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Etiqueta: CCSS

¡Benditas leyes sociales!

“Colocándonos en un punto de vista cristiano, creemos que para asegurar las bases de la paz futura del pueblo costarricense, es necesario consignar en la Constitución el principio que crea los seguros sociales como un derecho inalienable de los trabajadores administrados por la Caja Costarricense del Seguro Social. Es principio junto con el que crea el salario mínimo, la jornada mínima de ocho horas, el derecho de sindicalización para patronos y trabajadores, la protección del anciano, la madre y el niño como un deber social del Estado”. Mensaje del Presidente Rafael Ángel Calderón Guardia dirigido al Congreso el primero de mayo de 1942)

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

            Sin duda, abundan los testimonios de la generación que nació entre los años 1920 y 1930, de las penurias que vivieron por la pobreza doméstica, intensificada por el impacto social y económico de la gran depresión de 1929. Esta generación también experimentó la transición hacia mejores condiciones de vida, después de la aprobación de las leyes sociales de los años 1940. De ahí el valor de esta fuente testimonial a la que hacemos referencia, destacando dos historias.

            Los jornaleros regresaban cabizbajos y tristes porque el patrón nuevamente les había quedado debiendo el jornal. Manuel, que se había atrasado, se los topaba y le decían que se devolviera que era viaje perdido. Testarudo, como lo fue siempre, siguió su camino pensando que el patrón esta vez no se podía salir con la suya. Primero, iría donde su amigo Lalo para que le ayudara a convencerlo; sabía que era ingenioso. Así sucedió, se le pagó su jornal y hasta se le agradeció reconociéndole que era uno de los mejores jornaleros. De regreso, pasó donde Lalo para agradecerle, y este le contó su artimaña: le había dicho al hacendado que Manuel llevaba el apellido materno Vega, pero que era de los Camacho de San Ramón, quienes donde ponían el ojo ponían la bala o el puño, y que ahora venía decidido a todo con tal de llevarse su jornal. Habiendo vivido en carne propia las injusticias de que eran víctimas los jornaleros de esos tiempos, y también los cambios que se dieron después de aprobadas las leyes sociales, se hizo un fiel calderonista hasta que el partido perdió los estribos, como acostumbraba a decir. Una vez, le preguntó a su amigo don Porfirio porqué los ulatistas perseguían a los calderonistas, siendo de la misma ideología, a lo que el ingenioso don Porfirio le respondió: son los ladrones persiguiendo a los sinvergüenzas. ¡Maldita corrupción, tan antigua como dañina!

            Con mi suegro de 82 años, en estos días de compañerismo a distancia, viajamos a tiempos de su niñez, en una tertulia que nos llevó a los convulsos años de 1940, pero socialmente promisorios. Cuando tenía un año de edad estuvo al borde de la muerte, como muchos niños de la Costa Rica descalza; sufría de raquitismo y bronconeumonía. Su madre sabía que el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia atendía a los pobres y no les cobraba. La atendió gratuitamente y hasta le regaló los medicamentos, que curaron a su hijo de ambas enfermedades. Ya adulto, conociendo aquella historia, se hizo calderonista. Cosas de la vida, siendo un jovenzuelo le correspondió ir a arreglar una fuga de agua en la casa de la viuda del doctor, doña Rosario, a quien retribuyó ingeniándoselas para evitar romper las paredes, de la antigua oficina del Presidente, enchapadas con finas losetas. Hoy, vive eternamente agradecido con el doctor y los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hace seis años fue sometido a una compleja, pero exitosa, cirugía de un aneurisma de la aorta, en el Hospital Calderón Guardia. Además, disfruta de una modesta pensión con la que vive con dignidad al lado de su esposa, sus 6 hijos, nietos y bisnietos.

                Las historias de vida se siguen escribiendo, y dentro de unas décadas abundaran los testimonios de lo que significó la Caja del Seguro Social para muchos pacientes que salieron airosos, después de haber contraído el virus COVID 19, gracias a la inteligencia, sabiduría y generosidad de los trabajadores de la salud de esta insigne institución pública ¿Habrá alguien, todavía, pensando en privatizarla? ¡benditas leyes sociales!

Ajuste económico en los tiempos del Covid-19

Jorge Hernaldo Jiménez Bustamante*

Las medidas sanitarias establecidas para combatir la pandemia han causado un deterioro trascendente del proceso económico, cuya magnitud es de una dimensión pocas veces vista en circunstancias anteriores.

La disminución de la producción y del empleo es de consecuencias graves para toda la comunidad, ante ella la responsabilidad del Estado como un todo es enorme e ineludible. El gobierno de la República y todas sus instituciones deben tomar las decisiones correctas para enderezar el rumbo de la economía.

La decisión más importante de todas ellas es la inversión pública extraordinaria que debe hacerse para generar producción y empleo.

El Estado, por medio de su Banco Central, es el ente emisor del medio de pagos de nuestra sociedad, y el dinero es el instrumento básico con que se mueve la actividad económica.

Ante la situación en que nos encontramos es necesario que el Estado emita el dinero necesario para reactivar la economía por medio de la inversión pública. Para ello no es necesario que continúe endeudándose con terceros cuando lo puede hacer con sí mismo.

Veamos: ¿de dónde proviene el temor, casi un tabú para muchos, de que el Banco Central le preste al Gobierno, para que este invierta por sí mismo o pague su deuda con la Caja Costarricense de Seguridad Social, para que esta invierta en la construcción y equipamiento de las instalaciones clínicas y hospitalarias?

Una errónea interpretación de una teoría económica ha causado esta aterrorizada actitud ante la llamada, por algunos, emisión inorgánica de dinero; a la cual se le atribuye la “pandemia” de la inflación.

Lo cierto del caso es que no en todas las contingencias sucede lo mismo y por el contrario de lo que algunos creen, en situaciones como la actual es necesario y obligatorio que se actúe con decisión, como solo un estadista con visión sería capaz de hacerlo.

Veamos por qué decimos que una emisión monetaria extraordinaria sería conveniente y no generaría inflación. La teoría monetaria o monetarista dice que la emisión monetaria multiplicada por la velocidad de circulación del dinero debe ser igual a la cantidad de transacciones económicas multiplicadas por los precios. Esa igual se presenta así: MxV=TxP.

Luego si la economía está en pleno empleo las transacciones son constantes y la velocidad de circulación del dinero también, ya que la gente no tiene por qué cambiar su patrón de gastos, entonces si se hiciera una emisión monetaria que aumentara la cantidad de dinero en poder de la gente, esto provocaría un aumento en el nivel de los precios en la otra parte de la igualdad y se estaría desatando la inflación.

Pero hoy en día la situación es muy distinta, estamos lejos del pleno empleo, mucha gente está desocupada o recibiendo menos ingresos, y los que no, están precaviendo situación en deterioro, lo que los ha llevado a un gasto menor al habitual, entonces la velocidad del dinero ha disminuido y eso se ha manifestado en un aumento de las cuentas en los bancos y en una disminución de los nuevos créditos. Queda implícito en lo anterior que las transacciones tampoco son las mismas.

Ahora bien, si la emisión monetaria aumentara, y se concretara en préstamos del Banco Central al Gobierno, dada la depresión de la actividad económica y la menor velocidad de circulación del dinero, no tendría por qué aumentar el nivel de los precios, por el contrario, serían las transacciones económicas las que se verían incentivadas y si el Estado usa el dinero en inversiones públicas o en crédito barato para la inversión privada, así sería.

Veámoslo en una representación numérica:

Si antes de la pandemia M fuera 1000, V fuera 10 entonces si T=100, P=100

La igualdad sería 1000×10= 100×100.

Si en la época del COVID 19 la emisión monetaria fuera la misma y los precios casi no han variado y las transacciones han disminuido por ejemplo a 80, entonces la igualdad sería:

1000X 8= 80×100. Suponiendo una velocidad de circulación que satisfaga la igualdad.

Si el Estado se propusiera incentivar la actividad económica aumentando la emisión monetaria, y conduciéndola a la inversión, las transacciones entonces tenderían a aumentar en casi la misma proporción, por lo cual el aumento de precios sería poco significativo.

Esto de lo que estamos hablando no es una discusión teórica, he usado la teoría monetaria para demostrar un error interpretativo muy común. Pero es la realidad de lo que ha sucedido y está sucediendo en el mundo, lo que nos debe conducir hacia una interpretación correcta de la necesidad de aumentar el circulante y la inversión pública. –Tanto los bancos de la Reserva Federal (la Fes) como el Banco Central Europeo han mostrado que hay momentos económicos en los cuales es necesario aumentar la emisión para incentivar la actividad económica real.

Y la situación actual es de la más relevante necesidad de una medida cuyo beneficio es evidente y las consecuencias negativas que pueda generar no son más que un prejuicio proveniente de una generalización indebida, que hace ya buen tiempo que ha quedado atrás.

* Cédula número 9 0012 06 09, email: johjibual@gmail.com, Curridabat San José

Dudas en torno al ministro de Hacienda – dos opiniones

En relación con las preguntas recibidas en SURCOS en torno al ministro de Hacienda -y que se puede leer en este enlace https://wp.me/p6rfbZ-blurecibimos el siguiente comentario de Gabriel González Vega:

“Entiendo que el ministro sufrió de una apendicitis, que es un problema de salud súbito e inesperado. Y, si se le brinda buena atención médica, pronto estará recuperado y podrá trabajar. Por otro lado, hay un implícito en la pregunta sobre las municipalidades y la regla fiscal. Se puede estar en desacuerdo con esta. Y luchar por cambiarla o eliminarla. Pero cuestiono que se hagan excepciones, que favorecen la politiquería y el clientelismo. En eso coincido con el ministro. La mayoría de las municipalidades son muy ineficientes y corruptas. Esto de sobra se sabe. ¿Por qué privilegios fiscales? ¿Ahora ser progresista es sumar a los intereses de la ineficiencia y la corrupción de alcaldes cuestionados?

Si se tratara del ICE, la Caja, las universidades públicas, podría discutirse. Pero difícilmente, de hecho, haya instancias más corruptas, inútiles y reaccionarias que las municipalidades. No todas, mas, si, demasiadas”.

Por su parte una lectora de SURCOS que prefiere mantener su nombre en reserva nos escribe:

“Nuestro Ministro de Hacienda viene de los Bancos que más tienen influencia en las políticas de todo el mundo. Estos bancos PRIVADOS dictan el comportamiento que tienen que seguir los Estados, que obligan a aceptar préstamos para quitarle, poco a poco, soberanía (véase Grecia, e Italia también), No permiten que, como hacen USA y China, por ejemplo, pongan en circulación más dinero para aliviar la economía de su propio país. El FMI y el BM están imponiendo sus reglas a las naciones que tienen deudas siempre más pesadas.

Mi opinión es que este señor sigue a los mandos de estas entidades, repito, privadas, y potentísimas, cuando dice que ‘tiene la obligación’ de tomar este camino”.

SURCOS publicará nuevas opiniones que surjan sobre este tema.

Dudas en torno al ministro de Hacienda

Varias personas del movimiento social se han comunicado con SURCOS para expresar dudas en torno al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles. SURCOS las comparte en esta nota:

  1. Se ha informado por parte del despacho del ministro que él se encuentra con problemas de salud, por lo cual se ha internado en un hospital privado. Duda: ¿Cuál es el estado de salud del funcionario y cuándo se espera que sea dado de alta en esa empresa dedicada a ofrecer servicios de atención de la salud?
  2. Dado que la próxima semana está prevista una reunión para encontrar soluciones a la situación financiera de la CCSS, y que este funcionario será pieza clave en esa reunión, ¿se espera que para esa fecha el ministro estará recuperado o se nombrará un ministro o ministra en condición interina con capacidad para tomar decisiones?
  3. Como el ministro Chaves Robles envió al presidente de la república una carta solicitando el veto para que no se deje de aplicar la regla fiscal a las municipalidades, y dado que ha trascendido que la nota tomó por sorpresa al mandatario, las preguntas que surgen son estas: ¿Por qué el ministro inicia la carta diciendo que es «su obligación» hacer esa solicitud? ¿Con quién o quiénes debe cumplir esa «obligación»? Si era una obligación, ¿por qué no lo conversó con el presidente para conocer su directriz y más bien se elige el camino de una carta que se hace pública? ¿Conoce el ministro los usuales procedimientos políticos en casos como este entre un funcionario de su rango y el presidente que le nombró? ¿Hay otras fuerzas que están actuando sin que se muestren públicamente?

SURCOS invita a quien tenga respuesta o comentarios sobre estas dudas a hacerlas llegar a nuestro correo para publicarlas, asimismo, estaremos pendientes de nuevas interrogantes si surgen.

periodico.surcos@surcosdigital.com

Juntas de salud piden al presidente Alvarado el pago a la CCSS

SURCOS recibió la siguiente carta enviada por las juntas de salud de la Red de Hospitales Nacionales y Centros Especializados al presidente de la República Carlos Alvarado Quesada:

Red de Hospitales Nacionales y Especializados

San Jose,13 de mayo del 2020

Señor PRESIDENTE

Carlos Alvarado Quesada

S.D.

Estimado Señor presidente:

Ante todo, nuestro saludo y solidaridad en este complejo tiempo de pandemia que estamos viviendo.

Los abajo firmantes, en calidad de Presidentes representantes de Juntas de Salud, de la Red de Hospitales Nacionales y Centros Especializados, -siendo hoy estos centros el punto neurálgico ante la crisis de esta pandemia-, nos dirigimos a usted como órgano colegiado amparados a la Ley 7852, legislación que representa a los asegurados de la Caja Costarricense de Seguridad Social, con 139 Juntas de Salud y 973 personas que estamos vinculadas con la CCSS y a los asegurados en forma ad honorem desde hace 20 años. Por lo anterior, en forma atenta y respetuosa le solicitamos al Gobierno que Ud. representa, interponga sus buenos oficios para que a la mayor brevedad posible se inicie el pago de la alta deuda que el Gobierno mantiene con la CCSS, para que así nuestra emblemática institución -uno de los orgullos de Costa Rica- pueda cumplir con el compromiso y sus obligaciones en la atención de la salud, de manera que no se comprometan sus finanzas, y más aún, en esta situación de Emergencia Sanitaria que estamos afrontando todas las personas en Costa Rica.

También queremos hacer de su conocimiento, que no podemos aceptar las declaraciones hechas por el Sr. Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, ex funcionario del Banco Mundial (BM), y el señor presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero Brealey, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes expresaron «que no se puede hacer nada para resolver el problema financiero», de la institución (Semanario Universidad, 23 de abril de 2020).

Ambos economistas y coinciden en que no se puede pagar dicha deuda; nos preguntamos: ¿acaso será por el «deber moral» de cumplir con el pago de los intereses de los préstamos recibidos de parte del BM y del FMI? Consideramos, ante ello -si es que así fuera-, que una de las más valuables gestiones suyas como Presidente de Costa Rica, seria proponer un diálogo urgente con este tipo de instituciones que bien sabemos que con su accionar terminan de definirle a los gobiernos rutas para nada solidarias ni de bienestar para el pueblo más pobre y olvidado. Hablamos de la posibilidad de que Ud. lidere, si es necesario, una voz que exija a estas instituciones el cese de presiones económicas -al menos por un tiempo- para dar paso a acciones internas en los países para solventar la crisis sanitaria y dar un respiro especialmente a las personas más empobrecidas de nuestras sociedades. Consideramos oportuna esta acción de su parte, en tanto que en algún momento se ha dicho que el Gobierno no tiene la solvencia para pagar la deuda interna que se tiene con la CCSS, pero debe estar pagando los mezquinos intereses de aquellas instituciones.

Sabemos perfectamente que la CCSS ha venido haciendo una excelente labor ante la crisis provocada por el Sarx-Cov-2, mostrando así su importancia en la sociedad actual y por lo mismo es un reto de todas las personas que vivimos en Costa Rica el mantenerla. Consideramos que sí se puede, pues, es claro que donde no hay corrupción alcanza muy bien para generar nueva vida a las instituciones estatales que dan la cara por el pueblo. A pesar de las limitaciones que ha sobrellevado, la CCSS ha manejado la situación con eficiencia atendiendo las disposiciones del Ministerio de Salud; sin embargo, nos preocupa la disminución de sus ingresos ante el necesario y bien justificado gasto actual.

Sobre todo, lo primero (la disminución de sus ingresos) porque amenaza contra la estabilidad y la existencia de este baluarte de los costarricenses. Por eso consideramos a la vez que sin demoras debe iniciarse el pago de la deuda.

Queremos enérgicamente, pero con todo respeto, dejar muy claro, que los asegurados y la población en general no vamos a permitir que se debilite a la CCSS, por una deuda que el estado tiene y que debe de honrar y ser ejemplo.

Quisiéramos que quede claro que jamás se debe contemplar siquiera, lo que los enemigos de la salud pública y de las instituciones públicas en general presentan como privatización o cualquier figura que hacia ello conlleve a la sociedad. Queremos seguir creyendo en el Gobierno que tienen capacidad de administrar honesta y transparentemente las instituciones públicas, por lo mismo esperamos no decepcionen a este pueblo libre, noble y servicial, pero jamás servil.

Consideramos que este mismo ejemplo de responsabilidad, se debe aplicar a las grandes empresas, y hacerlas cumplir con sus obligaciones pendientes, las que siguen evadiendo a la CCSS, tomando en cuenta que a sus empleados ya se les rebajó la correspondiente cuota. Es por ello que se deben tomar acciones inmediatas, con políticas concretas y ejemplarizantes, y así sea honrada su morosidad como una acción responsable y patriótica, sobre todo en estos momentos, donde es prioridad la recuperación de esos recursos.

Finalmente, queremos hacer de su conocimiento que la presente llega a Ud. con copia a la Junta Directiva de la CCSS, para que tengan conocimiento también de esta importante gestión, y puedan acompañar al Gobierno para realizar el pago de la cuota pendiente. Ellos constitucionalmente pueden también adherirse y/o hacer la solicitud por su cuenta según la faculta el artículo 177, párrafo tercero, de nuestra Constitución Política.

Es claro que este gobierno ha permitido la participación ciudadana y la ayuda de personas capacitadas, sin importar su color político. De las que han surgido una serie de propuestas que merecen ser analizadas y darles respuestas, pues es válido y necesario encontrar los medios que beneficien a todo el país.

Antes de concluir debemos aclarar, que debido a la situación de emergencia que vivimos y de no poder hacer reuniones presenciales, este acuerdo se tomó por mayoría y de manera virtual.

Esperando su valiosa y oportuna intervención para que se encuentren soluciones a corto plazo, nos suscribimos,

Atentamente por la Red de Hospitales Nacionales y Centros Especializados:

Licenciado Olmedo Castro Rojas, Presidente Junta de Salud, Hospital Geriátrico Dr. Raúl Blanco Cervantes y presidente de la Red de Hospitales Nacionales y Centros Especializados.

Raúl Borge Blandón, Presidente Junta de Salud Clínica Integrada de Tibás y Asesor de la Red de Hospitales Nacionales y Centros Especializados.

c.c./ Junta Directiva de la CCSS.

Información enviada a SURCOS por Mario Devandas Brenes, representante de las trabajadoras y los trabajadores en la junta directiva de la CCSS.

Llamado patriótico por la CCSS

La Secretaría de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum envió a SURCOS el siguiente comunicado:

Un llamado patriótico al Presidente de la República, a la Asamblea Legislativa y a la Comisión CCSS – Poder Ejecutivo.

Aprobemos con dispensa de trámite un paquete solidario a favor de las finanzas de la CCSS:

1-        Tenemos 14 propuestas concretas presentadas de manera oficial al Presidente de la República este 14 de mayo. Las mismas deben ser trasladadas de forma oficial a la comisión CCSS- Poder Ejecutivo para su valoración, aspirando a que sean analizadas y se ordenen los estudios o trámites correspondientes o bien que determinada fracción o diputado o diputada las acoja y las coloque en la corriente legislativa, entendiendo que las mismas podrían ser las menos correctas, pero si las más concretas que hasta ahora creemos se ponen a debate.

2-        Estas propuestas están distribuidas en tres ejes:

a-        3 medidas de protección social.

b-        7 medidas excepcionales y temporales para incrementar los ingresos del seguro de salud (SEM), y el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

c-         4 medidas de apoyo a patronos y trabajadores/as independientes.

3-        Cada medida tiene su respectiva justificación, su impacto financiero en los seguros indicados (no en todos los casos); y un conjunto de acciones para aspirar a su concreción institucional o legislativa.

4-        De estas 14 medidas 5 representan un monto aproximado de ingresos temporales para el SEM y el IVM de al menos unos 596.000 mil millones de colones y sin duda las restantes 9 medidas con sus respectivas proyecciones pueden aumentar este monto indicado.

5-        Resulta relevante indicar que todas estas medidas temporales son de carácter endógeno al formular reformas a normativas nacionales y en ese ánimo aspiran a no generar mayor endeudamiento externo para el país, lo cual no debe ser interpretado como una posición contraria al mecanismo de endeudamiento externo, pues más allá de una visión como esta en la práctica tenemos pleno conocimiento de que procesos como estos se encuentran en trámite hoy día.

6-        En igual sentido la mayoría de estas implican estudios técnicos que ayuden a la toma de decisiones coherentes, inteligentes y en una dirección que ponga al ser humano en el centro, pues de cara a los escenarios venideros se impone un enfoque humanista sin duda alguna.

7-        De estas 14 propuestas al menos 11 requieren reformas legislativas, por lo cual resulta apropiado que, desde el Poder Ejecutivo, concretamente Don Marcelo Prieto, se avoque a empujar la carreta a favor de la CCSS, para lo cual desde ya nos ponemos en disposición de aportar al diálogo político y técnico.

8-        Como se puede apreciar estamos en presencia de 14 propuestas, en tal sentido dejamos planteada la necesidad de que en conjunto los sectores socio-productivos y sociales (lo cual incorpora a los sindicatos), y el Poder Ejecutivo y Legislativo definamos una hoja de ruta que promueva la priorización de las medidas que tengan mayor potabilidad política, mayor impacto financiero en la CCSS y como prioridad uno, generen mayor calidad de vida en la gente de carne y hueso, que en el hoy esta psicosocial y laboralmente afectada.

9-        No nos cabe la menor duda de que los escenarios socioeconómicos que está por transitar el país imponen el concurso de un nuevo contrato social costarricense, pues es irreductiblemente urgente avanzar en la definición de fuentes de financiamiento que provengan de nuevas reformas fiscales realmente más progresivas que permitan sostener lo que se conoce como renta básica ( una especie de bono proteger mejorado), y de igual forma un verdadero seguro de desempleo, de lo contrario estaremos arribando a una celebración bastante oscura del bicentenario, lo cual se convertiría en un paso hacia la descomposición y confrontación social.

A LA CAJA LA DEFENDEMOS ENTRE TODOS Y TODAS

Juan Carlos Durán Castro, Secretario de Seguridad Social CTRN

Documentos que amplían la propuesta aportados a SURCOS por el secretario de seguridad social de la CTRN:

Catorce propuestas llevarían recursos a la CCSS

Usar ¢50 mil millones de la Ley Tabaco, ¢300 mil millones del ROP y hacer una contribución solidaria del Fondo de Capitalización Laboral del 2021 son algunas de las sugerencias.

La admiración a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por su trabajo debe pasar a las acciones que le permitan tener los recursos necesarios para enfrentar la disminución de los ingresos con motivo de la crisis de la pandemia del Covid-19.

Así lo expresa Lenín Hernández Navas, Presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum y Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería, quien junto con representantes de los sectores productivos, elaboraron 14 propuestas que le llevarían recursos a la institución de la seguridad social.

Dentro de las alternativas está reorientar durante un año el 4,25% del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) a la CCSS así como usar los recursos acumulados de la Ley del Tabaco 9028. En ambos casos se generarían ¢350 mil millones sin establecer nuevos impuestos a los costarricenses.

Se plantea la necesidad de diseñar un sistema de mono tributo para que los trabajadores independientes y pequeñas empresas contribuyan bajo un régimen tributario integrado y simplificado tanto en el registro como en la recaudación que permita el pago de una sola cuota mensual tanto de sus obligaciones tributarias como el de la seguridad social.

El representante de los trabajadores destacó que se debe pensar en la creación de un fondo que atienda el retiro anticipado porque muchos trabajadores que estaban por pensionarse están afectados ahora por el desempleo.

“Se puede usar por una única vez las reservas técnicas del Instituto Nacional de Seguros de los seguros del Riesgo del Trabajo (RT) y del Seguro Obligatorio de Automóvil (SOA) porque al final de agotada las pólizas la atención al trabajador corre por parte de la CCSS, detalló Hernández Navas.

Las propuestas fueron enviadas en una nota, este jueves, a Casa Presidencial a la Comisión integrada por representantes de la CCSS y el Poder Ejecutivo.

“Esta propuestas van orientadas a medidas de protección social, excepcionales, temporales y se diferencia de otras porque se basan en que las personas aporten de acuerdo con sus posibilidades. Es decir aplicando la lógica de racionalidad y proporcionalidad”, enfatizó el representante de la CTRN, quien admitió que duda que alguno de los costarricenses no quieran aportar para fortalecer a la CCSS.

El presidente de la CTRN amplía en este audio:

Prensa SINAE/AFINES 09-2020

¿Qué hacer ante el proceso educativo nacional afectado por la Pandemia?

Vladimir de la Cruz

Me preguntan con frecuencia padres de familia, amigos, y familiares qué pienso del proceso educativo, en estos días de la Pandemia, donde se ha paralizado la asistencia a clases, prácticamente en todo el país, con el posible impacto negativo que eso tenga, especialmente para los niños y jóvenes de la enseñanza pública, más que la privada.

El 11 de marzo, cuando se empezaba a perfilar con fuerza el impacto del Coronavirus COVID-19 en el país, en Facebook escribí lo siguiente:

“Ante la crisis que se ha producido por el Coronavirus, y la posibilidad de su propagación, que ya afecta algunos centros escolares, propongo que se suspenda el ciclo lectivo de la educación primaria y secundaria, a nivel nacional, desde el próximo lunes 16 de marzo para iniciarlo nuevamente el lunes 13 de abril, es decir durante las próximas cuatro semanas.

De hecho se suspenderían las clases durante tres semanas, pegándose la cuarta con la Semana Santa, que siempre se da feriada en su totalidad.

De esta manera se aprovecharía por hacer limpiezas profundas en los planteles educativos y se tendría más cuidado, en las casas, sobre los niños y adolescentes en edad escolar.

La suspensión de clases no afectaría el ciclo educativo si en correspondencia a esta situación, en el mes de julio, cuando se producen las vacaciones de medio año, se usa una de esas semanas de vacaciones para reponer, una de las semanas que ahora se suspendería, y a finales de año, el curso se puede prorrogar por dos semanas efectivas, dentro del mismo calendario escolar, sobre esas dos semanas finales de calendario, que en la práctica educativa al final de año son muy leves o suaves en el trabajo magisterial.

Así el tiempo real se aprovecha de mejor forma y se atiende mejor la situación de la emergencia nacional ante el Coronavirus o el COVID 19.”

Desde 13 de abril, post Semana Santa, cuando escribí ese texto, ya ha transcurrido un mes, y casi cinco semanas, y la situación se ha agravado, por el impacto de la pandemia y las importantes medidas nacionales, tomadas por el Ministerio de Salud y con el acompañamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, y las otras instancias públicas que abonan en la dirección de detener, hasta donde se pueda, la Pandemia y la expansión del Coronavirus COVID-19.

No parece en lo inmediato que se abran las escuelas y colegios, ni se anuncian directrices cercanas en ese sentido. Entonces, ¿Qué hacer?, para dar al menos una respuesta a quienes me preguntan, a veces también con angustia, padres de familia, y para proponer una posible salida a esta situación.

Sinceramente creo lo siguiente, y es mi propuesta, que ojalá permita abrir una sincera y desprejuiciada discusión nacional, de argumentos y posibles soluciones. Aquí mis apuntamientos.

Primero. – Se debe suspender todo el proceso educativo nacional, preescolar, primaria, secundaria, la universitaria de hecho está paralizada desde el punto de vista de asistencia presencial de sus estudiantes a aulas.

Este cierre del proceso educativo debe continuarse hasta el 1 de agosto, en el supuesto que al 31 de julio se haya “normalizado” toda la vida nacional, en todos los sentidos, y se pueda reprogramar la vida educativa del país.

Este cierre por los siguientes tres meses permitiría desde el punto de vista del Ministerio de Educación Pública, de preparar mejor a todo el cuerpo docente nacional, que no entraría en vacaciones prolongadas, para atender la nueva situación “de la nueva normalidad” post pandemia.

Supone revisar y atender toda la infraestructura física de escuelas y colegios para adecuarlas a las nuevas necesidades de seguridad social, de salud, de electricidad, de aguas potables, de determinar cuántos niños y niñas se van a recibir por aula, si hay que establecer horarios más prolongados para la mejor atención de estos niños, de analizar la situación real de cada plantel educativo en sus posibilidades de medios audiovisuales y electrónicos, para poder desarrollar clases a distancia, si volviera a producirse un pico de esta pandemia que conduzca nuevamente a cerrar el proceso educativo, de preparar a los profesores en los sistemas de educación a distancia y por medio electrónicos, de preparar clases, en todo el sentido de la palabra, para que se transmitan por esos medios, no solo el envío de tareas para que se hagan en la casas, y de que esas tareas puedan evaluarse de manera automática, como lo he visto hacer en escuelas del Estado de Luisiana, en Estados Unidos, donde han estudiado nietos míos.

Serviría este tiempo para analizar realmente cuantas escuelas y colegios están en capacidad de atender estas formas de estudio a distancia, y para evaluar realmente cual es la situación de los estudiantes, niños y adolescentes, y en sus hogares, sobre las capacidades tecnológicas de computadoras, y otros medios que les permitan atender estas situaciones educativas.

Serviría igualmente para evaluar cuántos maestros y profesores tienen los instrumentos y medios electrónicos adecuados, desde sus hogares, para poder atender la educación a distancia, y realizar su trabajo desde sus casas, en la modalidad del teletrabajo educativo, y facilitarles la adquisición, a quienes no los tienen, para que puedan cumplir su noble misión docente y educadora.

No hay que engañarse con que en el país hay más de 2 millones de celulares, según me han informado.

La gente, en general, que tiene celulares, entre ellos los maestros, los profesores, y los estudiantes, son personas del mundo de las redes, pero no son del mundo del estudio en celulares, ni de la investigación académica, por celulares. Por lo que yo veo en redes muchas veces se aprecia un nivel muy bajo de comprensión de textos, ni siquiera se entienden los títulos de los artículos sobre los que algunas personas se pronuncian u opinan.

Los jóvenes, incluidos muchos universitarios no saben usar sus celulares para investigar, ni para fortalecer sus estudios. A lo sumo para buscar algún dato que los saque de algún apuro ante una tarea donde se les piden datos.

Segundo. – Iniciado el curso lectivo el lunes 3 de agosto próximo, de acuerdo con esta propuesta, si lo permite la pandemia, debe prolongarse de seguido hasta el 18 de diciembre del próximo año 2021, de manera que el ciclo lectivo del 2020 y del 2021 se realicen de manera continua, como uno solo, con breves períodos de vacaciones.

En total son 17 meses. Estos meses podrían tener pequeñas “vacaciones”. A modo de ejemplo señalo las siguientes fechas: una semana los últimos días de setiembre y los primeros días de octubre, dos semanas en diciembre, desde el sábado 20 hasta el domingo 3 de enero, en marzo y abril del 2021, se podrían dar dos semanas que incluyan la Semana Santa, dos semanas en julio, del sábado 19 al martes 3 de agosto, y de nuevo las últimas dos semanas de diciembre del 2021 y la primera de enero, si fuera del caso, desde el sábado 20 de diciembre hasta el lunes 3, o el lunes 10, de enero del 2022, que en ese mes de enero, y la mitad de diciembre anterior, por estar en las próximas elecciones nacionales, la Asamblea Legislativa estará en receso parlamentario, y el país en un alto nivel de agitación política donde se evaluará, en ese escenario, lo acontecido y atendido públicamente ante la pandemia, sin lugar a dudas.

Así en la práctica durante esos 17 meses a partir de agosto hasta diciembre del 2021, habrían prácticamente dos meses de suspensión de clases, de “vacaciones” intercaladas, y el proceso educativo no se detendría en su continuidad del 2020 y el del 2021, ni se provocaría un impacto negativo en el proceso de formación de los niños y jóvenes.

Tercero. – ¿Qué requiere una propuesta así, de considerarse positiva? Voluntad política para impulsarla con participación de todos los involucrados, el Ministerio de Educación Pública, como ente rector nacional de la educación, voluntad y apoyo de los padres de familia en este cronograma educativo. Pero, muy especialmente, el apoyo del Cuerpo Magisterial Nacional, de todos los maestros y educadores, de todas las organizaciones sindicales magisteriales comprometidas en esta tarea, que de paso es una forma de combatir a las personas que constantemente atacan a los maestros y educadores, y a los trabajadores del sector público, por su estabilidad laboral y su justo derecho de continuar recibiendo sus salarios, cuando el proceso educativo está paralizado como ahora, en que no han cesado ese tipo de ataques.

Cuarto. – Si ya hay deserción escolar, y hasta universitaria de manera importante, los efectos socioeconómicos de la pandemia van a intensificar y agudizar esta deserción del sistema educativo. Y esa deserción va a incidir en mayor informalidad laboral, en mayor índice de pobreza y de pobreza extrema.

Quinto. – La situación de deterioro socioeconómico va a incidir también en los tiempos de graduación alargándolos, con los efectos que ello tiene laboralmente y de empobrecimiento paulatino.

Sexto. – Podrá haber personas que crean que eso los beneficiará empresarialmente, porque podrán llegar a tener gente, o trabajadores, menos preparados, más baratos como mano de obra asalariada, quizá en el nivel de salarios de hambre literalmente, pero serán trabajadores, más resentidos socialmente, sujetos a cualquier explosión social de líderes populistas, de cualquier signo, que les motiven y les atraigan por sus soluciones sociales demagógicas.

Séptimo. – Los colegios privados algunos no tienen estos problemas. Los que están “empatados” con los sistemas de educación norteamericana, con infraestructura y capacidad tecnológica en sus instalaciones, y con la capacidad económica y social de sus alumnos, que tienen los instrumentos técnicos y computacionales, han continuado sus estudios que ya terminan para reiniciarlos en agosto o setiembre.

De este escenario de la pandemia se ha provocado una situación que puede afectar a colegios públicos, por rebote de los privados.

He visto, y conozco situaciones, con la reducción de jornadas laborales, con la reducción o pérdida de ingresos de padres y madres, con la inseguridad laboral y salarial que muchos tienen hacia el futuro inmediato, en que ya no podrán atender más la educación de sus niños en los colegios privados, algunos con la angustia de no poder pagar el segundo semestre, mes a mes, por el resto del año. Algunos padres que tienen financiado todo el año no tienen problemas, en ese sentido, por este año, pero ya piensan en trasladar a sus hijos a colegios públicos el próximo año. Este es el impacto en las clases medias que ha tenido la pandemia. Algunos padres y madres ya han reducido las actividades extraescolares que les pagaban a sus hijos para una mejor formación ante la vida y la educación, porque no las pueden pagar, o porque consideran que ya no son tan necesarias.

Las clases ricas y sus hijos no tienen problema en este sentido. Sectores de las clases medias altas pueden soportar esta situación. Pero, los padres de las clases medias-medias y clases medias-bajas, muchos de hogares de padres y madres profesionales, o de ambos en el hogar, que con gran sacrificio mantienen a sus hijos en las escuelas privadas, desde la preescolar hasta la colegial, sí están resintiendo esta situación con verdadera angustia.

Hay algo que es muy real. Los salarios como las pensiones están altamente comprometidos por quienes los reciben. Los salarios netos, deducidas las cargas sociales y los impuestos, apenas alcanzan para vivir, con grandes sacrificios para las clases medias, en general, que tratan de invertir en educación privada, para sus hijos, cuando consideran que allí pueden recibir mejor educación.

Octavo.- Para este momento de crisis nacional y de la pandemia se requiere rescatar la mística educativa, la formación apostólica con que salían graduados los educadores de la Escuela Normal de Costa Rica, fundada en 1914, bajo el modelo de los caudillos y grandes líderes culturales, de aquellos años, que inspiraron esos educadores, Luis Felipe González Flores, el Ministro de Educación de don Alfredo González Flores, los Directores de esa Escuela Normal, Omar Dengo Guerrero, Joaquín García Monge, Arturo Torres Martínez, Roberto Brenes Mesén, Carlos Gagini Chavarría, educadoras como Carmen Lyra, Carlos Luis Sáenz, Luisa González, Adela Ferreto.

Los sindicatos magisteriales deben levantar su Memoria y sus banderas en este compromiso nacional.

Yo hubiera deseado que una propuesta así la hubieran lanzado las organizaciones magisteriales. Todavía hay tiempo. No hay que dejar caer las banderas por la Patria.

Hay que pensar y discutir las soluciones económicas que el país, la sociedad en general, y los sectores sociales y económico productivos necesitan y se deben impulsar. Pero no podemos dejar de lado el problema de la Educación Nacional y su proceso educativo. Aquí dejo estas reflexiones.

¿Hablamos en serio de pensiones?

Hernán Alvarado

            El señor Presidente Carlos Alvarado volvió a su campaña contra las pensiones. Posteó en Facebook que «las pensiones son para proteger, no para enriquecerse», después de presentar personalmente una coadyuvancia que, como ha denunciado la AFUP, es intimidatoria.[1] Por lo visto, la Ley 9796 no se sostiene sola y le espera el merecido viacrucis jurídico. Además, él ha repetido que renunciará a su pensión de ex Presidente en su deslucido «informe» del 4 de mayo pasado.[2]

            El caso es que, a través de la Ley 9796, el Estado costarricense pretende ejercer una violencia patrimonial arbitraria gravando reiteradamente los ahorros de las personas adultas mayores. Además, esa ley cohonesta la irresponsabilidad de un Estado que no formó el fondo de pensiones solidario que mandaba la Ley 2248, cuando menos para el Magisterio Nacional.

            Así responde el mandatario a la acción jurídica de un primer grupo de pensionados que defienden, de manera legítima, sus derechos lesionados. De nuevo, redes sociales, medios de prensa y declaraciones de la clase política aparecen orquestados para intranquilidad de las personas adultas mayores. Ellas debieran demandar también a todos aquellos que usan el cliché o estigma difamatorio con que se les chuza sistemáticamente desde hace tiempo, por ser un comportamiento que atenta contra la dignidad de la persona, corazón del sistema jurídico. No se vale que siga impune y no hay que darle alas al animal ponzoñoso, según reza el refrán popular.

            Ahora bien, ¿habla en serio el Presidente de un tema tan delicado? En primer lugar, nadie se enriquece con una pensión por más alta que sea, como tampoco se puede llamar enriquecimiento a un salario público de ₡ 9,500,000. Si así fuera, habría que decir que él mismo puso a doña Rocío Aguilar a enriquecerse. Pero la verdad es que no hay manera de hacerse realmente rico sin explotar al prójimo, sin contratar a muchos trabajadores que produzcan riqueza para uno. A estas alturas no hay misterio al respecto, ni otra forma legal o ilegal de lograrlo.

            Por eso, ningún pensionado aparecerá jamás en la lista de ricos de la revista FORBES. El Presidente puede preguntar a quienes ahí aparecen: Rodolfo Jiménez Borbón, por ejemplo, recibe ₡ 875,185 millones al año, Carlos Cerdas Araya ₡ 389,600 millones y Steve Aronson ₡ 84,750 millones anuales. Un pensionado que recibiera, supongamos, ₡ 15 millones al mes, obtendría al año ₡ 180 millones, es decir, 0,02 % de lo que recibe don Rodolfo, o bien, 0,2 % de lo que recibe don Steve.

            Por tanto, las categorías de riqueza, privilegio y lujo no aplican a pensionados ni a empleados públicos, a no ser que uno quiera hacerse el cínico, el ignorante o el charlatán. Y si le cabe duda, el Presidente puede preguntar qué es enriquecimiento a la UCAEP, que tal vez podría aconsejarle, de paso, sobre cómo combatir la evasión de impuestos, las deudas con la seguridad social y la exportación de ganancias a paraísos fiscales; o cuando menos podría recomendarle a los mejores asesores en un tema que fue el gran ausente de su «informe a la nación». ¿Por qué, señor Presidente, evade usted el tema de la evasión siendo tan importante para este Pueblo?

            En segundo lugar, una pensión no es para proteger a nadie, salvo en una visión asistencialista o paternalista pasada de moda. El señor Presidente debiera saber que una pensión es un ahorro que una persona hace a lo largo de toda su vida laboral para tener una jubilación digna y puede ser tan alta como corresponda a sus cotizaciones. Hace años se promovió, por ejemplo, pasarse del Magisterio a la CCSS y era atractivo porque implicaba una reducción de las deducciones salariales, o sea, aumentaba los ingresos mensuales. Pero muchas personas no lo hicieron pensando en un futuro mejor, ¿quién les explica ahora que ahorraron en saco roto?

            Por otro lado, una pensión también puede verse como un incentivo para renovar trabajadores activos. La idea es que entren a trabajar fuerzas nuevas que adelanten las innovaciones que el sistema económico demanda constantemente. Por eso, en la medida que la jubilación es voluntaria, si las pensiones no son dignas dicho proceso se retrasa o se malogra. De hecho, varios colegas se han retractado últimamente de pensionarse, por la incertidumbre que pesa sobre el futuro de sus ahorros. Así que los más jóvenes tendrán que esperar. ¿Dónde están los estudios que permitan decidir sobre un asunto clave para la productividad promedio del país?

            Nadie parece haber tenido eso en cuenta en este «debate» tan pobre en ideas. Tanto que ni siquiera ha partido de los correspondientes estudios actuariales de los diferentes fondos. Nadie menciona tampoco el interés de privatizar dichos fondos que le hacen la boca agua al sector financiero, el único y verdadero protegido del neoliberalismo; como se puede ver en el tema de usura, aludido anecdóticamente por el discurso presidencial.

            La protección de los más pobres no se puede lograr confiscando ahorros a las pensiones más altas para pasárselas a las pensiones más bajas. Del todo, la pensión no es el instrumento idóneo para eso. Además, es ilegal e inconstitucional que el Estado pretenda trasladar su responsabilidad a un pequeño grupo de pensionados. Por cierto, ¿alguien puede creer en la sinceridad de unos diputados orgullosos de su «solidaridad» con el dinero de otros?

            Si de protección se trata, hablemos en serio de un salario social o de un ingreso universal que garantice a cada ser humano un mínimo de subsistencia, desde la cuna a la tumba, por el simple hecho de serlo, tema de punta en esta materia. Así se acabaría, por fin, con la pobreza extrema. Aunque no del todo con la pobreza, que es un concepto relativo, como decir riqueza, porque mientras la política pública siga favoreciendo la desigualdad social siempre habrá algunos demasiado ricos que correspondan a muchos demasiado pobres. ¡Cuánta falta hace hoy en día la visión de estadista de Alfredo Gonzalez Flores, Rafael Ángel Calderón Guardia, José Figueres Ferrer, Daniel Oduber Quirós o Rodrigo Carazo Odio!

            En una crisis sanitaria como la actual un ingreso vital universal hubiera mostrado su eficacia porque no habría dejado a nadie librado a su suerte. Luego, sería como un seguro si se toma en cuenta que nunca habrá una vacuna contra todas las pandemias.[3] Como un solo ejército combatiríamos así cualquier virus, entrando y saliendo a las casas, en táctica de acordeón, a una sola orden del Presidente. Además, podría asociarse a determinados deberes cívicos y comunitarios con el fin de fortalecer, por ejemplo, educación y salud, incentivando la participación ciudadana en todos los niveles de la administración pública. Dede luego, mucha tela queda por cortar al respecto, pero eso sería comenzar a caminar en serio hacia los más vulnerados, implicando también al sector financiero con su añorada bancarización universal.

            En cuanto a la renuncia a la pensión de ex Presidente, es casi increíble que el mandatario insista en cosechar un rédito publicitario con un derecho que todavía no goza. A penas comparable con repartir los ahorros confiscados a los pensionados cuando ni siquiera ha entrado en vigencia la Ley 9796, para tildar después de egoístas a quienes defenderían su patrimonio. Si esto no es populismo que alguien nos diga cómo se llama; tal vez algún garante nos pueda explicar qué tipo de ética es esta.

            Además, mientras no se modifique la norma de pensiones para ex Presidentes (Ley 7302, capítulo III) el mandatario no podrá hacer lo que promete y no parece haber voluntad política para esto. Lo que podrá hacer eventualmente es donar lo que será entonces su dinero privado. A la mejor usanza neoliberal que trata la pobreza como un asunto de caridad o filantropía y no de justicia. Pero en ese caso, según recomienda el Evangelio, mejor que la derecha no se entere de lo que hace la mano izquierda.

            Por otro lado, en rigor, la pensión de un ex Presidente es espuria, pues no corresponde a lo cotizado. En ese sentido, el dilema será siempre servir a la Patria o servirse de ella. Por eso, aunque legal, puede que no sea bien vista. Más aún, no debiera existir, ya que ser Presidente es un honor y un servicio a la patria que no tiene por qué ser retribuido de por vida. Tampoco la de un diputado o la de un Ministro en las mismas condiciones. Pero no se justifica hacer escarnio público de personas honorables por algo que es un defecto del diseño institucional.

            En sentido estricto los ex Presidentes no hacen nada ilícito al aceptar ese dinero que, como muchos otros estímulos, hoy se tiene y mañana no. Ellos no fueron quienes aprobaron la ley y esta es una sociedad basada en incentivos monetarios y normas, aunque para algunos resultan ser válidos para el ganso pero no para la gansa. Satanizar los incentivos monetarios es a penas propio del terrorismo neofascista y ultra liberal que campea hace rato en el valle central y que representan mejor que nada la tentación suicida del capitalismo.

            Se ve claro entonces que este no es el caso de una pensión digna o verdadera, como derecho adquirido y consolidado después de 30 o 40 años de cotizaciones. La poca seriedad con que se ha tratado el tema es obvia por la mezcolanza abigarrada que los diputados han hecho en esta materia, en contubernio con una prensa acrítica, superficial y complaciente con los poderosos. La ley 9796 exacerba el conflicto que divide a la sociedad costarricense desde hace más de 30 años y crea más problemas de los que resuelve. Señal de que no es justa, puesto que la justicia pacifica tanto como la injusticia enerva; si fuera justa se defendería sola.

            Por lo demás, en una República participativa, como la que establece el artículo 9 de la Constitución, una reforma de pensiones debiera ser un proceso transparente, participativo y concertado, con rigor técnico y sensibilidad social, garantizando confianza como ingrediente indispensable. El Presidente dejó claro que eso no le interesa al nombrar a doña Rocío Aguilar en la Superintendencia de Pensiones, burlándose sin disimular de la Contraloría. Ella ha reforzado la desconfianza al nombrar a Nogui Acosta. Puede que sea parte del magnánimo espíritu protector del Presidente, pero el hecho es que participación y acción ciudadanas no tienen ningún peso en su discurso. Lo cual no solo es inconsecuente con el nombre de su partido, sino que implica una posición poco democrática que no honra la norma superior.

            En conclusión, todavía no se ha hablado con el rigor que merece de un tema tan complejo, pero el debate ya fue cerrado antes de abrirse, por una campaña que concita prejuicios, envidias y odios. Los daños morales y políticos, directos y colaterales, son cuantiosos; aunque todavía a nadie se le pasa factura. Por su parte, los trabajadores activos no parecen haber considerado debidamente lo que todo esto implica para su futuro. Pero ya se darán cuenta. El pato de la fiesta o «chivo expiatorio» ha sido un grupo de personas mayores a quienes no solo se les quiere confiscar sus ahorros, nuevamente y de modo discriminatorio, sino que encima se les difama gratuitamente y se les insulta porque defienden su derecho.

            Ahora, la justicia tendrá que dirimir de qué lado está la razón. Si rige o no el principio de no retroactividad de la ley. Si se vale o no que el Estado-patrón legisle a su favor para evadir su responsabilidad social y sus compromisos legales; si el derecho defiende al débil o complace al fuerte en un asunto eminentemente laboral. Si está del lado del ciudadano, protegido del Soberano, o valida las pretensiones de un Estado abusivo mal encaminado por intereses politiqueros. Si los derechos humanos están pintados en la pared y sirven para ganar votos e imagen, o deben respetarse seriamente por seguridad jurídica de todos y para la defensa de la paz social y la democracia costarricense.

[1] Lamentablemente, los integrantes de otros Poderes se están habituando a puyar a los magistrados como si fueran diputados que ceden a presiones mediáticas.

[2] Como «evaluación de resultados y rendición de cuentas» que debería dirigirse al Pueblo, más que a la Asamblea Legislativa o al Poder Judicial, ese discurso no es de recibo. El nuevo Presidente de la Asamblea Legislativa se dio el lujo de eximirlo del «control político». Ambos incumplieron flagrantemente el artículo 11 de la Constitución, pues «Los funcionarios son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la Ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.» Ellos que juraron cumplir con la norma superior. Ahora ¿quién podrá defendernos?

[3] Ahora el Gobierno español ha mostrado interés en el «salario social básico» que se ha puesto en práctica en Asturias, desde hace una década, y que cuenta con otras réplicas que pueden servir de referencia.

Foto: Actividad de la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP)

¿Hay un después del COVID 19 o deberemos aprender a vivir con él?

Miguel Sobrado

Nuestro sistema de salubridad social ha tenido hasta el momento una capacidad de respuesta, respaldada por la educación y disciplina del pueblo, muy exitosa y ejemplar, a pesar de la inestabilidad amenazante del contexto regional. Se ha logrado mantener aplanada la curva de contagio, aumentar las recuperaciones de los enfermos y un bajo nivel de mortalidad.

Lamentablemente mientras no exista vacuna, si es que algún día se logra tener una que se pueda aplicar a la población mundial (cosa que no se podido hacer con el SIDA), nuestra población seguirá conviviendo con el coronavirus y la economía tendrá que reactivarse progresivamente, procurando que no colapse el sistema de salud. De otra forma el dilema puede llegar a ser morir del coronavirus o morir de hambre y esto puede ser más peligroso para la vida política.

FOCALIZACION DE LOS AFECTADOS Y SUS CONTACTOS EN VEZ DE CUARENTENA GLOBAL

La experiencia de Corea del Sur con el control y aislamiento de los enfermos y sus contactos ha demostrado ser exitosa con el uso de una aplicación que permite el seguimiento, sin tener que recurrir a paralizar la economía. Aquí podríamos hacer lo mismo retomando la participación de las comunidades en los EBAIS, tal como lo hizo en su momento el Hospital sin Paredes de San Ramón, aprovechando la tecnología EDUS de la CCSS e incorporando la aplicación surcoreana.

De tal forma la primera línea de combate se trasladaría a las comunidades, aplicando medidas puntuales preventivas como elevar las defensas, sin afectar el grueso de la economía.

RETOMAR EL EMPLEO DESDE UNA VISIÓN DE PERSPECTIVA ORGANIZACIÓN PARA LA SALUD

No se puede hablar de salud, si la gente no tiene estabilidad emocional ni ingresos para atender sus necesidades. Las comunidades no son entes pasivos, tienen creatividad y buscan en forma individual formas de sobrevivencia, pero sobre todo cuando están organizadas. La asistencia del gobierno central o local, en los momentos difíciles es necesaria y oportuna. La ayuda, sin embargo, dada la magnitud de las afectaciones nunca será suficiente, crea además dependencia, pasividad y reduce la autoestima. La organización de la comunidad para enfrentar el problema genera capacidades, abre senderos y estimula el protagonismo local poniendo en tensión el arco creativo.

Este fenómeno fue muy visible en la experiencia del Hospital sin Paredes, mientras operaron los 151 comités de salud en los cinco cantones (San Ramón, Palmares, Sarchí, Naranjo y Alfaro Ruíz). Los comités no solo establecieron acueductos y letrinas, sino que abrieron caminos, crearon cooperativas y participaron activamente en la vida cívica, siendo semillero de líderes locales y cantonales.

DARLE PROTAGONISMO A LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS

Por eso es tan importante, con ocasión del coronavirus, descentralizar la acción de combate trasladándola a las comunidades, para controlar los ´puntos álgidos retomando la experiencia del Hospital sin Paredes y de las cooperativas de autogestión campesina, surgidas como respuesta al calor de una crisis agraria que amenazaba la paz social en los 70s.