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Etiqueta: crecimiento económico

Costa Rica 2010-2024 – La marejada de la desigualdad

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

En este artículo, se explora cómo el Proyecto Neoliberal prioriza la rentabilidad empresarial, devenida criterio central de la organización económica, lo que cual provoca una desconexión preocupante entre el crecimiento económico y el bienestar social en Costa Rica, durante el período entre 2010 y 2024. Destacan problemáticas clave como la desconexión entre crecimiento y empleo, el estancamiento de los ingresos reales y la creciente brecha entre el crecimiento económico y los ingresos de los hogares, lo que plantea preguntas importantes sobre las implicaciones para la desigualdad.

SURCOS le invita a descargar y compartir este análisis del doctor Luis Paulino Vargas Solís.

¿Por qué debe preocuparnos la pobreza en niñez y adolescencia? Parte 1

José Francisco Pacheco Jiménez
Investigador Proyecto OES, Escuela de Economía de la UNA

El estudio de las implicaciones de la pobreza en menores de edad es un tema ampliamente investigado a nivel mundial porque no es lo mismo experimentar privación material en los primeros años de vida que vivirla en años posteriores. La pobreza en niños, niñas y adolescentes (NNA) tiene matices que afectan hoy y seguirán afectando por muchas décadas el bienestar de las personas afectadas, la convivencia social y hasta el crecimiento económico.

Si bien vivir en situación de pobreza es malo para cualquier persona, lo cierto es que aquella experimentada por los NNA se distingue de la privación material en otros grupos por las implicaciones de largo plazo. En primer lugar, porque las necesidades de las personas menores de edad son distintas a aquellas de las personas adultas siendo algunos bienes y servicios más relevantes en las primeras etapas de la vida. Segundo, los efectos adversos de la pobreza infantil son mucho más fuertes por cuanto afectan el desarrollo cognitivo, físico y socioemocional generando secuelas el resto de su vida, especialmente si dicha pobreza se vive en los primeros 3 años. Esto se debe a que la privación material se asocia a problemas de desnutrición, bajo acceso a recursos para el aprendizaje y problemas de salud, todo lo cual redunda en rezagos cognitivos que persistirán por muchas décadas. Entre otros, las investigaciones han mostrado que, en caso de pobreza durante la niñez, existe mayor posibilidad de padecer enfermedades crónicas, depresión y problemas cognitivos y de crecimiento cerebral ante limitado acceso a alimentos. Además, el vínculo entre pobreza durante la niñez y adolescencia y el desempeño laboral es igualmente relevante con efectos observados en menor cantidad de horas laboradas y menores ingresos reportados cuando la persona se incorpora al mercado de trabajo.

En vista de lo anterior, posicionar el debate en torno a la pobreza de la niñez y adolescencia en Costa Rica es una tarea sobre la sociedad en la que viviremos en 20 o 30 años, urgiendo de esta forma a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales a solventar hoy para evitar males mayores el día de mañana.

Al menos tres preocupaciones surgen a mano. Primero, la pobreza aumenta en todos sus niveles. Segundo, el futuro no ofrece una perspectiva mejor y eso podría significar que múltiples generaciones vean truncadas sus aspiraciones a una mejor calidad de vida al limitar su situación de pobreza el acceso a mejores condiciones educativas, sanitarias, nutricionales y laborales. Tercero, si bien el país posee una institucionalidad amplia en materia de niñez y adolescencia, las limitantes presupuestarias y los problemas de gestión generan dudas sobre su capacidad para apoyar una reversión en las tendencias adversas. Este artículo corresponde a una primera reflexión sobre las perspectivas socioeconómicas de la niñez y adolescencia en Costa Rica, enfocándose para ello en la primera de las preocupaciones antes mencionadas. En una segunda entrega se anotará la respuesta que, como país, hemos venido dando a las grandes necesidades de esta población y se reflexionará sobre las posibilidades de revertir la tendencia en el corto y mediano plazos.

Al hacer un rápido repaso de las tendencias en materia de pobreza monetaria, es notorio el progresivo deterioro de las condiciones de vida de nuestra población menor de edad. Entre el 2018 y el 2023, la tasa de pobreza creció del 33.5% al 39.2% ubicándolo como el grupo poblacional con mayor nivel de privación material. Esto significa que en nuestro país viven unos 470 mil NNA que residen en hogares a quienes el ingreso no les alcanza para comprar la Canasta Básica. Más aún, uno de cada ocho menores (unas 145 mil personas) habita con familias cuyos recursos no permiten comprar suficiente alimento. Las familias con NNA tienen una tasa de pobreza que es el doble de aquellas sin menores de edad (31.7% versus 16.6%).

Los números agrupados esconden una verdad: no todos los NNA experimentan la pobreza por igual. A nivel regional, un 55% de las personas menores de la Huetar Caribe urbana y la mitad de los NNA en Brunca viven en hogares con ingreso insuficiente para hacerle frente a sus necesidades básicas. Esta situación contrasta con la región Central, lugar en donde uno de cada tres infantes y adolescentes es pobre. Otros grupos en condición de amplia vulnerabilidad son las niñas (40.7%) y los NNA de familias migrantes (46.4%). Llama la atención que la incidencia de pobreza es mucho mayor cuanto menor la edad de la persona. Así, mientras el 43% del grupo 0-3 años vive en pobreza, en aquel entre 15 y 17 años ese porcentaje baja al 34%. Este detalle debería ser de enorme preocupación pública porque justo las débiles condiciones materiales durante la primera infancia suelen afectar con más fuerza el desarrollo físico y mental de los infantes que cuando la pobreza aparece en edades posteriores.

La pobreza por ingresos insuficientes no es la única condición que nos debe preocupar sobre este tema. Además de vivir en hogares con limitados recursos monetarios, muchos menores viven sin acceso a bienes y servicios que son necesarios para asegurar mejores condiciones de vida hoy pero también para elevar su desarrollo humano en las próximas décadas. Este tipo de pobreza, usualmente denominada multidimensional, permite observar las carencias que experimentan las personas u hogares en temas como salud, educación, cuido, acceso a servicios básicos y empleo.

En total, un 27% de los NNA son multidimensionalmente pobres, es decir, en su vida cotidiana enfrentan al menos cuatro carencias básicas sea en educación, vivienda de calidad, acceso a Internet, salud o cobertura con protección social. En otras palabras, 328 mil menores de edad viven con serias limitaciones en esos ámbitos. Más aún, los números indican que 227 mil menores son doblemente pobres: ni acceden a servicios claves ni en su hogar hay suficiente ingreso para comprar la Canasta Básica. De este grupo, 87 mil son menores que viven en extrema pobreza siendo altamente alarmante la sobrerrepresentación de las dos regiones Huetar. La Huetar Caribe tiene al 11% de la población NNA pero al 18% de los menores con doble condición de pobreza multidimensional y pobreza extrema. La Huetar Norte presentan un panorama aún peor: tiene el 10% de los NNA a nivel nacional, pero al 21% de los menores con los peores indicadores de pobreza.

Al hurgar dentro de las condiciones que caracterizan la pobreza multidimensional, los siguientes resultados emergen:

  1. Casi el 8% de nuestra niñez y adolescencia experimenta rezago educativo, tasa que se eleva al 12% entre aquellos menores que viven en familias en pobreza.
  2. El 17% de los NNA viven en hacinamiento; 28% en menores en pobreza.
  3. Los menores en pobreza tienen 4 veces menos acceso a Internet que aquellos que no son pobres.
  4. Aproximadamente 1 de 6 menores vive en residencias con problemas de infraestructura, pero este porcentaje se eleva al 27.5% si se consideran los NNA en pobreza.

En términos globales, nuestra niñez y adolescencia vive en peores condiciones que el resto de la población. Según se comentó previamente, la pobreza, en cualquiera de sus manifestaciones, es más dañina para estas personas que para otros grupos poblacionales por cuanto afecta su desarrollo integral, secuelas que se mantienen con los años y afectan tanto su propio bienestar individual o familiar como el potencial del país como un todo (a través, por ejemplo, de una menor productividad). A este punto, surgen interrogantes sobre la respuesta del país a estos desafíos socioeconómicos así como la posibilidad real de revertir estas tendencias perversas para cambiar las condiciones de vida de nuestros NNA. Algunos de estos aspectos serán parte de una segunda entrega.

La carrera de Economía está en bancarrota y los economistas también…

Luis G. Martínez Sandoval.

Luis Gilberto Martínez Sandoval MBA Lic. Bach.
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales.
Ex Funcionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Escritor, Directivo JD SSN ANEP UTN, Científico Social
Candidato Decano de Sede Central UTN Elecciones 2024
Contácteme: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 506 62 76 41 33

El mercado global tan apetecido por los empresarios exportadores es altamente monopólico, oligopólico y, transnacional; poco más de 650 CMN controlan el comercio mundial y 16 la industria del petróleo. Pero los economistas llaman a ello “competencia en mercado global”.

Como estudioso de la ciencia de la economía no deja de llamarme la atención que esta ciencia dada las nuevas realidades TICs en el Siglo XXI está en bancarrota y los economistas también…Sus predicciones no aciertan dado su componente subjetivo. El mejor laboratorio de ello es Argentina guiada por un Economista. La Física y la Medicina avanzan más rápido que la Ciencia Económica. Su componente es subjetivo ante una sociedad de alta complejidad y su método experimental no es igual a las ciencias duras. Manuel Arellano et al, nos exponen que en cuanto a logros la ciencia económica no ha podido “conseguir una vacuna para erradicar la pobreza, (…) ni ha podido evitar la especulación de los mercados.” La economía es una “ciencia social no exacta”, que tiene como objetivo resolver el problema económico: ¿qué?, ¿cómo? y ¿para quién producir y distribuir bienes y servicios?

El PNB y PIB están obsoletos como medidas de contabilidad nacional y, conceptos como rendimiento, productividad, competitividad, beneficios son arbitrarios, subjetivos y parciales.

¿Qué hacer con la Economía? Necesitamos diseñar nuevas bases conceptuales, metodológicas y técnicas para la nueva economía del siglo XXI. Debemos empezar desechando viejos conceptos, métodos y técnicas económicas. ¡Debemos hacer una reforma curricular total en todas las Escuelas de Economía de las Universidades Públicas y Privadas de Costa Rica! ¡Es urgente y prioritario!

La economía camina por supuestos: las necesidades humanas son ilimitadas, los recursos escasos, el costo de oportunidad, los incentivos, la teoría de la expectativa, la elección del consumidor, los individuos se enfrentan a disyuntivas, las personas son racionales y actúan en términos marginales, los individuos responden a incentivos, el comercio puede mejorar el bienestar, los mercados son un mecanismo de auto regulación, el Estado mejora a veces los resultados evitando las fallas en el mercado (distorsiones: colusiones, crisis, fraudes, evasión de impuestos, falta de bienes y servicios, contaminación de una empresa sobre los ciudadanos, subida de precios de un solo sector productivo, tráfico de información y no transparentar, no rendir cuentas ), la productividad mejora el nivel de vida, imprimir demasiado dinero genera subida de precios y, la inflación genera baja en el desempleo dado que estimula a contratar trabajadores. ¡Supuestos!

En su enfoque la ciencia económica es fragmentaria.

En sus modelos excluye las dimensiones bioecológicas, sociales, políticas, teológicas y psicológicas. Al basarse en suposiciones degenera en “ideología disfrazada”. La economía se enfoca en el “nivel de vida” y olvida la “calidad de vida” y la felicidad interna bruta. Los bosques, ríos, suelos y minerales que son activos naturales para la economía son bienes de consumo y recursos ilimitados que se deben explotar al máximo sacando la utilidad mayor. Para ello se utiliza la famosa fórmula macroeconómica: DA = C + I + G + (X – M) pero siempre colapsa la demanda agregada. Por no hablar de la gran distancia entre el Big Data y la economía. La ciencia económica no logra administrar la incertidumbre en cualquier escenario posible y con todos los datos dados. ¿Qué sucederá macroeconómica y microeconómicamente en la Argentina de Javier Milei?

Como “ciencia” está viviendo una profunda “crisis existencial” en sus métodos, técnicas y conceptos. La “ciencia de la economía” está produciendo costes ambientales irreversibles al planeta, dado que los modelos económicos son altamente depredadores de los recursos naturales, seres vivos y minerales y sumamente contaminadores. El mundo de la ciencia económica del Siglo XXI no es el mundo en el cual escribió Adam Smith su libro “Una investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones” ni el mundo en el cual Karl Marx escribió el “Manifiesto Comunista” o “El Capital”.

La economía para funcionar requiere de hidrocarburos (combustibles fósiles) sin ello no funciona y cuando estos suben o bajan todas las predicciones se caen. La ciencia económica se volvió obsesiva-compulsiva con el crecimiento económico (PIB) y dejó de lado el desarrollo económico autosostenible.

La economía siempre ha considerado que se puede redistribuir la riqueza, proveer bienes y servicios, corregir problemas de funcionamiento del mercado (externalidades y monopolios) y estabilizar los ciclos económicos, pero… el Estado (Gobierno) siempre tendrá déficit fiscal, déficit comercial en cuenta corriente y gastos constantes y crecientes que siempre se van a financiar vía política fiscal o endeudamiento externo que estrangula las presentes y futuras generaciones.

La economía no puede sostener en el largo plazo la inflación ni bajar el desempleo, porque todas las economías están ancladas al sistema económico global. Por ejemplo, un cambio ínfimo en las tasas de interés de la Reserva Federal y dinamita nuestro Programa Macroeconómico del Banco Central de Costa Rica que es la economía número 85 por volumen del PIB. Siendo su deuda pública en 2022 de 41.379 millones de euros, 43.608 millones de dólares, con una deuda del 63,78% del PIB. Y su deuda per cápita es de 7.913 € euros por habitante, 8.340 $ dólares por habitante.

La “ciencia de la economía” sigue desconectada de la realidad concreta y muy afianzada en la realidad subjetiva.

Los mercados libres altamente competitivos, la planificación económica y la economía mixta solo existen en la academia universitaria y en los libros. La realidad va por otro lado.

En conclusión, para sentar las bases de una nueva economía requerimos realizar un cambio radical en los conceptos, métodos, sistema de valores y la estructura del pensamiento económico actual.

Debemos volver a releer a John Rawls, Robert Nozik (Sociedad Económica Justa), Thomas Robert Malthus (Teoría de la población), Joseph Alois Schumpeter y al geólogo M. King Hubbert o E. F. Schumacher principalmente todos sus escritos sobre Economía Budista, allí es donde podemos encontrar la verdadera salida a la bancarrota en que se encuentra la Economía y los economistas. Junto a ello deberíamos hacer un esfuerzo para comprender la economía budista y sus principios rectores −la vía intermedia que evita los extremos de los estilos de vida−, el máximo de bienestar humano con paz e iluminación perfectas, que está libre de deseos (consumo obsesivo) y sufrimiento por las cosas materiales (tener). ¿Será posible aplicarla en Costa Rica en el Siglo XXI? Como estudioso de la ciencia económica debo ser consecuente, no lo sé…

Disociación del ambiente natural en la urbanización: ¿Un medio para la acumulación de capital?

Cortés-Villegas Angélica*, Ureña-Badilla Jesús* | octubre del 2022

El desarrollo ha sido la bandera que enarbola el capitalismo, fundamentalmente enfocado hacia el crecimiento económico. Ese crecimiento se refleja en la planificación urbana de las Áreas Metropolitanas de cada país; implicando en la mayoría de los casos, una producción inmobiliaria basada en producción de naturaleza. Con esa visión de desarrollo y caracterizado por la separación de usos, el ordenamiento territorial en las urbes capitalinas ha tenido muy poco en cuenta la integración con el entorno natural; de manera que se destinan solamente pequeñas o medianas áreas con entornos naturales en las ciudades y los usos de tierra predominante son residencial, comercial, empresarial; en obra gris.

En el caso del Gran Área Metropolitana (GAM) costarricense las ciudades toman en cuenta la integración con la naturaleza en mayor o menor medida. Dentro de los servicios ecosistémicos que podemos obtener está, por ejemplo: los árboles, que mejoran la calidad del aire y reducen la temperatura mediante la sombra. Además del impacto positivo que tiene el contacto con la naturaleza en la salud mental. Pero el acceso casi único a entornos naturales se reduce principalmente a parques de ocasional uso, destinados a recreación y esparcimiento. Estos parques además de su reducido tamaño y poca vegetación presente, normalmente, se encuentran distanciados entre múltiples estructuras verticales de concreto. Por lo que el ambiente natural deja de ser el entorno en el que permanecemos y vivimos, suplantado por un ambiente construido.

Los entornos naturales han sido desplazados, son lejanos, ajenos, privados. Han sido limitados en parques nacionales, reservas, o propiedades privadas que brindan servicios ecosistémicos. Para encontrarse con estos entornos es necesario desplazarse lejos, es visitar un espacio lejano que nos ofrece experiencias nuevas; toma planificación, es vacacionar, alejarse de la ciudad y además, generalmente implica pagar por el acceso al lugar. ¿Es acaso que no hay otra opción en el desarrollo de las civilizaciones más que desplazar los entornos naturales? Esa imposición de los ambientes construidos como medio nos induce a una visión prístina de la naturaleza en la cual se separa al ser humano de la naturaleza, disociando nuestro papel como parte de esta y su rol indispensable para nuestra supervivencia y bienestar. Un ejemplo concreto de esta disociación del medio ambiente natural que normaliza su sustitución en aras del desarrollo, es el caso del proyecto urbano que se pretende aún construir en la Loma Salitral que se encuentra en Desamparados y corresponde a una Reserva Forestal, a la vez que forma parte de un área silvestre protegida más grande.

Desde el año 2011 la empresa urbanizadora La Laguna ha intentado llevar a cabo este proyecto residencial llamado La Arbolada, este es un proyecto de vivienda de más de 500 casas el cual se pretende aún llevar a cabo dentro de esta área de conservación. Según las leyes actuales del país este tipo de proyectos están prohibidos dentro de las áreas de conservación. Sin embargo, este proyecto tuvo un avance importante en cuanto a permisos concedidos por parte de la municipalidad de Desamparados. Grupos organizados de vecinos y grupos ecologistas se han manifestado en contra de este proyecto desde su inicio, debido a la afectación que éste tendría en este lugar al ambiente natural y también por incumplir la ley del país. Debido a esto el proyecto ha sido pausado y postergado por parte de SETENA, sin embargo, no se ha podido cancelar del todo porque la empresa urbanizadora sigue con intenciones de llevar a cabo el proyecto (Solano, 2021).

La ocurrencia de casos de crecimiento urbano, como el anterior expuesto, deviene de que en la ciudad la percepción del hábitat se transformó y limitó a: una casa, un edificio; elementos construidos que tienen alto valor en el mercado capitalista. En el cual, además, el acceso a la vivienda dejó de ser un derecho y pasó a ser más un negocio de gran valor. Un negocio que en su crecimiento por los territorios ha sustituido los entornos naturales causando la exclusión de la naturaleza de los ambientes urbanos. Y alejando de la mente del ser humano la idea del entorno natural como hábitat, necesario para nuestra existencia, supervivencia y bienestar. Con lo cual, cuando ocurren casos como el de la Loma Salitral, las poblaciones no tienen un sentido de pertenencia o vínculo con el entorno natural y les resulta indiferente y ya normalizado la transformación del medio a un ambiente construido. Así como las demás implicaciones a escala que esta tendrá en el entorno natural.

El modelo de desarrollo capitalista nunca pierde en esta lógica, la planificación territorial que materializa trae consigo limitar la relación del ser humano con el entorno natural, acostumbrando al ser humano a ese ambiente construido que representa un mercado inmobiliario millonario. Y que, al mismo tiempo, mediante esa disociación con el medio ambiente natural posiciona los entornos naturales ajenos a nuestro vivir y como lugares de paseo, que son también comercializados bajo todo una promoción falsa e irónica de la conservación de la naturaleza y las maravillas que ofrece. Lo anterior, como prueba de que el ambiente natural se oculta dentro de la planificación urbana.

*Estudiante de Geografía, Universidad de Costa Rica.

Referencias

Solano, D. M. (2021, junio 9). Informe del SINAC confirma que Condominio La Arboleda se construiría dentro de Loma Salitral. Semanario Universidad. Tomado de https://n9.cl/2bt6q

Desempleo de personas con discapacidad: La norma más que la excepción

Luis Fernando Astorga Gatjens

En estos días, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) publicó la preocupante situación del empleo que actualmente enfrenta el país: La tasa de desempleo cerró al finalizar el año 2021, en 13,7 %. De acuerdo al INEC, el país tiene a 333 mil personas sin empleo y, por tanto, sin ingreso alguno. Mientras tanto el subempleo alcanza un 13, 1 % y hay casi un millón de personas dentro de la informalidad. Otro dato que también debe generar preocupación es que 217 mil personas tuvieron reducción de su salario o ingresos asociados a suspensión o reducción de jornada, o bien tuvieron que suspender la actividad propia o negocio durante la pandemia. Este sector afectado por esta situación alcanza el 10,3% de la fuerza laboral.

Como se puede apreciar, se trata de datos nada halagüeños en un contexto donde el gobierno hace malabares con las cifras para mostrarnos un crecimiento económico, que tiene como base de referencia la estrepitosa caída de la economía en 4,1 % que se dio en el pandémico 2020. Ese crecimiento económico relativo lo disfrutan, entonces, algunos sectores de la sociedad; no así los miles de personas que están desempleadas, subempleadas, tienen ingresos reducidos o padecen las limitaciones económicas y en derechos propios de la informalidad laboral.

Es muy probable que la cifra de desempleo sea un poco mayor, ya que hay un sector de la población en edad productiva que no está, debidamente, considerada en la investigación estadística, por la particularidad de ser personas con discapacidad. Se trata de un sector invisibilizado en muchos aspectos.

En sentido general, la metodología para determinar la Población Económica Activa (PEA), se hace indagando si la persona está trabajando en alguna actividad remunerada y, en caso que no lo esté, preguntando si ha realizado alguna gestión de empleo en las últimas cinco semanas. Si esa persona responde que afirmativamente, se considera que forma parte de la PEA pero está desempleada.

En caso de responder que no ha realizado gestiones de búsqueda de empleo en el lapso indicado, se coloca dentro de la Población Ecomómicamente Inactiva (PEI). Valga precisar que la PEI es el grupo de personas en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral; es decir, que no realizan ni buscan desarrollar alguna actividad económica.

Aquí habría que considerar a las personas económicamente desalentadas o desanimadas. Y ahí, en primerísimo lugar se deben colocar a las personas con discapacidad en edad productiva, que no han realizado una gestión de empleo en las últimas cinco (o cuatro semanas, como fija el INEC), no porque no aspiren a conseguir un empleo sino porque han realizado múltiples gestiones –o conocen gestiones de otras personas con discapacidad–, con resultados reiteradamente negativos. Obviamente que tal experiencia termina por desanimarlas para seguir realizando gestiones de búsqueda de empleo. El estar chocando contra una pared que les dice que “no”, las persuade a que no realicen más gestiones.

El desempleo asociado a discapacidad tiene varias causas a considerar, siendo la principal la subvaloración y los prejuicios existentes que la mayoría de empleadores asocian con discapacidad. Los modelos prevalecientes en nuestro entorno socio-cultural tienden a subvalorar a las personas con discapacidad, en general y, más aún, cuando se trata de su independencia, su autonomía y su capacidad productiva y laboral. Otro factor que limita o impide la contratación de personas con discapacidad son las múltiples barreras de acceso físico, informativo y comunicacional, que se presentan en la gran mayoría de centros de trabajo. Dentro de esta misma barrera se puede incluir las condiciones ergonómicas inapropiadas que presentan muebles y equipos, que complican su accesibilidad para personas con discapacidad. En la suma de limitaciones se debe incluir asimismo la accesibilidad en el transporte público. En este rubro aunque podemos reconocer algunos avances, es más lo que sigue pendiente.

Hay otro valladar que también complica el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Es la calidad de mano de obra que ofrece el sector. El limitado acceso a la educación y a la formación técnica que enfrentan las personas con discapacidad, les impide aprovechar las escasas oportunidades laborales que se han presentado en los últimos tiempos.

Se podría pensar que la otra opción laboral es a través del auto-empleo propio de pequeños emprendimientos productivos. Sin embargo, con tan escaso apoyo del Estado y con tantas obligaciones y requisitos, es una actividad casi vedada para las personas con discapacidad.

De esta manera, de ese 18, 2 % de personas con discapacidad en edad adulta dentro de la población nacional (ENADIS, 2018, INEC-CONAPDIS), un porcentaje reducido es el que tiene acceso al trabajo. Con ello, el desempleo es más la norma que la excepción.

Consecuentemente, el derecho al trabajo contemplado en la Ley 7600 (artículo 23) y en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (artículo 27), por ahora son más expectativa que realidad concreta, para la inmensa mayoría de las personas con discapacidad del país.

Desafortunadamente, en esta campaña electoral que ya llegó a su fin (por lo menos, en su primera ronda), la situación de discriminación y exclusión social que padecen las personas con discapacidad, no ha estado presente, en la urgencia y profundidad necesaria, ni en el diagnóstico, ni en los programas, ni en las intervenciones de los candidatos presidenciales. Y este debería ser un tema importante, tanto por el peso del sector poblacional como por el agravamiento de su situación general como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

En un deteriorado Estado Social de Derecho como el nuestro, las esperanzas de mejora en inclusión laboral para las personas con discapacidad están marcadas por la incertidumbre. Para revertir tal situación habrá que apostar a la movilización y la lucha de las personas con discapacidad y sus aliados, guiados por la consigna inevitable: ¡Sin acción, no hay derechos!

La competitividad desigual de los cantones del país y la ausencia de soluciones estructurales para reducir las brechas existentes

German Masís

El jueves 11 de noviembre se dieron a conocer los resultados del Índice de Competitividad Nacional (ICN) de los 82 cantones del país, en el que se establecen los diferentes niveles de competitividad y las barreras y brechas que existen entre los cantones de la GAM y los de las demás regiones periféricas.

Las barreras en materias como el acceso a la tecnología y la educación, así como el deficiente desarrollo en la infraestructura que enfrentan los cantones más alejados de la región central, asfixian sus niveles de competitividad en comparación con los territorios ubicados en el interior.

En la primera medición del ICN, elaborada por el Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica, solo 12 cantones ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM), de los 82 incluidos en el estudio, poseen condiciones excepcionales para que sus actores económicos se desarrollen; otros 22 apenas se pueden calificar como competentes.

La situación es muy distinta en el resto del país. Un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

La medición de ICN evidencia una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de los indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica, según detalla el informe. (Nación.com,11-11-2021).

En efecto previamente, el Índice de Desarrollo Humano 2020 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), había mostrado que la mayor pobreza y desigualdad se registra en los cantones fronterizos y rurales y que las regiones de planificación con mayor desventaja social son la Huetar Norte, la Huetar Caribe y la Brunca.

En ese otro Índice, se había determinado que entre los componentes del IDH, las diferencias en los valores de la Esperanza de Vida y los años de Escolaridad en los cantones eran contundentes, siendo que Garabito, Matina, Talamanca, Osa y Limón presentan la menor esperanza de vida de todos los cantones, mientras que Los Chiles, Matina, Talamanca, Buenos Aires, La Cruz, Guatuso Sarapiquí, Osa, Upala y Limón tiene el menor número de años de escolaridad. . (Alterdes.cr, nov. 2020).

Así mismo, según la reciente Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2021 las diferencias que se marcan entre la zona urbana y rural y entre la GAM y las regiones rurales y costeras son notorias.

Al considerar la incidencia de pobreza por región en el 2021, la región Central permanece con el nivel de pobreza y de pobreza extrema más bajo del país, con incidencias de 18,1 % y de 3,9 % respectivamente, mientras la incidencia de la pobreza extrema disminuyó 2,1 p.p., en el 2020 se estimó en 6,0 %.

Mientras la región Brunca es la región con el mayor aumento tanto en la pobreza extrema como en la pobreza total, en ambos casos corresponde a la mayor variación experimentada entre las regiones, además se ubica como la región con el mayor nivel de pobreza total en el 2021. El porcentaje de hogares en pobreza en esta región en el 2021 es de 33,5 %, lo cual corresponde a un aumento de 7,0 p.p. con respecto al 2020 cuando se ubicó en 26,5 %, por su parte, la pobreza extrema se estima en 10,2 %, lo que equivale a un aumento de 4,3 p.p.

Por su parte, el nivel de pobreza en las regiones Huetar Caribe y en la Huetar Norte es también elevado ya que es de 32,4 % y 31,9 %, en ambas este es el nivel de pobreza más alto desde el 2010. Con respecto a la pobreza extrema, en ambas regiones hay un aumento estadísticamente significativo, de 2,2 p.p. en la Huetar Caribe y de 3,1 p.p. en la Huetar Norte. En la región Huetar Caribe, la estimación de este año (10,4 %) es la segunda más alta desde el 2010, superada por la observada en 2015 cuando fue de 11 %, mientras para la Huetar Norte la cifra del 2021 es la más alta reportada en toda la serie ENAHO, con 12.9 %. (Alterdes.cr, octubre 2021).

Respecto a las causas de las desigualdades regiones, el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica el año anterior, había argumentado que, en nuestro país, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

De acuerdo con ese estudio se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.

En tanto en un artículo anterior habíamos afirmado que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha consolidado por más de 50 años en las 4 provincias centrales y en los cantones que forman parte de la GAM, hacia la que se han dirigido las políticas durante varias Administraciones. (Alterdes.cr, febrero,2021).

El estudio referido del INC, revela que las barreras que explican las principales brechas para la competitividad entre regiones son muy variadas. Una de las más importantes es la educación.

La publicación señala que un elevado número de personas adultas no concluyeron sus estudios de educación secundaria a nivel nacional. Sin embargo, también establece que el registro de personas con ese grado supera el 50% en los cantones de desempeño excepcional, en contraposición con los cantones de desempeño deficientes o limitados (30% y 35%, respectivamente).

En los cantones mejor evaluados también existen mejores indicadores relacionados con escolaridad y oferta educativa.

Esto implica que una de las formas en las que un cantón puede obtener ventajas competitivas respecto a otros es precisamente mediante el impulso a la formación del talento humano; primero, mediante la adquisición de competencias básicas y, en un segundo momento, mediante la adquisición de habilidades técnicas y profesionales.

En el caso de los cantones peor evaluados, también existen explicaciones relacionadas con acceso a servicios básicos como agua potable o electricidad.

La inversión per cápita en servicios comunitarios y obras de capital, por ejemplo, es cinco veces mayor en los cantones con niveles de competitividad excepcionales que en los cantones de desempeño deficiente, y hasta dos veces mayor que en los de desempeño limitado.

Por su parte, según el informe el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en los territorios con menor acceso es uno de los factores más determinantes para mejorar los niveles de competitividad en los municipios costarricenses.

Así, por ejemplo, las conexiones a Internet fijo también caen, gradualmente, como proporción a la cantidad de viviendas por cantón, ya que existe un promedio de suscripciones del 101,6% respecto a cada vivienda en los 12 cantones de desempeño excepcional (tomando en cuenta que estos servicios también son contratados por empresas); el número cae a 76,1% en cantones de desempeño competente, a 49,7% en emergentes, a 40,4% en limitados y a solo 17% en deficientes.

Este es el sector en el que se evidencian mayores diferencias entre regiones del Área Metropolitana y la periferia, indica el estudio.

El alcalde de Talamanca ha manifestado que “aquí en el país tenemos dos Costa Ricas, una de ustedes, allá en San José, y otra de nosotros en las zonas rurales. Carecemos de una serie de servicios básicos y eso repercute en estos estudios; son muy diferentes las condiciones de un estudiante de San José con las de otro en Chiroles, acá en zona indígena”. (Nación.com,11-11-2021).

Esa expresión sobre la conformación de dos Costa Ricas, ha sido señalada también por algunos investigadores, entre ellos el economista Francisco Esquivel cuando afirma que hay “una especie de geografía del desarrollo que partía el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia(ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza.(Esquivel, F., 2021,p.222).

El elemento medular entre el centro desarrollado y la periferia poco desarrollada es según Andrés Fernández, investigador a cargo del informe del INC, que existen diferentes factores que explican esta situación y que en su mayoría corresponden a cuestiones estructurales, que no precisamente se resuelven en una sola administración gubernamental o municipal.

Este elemento explica a su vez, por qué proyectos o programas gubernamentales impulsados en algunos gobiernos no logran revertir los bajos indicadores y los rezagos del desarrollo de cantones y regiones periféricas.

Por ejemplo, la Administración Alvarado ha definido prioridades de intervención en el desarrollo regional en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, con los programas Franja del Desarrollo y la Mesa Caribe a cargo de los vicepresidentes de la República, junto a los programas de desarrollo de la región Chorotega a cargo de la primera Dama y de los programas de desarrollo de la región Brunca y de la región Pacífico Central. En todos ellos los procesos de diálogo han permitido diagnosticar los problemas regionales, e identificar y coordinar la ejecución de acciones concretas en diversos campos de infraestructura, desarrollo social, servicios y producción. (Alterdescr, abril, mayo y julio 2019, enero, setiembre y diciembre 2020).

Se ha indicado que los programas de desarrollo en esas regiones, debieran incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitieran obtener resultados en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.(Alterdescr, setiembre 2020).

Además, y de carácter fundamental, en los resultados de los programas regionales, se ha evidenciado la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué,J. et al,Rimisp,2015).

De la misma forma, es cuestionable la validez de la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050,formulada este año por MIDEPLAN, a pesar de que parte de un cuestionamiento a la hiper concentración del desarrollo económico en la GAM, de una nueva visión para la transformación económica y territorial y de que traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), debido a que no plantea con claridad soluciones integrales ante los problemas de descentralización de las actividades productivas y sobre el desarrollo inclusivo de las regiones, dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo nacional.

Alrededor de esta Estrategia Territorial Productiva se plantea que la posibilidad de implementarla dependerá de la promoción de una discusión amplia y profunda con todos los sectores sociales y de la voluntad política de retomarla e instrumentalizarla en el futuro. (Alterdes.cr, julio, 2021).

Porque la posibilidad de avanzar hacia un modelo económico que produzca desarrollo y resuelva las condiciones persistentes de pobreza, desempleo y exclusión del agro, como lo propone el investigador Esquivel en su libro, requiere un nuevo modelo productivo que tenga como prioridad el impulso de los sectores de agroindustria, turismo y servicios de alto valor, que incremente la producción exportadora aprovechando el potencial del país para generar encadenamientos relevantes, que provoque un efecto multiplicador en la generación de empleo y articule el sector exportador y la producción para el mercado local.(Esquivel, F., 2021).

Por lo tanto, será insuficiente con llevar la inversión extranjera a los cantones fuera de la GAM como lo pretende el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial para Promover la Atracción de Inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana que se discute en la actualidad en la Asamblea Legislativa, con el propósito de “llenar de zonas francas” algunos cantones de las regiones periféricas.

La dimensión desconocida del “Cambio Climático”: Ecofascismo

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Hay armas que son simplemente pensamientos.
Los prejuicios pueden matar y la sospecha puede destruir.
Rod Serling

Una vez más, potencias mundiales, multimillonarios, transnacionales, organizaciones internacionales y países se unen en “coro” para combatir el Cambio Climático en la COP26, sin embargo, cuando vemos las portadas de los periódicos y los “post” en redes sociales, surge un momento de incredulidad. Cómo si aquello que observamos fuera sólo una deformación de la realidad. Valdría la pena aprovechar ese segundo y preguntarnos ¿Qué tensiones han conformado ese contexto que vemos?

Cuando hablamos de Cambio Climático, aparentemente asistimos a un consenso común de emergencia mundial, de preocupaciones y acciones compartidas. Sesión tras sesión pareciera que los consensos se construyen en torno a la protección del planeta. Sin embargo, si abrimos la mirada más allá del evento en cuestión, nos damos cuenta que no hablan de lo mismo, y que los desacuerdos son la ley en torno a la búsqueda de acciones para afrontar la crisis climática.

Pero se preguntarán ¿Qué hay detrás de toda esa infraestructura técnico-social que se despliega en favor del ambiente? Cómo todo espacio de disputa, diversos sectores procuran imponer una narrativa que asegure su posicionamiento, y les permita conservar y reproducir las relaciones que favorecen su dominio. En este caso, el capitalismo no es inocente en la construcción de esto.

En los últimos 30 años, asistimos a un reposicionamiento de las fuerzas extractivas en nuestras sociedades, si por un lado creció una mayor conciencia ciudadana y científica de los límites que rodean a nuestro planeta, por otro lado los sectores dominantes “hicieron su tarea”. Desarrollaron una nueva narrativa que les acompañó, una en la cual el mercado y el crecimiento económico eran imprescindibles para el sostenimiento del planeta.

Resultó que en estas tres décadas, la expansión económica y el consumo de mercancías en todos los niveles de la producción no paró, no resultaba ser un proceso a intervenir, todo lo contrario, era la señal precisa que necesitaban todas las sociedades. Es decir alcanzar un estado de “desarrollo” tal que les permitiera generar la riqueza para obtener mediante la “sofisticación” social esa “conciencia ambiental”. La pobreza fue el primer eslabón de la narrativa, el mercado tenía la ingente tarea de reducir la pobreza y salvar al planeta, es decir culpar al pobre por la contaminación.

Es así como estas fuerzas dominantes, lograron lo impensable, alejar la mirada de las relaciones económico-sociales que les permite acumular y reproducir su riqueza, es decir aquellas relaciones que promueven un consumo desmedido de las sociedades ricas, y derivan en la explotación de los bienes naturales y del trabajo de los seres humanos (abaratamiento por medio de la desregulación ambiental y erosión de los derechos).

Precisamente muchos sectores corrieron a proteger y justificar estas relaciones de explotación como el motor para el cambio social. Y como respuesta surgió la responsabilidad social corporativa, aquellas relaciones en las cuales el mundo corporativo devolvía a la sociedad el fruto de sus preocupaciones, a través del involucramiento “comunitario” y “pagando” por su contaminación.

Llegados a esto, podemos decir que aquel desarrollo sostenible, es meramente una opción financiera mediante la cual “Quien contamina paga”, y que reduce toda la crisis climática a la “compensación”, logrando impedir cualquier asignación de responsabilidad o freno a eso que le llaman crecimiento económico.

Esta idea de “pagar” por la contaminación nos empujó a una etapa de mercantilización de la naturaleza que extendió la frontera extractiva a través del capital natural y las “soluciones basadas en la naturaleza”, es decir sobre los bosques, manglares, mares, entre otros territorios que mantenían fuerzas de resistencia al capital, pero hoy les amenaza la financiarización, una fuerza que rodea y ahoga, que despoja, privatiza y concentra.

Y llegó la Revolución 4.0, la solución tecnológica como elemento clave para la “revolución” de la conciencia humana. Con un despliegue de optimismo desmedido, impulsado por el desarrollo tecnológico en todas las áreas del conocimiento, comprometido con el desarrollo de instrumentos e infraestructura para las interconexiones y cumplimiento de las tareas, ha conllevado a un reimpulso de los extractivismos de todo tipo desde fósil hasta agronegocio, pero está vez el precio se justifica por el compromiso por un “futuro ambiental”.

Tal vez el punto más crítico que evidencia la total desconexión de esta época, es que durante estos últimos treinta años, asistimos a una realidad donde la defensa del ambiente se volvió una de las actividades más peligrosas. Con el paso de los años se evidencia que las comunidades que se resisten al despojo de sus territorios son las “trabas” a la inversión, y los nuevos “ecoterroristas” que azotan los planes de desarrollo.

Hoy en la COP26, asistimos a un teatro que invisibiliza la estrecha relación entre el crecimiento económico y degradación ambiental. Una narrativa que logró impedir poner en cuestión el modo de producción que domina nuestras sociedades, que lo “absolvió” y lo convirtió en solución. Una vez más es importante cuestionar las formas y modos en que nos presentan las “soluciones”. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Quiénes están padeciendo las consecuencias?

Cuando vemos de nuevo las notas de prensa o redes sociales, nos damos cuenta que ahí arriba se construye una sociedad pequeña, privilegiada y privatizada para aquellas personas que pueden “pagar” el privilegio de “compensar” su huella ecológica. Para el resto de las personas que vivimos fuera de la frontera de esa minúscula sociedad padecemos el apetito de los extractivismos desatados por esta “revolución” del capitalismo verde.

El agro y el mercado interno en la estrategia de desarrollo costarricense

A pesar del énfasis dado a la producción de ensamblaje, la vocación agraria del país se mantuvo en la estructura productiva. La producción agrícola, la agroindustria y la ganadería atienden una parte importante de la demanda agregada que se produce en la economía. El 13% de la demanda es generada por el mercado interno y el mercado externo es producido por este segmento productivo. (Esquivel, F.,2021, p.115)

German Masís Morales

El libro recientemente publicado por el economista Francisco Esquivel, denominado “Análisis de la estrategia de desarrollo costarricense: macroeconomía de un modelo desequilibrado”, muestra con claridad el papel del sector agrícola y del mercado interno en las sucesivas etapas del crecimiento económico del país, conocidas como las etapas del proceso exportador.

El libro del investigador Esquivel, revela muy bien la participación o exclusión de la producción agrícola en particular la que era dirigida al mercado interno en las diferentes etapas, su aporte al desarrollo productivo, la relación con las importaciones del país, su importancia en la generación de encadenamientos productivos y su papel en una eventual IV etapa como parte del proceso de gestión de ventajas competitivas hacia un desarrollo más equilibrado.

La controversia y la falsa disyuntiva entre ambos sectores, como lo plantea el autor, inicia en la etapa II, en la que “asumiendo que en esta etapa había sido un período gobernado por la expansión del mercado interno, deprimiendo al sector exportador, se planteaba que debía olvidarse el papel del mercado interno y volver a la esencia de una economía pequeña que debía ser la exportación.

(Por el contrario, afirma), existió un funcionamiento articulado entre lo externo y lo interno, que permitió un mejor desarrollo nacional y una etapa de inclusión social. (Esta etapa dice) generó más desarrollo productivo, superando la obsoleta visión oligárquica de la ventaja exclusiva del proceso exportador.

Lo adecuado era plantearse cómo revitalizar el proceso exportador para mantener y ampliar lo alcanzado en la etapa II, mediante la reconstitución del mercado interno, sobre una base de eficiencia económica y una profundización de los mecanismos de inclusión. Pero se hizo lo contrario, la falacia del dogma liberal-conservador permitía desacreditar el papel del mercado interno, como el causante de la crisis, llamando a maximizar la exportación, (con lo que) se tendrían los ingresos para comprar “lo necesario”, que no debe producirse en el país porque resulta ineficiente”. (Esquivel, F.,2021, p.80)

Ante la crisis de inicios de la década de los 80, fue necesario empezar a definir una nueva estrategia de desarrollo que va a tomar la forma de un desarrollo orientado hacia el exterior; las exportaciones son el centro de la nueva estrategia de desarrollo.

A nivel del sector agropecuario, la transformación se materializa en la llamada “Agricultura de Cambio”, que consiste en la diversificación y complementación de la estructura productiva tradicional, con la incorporación de nuevos cultivos no tradicionales para exportación. (Cambronero y Monge, Universidad Nacional, 1992, p.201)

De esta manera, “se generó la etapa III del proceso exportador, en la que la estructura productiva de esta nueva etapa exportadora basó su dinamismo en una reorganización de la industria y en una nueva participación de la agricultura. El surgimiento de las nuevas áreas de producción se produjo de manera dispersa, atendiendo a las oportunidades de cada momento. (…), la industria y la agricultura se reorganizaron para atender nuevos nichos de mercados que ofrecía el mercado mundial.

Mientras, la parte del sector agrícola que producía para el mercado local fue atacada sistemáticamente, por lo que varios productos experimentaron reducciones significativas. Por esta razón, el sector agrícola continuó perdiendo importancia relativa en el total de la producción.

La estrategia que impulsó la etapa III no tenía interés en la producción para el mercado local. Lo que se buscaba era el crecimiento basado en la exportación, sin importar los efectos desestimulantes sobre amplios sectores productivos nacionales, en particular las pequeñas y medianas empresas. Desde el punto de vista microeconómico, el perdedor fue el empresario que producía para el mercado local, dado que no existió una estrategia de reconversión productiva”. (Esquivel, F.,2021, p.97)

Una de las medidas de política implementadas junto al impulso de la exportación agrícola no tradicional, fue el desestimulo a la producción de granos básicos, expresada en la reducción de los programas de investigación, transferencia y asistencia técnica y la disminución del crédito a esa actividad.

De manera deliberada, se realizó el desmantelamiento paulatino de la infraestructura institucional de los entes que habían apoyado al productor nacional, entre cuyas instituciones estaban el CNP, el MAG y el IDA. (Masís, G., revista Ambientico N°176, 2008).

Durante esta III etapa, la producción exportadora había crecido más rápido que la producción para el mercado local, sin embargo su crecimiento sólo llegó a alcanzar un máximo del 30% en las exportaciones en el período entre 1992 y el 2019, lo que se explica según el texto, “porque el sector agrícola, aunque exportó nunca fue una prioridad de la estrategia de crecimiento, que si lo fue la expansión industrial para exportación desarrollada como un nuevo proceso de ensamblaje, cuyos casos más representativos han sido la producción de componentes para la tecnología de la información, la producción de equipo médico, sectores que generan crecimiento y empleo, pero reducido al ámbito cercano a su producción; no generan encadenamientos relevantes hacia el conjunto de la estructura productiva.

Las actividades de ensamblaje, por la dificultad de lograr en el país un abastecimiento amplio de materias primas e insumos, han producido una dependencia de las materias primas, los insumos y los servicios importados hasta en un 38% (2017); como consecuencia de esta dependencia de las importaciones, las industrias de ensamblaje generan la menor cantidad de encadenamientos siendo uno de los factores más importantes de la aceleración de las importaciones en esta etapa.

En tanto, el segmento más dinámico de la agricultura y la agroindustria es el menos dependiente de las importaciones, ya que solo el 8% de su valor corresponde de insumos traídos del exterior; por eso se convierte en el área productiva que produce más encadenamientos. En este segmento se encuentran la producción de diversos tipos de carne, así como la producción de café y azúcar; se trata de procesos productivos que compran la mayor parte de sus materias primas e insumos adentro de la economía, por lo que necesitan un nivel bajo de importaciones (Esquivel, F., p.88).

De manera similar, el resto de la agricultura y la agroindustria, así como la ganadería, adquieren mucho de sus materias primas a lo interno de la economía, pero necesitan un nivel un tanto más elevado de importaciones, llegando a adquirir el 17% de su valor en importaciones”.

Por su parte, observando la capacidad de generación de encadenamientos de los principales sectores productivos y utilizando un multiplicador (cuantos colones adicionales se generan por cada 100 colones producidos), se confirma que “los mejores encadenamientos se producen en la agricultura y la agroindustria, generando 104 colones adicionales.

Mientras las nuevas actividades impulsadas por la etapa III muestran una capacidad limitada de generación de encadenamientos, con un multiplicador de 20, esto se debe a que se trata de un ensamblaje altamente dependiente de las importaciones de materia prima”. (Esquivel, F, p.120).

Frente a las limitaciones estructurales de la III etapa del proceso exportador, el documento propone una IV Etapa, fundamentada en los siguientes elementos:

  1. “Costa Rica debe superar los problemas de desarticulación de las cadenas productivas con el aparato productivo interno y que disminuyan las importaciones, impulsando una estrategia exportadora basada en áreas productivas con capacidad de generar encadenamientos relevantes.
  2. La optimización del crecimiento necesita combinar los estímulos a la exportación y a la expansión del mercado interno; con esto se producirá un proceso de expansión en donde el mercado externo crezca en armonía con el mercado interno. En ese sentido, la producción local debería ser generada con estándares de eficiencia y de calidad mundial.
  3. En un enfoque alternativo, la necesidad de participar activamente en el comercio internacional, mediante una estrategia de gestión de ventajas competitivas sustentada en el avance tecnológico y en la inclusión social. En esta estrategia se trata de un proceso gradual y selectivo, que posibilite un proceso de preparación de permita el cambio de las empresas y de su entorno sectorial y nacional. (Esquivel, F., p.194).
  4. “Es indispensable que la apertura de la economía se haga de tal modo que no involucre la destrucción de la capacidad instalada existente y que permita una efectiva reconversión de las actividades productivas. En un enfoque de reconversión productiva, la ventaja competitiva se construye mediante un proceso de preparación, con el que se busca resolver los rezagos de una estructura productiva heterogénea y aprovechando las condiciones naturales y la experiencia productiva del país.
  5. La estrategia impulsaría un modelo productivo que incremente la producción exportadora aprovechando el potencial que tiene el país para generar encadenamientos productivos, utilizando los recursos naturales, la biodiversidad, la mano de obra y la experiencia productiva de las diferentes regiones. En ese sentido la prioridad la tendrían sectores como la agroindustria, el turismo que genera encadenamientos y la producción de servicios de alto valor.” (Esquivel, F., p.199)

En la década de los 90, varios economistas centroamericanos prepararon propuestas para impulsar el desarrollo de la región con base en la agroindustria, la actividad pesquera y la producción forestal. La articulación sinérgica entre agricultura e industria se planteaba como el camino idóneo para lograr procesos acumulativos de valorización de la producción que sea crecientemente competitiva en el marco regional e internacional;

La estructura productiva polivalente se componía de cadenas productivas capaces de fabricar bienes diversos de manera simultánea y alterna; una capacidad agroindustrial de múltiples salidas en sus cadenas productivas que formarían una red integrada transversalmente, la abundancia de su fuerza de trabajo y una diversificación productiva de bienes finales e intermedios, fundamentalmente a partir de su estructura productiva agroindustrial. (Esquivel, F., p.204).

En el caso de Costa Rica, la propuesta de desarrollo agroindustrial elaborada tenía como prioridades los productos lácteos, la producción de dulce y otros derivados de la caña de azúcar, el beneficio del café y el cacao en pequeña escala, la elaboración de bocadillos y frutas deshidratadas, desarrollo de productos a base de yuca y el procesamiento de especias, dentro de un proceso de incorporación de tecnología e innovación, dirigido a elevar la calidad y competitividad de los productos agroindustriales en los mercados locales y regionales. (Masís,G.,1993,p.63).

En el planteamiento de Esquivel para la IV Etapa, el sector exportador crecería de manera armónica con la producción para el mercado local; (propone) “se logre una nueva articulación de lo externo con lo interno y pueda generarse un período de crecimiento donde la expansión del mercado externo esté en armonía con la expansión del mercado interno. (Esquivel, F., p.210).

La idea del desarrollo complementario de los sectores externo e interno y del impulso de los “dos motores” de la economía, ha sido mencionada por organizaciones de productores e investigadores de las Universidades, sin embargo, ha tenido poca acogida entre los grupos políticos del país, en su mayoría indiferentes al potencial del agro y la agroindustria, pero matriculados con la atracción de inversión extranjera directa hacia la industria de ensamblaje y de servicios tecnológicos.

Las Agencias de Desarrollo Económico Local y su papel en la Gestión del Desarrollo Territorial

German Masís Morales

Se ha divulgado recientemente que nueve organizaciones agrupadas en la Red Nacional de Agencias de Desarrollo (RENADEL) pretenden atraer inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Estas agrupaciones denominadas Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL) son sin fines de lucro e integran a empresarios, gobiernos locales, entidades académicas y otras organizaciones en cada región. Las ADEL pretenden lograr un consenso regional en torno a las necesidades de desarrollo.

En RENADEL están integradas, la Agencia para el Desarrollo Económico de la zona Sur, la Agencia para el Desarrollo Económico del Pacífico Central, la Agencia para el Desarrollo Económico de la región Huetar Norte, la Agencia para el Desarrollo Económico del Caribe, la Agencia para el Desarrollo Económico de Tilarán, la Agencia para el Desarrollo Económico de Turrialba-Jiménez, la Zona Económica Especial de Cartago y la Zona Económica Especial de Pérez Zeledón.

Según la nota divulgada, estas agencias y la Red que las agrupa tienen un enorme potencial para generar impacto en los territorios, maximizando en el engranaje entre los sectores productivos, gobiernos locales y la academia.

Datos de Procomer indican como en el 2019, sólo un 25% del valor de las exportaciones en Costa Rica, se origina en las zonas fuera de la GAM y sólo 2 de cada 10 empresas de zona franca se ubican fuera de esta área.

Roberto Zeledón, Presidente de la Red, indicó que ésta pretende ser como un enlace entre el sector privado con las instituciones, lo que interesa es la generación de propuestas en el sector privado y la generación de empleo, explicó que la red trabaja para mejorar el tema de la competitividad.

Con la RENADEL se intenta promocionar las potencialidades de cada zona, por ejemplo, en el Pacífico Central, la idea es atraer empresas de logística, marinas y agroindustrias. Se apoya a escala general, un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, mediante el cual los proveedores locales de empresas multinacionales en zonas rurales puedan gozar igualmente de los beneficios de las zonas francas. La propuesta establece como requisito, que las multinacionales al menos adquieran un 40% de los insumos con proveedores locales. (LN.com,23-8-2021).

La iniciativa de RENADEL es muy válida y se fundamenta en las desigualdades del desarrollo regional, confirmadas, por el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica el año anterior.

De acuerdo con ese estudio, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

Se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.

En un artículo anterior afirmamos que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha consolidado por más de 50 años en las 4 provincias centrales y en los cantones que forman parte de la GAM, hacia la que se han dirigido las políticas económicas, los recursos y los incentivos durante más de una docena de Administraciones.

El estudio del Banco Central en coincidencia con la iniciativa de RENADEL, sugiere “continuar con la atracción de firmas multinacionales, pero con destino fuera de la GAM, lo que no solo brindaría más oportunidades de empleo en la zona, sino además mayor integración comercial. Además, señaló que se requiere un análisis de los determinantes que mejoran la competitividad de las diferentes regiones y la necesidad de impulsar más esfuerzos en infraestructura y educación. (Alterdescr, febrero 2021)

Por su parte, debido a la prevalencia de las políticas concentradas en la GAM y a la ausencia de una planificación regional que favorezca un desarrollo más equitativo de las actividades económicas, sería oportuno que la Red participe en el análisis y discusión de la recientemente presentada Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada impulsada por MIDEPLAN.

Esta estrategia traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), a partir de una nueva visión para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de descentralizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.

La estrategia, confronta el modelo de desarrollo histórico hiperconcentrado, con un nuevo modelo inclusivo y descarbonizado constituido por una Red de nodos de innovación y economía 3D, que incluye también corredores, zonas de gestión y polos de desarrollo que definen áreas de concentración de oportunidades. (MIDEPLAN, Resumen Ejecutivo,2021)

Igualmente, es importante que la iniciativa de Renadel conozca los alcances de los procesos de diálogo regional y de los programas de desarrollo que esta Administración ha venido impulsando en las diferentes regiones.

Así mismo, sería fundamental que la Red y las ADEL adopten un enfoque de desarrollo territorial apropiado, que defina las dinámicas territoriales que pretende generar en cada región y que éstas se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué,J.et al,Rimisp,2015).

¿Podrán las Agencias de desarrollo económico local, tener un papel decisivo hacia un desarrollo territorial más inclusivo y sustentable, que revierta las desigualdades regionales e impacte y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios o únicamente pretende atraer inversiones, generar fuentes de empleo y lograr una mayor coordinación entre las empresas y las instituciones en las regiones fuera de la GAM?

La Estrategia Económica Territorial 2020-2050: la planificación de largo plazo en tiempos de pandemia

German Masís M.

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) empezó a promover en las comunidades la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050. El Ministerio comunicó que ya ha realizado más de 70 encuentros en diversas comunidades del país para explicar los contenidos de la estrategia y recibir sugerencias de los dirigentes comunales. Las reuniones para informar acerca de la estrategia finalizarán en julio, después, los actores consultados plantearán metas e indicadores para el cumplimiento de la estrategia.(CRHoy.com,27-7-2021)

La realización de estos encuentros para presentar la estrategia y recibir retroalimentación de las comunidades, evidencia una forma de planificación vertical y consultativa de una estrategia de desarrollo nacional hasta ahora desconocida para las comunidades y en cuya elaboración éstas no participaron.

Lo anterior se confirma, ya que se ha tenido conocimiento que el proceso de elaboración de la estrategia se realizó durante un periodo de 15 meses (que concluyó en marzo de 2021), con el liderazgo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) con el apoyo de la Agencia para el desarrollo (GIZ de Alemania) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que sus contenidos fueron discutidos y validados en reuniones periódicas con cerca de 11 instituciones costarricenses, tanto en el ámbito público como privado.(MIDEPLAN, comunicado de prensa,10-3-2021)

La Estrategia 2050 es el principal insumo técnico – científico, base para la formulación del Plan Estratégico al 2050 (PEN 2050), el cual es un mandato establecido en el Reglamento general del Sistema Nacional de Planificación N° 37735-PLAN, que lo define como un instrumento de planificación de largo plazo.

Frente a la presentación de la mencionada Estrategia, es posible plantearse algunas interrogantes, acerca de la validez de la formulación de una estrategia de largo plazo en una coyuntura en que la crisis sanitaria, económica, fiscal y social demanda la elaboración de propuestas de reactivación económica de corto plazo e incluso la revisión y formulación de un nuevo Plan de desarrollo 2022-2026.

Así mismo, la formulación de esta estrategia deja la interrogante acerca de su pertinencia respecto a la necesidad de reformar previamente el Sistema Nacional de Planificación nacional que data de la década de los 70, con las consabidas limitaciones de su estructuración en 6 regiones político-administrativas y su escasa correspondencia con una regionalización definida por territorios con características físicas, ecológicas, demográficas, socioeconómicas y culturales similares.

También es inquietante la afirmación de la ministra de Planificación, al mencionar que si la estrategia se llega a materializar, el producto interno bruto (PIB) costarricense crecería alrededor de un 90% y el empleo en un 34% y estaríamos cerrando brechas de naturaleza multidimensional y contribuyendo en gran medida a la descarbonización”. (CRHoy.com, 27-7-2021), que en principio parece un elemento discursivo carente de sustento.

Por su parte, el planteamiento central de la estrategia 2050, señala que esta estrategia traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), a partir de una nueva visión para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de descentralizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.(MIDEPLAN, Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada, Resumen Ejecutivo)

Esta argumentación que en principio introduce un cambio de paradigma en la planificación del desarrollo nacional, no obstante, vincula tres grandes aspectos que es conveniente analizar y ponderar. En primer lugar, está el vínculo de la estrategia con la lógica de un modelo de desarrollo descarbonizado, originado en el Plan Nacional de Descarbonización, que propone que en el año 2050 se logre aumentar el crecimiento verde, a partir de una matriz productiva que disminuya la generación de emisiones de carbono, que ha sido el eje estratégico de la Administración Alvarado, aunque poco discutido y todavía menos asimilado por los actores sociales.

Sin embargo, la descarbonización, puede no ser el elemento central o el único objetivo medioambiental y del desarrollo sostenible del país, ya que existen otros propósitos de captación de CO2, adaptación al cambio climático y ampliación de los servicios ambientales.

En segundo lugar, el elemento de la descentralización de las actividades productivas y del desarrollo económico del país, a partir de un cuestionamiento a la hiperconcentración del desarrollo económico en la Gran Área Metropolitana (GAM), la que influye y profundiza las brechas y el rezago social al limitar la descentralización de beneficios en el territorio, aspecto que hemos analizado y con el que coincidimos plenamente. (Alterdescr, febrero 2021).

Con similar importancia, en tercer lugar se encuentra el elemento del desarrollo económico inclusivo dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo social, avanzar en la disminución de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, aspecto que también hemos abordado como expresión de las desigualdades regionales (Alterdescr, noviembre 2020).

La estrategia, confronta el modelo de desarrollo histórico hiperconcentrado, con un nuevo modelo inclusivo y descarbonizado constituido por una Red de nodos de innovación y economía 3D, que incluye también corredores, zonas de gestión y polos de desarrollo que definen áreas de concentración de oportunidades. (MIDEPLAN, Resumen Ejecutivo,2021)

Sobre la promoción de polos de desarrollo (se identificaron 11 polos de desarrollo y la GAM), habíamos comentado en un artículo anterior, sobre la conveniencia del enfoque de creación de Polos de desarrollo para impulsar el desarrollo territorial.

Algunos autores que han analizado dicho enfoque, han argumentado que este modelo de desarrollo ignora el territorio, considerándolo como mero soporte de las actividades que en él se asientan, dificultando el acceso a procesos de desarrollo integrales y condicionando el nacimiento y expansión de experiencias de desarrollo endógeno. (Barroso González, M.O.,2000)

Así mismo, este enfoque se ha considerado contrario a la perspectiva del desarrollo local, en el que destaca el carácter endógeno y participativo de las estrategias de desarrollo local, como el conjunto de acciones que definen los distintos agentes sociales, económicos, públicos o privados de una zona para conducir los cambios estructurales que necesita un territorio concreto. (Alterdescr, marzo 2021).

Con respecto, a la estructura de la estrategia, constituida por 3 fases, es oportuno plantear si el diagnóstico económico territorial, la identificación de los 6 retos clave y de las 6 orientaciones estratégicas, la definición de los 50 nodos estratégicos, de las 50 macro acciones estratégicas y de los 12 polos de desarrollo, han estado vinculados a los procesos de diálogo regional y a los programas de desarrollo que esta Administración ha venido impulsando en las diferentes regiones del país.

La Administración Alvarado ha definido prioridades de intervención en el desarrollo regional en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, con los programas Franja del Desarrollo y la Mesa Caribe a cargo de los vicepresidentes de la República, junto a los programas de desarrollo de la región Chorotega a cargo de la primera Dama y de los programas de desarrollo de la región Brunca y de la región Pacífico Central. En todos ellos los procesos de diálogo han permitido diagnosticar los problemas regionales, e identificar y coordinar la ejecución de acciones concretas en diversos campos de infraestructura, desarrollo social, servicios y producción. (Alterdescr. abril, mayo y julio 2019, enero, setiembre y diciembre 2020).

En las presentaciones de los resultados de los programas regionales, se ha evidenciado la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J.et al, Rimisp,2015).

Se ha indicado que los programas de desarrollo en las regiones, debieron incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitieran obtener resultados en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.(Alterdescr, setiembre 2020)

Aunque se desconoce la vinculación real entre los programas y la estrategia, podríamos suponer cierta concordancia entre el objetivo de los programas de corto plazo, “la generación de propuestas descentralizadas en aspectos como la reactivación económica y generación de empleo, inclusión social, educación y diálogo social; para reducir las brechas de desigualdad territorial que presentan las regiones de nuestro país”.(ElPais.cr 20-3-2019) y la Estrategia Territorial Productiva dirigida a identificar las potencialidades productivas de los diferentes territorios, a descentralizar las actividades económicas y a generar nuevos modelos de organización territorial con miras a lograr un desarrollo económico inclusivo y descarbonizado.

No obstante, la posibilidad de que el país adopte la Estrategia Territorial Productiva y que logre avanzar hacia la formulación del Plan Estratégico al 2050, dependerá del imperativo de abrir una discusión amplia y profunda de dicha estrategia con todos los sectores sociales y de la viabilidad política de implementarla en un futuro gobierno, de lo contrario habrá sido un ejercicio institucional poco útil y costoso.

Imagen: MIDEPLAN