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Etiqueta: combustibles

El impuesto a los combustibles: La historia que nunca nos contaron

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista, CICDE-UNED

¿Es este un “impuesto al carbono”? ¿Quizá un “impuesto verde”? Es decir, ¿es un impuesto cuyo objetivo es desestimular el uso de combustibles fósiles y promover el cambio hacia formas de energía limpia? ¿Es entonces un impuesto animado por el objetivo de combatir los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global?

Remotamente podría tener ese aspecto. Pero hay al menos dos graves problemas que lo lastran significativamente: su mal diseño y su desconexión respecto de cualquier estrategia de políticas, más o menos integral y coherente.

En primer lugar, para darle viabilidad política y legitimidad social, un impuesto de esta naturaleza debía cumplir con al menos dos condiciones:

  • Debieron contemplarse mecanismos que redujesen su efecto sobre los grupos de ingresos medios y bajos, de modo que su incidencia se hiciera sentir principalmente en los de más altos ingresos. No es un problema fácil de resolver, pero podría intentarse por medio, por ejemplo, de algún tipo de subsidio, y mediante créditos fiscales a favor de micros y pequeñas empresas.
  • Los recursos provenientes de un impuesto con estas características, deberían destinarse principal -si no exclusivamente- a satisfacer objetivos ambientales. Claramente no es el caso, puesto que solo una fracción muy pequeña (3,6%) de la recaudación del impuesto, se destina a objetivos propiamente ambientales.

En segundo lugar, y si los objetivos fuesen realmente de combate al cambio climático, el impuesto no debería quedar como una medida aislada, sino como una pieza dentro de un engranaje mucho más amplio. Junto al impuesto, y mucho más allá de éste, se requieren al menos dos grandes políticas, ambas de amplia envergadura.

Primero, un programa de inversión a gran escala, que mejore radicalmente la calidad y eficiencia del servicio de transporte público. Se hace necesario todo un cambio cultural, que despoje al auto personal del aura de prestigio que recubre, y que lo convierte en una ambicionada meta dentro de los patrones de consumo de amplios sectores de la población. Pero es innegable que ello no se logrará si persisten las graves y evidentes deficiencias del transporte público, las cuales proporcionan un poderoso estímulo a favor del uso de ese tipo de vehículo.

Segundo, un programa de inversión, igualmente ambicioso, que promueva la migración hacia energías limpias en el transporte y en otras actividades en las que los combustibles fósiles siguen desempeñando un importante papel. O sea, más allá del limitado estímulo que el precio pueda proporcionar, es necesario que existan las condiciones efectivas para que otras fuentes de energía, realmente limpias, estén disponibles a costos razonables.

Nada de eso es posible, sin un vigoroso liderazgo estatal. Y la verdad es que el viraje ideológico que se hizo dominante desde hace más de 35 años, ha despojado al Estado costarricense de ese liderazgo. En el proceso ha proliferado un picadillo institucional, con organizaciones inconexas y sumamente débiles. En ello ha incidido una ideología que combina el antiestatismo con la idea de que la institucionalidad pública, tan solo debe cumplir un rol como facilitadora de la inversión privada en obra pública, lo que implica la privatización de facto de esa infraestructura pública. Esto ha dado lugar a un coctel tóxico: una institucionalidad débil y troceada, incoherente y muy vulnerable a la corrupción.

En el caso del transporte público ello es clarísimo, lo que ha facilitado que algunos cuantos consorcios privados impongan sus intereses a capricho, mientras las inversiones necesarias se posponen de forma indefinida, y los servicios resultan cada vez más defectuosos.

En lo que a las nuevas energías se refiere, el prejuicio ideológico impide impulsar las reestructuraciones y reorientaciones necesarias, y bloquea los necesarios mecanismos de coordinación. El ICE y RECOPE son, naturalmente, las instituciones públicas que deberían asumir ese liderazgo, en colaboración con las universidades públicas y algunas otras entidades. Un detalle curioso es que el famoso astronauta Franklin Chang tiene esto muy claro, pero, en cambio, estas ideas, absolutamente elementales, no logran taladrar la coraza ideológica que anestesia la inteligencia de las élites políticas y empresariales de Costa Rica. Debe quedar claro que esto no lo puede resolver el libre mercado. Si el Estado no asume un rol de liderazgo, el mercado a lo sumo aportará soluciones inconexas y muy parciales. Lo que, a fin de cuentas, significa no resolver nada.

Pero hay todavía un detalle adicional que no podemos omitir: el diseño actual del impuesto a los combustibles tiende a ser injusto y regresivo. Su incidencia sobre las tarifas del transporte público implica trasladarlo al bolsillo de los hogares y personas pobres. Pero tratándose del transporte privado, su peso relativo es mayor conforme más bajo el ingreso de la persona u hogar. Para micros y pequeñas empresas que requieren del uso de un vehículo, resulta una carga onerosa.

Digámoslo claro: este impuesto existe para satisfacer objetivos recaudatorios, o sea, para llevarle dinero al Ministerio de Hacienda y reducir un poco el déficit fiscal. Sus objetivos son fiscalistas y nada más. Hasta 2019, antes del impacto de la pandemia que, en 2020, e incluso en 2021, redujo la circulación de vehículos, este impuesto aportaba arriba del 11% de todos los ingresos tributarios (más de ₡ 600 mil millones en 2019). Claramente no hay detrás de este tributo ni objetivos ambientales, ni mucho menos objetivos de promoción de la equidad social.

Pero, en realidad, la existencia de este impuesto, tan mal diseñado y, en muchos sentidos, tan dañino, se explica porque no existen los impuestos que SI deberían existir, aquellos que gravan los rentas y ganancias de capital más elevadas, los grandes patrimonios privados y las grandes herencias. La cuestión es que la ideología de moda ordena que a los muy ricos de Costa Rica no se les deben cobrar impuestos, como asimismo prescribe que las corporaciones transnacionales, que tan jugosas ganancias obtienen en Costa Rica, tampoco tienen obligación alguna con nuestro país, no obstante, las beneficiosas condiciones que les ofrecemos. Pero, además, recordemos que en los últimos años se ha afirmado la tendencia que convierte las zonas francas en paraísos fiscales insertos en el propio territorio nacional, un refugio legalizado para la evitación de impuestos, en favor de un número creciente de grandes empresas costarricenses.

Es por eso, a fin de cuentas, que existe el impuesto a los combustibles: para intentar llenar una parte del hueco que abren esos manirrotos privilegios tributarios a favor de los grupos más ricos y poderosos.

Artículo relacionado: La ilusión del oro negro

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Diez con hueco

Freddy Pacheco León

«Un diez con hueco» es lo que nos están ofreciendo con un límite al impuesto único a los combustibles. Se evidencia que la mayoría de los diputados desconocen que tal impuesto a los combustibles ES INDEPENDIENTE DEL VALOR DE ELLOS, por lo que no hay tal techo útil en momentos en que, como ahora, el precio «de guerra» del barril de petróleo es el que predomina en el mercado internacional. Y decimos que es inútil la propuesta por algo muy sencillo: al dispararse el precio de la gasolina, el diésel, el búnker, el gas licuado… automáticamente disminuye la cantidad de litros vendidos, afectando consecuentemente lo recaudado vía impuesto que se determina por el número de litros vendidos. O sea (especial para algunos diputados que creen estar haciendo algo efectivo porque alguien «se los caminó»), al Estado no le conviene que aumente el precio del litro de gasolina, por ejemplo, porque disminuye la demanda y, por ende, la venta y lo recaudado por el impuesto cuando el precio internacional anda volando. ¿Cuál techo?, preguntamos.

La otra propuesta que busca disminuir, por un tiempo circunstancial el valor del impuesto único en ¢100 por litro vendido, sí produciría una disminución automática en el precio final que pagamos en las gasolineras. Para ello, habría que estimar en cuánto se reduciría y cuál sería su impacto positivo sobre actividades productivas que, en la de menos, equilibrará el faltante fiscal resultante.

Con las manos atadas

Freddy Pacheco León

Como medida extraordinaria en pro de controlar el aumento del precio de los combustibles, el Presidente Biden «inundó» el mercado petrolero para que aumentara significativamente la oferta y eventualmente se detuviera y hasta bajara un tanto su precio.

Fueron  50 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica de Estados Unidos los que se liberaron. Pero en países pequeños como el nuestro, que no tienen «reservas estratégicas» como las que maneja EUA, simplemente no se puede hacer nada por tratar de provocar una disminución de los precios internacionales de los combustibles derivados del petróleo.

El precio de nuestras gasolinas, diésel, búnker, gas licuado, etc., depende del valor internacional del petróleo y del cambio del colón respecto al dólar, por lo que el Consejo de Gobierno, poseedor de las acciones de Recope S.A., no puede hacer nada por «controlar» el precio del petróleo y el gas metano. Así, los candidatos presidenciales que  demagógicamente ofrecen bajar el precio de los combustibles, solo están jugando de populistas de derecha en campaña electoral, con la única meta de buscar  una curul legislativa, como sucede con la mayoría de los doble postulados.

RECUENTO DE LA JORNADA POPULAR EN COLOMBIA (II)

Por Carlos Meneses Reyes

La lucha por lo Humano y la Verdad por lo Histórico, van de la mano con la movilización nacional contra el mal gobierno. Lo ilegitimo presidencial por el fraude electoral y la legitimación del narco-paramilitarismo en el poder, no podrán recuperarse del sartal de errores, fracasos, ineficacia e iniquidades al que han sometido a la otra Colombia: la popular y objetivo del terrorismo estatal.

El 28 de abril de 2.021, queda como un hecho político e histórico de protesta continuada; como expresión de la conciencia nacional, por parte de un pueblo hastiado de tanta violencia, asesinatos, masacres e incumplimientos inconstitucionales; de imposiciones tributarias y cargas fiscales sobre los hombros del pueblo y clase media. De insoportable carga desmedida, de una dictadura mediática, inspirada en el odio, falsedad; con aplicación de montajes y mentiras destinados al embrutecimiento de la opinión nacional. Ante la carencia de una política internacional, acorde con la Constitución Política de 1991(CP91), despierta por enterrar el estado de cosas inconstitucional (eci), injusto, corrupto, inequitativo, de sometimiento lacayo y de rodillas al imperio.

En modo alguno el detonante ha sido la impositiva reforma tributaria. Esta se da, debido al sartal de errores políticos del sub presidente títere, que no tuvo capacidad ni visión para prever, que ante el escenario electoral, volvió a la corriente politiquera en su contra; permitiendo que la clase política clientelista, corrupta, electorera, desprestigiada, se re encauchare y lanza en ristre, contra la absurda cascada impositiva, aparezcan ahora como redentores, ante el electorado cautivo.

PARO POLITICO NACIONAL (PPN) POR TRIBUTOS MALVADOS.

Lo iniciado el 28 de abril de 2.021, corresponde llamarlo Paro Político Nacional (PPN) y la protesta es ciudadana y popular y no (solo) reivindicativa, gremial, laboral… Por ende, no sería “una protesta más”. Determina el derrotero en que un gobierno ilegitimo y narco para estatal dictatorial, caiga y deje de gobernar. Se dan las condiciones objetivas y subjetivas, para un cambio de gobierno anticipado, por uno de transición alternativa. Esto no es un querer, un pensar: es una expresión de realidad política.

En todas las ciudades de Colombia, impera la movilización popular. En los campos de Colombia, las fuerzas insurgentes esperan, en pasividad beligerante: en aplicación del principio político que son las masas populares y sus propuestas, las que callaran el ruido de los fusiles, en expresión de la verdadera vanguardia, como lo es, la movilización popular.

Siendo el mediodía del 02 de mayo de 2.021, el sub presidente Duque anuncio, por los medios televisivos que retiraba el proyecto de reforma tributarias y que preparaba la presentación de otro. Que como tal, no contará con la participación del Comité Nacional de Paro, dejando la sensación de una jugarreta, adornada con palabras, que no ocultaban el vacío de poder y en descarada finalidad de desmovilizar la protesta. Pero la decisión no trajo los efectos gubernamentales queridos y la reacción significó no mermar la protesta ni la movilización popular. La agenda de lucha contiene objetivos políticos y resaltaron las afectaciones al sector de los transportadores fluviales y terrestres, camioneros, taxistas. Los pueblos originarios indígenas, asomaron sus pliegos de protesta. Los productores del campo mostraron sus tragedias y resalto el sartal de incumplimientos, mentiras, desconocimientos y engaños, que ha sido la constante del proceder del poder de hegemonía oligárquico en Colombia, contra las aspiraciones de un pueblo masacrado.

A 03 de mayo retoma el escenario de protestas a lo largo y ancho del país. Movilizaciones y enfrentamientos de los manifestantes en varias ciudades capitales de Departamentos y ciudades intermedias, afectando a la enorme zona metropolitana de influencia del Distrito Capital. Bogotá pareciere una ciudad sitiada y el asomo de escasez de alimentos y desabastecimiento acrecienta. A ello se suma la decisión de CorAbastos, integrado por comerciantes mayoristas, minoristas, gremios de coteros, camioneros, carretilleros, compradores, vendedores; disponiendo participar en el Paro y con represamiento y bloqueos de entradas y salidas de la Corporación. Este panorama es una constante a agravarse en varias ciudades del país, por la permanencia de los bloqueos en calle y carreteras, que impiden el flujo de vehículos. En tanto la represión se generalizo y la fuerza policial y el ejército disparan a matar a manifestantes en zonas urbanas, suburbanas y rurales, para mantener despejadas las vías de acceso.

A 04 de mayo el cuadro de violaciones de los Derechos Humanos alarma a la comunidad internacional. Organismos del Parlamento Europeo, Naciones Unidas, Senado de Estados Unidos, descalifican el uso desmedido de las fuerzas represivas en Colombia. En Cali, resultó agredida con disparos una Misión de Observación de Derechos Humanos de las NN.UU. Se revelan cifras de 18 jóvenes baleados en los ojos y cara por francotiradores del escuadrón policial ESMAD. “Disparan a matar. Disparan a los ojos de los jóvenes”, circula en las redes sociales. Aumenta el número de asesinados en las calles por irrupción de los efectivos policiales a condominios y conglomerados en barrios residenciales. Se registra el escandaloso numero de 89 desaparecidos, durante los últimos tres días de protestas, de manifestantes detenidos y no se sabe de su paradero. Se señalan 45 desaparecidos en la ciudad de Cali, 18 en Bogotá DC, 14 en Medellín. Personas que salieron el día de las protestas y no han regresado a sus hogares. Se registran nueve abusos sexuales por parte del Esmad, incluida una acusación de violación a una manifestante detenida, como derrotero del compartimento de la tropa asesina. Conmocionó a televidentes el asesinato, por parte de un policía motorizado, al joven Andrés Murillo, de 17 años, en la ciudad de Ibagué. Iba caminando con dos compañeros y un transeúnte arrojo una piedra a un agente de la policía que iba en su moto. El asesino profesional, sacó su arma y disparó contra la humanidad de Andrés, acribillándolo de dos disparos: uno en el tórax y otro en la cabeza. La atribulada madre les gritó a policías a la entrada del hospital: “Dispárenme a mi, para poder acompañarlo”.

Ante los enfrentamientos de las últimas horas en Bogotá, DC, el desprestigiado ejército, made in Usa, dará “asistencia militar” en 18 puntos de la metrópoli.

Mañana 05 de mayo, el Comité Nacional de Paro, anunció movilización nacional de protesta. Tal como se indicó, sin necesidad de orden u orientación del Comité Nacional de Paro, las movilizaciones se vienen dando todos los días, en todo el país. Esto permite indicar un estallido de rebelión generalizada, que genera hechos políticos que redundaran en la conducción de la Nación colombiana, en estos días.

DE LA ASISTENCIA MILITAR.

Por orden presidencial el comandante del ejército está actuando directamente en el control de las manifestaciones. Un precedente inédito y tomado luego de un Consejo de Seguridad en la ciudad de Cali y en el que el alcalde, elegido por voto popular, siendo relegado, acepta, sumisamente, declinar la faculta constitucional de ser el responsable del orden público en la ciudad. Él mismo se aisló, rumiando, en sus pensamientos, la carencia de tacto y consecuente decisión.

Corresponde analizar si la Ley 180 de 2.016, que creo el Código de Policía, podría aplicar a la reglamentación de emergencia de la normativa constitucional, que debe ser por Ley Marco o Especial. Si el artículo 170 del Código de Policía, por consagrar la solicitud de “asistencia militar”, contraria el espectro o soporte jurídico necesario, toda vez, que el ejército (fuerzas armadas) están entrenadas para el conflicto armado y/o defensa de las fronteras y no para la seguridad y convivencias ciudadanas.

Ese artículo 170, que aves de mal agüero le dictan al sub presidente colombiano, dentro del cuerpo normativo de función policial, viola los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La función principal del ejército no es la del control de disturbios internos. Procede una acción de inconstitucionalidad, para que la Corte Constitucional, defina entre la contradictoria dicotomía en el texto constitucional (CP91), articulo 218, que consagra que la Policía es de “naturaleza civil” y el articulo 216 ibidem, que la recicla “Y” asocia a la Policía, junto a las fuerzas militares, como fuerza pública. Hasta tal punto que la Policía en Colombia, en la práctica sea una policía militar, estratificada con grados de milicos y chafarotes. Hasta los hay “generales”.

EL COMITE NACIONAL DE PARO ANUNCIA QUE EL PARO CONTINUA

Con fecha de 03 de mayo de 2.021 se anuncia, en comunicado, que el paro continúa, enfatizando que el retiro del proyecto de reforma tributaria significa el triunfo de millones de colombianos y colombianas que se han movilizado durante seis días contra las fuerzas armadas de ejército y de policía del Estado, ensañados en cercenar las libertades y garantías democráticas en ejercicio de la protesta social y que han dejado decenas de asesinados, centenares de heridos y numero registrado de desaparecidos y violados sexualmente por la jauría represiva. Que la gente en las calles está pidiendo mucho más, puesto que a la protesta social no se le puede colocar limites, como pretende el Fiscal General de bolsillo, del régimen. Que el gobierno nacional ha sido sordo al llamado a resolver las abultadas reclamaciones en los aspectos políticos económicos, sociales, de conflicto armado interno, de preservación ecológicas. Que existen acuerdos incumplidos con el pueblo y sus organizaciones y que nunca se ha dispuesto la instalación de una mesa de negociación y concertación con los representantes y voceros del Comité Nacional del Paro Nacional, centrando las reclamaciones de Garantías y libertades democráticas, des militarización y cese de masacres y desmonte del Escuadrón Policial de la Muerte, conocido como el ESMAD. Que aún se espera, se negocie el Pliego de Emergencia presentado desde el año 2.019, como resultado de la movilización del 21 de noviembre de 2.019 ( 21N), en desarrollo del Paro Nacional y que solo en Bogotá movilizó a más de un millón y medio de personas. Se mantiene olvidada y desconocida ala Minga Indígena.

CON LAS NUEVAS, LAS PETICIONES SE RESUMEN ASÍ:

En cesar la privatización de la Salud en Colombia, retirando el proyecto de Ley 010 sobre Salud y que atornilla a las fatídicas EPS como unidades de control financiero de la Salud y la limitante a la autonomía médica. Ante la pandemia por el COVID 19, el reconocimiento de una Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual. Defensa de la producción agropecuaria nacional; así como de la industrial, artesanal, campesina. Otorgar subsidios a las Pymes, pleno empleo, soberanía y seguridad alimentaria. Matricula cero y la alternancia educativa; así como la no discriminación de género. Suplir las reclamaciones de Transportadores y del servicio público de transporte, entre otras. Resulta imperativo, en Colombia, detener la erradicación forzosa de cultivos ilícitos e impedir la fumigación con glifosato. Esto afectaría la situación de miles de familias acogidas al plan de sustitución voluntaria y lo Acordado en los Acuerdos de la Habana, con el grupo rector desmovilizado de las Farc-ep.

En fin las reclamaciones ascienden a más de 120 peticiones. El Comité de Paro está integrado por la CUT, la CGT., la CTC, Fecode. Se sustenta en la Asamblea General de Delegados nacionales de organizaciones, sociales, populares y políticas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La situación colombiana no se puede circunscribir a que las protestas sean o no pacíficas, acudan a acciones violentas y desmanes o concluyan en llamados a la cordura y convivencia. Las provocadoras actuaciones del sub presidente de la república, resultado de ineficacia e ingobernabilidad, han generado hechos políticos con perfiles incontrolables. La prueba está, en que la retirada tardía del proyecto de ley de reforma tributaria abusiva y malvada, no trajo consigo el encauzamiento del orden público alterado. Por el contrario, se ha dado un “efecto dominó” y surgido el estado de indignación acumulado por la muerte selectiva de líderes y lideresas sociales, las masacres sucedáneas y sistemáticas, en un país sitiado por el conflicto armado interno, colocado de espaldas al mismo por la aplicación de una política de hegemonía oligárquico contra insurgente. De manera que el conflicto social generalizado transmuta hacia una situación ingobernable, como resultado de los hechos políticos sucedidos, aparejada con sublevación o resistencia hacia todo lo gubernamental, que en el caso colombiano están muy bien determinadas. Los ideólogos de la secta-que no partido- en el gobierno, lo llaman vulneración del “principio de autoridad”. Critican al sub presidente y agitan el abanico para avivar el juego. Reconocen lo grave de la situación institucional y dan patente de corso para que el tropero general Zapateiro actué y si es necesario asuma las riendas del poder presidencial. En tanto, el mancillado sub presidente, no solo por la oposición, como por sus otrora colaboradores del bloque dominante, aparece en un inusual mensaje televisivo, que nada aporta a salidas efectivas a la problemática y caótica situación atravesada. Con gesto penoso, lamentable y ridículo, cual un mea culpa a futuro. No cabe aquí adentrarse en un análisis de correlación de fuerzas, ni de supuestos o previsiones; como tampoco de premoniciones. Pero si las fuerzas alternativas democráticas y la izquierda no actúan, conforme a la situación actual y demuestran que están preparados para lo de la vocación de poder, a todo dar, equivocan seguramente lo dado actual de, donde, a dónde y cómo, va el agua al molino.

EL PROBLEMA DEL ACTUAL CONGRESO

Todo el modelo económico y de corrupción confluye a los integrantes de senado y cámara de representantes. Pero este diagnóstico se extiende a toda la rama legislativa del poder público: diputados, en los Departamentos y concejales en los municipios.

Un referéndum para un gobierno de transición que revoque el mandato a todos los actuales congresistas, diputados y concejales, adelantando las elecciones, sería lo alternativo a hacia una Nueva Colombia.

Las protestas continuaran… La iniciativa popular centra en la instalación de Cabildo Popular Abierto, en los municipios. El paro indefinido en calles y carreteras y la caída del sub presidente impuesto e ilegitimo.

UN PARENTESIS SOBRE LO ACTUADO

Con sacrifico académico, no me detengo en analizar la inercia política de los manifestantes en coincidir en la renuncia del presidente y a que conlleva, la misma. Lo que no puede llevar a equívocos es la reflexión crítica sobre la realidad. La opinión pública tiene factores, valores o referentes claros al respecto; pero el peso del contenido político es el que incide.

Comienzo por detenerme en resaltar la calificación de las protestas sociales, ocurridas en las múltiples movilizaciones y enfrentamientos. Pese a que se han dado situaciones de saqueos, de salidas contrarias al objetivo de las movilizaciones o marchas; estas no califican, o no existen elementos de juicio para concluir que lo fueron, o han sido de una manera generalizada, sistemática y constante. Ello no me exime de abordar el asunto en el plano que los estudiosos del movimiento de masas (Gustave Le Bon y José Ortega y Gasset, entre otros). Estos han comenzado la exposición del asunto en relación con la conversión o transformación del hombre-masa y la perdida temporal de la personalidad consciente. El manifestante, en el furor de las arengas o consignas, sufre una suplantación por la “mente colectiva” de la masa. Por lo general atribuyen el dominio de una aplicación de unanimidad, emocionalidad, seguimiento, que raya en la irracionalidad. Menciono esto en atención en la sustentación en los estrados judiciales de sindicados por desmanes y el aspecto de la inimputabilidad. Pero en los elementos de previsión, pareciere que en el cálculo realizado con antelación, en el proceso volitivo del manifestante, en las ciudades, prima una pre concepción de valores contrarias a las de los estereotipos inculcados (Modelo establecido y aceptado de conducta, expresión u otra manifestación conocidas). Así, por ejemplo, preguntarnos: -porqué atacan los Transmilenios, los destruyen, siendo un vehículo de uso transportable, necesario tanto colectiva como individualmente considerado. La respuesta que obtengo es que en ese hombre-masa hubo un cálculo realizado con antelación. Las Estaciones de Transmilenio no son para él una “cosa pública” y por ende, tampoco los buses. Sabe que Transmilenio no corresponde al Estado, que sus dueños y aprovechadores de enriquecimiento son 15 familias de la oligarquía bogotana que los usufructúan, gracias al proceso de privatización a ultranza. Estos aprovechan el servicio o concepto de “publico”. Sugestivo que el transporte público colectivo sea llamado en Cali, “MIO”, que es dominio privado. Lo mismo argumentar en el caso de ataques a sedes bancarias. Existe en el imaginario colectivo y en particular en el caso individual de comportamiento analizado: él, a prejuzgado con anterioridad, que está frente a entes parasitarios que esquilman sus esfuerzos y ahorros monetarios y estallan por el rebrote ante esa frustración e indignación. Qué no decir de ataques a la cuestionada policía y su carga histórica criminal y a las sedes o CAIS, donde ha rondado el empoderamiento de la muerte a los detenidos. Así, podríamos resaltar por qué en dos o tres ciudades atacaron sedes oficiales; pero sobre todo oficinas del Registro, que abordaría para el análisis en el efecto del resultado de un sistema electoral corrupto, tramposo e impune. Al examinar el saqueo a almacenes, la imagen de respuesta de los manifestantes fue la de exigir a los saqueadores la devolución de las mercancías robadas. De manera que sirva el abordar este tema como abre bocas, para dejar sin argumentos el calificativo mediático infundado de ser los manifestantes en las refriegas de las duras protestas realizados, simples “vándalos”.

 Cumplo así con mi promesa de una segunda entrega sobre el análisis del pasaje histórico por el que pasa la Nación colombiana. Promisorio, promisorio, indiscutible mente promisorio.

Que sea ensordecedor el grito de protesta popular y calle el tronar de los fusiles.

Recuento de la jornada popular en Colombia (I)

Por Carlos Meneses Reyes

El movimiento popular en Colombia pasa por una prueba de fuego, en la que le corresponde demostrar la eficacia y peso político en el cambio del derrotero anti popular, con el que se ha ensañado el gobierno derechista del binomio Uribe-Duque.

Desde el día anterior al inicio del Paro Nacional, arrancaron los abusos de la policía contra los estudiantes en la capital de la república, con decenas de allanamientos sin orden judicial al Colectivo feminista DEGENERO y al Grupo de Estudio y Organización Estudiantil ANARKISTA; como también a varios sindicatos.

El día anterior al Paro Nacional, el país fue sorprendido por una arbitraria decisión judicial expedida por el Tribunal de Cundinamarca, con ponencia de la magistrada Nelly Villamizar, en la que ordenaba, exprofeso y en forma oficiosa la suspensión de la protesta popular del 28 de abril de 2.021. Aplicando una jurisdicción inexistente, puesto que para protestar no se requiere permiso. Jamás en la historia de las actuaciones judiciales en el país, por un acto propio de dictadura judicial, se había violado en forma tan fantasiosa y carente de fundamento el espíritu de la Constitución Política de Colombia(C91); careciendo de eficacia tal decisión y colocando a la susodicha funcionaria como sujeto incurso en el delito de prevaricato y sanciones disciplinarias. Se abrogó una jurisdicción nacional disponiendo que todos los alcaldes del país debían acatar la nulidad de esos actos de “permisos” y el que la orden de suspensión la haya dirigido al Despacho del anterior y fallecido ministro de la guerra, deja mucho que desear de su proceder patético.

Como normas constitucionales violadas por la magistrada Nelly Villamizar mencionamos: Artículos 3, 57, 12,157 in si tu. Código Penal Artículo 413. Prevaricato por acción

De la misma manera, la revocatoria de la orden de la Alcaldía Distrital de Bogotá, en cabeza de la Alcaldesa Claudia López, a la instalación, en la Plaza de Bolívar, de tarimas y permisos de audios y la difusión del libre pensamiento de los ciudadanos congregados, es un abuso de autoridad y viola los derechos fundamentales y de soberanía popular. Así como las advertencias del Ejecutivo, sobre los Paros programados, resultan dictatoriales.

La orden de Paro Nacional emitida por el Comité Nacional de Paro, se cumplió con marchas en todas las capitales de Departamento del país y en 660 municipios marcharon en protesta contra el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno del binomio Uribe-Duque, al Congreso.

En Colombia estratifican los sectores de clase, conforme a la capacidad económica de 1 a 6. La esencia del proyecto de cargas tributarias pretende afectar a los sectores populares, de la clase media, pequeños y medios productores; cargando o imponiendo el IVA a los productos y servicios de sostenimiento esencial de la canasta familiar y combustibles, servicios funerarios e insumos agrícolas. A los servicios públicos en estratos 4,5 y 6, de clase media. Resalta el que las exenciones y gabelas a los adinerados nacionales, casa-tenientes, terratenientes, latifundistas, ganaderos, dueños y amos del sector financiero, y multinacionales asentadas; así como a extractivistas de los recursos naturales, en el escenario del blanqueo y legalización de capitales del narcotráfico, no son tocadas y continúan en el paraíso de su reinado impune y corrupto. Tan solo mencionar la iniquidad plasmada en las billonarias sumas de dineros dadas al sector financiero y a las mafias blancas de las EPS, del Sector Salud, durante los avatares de la pandemia y la negación a sostenimiento digno estatal a desempleados, informales, medianos y pequeños empresarios y comerciantes.

Además de la protesta contra tan lesiva e inoportuna reforma de tributo fiscal, la indignación popular enfiló en la denuncia por el asesinato selectivo de líderes y lideresas sociales, ataques sistemáticos y masacres a comunidades campesinas, población afrodescendiente, pueblos indígenas, la discriminación de género, de población LGTB. Contra la corrupción generalizada. Contra la fumigación de cultivos ilícitos y erradicación forzada. Por la defensa de la educación pública y contra la privatización de la salud. Por el cese de los asesinatos contra los exguerrilleros desmovilizados y por el cumplimento e implementación a los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, con parte de las desmovilizadas Farc-Ep, que se acogieron a desarmarse; siendo engañados por un Narco Estado- Casino.

El Paro Nacional fue extendido por sus organizadores hasta el día 29 de abril. Las subsecuentes protestas populares se han dado hasta el día 30; proyectándose las mismas para el día sábado 1o de mayo, pese a que en la mayoría de las ciudades capitales de Departamento, aplican medidas de control social por efecto de la pandemia del corona virus. (Covid19).

El escenario de protestas se ha centrado en varias ciudades capitales de Departamento, como Barranquilla, Pasto, Cali, Medellín, Bucaramanga, Tunja, Bogotá DC y varias ciudades del Departamento de Cundinamarca, cercanas a la capital del país.

En la ciudad de Cali la jornada popular de protesta no ha sido interrumpida durante los días 28,29 y 30 de abril y 1o de mayo, pese a las medias de militarización de la ciudad y la imposición del toque de queda desde la 1pm. Prácticamente, el pueblo está volcado a la calle. Ahora a la ciudad de Cali se le llama Puerto Resistencia.

Son múltiples los actos de barbarie policial. Uno de los sucesos más dramáticos lo constituyó el asesinato de Marcelo Agredo, un joven de 17 años. El Joven le pegó una patada a un policía que iba en la moto y salió corriendo. El policía sacó su arma de dotación y le disparo, desde la moto, por la espalda y a la cabeza, matándolo en el acto. El padre del joven, Armando Agredo Bustamante, habló para Noticiero CM& y visiblemente afectado aseguró que: “Mi niño falleció allí a consecuencia de un tiro que le metió un agente de policía. Mi hijo atacó al policía de una patada, pero en el cual no era conveniente de que me le disparara a quemarropa a quitármele la vida”, cita Publimetro Colombia.

El 29 de abril, en Cali, Leydi Cadena recibió herida de bala o perdigón en su ojo, atribuido al Esmad de la Policía, cuando caminaba durante el desarrollo de las protestas. Fue operada y se prevé pierda ese órgano visual.

En la tarde del 30 de abril, la policía detuvo a varios miembros defensores de Derechos Humanos, quienes asistían en el escenario de la movilización popular. Vídeos registraron el momento del hecho.

También denuncian el asesinato de 7 personas en Cali en barrio Calipso, por parte de la policía, que disparó en forma indiscriminada contra los manifestantes. La denuncia fue echa por parte de los senadores Feliciano Valencia y Wilson Arias, a través de sus cuentas Twitter y grupos de WhatsApp y Colectivos de Derechos Humanos de Cali. Son cientos los videos e imágenes de confrontación con la fuerza pública, en que reitera el accionar armado de la policía, mientras las organizaciones denuncian abusos en diferentes partes de la ciudad. La mediática falsaria pone en duda estas denuncias y permite la dilación de un pronunciamiento oficial al respecto. De igual manera registran saqueos a comercios y bancos.

Pese a la gravedad de la situación, el alcalde de Cali, no asumió las riendas como responsable del orden público en la ciudad. No presidió el Consejo de Seguridad. Fue subsumido por la presencia del ministro de la guerra, quien prácticamente lo desplazó en sus funciones. Además, habló y dispuso por él, junto con el Ministro del Interior. Mutismo total. Salió a relucir la danza de millonarias recompensas, acudiendo a los sapos para neutralizar la protesta social. Cali está totalmente militarizada y han llegado refuerzos de la policía y el ejército a la ciudad. Se sentó el precedente de la militarización de la ciudad. El sub presidente lo denomina de “asistencia militar” y en un tono de creerse superior y menospreciando al clamor popular, se mantiene en no retirar el fatídico proyecto de reforma tributaria, permitiendo que los ánimos caldeen y a ojo de buen cubero, preparar la arbitraria declaración de un estado de conmoción interior en Colombia.

Diferentes Portales a abril 30-2.021, registran La terrible violencia del Esmad. Noche de terror: el ESMAD desbordado contra la gente. Ha sido una horrible noche la de este viernes 30 de abril. La Fuerza Pública ha salido a las calles a sembrar el terror. Las imágenes son escalofriantes. En Pereira una tanqueta de la policía atropelló a personas que se manifestaban en la calle de manera pacífica. Aún no se sabe cuántos heridos dejó

El 30-04 Líderes de dignidad camionera se reunirán este sábado para decidir si se van a paro. Ya hoy, 1o de mayo, han anunciado que a partir del lunes 3 de mayo comienza el Paro Nacional de Transportadores, camioneros etc.

Por «glorificación de la violencia» Twitter sanciona al expresidente y exsenador cuestionado.

Durante todo el viernes 30 de julio las redes sociales tuvieron como tema el trino en donde el expresidente justificaba la violencia de las fuerzas armadas, indicando que podían utilizar las armas de dotación contra los manifestantes a quienes califica como “terroristas”. Un inequívoco gesto de apología al delito. Lo terminó pagando. Llamó al ejército y policía a que usaran sus armas para defenderse. Esto generó reacción en su contra. La primera reacción se dio por parte del alcalde de Medellín, que fue quien pidió a Twitter le cerrara su cuenta, por representar un peligro para la tranquilidad y seguridad ciudadana, incitando a acciones de Terrorismo de Estado. También en el Senado hubo insultos contra el expresidente y exsenador. Lo tildaron de «Degenerado, viejo cacreco» El congresista Inti Asprilla, fue uno de los miles de colombianos que reaccionaron ante el trino del expresidente en donde apoyaba el uso de la violencia de la policía y el ejército.

La youtuber y activista de derechos humanos, Lalis, respondió fuertemente al trino del expresidente, a quien señaló de máximo responsable si algo le llega a pasar. Expresó:” Si no vuelvo a casa, me mató el Estado, por orden de Uribe»(30 de abril)

También se registra la indignación del innombrable porque el INPEC salió al Paro. Desde su cuenta de Twitter, el expresidente denunció a varios funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que salieron a rechazar la reforma tributaria. Es sabido que los miembros del Inpec, no son fuerza policial, como empleados públicos.

Se asocia los asesinatos por disparos indiscriminado a manifestantes y el asesinato de 7 ciudadanos, como efecto de la orden y dispensa dada por el señalado autor del Twitter y firmes en la exigencia que se investigue “Quien dio la orden de disparar”.

También se relaciona como influencia antisocial del expresidente la denuncia del inusitado despliegue, en números, de efectivos de la fuerza pública, para la defensa y protección con tanquetas, del Centro Comercial de los hijos del expresidente, ubicado en Engativá. El CC. “Nuestro Bogotá”, fue inaugurado el pasado 15 de abril. Es uno de los emprendimientos multimillonarios de Tomás y Jerónimo Uribe, que podría ser blanco de las protestas contra la Reforma Tributaria promovida por Iván Duque quien pertenece al Centro Democrático, la secta, que, no partido, del innombrable o “Matarife”

En Cali, el congresista Wilson Arias interpeló a una patrulla de la policía y los obligó a dejar libres a unos jóvenes que protestaban pacíficamente y que eran torturados dentro de una patrulla policial. Otro congresista de apellido Orduz, reclamó a una patrulla policial en la carretera, en un puesto de entrada a la ciudad de Tunja, al observar a policías, vestidos de civil con ruanas, camuflados como campesinos, para enfrentar a manifestantes que comenzaban a concentrarse en el lugar. En el vídeo queda registrado la aceptación del oficial de estar bajo su mando en “asuntos de inteligencia”.

Se demostró que no se requirió de la orden de convocatoria del Comité Nacional de Paro, para salir a marchar y protestar el 1o de mayo. La dinámica de movilidad de masas esta activada en Colombia. En muchas ciudades del país se sucedieron marchas de protesta, no solo exigiendo el retiro del atacado proyecto de ley de reforma tributaria, sino expresamente la renuncia de Duque.

En las ciudades de Bucaramanga, Barranquilla, Pasto, Neiva, Medellín, Cali y Bogotá, las marchas populares fueron multitudinarias.

Como respuesta a la militarización de la ciudad de Cali, la Minga Indígena, en vocería del Concejero mayor del CRIC, Hermes Pete, manifestó que “No habrá fuerza pública que alcance para reprimir al pueblo” y en consecuencia, para ellos, hoy realmente inicia el Paro. De frente, resistiendo. A los congregados en el parque de Santa Librada el paso de dos helicópteros artillados, a muy baja altura de la multitud, los alertó como acto de intimidación a la libertad de reunión y expresión.

En Bogotá D. C las marchas de manifestantes no se dirigieron al centro de la ciudad, como es usual los primero de mayo, sino que enrutaron en dirección al Norte. Miles de jóvenes llegaron al Monumento de los Héroes y continuaron en bulliciosa marcha, de horas, hasta la carrera 7 con calle 147, lugar de residencia del sub presidente. En ese sitio se concentraron, pero fueron dispersados por tanquetas del escuadrón policial de la Muerte, el Esmad. Toda una tarde de tensión y enfrentamiento en vecindarios de gente adineradas, que no ocultan malestar por la presencia de tan demeritado vecino…

Se haría interminable la relación de más sucesos en esta convulsionada Colombia, que merece el análisis político de tan difícil paso por el que transita y que abordaré en próxima entrega.

RECOPE y APM, monopolios

Freddy Pacheco León

Un señor Fernández del Instituto Libertad, templo de Milton Friedman y su cofradía neoliberal, clama en El Financiero «¡Rompamos los monopolios creados por ley para crear riqueza y prosperidad!».

Más allá del engaño, comentamos lo siguiente: Hay monopolios importantes para el país. Recope es uno de ellos, pues el abastecimiento energético con combustibles fósiles, es una función estratégica que ha de estar bajo control del Estado. Si alguna empresa quisiera competir con Recope, además, se enfrentaría ante la necesidad de, al menos, duplicar la infraestructura que los costarricenses hemos venido financiando bajo el alero de esa sociedad anónima del Estado. O sea, desde el muelle petrolero, tanques de almacenamiento, control de calidad de todos los combustibles, estaciones de bombeo, cientos de kilómetros de poliductos, planteles de distribución, personal administrativo, etc., con el agravante de que, para resarcirse de esa inversión de miles de millones de dólares, su combustible tendría que venderse no solo más caro que el que nos ofrece Recope, sino también buscando una ganancia sustantiva.

Pero como Recope funciona sin fines de lucro y los gastos administrativos rondan solo el 7%, y calificada por Fitch Ratings como AAA, sus precios seguirían siendo muchísimo más baratos que los de la supuesta empresa competidora.

Es de esperar, por tanto, que no haya en el mundo empresa seria que estuviera siquiera considerando tan mal negocio. Por otro lado, ¡claro que hay monopolios indeseables!, como, por ejemplo, el que crearon con el muelle de APM, que por decisiones administrativas, lo encargan del trasiego exclusivo de todos los contenedores que se trasiegan en Limón, pese a que las terminales portuarias de Japdeva tienen mayor capacidad de funcionamiento.

Y así otros ejemplos propiciados desde el incompetente Consejo Nacional de Concesiones.

Descarbonizar la economía con soluciones reales

COECOCEIBA, mayo del 2018

 

La descarbonización fue el gran tema del hoy presidente Carlos Alvarado, durante la campaña electoral. Este concepto fue mencionado un sinfín de veces pero su contenido, es bien amplio y nunca se precisó cuáles acciones se llevarían a cabo para hacerla realidad. En este sentido, la descarbonización nos recuerda el cambio, caballo de batalla del ex-presidente Luis Guillermo Solís. Con esto resaltamos que puede ser cualquier cosa y por esto mismo, puede decepcionar a mucha gente.

En este sentido, las declaraciones del Señor Ministro Carlos Manuel Rodríguez[1] son más que pertinentes: porque por un lado nos dice que la descarbonización es disminuir la huella de carbono de las actividades productivas del país y por otro lado, hace énfasis en que esto se logrará cuando el país, baje el uso de combustibles fósiles que hoy consumimos. En su intervención, el Ministro Rodríguez enfatiza el sector de transporte de personas -público y privado- como el principal actor en lo que se refiere a producción de emisiones. En otros documentos que analizamos[2], no se desprende tan claramente qué es la descabonización.

Pareciera entonces, que el nuevo gobierno dirigirá sus esfuerzos para buscar la descarbonización de la economía al sustituir los combustibles fósiles por otros (electricidad y posteriormente hidrógeno) en el transporte público y privado de personas. De los documentos analizados, también hará algo en materia energética (investigación en biocombustibles, estimulo de fuentes renovables no convencionales, en mantener y darle mayor fuerza legal a la declaratoria de país libre de exploración y explotación petrolera y de gas natural), en materia de transporte (sustitución de la flotilla vehicular a futuro por una eléctrica, mejorar transporte público de pasajeros en área metropolitana con un tren o metro); y declarar a Costa Rica como país carbono neutral en el 2021. Además y “paralelamente en un Laboratorio Mundial de Descarbonización mediante la inversión y búsqueda de investigación y tecnología que apunte a los sectores estratégicos para la reducción de emisiones como transporte, agricultura, ganadería y residuos; así como en el manejo de sumideros de carbono (planes de uso del suelo, reforestación, deforestación evitada, etc). Para esto será vital la captación de recursos por medio del Fondo Verde del Clima.

Esta propuesta a nuestro juicio, puede quedarse en los síntomas sin atacar la enfermedad. En materia de transporte el énfasis está puesto en el de personas dejando de lado el transporte de carga cuando también es una fuente importante de emisión de carbono. Si bien es importante tener un sistema de transporte de personas, es necesario tener mayor énfasis en el público y no centrarse tanto en el privado a través de las acciones propuestas en vehículos eléctricos porque finalmente, los mismos cuentan con una huella de carbono y adicionalmente, tampoco solucionan otros problemas asociados como la congestión vial y por ende, la mala calidad de vida. Las acciones en materia energética pueden conllevar, en el caso de los biocombustibles, a generar mayores emisiones debido a posibles talas, además de que es repetir caminos ya transitados por otros países donde se ha comprobado que esta no es una fuente de energía sustentable porque además de la tala, sustituye la siembra de alimentos, entre otros impactos.

Creemos que esta propuesta de descarbonizar la economía, conlleva grandes retos. De parte nuestra, proponemos las siguientes acciones como parte de ese esfuerzo por descarbonizar la economía:

  • fortalecer la agroecología como la forma de producir alimentos en forma sustentable que se basa en unidades familiares de pequeña escala que producen con base en la diversidad. En nuestro país existe un gran número de iniciativas que indican que con mayor apoyo vía políticas públicas, pueden ser una fuente más que importante para suplir al país con alimentos que nos garantizan además, salud.[3] De esta forma, no se fomentaría los nocivos monocultivos que son una fuente importante de emisiones;
  • promover y fortalecer el manejo comunitario de bosques mediante políticas públicas que garanticen a las comunidades el derecho a manejar sus bosques. Esta actividad garantiza una mejor conservación de los bosques, disminuye la deforestación y degradación de los bosques, garantiza una mayor biodiversidad y además, fortalece a las comunidades y Pueblos Indígenas.[4] Con todo lo anterior, se garantiza menos emisiones y mejor calidad de vida. En el acuerdo que el actual presidente firma con el Frente Amplio se hace referencia al fortalecimiento de bosques comunitarios, creemos que esta propuesta que hacemos cabe dentro de este acuerdo;
  • mantener con fuerza la buena decisión de que el país sea libre de exploración y explotación petrolera y de gas natural. Esta decisión fue tomada por un gobierno anterior gracias al trabajo de comunidades principalmente del Caribe, movimientos sociales, organizaciones ecologistas que trabajaron seriamente durante muchos años;
  • el país no debe ser parte de la Alianza del Pacífico dados los impactos que conlleva en nuestra agricultura. Creemos que sería importante analizar los impactos que a nivel de huella de carbono tiene los demás tratados de libre comercio: cuanto nos cuesta un saco de frijol traído de China o las papas de Canadá por nombrar solamente dos productos que además, impactan negativamente nuestra sociedad.

Si el gobierno de Carlos Alvarado en realidad quiere descarbonizar la economía, hay iniciativas que con tan solo fortalecerlas, caminaríamos hacia buen puerto. Adicionalmente, se fortalecería a muchas comunidades y contaríamos con mayor salud ambiental y personal. Ojalá y este tema, no se convierta como el cambio esbozado por el expresidente Solís, algo que se escuchaba bonito pero dada su amplitud, no fue llevado a cabo y generó mucha frustración. De parte nuestra, colaboraremos como lo hemos hecho siempre, a través del fortalecimiento de estas soluciones que existen y han probado su eficacia. ¿Se nos unirá el gobierno?

 

[1]Véase https://www.youtube.com/watch?v=WSyJ6ZRYv1E

[2]Consúltese plan de gobierno: “Creer y crear la Costa Rica del siglo XXI” así como los acuerdos que marcan su agenda: Gobierno Nacional: acuerdo por la esperanza, la equidad y el desarrollo suscrito con Rodolfo Piza; documento con el mismo título suscrito con el Frente Amplio, Acuerdo Nacional entre los partidos políticos con representación legislativa por la Costa Rica del Bicentenario.

[3]En esta nota, https://www.foei.org/es/noticias/alimentar-al-mundo-proteger-nuestros-bosques-un-cambio-de-sistema puede ampliarse sobre el tema y además se recalca que es el campesinado quien alimenta al mundo y no las grandes corporaciones y sus monocultivos.

[4]Consúltese https://www.foei.org/wp-content/uploads/2018/04/El-Manejo-Comunitario-de-Bosques_SP.pdf

 

Imagen tomada de http://www.vocesnuestras.org/2016-02-08/hora-movimientos-sociales/manos-tierra-agroecologia-autonomia

Enviado por Coecoceiba.

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El precio de los combustibles: un debate no ideológico

Greivin Salazar Álvarez*

 

Semanas atrás se realizó el VII Congreso de Energía, organizado por la Cámara de Industrias de Costa Rica, siendo el tema de los precios de los hidrocarburos en el país uno de los que más interés despertó en su audiencia.

A nivel nacional, se ha generado un cierto debate sobre este particular, el que por momentos ha tendido a ser muy ideológico; considerando sólo las visiones extremas, por un lado se encuentran los “aperturistas”, cuya posición se resume en que los precios de los combustibles en el país son altos porque se está en presencia de un monopolio estatal en manos de RECOPE, con una estructura de costos y gastos ineficiente, que además se ve impactada por los privilegios con que cuentan sus empleados en el marco de la respectiva Convención Colectiva, en consecuencia, la solución es abrir este mercado a la “competencia”; por otra parte, están los “estatistas”, menos mediáticos que los primeros, quienes se muestran a favor de la “defensa” de la institucionalidad costarricense.

Sin embargo, antes de valorar ambas posiciones y de hecho, externar la contenida en este artículo, es necesario tener presente algunas consideraciones previas alrededor del tema:

  1. A nivel centroamericano, Costa Rica compra (importa) la mayoría de derivados del petróleo al más bajo costo (CEPAL) y además vende los combustibles de mayor calidad (RECOPE, con base en Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central).
  2. Según estimaciones de la Cámara de Industrias de Costa Rica, el margen con que trabajan las refinadoras de petróleo, relativamente eficientes, es de 7 dólares por barril.
  3. En el país, el impuesto sobre las gasolinas es el más alto de la región, ronda alrededor de los 43 centavos de dólar por litro, seguido por Honduras con 33 centavos, mientras que en Panamá apenas es de 0,16 centavos (RECOPE, con base en Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central).
  4. Las variaciones en el precio internacional de los combustibles, tardan aproximadamente entre 35 y 45 días para verse reflejadas en el monto que pagan los consumidores costarricenses, mientras que en el resto de países del Istmo no supera los 15 días (RECOPE).

A partir de la anterior información, se derivan las siguientes reflexiones, a manera de interrogantes:

  1. Por su carácter de monopolio, RECOPE también es el único comprador de combustibles en los mercados internacionales para el país ¿Será que esta condición le permite realizar compras por volumen de tal manera que consigue los mejores precios de importación a nivel centroamericano? En caso de ser así ¿Con una eventual apertura se perdería esta ventaja?
  2. Se sabe que la calidad siempre tiene un costo adicional y este caso no ha de ser la excepción, en ese sentido: ¿En qué medida el menor precio de los combustibles en el resto de Centroamérica se debe a que su calidad también es menor?
  3. Con su estructura actual de costos y gastos, así como con sus niveles de eficiencia ¿Podrá RECOPE retomar plenamente sus funciones de refinamiento sin sobrepasar el margen de los 7 dólares por barril, tomando en cuenta que en caso contrario, es mejor seguir importando el producto terminado?
  4. Es evidente que la ventaja del país en lo que respecta al precio de importación de los combustibles se desvanece luego de aplicarse los respectivos impuestos ¿Es excesivo el monto de impuestos que se le cargan a los combustibles en el país? De ser afirmativo: ¿Son realmente destinados estos recursos a los fines para los que fueron creados, sobre todo en el mantenimiento de las vías de comunicación? O bien ¿Qué tan eficiente se hace?
  5. 5.¿Es posible contar con una metodología para la fijación del precio de los combustibles, que también considera la “oportunidad ciudadana” como uno de sus criterios?

Bajo este contexto, es evidente que son varios los factores que intervienen a lo largo del proceso de fijación del precio de los hidrocarburos en el país, por lo que en este sentido, es preciso que la agenda que se vaya a articular alrededor del tema sea guiada por un debate menos ideológico y más pragmático, por cuanto no se trata de convertir la apertura en un fin en sí mismo pero tampoco, de defender a ultranza la situación actual. En este sentido, algunos de los temas que deberían considerarse son:

  1. Balance del rol de importador único de RECOPE y conveniencia nacional de la apertura en esta materia.
  2. Revisión y depuración de las actividades legalmente asignadas a la Institución, para que, desde una perspectiva de interés nacional, se determine cuáles funciones sí y que otras no debería realizar RECOPE.
  3. Valoración de la estructura impositiva actual sobre los combustibles, así como determinación de mecanismos de control para velar por el uso efectivo de los recursos que el Gobierno obtiene a partir de los mismos.
  4. Elaboración de una nueva metodología tarifaria que reduzca el desfase en el ajuste del precio interno de los combustibles con respecto al mercado internacional.

Por último, cabe indicar que este tema no debería esperar, por cuanto tiene un impacto directo en el bolsillo de todos los costarricenses, en la competitividad del país, es un elemento clave para lograr el objetivo nacional de carbono – neutralidad y resulta fundamental para participar con éxito de la revolución energética mundial que se encuentra en marcha.

*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación UNA.

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ANEP: Baja el precio de los combustibles, tarifas de autobús se mantienen igual

Proponen medidas para mejorar transporte público
Imagen con fines ilustrativos.

En una carta dirigida al Lic. Dennis Meléndez Howell, regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la ANEP y la Central Social Juanito Mora Porras, consultaron acerca del motivo por el cual la tarifa de los pasajes de autobús no ha disminuido a raíz de la baja en el precio de los combustibles a nivel internacional y nacional

La ANEP solicitó información a la ARESEP sobre los incrementos que se dieron en los últimos cinco años de dicho transporte público y cuál fue el impacto que tuvo el componente de los combustibles en ese incremento.

Para conocer en detalle la carta dirigida a la ARESEP, ingrese en el siguiente link:

1-2015-ARESEP-ANEP sobre rebaja en combustibles-alto costo de la vida-CORRECTA-con firmas (1)

 

Enviado a SURCOS Digital por ANEP.

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