Lidieth Garro y Montserrat Solano firmaron la carta de intenciones entre la ECCC y la Defensoría de los Habitantes (foto Anel Kenjekeeva).
Por medio de una carta de entendimiento, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa Rica y la Defensoría de los Habitantes, acordaron impulsar el intercambio de conocimiento y búsqueda de espacios para promover y defender los derechos humanos.
Así mismo, este esfuerzo pretende crear acciones conjuntas para lograr una sociedad con mejores herramientas de comunicación y con un claro empeño de democratizar el acceso a la información.
La Dra. Lidieth Garro Rojas, directora de la ECCC manifestó que el acuerdo abre múltiples espacios de convergencia y de trabajo enriquecedores entre ambas instituciones, lo que dará como resultado el desarrollo de proyectos en distintas áreas.
“En el área de derecho a la comunicación y derecho a la información tenemos muchísimo en lo que podemos trabajar en conjunto. También tenemos mucho que aprender de la Defensoría en lo que tiene que ver con trabajo en comunidades y grupos”, expresó Garro.
Montserrat Solano, destacó la importancia de que la Defensoría de los Habitantes tenga alianzas con otras instituciones para lograr la defensa plena de los derechos humanos (foto Anel Kenjekeeva).
Por su parte, la Mag. Montserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes destacó que el tema de derechos humanos necesariamente pasa por un tema de comunicación.
“La primera línea de defensa en materia de derechos humanos es la toma de conciencia por parte de las personas y por supuesto esta alianza nos permitirá avanzar en esa primera línea que es fundamental, particularmente con poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad”, subrayó.
También resaltó que el objetivo común es el avance social a partir de la comunicación y tener una comunicación más respetuosa de la dignidad de las personas.
La carta de entendimiento se firmó este miércoles 14 de octubre, en el Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, en la que estuvieron presentes representantes de la ECCC y de la Defensoría de los Habitantes.
La Defensoría de los habitantes emitió una resolución en cuanto a la lucha de las comunidades costeras por la aprobación de la ley TECOCOS (Territorios Costeros Comunitarios), que busca asegurar la posesión de terrenos para familias costeras que tienen muchos años de vivir en dicha zona.
Dicha resolución se dio como consecuencia de una queja planteada ante la Defensoría de los Habitantes por la Sra. Carmen Estela Chinchilla Mora en la cual manifiesta que en febrero del 2014 un cuando un grupo de manifestantes se hicieron presentes en la carretera Interamericana Norte, en la entrada de Chomes para oponerse a la decisión del Gobierno de sacar de la agenda legislativa la aprobación del Proyecto TECOCOS en segundo debate, los manifestantes realizaron un bloqueo en la carretera, ante lo cual la Fuerza Pública intervino provocando un enfrentamiento que culminaría con el uso de gases lacrimógenos, abuso de autoridad, entre otras acciones.
Según Marcos Chinchilla Montes, quien compartió esta información con SURCOS Digital, al hacer la lectura de la resolución y otras similares, queda en evidencia la incompetencia de la policía, y queda la inquietud de si será factible acusar a estos funcionarios que cometen esta clase de delitos, ya que articulan toda una cadena de mando innecesaria en el Gobierno, al violarse los derechos de la ciudadanía y lesionarla con sus actuaciones, haciendo incurrir al gobierno en un desperdicio de recursos.
Las recomendaciones hechas por la Defensoría al Ministerio de Seguridad Pública son:
“Primera.- Reconceptualizar con el Enfoque de Derechos Humanos el Protocolo de Atención de Alteraciones Sociales; y en esa línea, incorporar entre las actuaciones: “Conocer los motivos que convocan las manifestaciones de protesta, para coordinar la presencia de las autoridades públicas contra las que se dirigen los reclamos, con la finalidad de que estas procedan a negociar la resolución de los motivos de la protesta”.
Segunda.- Emitir una Circular mediante la cual se le recuerde al personal policial el deber de colaboración preferente con la Defensoría de los Habitantes, en las investigaciones que esta instancia realiza con fundamento en el artículo 24 de la Ley Nº 7319 de la Defensoría de los Habitantes.
Tercera.- Realizar una evaluación civilista de la actuación policial del 24 de febrero del 2014, ante los manifestantes en la entrada de Chomes por la falta de aprobación del Proyecto de Ley denominado TECOCOS, con el objetivo de identificar, limitar y rectificar algunos procedimientos policiales cuyo abuso sea causa de violación de los derechos y libertades de las y los habitantes, desvirtuando la función preventiva y civilista de la Fuerza Pública; con tal finalidad se sugiere la revisión de las filmaciones producidas por los medios comerciales de información y los subidos en las redes sociales.
Se previene que por disposición del artículo 14 párrafo tercero de la Ley Nº 7319 el no acatamiento injustificado de las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes puede ser objeto de una recomendación de amonestación para el funcionario que las incumpla o, en caso de incumplimiento reiterado, de una recomendación de suspensión o despido”.
Información enviada a SURCOS Digital por Marcos Chinchilla Montes.
Un premio a la creatividad joven jamás debería validar la discriminación
Cada año se celebra en Francia el prestigioso Festival de Creatividad de Cannes. Para los creativos más jóvenes existe Young Lions, una competencia abierta en distintas categorías. Los ganadores tienen el incentivo de representar al país en la justa internacional.
La competencia consiste en que duplas de participantes desarrollen una campaña para una organización sin fines de lucro.
Según se anunció en la página de Facebook de Young Lions Costa Rica, el trabajo ganador en la categoría Print es una campaña para la Defensoría de los Habitantes en donde se muestra una pareja de hombres gay acompañada del texto en inglés:
«This means two more girls in the market», cuya traducción libre es «Esto significa dos chicas más en el mercado».
Sobra decir las distintas interpretaciones que una imagen y un texto así puedan tener, pero sí nos parece claro que muchas de estas interpretaciones del mensaje nos llevan a conclusiones en donde prevalece una idea discriminatoria, ya sea de la condición de la mujer o de la comunidad diversa del país.
Esta ha sido también la conclusión a la que llegaron muchos de quienes han manifestado su desaprobación y enojo, en cuenta creativos y publicistas.
Después de recibir muchas críticas, la página de Young Lions en Facebook quitó la fotografía de las piezas ganadores con la justificación de que estas no han sido aprobadas por los clientes.
Estamos seguros de que La Defensoría de los Habitantes no aprobaría un mensaje de esta índole ligado a una institución llamada a tutelar precisamente los derechos de todos los ciudadanos.
No obstante, la realidad es que esa es la pieza ganadora y la fotografía es de conocimiento público.
El Colegio de Periodistas de Costa Rica agrupa en sus gremios a publicistas y diseñadores publicitarios, por eso, no queremos dejar pasar la oportunidad para llamar la atención sobre el código de ética que debe imperar en el ejercicio de la publicidad.
Nos preocupa sobremanera que al premiar estos trabajos, se envíe el mensaje de que la transgresión y provocación, aún cuando irrespeten derechos fundamentales de los individuos, puedan servir para recibir reconocimientos y hasta ganar el derecho de representar al país en una justa internacional con el peso y reconocimiento del Festival de Creatividad de Cannes.
Quisiéramos saber cuáles fueron los criterios evaluados por los mejores directores creativos del país a cargo de esta premiación. Esperamos una pronta respuesta.
Enviado a SURCOS Digital por Colegio de Periodistas.
UCR alberga encuentro en el que se aborda problemática con territorios indígenas
El Auditorio de la Ciudad de la Investigación reunió a representantes del Gobierno y de la población indígena, invitados por el Instituto de Investigaciones Sociales, para discutir sobre la disputa por los territorios indígenas en Salitre (foto Anel Kenjekeeva).
La lucha por la defensa de los derechos de las comunidades indígenas ha sido una constante en el país, principalmente por parte de sectores sociales y también desde la academia, en donde la Universidad de Costa Rica (UCR) juega un papel relevante al servir como escenario para la discusión y búsqueda de soluciones que ayuden a resolver los conflictos que existan en torno a dicha población.
De ahí que el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Facultad de Ciencias Sociales, con la colaboración del Laboratorio de Etnología de la Escuela de Antropología, organizara el conversatorio denominado Territorio indígena de Salitre: demandas históricas y desafíos políticos, el martes 7 de abril en el auditorio de la Ciudad de la Investigación de la UCR.
En esta actividad participaron la Dra. Montserrat Solano Carboni, defensora de los Habitantes; Licda. Ana Gabriel Zúñiga Aponte, viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano del Ministerio de la Presidencia; Karla González Maroto y Jorge Morales Elizondo, ambos representantes de la Federación Indígena Estudiantil; y la Mag. Rocío Loría Bolaños, investigadora y docente del IIS como moderadora.
Jorge Morales Elizondo es representante de la Federación Indígena Estudiantil, conformada por jóvenes universitarios, y alzó su voz para solicitar que se respeten los derechos ancestrales de sus comunidades y se ponga fin a la violencia en Salitre (foto Anel Kenjekeeva).
Desde enero del año 2013 la comunidad Bribri que habita terrenos en Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas, y personas no indígenas protagonizan una ardua disputa por la tenencia de la tierra que no ha registrado una solución justa y duradera para el conflicto.
El estudiante universitario Jorge Morales Elizondo enfatizó en que hasta el momento no se han incluido a todos los actores implicados en esta situación, lo cual debe de realizarse antes de decidir lo que va a suceder, “no es de buena fe golpear a alguien que está tratando de recuperar su territorio. Las denuncias sobre violencia, quema de viviendas y tortura que se han vivido en Salitre han sido desestimadas por las autoridades”, advirtió Morales Elizondo.
Salitre forma parte de los seis territorios indígenas que se ubican en Buenos Aires y para la Licda. Ana Zúñiga Aponte el Estado costarricense tiene una deuda de muchos años con las comunidades indígenas que viven allí.
La Licda. Ana Gabriel Zúñiga Aponte hizo hincapié en que para aportar positivamente a la solución de la problemática que se vive en la comunidad de Salitre hay que visitar la zona y conocer de primera mano la situación que allí se vive (foto Anel Kenjekeeva).
A la vez, Zúñiga Aponte afirmó que se debe conocer la realidad de sitios como Salitre para poder tener un panorama claro de la situación, “los gobiernos anteriores no quisieron asumir la responsabilidad de solucionar este problema y no se debe perder el sentido de humanidad en este conflicto”, acotó en su intervención.
La Viceministra de Asuntos Políticos mencionó a algunos de los actores que forman parte de esta disputa: la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre, el Consejo de Mayores de Salitre, la Comisión Pro Defensa de los Derechos de los Poseedores de Buena Fe de los Territorios Indígenas del Cantón de Buenos Aires, la Asociación de Productores del Cantón de Buenos Aires y diputados del Congreso, entre otros.
Por los derechos de los indígenas
La Dra. Montserrat Solano Carboni abogó por más apoyo por parte del Gobierno para fortalecer los derechos de las comunidades indígenas de Costa Rica (foto Anel Kenjekeeva).
Salitre tiene una extensión de 238.200 hectáreas de las cuales 91.045 son territorio indígena, con una población de 45.244 habitantes, de los que 8.930 son indígenas, en su mayoría de la cultura Bribri.
“El enfoque de la actual Administración se apega a la legalidad y el accionar del Gobierno actual ha sido contundente desde ese punto de vista, pero no somos un gobierno que solamente cumple la Ley de Autonomía Indígena promulgada en 1977, que a su vez es insuficiente, sino que también es una administración sensible. Entendemos que hay vidas de por medio y que no solamente es una disputa de territorio”, detalló Zúñiga Aponte.
Al respecto de esta problemática, la Dra. Montserrat Solano Carboni explicó que más del 40% de las tierras declaradas como territorio indígena está en manos de personas no indígenas, “las ventas (de terrenos) que se han dado no tienen hasta ahora sentencias que vengan a sentar responsabilidades por dichas ventas. La situación que se vive actualmente en la mayoría de los territorios indígenas es responsabilidad de los gobiernos pasados y no de las comunidades indígenas”, sentenció Solano Carboni.
LaDefensora de los Habitantes dijo además que cuando se habla de territorios indígenas no se refiere a un regalo que se les dio, se trata de un derecho ancestral que tienen estas comunidades. El Estado debe velar por los derechos de esta población que incluyan el acceso a la educación, reconocimiento de sus aportes a la historia del país y derecho a la propiedad; este último es vital para el desarrollo integral de los pueblos indígenas”, expresó finalmente Solano Carboni.
El pasado viernes 27 de marzo ya muchos delegados de los cantones de Pococí y Sarapiquí de las Comunidades donde la Ciudadanía Construye Territorios Seguros, llegaron al Salón Parroquial de Guápiles para esperar a los delegados de las instituciones del Estado e iniciar la XI Actividad de Gala de Rendición de Cuentas y Medición de Impacto.
Junto a ellos el Equipo Técnico integrado por el Programa Estado de la Nación, la Defensoría de los Habitantes, la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica y Asoproseco, prepararon la metodología que garantizaría el éxito del evento.
Por su parte la juventud del cantón fue la que los recibió y los acreditó, reflejando la calidad humana y símbolo de la esperanza de cambio de los niveles de violencia y vulnerabilidad a los que han sido sometidos nuestros cantones.
El éxito del evento, dependió de la actitud de los participantes en procura de fortalecer lo que establece la Constitución Política en la construcción de la República participativa que establece el Art. 11 y de fortalecer el papel de la ciudadanía como El Soberano que es.
El miércoles 25 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, una delegación de la Defensoría de las y los Habitantes, encabezada por la señora Defensora y otra del Ministerio de Trabajo con el Viceministro, se reunieron por más de 3 horas con trabajadoras y trabajadores de la finca piñera Agrícola Agromonte.
La empresa no solo se negó a permitir el ingreso del Ministerio de Trabajo y la Defensoría, sino que denegó el permiso para que los trabajadores y trabajadoras pudieran participar de la reunión, no obstante, más de una decena de valientes, decidieron participar en la cita a pesar de que con ello pierdan el día de trabajo y se exponga a represalias por parte de la empresa.
Después de escuchar los testimonios por más de 2 horas, el Viceministro de Trabajo, Harold Villlegas Román, tomó la palabra y pidió disculpas a los trabajadores y trabajadoras por la ausencia del Ministerio de Trabajo en la zona para la protección y promoción de sus derechos, explicando que las políticas de los últimos 30 años han debilitado el papel de este importante instrumento para la tutela de los derechos laborales. Seguidamente asumió los siguientes compromisos:
1. Fortalecer la Inspección del Trabajo en la Región Norte
2. Convocar a la empresa a una conciliación con el sindicato para abordar y buscar solución a la agenda sociolaboral planteada por los trabajadores y trabajadoras organizadas en la UNT
3. Coordinar una reunión con la Cámara de Piñeros para explicar que el país está en la obligación de cumplir los compromisos con la Unión Europea para producir piña con pleno respeto de los derechos laborales y ambientales.
4. Anunció que el Ministerio de Trabajo será radical en no tolerar actos de corrupción de sus funcionarios y en la tutela de la libertad sindical. “El sindicato es importante para el crecimiento democrático” terminó diciendo.
Posteriormente la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni, agradeció a los trabajadores por su compromiso al estar presentes en la cita a pesar de que la empresa no concedió permiso y manifestó su preocupación por las serias denuncias de persecución sindical que se expusieron en la reunión.
La Defensora aclaró a las y los asistentes las competencias de la institución a su cargo, manifestó su compromiso de acompañar el proceso de diálogo.
Asimismo, indicó que la Defensoría trabajará en para que no se vuelva a utilizar de forma indiscriminada químicos que afecten la salud de las y los trabajadores, para que con el Furadan no se repita la historia del Nemagón.
Para finalizar el encuentro la UNT entregó un documento a ambas autoridades solicitando se convoque a la empresa, a los Ministerios de Salud, Agricultura, Ambiente, COMEX y CCSS.
A última hora la empresa aceptó atender al Viceministro de Trabajo y al final de esa audiencia se nos informó por parte de éste último que la empresa aceptó acudir a una conciliación que convocará el Ministerio de Trabajo dentro de los próximos 15 días.
Quedamos a la espera de que den frutos las gestiones de la Defensoría y el Ministerio sin renunciar a preparar a las y los trabajadores para tomar acciones sindicales en caso de que llegara a fracasar la negociación planteada.
Empresa piñera Agrícola AGROMONTE S.A. sita en Boca Arenal de San Carlos, se da el lujo de no recibir en sus Oficinas al Ministro de Trabajo y a la Defensora de los Habitantes
Imagen con fines ilustrativos.
Por más de un año, la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT), dadas las condiciones de sobre explotación y violación a los más elementales derechos laborales que sufren las y los trabajadores de las plantaciones piñeras y en particular los y las trabajadoras de la empresa Agrícola Agromonte S.A. y Monte La Providencia, hemos estado haciendo gestiones ante el señor Víctor Morales Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad Social y las señoras Monserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes y Roxana Chacón Artavia, Directora del Departamento de Relaciones Laborales de la Defensoría, a fin de que estas Autoridades “in situ” y con declaraciones testimoniales de las y los afectados, puedan constatar la deplorable situación laboral de irrespeto a sus derechos fundamentales que afectan a la población laboral de las plantaciones de piña y particularmente a las empresas aquí señaladas.
Atendiendo las demandas de los y las trabajadoras de estas empresas, que a pesar de la presión, amenazas y discriminación permanecen afiliados a la UNT, este miércoles 25 de febrero, las autoridades antes mencionadas, tenían previsto visitar estas empresas piñeras, pero la empresa Agrícola Agromonte se negó a permitir el ingreso a estas altas autoridades a la finca piñera.
Con esta posición prepotente y de desprecio para con las altas autoridades del Estado, que se prestan a tomar nota de los problemas de las y los trabajadores, se demuestra lo que desde la UNT hemos denunciado: aquí no existe Estado, esto es tierra de los empresarios, “su ley es la ley”. Si así tratan a las Autoridades del Estado y de Gobierno, como se imagina que es el trato para las y los trabajadores, muchos de los cuales si apenas saben leer y escribir su nombre.
Pese a no poder ingresar a la finca, el Ministro de Trabajo y la Defensora de los Habitantes sostendrán un conversatorio con los trabajadores y trabajadoras, para abordar la agenda que como UNT, teníamos previsto abordar con las empresas piñeras y las Autoridades del Estado y de Gobierno; agenda que será planteada ahora al Ministro y a la Defensora:
1. Violación al ejercicio de la libertad sindical: mediante la implementación de una campaña de chantaje y presión para que las personas afiliadas renuncien al sindicato, así como la discriminación hacia las personas trabajadoras sindicalizadas, a quienes se les deniega permisos o se les somete a condiciones de trabajo más duras.
2. Aumento de la tarea cuando se aplica el ajuste semestral de salarios: hemos denunciado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que cada semestre, cuando se debe aplicar el ajuste de salarios, la empresa Agrícola Agromonte aumenta la tarea que deben realizar los peones, implicando una disminución en el precio y por tanto, obligándolos a aumentar su tarea para lograr obtener el salario mínimo.
3. No reajuste del salario mínimo legal: la empresa Agrícola Agromonte, impone una tarea a cada trabajador y cuando éste no realiza la tarea, muchas veces por las condiciones del terreno y otras externas a su voluntad, a pesar de que trabaja 8 horas, no se le reajusta su salario al mínimo legal para esa cantidad de horas.
4. Aplicación de químicos mientras las personas trabajan en el campo: se nos ha denunciado que mientras las trabajadoras y trabajadores están en el campo desempeñando sus funciones, se aplican químicos que les producen irritación, picazón, mareos, vómitos y otras molestias que definitivamente afectan la integridad física de estas personas.
5. Maltrato de los capataces y encargados de cuadrilla: las trabajadoras y trabajadores se exponen a abuso y malos tratos por parte de los capataces y encargados de cuadrilla.
DE ÚLTIMA HORA: Hoy martes 24 de febrero, víspera de la visita Ministerial y de la Defensoría, la empresa Agrícola Agromonte envió a todas las cuadrillas, a sus mandaderos del Comité Permanente, para que le solicitaran a los trabajadores indicar cuáles son los problemas que tienen para resolverlos. Además, mandó cosechadoras a la CORTA DE SEGUNDA para que no quede evidencia para mañana, de la forma infrahumana en que éstos trabajadores deben realizar sus tareas (UN LAVADO DE CARA, PARA MIENTRAS TANTO PASA LA VISITA).
MEDIDAS DE PRESIÓN. Las y los trabajadores de estas empresas tenían una gran expectativa de la visita de estas altas Autoridades, pero como vemos, estos empresarios no respetan a nadie. Es lamentable y todo parece indicar que el único camino que nos queda es ejercer del derecho a la huelga.
La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) informar de las acciones que actualmente trabaja para la atención de eventuales situaciones de conflicto que pudieran afectar el inicio del curso lectivo en febrero próximo.
Hechos como problemas en el nombramiento de docentes (tales como sustituciones por incapacidades), ausentismo o cualquier otra circunstancia que terminarían afectando el inicio del curso lectivo en algunos centros educativos del país o el nombramiento de docentes o personal administrativo que no es del agrado del resto de la comunidad educativa (padres y madres de familia y estudiantes) y que pudieren generar eventuales situaciones en conflicto, deben ser atendidas con prontitud y basado en un protocolo establecido.
Por esa razón, el ente defensor se encuentra interesado en saber las medidas adoptadas por el MEP para minimizar el impacto de éstas u otras situaciones similares.
Consciente de las complejidades logísticas y operativas que enfrenta el MEP para lograr un comienzo de período lectivo ordenado y exitoso, la Defensoría solicitó un informe puntual sobre estos casos.
La institución pretende así conocer si se han tomado las previsiones necesarias para evitar que se afecte el inicio del curso lectivo y se garantice el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.
La Defensoría de los Habitantes solicitó la intervención urgente de las autoridades gubernamentales ante la situación de denuncia de nuevos hechos de violencia en territorio de Salitre.
Imagen con fines ilustrativos.
El pasado 7 y 8 de julio de 2014 se acordaron medidas para atender el conflicto de tierras en Territorio Indígena Salitre con el objetivo de garantizar el derecho a la seguridad e integridad de las personas que habitan en dicho territorio, así como la de sus bienes en consonancia con las obligaciones del Estado de velar por los derechos humanos respaldados en la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Entre las medidas estaban la Viceministra de la Presidencia se comprometía a la instalación de un puesto de control y vigilancia por parte del Ministerio de Seguridad Pública en el Territorio Indígena Salitre para controlar el ingreso y egreso de personas al territorio y a reforzar la presencia policial en el punto de salida del mismo, en coordinación con la comunidad indígena, sin embrago, el 29 de octubre en una visita realizada por la Defensoría a Salitre, se constató que no existe ningún puesto de control policial, ni patrullaje.
Además se logró confirmar que la quema de algunas de las casas por parte de no indígenas y la forma en que son amenazados para salir de sus casas.
Con su larga trayectoria de veinte años, la Defensoría de los Habitantes no necesita que ningún postulante trate de reinventar nada.
Ha funcionado muy bien, tiene un equipo de profesionales idóneo y goza de la estima de la población costarricense.
Sí creo importante que quien sea nombrado tenga una trayectoria de vida en donde no solo ha hablado de la ética sino que la ha practicado. Que no trate de usar su posición para escalar peldaños en una carrera política y que no tenga temor de defender a los habitantes en los temas que se deben defender.
Aunque de profesión médico me he involucrado en luchas como la oposición a la minería a cielo abierto con cianuro en Crucitas, la defensa del maíz criollo y la oposición a la siembra de maíz transgénico en Costa Rica.
Participé de forma muy activa en la discusión de la Ley del Tabaco la cual felizmente se convirtió en Ley de la República.
Aunque los diversos informes de gestión de la Defensoría documentan que el tema se ha abordado, creo fundamental que se resuelva el tema de las listas de espera de la Caja Costarricense del Seguro Social, en mi opinión ejemplo de una violación sistemática de los derechos de los habitantes.
No solo se atenta contra los derechos de las mujeres cuando no hay eficiencia en cuanto a la prevención del cáncer de cérvix mediante pruebas de Papanicolaou sino que también se burlan de ellas cuando personeros de la Caja hacen una campaña mediática para encontrar a quienes no los tienen al día y cuando solicitan la cita se les da a dos años o más y periódicamente se sabe que una vez tomada la muestra en ocasiones se tardan meses para que sean evaluadas.
Otro tema que tiene años siendo discutido sin ser resuelto es el de los Derechos Indígenas, tema que periódicamente es noticia sea por protestas en sus territorios contra quienes los usurpan o la falta de comunicación y discusión entre esos grupos y los grupos estatales que quieren desarrollar proyectos de generación hidroeléctrica los cuales no avanzan por no crearse confianza entre esos grupos hasta tanto no se resuelva el problema de fondo; esto pese a que instituciones como el ICE cuenta con antropólogos que han estudiado el problema y han producido documentos que de haber confianza entre las partes, avanzaría considerablemente la posibilidad de generar más electricidad limpia respetando los derechos de los habitantes de los territorios involucrados.
En resumen, quien lidere la Defensoría de los Habitantes debe tener muy claro que su función primordial es defender a los habitantes y no a los gobiernos de turno.
Enviado a SURCOS por Rodrigo Cabezas Moya.
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