Hernán Alvarado
El gobierno de «unidad nacional» ya ha mostrado sus garras y dientes, puesto que ha unido a la clase política alrededor de una agenda laboral regresiva que solo complace a unos cuantos. Comenzó concediendo enormes exenciones y cuantiosas amnistías y continuó desfalcando pensiones, autorizando despidos, congelando salarios y cargando sobre las espaldas de quienes menos tienen los costos de las crisis fiscal, sanitaria y económica.[1] Así engendró un consenso que ha saboteado sistemáticamente el pacto social de 1949 sin ofrecer nada a cambio, pues a la religión del mercado le basta con su dios fetiche: el dinero. Pero eso no se puede llevar a cabo sin quebrantar la Constitución de la República y sin atizar un conflicto social que ya hierve en su confinamiento.
Un depredador de la norma superior
Ese gobierno de unidad «nacional» reforzó la coalescencia de poderes que la voluntad del constituyente quiso independientes (artículo 9, entre otros), reduciendo la oposición en el Legislativo y debilitando más la independencia judicial. Esto se volvió evidente a partir de la segunda elección de Oscar Arias y es consecuencia de que los diputados nombran acomodaticia y secretamente a los magistrados.
En vez de pagarle su voluminosa deuda a la CCSS, ese gobierno y sus grandes empresarios han puesto en riesgo su autonomía y sostenibilidad (artículo 73). Mientras cierta prensa se ha dedicado a desprestigiarla, igual que a otras instituciones públicas. Asimismo, las universidades ven amenazada su autonomía (artículos 84 y 85), blanco predilecto de todo tirano. El informe legislativo que se acaba de presentar da vergüenza ajena y pasará a la historia como un monumento a la arrogancia de esta legislatura, basada, como suele suceder, en la «ignorancia oceánica» de quienes votan hasta sin leer.[2] Ni por su forma, ni por su contenido es de recibo; sin embargo, fue aprobado sin sonrojarse por 31 diputados.[3] No se sabe qué es más alarmante, si ese informe de mayoría o su aprobación.[4]
Por otra parte, la ley 9635 para el «Fortalecimiento de las finanzas públicas» fue una falsa solución a una crisis falsa. Fue impuesta contra una multitud de voces que trataron de negociarla, configurando la más clara contravención del artículo 9 vista hasta ahora. La solución es falsa porque no resuelve el problema, ni erradica su causa; es una reforma remendona y regresiva que el Covid-19 dejó desarropada, junto a su dogmática regla fiscal. Pero así se evitó eficazmente la cuestión de fondo: evasión, elusión y contrabando (sin que casi nadie mencione el narcotráfico). Tal reforma deshonró el artículo 50 que manda al Estado a procurar «…el más adecuado reparto de la riqueza». Por cierto, que Costa Rica forme parte hoy de los diez países más desiguales del mundo es un resultado de política económica anticonstitucional y necesita ser urgentemente revertido. En buena ley habría que despedir por eso a todos los responsables.
La crisis fiscal es falsa pues las fuentes de ingreso sobran y bastaría con cobrar bien los impuestos. Pero falta voluntad política; si no se permitiese el robo del impuesto de ventas, por ejemplo, el déficit caería más del 2,5% del PIB. El principal problema es que las mayores fortunas desaparecen por el arte prestidigitador de la «ingeniería fiscal». Al respecto, la propuesta del grupo de economistas heterodoxos, en el cual figuran Thomas Piketty y Joseph Stiglitz, acierta al proponer un mínimo impositivo del 25% sobre las grandes corporaciones para salir de la crisis.[5]
Aún así el sistema tributario costarricense seguiría siendo regresivo, ya que a un pensionado se le quita hasta un 69%. El sistema es tan regresivo que las exenciones se otorgan a quienes más pueden y no a quienes menos tienen. ¿Por qué se le cobraría a un pensionado un 55% de impuestos, mientras a una gran corporación como Appel, Amazon, Google o Facebook apenas un 25%? En rigor, a una pensión se le debería cargar únicamente lo que a cualquier otro ahorro, es decir, nada. Por definición, el ahorro sale de un ingreso neto, es decir, después de pagar los impuestos respectivos. Por tanto, recargarlo con otro -como quiera que se le llame- es doble imposición a un dinero ya gravado. Un segundo impuesto es en sí mismo regresivo, ni qué decir de un tercero o un cuarto. Cualquier monto resulta así discriminatorio y desproporcionado, es decir, abusivo y falta entre otros al artículo 33. Una pensión no es ni un salario ni un dividendo, es un derecho o beneficio social que adquiere el trabajador a través de un financiamiento tripartido. Por cierto, pretender liberar al Estado de financiar pensiones, como se ha querido hacer creer, también es anticonstitucional (artículo 73).
La ley 9796 que obliga a los pensionados a ser súper solidarios ha resultado ser otro disparate legislativo que se contradice a sí mismo. No solo es regresiva sino que además viola el artículo 34, porque «ninguna ley», «para ninguna persona», puede ser «retroactiva» y, desde luego, ninguna puede estar por encima de la norma superior. Su corolario, la ley 9836, que pretende usar ese «ahorro» para subsidiar a los más pobres, también choca con el artículo 73 sobre los seguros sociales, que no pueden ser transferidos ni utilizados «(…) en finalidades distintas a las que motivaron su creación (…).»[6] En el mismo sentido, la Asesoría técnica de la Asamblea Legislativa había advertido que usar una pensión con otra finalidad distorsiona el instrumento, atropella el derecho adquirido y la expectativa del propietario.[7] Unos diputados ignorantes del problema han encontrado una medicina que es peor que la enfermedad.
Por otra parte, la ley 9808 «Para brindar -ni que fuera cuestión de licor- seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos» se propuso restringir todo lo posible el derecho a huelga, especialmente las «huelgas políticas». Se deshonró así, una vez más, el artículo 9 de la Constitución que todos parecen pasar por alto, tal vez porque constituye, desde que se reformó en el 2003, la principal salvaguarda contra el autoritarismo de Estado. Para honrarlo, los legisladores debieron haberse dedicado más bien a garantizar la organización de los trabajadores del sector privado, quienes no pueden sindicalizarse sin ser despedidos, a pesar de los artículos 25 y 60. Alguno debió recordarle a la UCCAEP que no son esclavos. Pero eso no cabe en esa agenda de «unidad nacional». Ahora, en plena pandemia, estos trabajadores han tenido que verificar dolorosamente que a su trabajo se le trata como a una «simple mercancía», lo cual viola abiertamente el artículo 56.
Para colmo el Presidente presentó el 1 de mayo pasado otro informe mamarracho que está lejos de cumplir con la «evaluación de resultados» y la «rendición de cuentas» que exige el artículo 11. Este rápido recuento revela que el gobierno de «unidad nacional» ha conculcado o desconsiderado cuando menos los artículos 9,11, 25, 33, 34, 50, 56, 60, 73, 84 y 85 de la Constitución. A lo cual hay que sumar la presunta violación del artículo 24 por parte del Presidente en relación con la UPAD. Por eso los gobernantes han quedado expuestos cada vez más a denuncias y recursos; solo el Presidente encara ya cinco causas penales por incumplimiento de deberes y prevaricato.
En pocas palabras, nuestros representantes no cumplen con su juramento (artículo 194) porque en vez de estar aprobando leyes democráticamente progresivas, se han dedicado a burlar el diseño participativo y popular de la República. El pueblo tiene todo el derecho a pedir que renuncien, en primer lugar a sus pretensiones y en segundo lugar a sus puestos, por incumplimiento de deber, por actuar contra su juramento y compromiso moral; aunque hayan tenido el cuidado de no incluir en su agenda la revocatoria de mandato. ¡Qué se vayan todos!
El convidado de piedra
A ese desgobierno de «unidad nacional» le persigue, desde el principio, una sombra: el pueblo brilla por su ausencia. Así que no es casualidad que premie a los más ricos y perjudique a la clase trabajadora que es la columna central de esta democracia. El pueblo es el dueño de la República y la fuente de cualquier otro poder; pero nadie nota a ese señor, que también es señora, en Casa Presidencial, ni en Asamblea Legislativa. Y cuando se manifestó masivamente, en oposición a la ley 9635, se le ninguneó como «cuatro gatos», además de vacilar a sus dirigentes.
El Presidente no vio pasar al pueblo que le gritaba en la calle, ni porque salió vestido de maestra. Dado que es medio sordo, requiere una movilización más contundente. Mientras el Soberano permanezca pasivo, como dice don Carlos que le gusta, el representante tiende a ejercer arbitrariamente el poder que se le ha delegado. Volvió a pasar durante el presente encierro con las múltiples propuestas que le llegaron. Él solo prestó oídos a la UCCAEP, aunque representa únicamente a los más grandes empresarios o «grandes contribuyentes», que sería mejor comenzar a llamar de otra manera.[8]
Así, por ejemplo, Guillermo Zúñiga, ex Ministro de Hacienda, ha venido haciendo en su blog una serie de oportunas, comedidas y certeras sugerencias sin dejar de apuntar la necesidad de renovar el pacto social tomando la senda del diálogo, pero nadie responde desde la otra acera.[9] Lo mismo le ocurre al grupo de economistas pluralistas. Para el gobierno hay una verdad única y la tiene en el bosillo. Sin embargo, al decir de José Luis Sampedro, hay dos tipos de economistas: los que se dedican a hacer «más ricos a los ricos» y los que trabajan para hacer «menos pobres a los pobres».
Todo indica que estamos atravesando por lo que Rogelio Cedeño ha llamado, evocando una expresión altanera de Oscar Arias, una «dictadura en democracia».[10] No es que una mayoría aplaste a una minoría, como cabe cautelar en derechos humanos. Se trata de que un pequeño grupo se ha empeñado en hacer retroceder derechos adquiridos, porque la «clase política no le tiene miedo al pueblo» (a confesión de parte relevo de prueba). Se trata de una minoría que atropella a la mayoría que la eligió. Ignorando el límite de la carta magna, ese grupo se arroga un poder que no tiene. Por eso se deslegitima con cada decisión que toma contra los trabajadores. En consecuencia, para estos el gobierno del bicentenario está resultando ser un ruidoso fiasco.
La hora que os anuncié
Solo hay una manera de detener tanto abuso de poder: el Soberano debe presentarse en la escena política y exigir cuentas. No basta con que sea un supuesto, ni una romántica ficción jurídica. El pueblo debe tomar el camino de la democracia participativa directa para sacudir ese andamiaje que carcome, como un cáncer, la democracia representativa. Del confinamiento habrá que salir a la calle, antes de que los cuatro gatos -ahora sí y con el perdón de tan magníficos animales- terminen de destruir lo que tanto ha costado edificar durante décadas. Contrariamente al criterio de Oscar Arias, los problemas de la democracia solo se solucionan con más democracia; porque como dice un cartel anónimo: «Lo que le pasa al país es que la solución está en manos del problema».
Dada la pandemia, cabe calcular el momento, pero actuar con la contundencia que ha caracterizado al pueblo costarricense en cada hito histórico. No hace mucho hubo que parar el Combo del ICE y casi se logra detener el TLC en una jornada cívica inolvidable. Ahora, con más fuerza, razón y convicción que nunca habrá que defender nuestra República participativa y popular. Ha llegado la hora de parar el neoliberalismo que actúa como absoluto, al punto de querer pasar leyes por encima de la Constitución. Aunque los días del capitalismo «salvaje» (patriarcal, colonial y depredador) estén contados, no será posible salir de la pandemia a la solidaridad, sin derrotar a esa dictadura disfrazada de democracia que ha venido a ponerse al servicio de la insolidaridad.[11] Ha llegado la hora de la «hipercreatividad» del pueblo (E. Dussel), empezando por las jornadas de diálogo y pedagogía social como las que viene organizando Surcos y la Alianza por una vida digna. ¿Qué más podríamos perder? Solo los grilletes mentales que nos atan a un grupúsculo dominante que no halla el hilo de su hegemonía ni de su proyecto país, extraviado como está en el laberinto de sus mezquindades y auto eximido del glamur político de otrora.[12]
[1] Manuel Hernández: «La suspensión unilateral del ajuste salarial es manifiestamente ilegal». En: Surcosdigital.
[2] Rogelio Cedeño: «Los enemigos de la universidad pública y sus desvaríos». En: elpais.cr
[3] Walter Antillón: «Autonomía constitucionalmente garantizada» y Yamileth González: «Algunas observaciones sobre el informe de mayoría de la comisión FEES». En: Surcosdigital.
[4] Ver al respecto el excelente comunicado del Instituto de estudios latinoamericanos de la Universidad nacional.
[5] Francisco Guerrero: «Piketty y Stiglitz proponen impuesto mínimo de 25% sobre grandes corporaciones para superar la crisis». En: latercera.com
[6] Msc. Francisco Esquivel: «El financiamiento de las ˝pensiones˝ no contributivas.» En: cambiopolítico.com.
[7] Hernán Alvarado: «El autogol político 9796.» En: Surcosdigital.
[8] Oscar Madrigal: «Murió la oportunidad.» En: Surcosdigital.
[9] Guillermo Zúñiga: «La carreta delante de los bueyes»; Gilberto López: «El mundo unilateral de la UCCAEP»; Mario Hidalgo: «Con falsedades intenta apropiarse de la historia del país». Ver también videforo: «¿Hacia qué tipo de sociedad nos quiere llevar la UCCAEP?» Idem.
[10] Rogelio Cedeño: «Entre la indefensión y la mentira más descarada». Idem.
[11] Álvaro Vega: «Del distanciamiento a la convivencia digna». Idem.
[12] Según una broma de Mafalda: «vivimos en un país raro donde la clase obrera no tiene obras, la clase media no tiene medios y la clase alta no tiene clase.»
Imagen aportada por el autor.
