El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, hace un llamado al Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, sector empresarial y a las esferas políticas del país, para que detengan de una vez por todas los ataques y persecución al sector público.
Nuestra clase trabajadora ha tomado con la mayor comprensión y solidaridad la difícil situación que vive Costa Rica y somos del criterio de que debe haber un diálogo serio y responsable con los diversos sectores de la sociedad para que juntos busquemos las salidas más apropiadas y justas a esta crisis, la cual no se resuelve con desestabilizar a las familias de las empleadas y empleados públicos, muchas de ellas hoy afrontan el despido de sus familiares o la reducción de sus jornadas, afectando sus presupuestos para vivir.
Al Sector Público le han recargado el costo de esta crisis injustamente; nos eliminan el aumento por costo de vida del 2020 además igualmente no realizarán ningún aumento por los próximos cuatro años, tampoco pagan la anualidad 2019 y aún pretenden eliminar las del 2020, 2021, 2022 y para rematar, como no pudieron eliminar el pago del Salario Escolar proponen meterle un impuesto al mismo.
Lamentamos que estas acciones se presenten por presión de la UCCAEP y algunos políticos que se escudan en la crisis para seguir protegiendo y amasando sus ganancias. Estos mismos grupos empresariales, han logrado que el Gobierno flexibilice las medidas sanitarias, lo que ha provocado el aumento en los casos de contagio en muchas regiones.
Aprovechamos este momento para expresar nuestro criterio de que en esta crisis lo fundamental es proteger la salud y la vida de las personas, por lo que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación deben valorar lo que está sucediendo para tomar las decisiones correctas con la continuidad del curso lectivo, en donde PRIMERO ESTÁ LA VIDA
Por todo lo anterior consideramos abusivas todas esas acciones que se nos pretenden imponer, puesto que tenemos muy claro que se pueden buscar soluciones sin afectar a la clase trabajadora, con medidas inmediatas para optar por acciones urgentes que dinamicen la economía y generen empleos, además de reducir la pobreza.
Todas y todos debemos aportar conscientemente, pero de manera proporcional a las condiciones de cada quien, consideramos que el Sector Público ya lo ha dado todo y no aguanta más cargas injustas. Exijan a quienes no han cumplido con sus responsabilidades y tienen en decadencia la economía nacional.
La Academia Nacional de Ciencias está organizando para este próximo 18 de junio a las 4 p.m. la conferencia: “Lecciones aprendidas, en Costa Rica, para enfrentar la próxima crisis mediante la gestión de riesgo”.
La conferencia será impartida por el doctor Sergio Mora Castro.
Frente a la crisis económica que vive el país, la Feuna propone cinco medidas para emprender una reforma universitaria, en un manifiesto presentado ante el Consejo Universitario de la UNA.
“Planteamos cinco medidas urgentes para emprender una reforma universitaria en el marco de un diálogo entre todos los actores que conforman nuestra institución; paralelamente, rechazamos cualquier intento que pretenda disminuir el principio de autonomía universitario, amparado en la Constitución Política de nuestro país”, afirmó Noel Cruz, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), quien también es representante estudiantil en la Comisión de Enlace donde se negocia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) entre las universidades y el gobierno.
El dirigente estudiantil explicó que claramente la situación generada por la covid-19 profundizó una crisis que Costa Rica venía arrastrando desde hace tiempo, con lo cual se condicionan las posibilidades del Estado para otorgar el presupuesto constitucional que le corresponde a la educación superior y se ven amenazadas las necesidades estudiantiles.
“Los retos que el país enfrenta requieren de esfuerzos extraordinarios por parte de las autoridades nacionales y universitarias; la sostenibilidad y pertinencia del modelo de universidad pública debe ser la aspiración de la institución”, aseguró.
Es por eso que la Feuna plantea las siguientes medidas en el Manifiesto por la reforma universitaria, presentado el pasado 11 de junio ante el Consejo Universitario:
Formular un plan de inversión del superávit institucional antes de finalizar el presente año. Es necesario que dicha inversión se dirija de forma prioritaria a la atención de los campus, sedes y secciones regionales.
Solicitar al Consejo Nacional de Rectores (Conare) instaurar una mesa técnica en conjunto con el Estado de la Educación para iniciar un proceso de formulación de una política de educación superior
Ajustar, haciendo uso de la autonomía de gobierno que le otorga la Constitución, los porcentajes de la “dedicación exclusiva” que disfruta el personal de la institución, a los montos establecidos en la Ley 9635.
Reducir en un 15% el recargo al salario base establecido para el gabinete de Rectoría y miembros del Consejo Universitario
Solicitar al Consejo Universitario que le instruya a la Rectoría iniciar el proceso de renegociación de la Convención Colectiva.
Para el presidente de la Feuna, las medidas propuestas buscan dar un respiro de legitimidad que permita emprender el urgente proceso de reforma estructural en un marco de diálogo universitario. “Nuestro objetivo es fortalecer el Fondo de Becas para estudiantes y sentar las bases de la universidad del siglo XXI”, subrayó.
Añadió que la propuesta pretende consolidar un proceso de diálogo interno para optimizar el uso de los recursos y ampliar la cobertura del Fondo de Becas frente a la inminente crisis.
Por su parte, Jazmín Arroyo, secretaria general de la agrupación estudiantil Feuna, recalcó que la responsabilidad de compromiso de la organización no es solo con la población estudiantil sino también con la comunidad universitaria “porque la Universidad Nacional debe ser para todas las personas, ahora y en los próximos años”.
Agregó que la disminución de las desigualdades sociales debe iniciar desde adentro de la institución, en el marco de autonomía universitaria, para que las condiciones estudiantiles y laborales sean justas y sostenibles en el largo plazo.
“Somos una representación estudiantil propositiva. No somos enemigos de las personas trabajadoras porque pensamos en el futuro de todas y todos, para que desde afuera no nos impongan medidas que no contemplan las particularidades que tiene la educación superior pública”, recalcó la dirigente estudiantil.
Luego de cerca de dos años de haber presentado una agenda de reforma interna denominada #LaUqueMerecemos, los dirigentes estudiantiles se ven en la obligación de insistir en esa ruta.
Hoy martes 16 de junio a partir de las 2 p.m., la Feuna realizará una transmisión por Facebook live para explicar las medidas propuestas.
Además, la dirigencia de la agrupación estudiantil solicitó un pronunciamiento publicó a los candidatos a rectoría sobre las medidas planteadas por la Feuna, en vista de que el próximo lunes 22 de junio se realizará la elección de nuevas autoridades universitarias en la UNA.
***Mayores detalles con Noel Cruz, presidente Feuna, 8657-9858 o con Jazmín Arroyo, secretaria general 8558-7733.
Los abajo firmantes, ciudadanos en pleno goce de nuestros derechos, todos orgullosamente médicos graduados hace más de 30 años en nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sin distingos de colores políticos y quienes hemos laborado por décadas en los diferentes centros de atención sanitaria del país, además de haber impartido clases en las diferentes Facultades de Medicina a nivel nacional; plenamente conscientes de nuestro compromiso ciudadano y ante la difícil situación sanitaria del país expresamos:
Conocemos a fondo la problemática sanitaria que por décadas hemos vivido, sabemos del poco interés que la mayoría de los gobiernos han dado al tema salud, hemos vivido la escasez de presupuesto y recursos en nuestras diferentes unidades asistenciales y hemos llorado de coraje e impotencia ante las mismas.
Nunca como hoy se había caído tan bajo en el trato a la población, nunca como hoy se había mentido tanto sobre las causas de los problemas, nunca como hoy se había contado con tanto dinero para el sector salud pero también nunca como hoy se le había manejado y despilfarrado de manera tan burda e inconsciente.
Desde el inicio de este gobierno el tema de salud ha sido utilizado para buscar créditos políticos, se ha mentido organizando Comisiones o Juntas Interventoras cada vez que ha salido a la luz pública un problema y dichas Comisiones o Juntas no han hecho nada real por cambiarlo sino que solo han servido para ganar tiempo e invisibilizar el problema ocultando como los gatos sus falencias. Si faltan medicamentos se ha acusado al personal de robárselo, si falta equipo de bioseguridad dicen que el personal se lo roba o lo mal utiliza, si no funcionan los quirófanos es porque alguien se robó hasta un tornillo, si no hay cupos han llegado a la desfachatez de decir que es culpa de la población que se enferma porque no se cuida, etc.
Han olvidado decir que el principal culpable es quien por Ley debería proveer las condiciones mínimas de salud para toda la población, es quien por Ley debería hace años haber actualizado y modernizado la red hospitalaria, es quien por Ley debería haber retomado las labores de Prevención y Promoción de la Salud hace años abandonadas, es quien por Ley debería haber nombrado siempre a las personas más capaces académica y moralmente para dirigir los diferentes centros e instituciones de salud y no colocar a simples políticos pega afiches y algunos convenientemente silenciados que con el fin de garantizar su permanencia en los cargos han callado sus voces para protestar por todas las carencias en que nos han obligado a desempeñarnos a costa de la salud y la vida de nuestros pacientes.
Por amor a nuestra profesión y a nuestros pacientes hemos callado y aceptado trabajar así, sin insumos, sin exámenes elementales, sin equipos adecuados, atendiendo los pacientes incluso en el duro suelo al no haber siquiera camillas para verles, hemos inventado procedimientos heroicos con nuestras simples manos y la mejor de las voluntades para tratar de salvar vidas. Y así llegamos al colmo de aceptar que Interventores que no saben nada de salud viniesen a opinar y peor aún dirigir las políticas de salud pública, y fuesen ellos quienes en su soberbia ignorancia del tema dijesen que se debe o no hacer.
Pero nuestras conciencias ya no soportan callar, no es el ejemplo que queremos dar a nuestro hijos ni a las nuevas generaciones de personal de salud, no nos formamos para ser arlequines ni mandaderos de incapaces, no nos formamos para ver simplemente morir a nuestros pacientes porque falta lo más elemental para atenderles y luego escuchar pacientemente a quienes se mofan con argumentos pueriles ante el llanto de colegas que sufren al ver la realidad de dejar perder una vida por falta de cosas elementales.
Al Gobierno de la República le exigimos cumplir con su obligación constitucional (aunque lamentablemente no esté muy acostumbrado a respetarla) de garantizar la salud y la vida de nuestros conciudadanos, y esto no pasa simplemente por hacer show y tratar de trasladar responsabilidades gritando sin investigar porque hay 50 camas vacías en un hospital que hace años fue rebasado en su capacidad de atención y que ha ido adaptando incluso terrazas y aulas de clases para poder atender el aumento de pacientes que la misma pobreza, la violencia, la desnutrición y la impunidad han generado, y ufanándose de que ya le echaron grava a una calle polvorienta por años frente al principal centro Covid de la capital cuando desde hace años si han pavimentado con concreto las calles enfrente de sus propias casas.
No podemos entender como:
En esta situación de crisis se trate de justificar el seguir gastando en comprar más patrullas en vez de comprar por ejemplo simples manómetros de oxígeno.
Tres meses después de haberlos traído aún no se le deduce responsabilidades a los que compraron Ventiladores incompletos o que de plano no servían para tratar a los pacientes de Covid.
Tres meses después tampoco se sabe ni mucho menos se ha reparado el daño ocasionado por quienes compraron Pruebas Incompletas que vinieron a retrasar la detección temprana y segura de los pacientes Covid positivo con lo cual se hubiese eficientemente evitando la diseminación del virus al tomar las medidas de cercos epidemiológicos adecuados.
Se compraron hospitales de campaña para ser entregados cuando las empresas quisieran (aún no se saben cuándo llegarán y la carpa de Villanueva sigue de ofensivo adorno), si lo correcto era haber habilitado y equipado real y prontamente lo que se tenía.
Tres meses después de la detección del primer caso, aún se carece de exámenes elementales en muchos de los centros asignados para atención de pacientes Covid positivos como ser Dímero D, placas de Rayos X, TAC de tórax, etc.
Podríamos seguir enumerando problemas y falencias de este sistema corrupto y olvidado, pero por ahora preferimos ser propositivos y así planteamos lo que tantas otras personas e instituciones en el pasado han dicho para empezar a enderezar este torcido barco:
A- Dejen ya de mentir y aceptemos con hidalguía y caballerosidad las fallas de todos para empezar a tratar realmente de solucionarlas.
B- Dejen ya de tratar de intimidar y tomar acciones represivas pues lejos de acallar las críticas generaron la justa protesta de un pueblo cansado de sufrir.
C- Formen verdaderos equipos de trabajo con las personas que realmente saben, capaces de discernir y no solo de aceptar lo que el gobierno quiere escuchar pues los muertos no se pueden ocultar.
D- Pongamos al día los resultados de las Pruebas PCR para poder realmente tomar decisiones correctas en base a datos actualizados y fidedignos.
E- Discutamos lo técnico con los técnicos, lo político con los políticos y dejemos de perder el tiempo tratando de seguir engañando con mesas sectoriales en la que la salud es la que menos está representada y menos importa.
F- No pierdan ya el tiempo azuzando sus call center de respuestas, sino que abran sus mentes y convoquen urgentemente al diálogo sincero y productivo a los que saben del tema empezando por el Colegio Médico y demás gremios afines.
G- Contraten urgentemente al personal técnico que realmente se necesita y no simplemente hablemos de número de personas contratadas que son simples activistas políticos que no colaboran para dar solución a la crisis.
H- Discutir y elaborar al fin en el marco de la actual Pandemia los PROTOCOLOS DE ATENCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CADA ÁREA Y UNIDAD, estableciendo claramente los responsables según nivel y hacer FUNCIONAR DE MANERA CORRECTA LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD.
I- Den el ejemplo de sacrificio ustedes y no solo se lo exijan al pueblo y empresarios:
Rebajen el Sueldo de los Funcionarios de Primer Nivel de Instituciones de los 3 Poderes del Estado y de la serie de Instituciones conexas que Uds. han creado. Por ejemplo ahora que hacen vía zoom sus sesiones y a vuelo de pájaro nos meten nuevas leyes, congelen por lo que resta del año los salarios por arriba de Lps 100,000.00 incluyendo los de los Directores de cualquier institución sea está centralizada o descentralizada.
Disminuya la burocracia de alto nivel que Uds. han creado fusionando ipso facto Ministerios y otras dependencias que hacen los mismo o peor aún no hacen nada.
Anulen los Pagos a Cuentas del año 2020 pues nadie está trabajando así que la renta presuntiva pasa a ser una ficción.
Rebajen los Pagos de matrículas de Vehículos de carros de cilindraje menor o igual a 2500cc que son los que la gente trabajadora puede llegar a usar.
Reintegre al Tesoro de la nación los 4 mil millones de lempiras que le pasó a las Fuerzas Armadas supuestamente para el manejo del agro cuando sabemos que no se ha hecho nada productivo con dichos fondos.
Reorientar el Presupuesto de la Nación de las Instituciones Improductivas o Sobrevaloradas a Salud y Educación.
Con todo el dinero anterior y sin necesidad de estarnos endeudando por las futuras generaciones procedan a comprar la lista de insumos que elaboren los que realmente saben que necesitan para funcionar, es decir el personal médico de cada centro asistencial y no simplemente los Directores de los mismos que en la mayoría de los casos no son más que simples correas de transmisión de lo que “desde arriba les dicen”.
Esperando que estas opiniones sean tomadas por las autoridades en el sentido diáfano y constructivo en que han sido planteadas, que sirvan para hacer meditar y reflexionar en el mejor camino que debe de tomarse para el beneficio de las mayorías en el marco de esta pandemia, y agradeciendo de antemano al pueblo al cual nos debemos, nos suscribimos
El pasado 4 de junio del 2020 la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS-UNA en conjunto con el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, realizaron un foro virtual para reflexionar sobre “La Nueva Normalidad en Costa Rica desde la visión de la comunicación social.
En dicho foro virtual vía zoom participaron comunicadores de diferentes medios y organizaciones, tanto, públicas como privadas, quienes fueron convocados para brindar su criterio en el trabajo sobre Prospectiva Estratégica que realiza la EPPS-UNA en el contexto del COVID 19 y la Nueva Normalidad para el país.
El Máster Ángel Ortega, director de la EPPS explicó que este mismo foro se ha realizado con una gran variedad de profesionales en diversas áreas, para conocer más a fondo, cual será esta nueva realidad que presentará Costa Rica después del Covid-19 desde diferentes puntos de vista. Esto con el fin de recopilar toda la información posible, para crear un instrumento que permita definir la probabilidad de que estos futuros que se están discutiendo sean posibles. Se piensa que el futuro puede ser cambiado en función de una estrategia viable para construir, por esta razón, surge la esta iniciativa desde la EPPS de la Universidad Nacional.
El académico de la EPPS, M.Sc Juan Carlos Mora, explicó que la creación de este instrumento se aplicará a todos los foros con diversos sectores y nace, porque todas las iniciativas que se han tomado para enfrentar la coyuntura actual han sido a corto plazo. Por ello, mediante la creación de este instrumento se puede llegar a prevenir y controlar varios escenarios del futuro. Mora, fue el encargado de dirigir este foro, en el cual se dialogó sobre temas y los cambios que tendrían que asumirse desde el área político, cultural, institucional, económico, social y ambiental, además de los posibles escenarios del futuro que podrían ocurrir según los comunicadores participantes del foro.
Las inquietudes presentadas por los comunicadores fueron sobre: ¿Qué noticias estaremos dando dentro de 10 años? ¿Cuáles van a ser los temas más relevantes y como los estaremos informando? ¿A qué se le dará relevancia en la cobertura en el mediano y largo plazo?, entre otras preguntas relacionadas con el área de la comunicación. Esta revisión desde el punto de vista de los comunicadores fue importante, para comprender cómo cambiarán las fuentes de información para la sociedad en un futuro.
La metodología del foro fue mediante elección múltiple y elección única (una pregunta) de una matriz preparada para dicho fin y generar temas de discusión y reflexión. La primera pregunta que se planteó en el foro virtual (Zoom) fue la siguiente:
¿Cuál área de la política costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la nueva normalidad?
Según la interrogante los participantes eligieron por su preferencia y la que tuvo mayor porcentaje fue el tema sobre el modelo de gobernanza, participación social y agenda común. En menos porcentajes se evidencian los temas de: promoción de la seguridad alimentaria y nutricional, cooperación internacional, bien común y solidaridad, geopolítica global, organismos multilaterales, reglas globales, reforma del Estado, empleo público, privatización, descentralización, partidos políticos y movimientos comunales. Y, por último, con la menor cantidad están los temas de legislación laboral, fiscal y comercial.
Al respecto el Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli, mencionó que la palabra gobernanza está siendo mal implementada en el contexto nacional. Por ello, llama la atención de que el tema de la gobernanza no debe pasar inadvertido, porque es necesario analizar qué es la gobernanza, para entender desde el punto de vista filosófico como se puede gobernar un país: “Este concepto establece que se reemplazará la política por la gestión empresarial, por lo que sí esta palabra es mal utilizada la interpretación no será la misma. Con respecto, a este concepto hace la reflexión de que debemos ser críticos y estar seguros del tipo de gobierno que queremos, si queremos ser vistos como un número y tratados por los gobernantes como si fuéramos empleados de una empresa o ser tratados como seres humanos habitantes de un país con una diversidad de derechos”, agregó don Óscar.
Para el doctor Aguilar Bulgarelli, ex Director General del Sistema Nacional de Radio y Televisión SINART-Canal 13 e historiador, según la pregunta planteada antes, otros temas que tienen gran preocupación e interés refieren a la seguridad alimentaria, la cual está relacionada con la temática social y la cooperación internacional, pues considera que son fundamentales las relaciones internacionales por el tema de la globalización. Agregó, que es lógico tener estas preocupaciones, porque estas áreas son las que se estarán viendo más vulnerabilizadas en el mundo post pandemia, dado que existe una incertidumbre de conocer si el mundo va a ser igual a como estaba antes o va a ser diferente.
En su intervención para comentar esta primera pregunta, el historiador dijo, que hace falta una gran reforma en absolutamente todos los temas visibilizados en la consulta inicial: “Esta reforma urge para poder superar todas las complicaciones que se puedan llegar a dar en esta nueva normalidad. El trabajo interdisciplinario es fundamental para abarcar todos los ámbitos posibles, no es suficiente solo trabajar con economistas, si no también se necesitan otros profesionales para poder reactivar todos los sectores de la sociedad una vez que se logre superar la pandemia” acotó don Óscar.
La Máster Adriana Núñez, periodista y ex presidenta del Colegio de Periodistas de Costa Rica, agregó, que tiene una necesidad de ser positiva ante el futuro que nos espera, pero que se deben tomar decisiones para la sobrevivencia de sectores muy importantes para el país y que por suerte estas decisiones han tenido un fuerte componente de solidaridad durante el COVID 19, y esto lo nota por el avance que ha tenido la sociedad en solo tres meses. Indicó que si hay un pensamiento centrado en mejorar las herramientas que se le dan al ciudadano desde las instancias económicas, políticas y sociales, si es posible salir adelante y generar un cambio significativo para beneficio de la población.
Nuñez agregó que en Costa Rica la democracia se está utilizando para gobernar para minorías y no para las mayorías, por lo que se tiene que enfocar en reformas para cambiar esa situación. Además, mencionó que las personas encargadas de los medios de comunicación, deben enfatizar en los aspectos positivos que se han generado en estos tres meses de pandemia, para informar al ciudadano sobre los aspectos que verdaderamente importan y que han permitido la construcción de la una nueva y mejor realidad para Costa Rica.
La segunda pregunta generadora planteada a los participantes del foro fue: ¿Cuál área de la cultura costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?
Con mayor número se eligió la convivencia entre personas, autocuidado y espacios públicos. Siguieron en orden descendente los temas de espiritualidad, comunicación interpersonal, hogar, vida familiar/laboral y roles en el hogar. Posteriormente, se encuentran los temas de redes de solidaridad comunal y territorial, la naturaleza y el medio ambiente. Con la menor elección se consideran los temas de educación cívica, ahorro, educación vial, ejercicio físico, ocio y sedentarismo.
La Dra Beatriz Pérez, historiadora, comunicadora y vicepresidenta del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, mencionó que los cambios que se han tenido que vivir como consecuencia de la crisis actual, ha tenido una importante repercusión en las formas de socialización, es decir, pensar primero como ciudadano, para compartir seguridad ciudadana y promover las medidas de salud establecidas por las autoridades. Esto va a tener un gran impacto en todos ámbitos de relaciones sociales, en aspectos económicos, de cuido, emociones, nacionalidad, lo que provocaría un cambio cultural que impactaría nuestra sociedad: “Este cambio cultural nos puede afectar no solo en la convivencia, sino también, en la forma en la que entendemos la ciudadanía; concebida como una red social que se extiende y promueve este sentimiento de solidaridad. Tal vez mediante este cambio cultural y una visión positiva se pueden mejorar todas las instituciones encargadas de velar por la ciudadanía”.
Pérez, manifestó que las personas van a apartarse de las tendencias y pensamientos que ignoran la realidad que se está viviendo, es decir hay una introspección necesaria y obligatoria en este tiempo para todas las personas: “Debemos entender que hay una gran cantidad de hábitos sociales que van a cambiar, para aportar a una conciencia ciudadana que permita reformar los valores de las personas y así fortalecer una democracia participativa e incluyente, comentó la representante del Tribunal de Honor y Ética, quien agregó que el principio de solidaridad bien entendido, nos podría llevar a pensar que una democracia es un sistema político para mayorías, y que debería de ser así en todo momento, no se puede permitir que se gobierne para minorías, aunque todos y todas votemos.
El Máster Luis Eduarte, periodista, expresó que le preocupa el punto de la educación cívica tan bajo en la estadística de la segunda consulta, porque tiene que ver con los valores y la ética de las personas, estos al nacer del entorno familiar pueden llegar a cambiar ante esta situación: “Al estar tanto tiempo conviviendo con nuestras familias o nuestra burbuja social, permite conocernos mejor y generar nuevos valores que refuerzan una vivencia sana entre personas. Y resalta que ante esta realidad se ha reforzado la parte humanitaria en todas las áreas que se desarrollen las personas y este humanismo deberá mantenerse para generar un beneficio a largo plazo”. expresó Eduarte.
La tercera pregunta generadora que se expuso fue:
¿Cuál área de la dimensión institucional costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?
El área de innovación de procesos, simplificación de trámites y creatividad salió con mayor porcentaje en cuanto a que presentará más cambios. Luego, se citan los temas de planificación a largo plazo, gestión de riesgos, resiliencia, enfoque territorial, descentralización y desconcentración. Por último, lo que refiere a pensiones, seguros, subsidios, familia, derechos humanos y religión.
El Máster Efraín Cavallini, académico, comunicador y presidente del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, comentó los resultados sobre el papel que jugaría el área administrativa, en cuanto a la innovación de procesos y simplificación de trámites y generar proyectos y programas desde los poderes ejecutivos y legislativos, que actualicen e innoven las demandas económicas, para aquellos sectores de la sociedad, que verdaderamente necesitan de manera rápida y directa salir adelante ante esta nueva realidad.
En cuanto al tema de la planificación a largo plazo, la gestión del riesgo, entre otros serán de gran importancia para el país, porque si no se planifica, si no hay políticas públicas que respondan a la situación que se está viviendo, difícilmente se podrá avanzar con justicia social: “Hay que tener apertura para ayudarse con instituciones públicas, universidades, asociaciones, cooperativas, entre otras organizaciones capacitadas, para mejorar la planificación en ámbitos que necesita el país” mencionó Cavallini, quien resaltó que debemos incluir en las estrategias a la gran cantidad de jubilados con mucha energía. experiencia y conocimiento que cuenta el país, y que son capaces de poder contribuir a los cambios que están por venir, por lo que se debe aprovechar este capital humano tan calificado, asimismo, apostar a la juventud.
La cuarta y última pregunta fue: ¿Cuál de los siguientes escenarios del futuro de Costa Rica ve usted más posible?
La mayoría señalaron que se logra contraer la pandemia, se retorna a la vida social similar a como estaba antes de la pandemia, pero no se logra la recuperación económica por la baja innovación de las empresas y el limitado apoyo directo del Estado.
En un segundo plano de elección de las opciones se presenta la que indica que:
“Se logra contraer la pandemia, se retorna a una vida social similar como estaba antes de la pandemia y se logra una recuperación económica basada en la innovación de las empresas y el apoyo directo del Estado”.
Y, por último, con menor porcentaje aparecen las siguientes opciones:
“Se encuentran los escenarios en donde el país no logra contraer la pandemia y se mantiene el aislamiento social y se agudiza y amplía la crisis económica,
“El país no logra contraer la pandemia, continua el aislamiento social, pero hay una recuperación de la economía basada en la innovación de las empresas y el apoyo directo del Estado”.
El Politólogo y comunicador Máster Claudio Alpízar mencionó, que dada la capacidad demostrada por el sistema de salud costarricense se va a lograr contener la pandemia, a pesar de que se ha visto que últimamente han aumentado los casos positivos del virus: “La CCSS ha demostrado que a pesar de estar en crisis en temas de trabajadores o de economía, ha logrado combatir este virus de la mejor manera”. Expuso que el éxito que han tenido las autoridades costarricenses actualmente se debe al sistema de salud propiamente, que es característico de Costa Rica, y pone el ejemplo de que, si el presidente de la CCSS y el Ministro de Salud trabajaran con las mismas capacidades, pero en otros países y con otro tipo de sistemas de salud, no tendrían el mismo éxito que tienen actualmente.
Alpízar agregó, que el costarricense será capaz de retomar la vida que tenían antes de la pandemia, pero, con algunas modificaciones de higiene principalmente, que van a ayudar mucho a evitar la propagación de este virus. Sin embargo, no cree que se arregle tan rápido la situación económica, especialmente, por las decisiones que se han venido tomando a corto plazo en el país, porque se está afectando cada vez más a la clase media de Costa Rica mediante la introducción de impuestos sin moderación. Indicó que es preocupante la percepción de que hay deficiencia en el proceso de virtualización de la educación y del servicio de internet a nivel nacional, el cual ha sido bastante lento, no por falta de recursos, sino por falta de personal capaz de manejar estas nuevas herramientas, sumado a ello, que las autoridades han querido desviar el presupuesto destinado a la implantación de nuevas herramientas tecnológicas a programas sociales. El politólogo, aclaró, que si bien los programas sociales son importantísimos, el acceso al internet y la tecnología deber que ser igual de importante garantizarlo a todos los ciudadanos: “también es responsabilidades de las universidades garantizar ese derecho a la tecnología mediante las becas, ya que es necesario que todos los estudiantes (especialmente los de zonas rurales) obtengan no solo internet, sino, también una computadora para que su aprendizaje provechoso. Son las empresas transnacionales de telecomunicaciones las que parecen tener más interés de brindarle este servicio en las zonas donde se carece del mismo, y ha visto como el ICE ha abandonado estas zonas a la hora de garantizarles este derecho”, comentó Alpízar.
Asimismo, se refirió al cambio experimentado en la población sobre la cultura del trabajo, porque gran parte de la población tiene el pensamiento de que si no se está trabajando encerrado en una oficina no es un trabajo de verdad, sin embargo, ante esta situación, se ha demostrado lo contrario, y que es posible para los trabajadores del sector público y privado trabajar desde el hogar y mantener su eficiencia o aumentarla. Por esta razón, dijo que la infraestructura vial no necesite ser una prioridad para el Estado, ya que, si se puede adoptar para siempre el trabajo desde la casa, serían menos las personas que tengan la necesidad de viajar en vehículos constantemente para trabajar. Agregó que, según los datos arrojados en la pregunta, la desigualdad rural es un tema que debería de ser preocupación de todos los ministerios e instituciones, para poder generar una igualdad de derechos real para todos los costarricenses.
El Lic. Carlos Campos, Coordinador Nacional del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, expresó que en la actualidad como sociedad tenemos que vendernos a manos de otros y que nuestra cultura como trabajadores parte de la idea de que no tenemos la capacidad de tomar riesgos, lo cual es una condición necesaria para la innovación. Reiteró, que no hay recursos para que los jóvenes interesados tengan la oportunidad de emprender y construir nuevas empresas que puedan beneficiar a la economía, muestra de ello es el poco apoyo que reciben las PYMES que son las que sostienen al país.
Explicó que en estos escenarios establecidos no se están involucrando a la transparencia, a pesar de que hoy en día es necesario exigirles a las instituciones y al Estado mantener ese principio, para evitar que se mantenga la corrupción y acciones que perjudican a la población: “Este valor es determinante para la cultura del país, por ello, es fundamental velar por mantenerla presente en todas las áreas posibles”.
Beatriz Pérez, agregó que la crisis trajo a la luz cierta cantidad de buenas cualidades que tiene una parte de la ciudadanía, sin embargo, tiene la duda de que cuando todo esto acabe, estas buenas intenciones se mantengan de manera voluntaria. También, que la democracia no es perfecta y que requiere profundizarse mediante la redefinición de Estado, para entender que está compuesto por todos, garantizando una democracia más profunda y el sentido de inclusividad.
Para concluir el foro Oscar Aguilar, expresó que el limitado apoyo directo del Estado, es el motivo por el cual en la cultura costarricense hay una deficiencia de innovación, y esto se debe a la tramitología del Estado costarricense y en razón de la desconfianza que se tiene del ciudadano: “ Esta forma de ver al ciudadano dificulta el proceso de innovación de las personas y de manera tácita, se inculca en el costarricense una cultura negativa que lo frena a tomar riesgos y mantenerse siempre obediente para evitarse problemas”.
El foro virtual tuvo una duración de dos horas, y de esta manera fue un espacio muy enriquecedor, que evidenció el interés de los y las participantes en aportar al desarrollo del país.
Para los organizadores de la EPPS-UNA, la construcción de escenarios es un proceso participativo en donde se suman las visiones de todos los sectores sociales para converger en lo esencial de una imagen de futuro para el país. «¿qué puede acontecer en el futuro? ¿qué podemos hacer?
El presente es un extracto del foro realizado con el sector de la comunicación social, que se organizó en conjunto con el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, de esta manera, el equipo académico de la EPPS irá recogiendo todos los insumos, propuestas y análisis de diversos grupos y sectores, para presentar al país una propuesta integral, participativa y consensuada que integre todas las voces y visiones para la nueva normalidad de Costa Rica.
Efraín Cavallini Acuña Académico María Laura Jiménez V. Estudiante EPPS-
El pasado 8 de junio, dos mecanismos no convencionales de derechos humanos de Naciones Unidas externaron su profunda preocupación por el hecho que los casos de asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica se mantengan impunes: se trata de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (véase sitio oficial), así como del Relator Especial sobre derecho de los pueblos indígenas y derechos humanos (véase sitio oficial).
Este llamado se da en un momento en que la los derechos de las poblaciones indígenas son objeto de una preocupación aún mayor debido a los efectos del COVID-19 en comunidades indígenas aisladas y con acceso limitado a servicios básicos de salud y a la desatención a su situación que ha provocado esta pandemia por parte de las autoridades estatales.
El mismo Relator Especial sobe derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos de Naciones Unidas externó en un comunicado del pasado mes de mayo (véase texto completo) que:
«States of emergency are exacerbating the marginalisation of indigenous communities, and in the most extreme situations, militarisation of their territories is taking place. Indigenous peoples are being denied their freedom of expression and association, while business interests are invading and destroying their lands, territories and resources. In some countries, consultations with indigenous peoples and also environmental impact assessments are being abruptly suspended in order to force through megaprojects relating to agribusiness, mining, dams and infrastructure».
En el hemisferio americano, también en mayo del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en un comunicado de prensa titulado «La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios» (véase texto completo) que:
«En cuanto al derecho a la salud de los pueblos indígenas, la Comisión ha recibido información sobre los diversos obstáculos que enfrenta este colectivo en el marco de la pandemia del COVID-19. Algunos de estos desafíos se relacionan con cuestiones socioeconómicas y de accesibilidad. En general, los hospitales y centros de atención médica se encuentran alejados de las áreas rurales en las que residen amplios sectores de los pueblos indígenas de la región«.
Un muy completo informe (véase texto completo) de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL) titulado «Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial«, publicado en este mes de junio del 2020, hace ver las serias deficiencias de los Estados de América Latina en atender y en resolver el derecho a la tierra de las comunidades indígenas.
El contexto específico en Costa Rica en el que se da a conocer el comunicado
Se puede revisar desde ya el comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas divulgado por el servicio de prensa de Naciones Unidas.
Como se recordará, en menos de 12 meses, dos dirigentes indígenas costarricenses de la zona de Salitre fueron asesinados: Sergio Rojas (marzo del 2019) y Jehry Rivera (febrero del 2020). A la vez, varios de sus compañeros han recibido amenazas de muerte y sufrido distintos tipos de intimidaciones.
Cabe recordar que al cumplirse un año de la muerte de Sergio Rojas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un comunicado oficial (véase texto completo difundido el 18/03/2020) había ya advertido a Costa Rica que:
«La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión«.
El órgano interamericano de protección de los derechos humanos se ha mostrado extremadamente vigilante con relación a lo que ocurre en la zona de Salitre. Y es que, desde el 2015, Costa Rica tenía la obligación jurídica de proteger la vida y la integridad física de estos dirigentes, en virtud de medidas cautelares ordenadas en abril del 2015 por la misma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado costarricense (remitimos sobre el particular a nuestra nota titulada «Pueblos indígenas en Salitre: las medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la CIDH» y disponible en este enlace).
Foto extraída de nota de prensa de la BBC titulada «Asesinato de Sergio Rojas: la conmoción en Costa Rica por la muerte del líder indígena que defendía las tierras de pueblos originarios», edición del 20/03/2019
El contenido del comunicado conjunto (versión integral)
En su comunicado conjunto con fecha del 8 de junio del 2020, titulado «Costa Rica: La impunidad vigente impide la protección efectiva de las personas defensoras indígenas» (véase texto completo oficial divulgado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos), ambos expertos de Naciones Unidas detallan la situación imperante al externar:
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«… su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que están siendo atacadas en Costa Rica, añadiendo que la impunidad y la falta de rendición de cuentas están provocando una prolongación de la violencia en contra de los defensores en el país, a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por el Gobierno.
Costa Rica ha experimentado un auge en ataques contra líderes indígenas desde el asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas, en marzo de 2019, el cual trabajó durante décadas para defender los derechos de los pueblos indígenas frente la ocupación ilegal de sus territorios.
“Hoy, más de 14 meses más tarde, todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables” dijo la experta de la ONU Mary Lawlor, la nueva Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
La experta dijo que otros ataques contra personas defensoras de los derechos humanos habían quedado parcialmente o totalmente impunes y “hasta que haya investigaciones adecuadas, y rendición de cuentas por estos crímenes, podemos ser testigos de más intimidación, agresiones y muerte.”
Un cambio en la ley de Costa Rica en 1977 estableció un marco legal para la redistribución de la tierra indígena ancestral ocupada por personas no indígenas pero la implementación de la ley ha sido lenta, y los líderes indígenas han realizado requisiciones pacíficas de las tierras para devolverlas a los pueblos indígenas. Esto ha provocado una reacción considerablemente violenta por parte de los ocupantes no indígenas de la tierra.
Mientras que el Gobierno de Costa Rica ha incrementado la presencia de la policía en las comunidades afectadas, las investigaciones de la policía siguen inadecuadas o inconclusas. Como consecuencia, tanto las víctimas como sus familiares siguen amenazadas por los presuntos perpetradores.
Desde el asesinato del líder indígena Yehry Rivera el pasado febrero, por ejemplo, su familia ha sido amenazada e intimidada repetidamente por la familia del perpetrador, que a menudo pasa por su tierra, sosteniendo una machete en la mano. Pablo Sibar, un defensor de los derechos humanos del mismo pueblo Broran que el Sr Rivera, también ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que todavía no han sido investigados.
Minor Ortíz Delgado, un defensor indígena de la tierra, de la misma comunidad Bribri que el Sr. Rojas, recibió un balazo en la pierna en marzo. El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, ha vuelto amenazar de muerte al Sr. Ortíz y su familia.
“Parece que los perpetradores de las intimidaciones, amenazas, disparos y asesinatos frecuentemente andan sueltos cuando sus víctimas son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, dijo la Relatora Especial.
La impunidad aumenta el impacto de violaciones de los derechos humanos, ya que se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su función en la sociedad y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos.
El llamamiento de la Sra. Lawlor ha sido respaldado por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sr. Francisco Cali Tzay.
Los expertos están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades costarricenses.«
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Este nuevo señalamiento hecho público a las autoridades costarricenses por parte de mecanismos no convencionales de Naciones Unidas en materia de derechos humanos evidencia la situación de extrema vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran las comunidades indígenas de Salitre (y posiblemente en otras regiones en Costa Rica).
En el mes de mayo del 2019, tuvimos la ocasión de referirnos a una comunicación (también hecha pública) por parte de tres expertos en derechos humanos de Naciones Unidas con relación al asesinato de Sergio Rojas: véase nuestra breve nota titulada «Asesinato en Costa Rica del líder indígena Sergio Rojas: carta de órganos de Naciones Unidas hecha pública«, disponible en este enlace.
La recuperación de territorios indígenas ante la inoperancia estatal
Cabe precisar que estos asesinatos se han dado en medio de intentos para recuperar sus territorios por parte de comunidades indígenas costarricenses ante el avance inexorable de personas no indígenas en sus territorios y la pasividad de las autoridades costarricenses. En este artículo publicado por el Semanario Universidad sobre el proceso de recuperación de territorios indígenas, titulado «Recuperación de tierras bajó ocupación no indígena en Salitre» (y cuya lectura se recomienda), se lee que:
«Debido a la inacción del Estado por no desalojar a los ocupantes ilegales, no sancionan a ninguno y no apoya a la Fuerza Pública en el sitio, se creó un clima de impunidad, un ambiente en el que sucedió el asesinato de un defensor de derechos humanos”.
El derecho a la tierra para las comunidades indígenas costarricenses constituye una legítima reivindicación, que el mismo Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (más conocido como «CERD») ya le había externado en el 2007 a Costa Rica. En sus observaciones generales del 2007 al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo), se puede leer que para este órgano de tratados de Naciones:
«15. /…/El Comité insta al Estado Parte a redoblar sus esfuerzos para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la tenencia de la tierra. El Estado Parte debería tomar las medidas necesarias para llevar a efecto el fallo de la Sala Constitucional (Voto 3468-02) a fin de que se delimiten las tierras de las comunidades de Rey Curré, Térraba y Boruca y se recuperen los terrenos indígenas indebidamente alienados (inciso v) del apartado d) del artículo 5)«.
En el 2015 (véase texto completo de sus observaciones finales al informe de Costa Rica), reiteró en los siguientes términos esta petición hecha a Costa Rica en el 2007:
«28. El Comité reitera su recomendación (A/62/18, párr. 303) de redoblar los esfuerzos para garantizar el derecho de los afrodescendientes y de los pueblos indígenas a la tenencia de la tierra. Asimismo, recomienda que, de manera prioritaria, se tomen pasos decisivos para buscar soluciones en las que los pueblos indígenas puedan recuperar las tierras dentro de sus territorios, incluso en casos de ocupación y compra ilegales y enfrentamientos o amenazas vinculadas a la conflictividad generada por esta situación, mediante acciones administrativas y judiciales que incluyan el desalojo y el enjuiciamiento de responsables. El Comité recomienda también un proceso de consulta para la delimitación y titulación de los territorios».
En el 2016, otro órgano de tratados de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones generales al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo) señaló que:
«42. El Estado parte debe:
c) Garantizar en la práctica el derecho que tienen los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído u ocupado, incluso mediante el reconocimiento legal y protección jurídica necesaria;
d) Proporcionar los medios legales necesarios para asegurar la recuperación de tierras inalienables que ya han sido otorgadas a pueblos indígenas mediante la legislación nacional y brinde la protección adecuada, incluso mediante recursos efectivos, a los pueblos indígenas que han sido víctimas de ataques».
Al parecer, pese a innumerables reuniones, diagnósticos, planes, estrategias, estudios, mesas de diálogo, estas recomendaciones hechas hace ya más de 12 años a Costa Rica, reafirmadas en el 2015 y en el 2016, siguen sin lograr materializarse para las comunidades indígenas costarricenses. Una ocasión propicia para reafirmar cuán necesario es que sean debidamente implementadas las observaciones que emanen de los órganos de tratados de derechos humanos en Costa Rica; y cuán imperioso resulta que sean ampliamente divulgadas y analizadas en el seno de la misma sociedad costarricense.
A modo de conclusión
No cabe duda que este contundente llamado de atención de junio del 2020 a Costa Rica por parte de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas constituye una nueva evidencia de la pasividad, ya demostrada en el pasado, del Estado costarricense en la zona de Salitre. A la vez, ilustra la extrema atención que, desde Ginebra, se tiene sobre lo que ocurre en Salitre por parte de los mecanismos no convencionales de derechos humanos (y que posiblemente se tenga de igual manera desde Washington). Si este llamado no es seguido de acciones mucho más efectivas por parte del Estado en resguardo de la seguridad de los miembros de las comunidades indígenas, podría dar pie para una nueva acción ante instancias internacionales en defensa de los derechos legítimos de las comunidades indígenas de Salitre.
(*)Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
A mediados de junio San Carlos ingresó a la calificación de los cinco cantones con más diagnósticos de coronavirus en el país. La Región Norte, a la que pertenece el cantón junto con Guatuso, Los Chiles, Río Cuarto, Upala, Sarapiquí, parte de San Ramón y Zarcero, concentra la mayor afectación del país. Lo anterior, qué duda cabe, obedece a la extensa zona fronteriza que posee; al otro lado, la dictadura familiar Ortega/Murillo, cual, si se tratase de una novela del realismo mágico o maravilloso con visos de terror, ha desdeñado la presencia del Covid-19, el cual ya es una pandemia de contagio comunitario en el hermano país. Muchos nicaragüenses que trasiegan por los nudos ciegos de esa amplia, lluviosa y compleja línea fronteriza, llegan contagiados y no guardan cuarentena. Pero ellos, según las cifras, están lejos de ser el mayor foco de contagio.
Cientos de sancarleños, alarmados, mejor dicho, asustados, han pegado el grito al cielo, incluido el sui generis alcalde. Varias comunidades se han “organizado” para protestar y no permitir la instalación de centros de atención sanitaria. Se ha desatado una ola de xenofobia que culpabiliza a los nicaragüenses, desconociendo o invisiblizando la triste historia de migrantes que han repoblado la región desde inicios del siglo XX, siempre huyendo de las patéticas condiciones políticas y socieconómicas de su país. Sobre ello volveré más adelante. Lo que me interesa señalar es que muchos habitantes del cantón más extenso de Costa Rica, y uno de los más prósperos, se parapetan en la supuesta exclusividad del mismo, reforzada por odas, ditirambos y canciones folclóricas que aluden a que “mi linda tierra” es única en el país y en el mundo, y que podría sobrevivir aislada del país (¿y de Nicaragua?) pues es poderosa y auto sustentable.
La mitología sancarleña que, con justa razón, critica el vallecentrismo sociocultural y político imperante, hace que también desde el centro se incube un imaginario que desvirtúa la realidad, tanto del cantón como de la región. Cuando se habla de sancarleños, en el valle central imaginan ganaderos o comerciantes, “polos con plata,” casi millonarios en un lugar donde llueve no solo agua, sino cántaros de leche y miel, durante trece meses al año. Si bien San Carlos concentra importantes polos de desarrollo como Ciudad Quesada, La Fortuna, Aguas Zarcas, Pital o Venecia, también posee amplios territorios con agudos problemas socioeconómicos. Las asimetrías, incluso al interior de esos mismos distritos, como en el resto del país, son extraordinarias.
Cutris, por ejemplo, es uno de los distritos más grandes de Costa Rica, el más extenso del cantón, junto a Pocosol; en conjunto suman 1504 km², lo que representa casi el 3% del territorio nacional. Pero incuban el drama y las contradicciones propias de un país sumido en la deriva neoliberal desde hace cuarenta años. Su nivel de infraestructura es pésimo, sus rutas de penetración desastrosas. Sí, han experimentado algunas mejoras por parte de la municipalidad (financiadas por la cooperación alemana); muchos kilómetros fueron reparados, aunque en lastre, así que, con los años y las lluvias, el deterioro se acrecienta. Y a malos caminos, peores puentes; la mayoría son viejos y construidos con tucas o tipo hamaca, o los ya tristemente célebres “Bailey”. Muchos son arrastrados por aguas crecidas en época lluviosa. Los comités de vecinos invierten esfuerzos y recursos propios para repararlos pero la burocracia poco ayuda; algunas estructuras de metal esperan a la orilla de ríos para su instalación. Son caminos restringidos por su condición de casi inaccesibilidad; grandes charcos y barriales impiden el paso de vehículos que no sean 4×4 y, en momentos extremos, de cualquier automotor. Eso provoca escasos y pésimos servicios de transporte público. El caballo sigue siendo el principal medio de transporte, o el sustituto posmoderno (para quienes pueden): la motocicleta.
En una zona altamente lluviosa, paradójicamente, el agua se convierte en otro grave problema. A pesar de ser una región casi devastada por madereros con los incentivos financieros que recibieron décadas atrás para talar grandes extensiones, aún sobreviven parches de bosques y hasta es posible encontrar nacientes de agua. Pero la atomización local y la falta de apoyo municipal, hace que en muchas comunidades no existan acueductos para llevar agua potable a sus pobladores. Es común encontrar pozos artesanales construidos a pico y pala sin más paredes que la misma tierra, lo que los convierte en depósitos de aguas lodosas, algunos cercanos a los escusados: bombas de tiempo en términos sanitarios. Pocas familias, por razones económicas, tienen pozos perforados con paredes de alcantarillas y desinfección rutinaria. En varios poblados, donde los hay, los puestos de salud presentan una infraestructura lamentable.
La electrificación es de reciente ingreso gracias a la condición solidaria de la cooperativa de electrificación (Coopelesca RL) y a los grupos locales que han servido de contraparte para el financiamiento de las obras. Largas distancias y malos caminos afectan también la atención de las emergencias. El Comité Auxiliar de Cruz Roja de Santa Rosa atiende a los dos extensos distritos. Es quizás el Comité Auxiliar que más territorio cubre en todo el país con los obstáculos agregados de caminos y puentes inexistentes o en mal estado. Sus funcionarios son auténticos héroes sancarleños. De tal modo que las asimetrías y carencias son enormes, no así las respuestas de las instituciones gubernamentales, incluida la municipalidad. La organización local, por el escaso valor electoral para los partidos tradicionales, es débil y presa del clientelismo, en especial las Asociaciones de Desarrollo donde las hay. Por eso la presencia de proyectos como los de la minería a cielo abierto abrió el apetito de muchos dirigentes comunales, así como la utopía del “desarrollo” en comunidades dejadas, históricamente, a la mano de Dios. Este complejo tema requiere de un artículo aparte. Hasta el momento no se han producido iniciativas tangibles que permitan un mejor desarrollo social para Cutris donde, de nuevo, la minería ilegal propicia la reaparición de voces que exigen la actividad extractivista.
Por otra parte, el imparable avance del cultivo de la piña se suma e incide con mayores calamidades como la contaminación con agroquímicos. Es el caso de comunidades como Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto, cuyas Asadas se vieron en problemas por la contaminación de sus fuentes de agua. También causó indignación el incidente en agosto del año pasado en la comunidad de San Juan de Platanar, distrito de Florencia, cuando la fumigación de una piñera alcanzó a la escuela local y causó la hospitalización de varios menores de edad, docentes y padres de familia. De manera tal que San Carlos y la Región Norte son territorios con problemáticas muy complejas debido a una historia singular y al abandono del Estado, mismo que ha venido siendo desmontado por la contrarreforma neoliberal de la oligarquía criolla, empresas transnacionales y, sobre todo, organismos financieros internacionales, con la aviesa intención de convertir en negocio sus servicios estratégicos.
Recordemos que la región, en su parte norte, fue colonizada, en primera instancia, por nicaragüesnses. Huleros, raicilleros, cazadores y traficantes nicas esclavizaron y exterminaron a cientos de indígenas guatusos; los cazaban como venados. Hasta los años sesenta del siglo pasado la presencia del estado costarricense era casi nula; la moneda de curso en comunidades como Upala, Los Chiles, San Rafael de Guatuso o Boca de San Carlos, era el córdoba nicaragüense. Casi todos los pobladores de la linea fronteriza poseen vínculos familiares a ambos lados. Mientras tanto, la colonización del sur de la región a finales del siglo XIX y principios del XX, expresamente San Carlos, se dio por habitantes del valle central o de cantones vecinos como Naranjo, San Ramón, Grecia, Atenas, incluida la misma Alajuela. La herencia cultural entonces en Ciudad Quesada y los principales focos de desarrollo como La Fortuna, Aguas Zarcas, Venecia o Pital, es vallecentrista, es decir, individualista, desconfiada, católica y conservadora. Sin embargo, por lo rudo de dicha colonización, el sancarleño “sureño” también desarrolló un fuerte emprendedurismo, una vocación de ayuda mutua y una tendencia a la organización comunal (cooperativa) para enfrentar emergencias o edificar infraestructura comunitaria. De tal modo que un vecino de Ciudad Quesada, a pesar de sentirse sancarleño de “mi linda tierra”, en el fondo piensa parecido que un josefino respecto de sus congéneres en Cutris o Pocosol, por ejemplo. El vallecentrismo se replica de una manera obscena. Y ni se diga lo que se piensa acerca de los vecinos del norte.
En la década de los años noventa, con los inicios de la contrarreforma neoliberal (Paes), el país intenta incorporarse a los procesos de globalización de la economía mundial. La racionalidad económica del nuevo modelo hace que algunas actividades acudan a la contratación de población migrante. Los sectores de la agricultura de exportación como el banano, el café, la caña y los llamados productos no tradicionales (yuca, cítricos, macadamia, piña, melón, etc), basan su “fortaleza” en la utilización intensiva de fuerza de trabajo migrante contratada en precarias condiciones. El desarrollo turístico y la creciente informalización de la economía también abrieron espacios para la inserción de nicaragüenses en la construcción y otras actividades del sector servicios. Estas dinámicas ocurren en el marco de una modificación del mercado laboral costarricense caracterizada por la variación en la oferta laboral donde los trabajadores costarricenses gozan de salarios relativamente altos, puesto que la legislación laboral contempla un importante aporte del sector patronal a la seguridad social y se asegura una serie de prestaciones sociales. Por otra parte, los niveles educativos de la población costarricense le permiten desplazarse hacia sectores como el industrial y servicios, dejando un vacío en las labores menos calificadas, que son ocupadas por nicaragüenses.
Lo anterior permite comprender que ciertamente Nicaragua, por sus lamentables condiciones socieconómicas y políticas, es un país que expulsa mano de obra y a su población en general, pero que la nueva y asimétrica estructura productiva montada sobre un Estado Social de Derecho cada vez más fracturado y amenazado, propicia también la inmigración constante en busca de trabajo y sustento. San Carlos y la Región Norte son espacios donde, por la cantidad de empresas agroexportadoras instaladas, esta realidad es cotidiana y múltiple. En los últimos años, mucha mano de obra costarricense no calificada ha sido desplazada por la migrante, la cual no protesta ni exige las garantías sociales tal y como el costarricense suele hacerlo. Aunque la nueva y cada vez más anti trabajadora legislación, acorde con el estado galopante de la contrarreforma, ha empezado a cerrar derechos como el de sindicalización, de huelga o de salarios crecientes incluido. Hasta el seguro social quieren eliminar para favorecer grandes intereses que desean lucrar con la salud.
Así pues, las manifestaciones de muchos sancarleños oponiéndose a la instalación de centros de recuperación para el Covid-19 en sus comunidades, o en contra de los migrantes nicaragüenses, obedecen a un marco ideológico individualista y xenófobo, pero sobre todo chauvinista, potenciado por una falsa excepcionalidad. No dudo de que muchas de esas manifestaciones tóxicas estén siendo alentadas por intereses espurios y por predicadores de la mala fe, es decir, políticos de baja monta, esos que pululan en busca de curules o puestos gubernamentales. La incidencia de nuevos fundamentalismos religiosos es, probablemente, otro de los agentes que agitan la hoguera. Aterran esas expresiones por su aspereza filo racista, por la intolerancia y las falacias que esgrimen. Ojalá que la pandemia no produzca una hecatombe, pero que nos procure mayor humanidad, solidaridad, justicia y compasión, no sólo para combatir esas absurdas y peligrosas posiciones, sino para defender y profundizar el Estado Social de Derecho que permita el cierre de las grandes desigualdades que sufrimos; pero en especial la ignorancia, el chauvinismo, la xenofobia y la peligrosa intoxicación ideológica que padecemos.
Guillermo Acuña González*
Sociólogo-Escritor
12 de junio 2020
Recientemente el Instituto Costarricense del Café (ICAFE) en la voz de su directora ejecutiva Xinia Chaves emitió dos señalamientos importantes en cuanto a su proceso productivo actual y el vínculo con los impactos de la crisis sanitaria global.
El primero indica que la cosecha 2020-2021 será “una de las más importantes de la historia”, dada la coyuntura sanitaria global y las circunstancias que afectan todos los ámbitos de la vida misma. El segundo consiste en la convocatoria, inédita en décadas, a la fuerza de trabajo costarricense a incorporarse a la recolección, que este año podría empezar en agosto en su etapa temprana. [1].
En mayo anterior, la misma representante había dibujado tres escenarios posibles con relación a los requerimientos de mano de obra para la temporada 2020-2021[2]: el primero, el optimista, se basaba en contar con la habitual fuerza de trabajo extranjera (fuerza de trabajo migrante de origen nicaragüense y panameña) que por décadas ha soportado sobre sus hombros el peso de la recolección completa desde la etapa temprana hasta su clausura, al promediar el mes de marzo del siguiente año.
El segundo, intermedio como ella misma señala, se caracterizaría por la implementación de una serie de protocolos de seguridad sanitaria para garantizar el concurso de la misma fuerza de trabajo.
El tercero, “el peor”, consistiría en la restricción absoluta de entrada de fuerza de trabajo migrante nicaragüense y panameña, dadas las implicaciones de cierre de fronteras y las disposiciones emanadas por las autoridades de Salud Pública en el país. Este escenario obligaría al sector a tomar medidas de contingencia, entre ellas considerar incorporar una masa trabajadora que hace lustros dejó de interesarse por participar en la actividad, dada su calificación laboral y sus niveles aspiracionales.
Junio llegó y trajo consigo el peor escenario posible, no solo para la actividad cafetalera sino para la población migrante trabajadora en general, que de acuerdo al estudio de OCDE-OIT de 2018, es la responsable en buena medida del 12% de la producción nacional. [3]
Producto del aumento en la detección de casos positivos de COVID-19 en personas trabajadoras provenientes de Nicaragua, ubicadas en actividades como plantas empacadoras y fincas productoras de piña en la zona norte del país, se profundizaron los discursos de rechazo, motivados por el miedo sanitario al contagio, mezclados con una tendencia existente en el imaginario del costarricense a considerar al nicaragüense trabajador pobre como una amenaza para su identidad blanca, homogénea y vallecentralina.[4]
No solo los discursos potenciaron la discriminación. Las prácticas sociales e institucionales también: una directriz emitida por el Área de Salud de Los Chiles, ubicada en frontera con Nicaragua, indica la prohibición de atender personas indocumentadas si no es con presencia policial y de personal de migración[5].
Estos discursos y prácticas señalan la instalación en Costa Rica de una discriminación de naturaleza estructural[6] que amenaza con eliminar simbólica y espacialmente a un sujeto histórico, importante para el desarrollo económico y social del país.
La urgencia por contar con fuerza de trabajo para la cosecha de café 2020-2021 (que inicialmente ha sido estimada por las autoridades de ICAFE en 75.000 personas trabajadoras) ha supuesto la interpelación inédita a la fuerza de trabajo costarricense para que se incorpore a la actividad, obviando que el mercado laboral costarricense ha adquirido desde hace bastantes décadas una característica de segmentación, consistente en la ocupación de fuerza de trabajo migrante en sectores específicos de la economía local.
Este proceso, además, ha aniquilado del discurso social e institucional la referencia a esa población trabajadora migrante, habitual y necesaria. En el caso del migrante nicaragüense, el recurso a la apelación a su cuerpo enfermo y expuesto como amenaza biológica y sanitaria, opera en el imaginario de buena parte de costarricenses como una fuente natural de miedo, que fácilmente deriva hacia otros sentimientos o estados emocionales. En el caso del migrante indígena panameño el proceso es peor, porque ni siquiera se le nombra o referencia, invisibilizando en ambos casos su existencia como sujeto histórico.
La psicoanalista Marie France Brunet en el libro El odio y la clínica psicoanalítica actual (Pólvora Editorial, 2020) señala que el odio surge como síntoma en el racismo y la xenofobia, entre otros males sociales.
El otro, el extranjero, a través de sus rasgos de diferencia y especificidad, pero también de amenaza, de enfermedad, asusta y crea en los demás mecanismos de reacción y rechazo, como los experimentados en estos momentos en la sociedad costarricense. Se produce así, el proceso de anulación del otro como una forma de destruirlo, eliminarlo simbólicamente[7].
En el caso específico de los actuales discursos contra la migración laboral nicaragüense, dos aspectos importantes explican su rápida difusión social en medio de la coyuntura.
El primero, vinculado con una matriz histórica de superioridad biológica que el costarricense ha construido para diferenciarse de los otros, motivada por el proyecto oficial de blanqueamiento de la población en el proceso de construcción del estado nación[8].
El segundo, la construcción de una espacialidad riesgosa, que en este caso se ubica en las narrativas sobre la frontera con Nicaragua. La construcción de una espacialidad que explicara el origen de la Pandemia fue determinante a inicios de la misma y determinó rápidamente la construcción global de discursos de peligro y responsabilización[9]. Lo mismo opera con la frontera entre Costa Rica y Nicaragua como recurso retórico, pese a que los casos se siguen presentando en otros lugares del país.
Esta acción ha supuesto por ejemplo, que comunidades ubicadas en esa espacialidad fronteriza muestren su oposición a recibir personas migrantes identificadas como positivas con el virus en una acción absolutamente opuesta a la supuesta solidaridad y hospitalidad que ha caracterizado la identidad social costarricense. Al mismo tiempo, el tono de los discursos, su acento, ha estado puesto sobre la persona migrante y no sobre las empresas que les contratan en condiciones laborales y sociales deficitarias.
Los rasgos de individuación y ausencia de cooperación como consecuencia de las respuestas estatales ante la pandemia a través de cierre de fronteras, ordenamiento de cuarentenas y aislamiento social, han supuesto un resultado que quizá sea igual o más profundo que los efectos sanitarios de la pandemia: la deconstrucción de convivencias sociales y las confianzas colectivas, colocando en el otro extranjero pobre y vulnerable toda la carga de esos procesos de desestructuración.
Es urgente la tarea inmediata a revisar los discursos y las prácticas sociales contra las personas migrantes trabajadoras. No solo por que lesionan su dignidad y la de sus familias como seres humanos, sino porque al eliminar simbólicamente ese sujeto histórico mediante la invisibilización y el rechazo, potencian en el corto plazo la búsqueda de otros chivos expiatorios que bien podrían ser ubicados al interior mismo de la sociedad costarricense, provocando una polarización más profunda que la ocasionada por el escenario socio político del país de los últimos 20 años. Personas Jóvenes, desempleadas, sin acceso a estudio, podrían ser eventualmente erigidas como ese nuevo otro social que tanto necesita la sociedad costarricense para construir su identidad.
Es necesario reconocer ese otro sujeto histórico, vincularse a su biografía y sus necesidades, asumirlo como persona con deberes y derechos que lo integren formal y prácticamente a nuestra experiencia cotidiana. Solo así nacerá una sociedad nueva, sin tanto odio y temor como política de las relaciones humanas. Sustituyamos esos rasgos por el afecto. El escenario nos desafía a intentarlo.
* Sociólogo y escritor costarricense. Investigador del Programa de Investigación Migración, Cambio Social e identidades, de IDESPO-UNA. Premio Nacional de Ensayo Aquileo J. Echeverría 2019 con ensayo: “Déjennos pasar: Migraciones y trashumancias en Centroamérica”. Editorial Amargord, España.
[1] Xinia Chávez, Presidenta Ejecutiva ICAFE. Entrevista edición meridiana Telenoticias, 11 de junio de 2020.
[2] ICAFE prepara posibles escenarios para que crisis sanitaria no afecte cosecha 2020-2021. En www.columbia.co.cr recuperado el 12 de junio de 2020.
[3] OCDE-0IT. (2018). Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de Costa Rica, Éditions OCDE, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264303867-es.
[4] Ver referencias sobre estas construcciones imaginarias y discursivas en textos como Jiménez Matarrita, Alexander. (2002). El imposible país de los filósofos: el discurso filosófico y la invención de Costa Rica. San José, Costa Rica: Editorial Perro Azul; Alvarenga, Patricia. (2005). La identidad amenazada. Los costarricenses ante la inmigración nicaragüense. En https://ccp.ucr.ac.cr/noticias/migraif/pdf/alvarenga.pdf. Recuperado el 12 de junio de 2020; Sandoval, Carlos (2002) Otros Amenazantes. Los nicaragüenses y la formación de identidades nacionales en Costa Rica. San José, Costa Rica: Editorial UCR.
[5] Directriz DGASLCH-00126-2020. 29 de mayo de 2020.
[6] Pelletier, Paola (2014). La discriminación estructural en la evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En https://www.corteidh.or.cr/tablas/r34025.pdf Recuperado el 12 de junio de 2020
[7] El odio nos toca la puerta. En www.ciperchile.cl. Recuperado el 12 de junio de 2020.
[8] Jiménez Matarrita, Alexander. (2002). El imposible país de los filósofos: el discurso filosófico y la invención de Costa Rica. San José, Costa Rica: Editorial Perro Azul
[9] Lois, Marie (2020). Los estados cierran sus territorios por seguridad…pero los virus están emancipados de sus fronteras. En Geopolíticas, revista de estudios sobre espacio y poder. https://dx.doi.org/10.5209/geop.69370
Cerca de su cincuenta aniversario, parece que la emergencia nacional por la pandemia pone a flote la crisis que arrastra el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), acumulada en los últimos treinta años y acelerada en los últimos diez. Gracias a la contrarreforma neoliberal iniciada en los años ochenta del siglo pasado con los tristemente célebres Planes de Ajuste Estructural (PAEs), dicho ministerio ha sido despojado de algunas de las funciones estratégicas para las que originalmente fue creado. Por eso carga con serias limitaciones para responder a una realidad cambiante y también en crisis, la cual se expresa en una sociedad trastocada por el cambio global y por una creciente y profunda desigualdad estructural.
De cara a su aniversario (y ante el opaco bicentenario de la “república”), muchas personas pensamos que bien valdría la pena realizar un balance colectivo del ministerio y de las políticas culturales en Costa Rica para repensar lo que se ha hecho y se ha dejado de hacer y, fundamentalmente, sobre el rol que debería jugar el MCJ en el futuro cercano, sin olvidar que, al menos simbólicamente, también es el ministerio de la juventud. Es una tarea pendiente y es de esperar que el mismo ministerio se aboque a ella con la presencia organizada de los sectores involucrados en el quehacer cultural y artístico del país.
En retrospectiva, es importante recordar que el 5 de julio de 1971, mediante la Ley No. 4788, se crea el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, de tal modo que la cartera involucraba también a la Juventud y al Deporte. (El pequeño ministerio se había incubado en la otrora Dirección de Artes y Letras del Ministerio de Educación, cuyo gran impulsor, entre otros, fue el artista y arquitecto Rafael “Felo” García). En los años setenta y parte de los ochenta, funcionó el Movimiento Nacional de Juventudes (MNJ) un vigoroso proyecto con casas de la juventud por todo el país. Por cierto, el actual Ministro de la Presidencia fue Director del MNJ por mucho tiempo. Más tarde eliminaron al “movi” (así lo llamábamos) porque estaba ayudando a crear dirigentes juveniles conscientes y críticos (¡con instructores israelíes!), muchos de ellos pasaron a la izquierda. Y, además era el ente rector del deporte; luego se creó el ICODER y le quitaron esa papa caliente al ministerio cuyo quehacer en esa rama era casi decorativo.
Es importante también recalcar que la creación del MCJ obedeció al objetivo estratégico del proyecto original promovido por los llamados “hombres de letras” del Partido Liberación Nacional, jefeados por don Alberto “Beto” Cañas Escalante, en un contexto marcado por la guerra fría y por las consecuencias de la guerra civil con sus persecuciones y su anticomunismo. Como en tantas otras acciones socialdemócratas y socialcristianas, el MCJD funcionó para institucionalizar conflictos y sectores “en pugna”. El Ministerio nace sin saldar la eterna disputa entre “Cultura” y/o “Bellas Artes”, es decir, entre la visión “bellaletrista y bellartística” y el concepto antropológico en el cual la cultura se entiende de manera más amplia e integral. Era una concepción difusionista: fortalecer las bellas artes y llevar la cultura a quienes no la “tenían”, ir a las comunidades con un proyecto de extensión patriarcal social demócrata. Para ello había que crear conjuntos artísticos (OSN, CNT, CND, TNT…) y museos entre otros entes; más tarde, cuando el concepto antropológico se fue imponiendo, se crearon direcciones regionales y Casas de la Cultura con un nuevo discurso acerca de “regionalización” ante el pudor de una conciencia vallecentrista asumida a medias. Eso hizo aguas muy pronto y el ministerio no se reactualizó sino que, al contrario, se recortó.
Ya entrado el nuevo milenio, el MCJ se fue adaptando a la contrarreforma y extendiéndose más al espectáculo (FIA, FNA, Feria del Libro, Festival de Cine, etc.) y apoyando las incipientes industrias culturales. Era claro, la actividad cultural pasaba de ser prioridad del estado (benefactor) a dejarse en manos de la iniciativa privada que, de todas maneras (rezaba el slogan) “produce libertad”. En los últimos años se le ha dado prioridad a los “pequeños productores de cultura” (artesanos y emprendimientos “artísticos”) e incluso los grandes proyectos de masas tipo FIA o FNA hicieron aguas, ya por la desidia, ya por la impericia de los tres últimos (des)gobiernos. Es claro que el ministerio transita a la deriva dependiendo de las administraciones o de las “personalidades” de sus ministros o ministras, así como de sus equipos de trabajo.
Ante la crisis algunos “artistas” pegan el grito al cielo (uno pregunta: ¿por qué no lo hicieron antes?, ¿por qué hasta los tiempos del Covid 19?) y amenazan con acusaciones y anatemas a la vez que lanzan un estentóreo SOS. Muchos de ellos comparan al ministerio con una suerte de CNP, ICT, INVU o IMAS, sin comprender la naturaleza del mismo ni la amplitud del concepto cultura. Otros, como quien esto escribe, pensamos que es demasiado tarde para pataleos, que hace muchos años le dieron el tiro de gracia. La contrarreforma neoliberal lo precarizó, los tres últimos gobiernos lo desmantelaron. Sin embargo, “del ahogado el sombrero”, algo se puede rescatar. Pero se precisa de una reforma total del estado que lo revitalice y lo coloque a la altura de los tiempos. En otras palabras, se trata de preservar y fortalecer el Estado Social de Derecho que la contrarreforma neoliberal ha venido debilitando y ahora quiere rematar. La pregunta es: ¿será posible?
Finalizo con la frase de un cantautor colocada en una de las redes sociales: “Muchos de los que reclaman ahora parece que han estado muy cómodos durante tantos años de silencio”.
Proceso de diálogo y construcción de medidas para enfrentar la crisis causada por la COVID-19
Diez propuestas priorizadas en respuestas inmediatas y procesos transformativos para enfrentar la crisis causada por la COVID-19 desde una perspectiva social, socioproductiva y solidaria.
El sociólogo Carlos Brenes compartió con SURCOS este documento que expresa el proceso de diálogo realizado por el sector de Economía Social Solidaria con el gobierno.
El documento señala en su introducción:
“La grave crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia de la covid-19 ha puesto de manifiesto que se necesita un nuevo orden mundial. La comprensión más generalizada de la gestión del riesgo de desastres define este como la combinación de dos factores: las amenazas y la vulnerabilidad o exposición a estas. Todo desastre resulta de una alta vulnerabilidad. Esta no tiene que ver solamente con los primeros impactos, sino, también, con las consecuencias socioeconómicas y ambientales de mediano y largo plazos. Comúnmente, existen sectores de la población que son afectados más dramáticamente por los efectos dañinos de los desastres. Estos son los que tienen las posiciones más desventajosas en términos socioeconómicos.
Aunque nuestro Gobierno y la CCSS han demostrado un gran acierto en la conducción del país para mitigar el impacto sanitario de esta crisis, se han puesto de manifiesto vulnerabilidades en nuestro sistema de gestión del riesgo de desastres, esto es, en la preparación para afrontar amenazas más allá de las hidrometeorológicas y geológicas. A estas, entre otras, se suman las amenazas biológicas, que no por primera vez desencadenan emergencias en el mundo y ante las que el país también es frágil. Ha quedado más visible que nunca que cualquier evento destructivo –ya sea un sismo, un ciclón tropical, una sequía o un fenómeno epidémico o pandémico– además del impacto inmediato, genera una devastación socioeconómica, en la que siempre la peor afectación y la mayor desprotección son las que sufren los pobres. Pero también esta crisis ha causado estragos en sectores de los estratos medios.
Ante todo, llamamos a ver detrás de las estadísticas que están evidenciando esta realidad, los rostros humanos: los de aquellos que han perdido su empleo; los de cientos de miles que no lo tenían y han visto frustradas sus expectativas de conseguirlo; los de los que estaban hundidos en el mundo de la informalidad laboral y los de quienes ahora han pasado a sumarse a sus filas. Rostros de personas que dependían de asistencia humanitaria y ahora no pueden ser auxiliados. Son, todas estas, personas que viven la angustia y la desesperación de no tener un ingreso total o parcial que le permita comprar los alimentos de su familia, pagar los recibos de servicios, cubrir los pases para movilizarse, comprar los pañales de sus hijos o de sus padres enfermos. Son las personas que se habían endeudado para montar una pequeña empresa y ahora no tienen cómo pagar el préstamo, porque el emprendimiento se hundió; las personas que adquirieron deudas para responder a necesidades de salud, de vivienda, de estudio propio o de los hijos, entre otras necesidades básicas. Son los rostros de nuestros agricultores y agricultoras desprotegidos, sin seguros de cosecha, sin mercado justo para sus productos, que van perdiendo casas y tierras por el endeudamiento. Y no podemos olvidar los rostros de quienes están totalmente a la orilla, los miles de personas que habitan en nuestras calles, sin poder atender a la consigna del “quédate en casa”, lávate las manos, báñate, utiliza alcohol gel y lava tu ropa al llegar a casa… pues simplemente no tienen casa, ni servicios sanitarios, ni ropa en un armario.
