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Etiqueta: crisis fiscal

La soga en la casa del ahorcado

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Al arribar a su final, se puede concluir que esta campaña electoral de cara las elecciones de este 6 de febrero, sigue sin mostrar la profundidad que ha debido tener ante la grave crisis múltiple que enfrenta Costa Rica en este duro y desafiante presente.

Casi todos los candidatos presidenciales se han dedicado a endulzar los oídos de los electores, practicando una comunicación política camaleónica. Sus estrategias de campaña se han centrado en ganar electores, o no perderlos si ya consideran que los han conquistado, evadiendo la apreciación diagnóstica rigurosa de la realidad del país. Consecuentemente, no han ahondado en soluciones que se ajusten a la gravedad de los problemas que enfrentamos como sociedad. Ese abordaje tangencial apenas ha rozado el epitelio de los problemas, desafíos y propuestas de solución que demanda el país, según hemos notado en entrevistas y declaraciones de la mayoría de los candidatos, así como en los debates presidenciales.

Un ejemplo concreto de esta situación lo hallamos en el tema de un posible impuesto a las llamadas Zonas Francas; las cuales se han convertido en un componente importante de la economía costarricense. Al definir qué es una Zona Franca, el artículo 1 de la Ley N° 7210, expresa que “es el conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país, siempre y cuando cumplan los demás requisitos y las obligaciones establecidos en esta ley y sus reglamentos.”

Los incentivos y beneficios que el país les otorga a diversas empresas que se han acogido al Régimen de Zonas Francas (RZF), han hecho que este sector –desde que se establecieron las primeras empresas en el año 1990–, haya crecido significativamente a los largo de los últimos 30 años. Valga destacar que durante el gobierno de Carlos Alvarado se sumaron 153, con lo que actualmente existen 546 empresas beneficiarias de este régimen.

Un incentivo que se vuelve muy atractivo para las empresas que se acogen al RZF, son las múltiples exenciones tributarias que ofrece el país. En este sentido, un dato publicado recientemente por el “Semanario Universidad”, es muy ilustrativo: En el año 2019, las exoneraciones en las Zonas Francas alcanzaron la suma de 375.784 millones de colones; lo que equivale a 1,04 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Cuando en los intercambios entre los candidatos y los partidos, lo mismo que en la propaganda prevaleciente, se ha asociado el crecimiento del RZF casi exclusivamente, a tales exenciones impositivas, se atisba un claro reduccionismo argumental. Siendo como lo es un atractivo muy importante, desde luego que no es el único. La histórica estabilidad política y social del país, los servicios que brinda, un Estado de Derecho robusto, la formación académica y técnica de un sector de la población, el bilingüismo que ofrecen muchos potenciales trabajadores y, desde luego, la cercanía sus con casas matrices, sobre todo las ubicadas en Estados Unidos, constituyen componentes (que combinados), han convertido al país en un país atractivo para la inversión extranjera directa (IED) y para que muchas compañías se hayan acogido al RZF.

Como se ha indicado, aun cuando la economía costarricense sufrió los duros embates de la pandemia de la Covid-19, el sector de las Zonas Francas siguió creciendo, manteniendo un significativo dinamismo. El sector creció un 8 % en producción y generó alrededor de 20.000 empleos nuevos en 2020.

Todo indica que en este año 2022 y venideros, las empresas extranjeras atraídas por el RZF pueden seguir arribando al país por dos factores combinados. Por un lado, muchas empresas estadounidenses asentadas en China esterarían considerando su migración, porque en los últimos años los salarios en ese país se han incrementado entre un 10 y 15 %, con lo que el atractivo de mano de obra muy barata ha empezado a desvanecerse. Por otra parte, el altísimo aumento en los costos de los fletes en el transporte marítimo, están generando un incremento significativo en el costo de las mercancías al arribar a sus destinos de venta al por menor.

Así el llamado “offshoring” está convirtiéndose en “reshoring”; es decir empresas que tenían asentada la producción lejos de Estados Unidos, están desarrollando procesos de retorno. Este proceso se empezó a desarrollar con el gobierno de Donald Trump, cuando su administración decretó un paquete de medidas para incentivar la producción nacional y recuperar empleos perdidos. Eso tuvo un efecto breve pero no tan relevante como se esperaba. Mientras tanto la administración de Joe Biden ha buscado incentivar el “reshoring”, con el fin de resolver los problemas en las cadenas productivas, que han hecho que anaqueles de supermercados y almacenes, se hayan mostrado vacíos en los meses recientes.

Es dentro de este contexto que el propósito de seguir atrayendo IED y que compañías estadounidenses lleguen a las Zonas Francas, se convierte en una posibilidad real para el país, en el marco del denominado “nearshoring”, que es la alternativa a la repatriación productiva y que significa que las empresas desarrollen su producción en el “vecindario”. Y Costa Rica está relativamente cerca de Estados Unidos. Este es un factor a considerar seriamente a la hora de ofrecer las ventajas comparativas del RZF costarricense en la presente coyuntura.

Así las cosas, ofreciendo tantos atractivos, ¿Por qué casi todos los candidatos presidenciales no entran a considerar fijar un impuesto, justo y razonable, a las jugosas ganancias que obtienen las empresas ubicadas en las Zonas Francas? En entrevistas y debates, los candidatos reaccionan tan rápido como tensos resortes, rechazando la idea aun cuando la obtención de recursos frescos es un imperativo ante la grave situación económica y fiscal que enfrenta el país y para poder estimular y desarrollar un sector económico tan alicaído como el conformado por los productores nacionales, medianos, pequeños y micro emprendedores, que no cuentan con ningún tipo de estímulos y exoneraciones de impuestos.

Sin duda que es necesario darle impulso a la estrategia de desarrollo del RZF, creando las condiciones para que éstas se ubiquen no sólo en la Gran Área Metropolitana. Es urgente y necesario que se sitúen también en zonas rurales y costeras, a fin de abrir oportunidades laborales en esas regiones. Por supuesto, al mismo tiempo que se ofrecen oportunidades educativas en carreras que hagan que trabajadoras y trabajadores de esas zonas, adquieran los conocimientos técnicos para aprovechas esas oportunidades.

Pero insisto: ¿Por qué prácticamente se sataniza la posibilidad de que se fije una tasa impositiva que permita que esas empresas contribuyan al desarrollo del país, en un aspecto que no sea solo la contratación de trabajadores?

Es bien sabido que habitamos un país donde la evasión fiscal, la elusión y el contrabando impiden la recaudación de los urgentes ingresos para atender las obligaciones de la deuda, las inversiones públicas, los programas sociales y, en general, el desarrollo del país. Hace falta un Gobierno que realmente le ponga coto al no pago de impuestos, de grandes empresas y personas sumamente ricas. Solo de esta manera, se puede reducir la desigualdad y la repudiable concentración de la riqueza en pocas manos. Por otro lado, la necesidad de una reforma fiscal, progresiva y justa sigue siendo un tema pendiente.

Pienso, en suma, que desde las Zonas Francas podrían provenir recursos que ayuden al mejor desarrollo de Costa Rica, sin afectar en forma significativa los estímulos y condiciones favorables que el país ofrece mediante el RZF. No se trata de afectarlas sino buscar una solución justa y razonable para el país y las empresas, especialmente por los desafíos que impone el periodo pandémico y post pandémico que vivimos. Por eso no se justifica que en un tema de debate tan relevante en está gélida campaña electoral, casi todos candidatos, partidos y la mayoría de los medios informativos, lo hayan tratado como si se hablara de la soga en casa del ahorcado.

(2 de febrero, 2022)

Inflación en Costa Rica: ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista / Director a.i. CICDE-UNED

Me resultó, no sé si decir jocoso o simplemente interesante, el debate que días atrás escenificaron varias diputadas y diputados con Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, en relación con la compra, por parte de esta última entidad, de bonos de la deuda pública en el “mercado secundario”, es decir, adquiridos, no directamente de la tesorería del gobierno, sino de gente u organizaciones (como los fondos de pensiones) que los adquirieron previamente. La cuestión giraba alrededor de si eso implicaba emisión de dinero, y se desgranaba en plañidos de tribulación y angustia, acerca de las posibles implicaciones inflacionarias que ello tendría.

Si las autoridades de los grandes bancos centrales del mundo lo oyesen, de seguro se carcajearían, tal es la ignorancia que estas discusiones evidencian. Y eso que tales personajes no son precisamente un ejemplo de progresismo y heterodoxia. Pero lo más bonito es que son supersticiones alimentadas por los economistas del “establishment”, esos que la prensa entrevista y que son los únicos a los que esas élites políticas escuchan.

EL cuento de que, al comprar bonos de deuda pública, el Banco Central emite dinero, y que al hacerlo provoca inflación, se alimenta de una fantasía cuya autoría es atribuible a Milton Friedman, y que se resume en la célebre frase: “la inflación, en última instancia, es siempre un fenómeno monetario”. Lo cual, sin embargo, elude y, por lo tanto, deja sin respuesta una pregunta muy básica: ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿La inflación o la emisión monetaria? En realidad, hay buenas razones para pensar que la emisión sigue a la inflación, y no a la inversa, puesto que, como ha quedado bien demostrado, los mecanismos de creación del dinero son endógenos al sistema económico.

En realidad, la inflación es mucho más que un fenómeno monetario. Puesto en cortito, habría que decir que es un fenómeno complejo. Sobre todo, tiene que ver con dos cosas: las capacidades productivas de la economía y su grado de utilización; y factores de carácter político e institucional, atinentes a las relaciones de poder entre distintos grupos y clases sociales. Todavía cabría reconocer también la influencia de factores sicológicos y socioculturales, es decir, estados de ánimo colectivos que, en diferentes momentos, son propicios o adversos, a comportamientos sociales que tienen implicaciones inflacionarias. También es factible, aunque en general menos frecuente, que se den “cuellos de botella”, es decir, situaciones de escasez de alguna o algunas materias primas o productos, que propicien limitaciones de oferta y generen presiones inflacionarias.

Vamos en orden.

Primero, en relación con las capacidades productivas reales de la economía, y el grado en el cual la demanda global es insuficiente o excesiva frente a esas capacidades productivas. En el primer caso usualmente no habría inflación, ya que el aparato productivo puede responder con relativa holgura a una mayor demanda, sin que surjan presiones ascendentes sobre los salarios ni presiones sobre la capacidad instalada que eleve los costos. En el segundo, es muy probable que sí la haya, precisamente porque, al estar muy cerca del límite máximo de la capacidad productiva, aparecen tensiones que, eventualmente, elevan salarios y costos. En la actual realidad de Costa Rica, con enorme desocupación de las fuerzas productivas, altísimo desempleo, y un nivel de producción muy inferior al potencial, no hay, por este lado, riesgo alguno de inflación. La demanda podría ampliarse e incentivar más empleo y más producción, sin generar más inflación, puesto que, como ya dije, la economía produce hoy muy por debajo de su real capacidad.

Pero, como indiqué más arriba, la cuestión se complejiza adicionalmente por razones políticas y en función de determinadas relaciones de poder, y en el contexto de particulares estructuras institucionales que, en mayor o menor grado, lo propician o desincentivan, todo lo cual se resumen en la metáfora acerca de la “espiral precios-salarios”, lo cual atiende a una pugna redistributiva entre trabajo y capital, la cual opera sobre el telón de fondo de un determinado marco institucional. Hacemos referencia, pues, a la competencia entre salarios al alza y precios al alza, los unos persiguiendo a los otros. Pero, para que ello se concrete, se necesita una fuerza de trabajo organizada en sindicatos fuertes y con capacidad de negociación, algo totalmente ausente hoy en Costa Rica, donde las personas trabajadoras están en posición de extrema indefensión frente a la parte patronal, y donde la propia institucionalidad pública, se muestra vacilante y omisa a la hora de cumplir con su cometido fundamental: defender a la parte más débil que es, obviamente, la de las trabajadoras y trabajadores. Todo esto inutiliza, y prácticamente anula, el mecanismo precios-salarios.

Como asimismo indiqué, en determinados momentos puede incidir un cierto estado de ánimo, al modo de un efecto sicológico de alcances colectivos, que se visibiliza en comportamientos inflacionarios. Es algo que tiene su dosis de irracionalidad, en cuanto comporta un “efecto imitación”, cuando cada quien cree que debe ir adonde van los demás, como al modo de un comportamiento manada. Pero, por otra parte, no es algo que surja antojadizamente, ya que usualmente ha habido o hay algo en la realidad, que potencia ese comportamiento. Fue, en parte considerable, lo que ocurrió durante la crisis de 1980-82 en Costa Rica, cuando se generalizó una sicología inflacionaria, alimentada por la devaluación caótica que entonces se experimentaba. La devaluación misma elevaba los precios de productos importados, pero, por razones de sicología colectiva, el efecto se generalizaba a todos los bienes y servicios. Se observó también a lo largo del extenso período de alrededor de 20 años, durante el cual se aplicó la política de minidevaluaciones. Como éstas se hicieron muy previsibles, asimismo propiciaron un comportamiento de anticipación y ajuste a la devaluación esperada.

Todavía quedan otras posibles fuentes que incentiven la inflación: la presión al alza de los precios internacionales de los combustibles o de los alimentos importados, por ejemplo. O, en fin, como ya lo mencioné, las situaciones de “estrangulamiento de la oferta”, cuando escasea alguna materia prima o producto.

Es entonces oportuno enfatizar lo siguiente: en contra de la superchería usual, la real explicación de la fuerte inflación de inicios de los ochenta en nuestro país, hay que buscarla, no en la emisión de dinero, sino en la desordenada devaluación y el alza de precios de productos importados, en especial los combustibles, en un contexto institucional y de relaciones de poder, en que la “espiral precios-salarios” todavía conservaba vigencia.

Toda esta mitología urdida alrededor de la emisión monetaria y la inflación, forma parte del material que construye y solidifica los barrotes de una jaula en la que Costa Rica hoy está prisionera. Es la jaula del déficit fiscal y la deuda pública, un par de espectros que aterrorizan y petrifican. Se agita la historia atemorizante de la inflación, para impedir que se haga nada que pudiera ampliar los márgenes de maniobra frente al déficit, y de este último se hace un tótem sagrado, en cuyo altar se sacrifica la vida de las generaciones actuales y de las no nacidas.

 

Publicado en el blog
https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/09/inflacion-en-costa-rica-que-es-primero.html
Compartido con SURCOS por el autor.

Costa Rica: El déficit fiscal no es el villano que nos pintan

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, Director a.i. CICDE-UNED

La versión en PDF de este artículo puede ser descargada aquí: https://www.academia.edu/51437970/Costa_Rica_El_d%C3%A9ficit_fiscal_no_es_el_villano_que_nos_pintan

Resumen: este artículo busca satisfacer dos objetivos, principalmente: 1) demostrar que el proceso de recuperación de la economía y de los empleos en Costa Rica, tras el fuerte golpe inicial de la pandemia del Covid-19, es sumamente lento e insatisfactorio; 2) formular la tesis de que la persistente atonía de la actividad económica y del empleo, está fuertemente influida por la opción prevaleciente a favor de una política fiscal restrictiva, que opta por la austeridad y el recorte.

Hacia agosto de 2020, en la etapa inicial de la pandemia del Covid-19, los ingresos que el Gobierno Central recibía, caían cerca de un -12%, comparados con las cifras de un año antes (agosto 2019). En total, esa reducción alcanzaba los ₡369 mil millones. Cabría decir que, al dejar de afluir hacia las arcas públicas, ese dinero permanecía en cambio en los bolsillos del sector privado de la economía, lo cual, en aquel momento de derrumbe, era bueno.

Pero esa parte positiva del asunto jamás fue reconocida. Estruendosas, sonaron las alarmas para advertir que se avecinaban cataclismos y calamidades, puesto que, como resultaba obvio, el déficit fiscal se estaba incrementado, y amenazaba terminar el año en cifras sin precedentes de 9, quizá 10% del PIB. Al final de 2020, diferente a las estridencias amarillistas de alguna gente, terminó en 8,1%.

Y, sin embargo, tiene mucho sentido pensar que, contrario a la película de terror que nos pintaban, la ampliación del déficit fiscal más bien aportó un colchón que atenuó la caída de la economía. Baste recordar que, entre febrero y julio de 2020, se destruyeron más de 500 mil empleos, lo cual desataba fuerzas contractivas poderosísimas. La economía pudo tener un hundimiento catastrófico. Al final del año, la economía costarricense se contrajo un -4,1%, malo, sí, pero bastante menos que el promedio de -6,8% para América Latina en su conjunto, y mucho menos que el -11% de Perú, el -10% de Argentina, el -8% de México y El Salvador, y ni se diga el -17,9% de Panamá.

Acontecía que el gasto deficitario del gobierno contribuía a sostener la demanda total en la economía, en momentos en que la demanda privada se desplomaba en picada, como consecuencia de que el desempleo, que ya era muy alto antes del Covid-19, en cosas de tres meses prácticamente se duplicó, mientras centenares de miles de personas se salía de los mercados laborales. El gasto público y el déficit fiscal, tan aborrecidos por el empresariado privado, propiciaban que el golpe para sus negocios fuese menos severo de lo que pudo haber sido, y que el derrumbe de la economía no alcanzase las magnitudes de vértigo que potencialmente podría haber tenido. Eso es así, no obstante que ese efecto positivo se veía limitado -y así sigue siendo hasta el día de hoy- porque gran parte de ese déficit correspondía a pago de intereses, cuya contribución a la dinamización de la demanda es, por diversas razones, más limitado.

Y, sin embargo, al entrar en 2021 las tornas se vuelve y la tonalidad cambia. Ahora es Costa Rica la que se queda en el pelotón de retaguardia. La CEPAL estima un crecimiento promedio del 5,2% para América Latina y el Caribe en su conjunto, liderado por Perú (9,5%), Chile (8,0%) y Argentina (6,3%). Muy atrás queda Costa Rica: 3,2%.[1]

Que, en todo caso, esa tasa de crecimiento para Costa Rica es engañosa, ya que está inflada por la expansión desorbitada de las zonas francas, la cual solo tiene un efecto nimio sobre el resto de la economía, por lo que tampoco fructifica en una creación satisfactoria de empleos. Dejaré de lado ese mundo feliz de los parques industriales -el llamado “régimen especial” según lo designa el Banco Central-, y en lo que sigue me concentraré en “la otra economía”, que provee empleos a cerca del 95% de las personas trabajadoras y paga la casi totalidad de los impuestos.

La medición convencional del valor de la producción de esa “otra economía”, realizada por el Banco Central con base en el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), muestra que a lo largo del trimestre marzo-abril-mayo 2020, se sufre un desplome del -9,5%, respecto del dato de febrero de ese año. En junio empieza una recuperación que, de tan tímida y limitada, no merecería ser considerada como tal, al punto que, a junio de 2021, tras 13 meses de “recuperación”, el dato respectivo todavía está un -4,1% por debajo de su nivel de febrero 2020. En cualquier país del mundo se la consideraría una recuperación sumamente anémica e insatisfactorio. Pero aquí se nos quiere hacer creer que merece celebrarse.

Si, además, comparamos la evolución registrada a lo largo del primer semestre de 2021 con la observada en el segundo semestre de 2020, notaremos que la economía no gana impulso, no obstante el avance, gradual pero sostenido, hacia la eliminación, o, por lo menos, la reducción sustancial, de la mayoría de las restricciones sanitarias. Se suponía que ello habría de infundirle energía a la reactivación económica. No hay tal: el avance, si cabe llamarlo así, sigue siendo lento y contenido.

Quedamos, entonces, en el pelotón rezagado en materia de crecimiento a nivel latinoamericano, pero, en cambio -con tasas de desempleo que se mueven en el rango del 17-18%- lideramos los rankings del desempleo.

Todo lo cual tiene muchísimo que ver con la política fiscal (gastos públicos e impuestos) en aplicación. Las cifras que presenta el Ministerio de Hacienda para 2021, no son directamente comparables con las de 2020, porque suman un componente que anteriormente no incluían: el gasto e ingresos de los llamados “órganos desconcentrados” (OD). Sin embargo, el Banco Central realizó los ajustes estadísticos necesarios de forma que, excluyendo los OD, pudiera compararse la evolución efectiva de las cuentas del Gobierno Central. La conclusión es contundente: al mes de junio 2020, sin incluir intereses, el gasto se reduce en -7,1%. Inclusive sumando intereses, se registra una reducción de -3,5%. La parte de transferencias corrientes -las cuales son giros de dinero a instituciones diversas tales como: CCSS, universidades, FODESAF, IMAS, juntas de educación, IAFA, etc.- se les aplica un tajo de -15,5%.[2]

No obstante lo anterior, las cifras que se presentan en la página web del Ministerio de Hacienda, muestran un notable incremento en los gastos de capital (inversión). Al mes de julio, y comparadas con julio 2020, aumentan en un espectacular 42,8%. En parte, las cifras han de estar infladas por posibles gastos de capital de los “órganos desconcentrados”, los cuales, como ya indiqué, no se incluían en los datos de 2020. Pero incluso así, y en virtud del recorte brutal que se había aplicado en 2020, son números que se sitúan un -5% por debajo de las cifras de dos años atrás, o sea, las de 2019.

Pero, lo que es más importante, resulta que, hasta en el mejor de los casos, es un monto de inversión pública sumamente modesto, en el orden de 1,4% o 1,5% del PIB, cuando, en realidad, nuestro gobierno debería estar invirtiendo arriba del 4% o 5%, en planes de emergencia para la creación de muchos empleos en el corto plazo, y programas de inversión de mediano y largo plazo en áreas como el transporte público, las energías limpias, la vivienda popular y de clases medias, la infraestructura sanitaria, educativa y de cuido, la fibra óptica, acueductos, recuperación de cuencas de ríos, ciencia y tecnología. Entre tantos otros ámbitos, de similar importancia.

Mientras esto ocurre, los ingresos del gobierno dan un notable salto. Las razones son diversas, pero el caso es que, incluso con los necesarios ajustes estadísticos que, como ya indiqué, fueron realizados por el Banco Central, a junio 2021, y comparados con junio 2020, crecen un 12,6%. Lo cual pareciera ser algo positivo, pero deja de serlo en el contexto de una economía ralentizada y con altísimos niveles de desempleo. Si por lo menos esos ingresos adicionales financiaran programas de creación de empleos e inversión pública, el efecto neto sería positivo. Pero sirven exclusivamente para reducir el déficit fiscal, por lo que su impacto sobre la economía es necesariamente negativo: es dinero que se saca de los bolsillos del sector privado y son drenados de la demanda privada, sin que el sector público los devuelva al flujo de la demanda global.

Cuando, por otra parte, ha quedado claro que la relativa flexibilización de la política monetaria del Banco Central, que ha hecho descender considerablemente las tasas de interés sobre las colocaciones de créditos por parte de los bancos comerciales, ha sido insuficiente e ineficaz, tan ineficaz como ha sido la eliminación de restricciones sanitarias y la “reapertura” de la economía. En ninguno de los dos casos era de esperar otra cosa, porque en ninguno de ambos se atacan las fuerzas más profundas que frenan la economía. Todo lo cual simplemente ratifica que, sin una política fiscal enérgica, la reactivación y, sobre todo, la generación de empleos, serán mucho más difíciles y lentas.

El déficit fiscal ha devenido una especie de “pesadilla de Freddy Krueger”, en la cual hemos quedado atrapados. Es, a un mismo tiempo, el fantasma que se agita para infundir miedo, y la camisa de fuerza que nos paraliza. Lo absurdo de la situación queda mejor ilustrado, tan solo con que hagamos un somero recuento de las urgentes necesidades que nos acogotan y angustian. Pensemos tan solo en la carencia de adecuados espacios públicos -incluyendo parques, instalaciones deportivas, campos de juego y centros para la práctica del arte-, en nuestros ríos contaminados o en las limitaciones de la infraestructura de cuido para atender a la niñez, las personas mayores o las personas con discapacidad. Y, entretanto, tenemos centenares de miles de personas desempleadas.

¿No es acaso una locura que ni siquiera podamos proveer empleos temporales a esas personas para resolver ese tipo de acuciantes necesidades, mientras encuentran mejores oportunidades de empleo en las empresas?

Luis Paulino Vargas Solís, CICDE-UNED

Alajuela, Costa Rica, 7 de septiembre de 2021

Algunas cifras ilustrativas

[1] CEPAL, La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad. Informe especial Covid-19, julio 2021.

[2] Banco Central de Costa Rica, Revisión del Programa Macroeconómico 2021-2022, San José, julio 2021, pp. 47-49.

Blog del autor: http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/09/costa-rica-el-deficit-fiscal-no-es-el.html

La chispa

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Delgado

Pocas veces el país ha estado enfrentado a un peligro tan determinante como la pretendida Ley de Empleo Público.

Es un adefesio jurídico; es un adefesio político, pero, sobre todo, es un adefesio moral.

Lo primero que llama la atención es que se le propone como una medida para ayudar a paliar la crisis fiscal y el déficit público. Pero la justificación económico-financiera no está ni medianamente clara. El gobierno dijo al principio que la ley iba a ahorrar un equivalente al 1,5% del PIB. Nunca dijo de dónde salió ese cálculo, pero más el Ministerio de Planificación estimó ese ahorro en una cifra situada entre un 0,6 y 0,9% del PIB. Ahora que se desvincularon de ella el Poder Judicial, las Universidades, las municipalidades y, al menos en parte, la Caja, ese mal llamado ahorro posiblemente sería muchos menos. Pero nadie ha dicho cuánto.

En los aspectos económicos ahondaremos más adelante, pero ahora quiero referirme a lo más aterrador de esa ley, que es el llamado Sistema de Gestión del Desempeño que le da al ejecutivo poderes absolutos sobre cuerpos y almas.

Se trata de darle a MIDEPLAN el poder rector sobre el empleado público, la posibilidad de determinar a quién se contrata y a quién se despide prácticamente sin cortapisas.

Para ello se le dota de una guillotina: los empleados públicos pueden ser despedidos con dos calificaciones anuales de menos del 70%. Los motivos de esa calificación son tan abstractos, que se le da al jerarca el poder omnímodo de echar sin responsabilidad patronal a los empleados que no le conviene a la administración o al partido de turno. O a él personalmente. Por supuesto, ya sabemos que los primeros que irán para fuera son los activistas sindicales.

Ese poder ilimitado de la administración, me decía una activista, alimentará el acoso laboral pero sobre todo el acoso sexual, porque los empleados y empleadas saben que tienen que estar bien con los jefes si quieren conservar sus puestos.

La ley le da a ese ministerio, además, potestades de adoctrinamiento de su mano de obra de manera ilimitada: formarán a los empleados de acuerdo con los intereses del grupo o grupos en el poder. Es lo que se conoce como Estado corporativo. Por cierto, esos grupos de poder y los partidos que los representan han dejado mucho que desear en materia moral como para que pongamos en sus manos tanta responsabilidad.

Todos queremos una administración pública más eficiente, pero ese proyecto no lleva como fin lograr esa meta. Muy al contrario: logrará un estado más autoritario, menos participativo, con jerarcas de más poder y, por tanto, un sistema más propenso a la corrupción.

Nosotros tenemos una excelente institución en materia de manejo del sector público. Es el Servicio Civil, creado por impulso de los trabajadores precisamente para frenar la práctica del clientelismo, que cada cuatro años cambiaba despedía a unos y contrataba a otros según la bandera del partido vencedor en las elecciones. Estamos a un tris de volver a esas prácticas de los años treintas y cuarentas.

Lo que hay que hacer es limpiar esa institución, e impulsar el control desde abajo, desde las asociaciones de beneficiarios, de pacientes del seguro, de clientes de los bancos, de abonados a los servicios de agua y luz, de estudiantes y padre de familia, de los ciudadanos corrientes. Precisamente la solución somos nosotros, los que financiamos ese aparato y no tenemos ningún poder en esas instituciones.

La verdad sobre las pensiones de “lujo” en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte la siguiente información:

El video al final de la nota es difundido por Jubilados en Acción, y se encuentra en el canal de Youtube del investigador Federico Sobrado. En este material se expone el conflicto que gira en torno a la administración indebida del fondo del Magisterio, que tiene su exposición masiva a principios de los años 2000 ya que se hace popular el concepto calificativo “pensionados de lujo”.

A estas personas se les responsabiliza de la crisis fiscal, la desigualdad, la pobreza, el alza de impuestos y el desempleo. El término “pensionados de lujo” hace referencia a esas personas que pueden retirarse antes de tiempo, recibir montos elevados sin haber cotizado lo suficiente o heredar las pensiones a sus hijos. En el video, se explican los regímenes de gracia y cómo estos beneficios han sido adoptados por la clase política, diplomática y docente.

Este material es un producto de Prisma Latinoamerica y Jubilados en Acción, la investigación y edición  fue llevada a cabo por Federico Sobrado y Fernanda León.

Le invitamos a ver, difundir y compartir el video: 

La ilusión del “oro negro”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista
Director a.i. CICDE-UNED

Este lunes 16 de agosto de 2021, en la sección de comentarios de opinión de CANARA, escuché algunas cosas que me dejaron perplejo. El autor, de nombre Carlos Roldán, afirmaba básicamente dos cosas: permitir la explotación de petróleo en Costa Rica resolverá nuestros problemas fiscales y, además, permitirá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. O sea: Roldán nos dice que, para reducir los gases generados por los combustibles fósiles, hay que extraer, refinar y usar combustibles fósiles. De entrada, suena paradójico, pero, en todo caso, la cuestión amerita un examen más detenido.

La propuesta encuentra sustento en dos tesis. Primero, el transporte del combustible que importamos, realizado por vía marítima, conlleva una importante emisión de gases de efecto invernadero, que se dejaría de hacer al producirse localmente esos combustibles. Segundo, en Costa Rica el petróleo sería extraído y refinado utilizando electricidad “100% renovable” (hidroelectricidad), mientras que en Estados Unidos se obtiene con base en electricidad generada “quemando combustibles fósiles”.

Ambas ideas son correctas. Efectivamente, arriba del 80% y, según el año, incluso más del 90%, de nuestras importaciones de combustibles, provienen de Estados Unidos, cuyo abastecimiento energético se basa, en alrededor de un 80%, en combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). Y, sin embargo, es incorrecta la dicotomía que se plantea. La opción no es entre importar combustibles fósiles o producirlos localmente, sino entre los combustibles fósiles frente a otras fuentes energéticas alternativas, que no generen gases de efecto invernadero, y que tengan los mínimos impactos posibles sobre los ambientes naturales y el legado sociocultural de las poblaciones.

La migración hacia esas fuentes energéticas realmente limpias, resume el dilema realmente importante. Se trata de una decisión impostergable, no como opción ideológica, y sí, en cambio, como exigencia de la realidad. La crisis ambiental planetaria no autoriza ninguna otra posibilidad ¿Será posible que haya personas que aún no se dieron cuenta?

Y en cuanto a resolver el problema fiscal, me parece que ahí la cuestión naufraga. El señor Roldán habla de una riqueza que, a valor actual, equivaldría a $350 mil millones, equivalente al valor total de la producción nacional (el PIB) generada durante casi seis años, lo cual presuntamente le daría al gobierno, ingresos anuales por un monto de $3.900 millones (cerca del 6,5% del PIB). Pero para que esa riqueza se monetice, habrá no solo que extraer y refinar el petróleo, sino, además, exportarlo, puesto que, como es obvio, el mercado costarricense no podría, ni absorber y consumir internamente tan enorme oferta petrolera ni aportar las fabulosas cifras en dólares de que se nos habla, puesto que no generamos dólares por nuestra cuenta y pagamos los combustibles en colones. Para estimar la capacidad de consumo del mercado nacional, baste recordar que nuestras importaciones de combustibles y lubricantes, sumaron $1.625 millones en 2019 y cayeron a poco más de $900 millones en 2020 ¿De dónde saldrían los $3.900 millones que el gobierno presuntamente recaudaría, como no sea de muy significativos volúmenes de exportación? De modo que los gases de efecto invernadero que no se emitan al dejar de importar, se emitirán al exportar, pero en mucha mayor cuantía, ya que implícitamente se está hablando de exportaciones por un monto sustancialmente mayor a lo que hoy día importamos.

Pero, además, ¿cuántos años tardaremos para tener a punto la producción y exportación petrolera? ¿Qué hacemos entretanto con nuestros problemas fiscales? Y, además, ¿cerraremos los ojos ante el desastre climático para resignarnos a depender perpetuamente de transporte movido por combustibles fósiles?

NOTA: el comentario de CANARA al que hago referencia, puede escucharse aquí: https://www.panoramadigital.co.cr/prohibir-la-extraccion-de-petroleo-una-accion-contra-el-ambiente/

 

Compartido con SURCOS por el autor y publicado en su blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

Acuerdo con el FMI: apuntes para un posible «plan B»

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista
Director a.i. CICDE-UNED

Escribo estos rápidos apuntes, incentivado por la solicitud que recibí de un político nacional, que me pidió mi criterio en relación con un artículo titulado “Un plan B para el acuerdo con el FMI”, del colega economista Francisco Esquivel, el cual fue publicado en el Semanario Universidad el 2 de julio de 2021.

1) Estoy de acuerdo con todo lo que plantea Francisco, pero creo que se queda corto.

2) La situación de relativa sostenibilidad o mejora fiscal que se registra en los primeros meses de este año, podría no ser perdurable. Puede que haya efectos de incrementos en los ingresos por IVA, e influidos por este último, de incremento en los impuestos sobre ingresos y utilidades, que podrían no repetirse en el futuro. Incluso con tales incrementos, la tasa de tributación sigue siendo baja (en el orden del 15% del PIB, aproximadamente, con un PIB que todavía no recupera sus niveles de 2019).

3) Estoy completamente de acuerdo en lo que Francisco plantea en materia tributaria.

4) Pero creo que deberíamos atrevernos a dar un paso más allá mediante la tributación progresiva sobre rentas y ganancias de capital y sobre grandes patrimonios. En el primer caso, la tasa plana penaliza más fuertemente al pequeño ahorrante, al pequeño propietario o, en fin, al pequeño rentista. En el segundo caso, la idea sería ampliar lo que ya existe en relación con casas de lujo, para incluir las otras formas de patrimonio personal o familiar, pero hacerlo con base en tasas progresivas y con un umbral exento suficientemente alto

5) Si ya lo anterior (bien lo sé) es políticamente delicado, lo que enseguida diré quizá lo es más, pero aun así lo creo necesario: la tributación progresiva sobre herencias y sucesiones, como un mecanismo necesario para romper la transmisión intergeneracional de las desigualdades (en la línea de ideas propuestas por Piketty, esto podría alimentar un fondo que, a su vez, permita asignar una dote de capital a cada persona, la cual podría ser entregada a cada muchacho y muchacha, cuando lleguen a su mayoría de edad, o, quizá, a los 21 años).

6) Esquivel plantea en su artículo, ideas valiosas en la línea de una reforma administrativa, que propicie más eficiencia y productividad en el sector público. Está bien, pero no es suficiente. Tendríamos que ambicionar más. Por ejemplo, mediante una mejor articulación y coordinación, que permita eliminar duplicidades y despilfarros. Hay que pensar en lograrlo sobre una base dialógica y respetuosa, sin generar más polarización y conflicto del que ya existe. Una reforma a los regímenes de empleo público, igualmente construida de forma dialogada y con pleno respeto a la Constitución, sigue siendo necesaria (no el esperpento que está siendo propuesto), para corregir incoherencias en las remuneraciones (puestos con funciones y responsabilidades muy similares, a veces idénticas, con salarios muy distintos en distintas instituciones), evitar en el futuro salarios excesivamente altos; garantizar mejora real de los salarios a lo largo del tiempo, pero de forma financieramente sostenible.

7) El aspecto clave, sin el cual nada de lo anterior tiene mucho sentido, tiene que ver con la reactivación de la economía y el incremento sustancial en la capacidad de generación de empleos. Al respecto es importante considerar:

  • Pasarán varios años antes que el turismo tenga una plena recuperación. Lo que por ese lado pueda lograrse es limitado.
  • Las exportaciones de zona franca claramente no son una respuesta. En el último año han crecido a un ritmo espectacular, sin que el resto de la economía (o sea, el 95% de las personas trabajadoras) apenas se enteren.
  • Las exportaciones que no son de zona franca, desde hace algunos años (o sea, desde antes de la pandemia) manifiestan un dinamismo más bien contenido. La recuperación en los países ricos del norte, contribuirá a reanimarlas, pero no será suficiente.
  • Es urgente promover una reactivación con efectos en plazos lo más corto posibles, y que se sienta significativamente en el empleo.
  • En el momento actual ello solo es posible mediante el empuje desde el Estado, a través de un programa de inversiones públicas que sean de rápida y fácil ejecución, y que se diseñen de forma que generen muchos empleos, incluyendo muchos empleos para las mujeres.
  • Esto último debería ser parte, de un amplio programa de inversiones públicas, con proyección a mediano y largo plazo, que enfatice ámbitos como los siguientes: sanidad, educación y cuido; energías limpias; transporte público; ciencia y tecnología; agua; vivienda popular, entre otros.
  • El endeudamiento externo que el país obtenga debería destinarse a financiar estos programas de inversión pública, para generar la necesaria capacidad de pago futura. Hoy se destina a sustituir deuda interna “cara” por deuda externa “barata”. A la larga, ello puede significar que el caldo salga más caro que los huevos, puesto que se descuida el aspecto clave: modernizar la economía y elevar su productividad, para que, en el futuro, podamos afrontar estas deudas sin que ello nos genere nuevos problemas.

8) Claro que es necesario avanzar en la renegociación de la deuda pública, por lo menos el componente interno de ésta. Esta, junto a otras medidas (incluso una intervención más directa del Banco Central), debería propiciar una reducción significativa en los pagos por intereses.

9) El crédito accesible y barato o, en general, una política monetaria que propicie la baja en las tasas de interés, solo puede cumplir una función complementaria, no puede ser el centro de la estrategia. Es que el crédito se mueve a partir de la demanda, no de la oferta. O sea: el crédito se reactiva cuando la economía se reactiva, no a la inversa. Enfatizar la generación de empleo, la modernización de la economía y la elevación de la productividad, así como el desarrollo regional equilibrado, la equidad de género y la democratización en la distribución de la riqueza, son objetivos que deberían guiar la asignación del crédito.

10) Desde luego que hay que avanzar seriamente en simplificación de trámites, siempre que ello no implique sacrificar objetivos ambientales, de protección de los derechos laborales y de los derechos humanos en general, o la protección de la salud. Pero tengamos claro que simplificar trámites es un paliativo y un complemento, no una medida estructural significativa.

11) Cualquier propuesta en materia de reducción de cuotas de seguridad social debería garantizar que habrá fuentes alternativas de financiamiento o, en último término, deberían garantizar que no se dañará financieramente ni a la Caja ni a otras instituciones de seguridad social.

12) En todo caso, no debemos olvidar que las cuotas de seguridad social son “altas” no tanto en términos absolutos, cuando principalmente en términos relativos, es decir, son altas relativamente a la productividad de nuestros trabajadores y trabajadoras. Las soluciones deberían concentrarse en lo segundo, más que en lo primero, y eso es lo que anima, en general, las ideas que aquí propongo.

 

Información e imagen tomada del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

Los huevos, el C.N.P., los directores del periódico la nación y noticias monumental

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Jesús Calderón Rojas

Encuentro social comisión de ruralidad y agroalimentación
A la población costarricense.
13 de junio del 2021.

Este pasado viernes 11 de junio, el periódico la Nación, y este muchacho que tienen de director de noticias en Radio Monumental, la emprenden nuevamente, contra la forma de cómo el Estado costarricense, aplica políticas que buscan garantizar la comida a la población, pero sobre bases de justicia de pago a quienes tienen esa responsabilidad, y hoy nos referimos a la producción de huevos.

Ante la posición de estos peones del gran capital a través de las empresas periodísticas, manifestamos que llegó la hora a los costarricenses de avistar nuevos horizontes, incorporando a la ruralidad a un proceso de desarrollo incluyente.

Costarricenses, el CNP recibió un incremento en la demanda de alimentos por parte del MEP y de los Cen-Cinai del Ministerio de Salud. Veamos el aumento en el volumen de huevos, que pasó de 845.077 kilos en 2019 a 3.794.122 en 2020, en otras palabras en el año 2020 la facturación ascendió a 7.140 millones de colones. Con este incremento en la demanda de huevos, se favorecieron más de 50 empresas de pequeños y medianos en todo el país, y de plano superando la intermediación.

Aprovechando la posición pública de ambos medios de comunicación, la Cámara de Avicultores pega el grito al cielo, y nos dice: “Ese sobreprecio que pagan resulta paradójico en momentos de crisis fiscal y económica del país, donde precisamente el sector público debería buscar mayor eficiencia y reducir los costos de funcionamiento de este tipo de programas, y en particular evitar que muchos hagan clavos de oro con la intermediación existente”. Pero lo curioso, es que para atender esta demanda, el CNP le solicitó a esta Cámara la incorporación de empresas, y las que propusieron no calificaron porque eran tamaño grande.

Para que nos formemos un criterio de la realidad y de porque la queja: Hablemos claro y veamos la realidad de la producción de huevos en el país.

–           La corporación Walmart con un millón de gallinas produce el 40% de los huevos que se consumen.

–           Yema Dorada con 600 mil gallinas

–           Avicultores Unidos con 400 mil gallinas.

–           Granja Santa Marta con 250 mil gallinas.

De acuerdo a ley este programa conocido como el PAI, solo pueden participar pequeños y medianos, y cuando estos no cumplan la demanda, el CNP puede comprarles a las grandes empresas. Años atrás cuando el PAI necesitaba de huevos, lo conseguía a través de la Cámara de Avicultores y de esas grandes empresas, y les pagaban a los productores pequeños a 800 colones el kilo. Costarricenses, aquí está la razón de la queja o como diríamos en la calle, aquí es donde está el brinco.

Es importante que los costarricenses y para esos periodistas, manejemos cifras del Banco Central de Costa Rica, en la actualidad el crédito mayoritariamente es de consumo, con un porcentaje del 33%, seguido por vivienda con un 28%, servicios 12%, comercio 10,7%, industria 3,7, turismo 2.1% y finalmente agricultura con un 2%. A pesar de esa discriminación de acceso al crédito y en términos de generación de empleo la agricultura representa el 11.7%, en relación con el 16,1% correspondiente a comercio, el 10, 3% del sector industrial y el 6,6% de turismo. A pesar de esa discriminación en el acceso al crédito, nuestra actividad productiva en crisis y agravada por la pandemia, sigue trabajando, continúa produciendo, sigue dando empleo.

Que estamos inmersos en una gran crisis, no hay discusión. No es momento de lamentos, es momento de plantear salidas inteligentes al conjunto de problemas existentes, No podemos dejar de lado que el sector de pequeños y medianos productores que aseguran la canasta básica, la comida a todos los habitantes del país, deben contar con una respuesta verdadera y oportuna, para lograr mantener su maltrecha estructura productiva, y desde luego, tratar de incrementar su volumen de oferta.

Recuperar la economía a partir de la operación de pequeños y medianos productores, es de urgencia. La Agroalimentación, será el pilar central de nuestra economía, no solo por tener diversidad de microclimas y distintas experiencias productivas, sino porque sumamos a esta gesta, el conocimiento acumulado. Allí es donde se debe centrar el esfuerzo país.

Atentamente:
JESUS CALDERON ROJAS
COORDINADOR

 

Compartido con SURCOS por José Oviedo.

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO. Integrantes de Grupo de Garantes Administración Alvarado Quesada (2018-2022)

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Los abajo firmantes, como parte del grupo de garantes de la ética del gobierno encabezado por el señor Presidente Carlos Alvarado Quesada, queremos dejar manifiesta nuestra posición con respecto al proyecto “Ley de Empleo Público” (Expediente No. 21.336) en discusión en la corriente legislativa.

  1. La Constitución Política vigente establece con claridad la división de poderes de la República y distintos grados de desconcentración y autonomía para instituciones con misiones especializadas como el Poder Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social, las municipalidades, las universidades y las instituciones autónomas. Estas autonomías van desde lo estrictamente administrativo (autogestión de un ente sin dependencia de otro), hasta la autonomía política (capacidad de autogobierno) y la autonomía organizativa (capacidad de auto-organización). El caso de las universidades públicas incluye las tres modalidades de autonomía constitucionalmente previstas.
  2. La norma 191 C.P., por su parte, prevé la creación de un Estatuto de Servicio Civil, concebido para regular la relación entre los servidores públicos y el estado, sin hacer, ciertamente, distinciones. Sin embargo, una interpretación histórica de este mandato, confirma que la intención del constituyente fue asegurar el acceso al empleo público, creando un ente descentralizado que, en condiciones objetivas de independencia e idoneidad, así como lejos de la influencia y control del gobernante de turno, condujera los procesos de designación del funcionariado y demás empleados de este sector. No hay que olvidar que esta fue una de las cuestiones detonantes de la crisis de 1948. Una visión también histórica del desarrollo de las entidades autónomas en el país a lo largo de casi setenta años, han afianzado el principio de división de poderes y de autonomías en distinto grado, con diversos estatutos especializados que han permitido apartar las  influencias político-partidarias en la gestión, organización y autogobierno de las instituciones públicas. A nuestro entender, el espíritu del constituyente, aunque nunca se concretó en la existencia de un estatuto único, se ha afianzado y fortalecido a través de los años, incluso con la labor interpretativa de la Sala Constitucional.
  3. Las cuestiones relacionadas con la definición de perfiles de los servidores, sus requisitos, las calificaciones de idoneidad, rendimiento y régimen disciplinario, así como escalas salariales deben considerarse como parte de la autonomía de que gozan estas instituciones. Es muy riesgoso poner en manos de un ente controlado absolutamente por el Poder Ejecutivo, la determinación última de estos aspectos en alguna instancia no especializada, sino que pueda, además, ser proclive a la manipulación tratándose, por ejemplo, del nombramiento de jueces, autoridades y docentes universitarios y técnicos especializados en distintas entidades públicas. Por el contrario, cualquier tipo de exceso o contradicción que pueda haberse dado en este campo, es perfectamente corregible y mejorable, sin sacrificar la misión esencial que cada institución autónoma tiene. Para ello se cuenta con instancias controladoras que ninguna institución autónoma puede obviar.
  4. Si bien entendemos que esta es una discusión también de carácter ideológico-política por tratarse de la administración del Estado, siendo que respetamos las distintas posiciones que hay al respecto, no podemos ignorar en este debate la existencia de una  arista ética, puesto que durante la campaña electoral pasada, el actual Presidente Alvarado Quesada fue claro al señalar que la cuestión del empleo público no podía reducirse a un tema eminentemente fiscalista, -como evidentemente lo está siendo-, y que había que dar un tratamiento integral que respetara la complejidad y especificidad de un ámbito vital para la prestación de servicios públicos esenciales, en un régimen democrático de derecho -como evidentemente no lo está siendo-. Encontramos pues, en este punto,  un incumplimiento de orden moral a los compromisos asumidos para con el electorado nacional.

Margarita Bolaños Arquín                José Manuel Arroyo Gutiérrez

San José, 23 de marzo de 2021.

Valores invertidos

Escrito en . Publicado en Análisis, Cultura.

Óscar Madrigal

El presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, recibe un salario mensual de ¢10.000.000 de colones. El rector Jensen de la Universidad de Costa Rica recibía antes de terminar su periodo ¢8.800.000 y el rector Salom de la UNA ¢6.700.000. (No tengo los salarios de los rectores actuales que probablemente son menores que los indicados).

El primero dirige un banco, los otros dos, casas de enseñanza donde se forjan los profesionales del mañana, los encargados del futuro del país.

Lo que llama la atención es que el salario del Rector causa una conmoción y repulsa nacional, mientras que el salario del señor Rodrigo Cubero no produce efecto alguno.

¿Por qué la gente “valora” más la dirección de un banco que la dirección de centros de educación superior? ¿Por qué el salario del presidente del BCCR es visto con “naturalidad” mientras que los salarios de los rectores como una exageración y casi como inmorales? ¿Cómo han llevado a esta sociedad a semejante inversión de valores?

La prensa nacional ha logrado crear este ambiente, publicado listas de profesores con sus salarios presentándolos casi como delincuentes, creando un enemigo ficticio para desviar la atención de los problemas principales del país.

Para la prensa comercial al servicio de los grandes intereses económicos no es escandaloso que 44 personas tengan un salario superior a los ¢35.000.000 mensuales o que 148 personas ganen más de ¢20 millones mensuales. Todos desde luego del sector privado. (Datos del Ministerio de Hacienda publicados por el Semanario Universidad). Esos salarios deben pertenecer por supuesto que a grandes bancos o empresas privadas; recordemos que muchas de ellas no pagan impuesto de renta porque no declaran utilidades o están acogidas a exenciones como las zonas francas. Por supuesto que esto tiene trascendencia fiscal, de mayor calado que los salarios de los profesores que forjan y forman a los estudiantes.

La prensa comercial al servicio de ese gran emporio ha logrado invertir los valores nacionales.

Desgraciadamente ha castrado el pensamiento crítico.