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Etiqueta: democracia participativa

Promueven cierre preventivo del Caribe Sur

Una solicitud para el cierre preventivo del Caribe Sur dentro de las próximas 24 horas, impidiendo el ingreso a su jurisdicción, con un puesto de Salud y Seguridad en la Subdelegación Tuba Creek, permitiendo sólo el acceso de residentes y de proveedores, regulando el paso o imponiendo cuarentena, de acuerdo con los lineamientos de las autoridades de salud.

Esa es una propuesta ciudadana que ha surgido en el Caribe Sur.

Con esa motivación, un colectivo de Talamanca sustentaría la petición en el Artículo 9 de la Constitución Política que define el gobierno como participativo.

La organización muestra «gran preocupación ante la inminente situación sanitaria que enfrentamos, por la velocidad en la que se está manifestando este coronavirus en el país». Por ello promueve una consulta en la comunidad con estas preocupaciones:

1- El cantón posee una población vulnerable, con escasísimos recursos en Salud y una tremenda escasez de agua,

2- Aún no se ha presentado ningún caso positivo,

3- El país se encuentra en estado de Emergencia y en Alerta Amarilla,

4- El artículo 9º de la Constitución Política de Costa Rica confiere la potestad de participar directamente en la toma de decisiones,

5- En acción de cogobierno, debemos acompañar y reforzar las medidas tomadas por los tres Poderes de la República.

6- Mantener a la comunidad libre del virus por más tiempo no solamente es la estrategia de salud más recomendada por médicos y científicos alrededor del mundo (aplanar la curva para no saturar los servicios de salud y poder brindar atención médica a todos los que lo necesiten) sino que además nos permitirá enfrentar la crisis y reactivar la economía sin tantas pérdidas humanas y materiales.

Las personas promotoras de la iniciativa expresan además su compromiso por acompañar todos los esfuerzos de las autoridades en el combate al COVID-19.

Organizaciones sociales pueden integrar Comisión Nacional de Datos Abiertos

El próximo 25 de febrero vence el plazo para que las organizaciones de sociedad civil se postulen para ocupar un puesto en la Comisión Nacional de Datos Abiertos. En esa condición, los grupos comunitarios y sociales podrán acompañar el proceso de apertura de datos públicos.

Para ampliar detalles puede hacer clic en este enlace: http://gobiernoabierto.go.cr/convocatorias

Privatizar las riquezas, socializar las pérdidas

El proyecto de ley que pretende cambios en el empleo público y la aplicación de la regla fiscal no son la solución a la denominada crisis fiscal, reconoce la OCDE

Eduardo Muñoz, periodista Vicerrectoría de Acción Social UCR

Si de riqueza y poder político global se trata, el conocimiento científico y la educación son de los activos más apetecidos por los grupos económicos internacionales. La historia de los nexos entre la ciencia y la educación, y la política, demuestra que siempre ha existido un pulso por el control de estos activos, cuyos costos y pérdidas son socializados pero sus ganancias privatizadas a favor de conglomerados empresariales.

En el caso costarricense, los logros sociales alcanzados desde la Segunda República son múltiplemente reconocidos. Incluso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), actual sustento ideológico de la clase política y empresarial costarricenses que impulsan cambios en materia fiscal, de inversión social, educación y empleo público asegura, contradictoriamente, en su informe titulado Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2018, que “el acceso a la educación para todas las personas ha sido una piedra angular del modelo social exitoso de Costa Rica y, por esta razón, las reformas constitucionales aumentaron el gasto obligatorio al 8% del PIB”. Pero, pese a los indicadores internacionales en dicha materia, la OCDE también afirma que “no existe una razón subyacente para este objetivo específico, mientras que la evidencia sugiere que actúa como un obstáculo importante para la restricción del gasto sin mejorar la eficiencia ni la eficacia en cuanto a los resultados educativos”.

Sobrepasar ese “obstáculo” es el principal desafío de las autoridades políticas costarricenses, ya que los proyectos impulsados desde el Estado costarricense para la aprobada reforma tributaria, el empleo público y la privatización solapada de la Caja Costarricense del Seguro Social, son insuficientes para ingresar al exclusivo club de naciones integrantes de esa organización.

En contraste con los criterios de que la masa salarial pública es corresponsable del déficit fiscal, la realidad es que solamente representa el 14% de la fuerza laboral nacional, integrada mayoritariamente por los sectores educativo, salud y seguridad. Y, en opinión de la OCDE y sus acólitos costarricenses, las remuneraciones en este sector son excesivas y distantes de lo devengado por el sector privado. No se menciona que, de manera sostenida y según encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, una cuarta parte de la fuerza laboral nacional no percibe el salario mínimo; y existen claras disparidades entre lo percibido entre hombres y mujeres.

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica, en un documento a disposición de acceso público a la ciudadanía, ha sido contundente al afirmar que el Estado costarricense, en procura de “resolver” el problema del empleo público, “convierte a los salarios en una variable de ajuste macroeconómico (por ejemplo, para controlar la inflación o el déficit fiscal) y no en un elemento central para procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país”. En suma, el proyecto de ley apuesta a la pauperización generalizada como mecanismo de control tributario, mientras por otro lado no se resuelve con acciones firmes la evasión y elusión fiscales, que superan el 13% del PIB.

Por otra parte, sin considerar las particularidades de las instituciones del Estado costarricense, la OCDE aplica criterios de “productividad” a servicios tan diversos como la educación básica y universitaria, la seguridad social y las transferencias que se realizan a los sectores menos favorecidos. Para ello, y traspasando sus competencias, esa organización le sugiere al Estado, a manera de receta única, que impulse un «conjunto claro de mecanismos de dirección, coordinación y control a nivel del Gobierno Central», ignorando deliberadamente nuestra Constitución Política de Costa Rica, un escollo para la OCDE.

El citado estudio de la OCDE es claro, nuestra Constitución y la institucionalidad costarricense se contraponen a su ideario político. “El uso excesivo de la asignación obligatoria de fondos con destinos específicos en Costa Rica también está en contradicción con la Recomendación del Consejo sobre Gobernanza Presupuestaria, que establece que «Los fondos para fines específicos y la asignación de ingresos para fines concretos deben mantenerse al mínimo» (Recomendación del Consejo sobre Gobernanza Presupuestaria, Principio 7, OCDE 2015b)».

En suma, la ruta definida por la OCDE y el gobierno costarricense atenta contra la institucionalidad y la historia costarricenses, pisotea la Constitución Política e hipoteca el bienestar de las futuras generaciones.

Para descargar el documento de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica Sobre el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público puede buscarlo con este enlace: http://ucr.cr/r/GU8F

Reforma fiscal a examen de constitucionalidad

José Manuel Arroyo Gutiérrez, ex magistrado y catedrático UCR

La Constitución Política de Costa Rica opta por una organización republicana y un ordenamiento jurídico propio del Estado Social de Derecho. Lo primero establece con claridad la división de poderes, los ámbitos de competencia, los controles recíprocos en orden a que ninguna autoridad de la República se sienta libre de hacer lo que le parezca y abuse de sus atribuciones. Lo segundo, en lo fundamental, opta por el respeto a la dignidad humana –que no es otra cosa que el respeto a los derechos de las personas sin ningún tipo de discriminación-, así como la enunciación de derechos y garantías individuales y sociales y el diseño de un andamiaje institucional complejo y diverso.

            La Constitución Política, hace distinciones que no pueden atropellarse sin poner en riesgo el futuro mismo de la convivencia democrática dentro de un régimen de derecho. La Sala IV, a propósito del Art. 188 C.P. ha establecido que las instituciones autónomas tienen independencia administrativa, mas no de gobierno, ámbito en el que éstas deben atenerse a las leyes dictadas por la Asamblea Legislativa (Voto No 3309-94). No obstante, esta misma resolución explicita cómo, la Corte Suprema, en cambio, conserva el gobierno y la administración de tribunales, funcionarios y empleados de la rama judicial, es decir, conserva un ámbito de independencia mayor, tanto de gobierno como de administración (art. 156 C.P.), que la diferencia del que disfrutan las instituciones autónomas en sentido estricto (188 y 189 C.P.). La lectura de estas dos últimas normas evidencia que se refieren a instituciones autónomas como los bancos y aseguradoras estatales, y las que a futuro cree la Asamblea Legislativa.

            Pero evidentemente el constituyente, de manera directa, quiso tutelar algunos valores fundamentales como la justicia, la salud, la educación superior pública, entre otros, para lo cual creó instituciones con encomiendas específicas y las dotó de autonomías reforzadas, frente al Poder Ejecutivo de turno y frente a la misma Asamblea Legislativa. Estoy convencido que tal es el caso de la Universidad de Costa Rica y de todas los centros de educación superior pública del país. Véase cómo, esta autonomía reforzada se evidencia cuando la Constitución crea “…una institución de cultura –ojo, algo más que de educación- que goza de independencia para el desempeño de sus funciones, y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios…”. Tales atributos y competencias se hacen extensivas a los otros centros de educación superior públicos, y el Estado queda obligado no sólo a otorgarles un patrimonio propio, sino a colaborar en su financiamiento (Art. 84 y 85 C.P.).

            He aquí la importancia trascendental de que el examen de constitucionalidad al que está siendo sometida la Ley No. 9635, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, no pase atropelladamente por las distinciones y precisiones que hace la Constitución Política. El problema es que esta legislación, con su buque insignia la “Regla Fiscal”, pretende meter a todos los poderes e instituciones, funcionarios y empleados públicos, en una especie de camisa de fuerza, olvidándose de que las vías impuestas siempre tienen sus días contados, y es imposible hacer sostenible a largo plazo medidas que asfixian o ahogan a amplios sectores de la población.

            Esto es así en la medida en que aún para las instituciones autónomas en sentido estricto, como la C.C.S.S. o I.C.E., -para mencionar sólo dos sobre las que ha recaído buena parte de la paz social disfrutada en el país por décadas-, no se les puede imponer, sin más, cómo y con qué recursos van a poder atender servicios de emergencia o extraordinarios, o bien qué régimen de incentivos salariales, o reconocimientos por prohibiciones o dedicaciones exclusivas pueden promoverse. Tampoco es posible que las nuevas reglas para los trabajadores de primer ingreso pasen por alto que existen otros principios constitucionales en materia laboral, que expresamente erigen el principio de igualdad (Art. 57) o el de no-discriminación para ningún sector de los trabajadores (Art. 68).  Mucho menos se puede tratar de esta manera a quienes laboran en otros poderes republicanos o en las universidades, cuyas misiones institucionales, -como la justicia o educación superior-, el constituyente quiso protegerlas de gobiernos y tendencias coyunturales emanadas de otros poderes en ejercicio.

Una democracia raquí-tica

Rosaura Chinchilla-Calderón Abogada y docente universitaria Rosaura.chinchilla@gmail.com

El sueño de la razón produce monstruos (Goya)

Costa Rica se encamina a vivir un aniversario más de la independencia de España y lo hará, muy probablemente, de la misma forma en que recibió la noticia: en un ambiente polarizado, dubitativo y a la espera de mágicos vientos que despejen los cargados nubarrones de un día que ya casi lleva doscientos años, pero que hoy, a diferencia de ayer, amenaza con la inminente furia de su vendaval.

            Polarización. La división no es, ya, entre monárquicos y separatistas; colonialistas y anticolonialistas o republicanos e imperialistas, sino entre “progres” y “ramashecos” o “PAC-lovers” y “FabriPLUSCianos”. Unos —insuflados con las oportunidades y hasta con los privilegios obtenidos gracias al Estado de Bienestar en la Gran Área Metropolitana— tildan, a quienes carecieron de ellas, de ignorantes-retrógrados; niegan la sola posibilidad de contextualizar, en coordenadas supra-individuales, los síntomas o comportamientos percibidos; defienden algunos derechos humanos liberales al tiempo que ridiculizan expresiones de fe y reniegan de los derechos económico-sociales…en fin, traicionan la esperanza y el mandato popular, acrecentando el descontento social. Otros (atrincherados en un dios-creado-a-su-medida) imponen su visión de mundo como la única posible, y le niegan dignidad a amplios segmentos de la población que no se ajusten a la moral que predican (y que no siempre practican). Unos y otros conducen, a este pequeño país, muchas veces a golpe de fake news, hacia el despeñadero.

Desigualdad. Pero el anterior es solo un signo epidérmico o superficial que, sin embargo, oculta la enfermedad terminal que internamente carcome nuestro tejido social: la desigualdad crece y se evidencia ya como desempleo abierto y miseria rampante; la institucionalidad democrática y republicana cae derruida tanto por la avidez como por la corrupción de quienes mueven y enredan los hilos, y pretenden desmantelar cualquier dique normativo que les impida obtener el mayor lucro, para el menor número, durante el mayor tiempo posible.

Debilidad institucional. Así, con procedimientos que han de permanecer fuera de foco, ocultos al escrutinio ciudadano, se hacen pactos, se nombran funcionarios que coopten las instituciones públicas y, desde ahí, cumplan con la consigna de eliminar las normas de protección claves en el diseño del Estado Republicano, Democrático y Social de Derecho de la Segunda República: un sistema de pesos y contrapesos; de división de funciones; de independencia de las instituciones contraloras; de procedimientos y garantías para el adecuado gobierno de la cosa pública; de respeto a la dignidad inmanente a todo ser humano y de protección a la educación, el medio-ambiente y la salud como claves del desarrollo. En ese contexto se legisla y hasta se juzga.

Modernidad. La promesa de la modernidad, del avance de la razón y del humanismo en el mundo, ciertamente explotó durante la II Guerra Mundial frente a la evidencia del Holocausto y la barbarie de la que, como seres humanos, somos capaces. Empero, paradójicamente, fue en los años 40 en donde, en este pequeño territorio, también nació la esperanza de que la solidaridad era posible: de que podíamos vivir sin ejército; nacionalizar la banca y las instituciones energéticas para que el bienestar de todos no dependiera del lucro de unos; universalizar los seguros sociales; extender la gratuidad y cobertura de la educación; confiar en la pureza del sufragio; en la formación y equidad de la judicatura; mantener la Naturaleza y apostar por una convivencia en armonía y tolerancia, respetando nuestra diversidad.

El sueño de la razón. Ese sueño, paulatinamente, se ha ido derrumbando. Parafraseando a Goya: se durmió la razón y nacen los monstruos. El fascismo campea por doquier reivindicando múltiples ropajes: nacionalismos, visiones mágicas y acientíficas del mundo, religiosidad individualista y egoísmos extremos y a Costa Rica la vacuna (formada por aquellos componentes) se le venció. Esta democracia del bicentenario es raquí-tica, de simples formas, por lo demás porosas y débiles, que se están rompiendo ante nuestros ojos. Si nos descuidamos, seremos testigos de su colapso definitivo.

Lucha cívica. Pese a todo “¿quién dijo que todo está perdido?” Todavía tenemos una educación gratuita y generalizada que, pese al modelo de negocios por el que unos apuestan, permite que el hijo del obrero y la hija de la indígena obtengan una profesión u oficio; podemos velar por nuestra salud sin empeñar el patrimonio de las futuras generaciones o vender órganos para ello; seguimos accediendo a las fuentes de agua, de energía y a la infraestructura de comunicaciones a módicos costos; aún tenemos variedad de ecosistemas; todavía hay fiscales, jueces y juezas probos; docentes con mística y personal de salud que responde al juramento hipocrático…aún hay quienes entienden que la dignidad humana, única e indivisible, impide escoger (algunos) derechos humanos (de unos) a conveniencia…en fin, aún hay personas que alimentan su espiritualidad o su ética en las fuentes del Amor, que es servicio, entrega e inclusión.

Porque aún queda “algo”, que es mucho, ¡no podemos seguir impasibles! ¡Interesémonos en el manejo de los asuntos públicos, que son los nuestros! ¡Exijamos procesos públicos, motivados y transparentes en la toma de las decisiones! ¡Usemos los recursos que el Derecho nos da para vigilar, impugnar y hasta sancionar a quienes se desvíen del fin común! ¡Ejerzamos nuestra responsabilidad de educarnos cívicamente, de elegir cuidadosamente, y de organizarnos! ¡Seamos solidarios y tolerantes! No sigamos atrincherados en nuestras cosmovisiones, que nos impiden visualizar la humanidad que hay en el otro. Trascendamos diferencias. Construyamos un proyecto común en que todas las personas quepamos. Sí, sé que no es solo voluntarismo…pero por algo se empieza.

“Hablo de cambiar esta nuestra casa (…) ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón…” (Fito Páez/Mercedes Sossa).

Alianza por una Vida Digna

Presentación

Vivimos tiempos difíciles en Costa Rica. Amplios sectores a lo largo y ancho del país muestran un malestar creciente y una insatisfacción con las propuestas que dominan las agendas política, económica, cultural y social. Las posibilidades de encuentro, diálogo y entendimiento se debilitan por posiciones intolerantes y excluyentes. Desde hace varias décadas se nos viene imponiendo un modelo de desarrollo y un proyecto de país que, lejos de forjar cohesión y consensos y de buscar el bienestar colectivo, ha fomentado un grave proceso de fragmentación social, cargado de inequidad, con un fuerte deterioro ambiental. Las propuestas dominantes han beneficiado a algunos sectores, pero han afectado la calidad de vida y la dignidad de muchas más personas; el crecimiento económico no ha sido inclusivo.

Pese a la evidencia de la disfuncionalidad social y ecológica de estas propuestas, los sectores económicos, políticos y mediáticos que llevan adelante esta agenda no parecen cesar en su empeño de empujar al país hacia un sendero muy arriesgado que está poniendo en peligro la posibilidad de una convivencia armoniosa entre las personas y entre éstas y el ambiente. La correlación de fuerzas políticas en este momento favorece estas tendencias, y se promueven proyectos e iniciativas que tienden a minar espacios democráticos y nos alejan de una distribución justa de la riqueza, debilitando elementos claves del estado social de derecho y estrujando las posibilidades de forjar una colectividad marcada por el bien común.

Un grupo amplio de organizaciones y personas, de muy diversos sectores, tenemos la convicción de que Costa Rica necesita encontrar nuevos senderos por los cuales transitemos con esperanza y sentido colectivo, en procesos marcados por una amplia participación social, institucional y comunitaria. Senderos que nos permitan soñar y crear escenarios distintos, más inclusivos, y también respetuosos con el ambiente, en los que la prioridad sea el desarrollo de las potencialidades de todas las personas, en un marco de respeto a la diversidad. Por ello hemos decidido integrar la Alianza por una Vida Digna, con la confianza de que entre todas y todos podemos plasmar reflexiones, propuestas, y acciones en procura del bien común. Queremos contribuir a gestar otros mundos posibles.

Este suplemento recoge puntos de vista de cuatro personas sobre algunos temas medulares de la realidad nacional actual. Continuaremos presentando, por diversos medios, otros tópicos en ámbitos variados de la vida nacional, que fomenten reflexión y acción en comunidades, instituciones y colectivos varios. Pretendemos que la Alianza por una Vida Digna sea una fuente de pensamiento diverso y un acicate para la participación democrática alrededor de aspectos esenciales de nuestra convivencia.

Con la idea de impulsar esta Alianza, se realizó el lunes 29 de julio una reunión a la que asistieron cuarenta personas de los sectores comunitario, estudiantil, ambientalista, profesional, educación popular, comunicación popular y alternativa, Buen Vivir, y universitario.

Alberto Rojas Rojas, Andrea Alvarado Vargas, Héctor Ferlini-Salazar, José María Gutiérrez Gutiérrez

Correo-e: alianza.por.una.vida.digna@gmail.com

Surge alianza social para fomentar espacios democráticos

El Semanario Universidad publicó este miércoles 21 de agosto en la edición impresa un conjunto de textos con la firma de la Alianza por una Vida Digna. Puede leerlos aqui:

Suplemento Semanario Universidad

Este agrupamiento señala en su presentación:

Vivimos tiempos difíciles en Costa Rica. Amplios sectores a lo largo y ancho del país muestran un malestar creciente y una insatisfacción con las propuestas que dominan las agendas política, económica, cultural y social. Las posibilidades de encuentro, diálogo y entendimiento se debilitan por posiciones intolerantes y excluyentes.

Le invitamos a terminar de leer la presentación:

Presentación Alianza por una Vida Digna

Uno de los textos incluidos en la edición se titula “Una democracia raquí-tica”, escrito por la abogada y docente Rosaura Chinchilla-Calderón.

Puede leerlo aquí:

Una democracia raquí-tica

El exmagistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez aporta en la compilación un análisis que titula “Reforma fiscal a examen de constitucionalidad”. Asimismo, se incluye un artículo periodístico relacionado con un estudio de la UCR sobre el proyecto de empleo público que impulsa el gobierno y otros sectores políticos y económicos. Lea aquí ambos textos:

Reforma fiscal a examen de constitucionalidad

Privatizar las riquezas, socializar las pérdidas

La colección divulgada por el Semanario Universidad y enviada por la Alianza por una Vida Digna se completa con este artículo de la diputada del PLN Paola Valladares Rosado:

La huelga es un derecho humano

SURCOS le invita a propiciar la reflexión y compartir este material generado desde la Alianza por una Vida Digna.

Correo-e: alianza.por.una.vida.digna@gmail.com

Foto alusiva a la participación ciudadana con fines ilustrativos.

Sea parte de SURCOS:

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Costa Rica necesita ayuda, las comunidades también

El mundo actual experimenta cambios profundos en el quehacer humano. Hay dos ejes transversales que afectan la vida cotidiana de los pueblos, los cuales han tenido poca atención, me refiero al cambio climático y al aumento veloz de la tecnología.

El primero, está poniendo en evidencia y pasando factura, de lo que ya se conocía mundialmente y en forma amenazante, desde hace más de ciento cincuenta años y que se agudiza en Costa Rica a partir de los años 60´s. Las necesidades de las mayorías, van en aumento por cambio climático y lo están expresando a la sociedad costarricense, con desesperanza.

Por otro lado, la tecnología inserta en el panorama de la discusión social, a un sector inmensamente grande de la población, que desde siempre, había sido objeto receptor de nuestra sociedad. Estas grandes masas, han descubierto su poder y lo están aplicando sobre el esqueleto, en el cual se asientan las estructuras del país, siendo el aspecto político partidista, el objetivo más notorio.

Los partidos políticos no han hecho una lectura correcta del devenir de los tiempos y por tanto, no existen mecanismos ni infraestructura ideológica adecuada para este fenómeno social que se desborda, siendo el objetivo inmediato de combate, el gobierno y los poderes del Estado, los cuales, han mostrado actuaciones deficitarias, que exacerban a la ciudadanía.

Hemos visto como la beligerancia entre los grupos sociales tradicionales y el aparato estatal, todavía no logran acuerdos y la armonía se pierde. Es innegable que se requiere una participación del Pueblo en las decisiones del Estado, más allá de los espacios representativos existentes. Las razones fundamentales se relacionan con: 1) la capacidad de denuncia del pueblo, 2) la afectación negativa de cambio climático, que no ha sido adecuadamente atendida en la cotidianidad del pueblo, 3) el conocimiento ya no es exclusivo de grupos de poder, 4) se respira por doquier los vientos de participación directa del pueblo. Haciendo una lectura social, la democracia participativa directa busca espacio.

Estamos llegando al momento de hacer una propuesta de mecanismos directos de inserción comunitaria en los gobiernos. Mientras esto ocurre, podríamos hacer una contribución al desarrollo, como escenario ex ante, para lo cual propongo:

Un grupo de personas con disciplinas académicas y conocimiento consolidado, que pueda ayudar a los gobiernos a dinamizar sistemas para las necesidades del pueblo, en la zona rural y la ciudad. El grupo deberá tener las características siguientes:

  1. No tendrá ninguna filiación político partidista, ni religiosa.
  2. Ofrecerá trabajo especializado de enfoque comunitario a entidades de los gobiernos, ad honoren. Todo esfuerzo es bienvenido, cada cual dará lo que pueda.

Las personas que sientan esa vocación pueden comunicarse con mi persona, para iniciar el proceso de formación de este foro y si hay una aceptación importante, convocar a una reunión general de definición de la estructura formal. Si le nace participar, favor enviarme la siguiente información:

Nombre, teléfono móvil, correo electrónico, disciplina, área de experiencia, lugar de residencia. Mi correo electrónico es: quesada_rodolfo@yahoo.com Mi teléfono para mensajes únicamente 8705 5822. Yo vivo en Jicaral Lepanto, Región Sur, Península de Nicoya. Mis disciplinas biología marina, acuacultura desarrollo rural con una experiencia comunitaria amplia en zona rural, tengo 65 años.

Rodolfo Quesada Quesada.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por el autor.

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Así trabaja el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros

Puerto Viejo, sede del proyecto piloto del Plan Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas

 

Puerto Viejo de Talamanca se ha convertido, junto con Liberia, en uno de los sitios donde se lleva a cabo el proyecto piloto del Área de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, junto con el movimiento ciudadano de Territorios Seguros.

Al respecto Jesús Gallo Zeledón, presidente de Territorios Seguros de Puerto Viejo-Talamanca, nos manifiesta:

Es muy importante visualizar quiénes somos constitucionalmente, y qué es lo que nos compete a nosotros como dueños de una Costa Rica y como las personas que debemos hacer el cambio en la Costa Rica participativa que queremos que exista. Creo que tenemos que tomar en nuestras manos la responsabilidad y dejar ese paternalismo que hemos tenido durante muchos años de creer que los gobiernos tienen que hacer todo por nosotros y comenzar nosotros con políticas, pero no políticas partidarias, para que no se nos terminen en 4 años (…), sino desde el ámbito ciudadano, para que podamos nosotros estar siempre en una lucha frontal contra todas las situaciones que nos aquejan y que tiene que ser reparadas y nadie mejor que la comunidad para reparar estas situaciones, porque somos los que las vivimos comúnmente”.

 

Si va a visualizar el video en su celular, recomendamos que lo coloque en posición horizontal.

 

Enviado por Carlos Campos.

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Ser joven y la ruta costarricense con las elecciones como crisol

Héctor Ferlini-Salazar

Imágenes de jóvenes recorriendo calles y comunidades costarricenses para llevar el mensaje casa por casa y persona por persona, cuando el país se alista para votar en segunda ronda el 1 de abril inundan las redes digitales. Evidentemente esa no es una muestra de conciencia simple, sino de compromiso, la fase superior de la conciencia. Y es la juventud, gente de menos de cuatro décadas de vida quienes asumieron la tarea creando Coalición Costa Rica y sus agrupaciones en cada localidad; son decenas de grupos en todo el país que suman miles de personas. ¿Es un hecho sin trascendencia o algo pasajero? Creo que no; veamos:

  1. La conformación

Por iniciativa de gente joven, Coalición Costa Rica incluye a personas provenientes de distintas agrupaciones electorales y mucha gente independiente, que confluye en el objetivo de evitar el triunfo de una propuesta de partido-iglesia que pretende gobernar desde los preceptos del movimiento neopentecostal, esto es, desde una visión que habla de “guerra espiritual” contra quienes tienen otras creencias o cosmovisión, que utiliza una supuesta “teología de la prosperidad” para justificar el enriquecimiento de quienes lideran las congregaciones mediante el cobro del diezmo incluso por adelantado y la venta de “milagros”, donde sus líderes se auto-proclaman apóstoles y profetas, y recurren a cultos cargados de fuerza discursiva y notoriedad mediante la tecnología de la información especialmente la televisiva. Al rechazar esta propuesta, la Coalición Costa Rica adhiere la candidatura de Carlos Alvarado Quesada, cuya propuesta se centra en el respeto a los derechos humanos; la inclusión social, económica y cultural; la administración transparente; y especialmente, la idea de un gobierno nacional que incluya a personas de distintas tradiciones o militancia electoral.

  1. Las tareas realizadas

Después del 4 de febrero esta fuerza mayoritariamente joven ha visitado casas y personas, ha llevado el debate respetuoso y los argumentos a cada rincón del país, ha creado espacios digitales, ha impreso y distribuido volantes, ha propuesto estrategias, apoyado a su candidato en presentaciones públicas… y un sin fin de expresiones de la creatividad de que es capaz la gente joven.

  1. La base histórica que puede sustentar la preferencia electoral

Cuando desarrollamos el movimiento ciudadano La CCSS Que Queremos (2011-2014), en una de tantas reuniones comunitarias en todo el país, se puso de pie la recordada Myriam Zamora Solera (QEPD) y con su octogenaria sabiduría y compromiso, esta maestra de la lucha social costarricense dijo: “En Costa Rica tenemos escuelas para aprender a manejar carro o para aprender muchas otras cosas, pero también tenemos una escuela de solidaridad que es la Caja Costarricense de Seguro Social y no debemos dejar que nos la destruyan”. Esas palabras de la querida maestra social nos explican el rechazo que un importante sector del país expresa hacia una propuesta electoral del partido Restauración Nacional, que se basa en lo contrario a la inclusión y la solidaridad y apuesta por favorecer a las personas “elegidas” y las que “no viven en pecado” según su estrecho entendimiento. Este sector del electorado incluye a personas que no son de la dirigencia y que con sinceridad abrazan los postulados de la socialdemocracia y del socialcristianismo. Esa escuela de solidaridad mencionada por doña Myriam, la podemos ampliar a todo el sistema de seguridad social alentado por los movimientos sociales, especialmente de perfil laboral, y que desde el siglo diecinueve y especialmente en la primera parte del veinte dieron aliento a la alianza Mora-Sanabria-Calderón y sus fuerzas que lograron las garantías sociales, y así mismo, dieron la base para su continuidad con la Segunda República de Figueres Ferrer, Rodrigo Facio, Benjamín Núñez y otros pensadores socialdemócratas. A esa “escuela de solidaridad” que es nuestro sistema de seguridad social se suma, -y es parte del mismo entramado-, el modelo educativo costarricense (que con sus limitaciones) es universal. Esta conjunción es la tierra fértil para el trabajo que Coalición Costa Rica y toda persona comprometida hace para asegurar el triunfo electoral. Así, encontramos en esa “escuela de solidaridad” el elemento constructor de una sensibilidad especial del pueblo costarricense que hoy debemos levantar para convertir, -esta coyuntura electoral-, en el cuenco o crisol en el que se podrían fusionar los elementos para un camino costarricense que debemos re-construir.

  1. El nuevo pacto socio-político

Esta coyuntura ha provocado un espacio para el reacomodo político, pues ante la posibilidad de caer en una teocracia teñida además de incapacidad programática, distintas personas y fuerzas se han agrupado de uno y otro lado de las candidaturas presidenciales. Este fenómeno, que incluye a medios de información, representantes de los partidos políticos que formaron parte del bipartidismo, importantes sectores críticos dentro del catolicismo y de las otras iglesias históricas de un lado y el neopentecostalismo de otro, y más expresiones sociales, culturales, empresariales, académicas y políticas, podrían abrir el espacio para el desarrollo de un nuevo pacto socio-político que nos permita pensar la Costa Rica que queremos y acordar un programa para lograrla. Ciertamente para ello, es necesario dejar de lado dogmas, rencores, e intereses mezquinos.

  1. Las tareas del futuro y la permanencia de la Coalición

Uno de los valores principales de la Coalición Costa Rica es que no es un partido político, sino una alianza social con posibilidades de convertirse en movimiento, esto es, contar con objetivos de largo plazo, cohesión en torno a ellos y permanencia. Por ejemplo, ¿no podría esta Coalición impulsar una reforma mediante referendo u otra vía para lograr un mecanismo de elección legislativa que si haga honor a una democracia en su sentido de gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo? Este ejemplo propone abrir la posibilidad de pensar en otras luchas o procesos más allá del 1 de abril.

  1. El sentido de ser joven

Si bien es cierto Coalición Costa Rica tiene la agradable y conveniente marca de las juventudes, también es cierto que probablemente se cuentan por miles las personas que ya no clasificaríamos en ese concepto etario, pero si, como escribí en otro texto, en la propuesta de que ser joven es tener hoy metas nuevas para cumplir mañana. El elemento clave entonces es el compromiso, la fase superior de la conciencia que nos mostró doña Myriam. Y con base en ese compromiso, no importa la edad para asumir la tarea de contribuir en la construcción, o re-construcción, del camino costarricense hacia el respeto pleno a los derechos de todas las personas.

  1. La urgencia de un resultado electoral y el estrechamiento del espacio político

Más allá de concentraciones, encuestas o mediciones de fuerza, el resultado de la segunda vuelta electoral costarricense tiene una connotación política clave: el riesgo de un estrechamiento del espacio político. Igual que como ocurre en las sociedades dominadas por el ejército, con un gobierno basado en principios religiosos o sectarios el espacio político, -es decir, la posibilidad de disentir, proponer públicamente sin peligro de discriminación o condena, de organizarse para promover luchas sociales, y en general, para impulsar propuestas distintas a las del gobierno-, se vería limitado. El solo hecho de que la propuesta neopentecostal gane una elección, enviaría a toda la sociedad el mensaje de que existe por definición y con validación electoral lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo aceptable y lo inaceptable. Eso no lo podemos permitir y por ello la abstención no es una opción válida. Por esto, lo expuesto en el punto 3 en torno a la base histórica que puede sustentar la preferencia electoral, resulta clave. Para ejemplificar lo que esto significa, recordemos la idea propuesta desde el Partido Restauración Nacional de que “es necesario restaurar la universidad pública”, o bien, lo dicho por Arnoldo Castillo, representante de esa misma agrupación en entrevista con La Nación el 8 de marzo: » Yo esperaría que no coartemos la libertad cultural, yo esperaría que eso no lo hagamos, que no tengamos que llegar a eso».

  1. La construcción de ciudadanía y la ruta hacia la democracia participativa

La reforma del 2003 al Artículo 9 de la Constitución Política de Costa Rica que establece el “gobierno participativo” es una ruta a seguir. El gobierno participativo, como elemento administrativo, requiere de la construcción de una democracia participativa, esto es, que los distintos sectores aceptemos que ese es el modelo político en el cual deseamos vivir y que debemos construirlo. Lograr la democracia participativa como elemento que rige la sociedad junto al modelo representativo que hace viable el gobierno, implica desarrollar la capacidad de proponer desde la ciudadanía políticas públicas, participar en su ejecución, controlarlas y re-formularlas cuando sea necesario, es decir, desarrollar una cultura de ciudadanía, de compromiso con la comunidad, el cantón, la provincia, el país. Será un reto del movimiento social hacerse presente para impulsar este proceso. Será un reto también para un gobierno de Carlos Alvarado aceptar y promover esto en suma a las alianzas que ha hecho con otras fuerzas políticas.

Como vemos, el papel de esta Coalición Costa Rica no es algo de poca importancia, todo lo contrario, puede tomar mayor fuerza e influencia nacional si logra conservar su autonomía y alcanzar permanencia. Las tareas que vienen son de gran importancia estratégica, especialmente si se toma en cuenta que este proceso electoral ha servido para abrir a la luz pública algo que estaba semioculto a la conciencia: la existencia de un movimiento con alta estructuración y cobertura, basado en una lectura ahistórica de la Biblia, con evidentes móviles financieros y de poder político, que opera con base en la obediencia, y se alimenta de la desigualdad socio-económica y la urgencia de soluciones, reconocimiento y apoyo para la población marginada o que es presa de la injusticia social. En adelante, la vida de quienes lideran estas congregaciones, -ahora expuestas a la luz-, y sus alianzas de oportunidad podría no ser la misma; pero ello depende de que el compromiso del gobierno, de los movimientos sociales y de las personas conscientes se haga presente con base en ese camino que puede surgir de la confluencia de quienes no solo queremos votar y trabajar en contra de, sino, por una Costa Rica transparente, inclusiva y solidaria.

 

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