administración, se basó en la negativa a comprar equipos médicos para favorecer la contratación de servicios con las clínicas privadas (católica y bíblica que empezaron a crecer de manera monstruosa, como un buen negocio para los integrantes de las elites del poder en Costa Rica), las compras irregulares y fraudulentas (préstamo español y finlandés, a comienzos de la primera década del nuevo siglo) y un deterioro generalizado de los servicios públicos de salud, dentro de lo que constituye otra forma de la guerra contra el enemigo interno , dicho de otro modo la población o los habitantes del propio país. La destrucción sistemática del ICE, a partir de proyectos como el Combo Energético del ICE del año 2000 o la reciente apertura en el campo de las telecomunicaciones, ejecutada a partir de la mal llamada agenda de implementación del Tratado de Libre comercio con los Estados Unidos (TLC-CAEU-RD), también fueron parte de estas estrategias de la contrarrevolución blanda, dentro de su rostro social y económico, el que convendría analizar y estudiar con detenimiento.

Tal y como habíamos señalado en nuestro libro La desmovilización militar en América Central, al que habíamos hecho mención supra, las presuntas políticas de paz llevadas a cabo en el istmo marcharon a contrapelo de lo que había indicado el economista inglés John Maynard Keynes , integrante de la delegación de Inglaterra en la conferencia de paz de Versalles de 1919-1920, en relación con la reconstrucción del tejido social europeo después del primer conflicto bélico, a escala mundial, cosa que no de no hacerse (tal y como ocurrió) llevaría a otro conflagración armada, al condenar a Alemania y Austria al pago de indemnizaciones de guerra a los vencedores. Las políticas económicas y sociales de shock, en el mejor estilo del neoliberal /neoconservador Consenso de Washington, no fueron otra cosa que la continuación de la guerra por otros medios, sólo que, en contra de los vencidos, en este caso las grandes mayorías empobrecidas que habitan en el istmo centroamericano, lo que ha traído una exacerbación de otras expresiones de la violencia en la región, articuladas en las maras y toda clase de organizaciones del crimen organizado. En síntesis, el engaño de una paz que nunca fue otra cosa que un espectáculo para la platea de incautos, en ciertos casos o de interesados cortesanos, en otros.

(*) Catedrático de la UNA.

Parque de la Paz, Panabaj, Santiago Atitlán, Guatemala.

Investigaciones del Instituto Clodomiro Picado de la UCR son declaradas de interés público y nacional

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

El Dr. Alberto Alape Girón, director del ICP-UCR, recibe la declaratoria dada por el presidente de la República, Carlos Alvarado.

El jueves 04 de junio el esfuerzo que desarrolla el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (ICP-UC) para generar un fármaco contra el COVID-19, recibe un nuevo impulso por parte del Gobierno.

En esta ocasión es mediante la aprobatoria del decreto Nº42369-S, el cual declara de interés público y nacional el proyecto del ICP-UCR, mismo que se desarrolla en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Así lo dio a conocer el presidente de la República, Carlos Alvarado, en la conferencia de prensa.

El esfuerzo de ambas instituciones es desarrollar, producir y validar la efectividad terapéutica de dos medicamentos para el tratamiento de pacientes con COVID-19 y mejorar la atención de la pandemia que afecta la salud de la población costarricense.

Este jueves 4 de junio, el presidente Carlos Alvarado visitó el Instituto Clodomiro Picado de la UCR para observar el trabajo de investigación que se lleva adelante, junto a la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Paola Vega; el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya; y el rector de la UCR, Carlos Araya.

Mayor apoyo

Con esta declaratoria se busca promover que tanto dependencias del sector público como del sector privado, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales contribuyan con recursos materiales, económicos y humanos para la exitosa realización del proyecto.

Además, según el comunicado de Casa Presidencial, se declara como prioritario el desarrollo del proyecto interinstitucional que involucra también al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), institución adscrita al Ministerio de Salud.

“Este laboratorio, reconocido mundialmente, es un orgullo nacional, que merece todo nuestro reconocimiento y en atención a su solicitud es que hacemos esta declaratoria de interés público y nacional”, afirmó el presidente Alvarado.

Trabajo constante

El proyecto entre el ICP-UCR y la CCSS pretende generar una formulación con anticuerpos humanos purificados a partir del plasma de pacientes convalecientes y otra de anticuerpos equinos purificados del plasma de caballos inmunizados con proteínas virales.

Estos medicamentos serán una opción para tratar a los pacientes con COVID19 en estado severo y crítico de la infección con el propósito de mejorar su evolución clínica.

El presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, destacó que desde que la institución aseguradora planteó esta iniciativa, se han observado grandes avances en el proceso de desarrollo nacional de una opción terapéutica para los pacientes activos con COVID-19.

“Estos tratamientos son fundamentales porque sabremos que el país lo hizo por sí mismo, basado en sus propias capacidades, en los conocimientos acumulados y en el convencimiento de que todos estamos incluidos y protegidos por la seguridad social”, dijo Macaya.

Como ya se ha publicado en ocasiones anteriores, la producción de la preparación de anticuerpos humanos depende de que la Caja envíe el plasma para ser procesado en la planta farmacéutica del Instituto Clodomiro Picado de la UCR.

En ese sentido, el Dr. Alape Girón afirmó que “el personal del Banco Nacional de Sangre y de los bancos de sangre de los hospitales de la Caja están haciendo un extraordinario papel en la recolección del plasma de pacientes convalecientes”. Sin embargo, enfatizó que se requiere de más donadores recuperados de COVID-19, a fin de completar los 25 litros necesarios para iniciar la producción del medicamento cuanto antes.

Si se logra incrementar la cantidad de donantes de pacientes recuperados de COVID-19 que donan su plasma, el ICP-UCR estima tener listo el primer lote de inmunoglobulinas humanas a finales de junio del 2020.

Conscientes del impacto positivo de la ciencia y tecnología en la salud, MICITT definió la salud como una de las áreas estratégicas del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-2021.

“El Covid-19 nos recuerda que poner los ojos en la búsqueda de soluciones a través de la ciencia, es ponerla al servicio de la humanidad. Nuestros científicos han demostrado que la mejor decisión que el país puede tomar hoy es tomar la ciencia para luchar contra esta pandemia”, destacó la Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega Castillo.

 

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

Sea parte de SURCOS:
https://surcosdigital.com/suscribirse/

¿Puede sacar provecho político el Gobierno de la Pandemia?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Con bastante frecuencia se viene señalando por parte de algunos actores políticos, también interesados en la POLITICA, y algunos de ellos respondiendo a sus intereses partidarios y PARTIDOS POLITICOS, y a su chata visión electoral, y especialmente electorera, en el manejo que el Gobierno hace del tratamiento público de la Pandemia del Coronavirus en el país.

Lo que más les preocupa no es que se atienda con acierto, como lo ha venido haciendo el Ministro de Salud, el Presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministro de Seguridad, el Presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, sino que sean ellos los que cotidiana y diariamente, casi todos, dan la cara informando al país de la situación, del avance del crecimiento de contagiados, del número de internados y de los que están en la Unidades de Cuidados Intensivos, de los fallecidos, y de vez en cuando el Presidente de la República, que los acompaña, así como otros funcionarios públicos que tienen que ver con la situación en general, la Ministra de Turismo, la de Comercio Exterior, y los otros funcionarios médicos muy importantes en su rango de la Caja Costarricense del Seguro Social o del Ministerio de Salud.

¿Y, si no son ellos, quién va a estar informando? Ellos son los que le llevan el pulso diario a la situación, y son los que científicamente pueden dar las respuestas objetivas y veraces, sin provocar alarmas, y sin generar falsas noticias o mágicas informaciones, y han logrado concentrar la información para que no se disparen por la libre informantes, que puedan desorientar, cuando el país requiere unidad nacional para enfrentar la crisis provocada por el coronavirus.

Para mí el Gobierno no saca provecho de su lucha contra la pandemia. Esa es su tarea y su obligación. Si no lo hiciera, toda la jauría política ladraría en contra suya. Por dicha hay funcionarios que saben hacer las cosas y saben en qué puestos están.

En lo que a mí respecta me parece muy adecuada, oportuna, correcta y transparente la forma como ha venido operando ese Comando de Información. No me desvela ni me preocupa que estos funcionarios salgan todos los días informando de lo que saben, y de lo que todos queremos saber y aprender.

La gente espera los minutos prolongados, a veces casi a de dos horas con el interrogatorio de los periodistas, para llevarle el pulso a la situación. Esto da confianza personal, familiar, pública y política en las autoridades a cargo. Crea un liderazgo consentido con estos funcionarios, a quien honestamente nadie está viendo que saquen tajada política de lo que informan. Son ellos los más autorizados a dar esa información, y lo han hecho bien. Por sus funciones públicas todos son funcionarios y líderes políticos de la institucionalidad costarricense, guste o no a algunas personas.

El presidente Carlos Alvarado no ha tenido que “robar el show”. Es la figura menos decorativa de ese elenco de actores. De vez en cuando aparece, con un papel segundón, casi de director de debates, sin que se sienta su peso presidencial. Si él quisiera “robarse” ese espacio lo haría como lo hacen los presidentes en otros países.

El presidente Carlos Alvarado ha sabido delegar, cosa que cuesta mucho en líderes políticos deseosos de la atención pública. No lo necesita, tiene su lugar.

Aquí el presidente Carlos Alvarado, en este asunto de la información de la Pandemia y sus repercusiones no ha querido ser ni la Prima Donna de esta ópera, u opereta nacional, ni ha querido ser el centro de mesa, el florero de la mesa, o el muerto de la vela para llamar la atención.

Hasta ahora la ópera nacional, como drama está armonizada, tiene buen canto y lleva buen acompañamiento. Los cantantes de esta ópera no se dividen más que por sus funciones institucionales para explicar, sin tonos agudos y graves. Ni siquiera el Ministro de Salud hace de barítono, la más grave de las voces de los cantantes de la ópera, más aguda que el bajo, pero con sobriedad, con cierto carácter, sin perder la compostura, llama la atención con fortaleza, como lo hace un buen padre cuando tiene que educar y llamar la atención, como muchas veces lo tiene que hacer ante los ciudadanos irresponsables que no acatan, no siguen ni atienden las instrucciones que se dan para evitar la expansión de la pandemia y para controlar el virus.

Los que se enfrentan a estos funcionarios públicos, desde sus palcos y escenarios políticos, justamente, son los que se colocan como si actuaran en una opereta política, con trama incierta, disparatada, inventada, sacada de un sombrero de mago político, como quien saca un conejo de esa chistera.

Los que se colocan en el escenario de la opereta política lo hacen de manera ligera, como francotiradores cobardes, reclamando en el fondo que ellos deberían estar en el tablao principal. Como si fuera una zarzuela política estos políticos, críticos del gobierno y sus altos funcionarios, en la primera fila de lucha contra la pandemia, parecieran tener más un libreto cómico reflejando su vida política cotidiana, de chismes, de baja ralea, de acciones complicadas y alambicadas.

En la ópera, la opereta y la zarzuela se requiere gusto musical. Algunos de estos actores nacionales ni gusto tienen musical. Lo que les gusta es el escándalo, la bulla. No educan su voz, educan sus gritos. Ellos sí desearían ser el muerto de la vela del coronavirus político que los abraza, asintomáticamente en algunos casos, y en otros descarada y lloronamente, contratan plañideras y plañideros para que en su nombre ataquen al gobierno, al presidente y a estos altos funcionarios públicos que están haciendo muy bien su labor.

Las plañideras oficiales generalmente debían recordar las virtudes del fallecido. Aquí estas plañideras políticas, que están aterrorizadas, no por el más allá sino por el más acá del 2022, violando su buen papel solo tratan de bajarle el piso a los buenos funcionarios. Un triste papel que los coloca en sitios en que ellos mismos ni siquiera se han dado cuenta de dónde están.

Todo lo que se hace en el país desde los Poderes Públicos es político. Lo es más, por su naturaleza lo que surge en actos, acciones, o leyes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

El Poder Legislativo hace las leyes, pasa discutiendo proyectos de ley presentados por los propios diputados, por sus partidos políticos y por el Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias. Cuando aprueban los Proyectos de Ley en el Plenario Legislativo hacen surgir las Leyes de la República.

Esta Asamblea Legislativa en las dos Legislaturas que lleva, especialmente en esta última, presidida por el Diputado Carlos Ricardo Benavides, hizo leyes muy importantes para el país, nos gusten o no. Esa enorme cantidad de leyes quedan para los anales legislativos, pero para los Anales Históricos todo lo que hace la Asamblea Legislativa se abona a la imagen del Poder Ejecutivo, es como si el Poder Ejecutivo las hubiera, hecho cuando tan solo las sanciona para su publicación.

Hay leyes que el Poder Ejecutivo vetó y que la Asamblea Legislativa se las impuso, y quedan para la memoria histórica como si fueran del gobierno que no estaba de acuerdo con esas leyes. Así sucedió con la Ley del Aguinaldo, propuesta por Luis Alberto Monge Álvarez, del Partido Liberación Nacional, que el presidente Echandi vetó, que el Congreso volvió a aprobarla, la refrendó y, para la memoria, hay quienes se la achacan al Gobierno de Echandi, cuando se mandó a publicar sin su firma.

Señores diputados pongan los pies sobre la tierra. Todo lo bueno que ustedes hagan, en aprobaciones de leyes, quedará a favor de la Memoria Histórica del Gobierno de Carlos Alvarado Quesada. Excepcionalmente, alguna ley de alguno de ustedes podrá ser que se le recordará como de su confección, o de su partido político. No recuerdo de la última campaña política nacional que ustedes, como partidos políticos, hicieran mención alguna de leyes que sus diputados hubieran impulsado, se hubiera aprobado y tuvieran, esas leyes asiento en la grata memoria y en la conciencia de los costarricense.

En este Congreso no hay un solo diputado que evoque alguna ley como se recuerda la famosa Ley Ferreto, la del diputado Arnoldo Ferreto Segura. Ninguna Ley de las aprobadas hasta ahora lleva firma pública. Pero si hay un reconocimiento nacional a un grupo de diputados que se ha puesto las pilas, con todas las responsabilidades y consecuencias que ello tiene, y como grupo se les reconoce.

No se preocupen por criticar al Gobierno del manejo de la pandemia, si ni siquiera pueden manejar que la buena labor legislativa que se les reconoce, no la puedan achacar a sus respectivos nombres. Salen aprobadas como Leyes de la República, aprobadas en tal Legislatura del Gobierno o Administración de Carlos Alvarado Quesada. Así de simple. Ustedes hacen la imagen pública del gobierno de Carlos Alvarado Quesada cuando hacen buenas leyes y de calidad. Si hacen malas leyes y de baja calidad nacional reconocidas, esa mala imagen se achaca a ustedes y no al Gobierno. Así es como opera la política, la Política Legislativa y la Política Nacional.

Si quieren cuestionar la presencia pública de los funcionarios a cargo de la lucha contra la pandemia, háganlo contra sus resultados.

Si alguno de ellos aspirara a ser Candidato Presidencial para las elecciones del 2022, con todo derecho que tienen, hay que esperar hasta el primer semestre del próximo año, cuando los funcionarios del barco del Gobierno, tienen que abandonar la nave porque así lo exigen la Constitución y las Leyes de la República. En ese momento sabremos si alguno de los actuales funcionarios querrá ser candidato. Por ahora son altos funcionarios del gobierno a cargo de esta lucha nacional.

Apoyarlos es lo que corresponde. Criticarlos perversa y malintencionadamente es traicionar la buena labor que hacen. Si tienen alguien o algunas personas que creen que pueden sustituirlos en esa labor informativa propóngalo. Pero cualquier persona que esté al frente de esta tarea tendrá todas las luces de la ciudad en su figura.

Lo peor de un Congreso de diputados es cuando algunos de sus integrantes, queriéndose pintar como las Primas Donnas de la labor legislativa y del control político, no tienen idea de lo que hacen, y lo único que revelan es su estrechez de miras, su verdadero cálculo politiquero, su falta de inteligencia, su falta de sentido común, su plañiderismo político por todo, su desconocimiento del entorno político que habitan, y lo peor, su falta de inteligencia emocional política.

 

Sea parte de SURCOS:
https://surcosdigital.com/suscribirse/

Proteger la vida para mejor recuperar la economía

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Covid-19 en Costa Rica. A propósito de los controles sanitarios en frontera

Grupo Economía Pluralista*

La pandemia del Covid-19 obliga a establecer un orden de prioridades que no admite vacilaciones: por encima de todo está la protección de la salud y de las vidas humanas. En los países donde esto no ha estado claro –Estados Unidos, Brasil o Rusia, por ejemplo– las consecuencias son devastadoras. Tristemente, es posible que el caso de nuestra vecina Nicaragua sea incluso peor.

Esta emergencia sanitaria, por sus alcances excepcionales, no permite ampliar el funcionamiento de la economía, si para ello se recurre al aflojamiento de las medidas sanitarias. Plantearlo de esa forma es formular una dicotomía falaz. El orden de las cosas es otro: hay que proteger la salud y la vida, para entonces disponer de una base sólida, desde la cual recuperar la economía e impulsar la creación de empleos.

Imaginar que se puede lograr mejoras en el campo económico, descuidando la parte sanitaria, puede ser un peligrosísimo bumerang. Porque si ello conduce a un agravamiento de la pandemia, y, con ello, un incremento en el número de personas enfermas y, dolorosamente, en el número de muertes, es muy seguro que deba recurrirse a medidas de confinamiento de la población, incluso más severas que las que han sido aplicadas.

Es por completo inaceptable incurrir en tal devastación humana, cuando, por otra parte, ello simplemente conduciría, no solo a la agudización, sino a la prolongación de la crisis económica.

Es importante que la población en general, y el empresariado en particular, comprendan esto. Especialmente en esta oportunidad, aplica el dicho popular de “despacio porque precisa”. La impaciencia no solo podría ser una mala consejera, sino, sobre todo, un gravísimo error.

Como país y comunidad nacional, debemos avanzar paso a paso, midiendo con rigor y cuidado, cada movimiento que se haga. Si por intentar apresurar las cosas en lo económico, dejamos la puerta de atrás abierta para que la pandemia entre a nuestra casa, las consecuencias posteriores podrían ser devastadoras: en el plano humano, en primera instancia, pero también desde el punto de vista económico. Debemos así garantizarnos mantener bajo control la pandemia y lograr que, con el transcurso de las semanas, el peligro decrezca de forma gradual pero sostenida.

En la medida en que ese cometido se cumpla exitosamente, podremos avanzar, sobre bases firmes, en el plano económico. Un avance que necesariamente comporta una reinvención de la “normalidad” en que vivamos: hacia una sociedad más justa y solidaria; hacia una economía asentada sobre bases más sólidas; hacia formas de producir y consumir mucho más cuidadosas y responsables con la naturaleza.

Por ello, hemos manifestado que, en una primera etapa, que aún no hemos superado, el énfasis de las políticas económicas, debería estar en aliviar la gravedad de la recesión económica y, sobre todo, aminorar sus impactos sociales y humanos, especialmente en las poblaciones más vulnerables y carenciadas, como las mujeres jefas de hogar, entre otros grupos que requieren una especial atención. Debemos así, crear bases más firmes para poder avanzar, en una segunda fase, con políticas que promuevan de forma vigorosa, la recuperación económica y la creación de empleos.

Reconocemos y aplaudimos el magnífico trabajo que realiza nuestra institucionalidad pública en el combate del Covid-19: la excelencia y compromiso de la Caja del Seguro Social y del Ministerio de Salud, y el amor y el coraje que su personal pone en esta lucha. Asimismo, reconocemos el liderazgo lúcido y enérgico, científicamente fundamentado, que han ejercido los doctores Daniel Salas y Román Macaya, ministro de Salud y presidente de la Caja, respectivamente.

Apoyamos totalmente las medidas de control sanitario que nuestras autoridades han decidido aplicar en fronteras, así como las disposiciones adoptadas para que el comercio de mercancías por vía terrestre se realice en condiciones que protejan la salud de la población. Son absolutamente inaceptables las propuestas que pretenden relajar esos controles. Es importante que el comercio fluya, pero bajo condiciones de estricta protección de la salud.

Nuestro llamado, respetuoso y vehemente, al empresariado, y a los propios trabajadores del transporte, para que comprendan la importancia que esto tiene y lo valioso que resulta su compromiso y colaboración. Proteger la salud beneficia a todos y a todas, sin excepción.

Y al gobierno de la República, nuestra excitativa para que se mantenga firme y no ceda a las presiones. Hacemos nuestras las palabras del ministro Salas: “nadie puede decir que cargas comerciales valen más que la vida”.

Y agregamos: nadie puede decir que priorizar las cargas comerciales a la vida permitirá avanzar en la recuperación económica. Todo lo contrario, más bien.

* El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

(23 de mayo de 2020)

Foto: Presidencia de Costa Rica