Mensaje de FRENASS para el 1 de Mayo
El Frente Nacional por la Seguridad Social da el mensaje para el 1 de Mayo, día de lucha por los derechos sociales, y como elemento clave en este momento, la CCSS.
Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.
El Frente Nacional por la Seguridad Social da el mensaje para el 1 de Mayo, día de lucha por los derechos sociales, y como elemento clave en este momento, la CCSS.
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Este miércoles 29 de abril, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) presentó una Propuesta integral y equitativa para la recuperación de la crisis económica y social, provocada por el COVID-19. La misma fue entregada en Casa Presidencial por Yorgina Alvarado, Secretaria General del SEC, al vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez y la viceministra de la Presidencia, Silvia Lara.
Enlace de la propuesta: https://www.seccr.org/covid-19-la-crisis-economica-y-soci
Esta ruta planteada se basa en la mitigación de las consecuencias de la pandemia y su recuperación. También se incorpora un esquema mejorado de recaudación que abarca la intervención estatal durante la crisis y el alivio al bolsillo de las personas.
Gilberth Díaz, presidente del SEC, explica que es necesario mejorar la recaudación impositiva para dotar de recursos al Plan Proteger, aumentando su alcance y cobertura hasta los ¢200 mil. Para ello es necesaria una reforma tributaria progresiva que grave los ingresos líquidos netos (después de deducciones) personales a partir de ¢1,5 millones sin importar si la persona trabaja en el sector público o el privado”.
“Necesitamos una aplicación de impuestos extraordinarios a la renta empresarial; las rentas y ganancias de capital; al consumo suntuario; además de un impuesto por única vez del 1,5% a las fortunas privadas y empresariales ociosas mayores a $1 millón. Igualmente, estamos proponiendo un impuesto escalonado a las zonas francas cuyas actividades o giros de negocio no han sido afectados económicamente por la pandemia o bien sus ganancias se han visto incrementadas”, dijo Díaz.
La propuesta del SEC incluye la utilización de una parte de los fondos provenientes del financiamiento externo y sugiere un rol más activo del Banco Central en la compra de deuda para reducir la presión fiscal, la emisión de dinero para inyectar liquidez a la economía y la emisión de bonos.
El presidente del SEC agregó la necesidad de renegociar la deuda interna con el fin de reducir su peso en el presupuesto nacional y mejorar así las finanzas públicas.
“Los ahorros que genere el sector público producto de este período de aislamiento deben dirigirse al fortalecimiento de la CCSS y para apoyo de las mipymes. (Por ejemplo, viáticos, combustibles, electricidad, agua, algunos de mantenimiento, etc.), los superávits libres de instituciones públicas y el recorte de gastos superfluos”, señaló.
La propuesta del SEC hace un llamado a la responsabilidad del Gobierno de garantizar la estabilidad del empleo público en el entendido que es necesario para la atención de la emergencia y la reconstrucción de la economía. Al mismo tiempo se sugiere que toda ayuda que se otorgue a través de moratorias hacendarias y previsionales sean otorgadas específicamente a empresas con problemas comprobables.
Respecto al mejoramiento de las condiciones económicas individuales y empresariales, se necesita una amplia moratoria financiera de 6 meses para quienes sufren los efectos de la crisis por lo que el Banco Central BCCR debe dar facilidades de liquidez con un fondo de rescate.
Para lograr el alivio económico de hogares y empresas es fundamental que la ley de usura ponga un tope de 27% sobre la Tasa Básica Pasiva. Esto unifica las tasas tope y crea condiciones de control crediticio para el BCCR. “La aprobación del proyecto actual es una burla a miles de costarricenses”.
El BCCR debe fijar topes de comisiones por uso de datáfonos considerando: estándares internacionales, la coyuntura económica del país y la urgencia de las pymes por contar con recursos para operar, también debe asegurar que las entidades financieras entreguen a las empresas el dinero producto de las transacciones el mismo día.
Sugerimos un sistema de precios subsidiados de la electricidad para personas, comercios e industrias de forma segmentada y con criterios técnicos definidos por el ICE. La idea es que el consumo más básico de cada segmento tenga un mayor subsidio y que luego de ciertos volúmenes se pase la tarifa completa.
La ruta planteada por el SEC también menciona la participación del capital privado en la construcción y operación de proyectos de infraestructura medulares para el país. Entendemos, que para que el modelo de APP sea exitoso se tiene que incorporar la noción de conveniencia e interés nacional en la negociación y que el proyecto se construya desde las necesidades de la población. “No es conveniente que la Asamblea Legislativa se enfrasque en discusiones que retrasen el financiamiento de obras claves en la etapa de recuperación económica y social”.
También se propone una ley de medicamentos que se concentre en el servicio que presta el fármaco y no reducirlo únicamente a su dimensión comercial o verlo como un simple producto. También será necesaria una ley de implementos médicos que recoja las lecciones aprendidas de esta emergencia.
Es evidente que el país necesita una soberanía alimentaria, es decir, abastecer por nuestros medios los alimentos básicos.
Una vez superada la pandemia, debemos reconstruir del tejido económico y social que ha quedado muy dañado. Lo primero es atraer recursos de organismos internacionales para crear empleos.
Esta reconstrucción requiere un fondo equivalente al 7% del PIB (¢2,3 billones) para financiar un amplio programa de inversión pública que genere empleos directos (detallados en la propuesta).
No es momento de polarizar a la sociedad con discusiones ideológicas de privatización, venta de activos o austeridad fiscal, requerimos consenso. Esta es una propuesta para construir un futuro diferente y seguro para toda persona sin importar su género, credo, orientación sexual, pensamiento político o clase social, “Haremos lo necesario para garantizar la justicia en estos tiempos”, concluyó el presidente del SEC.
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Vladimir de la Cruz
Fue en 1941, el 1 de mayo, cuando el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, en su informe constitucional al Congreso de la República, anunció que se proponía enviar al Congreso “uno o varios proyectos de ley tendientes a establecer los seguros sociales. Ellos constituyen, dijo, un verdadero progreso para nuestro régimen democrático, y serán un instrumento de paz social, ya que tienden a corregir situaciones injustas en que se encuentra colocada la masa que depende de su trabajo para vivir… la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte, son las causas constantes del desamparo de muchos costarricenses; y si el Estado no se decide a establecer un verdadero sistema de previsión, no hará más que socavar sus cimientos, ya que ninguna sociedad puede fundarse en la injusticia… un sistema de seguridad social que considero benéfico e indispensable para Costa Rica”.
Al asumir la presidencia de la República el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, preocupado por el establecimiento de los seguros sociales en el país, envió a Chile a su gran colaborador, el Dr. Guillermo Padilla Castro con la “delicada misión de realizar los estudios preliminares a su establecimiento…” El Dr. Calderón Guardia, sobre el estudio e informe del Dr. Padilla Castro formuló el proyecto de ley para la implantación de los seguros sociales en nuestro país y lo envió al Congreso el 14 de julio de 1941.
El 1º de noviembre 1941, por Ley Nº 17, se creó la Caja Costarricense de Seguro Social destinada a aplicar el Seguro Social Obligatorio y a incrementar el voluntario; el obligatorio contemplaba cubrir los riesgos de enfermedad, invalidez prematura, vejez, muerte y paro involuntario; y comportaba además una participación de las cargas de maternidad, familia, viudedad y orfandad. El 7 de enero de 1942 se reglamentó esta ley para darle verdadera autonomía y para poder desarrollar su cometido.
En 1942, manifestó el Dr. Calderón Guardia, al Congreso que se le daba altura al Seguro Social, “un esfuerzo en beneficio de la clase trabajadora”; que emprendía “la magna obra del Seguro Social”, que mediante la colaboración (del Congreso) podía llevarla al “terreno de las realizaciones prácticas”. “Así el Seguro Social es ya, dijo el Dr. Calderón Guardia una realidad en Costa Rica. Tomamos, de la legislación chilena su estructura general adaptándola a las particulares circunstancias de nuestro medio; luego la experiencia irá modelando la obra hasta llegar a convertirla… en una de las instituciones más imprescindibles del país”.
El 28 de agosto de 1942 se promulgó el Reglamento No. 8, como un instrumento preparatorio de iniciación de los seguros.
El 1 de setiembre de 1942 empezó el sistema de cobros de las cuotas establecidas para su mantenimiento, de patronos, obreros, empleados públicos y particulares.
En aquel momento la Seguridad Social solo cubría a los trabajadores directos. Se señaló claramente que cuando la situación lo permitiera la seguridad social protegería a los cónyuges, protegiéndose a la mujer trabajadora y sus hijos independientemente de si estaba casada o no.
Ese 1 de setiembre de 1942 se estableció la obligación de los patronos de empadronar a todos los trabajadores en la Caja Costarricense del Seguro Social, y de enviar sus planillas de empleo.
El 28 de marzo de 1943 el Dr. Calderón Guardia informaba al país que casi el 20% de los asegurados ya habían recibido servicios, “auxilios médicos”, de la seguridad social, subsidios del 50% y una cantidad detallada de las atenciones brindadas en atención y en hospitalización.
El 1º de mayo de 1943 el Dr. Calderón Guardia, de nuevo ante el Congreso, se refirió al Seguro Social, creado por el imperativo de la época, que exige “reorganizar la colectividad sobre la base del equilibrio entre las fuerzas productoras y los centros directores de la sociedad, única forma de asegurar una paz estable, una convivencia armónica y una cooperación constructiva de todos los sectores del esfuerzo humano, hacia un futuro de fraternidad y de verdadero progreso moral y material”.
Afirmó, el Dr. Calderón Guardia, que el Seguro Social “es obra de muchas décadas de ingentes esfuerzos, estudios y observaciones, para ir modelando paulatinamente el organismo político”.
Aquí reconocía el Dr. Calderón Guardia la experiencia y la tradición internacional de los orígenes de la Seguridad Social, cuando a finales del Siglo XIX, en Alemania se desarrolló esta Seguridad Social, como una necesidad para el proceso industrial, de velar por la salud de los trabajadores y garantizar y asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo.
Igualmente, reconocía, sin mencionarlo, que bajo la Dictadura de Federico Tinoco, en la Asamblea Constituyente de 1917, se había establecido el Artículo 10, por iniciativa del diputado Alejandro Alvarado Quirós, de dictar leyes sobre el trabajo, de acuerdo a las necesidades del país, aplicándose las mismas a empleados, obreros, jornaleros y sirvientes.
En 1941, al dejar Luis Demetrio Tinoco, Ministro de Educación, la Universidad de Costa Rica, inaugurada y en marcha, Alejandro Alvarado Quirós pasó a ser su Primer Rector, como colaborador del Gobierno del Dr. Calderón Guardia que fue.
Estas leyes que proponía el diputado Alvarado Quirós, y también el diputado José Astúa Aguilar, en 1917, debían comprender: jornada máxima de ocho horas; obligatoriedad del descanso semanal; responsabilidad del empresario o patrono por los accidentes de trabajo y las enfermedades que adquieran los empleados o trabajadores como consecuencia del trabajo que realicen; donde se pedía también, obligar al patrono a pagar indemnización por estos riesgos; establecimiento de una junta de conciliación o arbitraje para dilucidar los conflictos obrero patronales, la que debería integrarse por igual número de representantes de los patronos, de los trabajadores y del Estado, que lo sería del Gobierno de la Provincia o su delegado.
Así quedó plasmado, en esa Constitución de 1917, el Artículo 10: “Es obligación del Estado velar por el bienestar de las clases trabajadoras, y para ello dictará las leyes necesarias; a falta de iniciativa social promoverá y en todo caso apoyará en la medida de sus recursos, las instituciones que tengan por objeto armonizar sobre bases de justicia las relaciones obrero patronales y las que tiendan a mejorar la situación económica de estos y a ampararlos en caso de enfermedad, vejez o accidente, paro de trabajo u otras circunstancias de desgracia independiente de su voluntad».
Al caer la dictadura, en junio de 1919, y al dejarse sin efecto su Constitución, y restablecerse la Constitución de 1871, no se rescató este Artículo 10, de manera constitucional, el que se cubrió de un silencio sepulcral informativamente en los años siguientes.
El Partido Reformista en su Programa de 1923 habló de la Ley de Accidentes de Trabajo, que la logró materializar en 1925, pero no de Seguros Sociales.
Aludía también el Dr. Calderón Guardia al impacto que le había producido, durante su estancia en Bélgica y en Europa, cuando se formaba como médico, el Código Social de Malinas, impulsado por el Cardenal Mercier, desde 1924, hasta su redacción final en 1927, recogiendo Mercier la tradición de los llamados católicos sociales, organizados en la Unión Internacional de Estudios Sociales, fundada en 1920, que se inspiraban en ese momento en la Encíclica Rerum Novarum, del 15 de mayo de 1891, del Papa León XIII, en aquel momento una respuesta al desarrollo del movimiento obrero y sindical internacional, y al desarrollo de los partidos y corrientes políticas socialistas, anarquistas y comunistas, y el Código Social de Malinas, como la Encíclica Quadragesimo Anno, de 15 de mayo de 1931, respondiendo a la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del movimiento comunista internacional y revolucionario que dicha Revolución había impulsado y fortalecido.
En el punto 11 del Capítulo IV del Código Social de Malinas se trata el tema de “salario, asignaciones familiares y seguros sociales”. Y, en el Segundo Apéndice que acompaña al Código, al final, se establece una “Declaración sobre la Seguridad Social”.
Al finalizar esta década, de 1920, con motivo de los efectos e impactos de la crisis mundial de 1929, y la gran desocupación que produjo, incluida en Costa Rica, donde surgieron sindicatos de desocupados, en los periódicos, bajo el seudónimo de “De Potter”, se publicaron una serie de artículos donde se planteaban temas sociales y laborales.
De Potter señaló la necesidad de atender la “protección del trabajo: sobre los niños empleados; tutela sanitaria de los niños; ley sobre los servicios médicos del trabajo; sobre la protección laboral de las mujeres; sobre el reposo dominical; ley de reposo semestral con goce de sueldo para todo trabajador; reglamento de inspección de los establecimientos peligrosos, insalubres e incómodos; sobre seguridad y salud de los obreros, reglamentación especial para cada industria”.
Escribió sobre accidentes de trabajo: “revisión de la actual ley que es copia de la española de 1900 y extensión de los beneficios a todo trabajador”, y, abordó el tema de las “pensiones de vejez, previsión, mutualistas; seguros de vejez contra la falta de trabajo, las enfermedades y la invalidez; ley de seguros de previsión de enfermedades y la invalidez; pensiones de vejez y retiro del trabajo; ley sobre las sociedades mutualistas y cooperativas pobres: ley sobre el fondo nacional de crisis; seguros contra la falta involuntaria de trabajo; ley de contrato colectivo de trabajo y colocación pública de trabajadores.” Igualmente se pronunció sobre la necesidad de establecer una ley “sobre la asociación de trabajadores: sindicatos, federaciones, gremios, etc. (ligas de resistencia)”.
En 1931, al fundarse el Partido Comunista de Costa Rica, y al publicar su Programa Mínimo, allí se establece, en el apartado referido a “Política de defensa y previsión social”, en el punto 2, la necesidad de establecer “seguros sociales a cargo del Estado, para la desocupación, accidentes del trabajo, enfermedades en general, vejez, maternidad, etc.”, recogiendo la tradición constitucional de 1917 y los planteamientos de De Potter, así como la necesidad de establecer “Leyes de organización sindical. Consagración expresa del «derecho de huelga».
El 13 de agosto de 1942, por Ley No. 189, se establecieron los Inspectores de la Caja Costarricense del Seguro Social y, el 22 de octubre de 1943 se dicta otra ley de creación de la CCSS, similar a la anterior. El 1 de enero de 1947 se emitió el Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte.
En la reforma constitucional de las Garantías Sociales, aprobada en agosto y en vigencia a partir del 15 de setiembre de 1943, también se elevó a rango constitucional la existencia del régimen de seguros sociales, hasta hoy.
En esta preocupación del Seguro Social sumó, el Dr. Calderón Guardia, sus inquietudes sobre las Garantías Sociales, como Capítulo de la Constitución Política, en ese momento la de 1871, y el Código de Trabajo, ambas aprobadas en agosto de 1943.
Hoy hablamos de las Garantías Sociales, casi reduciéndolas al Seguro Social y al Código de Trabajo, y no al conjunto de artículos que están comprendidos en el Capítulo Constitucional de las Garantías Sociales.
Así, en términos amplios, considerando las Garantías Sociales, en ellas tenemos al Seguro Social, como concepto y como Institución, por los Artículos Constitucionales que se refieren a “seguros”, el Artículo 63 que dice “Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación”, el Artículo 72, que establece que “El Estado mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios, y procurará la reintegración de los mismos al trabajo”, el Artículo 73, ya con la reforma constitucional de 1961, que expresamente señala que “se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine. La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales. Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales”, el Artículo 177, que establece que “para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de Presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada Institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado.” … y el Artículo 177 transitorio, párrafo tercero, que indica que “la Caja Costarricense del Seguro Social deberá realizar la universalización de los diversos seguros puestos a su cargo, incluyendo la protección familiar en el régimen de enfermedad y maternidad, en un plazo no mayor de diez años, contados a partir de la promulgación de esta reforma constitucional.”
A partir de aquel momento glorioso de su fundación, y de inicio de la Caja Costarricense del Seguro Social, en el curso del desarrollo histórico nacional hemos visto su desenvolvimiento, su consolidación y sus avatares.
En 1946, durante los meses de mayo y junio, se produjo, en el contexto político difícil que vivía la sociedad costarricense, altamente polarizada en progobiernistas y antigobiernistas, una huelga médica contra la intervención que hacía el Estado, por medio de la Caja Costarricense del Seguro Social, en el ejercicio de la medicina, hasta entonces en el sector privado.
Superada la huelga médica la Caja Costarricense del Seguro Social pasó las dificultades de la Guerra Civil de 1948 y de la Junta de Gobierno, saliendo de nuevo fortalecida al terminar la Junta de Gobierno y salir airosa en la Constitución Política de 1949.
Quedaba su desarrollo posterior. Los gobiernos que siguieron a la Junta de Gobierno inevitablemente fueron fortaleciendo a la Caja Costarricense del Seguro Social.
Las reformas que se hicieron a su ley y a su organización institucional, especialmente con las reformas hacia la universalización, hicieron que la Caja Costarricense del Seguro Social se convirtiera en uno de los pilares del modelo democrático nacional, de su seguridad y estabilidad social, y en uno de los más importantes instrumentos de la calidad de vida de los costarricenses, así como en uno los motores más importantes del desarrollo económico, productivo, social y político del país.
Los esfuerzos que se hicieron de preparación médica en el exterior, como los de la creación de la Facultad de Medicina, primero en la Universidad de Costa Rica, para la preparación de médicos en Costa Rica, junto con el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), que facilitó y estimuló la formación de especialistas, junto con las Facultades médicas que han surgido posteriormente, han hecho que la Medicina nacional sea hoy una Medicina de Primer Mundo, y así está reconocida.
El Ministerio de Salud, la hermana mayor de la Caja Costarricense de Seguro Social, tiene un peso enorme, desde el siglo XIX, con las políticas que se han impulsado en Salud Pública y, especialmente, desde la creación de la Secretaría de Higiene y de Salud Pública, en julio de 1922, y desde junio de 1927 cuando se estableció el actual Ministerio, como Secretaría de Salud Pública.
El Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social hoy son los abanderados en la lucha contra la Pandemia del Coronavirus, así como lo han sido contra otras endemias, epidemias y pandemias que hemos tenido.
La Caja Costarricense del Seguro Social es hoy una institución sagrada, en la estructura del Estado costarricense, que hay que defenderla de las amenazas que constantemente la asedian, desde adentro y desde afuera, por debilitarla y por reducirle su papel estratégico en la atención de la salud de todos los costarricenses.
En lo inmediato nos queda apoyar, acatar y obedecer las directrices que el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, dictan y trazan para este momento y a partir del 1 de mayo próximo, en la lucha nacional contra la expansión y por el control del Coronavirus COVID-19.
Foto de cabecera: primera sede de la CCSS.
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La sostenibilidad de la CCSS se encuentra en peligro por las deudas millonarias que se le deben a esta institución varias empresas y el Gobierno.
Compartimos el siguiente video de la CTRN al respecto.
Enviado a SURCOS por Rodrigo Aguilar Arce.
Sea parte de SURCOS:
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En una comunicación compartida con SURCOS por el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN), se cuestiona “¿por qué el señor Presidente de la República, nuestro Ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central, siguen empeñados en realizar actos tendientes a una debilitación o eventual privatización técnica de la seguridad social, y con ello, que en el sector privado se fortalezca la posibilidad de hacer negocios con los servicios ofrecidos por la CCSS a la sociedad costarricense”.
El escrito señala: “Nos ha correspondido vivir en el último mes los efectos de la pandemia global producida por el virus denominado COVID-19, que a la fecha ha infectado millones de personas y producido la muerte a más de 200 mil a nivel mundial”.
“En el caso de Costa Rica, gracias a la acertada toma de decisiones y actuación del Ministerio de Salud y el eficiente sistema de salud social y pública a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), nos ha permitido atender eficientemente el impacto de esa pandemia, convirtiendo nuestro sistema de salud en un ejemplo a nivel planetario”.
“¿Por qué si la CCSS es prioridad, no gestan leyes o normas para encarcelar a los deudores de la CCSS, y con ello limitarles la posibilidad, -como hacen con los impuestos-, de jinetear las cuotas sin pagar sanción alguna, limitando la actuación fiscalizadora del ESTADO mismo?”, enfatiza el comunicado dirigido al personal del ministerio.
Finalmente, la nota hace un llamado: “Desde ya, personal hacendario, le invitamos a prepararse para defender esta noble institución (CCSS), que con valentía y visión nos crearon los fundadores de la Segunda República, y cuando vivimos tiempos difíciles, nos corresponde ser capaces de reconocer y defender esa valiosa herencia de nuestros abuelos”.
“Su aspiración de pensionarse por IVM también está en peligro; si espera salud solidaria como tenemos, debemos defender ese derecho constitucional. ¿Se imagina usted en la tercera edad, pagando al precio de hoy, un millón de colones por día en la hospitalización de un ser querido y el que requiere medicina de calidad para sobrevivir y cuando se le agote el seguro, lo tiren a la calle? NO SEAMOS SIERVOS MENGUADOS”
“SITRAHSAN, manifiesta su rotundo rechazo, a cualquier acto mercenario de políticos y empresarios, que busquen la privatización de la Caja Costarricense de Seguro Social, poniendo en peligro la seguridad social de quienes habitamos este país”, concluye el comunicado.
Imagen: CCSS
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Abelardo Morales-Gamboa
Sostener financieramente a la Caja Costarricense de Seguro Social y al sistema de salud no es un gasto superfluo ni una inversión de la que se pueda prescindir. La emergencia del coronavirus lo ha puesto más que en evidencia. Ese sistema ha sido nuestro principal escudo, junto a los regímenes de protección social del Estado y las redes sociales que la población también organizó y movilizó de manera ejemplarmente solidaria.
En otras palabras, la inversión social en salud y en educación en Costa Rica hizo posible, no ahora sino en el curso histórico de nuestra sociedad, el despliegue de una capacidad de respuesta institucional conjunta, articulada y eficaz, y que los mejores talentos del país desarrollaran diversos dispositivo y productos para superar el contagio y la enfermedad.
Eso no se improvisó; mientras algunas empresas lamentablemente cerraban, las exportaciones se detenían y las inversiones se bloqueaban, la sociedad se puso en primer plano; una población y ciudadanía con autodefensas e inteligencia colectivas, acatando normas y disposiciones, demuestra que el recurso humano es más valioso que los demás bienes de capital por si solos.
Por supuesto que es importante encontrar formas nuevas para reactivar la producción, restituir fuentes de trabajo y volver a asegurar el sustento de familias y el pago de cuotas de las cuales dependen los fondos de la Caja. Pero decir que no se debe quebrar al país para salvar de la quiebra a una institución, como según informaciones de prensa ha dicho el Ministro de Hacienda, no debería caber en la lógica de ningún funcionario que toma decisiones tan estratégicas.
Si dejamos quebrar a la Caja, se acaba el país. La inversión en salud, como en educación, debe dejar de ser pensada como una carga; en vez de ello, debe vérseles como un activo fundamental, no solo para el capital, sino para la estabilidad económica y social y el desarrollo social del país.
Es hora de que los economistas comiencen a abandonar los textos que cosificaron como sagradas ciertas ideas de la ortodoxia económica, y comiencen a investigar y a estudiar el mundo y las sociedades. Sacar conclusiones a partir de números y estadísticas recaudados como piezas de hierro, ha hecho de la economía cada vez menos una ciencia y cada vez más una religión. En vez de los números en el vacío histórico, se deben estudiar las realidades sociales como productoras de los hechos económicos y no al revés. Los científicos de la salud y los epidemiólogos, nos están dando inolvidables lecciones sobre la forma de sacar conclusiones a partir de la observación de la materia viva en su movimiento actual.
Sin duda, hoy en día nos sentimos más seguros de estar en manos de esos científicos y epidemiólogos que de los economistas. Como le dijo una exministra de salud a un político, sería bueno que quienes toman decisiones tan importantes para un país, se aleccionen y reeduquen. Si solamente se salvan negocios y ganancias, en la próxima epidemia acabarán con lo que quede de mundo.
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Comunicado de FRENASS:
La CCSS está en el corazón de la sociedad costarricense y ha resguardado la salud de nuestro pueblo, estando en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Por eso, no permitiremos una estocada a nuestra seguridad social por medio del debilitamiento de sus finanzas como lo pretenden el Ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central.
En efecto, en la reunión del pasado 22 de abril del 2020, con el Presidente de la República, el Ministro de Hacienda, la Ministra de Planificación y la totalidad de la Junta Directiva de la CCSS, en este espacio el señor Román Macaya, presidente de la Junta Directiva de la CCSS, expuso la situación de las finanzas de la institución y de la deuda histórica que tiene el Estado con la institución benemérita de la patria, cuya morosidad asciende nada menos que a 1,67 billones de colones, por concepto de seguro de salud y pensiones, deuda que el Estado no ha honrado a la institución desde hace muchos años. Con esos recursos, la CCSS podría hacer frente a una institución de salud fortalecida para la atención de la pandemia y contribuir a la reactivación económica del país y prestar los servicios de salud con la calidad y una cobertura en el futuro cercano que merece el pueblo de Costa Rica.
Desde el Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS), levantamos la voz y nos unimos a la denuncia pública y que de forma valiente presentara Mario Devandas Brenes, como único legitimado en representación de las personas trabajadoras ante la Junta Directiva de la Caja. Después que Mario Devandas informó al pueblo costarricense que según Hacienda y el Banco Central no hay solución para pagar la deuda que provocaría una crisis financiera de la institución, el Gobierno sigue sin aclarar la situación denunciada ni ha presentado propuestas concretas para honrar esa deuda.
La CCSS está realizando los cálculos del dinero que dejará de recibir en los próximos seis meses. Se pronostica que solo del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), dejará de percibir para marzo y agosto, entre 190.000 millones de colones y 303.000 millones de colones y en régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), alcanzaría en eses periodo un monto de 417.000 millones de colones.
El presidente Alvarado, indicó que “no hay plata” para cubrir las obligaciones que tiene el Estado con la CCSS. Con estas respuestas del presidente, lesiona gravemente nuestra seguridad social.
La denuncia que realizó Mario Devandas como representante del sector laboral en la Junta Directiva de la Caja, el día 22 de abril en la tarde, fue que el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves como el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, les dijeron a los directivos “que no se puede hacer nada para resolver el problema financiero” de la institución.
Como FRENASS, EXIGIMOS que el Gobierno no siga por la ruta de querer dejar desfinanciada a la Caja, y por el contrario le instamos a establecer los mecanismos democráticos e institucionales necesarios para hacerle frente a la deuda acumulada con la institución por 1,63 billones de colones y a los gastos que ha generado la pandemia.
Sería un error histórico para este Gobierno de la República, poner en peligro la institución más apreciadas y que está en el corazón del pueblo de Costa Rica.
¡Ahora sí, la patria nos llama a defender nuestra paz social y a la CCSS!

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Se estima que el Seguro de Salud recibirá ¢313 mil millones menos y el Seguro de Invalidez Vez y Muerte ¢417 mil millones menos después de la crisis. Mientras que el Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves estima que no es conveniente por la crisis «dedicar montos desproporcionados» a la CCSS.
Lenín Hernández Navas, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería explica en el audio cómo es que quieren conducir a la CCSS a la quiebra.
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Carlos Campos Rojas
Así sentenció la diputada guapileña Yorleny León, la decisión tomada en la Asamblea Legislativa, con el apoyo del gobierno, para imponerle al país un conjunto de leyes tendientes a favorecer a quienes tomaron la decisión, de acabar con lo que quedaba del estado de bienestar en este país.
La reunión que por primera vez tuvo la Junta Directiva de la CCSS con el Presidente Alvarado en lo que va de este gobierno, fue para anunciarles, a través del Ministro de Hacienda y acompañados del Presidente del Banco Central, que no hay dinero para salvar la Caja Costarricense del Seguro Social. Una acción muy coordinada, como todas las que ha hecho este gobierno. No hay casualidades.
El escándalo fue tal, que Carlos Alvarado tuvo que salir a desdecirse, a su mejor estilo, inmediatamente al día siguiente. De paso informó que crearía una comisión para resolver el mal entendido, ahora la Caja está en más peligro que antes, a pesar de las poses.
Para destruir este legado de Calderón Guardia, apoyado por Manuel Mora, Monseñor Sanabria y defendido con generosidad por José Figueres, muy a pesar de la oligarquía del 48, contaron con el apoyo de economistas y funcionarios que erosionaron poco a poco las finanzas de la Caja. Reducir en un 75% el aporte patronal, fue una estocada al corazón de la institución. Rendir cuentas sobre lo que aquí pasó, es una responsabilidad constitucional inmediata, que debe cumplirse como lo establece el Art. 11 y afrontar penalmente las responsabilidades.
En este país sobra el dinero, sino no se lo robarían. Que lo estén guardando para otros intereses es otra cosa, porque cuando se trata de rescatar de los problemas a la mafia política, no les ha temblado el pulso nunca, para arrebatarle inmoralmente a la ciudadanía sus recursos. Así se han perdido fondos de pensiones, el valor del ahorro y ni qué decir de los impuestos que evadieron o eludieron, para los que nunca hubo interés en vigilar.
Ahora resulta que de ninguna manera se puede hacer un crédito puente para rescatar la Caja, tampoco se puede repatriar parte de los recursos del Banco Central que tiene invertidos en el exterior; mucho menos tocar los abundantes recursos de SUTEL o que el sistema cooperativo haga un préstamo. Jamás poner un impuesto a la riqueza, como se atrevió el viejo Figueres para rescatar la hacienda pública, porque ya lo advirtió una de las cámaras: “nada de impuestos y menos impuestos solidarios”. Gobernantes de esos, ya no hay.
Siempre he reconocido en Oscar Arias su visión, al establecer como compensación social por el Ajuste Estructural, la puesta en marcha desde el CNP, del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). Lastimosamente la corrupción y la impunidad torpedearon esa importante herramienta, pero sigue disponible y ahora se requiere para dotar desde la ciudadanía que va a quedar en la pobreza, parte importante de los suministros que la Caja requiere, así se reparte riqueza.
Roberto Artavia figura destacada del INCAE y ayudando al gobierno, ha advertido que no se puede pensar y actuar como se hacía antes de marzo, para enfrentar las secuelas del COVID 19. Hasta él reconoce que ahora la política debe humanizarse, porque debe restituirse la credibilidad institucional, pero cuidado si algunos van más por un botín, que sacar adelante este país.
Es el momento del diálogo, al estilo costarricense, de frente, entre todos, sin privilegios.
No se trata de reunir los amigos del gobierno y decir que ésos representan al país y que definirán el futuro de Costa Rica.
No, ninguno de esos me representa.
Hoy más que nunca, el diálogo debe ser sin exclusiones, sin miedo a los disensos, porque hay que construir consensos, para reconstruir el país y mantener la paz.
Carlos Campos Rojas
24 de abril de 2020
A cincuenta años de ALCOA.
Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.
Vladimir de la Cruz
En general partimos de que la vida política es constantemente resultado de pactos políticos, entre los diversos actores políticos y sociales. Igualmente consideramos y sabemos que esos actores cambian constantemente. Unos son fijos por un plazo corto, mediano o largo. Otros son tan volátiles como para realizarse de manera ad hoc, para una cosa concreta, y solo para esa, quedando en libertad los actores de actuar en todo lo demás, al margen de lo pactado.
La vida en general es también resultado de esos “pactos”, desde las relaciones familiares, de noviazgos, de uniones de parejas y matrimoniales, de padres e hijos, de las relaciones sociales que establecemos con otras personas o familias, de las relaciones laborales, las de la convivencia pública y privada, los relaciones reguladas por las normas usuales, tradicionales, de comportamientos sociales y privados, y de trato social aceptadas, al igual que todas las relaciones jurídicas y normativas que realizamos son expresión de esos “pactos”. Estos “pactos” son firmados para cumplirse, hacerse valer y respetarse. Otros son contratos realidad, de la realidad que se aceptan y se respetan tanto, como los firmados.
Durante la “cuarentena” impuesta por la presencia del coronavirus muchos “pactos” se han realizado en todos los hogares, en todas esas dimensiones apuntadas, para regular de mejor forma la presencia inevitable, diaria, de todo el día y toda la semana, de los distintos miembros de las familias, sobre todo cuando los espacios habitacionales son reducidos. Hasta con las “mascotas” han tenido que hacerse “pactos” de convivencia en aquellos hogares que se tienen.
Sin embargo, hay tendencias, y muy fuertes, en la vida actual, de satanizar todos los pactos, especialmente los políticos, cuando es lo normal y lo correcto que se produzcan.
No hay gobiernos “puros”, ni políticos “puros”, ni partidos políticos “puros”. Gobiernos, políticos y partidos expresan y reflejan relaciones políticas, económicas y sociales de distintos grupos existentes en la sociedad, como de personalidades propias de cada Gobierno y de cada partido.
Gobiernos, dirigentes políticos y partidos políticos hasta se han definido históricamente ligados a clases sociales, a las clases trabajadoras y obreras, a las campesinas, a las clases medias, a las clases empresariales de distinta naturaleza, a las oligarcas, aristocráticas y plutocráticas, y hay quienes también ligan a estos gobiernos, a los líderes políticos y partidos a grupos mafiosos, narco mafiosos, como nuevas expresiones de la realidad que vivimos.
De ello también resultan los gobiernos monárquicos, las monarquías parlamentarias, así como los gobiernos fascistas, dictatoriales, autoritarios, populistas y obviamente los llamados gobiernos republicanos y democrático representativos.
Hoy ya casi no se establecen las divisiones existentes, antes de 1990, entre gobiernos capitalistas y socialistas ni entre sistemas políticos económico socialistas y capitalistas, con sus variantes. No ha desaparecido del lenguaje la crítica al capitalismo pero poco hay a favor, al menos en Costa Rica, en el lenguaje, hacia el socialismo, que parece más una nebulosa que otra cosa en términos inmediatos.
La poca existencia de un reducido grupo de países socialistas, y la caída del Sistema Mundial Socialista que existió hasta 1990, hizo caer al interior de cada país a las fuerzas representativas de esas corrientes políticas, provocando en mucho que el Socialismo sea hoy una “utopía”, más que una realidad posible inmediata. Ni hay partidos políticos que se abanderen con el Socialismo como meta a conquistar en el país, ni hay un solo país “socialista” que sirva de modelo para “imitar”, como se hacía con la Unión Soviética por los partidos comunistas.
Las reglas de relación entre todos estos actores políticos y sociales son las que aseguran la convivencia política, la seguridad institucional, y de alguna manera las “mejores” políticas y acciones institucionales que se tomen para lograr el mayor bienestar y la mayor felicidad posible de todos los ciudadanos, del pueblo.
Lo usual son los pactos políticos que resultan de la aprobación de leyes en el Congreso, antes de 1948, y en la Asamblea Legislativa desde 1948 hasta hoy.
El Derecho y las leyes son quizá la mejor expresión de esos “pactos” cotidianos, como expresión de la voluntad popular expresada por medio de los representantes populares en la Asamblea Legislativa, nos gusten o no las leyes que aprueban.
La forma suprema de estos Pactos políticos son las Constituciones Políticas. El último firmado en Costa Rica es el de 1949, con la Constitución actual.
Hay corrientes y movimientos, en las que me he apuntado, que consideran que es necesario avanzar a un nuevo proyecto constitucional, que produzca un nuevo Pacto político, una nueva Constitución Política. Pero, en este momento, en la crisis que atravesamos impuesta por el coronavirus, esta no es la prioridad nacional.
NO urge hoy una nueva Constitución Política. Pero, SI urge un nuevo Pacto Político y Social, que con profundas reformas institucionales pueda marcar el rumbo, de la celebración del Bicentenario de la Independencia con visión de largo plazo, 50, 60 o 75 años adelante…
Justamente, por la situación que vivimos bajo este gobierno del Partido Acción Ciudadana, encabezado por el Presidente Carlos Alvarado Quesada, que definió desde su arranque e instalación, la idea de un Gobierno de Unidad Nacional, integrando en el Gabinete personas distinguidas de otros partidos políticos, sin que con esos partidos se hubieran firmado pactos de gobernabilidad, hay un avance en esa dirección. Hacia los próximos gobiernos esto ya se modeló.
Esta idea del Gobierno de Unidad Nacional no ha pasado aún de ser un postulado, y una acción real que el Presidente trata de impulsar, recientemente afirmada con los nombramientos de la Vice Ministra de la Presidencia, Silvia Lara y del nuevo tercer Ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto.
No hay acuerdos políticos de los partidos políticos alrededor de ellos. El mismo Partido Liberación Nacional, torpe, ciego y tontamente, ante la realidad que vivimos, objetó a Silvia Lara y le zafó el bulto a Marcelo Prieto. El Partido Unidad Social Cristiana ha hecho lo mismo con los miembros del Consejo de Gobierno de ese partido, aún cuando el más brillante de los Ministros, por sus acciones institucionales, sea Rodolfo Méndez Mata, y ahora en su nivel, por la atención y la forma como están actuando frente a la pandemia, se distinguen el Ministro de Salud y el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, ambos del partido de Gobierno.
Hay PACTOS NACIONALES que se imponen y resultan de situaciones extraordinarias, de situaciones ajenas a la propia gobernabilidad nacional, que obligan a actuar unitariamente, que también resultan de situaciones internacionales donde nos ubicamos frente a enemigos comunes, dejando de lado, mientras se enfrentan esas adversidades, las contradicciones internas, y postergando, si es del caso, la inmediata lucha política particular procurando una real política nacional.
El Gran Pacto Nacional que se produjo, que contribuyó a perfilar y desarrollar la Costa Rica de la segunda mitad del Siglo XX y de este inicio del Siglo XXI, fue es que se dio en 1943 entre el Gobierno y el Partido Republicano que apoyaba a Rafael Ángel Calderón Guardia, el Partido Comunista de Costa Rica, jefeado por Manuel Mora Valverde y la Iglesia Católica de Costa Rica, dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez.
En 1939 Rafael Ángel Calderón Guardia fue candidato del Partido Republicano, bajo el Gobierno de León Cortés, quien lo impulsaba. La Iglesia Católica, en ese momento, era profundamente anticomunista, ya encabezada por Monseñor Sanabria. El Gobierno de León Cortés muy vinculado al Gobierno alemán, y con ello al nazi fascismo, enemigo acérrimo de los comunistas y de sus movimientos sindicales.
Hasta 1943 el Partido Comunista era guía y factor dominante de todos los sindicatos de trabajadores y sectores medios productores, y de campesinos. La Iglesia Católica se preparaba para incursionar en el movimiento sindical y en el cooperativo, con dos sacerdotes hermanos, Benjamín y Santiago Núñez.
Ese año, 1939, estalla la II Guerra Mundial. El escenario de la guerra muy superior al de la I Guerra Mundial. Abarcaba todos los continentes excepto el continente americano, donde no se dieron conflictos militares directos. La II Guerra se prolonga hasta 1945, en la que murieron entre 50 y 60 millones de personas, militares y civiles.
El mercado europeo de colocación de nuestros productos fundamentales de la economía cayó, se cerró…los soldados no tomaban café… Se fortalecieron los vínculos comerciales con Estados Unidos, que ya eran bastante importantes en el país.
En Costa Rica, como en la gran mayoría de los países se desarrollaron movimientos por la paz, antifascistas. En el Comité Anti Nazi de Costa Rica se reunieron personajes de distintas filiaciones políticas, Fernando Valverde Vega, Francisco Orlich Bolmarcich, Manuel Picado Chacón, Manuel Mora Valverde, entre otros.
A nivel internacional los Partidos Comunistas, a partir del VII Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú, en 1935, en la que participó el dirigente comunista y sindical, Rodolfo Guzmán, cambió la estrategia internacional hasta entonces desarrollada, de la lucha contra el Imperialismo y de la Lucha de Clases, pasando a impulsar la política de los Frentes Populares, de UNIDAD NACIONAL, para defender los sistemas democrático republicanos, que eran igualmente amenazados por el fascismo mundial.
Desde la Conferencia de Partidos Comunistas latinoamericanos, de La Habana, de 1936, a la que asistió Arnoldo Ferreto, se fortaleció el impulso de estas nuevas concepciones para el continente. Para las elecciones de 1936 contra León Cortés se intentó impulsar un Frente Popular que no se concretó.
Desde el año 1936 hasta 1940 el Partido Comunista fue enemigo frontal del Gobierno de León Cortés, y enfrentó igualmente al Dr. Calderón Guardia, su candidato, en sus primeros meses de gobierno, a partir de 1940.
Desde 1930 hasta 1945 fue Secretario General y Presidente del Partido Comunista de los Estados Unidos Earl Browder, uno de los dirigentes más importantes y más influyentes del Movimiento Comunista Internacional, especialmente en el período de 1940 a 1945, con gran repercusión en América Latina, el Caribe y en Costa Rica.
En el contexto de la II Guerra Mundial, de la lucha antinazi y de los Frentes Populares, Browder impulsó en su lenguaje la idea de la superación de la lucha de clases y del antiimperialismo, llamando a la colaboración de clases. Así en esos años se dio el Browderismo. El Partido Comunista de Costa Rica se identificó con este planteamiento en todos sus frentes de combate, incluso en las luchas sindicales, que perdieron el marco de confrontación de la lucha de clases.
El Gobierno de Estados Unidos, por otra parte con Franklin D. Roosevelt, impulsa una serie de políticas reformistas, que van a influir en la visión del Dr. Calderón Guardia, junto a la visión social cristiana que ya tenía, y había fortalecido en Europa, en Bélgica, y que su esposa Ivonne Clays, la Primera Dama, de una gran sensibilidad social, le había estimulado.
Hasta diciembre de 1941 ni Costa Rica ni Estados Unidos habían entrado en la II Guerra Mundial. Con motivo del ataque a Pearl Harbor, los Estados Unidos se ve obligado a integrarse como aliado de la Unión Soviética, Inglaterra y Francia, en la lucha antinazi. Costa Rica solidariamente con Estados Unidos declara la Guerra a Japón, Alemania e Italia.
Esta Declaración provoca una ruptura muy fuerte con el Cortesismo y los intereses alemanes en el país, muy metidos en la producción de caña y en las exportaciones de café. El Gobierno queda solo. Hasta un intento de golpe de Estado se planeó en contra suya sin éxito.
En 1941 el peso de la II Guerra se hizo sentir en la economía nacional. El Partido Comunista frente a ello propuso su “Plan Nacional de Emergencia para salir de la Crisis de Guerra”, que se agitaba en todos los frentes de lucha del Partido, en el Congreso, en las calles con los sindicatos, en movilizaciones al Congreso en apoyo de los diputados comunistas.
El vacío político del cortesismo filonazista hacia el Gobierno de Calderón Guardia permitió el acercamiento del Partido Comunista, con su Plan de Emergencia, donde no estaba en el orden del día la lucha por el socialismo ni el comunismo. Era lo urgente, lo inmediato, las subsistencias, la comida, el trabajo. Era la protección a los trabajadores y a los campesinos, a sus ingresos y salarios, de la inmensa mayoría de la población.
Se iniciaron las conversaciones para apoyar al Gobierno en sus segundos dos años. Se sumó la Iglesia, muy cercana al Gobierno. Conversaciones durante todo el año 1942 y primeros meses de 1943, intensas, discretas y “secretas”, hasta que en junio fructificaron públicamente.
Se había logrado un GRAN PACTO NACIONAL, entre el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, el Partido Comunista, con Manuel Mora al frente, y la Iglesia Católica jefeada por Monseñor Víctor Manuel Sanabria, hoy los tres declarados Beneméritos de la Patria.
El Pacto dio por resultado el apoyo abierto, claro y contundente al Gobierno de Calderón Guardia por los comunistas y la Iglesia. Las Garantías Sociales, que estaban en proceso legislativo y el Código de Trabajo se aprobarían, en agosto, entrando en vigencia en setiembre de 1943. Se le daría todo el mérito de esta Reforma al Dr. Calderón Guardia, como efectivamente se hizo.
La Iglesia condicionó su participación a cuatro aspectos básicos, el cambio de nombre del Partido Comunista, el reconocer que las Garantías Sociales tenían un fundamento social cristiano, el desarrollar su propia organización sindical, hasta entonces solo los comunistas la tenían, y que le dieran representación a su organización sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y así fue.
El Partido Comunista cambió de nombre el 13 de junio de 1943 a Vanguardia Popular. Esto calzaba plenamente en los lineamientos esbozados desde el VII Congreso de la Internacional Comunista y dentro de las corrientes browderistas. El Partido Comunista reconoció la influencia socialcristiana en las Garantías Sociales y realizó un discurso público constante de que no era un Partido anti religión católica, como siempre lo había acusado Sanabria. El Partido Comunista aceptó la creación de otra Central Sindical y le cedió uno de los dos puestos que tenía en la Junta de la Caja Costarricense de Seguro Social, sacrificando en ella a Enrique Benavides, y manteniendo a Rodolfo Guzmán. La Iglesia llevó a Benjamín Núñez. La Iglesia reconoció públicamente que militar en Vanguardia Popular no era un pecado, que los católicos podían ingresar, “sin cargo de conciencia alguno”, al Partido Comunista en su nueva denominación.
El núcleo más importante de este Pacto terminó desarrollándose en el Pacto Político para impulsar la candidatura de Teodoro Picado, entonces Presidente del Poder Legislativo, a la Presidencia de la República, en las elecciones de 1944. Para ello constituyeron el Partido Bloque de la Victoria con el que llegó Teodoro Picado a gobernar el país hasta 1948.
Desde el momento del Pacto de apoyo, con motivo de la declaratoria de guerra al nazifascismo, en diciembre de 1941, hasta el término de gobierno de Picado, en 1948, el Partido Comunista de Costa Rica, ni Vanguardia Popular, negociaron puestos en el Consejo de Gobierno. Se quedaron con sus diputados, compartiendo listas en el Bloque de la Victoria. Mantuvieron su unidad reservándose el derecho de crítica pública si fuera necesaria.
Las Reformas Sociales y el Código de Trabajo, de 1943, junto con el Código Electoral, de 1946, y la Reforma Tributaria de 1946, fueron los ejes importantes de estos gobiernos, junto con las instituciones culturales, la Universidad de Costa Rica, 1940, las instituciones médicas y de seguridad social, la Caja Costarricense del Seguro Social, 1941, que se impulsaron en esos años, entre otras, las que sentaron las bases de la Costa Rica a partir de ese momento.
La Guerra Civil de 1948 no pudo eliminar ni neutralizar estas reformas. La Junta de Gobierno, instalada el 8 de mayo, sin entregarle el Poder a Otilio Ulate, en cuyo nombre se había levantado en armas, se vio obligada a mantenerlas. La Asamblea Constituyente, convocada por la Junta, que funcionó en 1949, mantuvo estas Reformas y las desarrolló.
Las Reformas Sociales la Junta de Gobierno, y los gobiernos sucesivos, las desarrollaron y fortalecieron institucionalmente, coincidiendo con las políticas reformistas rooseveltianas, con las políticas económicas reformistas de Keynes y de otros economistas que se impusieron en esos años, como las que derivaron del Plan Clayton al terminar la II Guerra Mundial, en su Punto IV para América Latina, se desarrolló un importante aparato estatal costarricense, y una sólida institucionalidad pública, que hizo surgir las clases medias en el país, de manera muy poderosa.
Ese Pacto de 1943, afirmado en 1948, y consolidado en la Constituyente de 1949, sigue vigente. Lo han golpeado, los gobiernos, especialmente los que siguieron desde 1982, lo han debilitado en sus coberturas sociales, económicas y laborales, con algunas excepciones, donde se han fortalecido aspectos de esas Reformas, como en el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Algunos gobiernos impulsaron unas que otras leyes reformistas. Otros desmantelaron la parte estructural bancario financiera. A la clase media la han ido debilitando. La pobreza extrema y la pobreza la han mantenido con techos de 7% y 22%, como parte de un gran negocio nacional.
El desmantelamiento institucional no lo han acabado, quienes desde el Estado mismo, desde los gobiernos, desde el aparato institucional público, conspiran constantemente contra toda la institucionalidad pública, clamando por la privatización de todas las instituciones, especialmente las que son estratégicas y de gran rentabilidad.
El Coronavirus político que se ha metido en las instituciones del Estado es el nombramiento de personas en sus Juntas Directivas, y cuadros medios, que desde esas altas trincheras, conspiran contra ellas, haciéndolas trabajar mal y deficientemente, clamando por su privatización, señalando que bajo la administración del Estado son ineficientes e ineficaces. Las llevan casi “hasta la ruina”, debilitándolas, reduciéndoles sus presupuestos, para demostrar su inutilidad. Y, como sucedió en CODESA, las instituciones que eran ineficientes, pasadas al sector privado resultaron minas de oro.
El Coronavirus ha puesto en evidencia la importancia de las instituciones públicas. Todo el sector privado, en todas sus formas y manifestaciones, se está viendo beneficiado por la presencia de las instituciones estatales que están al frente de la lucha contra la pandemia y sus manifestaciones en el país, y en apoyo del sector privado y productivo.
La salud de los costarricense en general, y de la clase trabajadora, tan importante para los sectores empresariales, está siendo bien atendida en esta tragedia internacional.
Los mecanismos sociales aún debilitados de asistencia social están dando resultados atenuadores. Los mecanismos económicos del Estado están siendo dirigidos a apoyar a los sectores empresariales, con perjuicio importante de los sectores laborales, en sus salarios, sus beneficios sociales, sus pensiones, sobre los que se quiere hacer descansar una buena parte de la solución del problema que enfrentamos. Se pide el máximo sacrificio para los sectores laborales, sin que los sectores económicamente poderosos se sacrifiquen proporcionalmente en su capacidad.
Urge en este momento atender al sector micro empresarial, a las MICROPYMES Y PYMES. Esta debe ser la atención principal de todos los sectores políticos y sociales, y de los partidos políticos.
La inmensa masa de trabajadores está en las pequeñas y medianas empresas, independientemente de si en ellas existen o no sindicatos, que tienen su concentración máxima en el sector público. Una buena parte de la población está en el sector informal de la economía, casi el 50%. Una tercera parte de la Población Económica Activa está constituida por mujeres y, de ellas poco más de la mitad son cabezas de familias, que son el principal ingreso de sus hogares aun cuando tienen esposo o compañero. En los últimos meses habían empezado a aumentar los índices de desempleo y de las mujeres trabajadoras.
El Coronavirus debe hacer pensar a los dirigentes sindicales y a los dirigentes de izquierda en la necesidad de ponerle atención a estos sectores sociales, a los sectores micro y pequeños productivos, en defenderlos, en apoyarlos en su sobrevivencia, en hacerlos sus aliados naturales en esta tragedia nacional.
En la defensa de esos sectores está la defensa de todas las clases trabajadoras, incluida la clase media y los sectores de empleados del sector público.
La defensa de los sectores micro y pequeño empresariales tiene que darse acompañada de las luchas por la defensa de los salarios, los beneficios sociales existentes y las pensiones.
No es la lucha anticapitalista la que está en el orden del día. El coronavirus no es resultado del capitalismo. Es la lucha por la sobrevivencia decente, decorosa, digna lo que está en el orden del día, es la lucha contra la amenaza del hambre generalizada.
Es la lucha por asegurar las fuentes de trabajo de la inmensa mayoría de la población, por asegurar que los sistemas de asistencia y beneficios sociales públicos funcionen, por asegurar y fortalecer las instituciones nacionales que en este momento, y en frente de esta pandemia, están alzando la cara y poniendo el pecho por Costa Rica y por el pueblo costarricense. Es la lucha por asegurar los salarios y las pensiones de las personas, para poder dinamizar la economía.
Sindical y políticamente, con todos los grupos políticos existentes, se debe impulsar un GRAN ACUERDO NACIONAL, un NUEVO PACTO SOCIAL, 2020, como el de 1943, de este año 2020, que articule a todas las fuerzas sociales y políticas del país, alrededor de un PLAN NACIONAL DE REFORMAS, con miras al Bicentenario y la proyección de país que queremos para las próximas décadas, y para salir airosamente de la crisis ocasionada por el impacto del coronavirus, donde todos los sectores cedan lo que tengan que ceder, sacrifiquen lo que tengan que sacrificar, proporcionalmente a sus posibilidades. Es la oportunidad para el mismo Gobierno de articular el Gran Plan o Acuerdo Nacional del Bicentenario, y que esa conmemoración no sea nada más que una fecha a celebrar.
No se requiere para este momento el Consejo Consultivo Económico y Social de Costa Rica (CCES), creado por la Administración de Carlos Alvarado Quesada, a través del Decreto Ejecutivo No 41439-MP, a principios del año pasado. Ese Consejo está bien para reuniones, con los sectores que lo conforman en períodos normales, para consultas y para ir lentamente fraguando y cocinando leyes, acciones políticas o soluciones.
Ahora tenemos el impacto del desempleo, del subempleo, de la reducción de jornadas, de la gente que ha perdido sus salarios e ingresos, de las personas a quienes se les han disminuido sus ingresos, de los que tienen que pagar alquileres y no tienen cómo, de los altos intereses que se cobran en todo tipo de transacciones bancarias y comerciales, de cierre de micro, pequeñas y grandes empresas. Tenemos la crisis, la paralización y eventual quiebra de los sectores pequeños y medios empresariales, principalmente. Pero, el peor de todos los impactos va a ser el del HAMBRE que va a provocar esta situación si no se le entra con tiempo a enfrentarla. El HAMBRE que va a provocar mayor inseguridad social, que va a provocar MUERTES en Costa Rica.
Tenemos, resultado de las “cuarentenas” impuestas la redefinición de “trabajos esenciales”, “trabajos importantes”, en el sector privado y público, el teletrabajo, que pueden contribuir, y van a disminuir, probablemente, la tasa de empleo y agudizar la situación social. Se está poniendo en evidencia “una innecesaria” masa trabajadora, de trabajadores de carne y hueso. Aquí no van a surgir “tele sindicatos”, “sindicatos a distancia”, “sindicatos chats”, ni “huelgas, paros y movilizaciones chats”, aunque pueda haber dirigentes “chats” … en todos los órdenes. Esto va a ser parte de la reorganización empresarial e institucional que se viene superada la pandemia…el desempleo real…
Estamos ante una emergencia y se necesitan soluciones de emergencia y extraordinarias, audaces, legislativas y de acciones de gobierno. Hay que hacer un esfuerzo nacional en este sentido. Aquí debe probarse la responsabilidad de todos los sectores y actores políticos, sociales y económicos en su compromiso por Costa Rica. El Acuerdo o Pacto Nacional hacia la Costa Rica del Bicentenario debe surgir de este momento de crisis nacional y de Unidad Nacional para superarla.
Como en 1943 necesitamos de los líderes políticos y sociales en capacidad de entender el momento que estamos viviendo y el que viene.
Sinceramente, estoy seguro que los tenemos, aunque no sea fácil reunirlos ni sentarlos en la misma mesa. Es por Costa Rica, es por todos, que tenemos que hacerlo y lograrlo, y actuar con firmeza, a la altura que se nos impone, sin temores, complejos o cálculos políticos.
Enviado a SURCOS por el autor.
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