Ir al contenido principal

Etiqueta: CCSS

La guerra del Coronavirus y sus daños colaterales

Vladimir de la Cruz

El impacto de la Pandemia del Coronavirus COVID-19 es de tal magnitud, por su alcance y trascendencia internacional, que ha roto, ha quebrado, todo el orden de las relaciones internacionales en todos los sentidos. Ha afectado obviamente las relaciones comerciales, productivas, de los procesos de encadenamiento económico a nivel internacional y a nivel local de cada uno de los países afectados.

Ha afectado áreas productivas, mercados internacionales de producción y abastecimientos de partes para la industria en general, ha afectado mercados de mano de obra barata en todos los continentes, ha afectado los mercados de colocación de mercaderías, estimulando, en cierta forma, todavía a escala reducida, los mercados internos de producción y de abastecimientos. Su impacto social, aún no evaluable, es el de llegar a causar mayor pobreza general y de mayor pobreza extrema en todos los países, junto el hambre, “hambrunas”, para grandes masas de personas, quizá sin que hayamos superado el impacto de la presencia del COVID-19.

El mundo del transporte aéreo, terrestre y marítimo se desplomó, por los controles de la expansión del Coronavirus que se han impuesto. La industria y la actividad turística, en todas partes del mundo, ha caído, con expectativa negativa para los próximos 18 meses por lo menos, y la economía de encadenamientos sujeta a ella ha sufrido igual impacto.

Las pequeñas empresas productivas, la MIPYMES y PYMES en general, son las más golpeadas, las empresas de venta y consumo de comidas, de servicios han cerrado estrepitosamente, creando un mayor impacto en las economías nacionales cuando estas pequeñas empresas son mayoritarias, y mayoritariamente empleadoras, en las actividades económicas de cada país, que con poca o baja contratación de personal, son también las que mantienen la mayor cantidad de empleo nacional, y en la situación actual conducen, por sus cierres, a que los índices de desempleo real aumenten de modo preocupante, agravando la situación social, de vida, de trabajo, de hambre real y de tensiones sociales y políticas que ello pueda producir.

El COVID-19 ha afectado el mundo del trabajo provocando cierres de empresas, despido de empleados, rebajo de jornadas de trabajo, nuevas formas laborales intensivas como el tele trabajo, el trabajo parcial con reducción de jornadas, y rebajo consecuente de salarios y beneficios sociales, desempleo total y desempleo parcial, con pérdida y reducción de salarios y sus beneficios sociales, ha afectado la capacidad de pago de obligaciones de trabajadores, de pequeños, medianos y algunos grandes empresarios. Los sindicatos mismos van a sufrir este impacto en su afiliación real, en sus cuotas de pago sindicales, así como en su actividad organizativa, y hasta en sus luchas.

Ha afectado los vínculos diplomáticos alterando las relaciones de países fronterizos por los cierres de fronteras, impuestos de cada lado, para mitigar, con el control de los procesos migratorios y de desplazamiento de nacionales y extranjeros, la posibilidad de expansión y contagio del Coronavirus. Ha cuestionado internacionalmente a aquellos gobernantes que no se han sometido a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud para atender la pandemia, e irresponsablemente, en sus países, han sido laxos frente al avance del Coronavirus, con las repercusiones internacionales que eso tiene.

El Coronavirus ha surgido como una fuerza de combate en guerra en todos los países, contra todas las personas, sin que estuvieran preparados para ella.

El Coronavirus se ha desarrollado como un movimiento guerrillero, apareciendo por aquí y por allá, y simultáneamente en todos los países, como si fueran diferentes frentes de combate, donde no se le puede enfrentar en el campo militar. De allí, por ahora su fuerza, por su capacidad sorpresiva de aparición provocando daños directos y daños colaterales en cada país y sociedad, por el temor que desata su existencia. En unos países impacta más que en otros, pero nadie está exento de sufrir su presencia ni daños colaterales. Y dentro de los países hay regiones más afectadas que otras.

Por ahora es una guerra que está comenzando, con un enemigo que se le conoce, que se la ha logrado identificar, el COVID-19, pero que no se tiene capacidad de controlarlo, y no se sabe aún con certeza cuando podrá acabársele y de qué modo se hará, porque su manera de combatir es silenciosa, sorpresiva, universal, y en muchos casos precisa y fulminante.

Uno de los efectos más dramáticos que ha provocado es que no se ha logrado una acción internacional contra el Coronavirus.

El único campo internacional que opera es el de la ciencia médica y epidemiológica, donde se hacen esfuerzos de coordinación día a día, para ir analizando los movimientos y comportamientos del Coronavirus, como sus posibilidades de mutación, para buscar, en el campo de la ciencia, los mecanismos y armas para detenerlo y controlarlo. Si es por una vacuna, se ha dicho, es un proceso que puede durar por lo menos hasta dos años, de allí que lo más claro es que el Coronavirus ha llegado para quedarse y tengamos que aprender a vivir con él, como vivimos con un montón de bacterias, virus y microorganismos, que siguen causando muertes, y por miles, muchos de los cuales hoy los controlamos y disminuimos sus muertos con vacunas.

El Coronavirus ha declarado, en cierta forma, una guerra contra toda la Humanidad. La guerra en que nos ha metido el Coronavirus no ha terminado. Los efectos devastadores de esta guerra todavía no los conocemos en toda su dimensión.

En el campo científico es una Guerra Total, que ha obligado a que todos los países muevan sus recursos y fuerzas, hasta donde se pueda, para destruir su capacidad contagiosa y de expansión. Como Guerra Total supone la subordinación de la política, no a la guerra como es la idea clásica militar, sino a la Ciencia, lo que no ha hecho el gobierno de Trump, y algunos otros, y que sí se hace en la mayoría de los países. Aquí, en Costa Rica, el Gobierno ha hecho muy bien de poner al frente, día a día, de esta batalla, incluso por el manejo de las Conferencias de Prensa diarias, al Ministro de Salud y al Presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social. Hasta hoy el discurso oficial, en Costa Rica, descansa sobre todas las cosas en la ciencia para combatir el Coronavirus.

Importante papel puede llegar a jugar el Instituto Clodomiro Picado, de la Universidad de Costa Rica.

Por ahora el COVID-19 asusta por las muertes y contagios en todos los países, y atemoriza por el daño causado a la economía mundial, que es el daño colateral impuesto por este Coronavirus.

En las guerras modernas, y recientes, especialmente después de 1990, desde la Guerra del Golfo Pérsico, se habla de los daños colaterales, aquellos causados que están fuera de los objetivos militares a destruir, que son las víctimas civiles, particularmente, y así se justifican por quienes provocan estos daños colaterales, en estas guerras, generalmente por resultado de los bombardeos.

Se habla de daño colateral de aquel causado sin intención, de manera accidental, o por repercusión sin haberlo deseado, pero como resultado de una operación militar. En la sucia guerra de Vietnam los Estados Unidos usó este término para referirse al asesinato de civiles y la destrucción de sus propiedades.

Los daños colaterales militarmente se han extendido a las construcciones, hasta hospitalarias y diplomáticas, como ha sucedido, así como a los equipos y el personal, que puede ser afectado, en una operación militar, de fuerzas amigas de los atacantes. El daño colateral no quiere decir sin intención, aunque los ejércitos tratan de darle ese contenido conceptual. Es el daño adicional, subordinado, secundario, que resulta de una acción militar. Es el acto que puede resultar consciente, si es una ventaja táctica militar, en donde al destruir un objetivo deben eliminarse civiles e inocentes, o destruir instalaciones que no son objetivos militares.

El Coronavirus como agente militar, como arma de guerra, directamente ataca personas. El Coronavirus, en sus daños colaterales, afecta toda la economía, las fábricas, el transporte en todas sus manifestaciones, ciudades y pueblos completos, las refinerías lo que ha hecho caer el precio y la producción diaria de petróleo mundial. Afecta la salud emocional de las personas, sobre todo por los encierros obligados, las “cuarentenas” y restricciones de usos sociales, de comportamientos y de relaciones sociales que ha impuesto.

La autonomía de desplazamiento del Coronavirus en su ataque es demasiado amplia, llega donde tenga oportunidad de llegar, atacar y ocasionar el daño directo y el colateral respectivo. El Coronavirus por blanco estratégico tiene a los seres humanos. Eso está claro, de allí la necesidad de su protección.

En curso de la II Guerra Mundial, al mediar la década de 1940, las potencias aliadas impulsaron tres organismos de carácter mundial, en perspectiva del mundo que surgiría después de esa horrorosa guerra, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ambos en 1944, como resultado del Tratado de Breton Woods, y las Naciones Unidas, en octubre de 1945.

Al terminar la II Guerra Mundial el mundo había cambiado. Derrotado el nazifascismo surgió de manera poderosa un Sistema Mundial de países socialistas, que hizo cambiar el escenario de las relaciones internacionales. El mundo se enfrascó en una división internacional de Socialismo versus Capitalismo y de un escenario militar, la Guerra Fría.

El resultado práctico inmediato por parte de los Estados Unidos fue impulsar en la Europa capitalista existente el Plan Marshall, con el propósito de meter 12.000 millones de dólares, de esa época, para la reconstrucción europea, y presentar la Europa capitalista como una vitrina frente a la Europa socialista que también estaba surgiendo. Ello produjo en el campo militar, luego, el desarrollo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, por un lado y del Pacto de Varsovia por otro, para mantener los equilibrios militares en ese continente.

En América Latina el Plan Clayton, entre 1946 y 1947, se propuso igual propósito para contribuir a desarrollar la economía de la región, especialmente en el sector agrario o campesino, y frenar o neutralizar en el continente los movimientos insurgentes que estaban dándose. Para la parte militar en América Latina se impuso el Plan Truman. En 1948 se impulsó militarmente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, con la OEA de fondo y de soporte.

Después del Coronavirus el mundo va a ser otro. Frente al Coronavirus no se impulsan organizaciones de este tipo ni políticas de esta naturaleza, de carácter colectivo. Lo más cercano a ello es el apoyo a la Organización Mundial de la Salud, la abanderada internacional en la lucha contra el Coronavirus, y sus organismos regionales, como la Organización Panamericana de la Salud, hoy sin el apoyo económico del gobierno norteamericano, y del Presidente Trump, que ha anunciado quitarle los fondos económicos que le daban, acusándola de estar plegada, en esta situación pandémica, a los intereses de la República Popular China.

Igualmente, esos organismos, son hoy objeto de atención, y de llegada, para apoyar gobiernos y países con préstamos y políticas económico-financieras para enfrentar el Coronavirus en sus impactos financieros internos.

En el momento actual debe operar la política realista, de la diplomacia y de las acciones concretas y prácticas para atender la pandemia, cuando no hay un Gobierno mundial, ni hay un “ejército mundial” en capacidad de combatir el Coronavirus, que debe enfrentarse en cada país con las fuerzas médico-científicas que se tienen, y con las estructuras de salud pública y de seguridad social que cada país tiene y ha desarrollado históricamente.

El Coronavirus ha alterado en la práctica el equilibrio de poderes existentes en el mundo actual, ha debilitado a las grandes potencias, las ha alejado de sus propias relaciones, les ha debilitado sus carreras armamentistas para enfrentar al enemigo no tan invisible del Coronavirus. La “paz” internacional, exceptuando las guerras locales o regionales aún existentes, que han pasado a guerras de baja intensidad momentáneamente, también se ha alterado.

Para Trump la situación internacional es grave por el impacto que ella tiene al interior de los Estados Unidos en su elección de noviembre de este año. La torpeza con que ha actuado lo ha alejado del liderazgo internacional que los Estados Unidos ha significado, pero le ha debilitado su liderazgo interno, a nivel nacional y regional con sus propios Estados y sus autoridades locales, los gobernadores.

Pareciera que Trump siguiendo a Maquiavelo quisiera usar el mal para tratar de lograr el bien. Por ello engaña, hace trampa, mal informa, se enfrenta a la ciencia de su propio país, intriga contra quien se le oponga, enfrenta y limita la acción de los medios de información y de prensa, obliga a su Partido Republicano y a sus dirigentes a seguirle ciegamente, amenaza desarrollar los super poderes que se le permiten al Poder Ejecutivo en Estados Unidos, expulsa migrantes detenidos enfermos de coronavirus a sus países de origen, con el propósito de que enfermen en sus países de origen, como está haciendo con guatemaltecos repatriados.

Para Trump, como yo lo veo, el Coronavirus se le ha presentado como un elemento de limpieza étnica mundial, y en los propios Estados Unidos, por las personas que son afectadas mayoritariamente.

En la línea de enfrentamiento al Coronavirus el realismo político descansa en las decisiones racionales, científicas y médicas, que puedan tomarse e impulsarse para frenarlo, detenerlo y saberlo combatir y para superar, en el mayor corto plazo posible, los efectos colaterales que está provocando, especialmente en el plano de las economías nacionales, y en la reconstrucción de las redes de la economía mundial.

El interés nacional es lo que resalta en los países frente al Coronavirus. En Estados Unidos Trump ha sido muy claro “América Primero”. No son casuales sus políticas públicas internas y sus planteamientos internacionales en torno a cómo enfrentar y combatir el Coronavirus. Se trata de su supervivencia y su propia seguridad, no la del planeta. Por eso niega las políticas internaciones de ataque y confrontación al Coronavirus.

Con el Coronavirus no tenemos en el escenario internacional un país agresivo, una potencia amenazante de otros países, o de todos, por su carácter pandémico. Trump está tratando de pintar a la República Popular China, como esta amenaza, por el origen del Coronavirus, en la ciudad de Wuham, y para ver a este país como el agente agresivo internacional. Es parte de su estrategia geopolítica mundial frente al impacto que tiene la República Popular China en la economía mundial, y la disputa que tiene Estados Unidos en ese escenario para no ser desplazado.

El problema fundamental para Trump es que en la lucha contra el Coronavirus todos los Estados del mundo tienen igualdad de enfrentamiento, y no quieren ser derrotados por el Coronavirus.

El Coronavirus no nos ha metido en el mundo de Tomas Hobbes, el de la lucha, o de guerra, de todos contra todos. Al contrario, nos ha impuesto la tarea de enfrentarlo como una sola fuerza. La diversidad de países, y de posiciones políticas de cada uno de ellos, tiene que conducir a políticas unitarias de acción internacional. Este es el reto que nos impone la pandemia.

La estructura internacional de las Naciones Unidas, y sus organismos internacionales, nos da la posibilidad de actuar cooperativamente en nombre de toda la Humanidad.

Estamos ante un interés público, hoy un interés común, de toda la sociedad, de todas las sociedades existentes, por la defensa del bienestar, la felicidad y la satisfacción de las necesidades básicas de todos los seres humanos.

Enviado a SURCOS por el autor.

Imagen: https://news.un.org/es/story/2020/04/1472832

FRENASS: Con la unión de la gente si podemos detener la privatización de la C.C.S.S

Comunicado de FRENASS:

Este jueves 16 de abril del 2020, la Junta Directiva de la Caja, en sesión ordinaria conoció la nota que suscribimos 7.805 firmas ciudadanas de todo el país. Donde les solicitamos a las personas miembros de la Junta Directiva rechazar la propuesta de modificación de la política de la C.C.S.S. para la provisión de servicios de salud por medio de proveedores externos (terceros), la derogatoria del artículo 38 del Reglamento a la Ley 7852 y la no aprobación de un nuevo reglamento para la contratación de servicios médicos especializados por medio de terceros, porque promovería la privatización de los servicios de salud de la C.C.S.S.

La Junta Directiva trasladó nuestra solicitud a la Gerencia de Logística. No obstante, lo que más nos satisface es que también acordó que el asunto del Reglamento se verá cuando se considere oportuno, es decir, este tema queda pendiente para su discusión.

Nuestras manifestaciones y nuestra oposición a la privatización de la C.C.S.S., han obtenido sus frutos. Entre todos y todas hemos logrado un primer triunfo, hemos detenido momentáneamente una agresión mortal a la seguridad social y a la paz de nuestro pueblo. Sabíamos de la premura de algunas autoridades de la C.C.S.S. por querer modificar la normativa señalada y de los intereses privados y particulares que la impulsaban; por eso, celebramos con júbilo la decisión sensata de la Junta Directiva, pero que esto no nos engañe y no nos induzca a bajar la guardia ni a pensar que la lucha por la defensa de la Caja ha terminado. Por el contrario, hoy más que nunca, nuestra seguridad social corre peligro y debemos estar muy alertas para que no se contagie del virus de la privatización.

Este peligro existe desde el año 1998, cuando el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, nos anunciaba la “conveniencia de la privatización”; en el 2017, la OCDE señala que “en materia de gobernanza: no existe un mandato claro para la institución que se encarga de la cobertura de atención de la salud y de proveer los servicios de salud” y sugiere entre otras cosas, permite a los pacientes la elección de sus proveedores, incluidos los del sector privado (pagados con fondos públicos).

Hoy, cuando estamos viviendo la crisis más severa de salud a nivel mundial de las últimas décadas por el COVID-19, es cuando el sector público laboral de la Caja se constituye en un baluarte esencial en la detección, el tratamiento y la no propagación del contagio de este letal virus. El Gobierno y la mayoría de la Junta Directiva de la C.C.S.S. redujeron el 75% de la base mínima contributiva vigente en el seguro de salud y en el de las pensiones, lo que reducirá en miles de millones de colones el presupuesto de la Caja, con el agravante de que el Gobierno de Carlos Alvarado no haya dado señales de querer cumplir con las obligaciones y las deudas pendientes con la Caja.

Por eso, no podemos olvidar que se sigue impulsando una agenda neoliberal contra la seguridad social que promueve su privatización. Hoy, más que nunca, debemos estar alertas y seguir en la lucha por la defensa de nuestra seguridad social y la paz social.

¡La C.C.S.S. es de nuestro pueblo y por eso entre todos y todas debemos defenderla, fortalecerla y hacerla crecer!

Frente Nacional por la Seguridad Social -FRENASS-

¿Poco de qué asombrarse? ¿Cómo nos repensamos de cara a un bicentenario que nadie imaginó?

Mauricio Castro Méndez

Las que eran certezas y una ruta de desarrollo económico relativamente exitoso para algunos, se han hecho pedazos. En muchos países se han retomado discusiones sobre el rol del estado y la centralidad de la función pública, el rol del gasto público y las limitaciones de la teoría económicamente dominante respecto de elementos como el gasto público y las reglas fiscales, aunque sectores políticos y económicamente dominantes en Costa Rica no se dan por enterados. En la cabeza de algunos esto pasará como quien supera un “hipo” que fue muy molesto por un tiempo, pero pasado el cual nos permitirá retomar donde dejamos, aunque con algunas consecuencias graves desde el punto de vista económico.

Esa es una forma de verlo, o mejor dicho, de no ver lo que es evidente. El modelo construido a partir de una globalización económica por especialización por país de sus ventajas comparativas, y todos basados en una carrera hacia el fondo en términos sociales, laborales y ambientales es totalmente vulnerable y frágil. Esta crisis por coronavirus, la crisis económica que le sobrevivirá y la violencia e inmediatez del cambio climático, dejan en evidencia esa fragilidad.

Ante esto, debemos pensar el corto, el mediano y el largo plazo. Sin duda el bicentenario no se parecerá, o al menos no debería parecerse a lo que habíamos imaginado. Buenos discursos con los que sectores políticos y económicos se dieran palmaditas en la espalda y se alentaran a seguir haciendo lo que venimos haciendo, pero mejor. Esto resulta risible en la Costa Rica del 2020.

Por ello debemos pensar esto a partir de las necesidades fundamentales que tenemos como sociedad. Lo que parecía olvidado ahora se hace necesario: debemos cuidar a los que nos cuidan: servicios y empleo público y sector agropecuario y pesquero para el consumo local. Esto que hubiera sonado anticuado para esos sectores neoliberales dominantes, se vuelve una verdad clarísima para todos los que pasaron a ver la necesidad y dependencia que tenemos como sociedad de políticas y entidades públicas fuertes y con capacidad de adaptarse a realidades inciertas y cambiantes. Una seguridad social potente y universal, la Fábrica Nacional de Licores garantizando la producción de alcohol de calidad y con seguridad, el Instituto Nacional de Seguros garantizando la atención y cobertura frente a riesgos nuevos y masivos, Correos de Costa Rica distribuyendo y llevando a todo el país lo que la gente necesita, el ICE garantizando la producción y el suministro eléctrico, así como  el acceso a tecnologías de la información que garanticen la comunicación y el trabajo a distancia, el AyA garantizando agua potable aún en tiempos de escasez, o los servicios de policía, emergencias, bomberos, tránsito, son todos ejemplos de esto. Esto hace evidente que el ímpetu privatizador, de ataque constante al servicio y el empleo público, y la fantasía de un sector privado que puede reemplazar al sector público pierdan su fundamento.

De nuevo se hace central la discusión sobre soberanía alimentaria que nos asegure que ante el colapso de las cadenas mundiales de producción y suministro, los agricultores nos garantizan las cadenas cortas de producción y suministro de las que dependemos para vivir. Esto hace evidente que los agricultores no puedan seguir siendo los sacrificados de las políticas comerciales, tanto internacionales como a lo interno del país.

Y, finalmente, es evidente que debemos garantizar un ingreso mínimo vital a todas las personas que habitan este país. Esto hace evidente que el hecho de que Costa Rica sea uno de los países más desiguales de Latinoamérica sea absolutamente inaceptable, de manera que las grandes riquezas y grandes capitales deben ayudar a garantizar esa renta mínima vital para todas las personas.

Es decir, el bicentenario sería una excelente oportunidad para repensar el país, pero no a partir de modelos frágiles y excluyentes, sino a partir de las necesidades más básicas: servicios públicos fuertes y universales, soberanía alimentaria e ingreso mínimo vital. Esa sería una Costa Rica capaz de enfrentar de mejor manera crisis similares a la actual, como las que nos traerá la crisis económica y el cambio climático.

¿Cómo encarar esos desafíos, incluyendo la necesaria modificación de nuestra matriz energética hacia un modelo que además de no depender de los hidrocarburos en materia de transporte, no ignore la gravedad de la situación climática mundial?

Pero todo esto debe plantearse a partir de las enormes oportunidades y las enormes debilidades que tenemos como país. Dentro de las enormes oportunidades está la destrucción de esas certezas construidas sobre una globalización económica inevitable. Me atrevería a decir que de esta vamos a salir habiendo resignificado la importancia de esos tres elementos: servicios públicos potentes y universales, soberanía alimentaria e ingreso mínimo vital.

Pero dentro de las enormes debilidades tenemos una élite política y económica que no “acusó recibo” y piensa esta situación como un hipo del que nos curaremos y seguiremos haciendo lo mismo, pero mejor. Son desesperanzadoras las manifestaciones de las cúpulas empresariales del país, zafándole el lomo a las necesidades que tenemos como sociedad.

A UCCAEP como organización empresarial (muy distinta a la diversidad de empresarios que existen en el país) la mantiene unida tres ideas: el antisindicalismo, la oposición a impuestos que les implique pagar en función de sus rentas reales o de su riqueza, y la prevalencia de los intereses del sector financiero. Es por ello que no me sorprende en lo más mínimo, que este momento de crisis, UCCAEP recurra a las mismas tres ideas, utilizando estereotipos, y buscando desviar la atención de la extraordinaria labor de los funcionarios públicos y de las instituciones públicas, hacia el lugar donde se sienten más cómodos: los privilegios, sindicatos del sector público, y a la imposibilidad de tocar al sector financiero y al sector empresarial bajo ninguna circunstancia.

UCCAEP sabe que si no logran cargar (toda) la factura al empleo público y a la reducción del gasto público, esto implicará impuestos y contribuciones adicionales para las élites económicas. De manera que reflotan la idea de los privilegios, el empleo público, la eliminación de derechos laborales, etc. como el camino para pagar la factura de ayudas a las personas que claramente lo necesitan. No hablan de gravar todos los ingresos altos (públicos Y PRIVADOS), y de gravar no solo los ingresos salariales sino TAMBIEN LOS INGRESOS NO SALARIALES (rentas, ganancias de capital, etc.).

Por su parte, en lo que a las élites políticas se refiere es necesario recordar que, en Costa Rica se desarrolló una expresión de la socialdemocracia que toda la vida fue antisindical, aunque siempre fue pro- trabajo, es decir, que persiguió de todas las maneras posibles a la organización sindical autónoma, y sólo aceptó la organización sindical que cooptada por el PLN, pero que estaba claramente preocupada por crear empleo y redistribuir la riqueza. Persiguió sindicatos en el sector privado y generó relaciones clientelares y corporativas con algunos sindicatos en el sector público (con quienes fue tremendamente generoso). Sin embargo, cuando el PLN dejó de ser socialdemócrata, entró en contradicción con sus sindicatos, a quienes empezó a llamar privilegiados, y entró en contradicción con la institucionalidad pública y el empleo público. Es decir, dejó de ser una socialdemocracia antisindical pero pro-trabajo, y se convirtió en una partido neoliberal más (así le pasó a partidos como el Partido Colorado en Uruguay, al PSOE en España, o al Partido Laborista Inglés). Esos partidos dejaron de ser pro sindicales y pro trabajo para pasar a ser neoliberales y por lo tanto pro capital privado y antisindical. El PLN ya era antisindical pero pasó a ser pro capital privado y dejó atrás su inclinación pro empleo. Dejó de interesarse en la industria nacional y la clase media, para pasar a preocuparse por la apertura comercial.

Así que la bandera la retomó el PAC, como partido que incluyó en sus filas tanto a conservadores antisindicales provenientes del PLN y de otros partidos, como a sectores que estaban dispuestos a entender que en Costa Rica debía legitimarse también a la organización sindical autónoma, en el sector privado y en el público. Esto permitió que, de manera muy valiente, Luis Guillermo Solís empujara la Reforma Procesal Laboral, a pesar de que la UCCAEP pegaba gritos y amenazaba al PAC. No obstante, esos días quedaron atrás. El PAC pasó a ser un partido pro capital privado, que dejó de ser pro trabajo y en el que prevaleció, finalmente, el antisindicalismo. Es decir, se convirtió en un aprendiz, malo y desdibujado del PLN.

Esta combinación o maridaje entre estos partidos completamente entregados al neoliberalismo y a los capitales privados, y profundamente antisindicales, es la que se junta naturalmente y sin ningún esfuerzo con la UCCAEP antisindical, anti impuestos progresivos y anti sector y empleo público. El resultado es muy sencillo: el Poder Ejecutivo, entregado totalmente a esta visión, ya no tiene que enfrentar a UCCAEP o al PLN, sino que los ve como sus aliados naturales con los que tiene que ponerse de acuerdo, y ve como variables de ajuste, a los sindicatos, al empleo público, a las personas trabajadoras del sector privado y a las instituciones públicas, en función del capital privado y de las tesis neoliberales. Ya no es un gobierno que se siente como un “sándwich” y que debe construir “justos medios”.

Por eso es que el gobierno corrió dramáticamente para que se le rebajaran los salarios (en un 50 o 75% a los trabajadores del sector privado), o bien que, sencillamente los enviaran a la casa sin salario al aceptar un procedimiento “express” para suspender los contratos de trabajo, de manera que los empleadores pudieran dejar de pagar salarios y los trabajadores y sus familias se quedaran a sus casas a desayunar, almorzar y cenar aire. Esto bajo la “promesa” de que algún día, esos trabajadores serán devueltos al 100% de su salario o a recibir algún salario, una vez que pase esta coyuntura.

Ahora se discute, luego de varias semanas de castigo a los trabajadores, un subsidio para una gran masa de personas. Los que han perdido su empleo o a quienes se les haya suspendido su contrato; a los que se les ha disminuido su jornada y sus salarios, o sencillamente a quienes tienen que trabajar las mismas horas pero con una disminución de salarios ilegal o los que han sido sometidos a suspensiones ilegales; o bien aquellos que se ven duramente golpeados por no poder continuar en sus emprendimientos productivos, sus estrategias de autoempleo (trabajadores informales e independientes), o sencillamente ya se encontraban desempleados o en condición de pobreza.

De nuevo, el PAC, el PLN o los otros partidos neoliberales (PUSC, Republicano Nacional y cristianos incluidos), no tienen problema en abordar esta discusión a partir la perspectiva macroeconómica, y haciendo eco de la UCCAEP, por supuesto, a quien le preocupa las ganancias del sector financiero si se pone un límite a las tasas de interés de usura o si se accede a los fondos de pensión complementaria, le preocupa tener que pagar más impuestos, o incluso le preocupa tener que pagar impuestos ya que vienen reportando ganancia cero desde hace mucho tiempo, y quien por el contrario ve esta como una oportunidad para reforzar el antisindicalismo, la disminución del empleo público y la privatización de empresas e instituciones públicas.

No importa que el subsidio ofrecido por el gobierno no cubra a todas esas personas sometidas a la dieta del aire, o que el subsidio propuesto ni siquiera cubra la canasta básica alimentaria. Es claro que, de esta crisis, ningún país de la tierra saldrá bien parado en términos macroeconómicos, pero algunos países habrán arrojado al abismo a buena parte de su población, con consecuencias insospechadas, mientras que otros tendrán que reconstruir sus economías con una población relativamente integrada.

Lo dramático de la situación global ha permitido hablar y hacer cosas que se pensaban prohibidas y olvidadas: Irlanda nacionalizó temporalmente hospitales privados; se exige el incremento del gasto público para no dejar caer a las familias; se habla de moratorias en alquileres y deudas; se rompen reglas fiscales, etc. Esto ha hecho que algunos países, hayan recordado que eran socialdemócratas, como el PSOE en España.

Las voces que desde el PAC quieren una opción alternativa lo hacen en voz muy baja (porque lo principal es la lealtad partidaria…), quedando muy atrás de las pocas voces del PLN que se sienten avergonzadas de lo que ese partido representa actualmente, pero que no temen ser voces disidentes y, aunque muy minoritarias, dispuestas a ser críticos con el PLN neoliberal. En el PUSC ni siquiera hay voces disidentes en voz baja. El PLN es el dominante, pero de una porción cada vez más pequeña de electores. Cada vez más personas ven claro el panorama y entienden que PAC, PUSC, PLN y partidos cristianos nos están llevando al abismo.

La situación es crítica para miles de personas. Pero cada vez más personas entienden que ya no hay prensa seria en Costa Rica, sino empresas de comunicación vinculadas con intereses financieros y capitales privados, y que por lo tanto mienten y manipulan abiertamente.

¿Qué saldrá de todo esto? Nadie lo sabe, pero por el rumbo que transitamos es claro que tendremos una sociedad híper fragmentada, con un segmento enorme arrojado al abismo, y una UCCAEP tranquila porque habrá defendido los grandes capitales al sector financiero, y ojalá, a pesar del enorme sacrificio y mística de la enorme mayoría de empleados públicos, habrá debilitado a las instituciones públicas.

Cada vez más son las personas para las que es evidente que debemos cuidar a quienes nos cuidan: CCSS, FANAL, CNP, INS, RECOPE, JAPDEVA, MEP, Ministerio de Salud, Universidades Públicas, policías, bomberos, investigadores, etc.; agricultores, pescadores y ganaderos que producen la comida aquí cerca; no las grandes cadenas comerciales sino los comercios pequeños y cercanos y las ferias del agricultor; los servicios de transporte púbico; los artistas de todas las ramas que nos han acompañado, gratuitamente, en esta dura coyuntura.

Estos y otros sectores se han puesto la camiseta, mientras que las grandes riquezas de este país, y los grandes ganadores del modelo económico neoliberal solo saben decir, a mi no me toquen y graven al empleado público. Todo esto bajo el aplauso y acuerdo del PAC, EL PLN, EL PUSC, el Republicano Nacional y los partidos cristianos.

Algunos sabremos recordar y exigiremos una reconstrucción de país, a partir de estas nuevas o renovadas claridades. Pero esto no alcanza. Si algo nos enseñó la lucha contra el TLC o contra el combo del ICE, es que se requiere articular el tejido social a partir de esas claridades y necesidades. Esto no se logra poniendo de acuerdo cúpulas de movimientos sociales (sindicales, feministas, ecologistas, etc.), sino articulando los movimientos sociales desde las necesidades locales, si es necesario frente a sus propias cúpulas dirigentes. La construcción de ese nuevo paradigma no se puede hacer desde Zapote en la Casa Presidencial o desde Cuesta de Moras en el Parlamento. O re articulamos institucionalidad pública y movimientos sociales desde lo local, o seguiremos dependiendo de esas élites políticas y económicas que se sienten cómodas navegando en el Titanic.

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Actuario pide investigar acuerdo de CCSS para variar base contributiva y que se cobre al Estado

El investigador y experto en estudios actuariales, máster Rodrigo Arias López envió una carta al licenciado Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual presenta denuncia y solicitud “para que se investigue la legalidad y correcta aplicación del acuerdo de Junta Directiva relacionado con la Base Mínima Contributiva y para que se le cobre al Estado el monto del descuento de primas en Invalidez Vejez y Muerte (IVM) y Salud”.

La misiva fue enviada el 5 de abril de 2020 y SURCOS recibió copia.

Rodrigo Arias López indica que en el Semanario Universidad del 19 de marzo de 2020 se publicó la siguiente noticia: “Ante emergencia nacional por Covid-19: Caja aprueba reducción del 75% en la base mínima contributiva”.

Arias López transcribe del artículo citado: “La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó este jueves por la noche una reducción de un 75% en la base mínima contributiva vigente en el seguro de salud y en el de pensiones durante los siguientes tres meses, debido a la emergencia sanitaria que actualmente golpea al país”.

“Esto se aplicaría para la facturación de las planillas patronales, aportes de trabajadores independientes (incluye aquellos con Convenio Colectivo) y trabajadores del sector público que reportan jornada parcial según los registros del SICERE, correspondientes a los meses de facturación de marzo, abril y mayo del 2020”.

En el mismo medio se informa que el acuerdo de la junta directiva de la CCSS dice: «Este acuerdo no aplica para la forma de cálculo del monto a facturar al Estado por todas sus obligaciones con la Institución, con excepción de aquellas relacionados a su condición como patrono».

Ante ello, el experto en temas actuariales señala en la carta el auditor de la CCSS que “Lo informado no es completamente claro, no se conoce su impacto, ni si existe algún estudio actuarial que al menos determine el monto de la reducción de ingresos del acuerdo y que analice y justifique su aplicación o pertinencia. Me temo que la Administración de la CCSS lo que está haciendo es una reducción generalizada de un 75% en las planillas de ingresos de los trabajadores independientes, voluntarios, convenio y no estoy seguro si también en el caso de los salarios del sector de asalariados. De ser una reducción generalizada del 75% durante tres meses, podría tener un impacto estimado de 580.000 millones de colones, a lo que se debería agregar el impacto adicional por pérdidas de empleo”.

Ante ello, Rodrigo Arias López solicita que se investigue y se proceda con lo siguiente:

1) Si la Junta Directiva de la CCSS o la Administración de la Caja, están facultadas para realizar una reducción del 75% de las primas, en algunas o en todas las modalidades de aseguramiento de Salud y Pensiones.

2) Si existió un estudio actuarial conforme a los artículos 23, 41 y 42 de la Ley 17 para justificar el acuerdo.

3) Si existió algún criterio jurídico legal para respaldar el acuerdo.

4) Si lo que está aplicando la Administración de la CCSS corresponde efectivamente a lo acordado por la Junta Directiva sobre el asunto.

5) Que esa Auditoría realice un análisis legal para que se recomiende a la Administración de la CCSS y a su Junta Directiva, proceder a facturar al Estado como tal, el monto de esos descuentos, de conformidad con el artículo 73 y 177 de la Constitución Política de la República, a fin de no lesionar las finanzas de esa institución.

La participación autónoma y orgánica de las personas trabajadoras en la lucha contra la pandemia (VIII)

“La preocupación por el hombre y su seguridad debe ser el interés principal de todos los esfuerzos” (Einstein)

Manuel Hernández

  • Rescatar del olvido las comisiones de salud ocupacional

1.- La lucha global de los y las trabajadoras en la autodefensa de su salud

En varios países del mundo, el personal sanitario se manifiesta y protesta contra las condiciones precarias en que están prestando los servicios para acometer la pandemia, agravadas por la falta de equipos de protección personal.

El justificado reclamo se ha extendido a todos los rincones del planeta.

En Italia, el personal de algunos hospitales declaró una huelga, en media pandemia, exigiendo al Gobierno de Giuseppe Conte los implementos de protección personal, para prevenir contagios a pacientes, compañeros de trabajo y salvaguardar su propia vida y familia.

Lamentablemente en Italia ya han fallecido 80 médicos a consecuencia de la pandemia.

En New York, en el corazón de un imperio cuya fragilidad y profunda injusticia social quedó al descubierto, la lucha de las enfermeras ha sido un ejemplo mundial, quienes realizaron una manifestación para denunciar que las estaban mandando a la guerra sin armadura.

A principio de la pandemia, los y las trabajadoras del Museo del Louvre, cerraron dos días este establecimiento, ejerciendo su derecho de autotutela y resistencia, exigiendo condiciones de seguridad adecuadas y suministro de equipos de protección personal.

El día de hoy, médicos, enfermeras y personal sanitario de los hospitales de Bogotá y otros departamentos de Colombia, realizaron una manifestación demandando el mejoramiento de las condiciones de los servicios, EPP y el pago de los salarios que les tienen retrasados.

En estos países, y otros como Chile y Argentina, frente al avance irreversible de la pandemia y la vulnerabilidad de las condiciones en las que están laborando, los trabajadores están reivindicando la autotutela, el derecho de resistencia, la auto organización y la constitución de comités de seguridad e higiene, con la finalidad de defender su salud frente a los voraces intereses patronales.

2.- Las comisiones de salud ocupacional en la legislación costarricense

En nuestro país, el artículo 288 del Código de Trabajo, tristemente olvidado y recluido en esta pandemia, prácticamente en régimen de prisión domiciliara, establece que en cada centro de trabajo, donde laboren más de 10 personas, deben crearse y funcionar las comisiones de salud ocupacional, integradas de manera paritaria, por representantes del patrono y los trabajadores.

La finalidad de las comisiones es investigar las causas de riesgos del trabajo, determinar las medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan las disposiciones de salud ocupacional.

Por su parte, el Reglamento de las comisiones y oficinas de salud ocupacional dispone que las comisiones “tendrán como objetivo garantizar y ofrecer formas participativas de permanente diálogo y concertación en la construcción de soluciones en materia de salud ocupacional.” (artículo 4)[1]

Se trata, sin lugar a duda, de una norma de la mayor relevancia, de un alto contenido democrático, que promueve y garantiza la negociación permanente y la definición pactada de las decisiones en esta materia.

Este Reglamento establece que los empleadores están obligados a constituir las comisiones de salud ocupacional y facilitar todos los recursos que requieran para su funcionamiento, incluyendo los permisos remunerados de sus integrantes.

El decreto desarrolla las atribuciones que les competen a las comisiones, entre las cuales destacan, además de las contempladas en la ley, las siguientes:

  • Investigar las causas de los riesgos de trabajo.
  • Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas.
  •  Solicitar información de las estadísticas de los accidentes y los informes de riesgos que ocurran en el centro de trabajo (artículo 19).

Las comisiones constituyen una valiosa herramienta de organización y lucha de la clase trabajadora, en orden a la participación y negociación de las condiciones de salud ocupacional.

3.- La cuarentena en que están las comisiones de salud ocupacional

En el escenario de la emergencia sanitaria que estamos pasando, se vuelve imperativo que las comisiones de salud ocupacional asuman su protagonismo, la responsabilidad y el rol que les manda, ex lege, el ordenamiento jurídico.

No obstante su trascendencia, en el diseño político-institucional de la gestión de la emergencia sanitaria, las comisiones de salud ocupacional fueron completamente borradas del mapa.

Esta interdicción ilegítima de las comisiones de salud ocupacional refleja una política de gobierno e institucional unilateralista, que enerva el derecho de autodefensa de los trabajadores, un derecho irrenunciable, que no es negociable.

Es necesario rescatar del confinamiento las comisiones de salud ocupacional y potenciar su participación en todos los centros de trabajo del país, en fábricas, establecimientos comerciales y en las instituciones públicas, indistintamente que presten o no un servicio esencial.

Con mayor razón y manifiesta urgencia, es absolutamente impostergable poner en funcionamiento eficaz y permanente las comisiones de salud ocupacional de aquellas instituciones donde las y los trabajadores están en las trincheras de batalla contra la pandemia, particularmente la CCSS, cuerpos policiales, servicio de bomberos, AYA, recolectores de basura y otros colectivos laborales que configuran los servicios esenciales.

El gobierno y la gestión de la seguridad y salud de los trabajadores, no puede quedar a merced exclusivamente de las autoridades institucionales, patronos y empresarios.

Los trabajadores y trabajadoras tienen que redimir el derecho propio de participar activamente en la definición de las políticas y toma de decisiones en este terreno.

Los trabajadores y sindicatos deben exigir la activación de las comisiones de salud ocupacional, de manera inmediata, con la finalidad que cumplan el cometido de ley y contribuyan a la mayor protección de la salud de la población.

El coronavirus también seduce tentaciones autoritarias y pone en peligro los pocos mecanismos institucionales de participación democrática de la clase trabajadora costarricense.

Foto: https://www.las2orillas.co/medicos-se-le-rebelan-al-ministerio-de-salud/


[1] Decreto N° 39408-MTSS de 23 noviembre de 2015

De los sistemas de salud

Carlos Meneses Reyes

A diferencia de Colombia y Ecuador- aunque las comparaciones resultan odiosas- en Costa Rica, la entidad estatal rectora de Salud: la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), garantiza la investigación, en torno al estudio de la sangre, de pacientes recuperados del coronavirus.

Esta etapa es posible cuando existe la inversión estatal en la investigación científica y avance de la medicina. En Colombia, con un sistema de privatización y negocio de la Salud, sin haber llegado al punto máximo de la curva, engañan con uso de términos como que estamos en una etapa de mitigar, que, aunque tecnicismo, conlleva un mensaje negativo a la población.

Esperamos en Colombia se decrete ¡ya! el recorte al gasto militar ($37.5 billones de pesos) y no asignación de recursos al Escuadrón de la Muerte ESMAD ( $ 490 mil millones anuales) y en su lugar se dote al histórico y popular HSJ de D, u Hospital La Hortua, en Bogotá DC, para el funcionamiento de UCI’s y lograr que en el país colombiano corresponda al actual ejército expansionista, asumir la tarea humanista de dotar, un mínimo de 24 escuadrones, encargados de la dotación de unidades sanitarias, hospitales de campaña dedicados, entre otras funciones, a la compra de insumos para pruebas de reacción en cadena de polímeros en directo de RI PCR; así como inversión de recursos y equipos para UCI.

ADEMÁS, que, por parte de Indumil, que sus ingenieros diseñen y elaboren, al menos camas, en lugar de armas.

 

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Walter Quesada, ANEP: “Ocultan evasión promoviendo conflicto entre sectores laborales”

El secretario general adjunto de la ANEP, Walter Quesada, expone la forma como algunas fuerzas del país quieren “poner a pelear a los sectores laborales público y privado”. Asimismo, da los datos acerca de la afectación de los ingresos estatales que se produciría si se aplica el rebajo de los salarios del sector público que impulsa el empresariado. El dirigente llama la atención acerca de que “quienes impulsan esa medida contra el sector laboral representan a otro sector, en el cual, hay empresas que evaden o eluden los impuestos o no cancelan las cuotas de la CCSS”.

Le invitamos ver el video enviado a SURCOS por esta organización sindical:

A las personas que dirigen el fútbol de Costa Rica

José Meléndez*

Parece mentira que les cueste tanto entender que, en las actuales circunstancias de emergencia humanitaria mundial por la pandemia del Covid—19 y en un momento clave en Costa Rica en el comportamiento del coronavirus, ustedes le sigan quitando tiempo a las autoridades costarricenses en el empobrecido debate sobre reanudar o no los campeonatos nacionales de fútbol.

El ministro de Salud de Costa Rica, don Daniel Salas, está muy ocupado en cuestiones de verdadera importancia nacional como para que ustedes salgan con sus ocurrencias. Si están suspendidos los cursos en educación primaria, secundaria y universitaria, y si están suspendidas, postergadas o cerradas—total o parcialmente—las actividades de las instituciones públicas y de la iniciativa privada—comercio, educación, turismo, finanzas, gastronomía, transporte, industrias y muchos importantísimos etcéteras—por favor NO NOS VENGAN a incomodar con que ya están pensando en reanudar los torneos (que, por cierto, son de muy baja o pobre calidad).

El desempleo golpeará con fuerza en todos esos rubros de la economía nacional. ¿Desempleo en el fútbol? Sin duda, pero ahora se verá con mayor crudeza que el hoyo en las relaciones de los clubes de fútbol con la Caja Costarricense de Seguro Social es muy profundo. Los jugadores son trabajadores y merecen el mismo respeto.

Todos somos iguales ante la ley, pero es evidente que muchos debieron reclamar a tiempo para aclarar y definir con seriedad su nexo laboral con sus patronos. Como trabajadores, los futbolistas deben hacer valer su derecho a la salud y advertir que reanudar los campeonatos pondría en riesgo su salud por el contacto con otras personas (otros jugadores) que, sin saberlo, son portadoras de la enfermedad.

La realidad también está demostrando que el fútbol debe pasar, ya y en el futuro inmediato, a un segundo o tercer plano en los asuntos de discusión nacional. No nos molesten con cuestiones intrascendentes. (No puede ser que, en algunos medios de prensa, dentro y fuera de Costa Rica, sea más importante el color del vestido de la esposa de un jugador famoso en el exterior que la lucha de los biomédicos, también dentro y fuera de Costa Rica, para derrotar una enfermedad. El desastre de infraestructura en algunas escuelas y colegios es un asunto que parece un cometa que aparece cada 75 años. Y esto no es de ahora por el Covid—19: es una práctica de hace muchos años y con énfasis variable).

Hoy a una mayoría de costarricenses solo nos interesa estar al tanto de las instrucciones de las personas especializadas en atacar la enfermedad por diversos flancos. Los VERDADEROS HÉROES son todas las personas (desde el policía en un barrio y el custodio en un hospital y el personal de socorro en Bomberos y Cruz Roja hasta la enfermera y el enfermero, el médico y la médica, y el personal científico y administrativo en instituciones de salud) que están en la primera línea de batalla en contra de la enfermedad. A esas personas son a las que hay que apoyar sin ninguna clase de distracción estúpida e incoherente como la de pensar en reanudar los torneos de futbol. A esas personas hay que expresarles toda la solidaridad y el aplauso, pero hoy más que ayer y mañana más que hoy.

Los verdaderos héroes NO SON un poco de personas que, también es cierto, se creen ídolos intocables, son unos engreídos y juegan de poderosos, porque tienen alguna esporádica actuación más o menos destacable en un estadio de fútbol.

¿Es bonito el fútbol? Por supuesto, me encanta y soy saprissista empedernido. Pero entendamos una cosa. En algún momento escuché decir que los cinco cargos más importantes en Costa Rica son, -en el orden que se quiera-, el de Presidente de la República, director técnico de la Selección Nacional, Presidente de la Asamblea Legislativa, Ministro de Seguridad Pública y Arzobispo de San José. Se le pueden quitar uno u otro, pero el de entrenador de la Selección Nacional parecía esencial.

Pues NO. Los cinco cargos más importantes siempre debieron ser, sin importar el nombre y el sexo de la persona en turno en ese puesto, los de las presidencias de la República y la Asamblea Legislativa, pero en ese rango ya deben instalarse las jerarquías del Ministerio de Salud y Caja Costarricense de Seguro Social y, sin la menor duda, todo el cuerpo médico y personal de salud e investigadores biomédicos y disciplinas afines.

Así que, por favor, la dirigencia del fútbol de Costa Rica tiene que entender que es preferible que adopten una actitud seria y dejen de molestar. Más de una abuela les hubiera reubicado con un manotazo o un pantuflazo para que, como ellas decían, “se porte con fundamento”.

No estoy interesado en caer bien o caer mal. Es mi criterio que expongo con total libertad.

*Periodista.

Imagen: UCR

Crisis de la pandemia no debe descansar en hombros de los trabajadores

Vladimir de la Cruz

La crisis de la pandemia del coronavirus no debe descansar en los hombros de los trabajadores, ni en sus salarios ni en sus pensiones. Algunas reflexiones.

La crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus, que ha desembocado en una paralización parcial de muchas actividades y procesos productivos, a nivel mundial, regional y nacional es evidente. Nadie sensato puede negarla ni ocultarla.

El sistema mundial de la economía globalizada, y super encadenada a nivel internacional, ha entrado en un laberinto de relaciones comerciales y productivas internacionales y globales, donde incluso se aprecia la prepotencia de algunos países, superpotencias que lo son, que compran al contado instrumentos médicos, que se necesitan en estos momentos, evitando que se vendan a crédito a otros países, que anticipadamente los habían contratado, en una nueva forma de piratería comercial internacional, como está haciendo Estados Unidos, que fragmentaliza y debilita más a los países pequeños y a los que dependen de las tradicionales compras internacionales contra facturas de pago, contra pagos diferidos, y no por compras al contado, de pago inmediato.

Esta pandemia incluso ha provocado teorías y discusiones sobre la crisis actual del capitalismo mundial, en esta fase económica en que se desenvuelve desde 1990, y hasta discusiones sobre su crisis, su falla y su posible muerte, sin que alternativamente se ofrezca un sistema diferente y mejor. Hay quienes quisieran ver al coronavirus como una enfermedad típica del capitalismo.

Antes de 1990 al menos había el escenario de Socialismo versus Capitalismo. Hoy ese escenario no existe en planteamientos políticos, ni político electorales.

También se discute sobre un nuevo escenario de relaciones geopolíticas internacionales, donde siguen destacando como cabezas hegemónicas la República Popular China, Rusia y Estados Unidos. La Unión Europea está relegada a un segundo lugar.

En las sociedades y países capitalistas que vivimos, por su estructura social, por sus graves y bien marcadas diferencias sociales, por la exclusión social, por la marginación social de grandes conglomerados, por las malas condiciones de vivienda, de mala infraestructura, de malas condiciones higiénicas en general, falta de agua, electricidad, letrinas y manejos de aguas negras, por los malos accesos a la salud pública, por la carencia de seguridad social, parecida a la de Costa Rica, el impacto de la pandemia puede ser catastrófico para algunos países más que para otros.

De esta situación no escapan grandes países y modelos capitalistas como el de Estados Unidos, hoy el epicentro de expansión de la pandemia. Y no deja de afectar a ricos y a altos funcionarios políticos, como es el caso del Primer Ministro Inglés, que tendría más posibilidades de vivir si estuviera en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios, que del hospital inglés en que se encuentra, con todos los cuidados del caso por su investidura política.

Muchos sectores, especialmente, los sociales, sindicales y de ubicación en la izquierda política, se quedan en su ataque en la estructura capitalista económica y política, sin ofrecer alternativas ante la misma crisis, cuando son decisiones que se deben tomar desde las estructuras de Gobierno, Poder Ejecutivo y Asamblea Legislativa principalmente. Esto es obvio porque no están allí, en esas estructuras políticas, de toma de decisiones, y porque tienen pocos márgenes de acción política directa. Su posición en ese sentido es débil, lo que envalentona a quienes sí tienen capacidad de decidir, y lo están haciendo a expensas de los sectores asalariados y pensionados.

En esta crisis pandémica no es suficiente el ataque al capitalismo como sistema. Este es el sistema dominante en casi todo el mundo. Pocos países tienen sistemas económicos y políticos diferentes, la República Popular China, Vietnam, la República Popular Democrática de Corea y Cuba. En América Latina solo Cuba destaca con un sistema diferente, especialmente en salud, en este momento, sin superar a Costa Rica. Venezuela, Nicaragua y Argentina no tienen un sistema económico y político socialista, tan solo gobiernos que se dicen de izquierda. Esa discusión se abrirá, y quizá será muy necesaria, después de superada la pandemia, y faltan muchos meses.

Países suramericanos que estuvieron hasta hace poco tiempo gobernados por sectores progresistas y de izquierda están pésimos en su infraestructura hospitalaria y sanitaria, frente a la pandemia. El caso más dramático es Ecuador, con Rafael Correa que gobernó desde el 2007 hasta el 2017, que con su Revolución Ciudadana no logró desarrollar una base sanitaria y de seguridad social importante, que ha estallado en este momento. En Venezuela, lo que se tiene en salud es lo logrado hasta el 2009, todavía bajo Hugo Chávez y el apoyo de los médicos cubanos, en la Misión Barrio Adentro. En Brasil, desde el 2003 hasta el 2016 con Lula da Silva y con Dilma Rousseff, y con el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, desde 1995 hasta el 2002, poco se hizo en infraestructura de salud y sanitaria, exhibiendo hoy a Brasil con graves problemas de atención a esta pandemia. En Argentina, bajo el gobierno de los Kirchner, de Néstor y de Cristina, desde el 2003 hasta el 2015 tampoco se hizo mucho. En Bolivia, con Evo Morales, y su Revolución Multiétnica y Pluricultural, desde el 2006 hasta el 2019, tampoco se hizo mucho en lo hospitalario y sanitario. Bolivia y Ecuador nacionalizaron recursos minerales y naturales cuyos beneficios no se proyectaron en esos campos. El carácter de la pandemia ha afectado a todos los países. Nadie está exento del coronavirus, ni ninguna clase social tampoco.

La pandemia ha obligado a desarrollar soluciones médicas, sanitarias y epidemiológicas para enfrentarla, tanto a nivel mundial, internacional, como locales o nacionales. En esto Costa Rica está, en términos generales, muy bien. Las medidas que se han venido tomando, en este sentido, impulsando y obligando a acatar, por el Gobierno, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Seguridad están provocando los resultados esperados, con aceptación general de la población en gran medida.

En lo que está mal, me parece, es en hacer descansar el peso de la crisis, y de la situación económica que ella provoca, en los sectores trabajadores de asalariados, y de los pensionados, tanto del sector público como privado.

En esta crisis, hasta hoy, en ningún país del mundo, se ha hecho cargar, con medidas contra los salarios y las pensiones, el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores.

Solo en Costa Rica se han aprovechado los zopilotes que rondan, permanentemente, sobre las condiciones de vida y del bienestar laboral, y de los derechos sociales, para atacar con virulencia, más fuerte que la del coronavirus, contra los salarios y pensiones de los trabajadores, y debilitar por carambola los derechos sociales y laborales. Algunos de estos zopilotes desearían el marco de las relaciones laborales, y de trabajo, del siglo XIX, o las del feudalismo o el esclavismo.

Históricamente, desde el siglo XIX, ha habido una lucha permanente, válida moralmente, por subir salarios y rebajar jornadas de trabajo. Hasta la Iglesia Católica, con la Encíclica Rerum Novarum se sumó en esta lucha y defensa de los trabajadores.

La historia social y de la seguridad social, en general, está asociada al impulso de los trabajadores por impedir que les aumenten sus jornadas de trabajo y por impedir que les rebajen sus salarios. La lucha ha sido por rebajar jornadas de trabajo, que se ha establecido a escala internacional en ocho horas de trabajo diario, algunos países tienen menos, y por aumentar el salario. Por su parte los patronos o empleadores tratan de luchar por rebajar los salarios y aumentar las jornadas de trabajo, e intensificar de esa manera la extracción de la plusvalía. La vida bajo los sistemas capitalistas ha hecho que esta relación se establezca bajo la modalidad de que los salarios suben en escalera mientras los precios de los productos suben en ascensor, agobiando las condiciones de vida, de trabajo y empobreciendo las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo.

Los patronos y empleadores actuales, ayunos de la filosofía de las políticas públicas sociales y de la seguridad social, y del Estado Social y Benefactor, que ha marcado el desarrollo del país, en los últimos 100 años, y especialmente a partir de 1943 y 1949, se han tirado bravamente, y de manera perversa, aprovechando esta situación de la pandemia, contra todo el engranaje de estas políticas públicas, de salud y seguridad social, del Estado Social de Derecho, y contra los Derechos Sociales y Laborales desarrollados y consolidados en el país, con el ánimo de acabar con ellos o con lo que se puedan reducir.

Como el Can Cerbero del Hades, con sus tres cabezas y su cola de serpiente, procuran, los representantes del capital, en el Gobierno, en la Asamblea Legislativa y fuera del gobierno, que los trabajadores se mantengan en el infierno, que como muertos no salgan de su infierno, y no puedan entrar al mundo de los vivos, de las mejores condiciones de vida y de trabajo. Igual que en el ser mitológico de sus colmillos, de su lenguaje, se desprende un veneno negro y mortal, un mensaje de que la culpa de la situación económica es la de los salarios y las pensiones de los trabajadores.

El Can Cerbero es fiero y agresivo, sobre todo al momento de cuidar su puerta encomendada, la de la culpa de los trabajadores con sus salarios y pensiones. Como en la leyenda mitológica a todo Can Cerbero le llega su Orfeo y su Hércules. Ellos lo hicieron con la música de su lira y su fuerza. Ya habrá tiempo para la reorganización social.

Falta el mensaje alternativo, realista y posible, de parte de los sectores sociales que contribuya a desarrollar salidas posibles a la crisis de empleo, de desempleo y de pobreza que está provocando el coronavirus. La fuerza de Hércules, del movimiento social organizado, quedará para el momento en que se supere la crisis epidemiológica y pandémica que nos afecta.

Por ahora insisto. No hay país en el mundo, un solo país, excepto Costa Rica, que haya hecho descansar, en el discurso y en la realidad, el enfrentamiento de la pandemia congelando aumento de salarios, rebajando salarios y pensiones.

Los salarios y las pensiones no debieron, ni deben tocarse, en este período de crisis. Los salarios de los trabajadores y las pensiones de los trabajadores jubilados son sagrados, son sus medios de vida. Las pensiones, salvo un pequeño grupo de ellas, son reducidas respecto al salario que las provocó.

Los salarios y las pensiones de los trabajadores, en su inmensa mayoría, están comprometidos con las deducciones de ley, con préstamos, con rebaja de pensiones alimenticias, con hipotecas, con embargos. En el caso de las pensiones del magisterio, de la JUPEMA, independientemente de si son altas o no, se les rebaja casi el 60% de su asignación nominal para establecerlas entre un 40% y 55% de recibo efectivo. Y con las leyes que se aprobaron tributariamente se amenaza de reducirlas casi en un 75%.

Los trabajadores, y las personas que, de buena fe, hablan contra las pensiones altas, las “pensiones de lujo”, como las han estigmatizado, no entienden que son resultado de los salarios que devengaban esas personas. Tampoco entienden que luchando contra las altas pensiones, luchan contra las bajas pensiones, para ponerles techo a las bajas pensiones, para reducirles su techo. Cuando se rebajan las altas pensiones se les ponen techos más bajos a las bajas pensiones. Cuando luchan contra los altos salarios, luchan en el fondo por mantener bajos los salarios. Esta es la lógica del engatusamiento en que meten, con cantos de sirena, a quienes levantan estas banderas.

Ciertamente hay empresas que deben reducir su caudal productivo, paralizar ciertas funciones, suspender ciertas tareas. Ello supone que los trabajadores de esos trabajos no teniendo nada que hacer pueden ser despedidos, suspendidos de sus trabajos, con los respectivos ceses de salarios y rebajos salariales, si bajan sus jornadas. Esta es la realidad. Para ello no se necesitaba modificar leyes, ni establecer leyes especiales que no les garantizan nada a los trabajadores víctimas de esta situación.

La paralización que se ha impuesto, en todo el país, es resultado de una situación que sobrepasa los intereses nacionales del Estado y del sector empresarial. La paralización institucional y empresarial impuesta por la pandemia, es ajena a la responsabilidad de los trabajadores. La incapacidad de trabajo de los trabajadores no es voluntaria. Es involuntaria, impuesta a los trabajadores como si les sucediera un accidente, por la fuerza de la naturaleza que les incapacita para trabajar, no porque no quieran trabajar, sino porque tienen un riesgo profesional del que deben cuidarse para mantenerse luego en el trabajo, con las mejores condiciones de salud posibles.

A todos los “suspendidos” de sus trabajos, en este momento de la pandemia, a todos “los despedidos”, mientras dure su condición en tanto esos trabajos no vuelvan a ser activados, se les debe considerar discapacitados, incapacitados, como si hubieran sufrido un accidente laboral que les imposibilita trabajar, y recibir el seguro de incapacitado, que cubre el Estado, la Seguridad Social, o el Instituto Nacional de Seguros, que les permita recibir mientras dure la pandemia, y su “incapacidad” para trabajar, un ingreso mínimo, que está garantizado por ley. Que no se obligue a pagar al patrono lo que le corresponde en casos de estas incapacidades laborales puede ser una medida de emergencia a favor de ellos, pero debe garantizárseles a los trabajadores ese mínimo de ingreso que resulta de su incapacidad laboral a cargo de los sistemas estatales que los cubren. Hay que cambiar la idea de los despidos por la de incapacidades laborales. Así sí contribuimos mejor a atender las necesidades básicas de los trabajadores afectados con las suspensiones de sus trabajos.

En otro escenario están los más de $4000 MILLONES de dólares que han ingresado al país, al Ministerio de Hacienda principalmente, que forman parte de la Deuda Externa, resultado de préstamos de varios organismos internacionales, que en este momento no está claro dónde se están destinando, y se podría estar dando o festinando una danza de millones…

Esos $4000 millones de dólares deben vigilarse muy bien, por los organismos del Estado, por las Defensorías Públicas, para que se destinen a quienes realmente deban ir, si se orientan a ayudar sectores laborales y económicos en este período de crisis, para mantener sus actividades productivas, o para estimular PYMES y MICROPIMES en este período de emergencia nacional, y a productores nacionales, especialmente de alimentos vinculados a la canasta básica.

Ni un cinco de estos $4000 millones debe destinarse a apoyar empresarios que ante la Tributación Directa y el Ministerio de Hacienda no son agentes tributarios, no contribuyen anualmente pagando impuestos, son evasores, de la lista que el Ministerio conoce, y que públicamente se ha denunciado desde hace meses, igualmente con los que son elusores de pagos y de cargas tributarias.

Tampoco pueden destinarse fondos a patronos o empresas que son deudoras de la Seguridad Social, que no pagan lo que deben a la CCSS. Los que no pagan a la Caja son además ladrones de las cuotas de sus trabajadores, que rebajándolas no las entregan a la CCSS, con el doble perjuicio que ocasionan a los trabajadores, de dejarlos fuera de la seguridad social y de perjudicarles hacia el futuro con su pensión, y de cometer el delito de retención continua de salarios, que es como un robo continuado.

También se han hecho denuncias muy importantes, de grandes empresarios, y líderes empresariales, que tienen deudas millonarias con la CCSS, de decenas y centenas de millones de colones, perdiendo ellos, como personas o como representares de cámaras empresariales, toda su capacidad moral de exigir sacrificios, de salarios y pensiones a los trabajadores, cuando ellos retienen, se dejan, o se roban, las obligaciones que tienen con el Estado y la Seguridad Social.

En un momento como el que vive el país, es importante que haya un control de movimiento de divisas internacionales.

Que se estudie y verifique que cualquier “ayuda” que se le dé a empresarios no se desvíe en transacciones internacionales para sacar divisas del país, especialmente de las que están destinadas a ayudar para salir de la crisis, que no deben usarse para incrementar capitales, sobre todo capitales especulativos.

Debe estudiarse el movimiento de divisas hacia los bancos off shore, hacia los bancos en las islas del Caribe y de aquellos destinos que se sabe son para ocultar y amasar capitales.

Que una crisis como esta no produzca otro Panamá Papers, caso que no se ha querido investigar a fondo en el país.

Hay que decir que en una situación como ésta hay quienes, con los fondos públicos que se manejan, por la situación de emergencia que los cobija, con la facilidad que se podrían manejar ciertos fondos y dineros, quieran hacer clavos de oro. Las contrataciones del Estado, de la CCSS, de la Comisión Nacional de Emergencias, por citar estas instancias, no deben hacerse con empresas ni empresarios que hayan quedado mal en el pasado en negocios con el Estado, que hayan estafado al Estado, que hayan hecho malos trabajos o hayan incumplido sus obras. Tampoco contratar con empresarios que han cambiado sus empresas deudoras, o estafadoras, por otras nuevas y limpias, ante el Estado, para seguir chupando de los fondos y préstamos públicos.

El movimiento económico para enfrentar la crisis de la pandemia no debe servir para hacer surgir nuevos ricos de la pandemia.

Si se quieren sacrificios que sean parejos. Los ricos y los asalariados, pero en forma proporcional.

Los salarios y los ingresos de los ricos, de dirigentes empresariales, son una discusión. Muchos de ellos no tienen ingresos en el país, no son agentes tributarios como personas, ni pagan la CCSS. Muchos de ellos reciben salarios parciales en colones y otra parte en dólares depositados en el extranjero o con bonificaciones, que no se declaran en el país. Pero son personas que por sus movimientos bancarios puede saberse muy bien cómo viven y cómo gastan. Por esta razón es que se han opuesto, y con bastante éxito, a las medidas de control que el Ministro de Hacienda ha querido impulsar en ese sentido.

Las empresas de zonas francas no pagan impuestos en Costa Rica. Su régimen de establecimiento les permite pagar sus impuestos en los países de origen. Sin embargo, el mismo régimen de impuestos de esas empresas les permite pagar impuestos en Costa Rica, que ellas pueden deducir de sus impuestos en el extranjero. Este es un buen momento para negociar este pago de impuestos de esas empresas en Costa Rica, en la que todos ganamos. Ellos pagan sus impuestos aquí, cumplen con el pago de impuestos y nosotros nos beneficiamos de ellos. Se puede llegar incluso a un acuerdo que mientras dure esta situación ese pago de impuestos se realiza aquí.

Una medida urgente es eliminar todo pago de usura en intereses bancarios y comerciales, que resulte de pago de tarjetas de crédito y similares, o de ventas a plazo, donde los intereses llegan hasta el 55% o más. Las medidas que se han venido impulsando en este sentido son un plato de babas. En una situación como la que se vive en el país, con desempleo forzado creciente, con jornadas de trabajo disminuidas y con ingresos salariales y de pensiones disminuidos, el ordeño organizado sobre casi toda la población, especialmente sobre los trabajadores y asalariados y pensionados, que se hace por medio de los intereses usureros en este momento es criminal.

En esta crisis las tasas de interés no deberían estar más altas de un 5% en todos los órdenes. Cuando los bancos, públicos y privados, dijeron que bajarían sus intereses de los préstamos, nunca dijeron que bajarían los de sus tarjetas. La tasa de intereses de sus tarjetas, de manera especulativa, es la que les produce sus enormes y multimillonarias ganancias. Pueden bajar otros intereses, pero esos no son lo que hay que bajar. Los que urge eliminar en este período de crisis son los de las tarjetas de crédito o débito, cualquiera que ellas sean.

Hay que congelar los incrementos de alquileres que por ley se permiten anualmente. Y, hay que procurar que, en vivienda social, si a un trabajador se le ha reducido su salario, se le reduzca el pago de alquiler o de abono al banco en la misma proporción.

Hay que congelar los incrementos mensuales, que automáticamente se realizan, por el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y por el Servicio de Acueductos y Alcantarillados.

Hay que asegurar que en las Zonas de Tugurios y de viviendas sociales, el agua llegue gratuitamente si es del caso.

Lo que no debe ocurrir y hay que rectificar es que la crisis no debe descansar en los hombros de la clase trabajadora y de los pensionados.

Alfredo González Flores, en su gobierno, intentó impulsar medidas tributarias, frente a los efectos de la crisis económica de la I Guerra Mundial, de manera que los ricos pagaran o sostuvieran la crisis, y no los sectores pobres o asalariados de aquellos años, 1914-1917.

A José Figueres Ferrer, no le tembló la mano, en 1948, para establecer un impuesto del 10% al capital, para contribuir a pagar los gastos ocasionados por la Guerra Civil.

Tampoco le tembló la mano para nacionalizar la Banca privada, e impulsar la Banca nacionalizada, que mucho éxito tuvo para el desarrollo del país, del sector empresarial y de desarrollo de los sectores medios productores y de la clase media costarricense. Si la banca se mantiene especulativa y usurera es un buen momento para replantear la nacionalización bancaria.

Enviado a SURCOS por el autor.

Imagen: http://josehdezcabrera.blogspot.com/2017/04/la-crisis-y-la-reduccion-del-salario.html