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Etiqueta: democracia participativa

Enfrentar el impacto

Por:
Dr. Jorge Loaiza Cárdenas-
Msc Efraín Cavallini Acuña-
Académicos
Escuela de Planificación y Promoción Social
EPPS-UNA

Imagen: Rodrigo Valverde Naranjo

Como lo planteara E. Morín en la última página de su libro: La Vía para el futuro de la humanidad: “Quizás encuentren, en alguna parte de las ruinas de una biblioteca, este mensaje que les devuelva la esperanza y el coraje”; queremos compartir con ustedes unas palabras de esperanza y decisión, que nos permita enfrentar estos momentos de desesperanza e incertidumbre, al que hemos sido llevados ante la emergencia nacional que enfrenta el país a causa de la pandemia provocada por la enfermedad coronavirus COVID-19 en Costa Rica.

Hoy más que nunca estamos en crisis, no solo provocada por la pandemia del COVID 19, sino por las crisis de un modelo de desarrollo que nos ha llevado a un subdesarrollo intelectual, psíquico, tecnológico y moral.

Intelectual, porque la formación disciplinar que recibimos los occidentales, al enseñarnos a disociar todo, nos ha hecho perder la capacidad de relacionar las cosas y, por lo tanto, de pensar los problemas fundamentales y globales y abordarlos desde la complejidad en que están insertos, es decir vincular lo global con lo local y lo general con lo particular.

Psíquico, porque estamos dominados por una lógica puramente económica, que no ve más perspectiva política que el crecimiento y el desarrollo, y estamos abocados a considerarlo todo en términos cuantitativos y materiales.

Tecnológico, porque no debemos considerar a las tecnologías, como la herramienta que nos resuelve todos los problemas de la comunicación humana. Las tecnologías de la información y comunicación pueden hacernos bien o mal. No todas las tecnologías y cualquier uso que hagamos de ellas es lo más apropiado. No todas nos harán bien. Al contrario, utilizadas inapropiadamente pueden provocarnos torceduras, golpes en nuestra vida diaria, y pueden, sencillamente, embrutecernos. Pero aprovechadas de manera inteligente serán saludables y nos permitirán avanzar sanamente. Se debe elegir con lupa el menú tecnológico, conectarlo a nuestras necesidades reales y proyectos de mejora de la condición social. Es un imperativo utilizar la tecnología con sabiduría e inteligencia. Con ellas tenemos que hacer esfuerzos para tratar de recuperar el contacto humano, y, por consiguiente, la solidaridad. Como ciudadanía tenemos que apropiarnos de las tecnologías de la comunicación e información y reconocer su valor antes de que ellas desbocadas profieran el bazucazo a la humanidad y sigan colonizando nuestra mente y nuestra sociabilidad. Evitemos caer en la red de sus intereses comerciales y/o políticos. Recordemos, como se ha dicho en varios foros, que no está hecha la persona para la tecnología. Sino la tecnología para el ser humano.

Moral, porque el egocentrismo domina sobre la solidaridad. Además, la hiperespecialidad, el hiperindividualismo y la falta de solidaridad desemboca en el malestar, incluso en el seno del confort material. Como mal social, la corrupción es capaz de permear por completo un sistema político, afectándolo desde la cúpula hasta las actividades más cotidianas de la convivencia social sin importar las circunstancias en que nos encontremos. La permanencia de la corrupción en la política permite y atrae a personas impropias e inadecuadas para ejercer cargos públicos y desmotiva y repele a personas honestas que tienen una legítima vocación de servicio público. Los economistas, los sociólogos y los políticos tienen que tener cuidado con pronósticos imprudentes. En el desarrollo de esta crisis del COVID 19, se han visto algunos políticos que vacilan en asentar su estrategia en el principio de que el esfuerzo del Estado debe orientarse a salvar la vida de todos sus ciudadanos, que son los sectores sociales los que deben tener prioridad frente al cálculo utilitarista y mercantilista de las consecuencias económicas, que puede tener esa estrategia que beneficien a ciertos sectores privilegiados a contrapelo de la clase trabajadora y de quienes no gozan de garantías para acceder a una vida justa. La inseguridad no sólo se refiere a la lucha contra la pandemia, también a las consecuencias económicas y sociales que son impredecibles. Por ello, como sociedad, debemos incidir para lograr liderazgos políticos honestos para las siguientes décadas, que cultiven y promuevan la verdadera democracia y no contaminarla.

La crisis de la humanidad son crisis interdependientes, interrelacionadas, tenemos crisis en la salud, cognitiva, de pensamiento, política, económica, social, ambiental, cultural, ética; tenemos una crisis en la relación fundamental entre el individuo y la sociedad, el individuo y la familia, el individuo y él mismo; es decir, estamos abocados al abismo.

Sufrimos un malestar interior que parasita nuestro bienestar exterior. Aquellos que gozan de un aumento de su nivel de vida, ven reducida la calidad de la misma. Pero este es un malestar difuso, que se vive de maneras distintas; por ejemplo, el malestar que afronta la juventud, la desintegración de la familia, el significado de la vejez para la sociedad mundial actual ante la pandemia del COVID 19, entre muchos otros.

Pero toda crisis comporta riesgos y oportunidades; sin embargo, esta crisis humana que hoy enfrentamos con la pandemia del COVID 19 es solo una de ellas; que nos ha llevado a evidenciar los riesgos, pero nos obliga, a buscar las oportunidades de cómo superarlas.  La oportunidad es ver la crisis como una vía hacia un cambio, Así surge la gran capacidad creadora del ser humano que permita regenerar nuestra vida, la vida de nuestras culturas, del legado del pensamiento y conocimiento al cual hoy en pleno siglo XXI hemos logrado alcanzar; este será nuestro máximo instrumental de lucha que nos permitirá definir la ruta que nos llevará hacia ese gran cambio. Como dice Morin “cambiar de vía”.

Pero cambiar de vía no significa frenar el desarrollo científico-técnico-económico, por el contrario, significa repensar y hacer un alto y un acto de contrición, para valorar lo bueno y malo que tenemos en nuestras vidas, de tal forma, que abramos una pluralidad de caminos, reformadores a nuestra vida. Serán muchos los caminos, pero como dice Machado “. el camino se hace al andar”.

El cálculo monetario no puede evaluar el bienestar y el malestar. La tristeza, el abandono y la soledad buscan consuelo en la compra y el consumo. La lógica del cálculo, de la máquina determinista, del rendimiento y de la productividad se extiende por toda la sociedad y se apoderó de todos nosotros. Por esto, necesitamos una reforma de vida, que pueda reducir el poder del dinero y del afán de lucro y de todos aquellos que siempre nos presentan las mismas recetas economicistas.

Necesitamos de una política de solidaridad real no de una de anonimato de solidaridad del estado de bienestar, es decir pasar de promulgar la solidaridad a liberar la fuerza de las buenas voluntades y favorecer las acciones solidarias, por ejemplo, impulsar la economía solidaria en donde se fortalezca el cooperativismo y las asociaciones sin afán de lucro que presten servicios de proximidad, o en el campo educativo, en donde profesores y docentes ofrezcan espacios de formación y acompañamiento técnico y profesional a aquellos que más lo necesiten; o en el campo de la seguridad ciudadana, en donde las comunidades se organicen para controlar la delincuencia y el robo.

Necesitamos un reencuentro con el trabajo en el que se dignifique el aporte de todo ser humano; volverle a cada ser su capacidad de crear, de innovar, de producir de sentirse útil en la vida, produciendo para sí mismo, para otro o para un mercado. Hoy más que nunca hemos aprendido que la salud y la alimentación son las principales fuentes de vida que todo ser humano necesita de manera indispensable, es nuestra responsabilidad velar porque nuestro país siga conservando y consolidando el sistema de salud que poseemos, pero en cuestiones alimentarias debemos reconocer el abandono y desconocimiento al que hemos llevado a nuestro sistema agroalimentario nacional, haber pasado de un sistema autosuficiente que garantizaba su seguridad alimentaria, de tan solo hace 30 años, con un liderazgo y reconocimiento a nivel ciudadano de nuestros agricultores, a un nivel de dependencia absoluta por lo que consumimos a nivel básico y sobre todo por el desconocimiento e invisibilización del pequeño y mediano agricultor de nuestro país, a punto de desaparecerlo. Es innegable e indispensable reactivar el sistema agropecuario de nuestro país, tarea que solo grupos multidisciplinarios y en dialogo abierto y permanente podrán buscar la forma de lograrlo.

Esta reforma de vida necesita de una reforma del pensamiento, que nos muestre la importancia de los prejuicios y los paradigmas que inconscientemente dirigen nuestras formas de conocimiento y comportamiento y nos hacen incapaces de comprender que los demás obedecen a otros preconceptos y otros paradigmas.

Tres pilares fundamentales para cimentar una sociedad próspera, solidaria, cohesionada, un Estado fuerte, representativo y garante de los intereses de los diversos sectores y que convoque a una ciudadanía participativa y proactiva, son la Ética Pública, la idoneidad- y la probidad, estas cualidades garantizan, a su vez la transparencia, la rendición de cuentas y son el filtro para detener los abusos del poder, la corrupción y el favorecimiento económico de una minoría. De manera tal, que se pueda cumplir con los requisitos de una democracia representativa y de una economía solidaria, eficiente y distributiva de la riqueza social. El modelo de desarrollo del Estado costarricense, desde la Segunda República, es una fuente para repensar el Estado y el rumbo de la Costa Rica, de los próximos 30 años.

Necesitamos afrontar la relación con los demás a través de la comprensión del prójimo, la humanización de las emociones y el respeto democrático.

Todos debemos buscar aquello que es importante y necesario para nosotros, todos debemos encontrar el camino de nuestra regeneración, una vuelta a las fuentes generadoras-creadoras.

Trabajemos para diagnosticar y transformar, trabajemos para relacionar y unir. Las reformas son solidarias; no son solo institucionales, económicas, políticas o sociales, son también mentales, y requieren una aptitud para concebir y abarcar los problemas globales y fundamentales, una aptitud que, a su vez, precisa de una reforma de la mente y la forma de pensar nuestras vidas. Pero la reforma de la mente depende de la reforma educativa y de la reforma del pensamiento, ambas son complementarias e indispensables.

En materia educativa es momento para reorientar el modelo, hacerlo más inclusivo, más participativo, las TICS nos han ofrecido herramientas tecnológicas que van a revolucionar la enseñanza y el aprendizaje, y es precisamente donde la juventud nos ha dado una clase de destreza y habilidad para acoplarse a estas nuevas herramientas, el reto es porqué no incluirlos en el diseño de las nuevas formas de implementar el proceso de enseñanza aprendizaje valiéndonos de las TICS.

Ante esta época de crisis provocada por la pandemia del COVID 19 es momento para replantearnos, hacer un alto en nuestras vidas, valorar lo que tenemos, mirarnos como humanos, preguntarnos qué queremos de nuestras vidas, en qué estamos dispuestos a cambiar, y lo más importante creo yo, que puedo hacer por el prójimo, sobre todo aquel que ha perdido las esperanzas de vivir la vida con dignidad humana, aquel necesitado de espiritualidad, de oportunidad, de valoración por lo que es, y no por lo que tiene o puede producir,  aquel que anda en la calle sin norte, aquella que enfrenta sobrevivir con una familia sin  oportunidades de trabajo o empleo, pero no solamente él o aquella que parece estar alejada de mí, muchas veces, ella o él están muy cerca o son parte de mi núcleo familiar.

Insto a que olvidemos nuestro ego disciplinar que no nos deja ver la realidad compleja que afrontamos, debemos pasar de las recetas que todo lo solucionan desde una disciplina; receta, donde mi disciplina es la más favorecida, y los o las otras, son las que deben implementar las sabias soluciones propuestas; debemos buscar el encuentro con el otro, a reconocernos en el otro u otra, a dialogar, a buscar puntos de convergencia que nos permita avanzar en la convivencia fundamentada en el amor por nuestro semejante, porque solo de esta manera podremos avanzar en una sana convivencia en donde lo que planifiquemos sea producto del aporte de cada uno de nosotros.

Finalmente, consideramos que el gobierno y quienes lo presiden realizan las acciones y medidas que humanitariamente, con meditación o alevosía, consideran más oportunas, más que criticar dichas propuestas, debemos realizar aportes o propuestas que mejoren dichas acciones, hay que pasar de la reacción a la acción propositiva. Ya no basta con denunciar, ahora es preciso enunciar, no es suficiente reconocer la crisis, la urgencia, también hay que saber por dónde empezar, el reto es ahora o nunca.

Aún tenemos tiempo para reconstruir y fortalecer aquellas prácticas ciudadanas, que soportan la institucionalidad y la praxis democrática, y que se fundamentan en la moral y la ética pública.

Dos rutas políticas muy diferentes de mitigar la situación de las personas trabajadoras (V)

“Yo siempre seré partidario de los que no tienen nada. Y hasta la tranquilidad de la nada se les niega.” (F. García Lorca)

Manuel Hernández

A instancia de las exigencias formuladas por los sindicatos de trabajadores, el 27/03/2020, el Gobierno del Estado Español emitió un Real Decreto-Ley, que complementa las medidas de emergencia, en el ámbito de las relaciones laborales, para mitigar las consecuencias de la pandemia.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo y recientísimo decreto de gobierno, consiste en la prohibición de los despidos y extinciones de contratos de trabajo, por fuerza mayor, causas económicas, tecnológicas, organizativas o productivas, que se relacionen con la emergencia sanitaria que lamentablemente tanto está golpeando ese país.

Esta medida comprende la prohibición de la extinción de los contratos temporales, que constituye una característica estructural del mercado de trabajo español, que principalmente concentra la contratación de jóvenes y mujeres.

Todo despido o extinción contractual que violente estas disposiciones normativas es absolutamente nulo.

Mientras estas medidas progresistas se toman en ese país europeo, por contrario, en esta suiza centroamericana, se han dictado medidas legislativas y de gobierno unilaterales y autoritaristas.

En realidad, corresponde acotar estas expresiones, y en su lugar, resulta más acertado afirmar que esas medidas han sido parcialmente unilaterales y autoritarias, porque han sido consensuadas únicamente con los sindicatos o cámaras empresariales, excluyendo la participación de los sindicatos que representan los legítimos intereses de las y los trabajadores.

Además, las medidas laborales promulgadas por la Asamblea Legislativa y el Gobierno son salvajes, porque licencian los despidos, la suspensión de los contratos de trabajo y la reducción de los salarios, esquilmando a la clase trabajadora más explotada; que vive en una situación de emergencia social y económica desde hace tiempo, mucho antes que apareciera esta grave pandemia.

Entonces, existen dos caminos políticos muy diferentes de resolver las emergentes e imperiosas necesidades de las y los trabajadores: concertar exclusivamente con los sindicatos patronales, descargando todo el peso social y económico de la crisis en la gente más empobrecida, o por contrario, atender las demandas de los sindicatos de trabajadores, procurando medidas de redistribución democráticas que mitiguen las consecuencias de la crisis en este pauperizado sector de la población.

En “nuestro” país, queda absolutamente claro el camino que pactó y escogió la clase política gobernante.

¡Los sacrificios no los tienen que seguir soportando las mismas de siempre!

Ilustración: https://blog2iessantalucia.com/2019/03/16/charla-sobre-participacion-ciudadana-3o-eso/

Promueven cierre preventivo del Caribe Sur

Una solicitud para el cierre preventivo del Caribe Sur dentro de las próximas 24 horas, impidiendo el ingreso a su jurisdicción, con un puesto de Salud y Seguridad en la Subdelegación Tuba Creek, permitiendo sólo el acceso de residentes y de proveedores, regulando el paso o imponiendo cuarentena, de acuerdo con los lineamientos de las autoridades de salud.

Esa es una propuesta ciudadana que ha surgido en el Caribe Sur.

Con esa motivación, un colectivo de Talamanca sustentaría la petición en el Artículo 9 de la Constitución Política que define el gobierno como participativo.

La organización muestra «gran preocupación ante la inminente situación sanitaria que enfrentamos, por la velocidad en la que se está manifestando este coronavirus en el país». Por ello promueve una consulta en la comunidad con estas preocupaciones:

1- El cantón posee una población vulnerable, con escasísimos recursos en Salud y una tremenda escasez de agua,

2- Aún no se ha presentado ningún caso positivo,

3- El país se encuentra en estado de Emergencia y en Alerta Amarilla,

4- El artículo 9º de la Constitución Política de Costa Rica confiere la potestad de participar directamente en la toma de decisiones,

5- En acción de cogobierno, debemos acompañar y reforzar las medidas tomadas por los tres Poderes de la República.

6- Mantener a la comunidad libre del virus por más tiempo no solamente es la estrategia de salud más recomendada por médicos y científicos alrededor del mundo (aplanar la curva para no saturar los servicios de salud y poder brindar atención médica a todos los que lo necesiten) sino que además nos permitirá enfrentar la crisis y reactivar la economía sin tantas pérdidas humanas y materiales.

Las personas promotoras de la iniciativa expresan además su compromiso por acompañar todos los esfuerzos de las autoridades en el combate al COVID-19.

Organizaciones sociales pueden integrar Comisión Nacional de Datos Abiertos

El próximo 25 de febrero vence el plazo para que las organizaciones de sociedad civil se postulen para ocupar un puesto en la Comisión Nacional de Datos Abiertos. En esa condición, los grupos comunitarios y sociales podrán acompañar el proceso de apertura de datos públicos.

Para ampliar detalles puede hacer clic en este enlace: http://gobiernoabierto.go.cr/convocatorias

Privatizar las riquezas, socializar las pérdidas

El proyecto de ley que pretende cambios en el empleo público y la aplicación de la regla fiscal no son la solución a la denominada crisis fiscal, reconoce la OCDE

Eduardo Muñoz, periodista Vicerrectoría de Acción Social UCR

Si de riqueza y poder político global se trata, el conocimiento científico y la educación son de los activos más apetecidos por los grupos económicos internacionales. La historia de los nexos entre la ciencia y la educación, y la política, demuestra que siempre ha existido un pulso por el control de estos activos, cuyos costos y pérdidas son socializados pero sus ganancias privatizadas a favor de conglomerados empresariales.

En el caso costarricense, los logros sociales alcanzados desde la Segunda República son múltiplemente reconocidos. Incluso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), actual sustento ideológico de la clase política y empresarial costarricenses que impulsan cambios en materia fiscal, de inversión social, educación y empleo público asegura, contradictoriamente, en su informe titulado Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2018, que “el acceso a la educación para todas las personas ha sido una piedra angular del modelo social exitoso de Costa Rica y, por esta razón, las reformas constitucionales aumentaron el gasto obligatorio al 8% del PIB”. Pero, pese a los indicadores internacionales en dicha materia, la OCDE también afirma que “no existe una razón subyacente para este objetivo específico, mientras que la evidencia sugiere que actúa como un obstáculo importante para la restricción del gasto sin mejorar la eficiencia ni la eficacia en cuanto a los resultados educativos”.

Sobrepasar ese “obstáculo” es el principal desafío de las autoridades políticas costarricenses, ya que los proyectos impulsados desde el Estado costarricense para la aprobada reforma tributaria, el empleo público y la privatización solapada de la Caja Costarricense del Seguro Social, son insuficientes para ingresar al exclusivo club de naciones integrantes de esa organización.

En contraste con los criterios de que la masa salarial pública es corresponsable del déficit fiscal, la realidad es que solamente representa el 14% de la fuerza laboral nacional, integrada mayoritariamente por los sectores educativo, salud y seguridad. Y, en opinión de la OCDE y sus acólitos costarricenses, las remuneraciones en este sector son excesivas y distantes de lo devengado por el sector privado. No se menciona que, de manera sostenida y según encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, una cuarta parte de la fuerza laboral nacional no percibe el salario mínimo; y existen claras disparidades entre lo percibido entre hombres y mujeres.

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica, en un documento a disposición de acceso público a la ciudadanía, ha sido contundente al afirmar que el Estado costarricense, en procura de “resolver” el problema del empleo público, “convierte a los salarios en una variable de ajuste macroeconómico (por ejemplo, para controlar la inflación o el déficit fiscal) y no en un elemento central para procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país”. En suma, el proyecto de ley apuesta a la pauperización generalizada como mecanismo de control tributario, mientras por otro lado no se resuelve con acciones firmes la evasión y elusión fiscales, que superan el 13% del PIB.

Por otra parte, sin considerar las particularidades de las instituciones del Estado costarricense, la OCDE aplica criterios de “productividad” a servicios tan diversos como la educación básica y universitaria, la seguridad social y las transferencias que se realizan a los sectores menos favorecidos. Para ello, y traspasando sus competencias, esa organización le sugiere al Estado, a manera de receta única, que impulse un «conjunto claro de mecanismos de dirección, coordinación y control a nivel del Gobierno Central», ignorando deliberadamente nuestra Constitución Política de Costa Rica, un escollo para la OCDE.

El citado estudio de la OCDE es claro, nuestra Constitución y la institucionalidad costarricense se contraponen a su ideario político. “El uso excesivo de la asignación obligatoria de fondos con destinos específicos en Costa Rica también está en contradicción con la Recomendación del Consejo sobre Gobernanza Presupuestaria, que establece que «Los fondos para fines específicos y la asignación de ingresos para fines concretos deben mantenerse al mínimo» (Recomendación del Consejo sobre Gobernanza Presupuestaria, Principio 7, OCDE 2015b)».

En suma, la ruta definida por la OCDE y el gobierno costarricense atenta contra la institucionalidad y la historia costarricenses, pisotea la Constitución Política e hipoteca el bienestar de las futuras generaciones.

Para descargar el documento de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica Sobre el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público puede buscarlo con este enlace: http://ucr.cr/r/GU8F

Reforma fiscal a examen de constitucionalidad

José Manuel Arroyo Gutiérrez, ex magistrado y catedrático UCR

La Constitución Política de Costa Rica opta por una organización republicana y un ordenamiento jurídico propio del Estado Social de Derecho. Lo primero establece con claridad la división de poderes, los ámbitos de competencia, los controles recíprocos en orden a que ninguna autoridad de la República se sienta libre de hacer lo que le parezca y abuse de sus atribuciones. Lo segundo, en lo fundamental, opta por el respeto a la dignidad humana –que no es otra cosa que el respeto a los derechos de las personas sin ningún tipo de discriminación-, así como la enunciación de derechos y garantías individuales y sociales y el diseño de un andamiaje institucional complejo y diverso.

            La Constitución Política, hace distinciones que no pueden atropellarse sin poner en riesgo el futuro mismo de la convivencia democrática dentro de un régimen de derecho. La Sala IV, a propósito del Art. 188 C.P. ha establecido que las instituciones autónomas tienen independencia administrativa, mas no de gobierno, ámbito en el que éstas deben atenerse a las leyes dictadas por la Asamblea Legislativa (Voto No 3309-94). No obstante, esta misma resolución explicita cómo, la Corte Suprema, en cambio, conserva el gobierno y la administración de tribunales, funcionarios y empleados de la rama judicial, es decir, conserva un ámbito de independencia mayor, tanto de gobierno como de administración (art. 156 C.P.), que la diferencia del que disfrutan las instituciones autónomas en sentido estricto (188 y 189 C.P.). La lectura de estas dos últimas normas evidencia que se refieren a instituciones autónomas como los bancos y aseguradoras estatales, y las que a futuro cree la Asamblea Legislativa.

            Pero evidentemente el constituyente, de manera directa, quiso tutelar algunos valores fundamentales como la justicia, la salud, la educación superior pública, entre otros, para lo cual creó instituciones con encomiendas específicas y las dotó de autonomías reforzadas, frente al Poder Ejecutivo de turno y frente a la misma Asamblea Legislativa. Estoy convencido que tal es el caso de la Universidad de Costa Rica y de todas los centros de educación superior pública del país. Véase cómo, esta autonomía reforzada se evidencia cuando la Constitución crea “…una institución de cultura –ojo, algo más que de educación- que goza de independencia para el desempeño de sus funciones, y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios…”. Tales atributos y competencias se hacen extensivas a los otros centros de educación superior públicos, y el Estado queda obligado no sólo a otorgarles un patrimonio propio, sino a colaborar en su financiamiento (Art. 84 y 85 C.P.).

            He aquí la importancia trascendental de que el examen de constitucionalidad al que está siendo sometida la Ley No. 9635, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, no pase atropelladamente por las distinciones y precisiones que hace la Constitución Política. El problema es que esta legislación, con su buque insignia la “Regla Fiscal”, pretende meter a todos los poderes e instituciones, funcionarios y empleados públicos, en una especie de camisa de fuerza, olvidándose de que las vías impuestas siempre tienen sus días contados, y es imposible hacer sostenible a largo plazo medidas que asfixian o ahogan a amplios sectores de la población.

            Esto es así en la medida en que aún para las instituciones autónomas en sentido estricto, como la C.C.S.S. o I.C.E., -para mencionar sólo dos sobre las que ha recaído buena parte de la paz social disfrutada en el país por décadas-, no se les puede imponer, sin más, cómo y con qué recursos van a poder atender servicios de emergencia o extraordinarios, o bien qué régimen de incentivos salariales, o reconocimientos por prohibiciones o dedicaciones exclusivas pueden promoverse. Tampoco es posible que las nuevas reglas para los trabajadores de primer ingreso pasen por alto que existen otros principios constitucionales en materia laboral, que expresamente erigen el principio de igualdad (Art. 57) o el de no-discriminación para ningún sector de los trabajadores (Art. 68).  Mucho menos se puede tratar de esta manera a quienes laboran en otros poderes republicanos o en las universidades, cuyas misiones institucionales, -como la justicia o educación superior-, el constituyente quiso protegerlas de gobiernos y tendencias coyunturales emanadas de otros poderes en ejercicio.

Una democracia raquí-tica

Rosaura Chinchilla-Calderón Abogada y docente universitaria Rosaura.chinchilla@gmail.com

El sueño de la razón produce monstruos (Goya)

Costa Rica se encamina a vivir un aniversario más de la independencia de España y lo hará, muy probablemente, de la misma forma en que recibió la noticia: en un ambiente polarizado, dubitativo y a la espera de mágicos vientos que despejen los cargados nubarrones de un día que ya casi lleva doscientos años, pero que hoy, a diferencia de ayer, amenaza con la inminente furia de su vendaval.

            Polarización. La división no es, ya, entre monárquicos y separatistas; colonialistas y anticolonialistas o republicanos e imperialistas, sino entre “progres” y “ramashecos” o “PAC-lovers” y “FabriPLUSCianos”. Unos —insuflados con las oportunidades y hasta con los privilegios obtenidos gracias al Estado de Bienestar en la Gran Área Metropolitana— tildan, a quienes carecieron de ellas, de ignorantes-retrógrados; niegan la sola posibilidad de contextualizar, en coordenadas supra-individuales, los síntomas o comportamientos percibidos; defienden algunos derechos humanos liberales al tiempo que ridiculizan expresiones de fe y reniegan de los derechos económico-sociales…en fin, traicionan la esperanza y el mandato popular, acrecentando el descontento social. Otros (atrincherados en un dios-creado-a-su-medida) imponen su visión de mundo como la única posible, y le niegan dignidad a amplios segmentos de la población que no se ajusten a la moral que predican (y que no siempre practican). Unos y otros conducen, a este pequeño país, muchas veces a golpe de fake news, hacia el despeñadero.

Desigualdad. Pero el anterior es solo un signo epidérmico o superficial que, sin embargo, oculta la enfermedad terminal que internamente carcome nuestro tejido social: la desigualdad crece y se evidencia ya como desempleo abierto y miseria rampante; la institucionalidad democrática y republicana cae derruida tanto por la avidez como por la corrupción de quienes mueven y enredan los hilos, y pretenden desmantelar cualquier dique normativo que les impida obtener el mayor lucro, para el menor número, durante el mayor tiempo posible.

Debilidad institucional. Así, con procedimientos que han de permanecer fuera de foco, ocultos al escrutinio ciudadano, se hacen pactos, se nombran funcionarios que coopten las instituciones públicas y, desde ahí, cumplan con la consigna de eliminar las normas de protección claves en el diseño del Estado Republicano, Democrático y Social de Derecho de la Segunda República: un sistema de pesos y contrapesos; de división de funciones; de independencia de las instituciones contraloras; de procedimientos y garantías para el adecuado gobierno de la cosa pública; de respeto a la dignidad inmanente a todo ser humano y de protección a la educación, el medio-ambiente y la salud como claves del desarrollo. En ese contexto se legisla y hasta se juzga.

Modernidad. La promesa de la modernidad, del avance de la razón y del humanismo en el mundo, ciertamente explotó durante la II Guerra Mundial frente a la evidencia del Holocausto y la barbarie de la que, como seres humanos, somos capaces. Empero, paradójicamente, fue en los años 40 en donde, en este pequeño territorio, también nació la esperanza de que la solidaridad era posible: de que podíamos vivir sin ejército; nacionalizar la banca y las instituciones energéticas para que el bienestar de todos no dependiera del lucro de unos; universalizar los seguros sociales; extender la gratuidad y cobertura de la educación; confiar en la pureza del sufragio; en la formación y equidad de la judicatura; mantener la Naturaleza y apostar por una convivencia en armonía y tolerancia, respetando nuestra diversidad.

El sueño de la razón. Ese sueño, paulatinamente, se ha ido derrumbando. Parafraseando a Goya: se durmió la razón y nacen los monstruos. El fascismo campea por doquier reivindicando múltiples ropajes: nacionalismos, visiones mágicas y acientíficas del mundo, religiosidad individualista y egoísmos extremos y a Costa Rica la vacuna (formada por aquellos componentes) se le venció. Esta democracia del bicentenario es raquí-tica, de simples formas, por lo demás porosas y débiles, que se están rompiendo ante nuestros ojos. Si nos descuidamos, seremos testigos de su colapso definitivo.

Lucha cívica. Pese a todo “¿quién dijo que todo está perdido?” Todavía tenemos una educación gratuita y generalizada que, pese al modelo de negocios por el que unos apuestan, permite que el hijo del obrero y la hija de la indígena obtengan una profesión u oficio; podemos velar por nuestra salud sin empeñar el patrimonio de las futuras generaciones o vender órganos para ello; seguimos accediendo a las fuentes de agua, de energía y a la infraestructura de comunicaciones a módicos costos; aún tenemos variedad de ecosistemas; todavía hay fiscales, jueces y juezas probos; docentes con mística y personal de salud que responde al juramento hipocrático…aún hay quienes entienden que la dignidad humana, única e indivisible, impide escoger (algunos) derechos humanos (de unos) a conveniencia…en fin, aún hay personas que alimentan su espiritualidad o su ética en las fuentes del Amor, que es servicio, entrega e inclusión.

Porque aún queda “algo”, que es mucho, ¡no podemos seguir impasibles! ¡Interesémonos en el manejo de los asuntos públicos, que son los nuestros! ¡Exijamos procesos públicos, motivados y transparentes en la toma de las decisiones! ¡Usemos los recursos que el Derecho nos da para vigilar, impugnar y hasta sancionar a quienes se desvíen del fin común! ¡Ejerzamos nuestra responsabilidad de educarnos cívicamente, de elegir cuidadosamente, y de organizarnos! ¡Seamos solidarios y tolerantes! No sigamos atrincherados en nuestras cosmovisiones, que nos impiden visualizar la humanidad que hay en el otro. Trascendamos diferencias. Construyamos un proyecto común en que todas las personas quepamos. Sí, sé que no es solo voluntarismo…pero por algo se empieza.

“Hablo de cambiar esta nuestra casa (…) ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón…” (Fito Páez/Mercedes Sossa).

Alianza por una Vida Digna

Presentación

Vivimos tiempos difíciles en Costa Rica. Amplios sectores a lo largo y ancho del país muestran un malestar creciente y una insatisfacción con las propuestas que dominan las agendas política, económica, cultural y social. Las posibilidades de encuentro, diálogo y entendimiento se debilitan por posiciones intolerantes y excluyentes. Desde hace varias décadas se nos viene imponiendo un modelo de desarrollo y un proyecto de país que, lejos de forjar cohesión y consensos y de buscar el bienestar colectivo, ha fomentado un grave proceso de fragmentación social, cargado de inequidad, con un fuerte deterioro ambiental. Las propuestas dominantes han beneficiado a algunos sectores, pero han afectado la calidad de vida y la dignidad de muchas más personas; el crecimiento económico no ha sido inclusivo.

Pese a la evidencia de la disfuncionalidad social y ecológica de estas propuestas, los sectores económicos, políticos y mediáticos que llevan adelante esta agenda no parecen cesar en su empeño de empujar al país hacia un sendero muy arriesgado que está poniendo en peligro la posibilidad de una convivencia armoniosa entre las personas y entre éstas y el ambiente. La correlación de fuerzas políticas en este momento favorece estas tendencias, y se promueven proyectos e iniciativas que tienden a minar espacios democráticos y nos alejan de una distribución justa de la riqueza, debilitando elementos claves del estado social de derecho y estrujando las posibilidades de forjar una colectividad marcada por el bien común.

Un grupo amplio de organizaciones y personas, de muy diversos sectores, tenemos la convicción de que Costa Rica necesita encontrar nuevos senderos por los cuales transitemos con esperanza y sentido colectivo, en procesos marcados por una amplia participación social, institucional y comunitaria. Senderos que nos permitan soñar y crear escenarios distintos, más inclusivos, y también respetuosos con el ambiente, en los que la prioridad sea el desarrollo de las potencialidades de todas las personas, en un marco de respeto a la diversidad. Por ello hemos decidido integrar la Alianza por una Vida Digna, con la confianza de que entre todas y todos podemos plasmar reflexiones, propuestas, y acciones en procura del bien común. Queremos contribuir a gestar otros mundos posibles.

Este suplemento recoge puntos de vista de cuatro personas sobre algunos temas medulares de la realidad nacional actual. Continuaremos presentando, por diversos medios, otros tópicos en ámbitos variados de la vida nacional, que fomenten reflexión y acción en comunidades, instituciones y colectivos varios. Pretendemos que la Alianza por una Vida Digna sea una fuente de pensamiento diverso y un acicate para la participación democrática alrededor de aspectos esenciales de nuestra convivencia.

Con la idea de impulsar esta Alianza, se realizó el lunes 29 de julio una reunión a la que asistieron cuarenta personas de los sectores comunitario, estudiantil, ambientalista, profesional, educación popular, comunicación popular y alternativa, Buen Vivir, y universitario.

Alberto Rojas Rojas, Andrea Alvarado Vargas, Héctor Ferlini-Salazar, José María Gutiérrez Gutiérrez

Correo-e: alianza.por.una.vida.digna@gmail.com

Surge alianza social para fomentar espacios democráticos

El Semanario Universidad publicó este miércoles 21 de agosto en la edición impresa un conjunto de textos con la firma de la Alianza por una Vida Digna. Puede leerlos aqui:

Suplemento Semanario Universidad

Este agrupamiento señala en su presentación:

Vivimos tiempos difíciles en Costa Rica. Amplios sectores a lo largo y ancho del país muestran un malestar creciente y una insatisfacción con las propuestas que dominan las agendas política, económica, cultural y social. Las posibilidades de encuentro, diálogo y entendimiento se debilitan por posiciones intolerantes y excluyentes.

Le invitamos a terminar de leer la presentación:

Presentación Alianza por una Vida Digna

Uno de los textos incluidos en la edición se titula “Una democracia raquí-tica”, escrito por la abogada y docente Rosaura Chinchilla-Calderón.

Puede leerlo aquí:

Una democracia raquí-tica

El exmagistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez aporta en la compilación un análisis que titula “Reforma fiscal a examen de constitucionalidad”. Asimismo, se incluye un artículo periodístico relacionado con un estudio de la UCR sobre el proyecto de empleo público que impulsa el gobierno y otros sectores políticos y económicos. Lea aquí ambos textos:

Reforma fiscal a examen de constitucionalidad

Privatizar las riquezas, socializar las pérdidas

La colección divulgada por el Semanario Universidad y enviada por la Alianza por una Vida Digna se completa con este artículo de la diputada del PLN Paola Valladares Rosado:

La huelga es un derecho humano

SURCOS le invita a propiciar la reflexión y compartir este material generado desde la Alianza por una Vida Digna.

Correo-e: alianza.por.una.vida.digna@gmail.com

Foto alusiva a la participación ciudadana con fines ilustrativos.

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Costa Rica necesita ayuda, las comunidades también

El mundo actual experimenta cambios profundos en el quehacer humano. Hay dos ejes transversales que afectan la vida cotidiana de los pueblos, los cuales han tenido poca atención, me refiero al cambio climático y al aumento veloz de la tecnología.

El primero, está poniendo en evidencia y pasando factura, de lo que ya se conocía mundialmente y en forma amenazante, desde hace más de ciento cincuenta años y que se agudiza en Costa Rica a partir de los años 60´s. Las necesidades de las mayorías, van en aumento por cambio climático y lo están expresando a la sociedad costarricense, con desesperanza.

Por otro lado, la tecnología inserta en el panorama de la discusión social, a un sector inmensamente grande de la población, que desde siempre, había sido objeto receptor de nuestra sociedad. Estas grandes masas, han descubierto su poder y lo están aplicando sobre el esqueleto, en el cual se asientan las estructuras del país, siendo el aspecto político partidista, el objetivo más notorio.

Los partidos políticos no han hecho una lectura correcta del devenir de los tiempos y por tanto, no existen mecanismos ni infraestructura ideológica adecuada para este fenómeno social que se desborda, siendo el objetivo inmediato de combate, el gobierno y los poderes del Estado, los cuales, han mostrado actuaciones deficitarias, que exacerban a la ciudadanía.

Hemos visto como la beligerancia entre los grupos sociales tradicionales y el aparato estatal, todavía no logran acuerdos y la armonía se pierde. Es innegable que se requiere una participación del Pueblo en las decisiones del Estado, más allá de los espacios representativos existentes. Las razones fundamentales se relacionan con: 1) la capacidad de denuncia del pueblo, 2) la afectación negativa de cambio climático, que no ha sido adecuadamente atendida en la cotidianidad del pueblo, 3) el conocimiento ya no es exclusivo de grupos de poder, 4) se respira por doquier los vientos de participación directa del pueblo. Haciendo una lectura social, la democracia participativa directa busca espacio.

Estamos llegando al momento de hacer una propuesta de mecanismos directos de inserción comunitaria en los gobiernos. Mientras esto ocurre, podríamos hacer una contribución al desarrollo, como escenario ex ante, para lo cual propongo:

Un grupo de personas con disciplinas académicas y conocimiento consolidado, que pueda ayudar a los gobiernos a dinamizar sistemas para las necesidades del pueblo, en la zona rural y la ciudad. El grupo deberá tener las características siguientes:

  1. No tendrá ninguna filiación político partidista, ni religiosa.
  2. Ofrecerá trabajo especializado de enfoque comunitario a entidades de los gobiernos, ad honoren. Todo esfuerzo es bienvenido, cada cual dará lo que pueda.

Las personas que sientan esa vocación pueden comunicarse con mi persona, para iniciar el proceso de formación de este foro y si hay una aceptación importante, convocar a una reunión general de definición de la estructura formal. Si le nace participar, favor enviarme la siguiente información:

Nombre, teléfono móvil, correo electrónico, disciplina, área de experiencia, lugar de residencia. Mi correo electrónico es: quesada_rodolfo@yahoo.com Mi teléfono para mensajes únicamente 8705 5822. Yo vivo en Jicaral Lepanto, Región Sur, Península de Nicoya. Mis disciplinas biología marina, acuacultura desarrollo rural con una experiencia comunitaria amplia en zona rural, tengo 65 años.

Rodolfo Quesada Quesada.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por el autor.

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