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Etiqueta: Defensoría de los Habitantes

Defensora modifica Estatuto y elimina Consejo interno – piden investigar

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

SURCOS recibió una carta enviada al presidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruickshank Smith, en la cual exfuncionarias y exfuncionarios de la Defensoría de los Habitantes indican que “la decisión de la señora defensora Catalina Crespo Sancho, de modificar …el Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoría, tiene consecuencias tan serias e indeseables, que nos resulta imposible permanecer en silencio”. El escrito precisa: “… preocupa sobremanera que esta modificación en la práctica significa la eliminación del Consejo de Directores y Directoras, entronizando con ello un modelo de gestión vertical, patriarcal y autoritario, nunca visto en las culturas institucionales de derechos humanos”.

Esta es la carta:

San José 9 de agosto de 2020
Lic. Eduardo Cruickshank Smith
Presidente
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
S.D.
Estimado señor:

Quienes suscribimos, exfuncionarias y exfuncionarios de la Defensoría de los Habitantes de la República, nos dirigimos a usted para comunicarle nuestra profunda inquietud por la delicada situación que atraviesa esta querida institución, en la que tuvimos el honor de trabajar durante décadas, en muchos casos.

Sin excepción alguna, siempre nos hemos mantenido al tanto del acontecer institucional y con frecuencia se nos ha solicitado consejo sobre los temas en los que nos especializamos, motivo por el cual sentimos la obligación de referirnos a la peor crisis de liderazgo, gobernabilidad e imagen que ha enfrentado la Defensoría de los Habitantes desde que abrió sus puertas en 1993.

Los pormenores y alcances de esta grave crisis han sido ventilados de manera abundante tanto en la Asamblea Legislativa como en los medios de comunicación y las redes sociales, por lo que no consideramos necesario comentarlos aquí.

Sin embargo, la decisión de la señora defensora Catalina Crespo Sancho, de modificar en días pasados los artículos 29 y 29 bis del Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoría, tiene consecuencias tan serias e indeseables, que nos resulta imposible permanecer en silencio.

La reforma estatutaria, vertiginosa e inconsulta, que ha llevado a cabo la señora Crespo Sancho, no solo arroja dudas sobre su motivación y pertinencia, sino que dolosamente elimina el espacio más importante de deliberación técnica, indispensable para propiciar el clima de control interno y la coordinación adecuada para la toma de decisiones.

Nos preocupa sobremanera que esta modificación en la práctica significa la eliminación del Consejo de Directores y Directoras, entronizando con ello un modelo de gestión vertical, patriarcal y autoritario, nunca visto en las culturas institucionales de derechos humanos.

Hay sobradas razones para pensar que estos cambios normativos se alinean con la actitud hostil y amenazadora que ha mostrado la señora Catalina Crespo Sancho hacia los funcionarios y funcionarias de la institución que han llamado la atención sobre sus yerros.

Las reflexiones que traemos a su consideración, señor Presidente, tienen como fin recordar que el propósito fundamental que anima el trabajo de la Defensoría de los Habitantes, según su ley de creación, se encuentra en peligro ante la ausencia de credibilidad de la jerarca y esta es una circunstancia que también pone en entredicho la reputación del país en materia de derechos humanos, que con tanto orgullo nos distingue en la comunidad internacional.

Además, las actuaciones de la defensora Catalina Crespo Sancho, contradicen los principios de independencia y pluralismo que ordenan los Principios de París relativos al estatuto de las instituciones nacionales de derechos humanos (adoptados por la Asamblea General de la ONU en la resolución A/RES/48/134, de 20 de diciembre de 1993) y violentan frontalmente la resolución A/HRC/RES/39/17 (del 28 setiembre 2018) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como la resolución A/RES/74/156 de la Asamblea General de la ONU (de 18 Diciembre de 2019), en las que claramente se destaca que las instituciones nacionales de derechos humanos y su personal no deberían afrontar ninguna forma de represalia o intimidación como resultado de actividades llevadas a cabo de conformidad con sus mandatos respectivos.

Es lamentable constatar que, en este caso, los actos de intimidación provienen de la misma jerarca institucional, lo cual constituye una violación inaceptable a sus obligaciones básicas y una afrenta inexcusable a la dignidad del cargo que se le confió.

Al igual que fue planteado por el personal de la institución el pasado 4 de agosto, solicitamos al señor Presidente instalar la comisión investigadora que permita dilucidar las responsabilidades correspondientes.

A la espera de su respuesta, lo saludamos con consideración,

Vernor Muñoz Villalobos, documento de identificación 105640548
Alba Pascua Vargas, documento de identificación 104980209
Ligia Martín Salazar, documento de identificación 104090849
Álvaro Mendieta Vargas, documento de identificación 106370607
Olga Goldenberg Guevara, documento de identificación 102870168
Lorelly Trejos Salas, documento de identificación 401300696
Joaquín B. Rodríguez Badilla, documento de identificación 104010475
Juan Fernando Cerdas Albertazzi, documento de identificación 104160903
María de los Ángeles Barahona Israel, documento de identificación 103991433
Luisa Paz Jiménez, documento de identificación 801080229
Rita Susana Maxera Herrera, documento de identificación 10320008601
Marco Antonio Sáenz Zúñiga, documento de identificación 10124100397
Irene Pacheco Alfaro, documento de identificación 104630491
Fernando Mayorga Castro, documento de identificación 302850485
Argentina Artavia Medrano, documento de identificación 107090127
Guillermo Solís Sandí, documento de identificación 104010182
Freddy Valverde Rumoroso, documento de identificación 1010100056
Mario Alberto Víquez Jiménez, documento de identificación 104161051
Juanita Lee Cerdas, documento de identificación 601050234
Lilliana Zeledón Cambronero, documento de identificación 103060456
Flor Moya Álvarez, documento de identificación 202920949
Rodney Lazo Murillo, documento de identificación 900470695
Mario Céspedes Ávalos, documento de identificación 700730509
Juan Carlos Mora Montero, documento de identificación 108040947
Ana Lucía Díaz Venegas, documento de identificación 104320606
Tony Umaña Méndez, documento de identificación 106290234
Édgar Lisac Vélez, documento de identificación 106130102
Ana Cecilia Vargas, documento de identificación 104760894
Manuel Gerardo Zúñiga Flores, documento de identificación 302260823
Roxana María Chavarría Rodríguez, documento de identificación 113490494
Yanis Lucrecia Quesada Chanto, documento de identificación 107520531
Bernal Castro González, documento de identificación 106660377
Odir Rafael Garro Pérez, documento de identificación 602840687
Martha González Madriz, documento de identificación 104460350
Floribeth González Chavarría, documento de identificación 114640052
Lilliana Arrieta Quesada, documento de identificación 105630331
Anna Theresa Esquivel Zamora, documento de identificación 400950437
Evelyn Silva Peralta, documento de identificación 800800702
Bernal Guevara Monge, documento de identificación 106800490
Liana Berman Gutowski, documento de identificación 108530228
Carlos Loría Chaves, documento de identificación 302530983
Allan Moreira Gutiérrez, documento de identificación 108630504
José Rodolfo Rivera Collazo, documento de identificación 8083271
Alejandra Vargas Garbanzo, documento de identificación 108780584

Dr. Vernor Muñoz Villalobos
Firma responsable

Copia:
Dip. Luis Fernando Chacón Monge
Jefe de Fracción
Partido Liberación Nacional
Correo electrónico
lchacon@asamblea.go.cr
Dip. Xiomara Rodríguez Hernández
Jefa de Fracción
Partido Restauración Nacional
Correo Electrónico
xiomara.rodriguez@asamblea.go.cr
Dip. Enrique Sánchez Carballo
Jefe de Fracción
Partido Acción Ciudadana
Correo Electrónico
enrique.sanchez@asamblea.go.cr
Dip. Rodolfo Peña María
Jefe Fracción
Correo Electrónico
Partido Acción Social Cristiana
rodolfo.pena@asamblea.go.cr
Dip. Silvia Patricia Villegas Álvarez
Jefa de Fracción
Partido Republicano Social Cristiano
Correo electrónico
sylvia.villegas@asamblea.go.cr
Dip. Otto Roberto Vargas Víquez
Jefe de Fracción
Partido Republicano Social Cristiano
Correo Electrónico
otto.vargas@asamblea.go.cr
Diputado Jose María Villalta Flores-Estrada
Jefe de Fracción
Partido Frente Amplio
Correo Electrónico:
jose.villalta@asamblea.go.cr
Dip. Carmen Irene Chan Mora
Jefa de Fracción
Partido Nueva República
Correo Electrónico
carmen.chan@asamblea.go.cr
Dip. Eric Rodríguez Steller
Correo Electrónico
eric.rodriguez@asamblea.go.cr
Dip. Zoila Rosa Volio Pacheco
Correo electrónico
eric.rodriguez@asamblea.go.cr
Sr. Augusto Jordán Rodas Andrade
Presidente de la Federación Interamericana del Ombudsman
Procurador de los Derechos Humanos de la República de Guatemala
pdh@pdh.org.gt
Sra. Carmen Comas-Mata Mira
Secretaria Técnica de la FIO
secretaria.tecnica@portafolio.org
Consejo Centroamericano de Derechos Humanos
Secretaria.tecnica
accppdh@gmail.com

Defensoría pide a Corte de Justicia garantizar acceso a justicia para pueblos indígenas

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

En una nota enviada por la Defensora Catalina Crespo Sancho al presidente de la Corte Suprema de Justicia Fernando Cruz Castro, se solicita atender las denuncias formuladas por procedimientos y actitudes discriminatorias contra personas de los pueblos indígenas. El escrito de la Defensoría indica que “la tramitación de este asunto está a cargo de la Master Marjorie Herrera Castro.

El documento que llegó a SURCOS señala:

“Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

La Defensoría de los Habitantes de la República mantiene en monitoreo la implementación por parte del Estado costarricense de la Medida Cautelar N° 321-12 emitida por la CIDH en favor de los pueblos indígenas Térraba y Salitre, así como la ejecución del Plan RTI (Recuperación de Tierras Indígenas), que desarrolla el Instituto de Desarrollo Rural.

En este marco, de manera consistente desde el año 2015, se ha mantenido comunicación con organizaciones y personas indígenas de los territorios beneficiarios de la Medida, así como de los territorios de Cabagra y China Kichá, en los cuales se han venido realizando, recientemente, procesos de recuperación de tierras indígenas.

Durante estos años, también se ha tenido conocimiento del creciente número de asuntos relacionados con estos procesos reivindicativos de derechos que se han judicializado con la esperanza de encontrar en el sistema, justicia pronta y cumplida. No obstante, por el contrario, cada vez y con más frecuencia, se recibe información de los pueblos indígenas sobre las barreras e incluso la discriminación que enfrentan para lograr un acceso real y efectivo a la justicia.

En virtud de lo anterior, la Defensoría de los Habitantes estima necesario remitir para su conocimiento y consideración la siguiente información, que resume las principales situaciones expuestas ante esta institución por personas y organizaciones indígenas:

1- En una reunión realizada en Buenos Aires de Puntarenas, el 24 de agosto del 2018, la ex Magistrada Carmen María Escoto Fernández, recibió un sinnúmero de denuncias contra diferentes instancias judiciales por discriminación contra personas indígenas en el trato, atención y trámite de múltiples causas. Según informó posteriormente la Sra. Escoto, todas las denuncias fueron remitidas al Tribunal de la Inspección Judicial; sin embargo, tiempo después, informalmente se indicó que habían sido archivadas y tras el asesinato del líder indígena Sergio Rojas, que habían sido desarchivadas. Con el propósito de dar seguimiento a la atención de dichos asuntos, la Defensoría de los Habitantes solicitó al Tribunal de la Inspección Judicial información sobre el estado de dichas investigaciones pero la información no fue proporcionada.

2- Mediante oficio N° FGR 298-2018, la Sra. Emilia Navas Aparicio, Fiscala General de la República, en relación con los cuestionamientos que se le han realizado al Juez Jean Carlos Céspedes Mora, indicó que se estaban realizando investigaciones a nivel penal y administrativo, por lo que se trasladaban a la Inspección Judicial las irregularidades señaladas; sin embargo, sobre las investigaciones internas, la Inspección remitió a la Defensoría de los Habitantes un archivo en Excel denominado “Causas Disciplinarias de Pueblos Indígenas”, en el que se incluyen 6 denuncias (una del año 2016, una del 2018 y cuatro del 2019) todas desestimadas y archivadas.

Pese a los reiterados cuestionamientos de los pueblos indígenas por las actuaciones en su contra, y a los vínculos del Sr. Céspedes con personas no-indígenas que ocupan propiedades dentro de los Territorios Indígenas, se ha alegado que por el principio de independencia de los jueces, no puede ser removido o trasladado, ni impedírsele que conozca y resuelva causas indígenas.

Una situación similar ha sido denunciada recientemente en China Kicha, contra la actuación de una jueza, quien –según los comunicados recibidos- acogió un interdicto de posesión dentro de un territorio indígena para pretender desalojar a los indígenas recuperadores de una finca. Con indignación, los habitantes indígenas reclaman el por qué todas las causas agrarias que se mantienen pendientes de resolución no son tramitadas con esa misma diligencia que sí se utiliza en su contra.

3- En varias ocasiones la Defensoría de los Habitantes ha tenido que coordinar con la Contraloría de Servicios del Poder Judicial para que se atienda a habitantes indígenas, como si se tratara de solicitar un favor, porque se han presentado a diferentes despachos judiciales en Buenos Aires y se les ha negado la atención, o los envían de un despacho a otro, sin que exista en la región una instancia judicial imparcial y efectiva donde puedan denunciar estos abusos discriminatorios.

4- Se acusa impunidad judicial, ya que en decenas de denuncias presentadas por agresiones y amenazas contra la integridad y la vida de líderes y lideresas indígenas, no se han realizado detenciones ni se han emitido sanciones contra los autores y partícipes.

Asimismo, pese al tiempo transcurrido, se acusa ausencia de información -incluso a los familiares más cercanos- sobre el avance de las investigaciones de los asesinatos de los líderes indígenas Sr. Sergio Rojas y Sr. Jerhy Rivera, alegando siempre la confidencialidad para no entorpecer las investigaciones.

5- Algunas instancias judiciales carecen de procedimientos que reconozcan y respeten la identidad cultural de los pueblos indígenas y brinden abordajes interculturales; ejemplo de ello ha sido la protección ofrecida a líderes indígenas amenazados de muerte, a quienes les indican que para protegerlos tiene que abandonar su territorio. Pese a que se han señalado estas deficiencias, no se han tomado medidas para rectificarlas.

6- De manera particular, la Organización Ditsö ha remitido reiteradas gestiones vía correo electrónico a la coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Magistrada Damaris Vargas, pero únicamente ha recibido su comunicación de que fueron trasladadas a las instancias correspondientes, no habiendo ninguna respuesta de fondo, ni seguimiento a la gestión.

Téngase como ejemplo los correos de fechas 24 de marzo y 16 de abril del 2020, mediante los cuales se informa sobre las denuncias por amenazas de muerte contra cuatro líderes de pueblos originarios y se solicita la atención prioritaria a éstas, sin que se conozcan las gestiones judiciales de atención a los hechos denunciados.

Asimismo, la Licda. Vanessa Jiménez, abogada representante de las personas peticionarias ante la CIDH, ha remitido varias gestiones al Poder Judicial y ha señalado que más allá de la intervención de la Magistrada Damaris Vargas remitiendo la información a las instancias respectivas, hay pocas respuestas de fondo. Por ejemplo, en un correo de fecha 19 de febrero del 2020, solicita que se informe ¿cómo los 20 ejes aprobados por el Consejo Superior han impactado positivamente en la protección a la vida e integridad física de los bribri y brörán?

7- Pese a la gran cantidad de disposiciones y circulares tendientes a que se les garantice el acceso a la justicia, las personas y organizaciones indígenas denuncian insistentemente los incumplimientos a dichas medidas, sin que se conozcan esfuerzos del Poder Judicial tendientes a verificar y evaluar su cumplimiento y eficacia.

En esa misma línea, el accionar de la Subcomisión de Acceso a la Justicia ha sido insuficiente en la emisión de observaciones o recomendaciones a las instancias judiciales correspondientes para que se generen las acciones o correcciones necesarias que incidan efectivamente en el mejoramiento del acceso a la justicia. Esto último obliga a revisar las funciones y el alcance de esta subcomisión y, de paso las de otras similares, para fortalecerlas y garantizar así un acceso real a la justicia a todas las personas discriminadas por su condición o situación.

Si bien desde la Subcomisión se han generado procesos de capacitación a funcionarios/as judiciales de la zona de sur, en los que incluso esta Defensoría ha participado como capacitadora, no se percibe un cambio en las actitudes discriminatorias, en parte porque no culminan con una evaluación de los conocimientos adquiridos, ni un seguimiento a la aplicación práctica de los mismos, mediante procesos de evaluación al desempeño del personal judicial.

En virtud de lo expuesto, la Defensoría de los Habitantes estima oportuno solicitar información sobre los procesos de revisión y valoración integral de las comunicaciones que ha emitido el Poder Judicial sobre los obstáculos y las limitaciones que están enfrentando las personas indígenas en el acceso a la justicia, con miras a rectificar los procedimientos y realizar los ajustes necesarios (incluso legislativos a instancias de ese Poder) para garantizar a los pueblos indígenas un acceso real a la justicia pronta y cumplida sin discriminación alguna”.

Más de 60 mil indígenas MIFUTES costarricenses olvidados por la Defensoría

Escrito en . Publicado en Derechos.

Sra. Catalina Crespo Sancho
Defensora de los habitantes

Reciba un cordial saludo de MIFUTE-COSTA RICA (Migrantes-Indígenas-Fuera Territorios de Costa Rica) (Migrantes Indígenas Fuera de Territorios), y de Asociación Indígena ARIFUTESUR.

Según el censo 2011 de INEC indica que los indígenas MIFUTES son el 65% de la totalidad de los indígenas que viven en Costa Rica. (62.800 indígenas).

La Defensoría ha invocado la no discriminación para ninguna persona en tiempos de PANDEMIA y hasta hoy ni el gobierno, ni la Defensoría nos ha contestado nuestras peticiones, ni se han acordado de que por lo menos existimos.

Estamos organizados en Consejos de Mayores, Asociaciones de la ley 2018, y filiales en todo el país.

Según el último informe del Tribunal Supremo de Elecciones elecciones 2018, página 445, indica se estima que 16mil indígenas que viven dentro de los territorios ejercieron su derecho al voto, por lo que nosotros estimamos que más de 32 mil indígenas MIGRANTES MIFUTES votaron en las pasadas elecciones. Esto revela la importancia que debe tener y que no se le está dando a los indígenas MIFUTES.

El proyecto MIFUTE-COSTA RICA fue escogidos entre uno de los primeros proyectos a abordar bajo el Decreto Ejecutivo 41529MP, para la atención especial del Cantón de Buenos Aires.

Ante la emergencia del Covid 19 urge que nos tomen en cuenta ya que a la fecha solo se han hecho gestiones para ayudar una minoría indigena que está dentro de los territorios (35%), dejando por fuera los MIFUTES.

POR LO TANTO:

A- Solicitamos una cita virtual para explicar con más detalles nuestra problemática.

B- Solicitamos apoyo para los agricultores indígenasg puedan sembrar y cosechar mediante el Proyecto Agricola Indigena Las Tres Lunas.

C- Solicitamos atención inmediata para atender con alimentos o diarios igual que se atendió a algunos indígenas que viven dentro de los Territorios.

No omitimos manifestar que hemos enviado solicitud desde que empezó la pandemia del covid19 a Heiner Blanco de casa presidencial para articular acciones en favor de nuestros indígenas en tiempos de PANDEMIA y hasta la fecha no se ha gestionado nada, o bien si lo ha hecho no nos damos cuenta.

De usted atentamente. Stefany Fernandez Vargas, presidente MIFUTE COSTA RICA y PRESIDENTE DE ASOCIACION INDIGENA ARIFUTESUR.

cc- Comisión Local de Emergencia de Buenos Aires.
Eduardo Rojas Méndez: Asesor Experto en MIGRANTES- MIFUTES.
TELEFONOS 8303-0073.

*Imagen ilustrativa: UCR.

Reafirmamos el compromiso de defensa de la institución y de las y los habitantes

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

Las y los funcionarios de la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) que suscribimos el presente pronunciamiento, reiteramos que nos debemos a las y los habitantes. Nos mantenemos en la lucha constante por promover la buena prestación de los servicios públicos, el respeto, protección y promoción de los Derechos Humanos, en estricto apego al ordenamiento jurídico.

Los recientes acontecimientos, en el marco de la gestión de la actual Defensora de los Habitantes, socavan la institucionalidad, la integridad, la mística y el espíritu de servicio que nos ha caracterizado durante más de 25 años, lo que impacta en el cabal desempeño de las funciones propias de la Institución. Algunos de los hechos ocurridos en las últimas semanas, quedan plasmados en las actas de la Asamblea Legislativa y en las declaraciones brindadas por la señora Defensora, que evidencian un estilo de gestión distante de los conceptos y principios contenidos en el Manual Interno de Macroprocesos.

Como personal técnico y administrativo de la Institución, nos sentimos en la obligación de expresarnos frente al debilitamiento de la imagen y credibilidad de la Defensoría como Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH). El espíritu esencial del Ombudsman radica en la figura de la magistratura de influencia como herramienta para la protección y defensa de los derechos e intereses de todas las personas y de la cual carece la actual titular.

Observamos con preocupación que no existe dirección estratégica desde el Despacho de la Defensora para restaurar el rumbo de la Institución; lo cual, además de debilitar la mencionada magistratura de influencia, genera desconfianza y falta de credibilidad de la población en la Defensoría de los Habitantes.

Por lo tanto, quienes formamos parte de la Institución y conocemos su realidad cotidiana, consideramos que su permanencia torna muy difícil encauzar la gestión con la confianza y credibilidad que se requiere.

Las y los funcionarios de esta Defensoría, seguiremos redoblando esfuerzos en nuestro compromiso diario y objetivo por la defensa y la promoción de los derechos de todas las personas.

Defensoría de los Habitantes de la República, San José, 29 de junio de 2020

SUSCRIBEN EL PRONUNCIAMIENTO “POR LA DEFENSORÍA 2906”

Alejandra Gamboa Arias
Marvin Alpízar Blanco
Alejandra Vega Hidalgo
Inti Ardón Morera
Alexander Chacón Valverde
Jean Paul San Lee
Ana Beatriz Segura Flores
Johanna Porras Alfaro
Ana Laura López Pérez
José Fulvio Sandoval Vásquez
Andrea Hidalgo Saborío
Juan Carlos Pereira Jiménez
Carlos León Ureña
Juan José Arroyo Sánchez
Carlos Valerio Monge
Kristel Campos Chacón
Carolina Ramírez Ramírez
Laura Garita Barquero
Eloisa Muñoz León
Marvin Fernández Ramírez
Federico Monge Aguilar
Mauricio Medrano Goebel
Franklin Ríos Vindas
Milagro Mora Guzmán
Francisco Vega Badilla
Nathalie Araya Jácome
Gabriela Bolaños Sanabria
Nazareth Correa Rodríguez
Gabriela Mora Montenegro
Olga Espinoza Villalobos
Gustavo Matarrita Patiño
Patricia Montero Villalobos
Heidy Oviedo Quesada
Paula Mora Umaña
Ingrid Berrocal Paniagua
Rodolfo Calderón Zamora
Laura Odio Salas
Rossy Zúñiga Villegas
Ligia Rivera Picado
Shelley Flores Zúñiga
Lorena Montero Badilla
Susana Calvo Sánchez
Luis Richmond Solís
Virginia Marín Arias
María Fernanda Álvarez Navarro
Vivian Medina Jiménez
Mariana Arand Ureña
Wendy Durán Mora
Mariela Matarrita Villalobos
Yolanda Chamberlain Gallegos
Marjorie Herrera Castro
Yorleny María Salas Murillo
Martha Gamboa García
Zaida Quesada Barrantes

Denuncian ante Defensoría de los Habitantes negativa a información sobre composición de alimentos que contienen transgénicos

Escrito en . Publicado en Derechos.

El pasado 29 de junio se le hizo llegar una denuncia al Defensor Adjunto de los Habitantes, Lic. Juan Manuel Cordero González, haciendo de su conocimiento “la violación al derecho humano de obtener información sobre la composición y naturaleza de los alimentos de consumo humano y animal que contienen ingredientes genéticamente modificados (transgénicos)”.

Con la presentación de esta denuncia se pretende:

“Por lo expuesto, y ante la inactividad del Poder Ejecutivo del Estado, que repercute en la violación de la normativa precitada, dejo presentada esta denuncia, solicitando que se admita para trámite, para cesar la actividad precitada, haciendo valer el Derecho Humano de los consumidores, de obtener información sobre la composición y naturaleza de los alimentos que contienen ingredientes genéticamente modificados (transgénicos)”.

Para leer la denuncia ingrese en el siguiente enlace:

Denuncia-Defensoría de los Habitantes-29junio2018-CSR

 

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Mariano Sáenz.

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ANEP aplaude posición de la Defensoría de los Habitantes en cuanto a telefonía móvil

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado de prensa ANEP

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) celebra y aplaude la valiente posición que ha anunciado la Defensoría de los Habitantes de la República, de oponerse a una errada decisión de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), de dejar sin regulación de ningún tipo las tarifas de los servicios de telefonía celular y de internet móvil, especialmente.

Creemos que la pretensión de la SUTEL significa, simbólicamente, que ésta entidad se dispara en el pie toda vez que se supone que la esencia de su quehacer es la regulación, a fin de que la población consumidora de los servicios de telecomunicaciones, en todas sus modalidades, no quede indefensa; considerando que la tal competencia es una quimera ante el dominio del mercado, esencialmente, por parte de dos monstruosas transnacionales.

La SUTEL quiere lavarse las manos y dejar a los consumidores en total indefensión, toda vez que las tendencias monopólicas y duopólicas son las que se ven posicionarse con fuerza en tiempos futuros, si es que la sociedad no logra frenar la conjura plutocrática que pretende la exclusión definitiva de este mercado al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), negándosele

el acceso a nuevas fuentes de financiamiento que le permitan fortalecerse ante el poder duopólico de las transnacionales de telecomunicaciones implantadas en el país, luego de que fuera impuesto en Costa Rica el TLC con Estados Unidos, hace ya diez años.

¡Cierren la SUTEL! Ésta debería ser la consigna fundamental ante la quimera del “mercado en competencia” en materia de telecomunicaciones.

Si a la SUTEL le faltan agallas para defender a la población consumidora al respecto, si le tiene miedo a esos pulpos corporativos del capital transnacional; y, todavía peor, si ya no tiene fervor regulador, entonces es mejor que la cierren pues de por sí, resulta carísimo su mantenimiento dado que es uno de los privilegiados segmentos de la Administración Pública con salarios de lujo para su alta cúpula político-tecnocrática y gerencial.

San José, viernes 8 de setiembre de 2016.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de ThingLink.

Enviado por ANEP.

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UNA Transparente

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Rectoría y la Rectoría Adjunta Comisión de Gobierno Abierto-UNA invitan a la comunidad universitaria y nacional al Lanzamiento del portal UNA-Transparente, www.transparencia.una.ac.cr y firma de incorporación a la Red Interinstitucional de Transparencia de la Defensoría de los Habitantes, este próximo martes 6 de junio a las 8:30 a.m. en el Auditorio Clodomiro Picado Twight, Campus Omar Dengo Heredia.

La Universidad Nacional, mediante la rendición de cuentas, promueve la transparencia, garantiza a la sociedad el acceso a la información de carácter público, asegura el uso eficiente de los recursos a ella asignados y realiza una gestión responsable de estos.

UNA Transparente

Enviado por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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La Defensoría de los Habitantes asume caso Sardinal

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El pasado 17 de febrero la Defensoría de los Habitantes dio curso a la gestión contra los estudios técnicos que presentan las instituciones gubernamentales sobre el acuífero de Sardinal.

La denuncia se basa en los Estudios de Allan Astorga y en la falta de datos actualizados de los pozos y demás – aportados por el AyA.

Se adjunta documento oficial.

01689-2017-DHR-RP-231681-2017-SI

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de http://tlc-no.blogspot.com/

Información enviada a SURCOS por Gadi Amit, Cofraternidad Guanacasteca.

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Trabajadoras domésticas logran aseguramiento por medio tiempo

Escrito en . Publicado en Trabajo.

COMUNICADO DE PRENSA

Aseguramiento por medio tiempo del trabajo domestico: un logro para las trabajadoras domésticas en Costa Rica

 

El viernes 22 de julio la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social de Costa Rica, aprobó el aseguramiento por medio tiempo de las trabajadoras domésticas por mandato del poder ejecutivo. Este logro fue posible a partir de un acuerdo interinstitucional del Ministerio de Trabajo, la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo, el Gobierno de la República y la Asociación de Trabajadoras Domésticas – Astradomes.

Hasta ahora el aseguramiento de las trabajadoras domésticas nacionales y migrantes se realizaba únicamente a tiempo completo, aunque éstas trabajaran sólo medio tiempo. Esto representaba altos costos para el empleador, lo que en muchos casos implicaba una evasión de sus obligaciones patronales. Siendo ahora a cargo de tres actores: el empleador, la trabajadora y el Estado, las trabajadoras domésticas tendrán beneficio y garantía de su seguro social. Además si la trabajadora está a cargo del cuido de adultos mayores o niños se reducirían aún más los costos al empleador por el aseguramiento.

Se espera que este acceso al seguro social, facilite también el proceso de regularización de las trabajadoras domésticas no costarricenses. No obstante este es apenas un pequeño avance para conseguir dicho estatus de regularización migratoria. Así lo subrayan la señora Rosita Acosta Ramírez, presidenta y fundadora de la Asociación Astradomes para la defensa de los derechos de las trabajadoras domésticas, y la señora Jenifer Soto Loaisiga, asesora de trámites migratorios.

Los costos de la regularización migratoria de las trabajadoras domésticas no costarricenses siguen muy siendo altos, se requieren documentos que muchos patronos no quieren facilitar, el tiempo para procesar los casos es muy largo y en dichos periodos suele haber cambiado la situación de trabajo de la trabajadora doméstica. Asimismo el permiso de trabajo que se otorga con la regularización no es portable, por lo que amarra la trabajadora migrante a su patrón, lo que se percibe según la señora Acosta como “una esclavitud moderna”.

Por lo tanto, si bien el aseguramiento de las trabajadoras domésticas representa un logro muy importante, desde Astradomes señalan que aún es necesario redoblar esfuerzos para la promoción, visibilización y mejoramiento de la situación laboral, tanto en el caso de trabajadoras domésticas extranjeras, como nacionales.

Para ello es urgente un compromiso real desde las instituciones del Estado, la sociedad civil y cada persona individualmente, para seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos laborales de estas trabajadoras.

 

Más información: Tel. 2280 1646. Correo electrónico: astradom@racsa.co.cr

Facebook: Asociación de Trabajadoras Domésticas – Astradomes

Dirección: Curridabat, San José. Del Centro Comercial Plaza Cristal 125 metros al este y 25 metros al norte, Urbanización José María Zeledón.

Contacto: Rosita Acosta Ramírez. Cel. 8829 3370

 

*Imagen tomada de la página de Facebook de Astradomes.

Información enviada a SURCOS Digital por Fabiola Pomareda, Voces Nuestras.

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Premian a universitarios y organizaciones por mejorar la calidad de vida

Escrito en . Publicado en Derechos.

Químico de la UCR ganó la categoría de persona física

Premian a universitarios y organizaciones por mejorar la calidad de vida
El Dr. Ronald Arrieta habló sobre la responsabilidad del ser humano en cuanto al cambio climático y los efectos negativos en la naturaleza (foto Hilda Carvajal Miranda).

Hilda Carvajal Miranda,

Periodista Vicerrectoría de Acción Social

 

El premio Aportes al mejoramiento de la calidad de vida este año destacó la labor de dos universitarios, uno de ellos el químico de la Universidad de Costa Rica Dr. Ronald Arrieta Calvo, precursor del manejo de desechos y de su aprovechamiento ecológico en el municipio de Juan Viñas.

Para Arrieta, el premio significa un reconocimiento al esfuerzo de una comunidad por hacer las cosas bien. En su mensaje de agradecimiento, se refirió a la responsabilidad del ser humano “sobre los embates de la naturaleza y la destrucción del medio ambiente”.

El Dr. Arrieta es responsable del proyecto de Trabajo Comunal Universitario (TCU) “Apoyo a la gestión ambiental local” (TC-71), mediante el cual asesora y capacita a grupos comunales y a municipalidades en la planificación, diseño, realización y seguimiento de proyectos tendientes al mejoramiento de las condiciones ambientales.

Premian a universitarios y organizaciones por mejorar la calidad de vida2
En representación del Dr. Shyam Nandwany, su esposa y otros familiares recibieron el premio en la categoría Persona física (foto Hilda Carvajal Miranda).

El otro reconocimiento en la misma categoría fue para el Dr. Shyam Nandwani Pahuja, un físico jubilado de la Universidad Nacional, por su trayectoria en la promoción del uso de la energía solar a nivel doméstico y empresarial, mediante capacitación y diseño de hornos solares.

Nandwani no pudo recibir personalmente el premio debido a complicaciones en su salud. Sin embargo, sus familiares lo recibieron y leyeron un sentido mensaje de agradecimiento que puso al público a pensar: ¿quién es una persona feliz?, ¿qué significa calidad de vida?, ¿qué relación tienen la felicidad, la calidad de vida y la solidaridad?

Por otra parte, por su acompañamiento integral a las víctimas de delitos, en particular de las víctimas de violencia doméstica, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Público recibió el reconocimiento en la categoría Entidad pública.

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Las representantes de AGECO celebraron el premio en la categoría Organización de la sociedad civil (foto Hilda Carvajal Miranda).

La Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca R.L.) recibió el premio en la categoría Entidad privada, por implementar programas de desarrollo en el área ambiental en la Zona Norte del país; mientras, en la categoría Organización de la sociedad civil, el premio fue para la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) por su defensa, apoyo y orientación en cuanto a los derechos de las personas adultas mayores.

Los premios fueron entregado el viernes 30 de octubre en el Instituto Tecnológico de Costa Rica a personas y organizaciones que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de sus semejantes, por medio de actividades económicas, sociales, ambientales y productivas.

La Defensoría de los Habitantes también entregó reconocimientos especiales a la empresa comercial El Gallo más Gallo, por su programa de recolección de residuos eléctricos y electrónicos, y a la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Zeledón, por proteger y promover los derechos humanos de esta población.

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En el auditorio de Artes del Tecnológico de Costa Rica candidatos, candidatas, prensa y público a la expectativa del anuncio de las y los ganadores (foto Hilda Carvajal Miranda).

Asimismo, la Escuela de Ingeniería Industrial de la UCR entregó un reconocimiento a la innovación a la Fundación Desarrollo Humano Vital (DEHVI), por el estudio, la investigación y la validación de programas integrales para mejores prácticas de desarrollo infantil temprano.

En la organización de este premio participan, cada año, estudiantes que desarrollan su Trabajo Comunal Universitario, inscritos en el proyecto TC-487 “Estrategias interdisciplinarias para el fortalecimiento de la gestión de actores sociales”. Ellas y ellos realizan diversos procesos para analizar el impacto que desarrollan las personas y los proyectos candidatos en beneficio de la población nacional.

Para Julieth Quesada Solís, estudiante de Ingeniería Industrial inscrita en el TC-487, participar en el proyecto fue una forma de apoyar procesos y sensibilizarse en torno a realidades distintas. “Me encantó visitar las candidaturas. Es muy diferente leer sobre realidades en un papel a tener contacto directo con la gente” Añadió que “uno como estudiante vive como en una burbujita y no se da cuenta de muchas cosas. Fue muy bonito ver con mis propios ojos la realidad de otras personas y las transformaciones que se pueden lograr y apoyar los proyectos me sensibilizó mucho”.

El premio nació en 1992 como iniciativa de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UCR. En 1995, fue asumido por la Defensoría de los Habitantes y el Consejo Nacional de Rectores.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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