Gentil invitación a la presentación del libro “MI VIDA…A MI MANERA”. Memorias de Óscar Aguilar Bulgarelli.
En el libro el autor realiza la narración de su vida, bajo el espíritu de un ciudadano costarricense apasionado por la democracia. La vida que presenta en las páginas de su libro, es un testimonio único y auténtico de su trayectoria.
Fecha de la presentación martes 20 de febrero.
Hora: 6 p.m.
Lugar: Auditorio del Colegio La Salle, Sabana Sur.
Invita familia Aguilar Solís, esperamos nos acompañen este día tan especial para nosotros.
La ANEP emitió un comunicado en preparación para las elecciones municipales del domingo 4 de febrero, instando a todos los conglomerados laborales de los 84 gobiernos locales, así como a cada trabajador y sus respectivas familias, a otorgar su voto a los candidatos más capacitados de cada localidad. En este sentido, se hace un llamado a tener en cuenta los siguientes puntos clave:
Protección a los Derechos Laborales: Exigir a las personas líderes municipales compromisos firmes para proteger los derechos laborales y garantizar condiciones justas y decentes de empleo, respetando las leyes laborales equitativas para la clase trabajadora municipal.
Involucrar la Participación Sindical: Votar por dirigentes políticos que respeten y celebren la participación sindical, reconociendo el papel fundamental de los sindicatos en la defensa de los derechos y la democracia.
Diversidad e Igualdad: Apostar por personas candidatas que abracen la inclusión en el trabajo municipal, donde cada uno tenga su lugar. La igualdad de género y las oportunidades deben ser innegociables, junto con una firme convicción de combatir todas las formas de discriminación.
Salud y Seguridad Primero: Votar por propuestas concretas que mejoren la salud y seguridad laboral. Un ambiente laboral seguro no es un lujo, es un derecho fundamental.
Negociación Colectiva en Acción: Apoyar a quienes valoren, respalden y respeten la negociación colectiva como un derecho humano fundamental.
Educación para el Avance: Elegir líderes comprometidos con la educación e información ciudadana. La inversión en el desarrollo profesional empodera y fortalece el tejido laboral municipal.
No a la Privatización, sí a la Eficiencia: Defender el trabajo, rechazar la privatización de servicios municipales en cualquiera de sus formas y recuperar servicios previamente privatizados. Exigir medidas para mejorar la eficiencia de la gestión pública, ya que el servicio al pueblo es nuestro compromiso. No votar por ninguna fuerza privatizadora.
Bienestar Social en Nuestras Manos: Votar por propuestas que prioricen la agenda de bienestar social con programas que abracen la salud, vivienda y deporte. Eligir papeletas que demuestren una verdadera vocación por considerar a la juventud como parte activa de la democracia en el gobierno local.
Defensa de la Autonomía Municipal: Para el resguardo de la atención cercana a las necesidades comunales, se debe elegir a personas que defiendan y fortalezcan la autonomía municipal con rango constitucional, fundamental para la estabilidad de la democracia.
Compromiso Ecológico Ambiental: Apoyar a quienes integren políticas ecológicas y ambientales en la gestión municipal. La sostenibilidad ambiental es clave para el bienestar de las comunidades y el legado que dejamos a las futuras generaciones.
Transparencia y Participación Ciudadana: Demandar transparencia en la gestión municipal y promover la participación ciudadana. Las voces de la ciudadanía deben ser escuchadas en la toma de decisiones.
Campañas y Política Municipal, Libre de Dinero Sucio: El dinero sucio del crimen organizado y del narcotráfico no tiene cabida en la política municipal. Se debe cerrar el paso al voto a candidaturas que abierta o solapadamente sean proclives a venderle su alma al diablo.
El poder está en las personas que defienden sus derechos y toman las mejores decisiones para su presente. Las personas trabajadoras organizadas resultan la mayor fuerza política.
Este domingo 4 de febrero del 2024, Costa Rica se prepara para llevar a cabo las elecciones municipales, un momento crucial para el ejercicio democrático en el país. SURCOS, con el compromiso de fomentar la participación ciudadana, extiende una cordial invitación a todas la ciudadanía a salir a votar y contribuir así a la reducción del abstencionismo que ha caracterizado la escena electoral costarricense en los últimos años.
El acto de votar es fundamental para fortalecer la democracia y garantizar una representación adecuada de los intereses de la sociedad. Cada voto cuenta y tiene el poder de influir en la dirección futura de nuestras comunidades.
Es imperativo destacar que el horario para ejercer el derecho al voto será desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m. Es fundamental que las personas votantes acudan a su centro de votación durante este periodo para asegurar que su voz sea escuchada. Además, se les recuerda que es necesario presentar su cédula de identidad para emitir su voto; sin este documento, no podrán participar en el proceso electoral.
SURCOS insta a la ciudadanía a informarse sobre las candidaturas y propuestas locales, a fin de tomar decisiones informadas que beneficien a sus comunidades. El compromiso cívico de cada persona es esencial para construir un país más fuerte y justo.
Este domingo, hagamos historia. Salgamos a votar y contribuyamos al fortalecimiento de nuestra democracia local. ¡Su voto cuenta!
SURCOS – Informando para el bienestar de Costa Rica.
El domingo 4 de febrero, obedeciendo normas constitucionales, se celebrarán elecciones a fin de elegir las autoridades que habrán de regir los gobiernos locales por los próximos cuatro años. El que las elecciones municipales se hayan separado de las elecciones generales y se lleven a cabo dos años después de las nacionales, debe ser considerado como un avance en el ejercicio de la democracia en nuestro país; las municipalidades se independizan de los partidos nacionales, especialmente de los tradicionales, con el consiguiente debilitamiento de los mismos, lo cual, en mi opinión, no es bueno para la democracia representativa tal como se practica tradicionalmente en nuestro país y que se nutre de los partidos políticos. Esto explica el crecimiento exponencial de los partidos locales en las elecciones municipales; el electorado no cree mucho en los partidos nacionales, si bien, hasta el presente, el partido tradicional por excelencia del país, porque lo ha hegemonizado desde que emergió como consecuencia de la Guerra Civil de 1948, el Partido Liberación Nacional, sigue manteniendo el control de la gran mayoría de las municipalidades del país… hasta ahora, veremos lo que pasará el 4 de febrero. El hecho de que pululen los partidos locales demuestra que el costarricense considera la democracia tan sólo desde el aspecto cuantitativo – el derecho que todo el mundo participe no importa quién sea – se ve facilitado por la legislación actual, pero va en detrimento del aspecto cualitativo; lo cual podría representar no un avance, sino un retroceso en la democracia. La democracia es el sistema político en el cual se prioriza lo cualitativo sobre lo cuantitativo, en virtud de lo cual deben gobernar los mejores gracias a sus probadas cualidades cívicas. Cuando lo cuantitativo priva en un régimen político, el peligro de que los peores ganen es real y muy grave; baste con ver lo que sucedió en la Alemania de los 30s del siglo pasado, en donde las hordas nazis fueron masivamente apoyadas por el pueblo alemán hasta el suicidio del Führer; y, para no ir muy lejos en el espacio y en el tiempo, eso fue lo que pasó en el Brasil de Bolsonaro y está pasando en la Argentina de Milei… En Costa Rica la amenaza actual a la democracia es la eventual influencia del dinero de origen oscuro en el surgimiento y propaganda de tantos y tantos partidos; el TSE llamó la atención al respecto; la opinión pública y la Asamblea Legislativa deben estar vigilantes; no olvidemos que en la Zona Sur hace algún tiempo hubo acusaciones en ese sentido.
Los gobiernos municipales son la manifestación de la primera y fresca expresión de la democracia, las municipalidades son el poder popular en su ejercicio cotidiano, están presentes en nuestra vida de todos los días, en todos y cada uno de los detalles que componen el tejido de nuestra vida cotidiana: recoger la basura frente a nuestra casa, mantener la vigilancia en cada calle, barrio por barrio, mantener las zonas verdes donde ancianos y niños se recrean, etc., etc. Las autoridades locales son democráticamente elegidas de entre los miembros de nuestras comunidades, allí donde todo el mundo conoce a todo el mundo y todo el mundo suele ser pariente y amigo o enemigo de todo el mundo, donde la vida privada no existe porque todo el mundo conoce las costumbres de todo el mundo y se entera de manera informal (chismes) de la vida de todo el mundo, lo cual se debe en buena medida a que no existe el anonimato ni la soledad. Todo lo cual trae aparejado el peligro de que se incurra en el delito tipificado como “tráfico de influencias” que, en el caso de las elecciones municipales, se traduce en que la gente vota no por un partido ni menos por un programa, sino influenciado por el parentesco, la amistad o enemistad personales o, simplemente, por la buena o mala fama proveniente de la información informal (chismes), olvidándose de que en la política no deben existir ni los parientes ni los amigos, sino que debemos regirnos tan sólo por la valoración de las aptitudes prácticas y virtudes cívicas mostradas por los candidatos; cualquier otra consideración debe ser considerada como corruptela personal y actitud contraria a los principios básicos de una democracia real. Otra amenaza a la democracia es el abultado abstencionismo; 30% o menos de participación en las elecciones hace que el poder popular desde sus inicios dé muestras de una gran debilidad, pues la inmensa mayoría no se ve representada en esas autoridades, aunque por general les profesan aprecio porque los conocen; lo dicho se ve reflejado en el hecho de que, según las encuestas, la inmensa mayoría de los ciudadanos se muestra satisfecha con los autoridades actuales.
No quisiera terminar estas reflexiones en torno al certamen electoral actualmente en marcha, sin aludir al gran ausente de las elecciones locales desde hace varias décadas; me refiero a la ausencia de gobernadores de provincias (estados, departamentos), cuando en casi todos los países del mundo esta elección es la más importante porque inclina la balanza del poder central; en los grandes países los gobernadores son príncipes. En Costa Rica nadie lo reciente, lo cual demuestra que la división del país en provincias es obsoleta e inoperante; sólo sirve para elegir diputados; en lo cultural, económico y geográfico, las regiones periféricas no se identifican con la ciudad capital de su provincia; tal es caso de las regiones del Norte respecto a Alajuela y Heredia, Pérez Zeledón respecto a San José y Puerto Jiménez respecto a Puntarenas. Todo lo cual se debe a que Costa Rica, desde la Guerra de la Liga (1835) liderada por Carrillo y que ganó San José, convirtió a la capital nacional en una especie de agujero negro que se englutió todo lo que le rodeaba. Si queremos desarrollar las regiones periféricas del país, debemos comenzar por suprimir las 7 provincias y crear en su lugar 5 grandes regiones con una ciudad grande como capital, por ejemplo, crear la región del Norte con Ciudad Quesada como capital y la región del Sur con San Isidro del General como capital. Sé que para lograr eso se requieren cambios profundos en la actual Constitución Política, que sólo la Asamblea Legislativa goza del poder constitucional para hacer. Pero ya es hora de que vayamos pensando en eso. Más aún, hay que acabar con el centralismo presidencialista vigente y sustituirlo por una república federal. Esa fue una de las causas del “milagro” alemán después del nefasto Tercer Reich; esto hace hoy Francia. Bien haría la Asamblea Legislativa en nombrar una comisión que, con el apoyo de sus gobiernos, vaya a esos países a estudiar in situ cómo funciona una democracia regionalizada. Una democracia con base popular amplia comienza con los gobiernos locales, se prolonga en los gobiernos regionales y culmina en las instituciones nacionales, como son los tres poderes constitucionales, el TSE y la CGR. Una campaña electoral local debe servir para repensar todo nuestro sistema democrático, con el fin de mejorarlo y ponerlo a la altura de nuestros tiempos.
Insulta la más elemental inteligencia humana, pensar en las grandes fortunas amasadas en Costa Rica, y en América Latina, en general, sin un Estado en función exclusiva de las burguesías locales, especializadas en lo que ahora los “gringos” llaman “puertas giratorias”, como modelo de “desarrollo” para mantener a nuestros pueblos en la sumisión, la indignidad y la ignorancia.
Hay diversas definiciones de “puertas giratorias”, pero todas remiten a una fina corrupción casi imperceptible, pero devastadora para las clases más pobres, gracias al “lobby” y la utilización de los cargos públicos para amarrar negocios y fortunas desde la función estatal, unas veces en secreto, y otras no tanto.
Indudablemente, con la llamada “fiebre del oro”, desde mediados del siglo XIX, la expansión del comercio con las metrópolis, el consumo del petróleo, el gas natural y otros vitales energéticos para el capitalismo, estas élites no tuvieron empacho en entregar concesiones mineras, ferrocarriles, petróleo etc., como hacen en el siglo XXI con el agua, la flora, la fauna, comercio, bancos, telecomunicaciones, carreteras, educación, sanidad, tecnologías propias, riquezas del subsuelo, tradiciones culturales, entre otras. Fue con esta concepción de Estado, en función de los intereses de las nacientes clases surgidas del despojo y saqueo llevados a cabo sobre los pueblos originarios, desde que, según la versión racista, fuimos “descubiertos” o se “encontraron dos mundos”.
A manera de ejemplo irrebatible – lo mismo puede citarse a Macri en Argentina, a Piñera en Chile o una larga lista de expresidentes peruanos – los cinco gobernantes mexicanos del periodo de capitalismo más agresivo terminaron como verdaderos maestros del lobby y las puertas giratorias.
En el marco de una consulta popular boicoteada por el instituto electoral, a fin de someter a juicio a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, se supo cómo los presidentes durante sus ejercicios o el de sus funcionarios hicieron de la llamada “puerta giratoria” toda una manera de vivir.
Y como en Nuestra América el “lobby”, la “puerta giratoria” o el “conflicto de intereses”, en la mayoría de los países, no es delito, o sus penas causan risa, todas estas conductas son “legales”, mas no morales, que importa poco, porque si la moralidad de estos tipos se mide por cuánto te dejó el paso por la función pública o cuántas prebendas obtuviste, interesa entonces solo cuántos escalones subiste dentro de la clase en que te mueves.
Idéntico caso pasa sí alguien en algunos de nuestros países tiene la entereza de pelear para elevar la corrupción administrativa activa o pasiva a delito similar a terrorismo, dados los estragos y terror que causa a las mayorías más vulnerables, enferma, sin casa, salarios de hambre etc., pues la “puerta giratoria” ya es parte de los negocios y poco importa la ética o la moral cuando se trata de dólares.
Uno de los personajes continentales que más ha llamado la atención en pleno siglo XXI, por caer en estas prácticas de corrupción, es el expresidente Ernesto Zedillo, quien privatizó en solo dos años el patrimonio industrial, histórico y cultural de México que eran los ferrocarriles nacionales.
Su administración otorgó concesiones de entre 20 y 50 años al Grupo México Transportes (Ferromex), Grupo Acerero del Norte, Peñoles, Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana y Grupo Triturados Basálticos (Tribasa).
Además, por la indignante cantidad de mil 400 millones de dólares, vendió el sistema a Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries.
Cabe mencionar que, luego de este proceso, el sistema ferroviario se dedicó únicamente a transportar materias primas, se abandonó el transporte de personas y diversas regiones en el interior del país quedaron incomunicadas.
Durante 2023 y 2024 México arreció la recuperación de aeropuertos y trenes. Actualmente construye, sin un centavo de deuda y solo cobrando impuestos y acabando con la corrupción, el Tren Maya de 1500 kms de línea férrea y un costo de$28500 millones.
Sin pretender quitar “méritos” a estos personajes presentes desde el rio Bravo hasta la Patagonia, es menester enfatizar que estas clases surgidas a raíz del despojo y el saqueo provocado por el holocausto contra los pueblos originarios vieron en el nacimiento de los nuevos Estados la posibilidad de aumentar su acumulación originaria, de la mano de lo que entendían entonces como “progreso”.
El intercambio comercial con las metrópolis fue la excusa perfecta para que el Estado naciente cediera rústicos embarcaderos, grades extensiones de tierras comunales para producciones de caucho, granos, entre otros. Luego a mitad del siglo diecinueve la sobre valoración del oro, el cobre, la plata, entre otros, como metales indispensables para el capitalismo industrial, facilitó que muchos de nuestros próceres dieran en concesiones canteras, minas, ferrocarriles, etc., por tiempo indefinido, a cambio, en muchos casos, de un pequeño porcentaje del negocio privado con los bienes pertenecientes a sus pueblos.
Con lo que representa hoy el petróleo, el gas natural, el litio, las tierras raras, el espectro electromagnético, el agua, la fauna, la flora, la sanidad, nuestros océanos y nuestras tecnologías, entre otras, para la mayoría de esas élites, enriquecidas al calor del Estado, su aliado “natural” resulta ser el actual capitalismo, en su fase más agresiva, a fin de evitar cambios en sus statu quo.
Por eso su democracia, referida únicamente a escogencia de sus cuadros cada cierto tiempo, a ritmo de fiestas y carnaval, cada vez es más oscura y es cosa exclusiva de tecnócratas. Nada de hacer públicas los actos y decisiones de la clase gobernante y mucho menos pensar en mecanismos de participación directa de sus pueblos en la “Res pública”.
Por el contrario, cuando en alguno de nuestros países aparece un pueblo exigiendo participación democrática directa, es porque existe en él algún grado de politización (a esta ayuda el acceso a educación de calidad, el debate de ideas y la rigurosidad en lo que emprendemos); entonces rápidamente es neutralizado con el relato de la politiquería, para evitar que avance su concientización.
Por eso otro mexicano merecedor de mención “honorifica”, con base a la cita bibliográfica arriba citada, es el gobierno encabezado por Felipe Calderón (2006-2012). Llegó al poder mediante un gigantesco fraude electoral, gracias al aparato electorero controlado desde adentro por los viejos partidos de la rancia burguesía, Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), la “prensa canalla” constituida por los emporios periodísticos, la radio y la televisión, defensores del “conservadurismo” o “neoliberalismo”, ha dicho en reiteradas ocasiones el mandatario Andrés Manuel López Obrador.
El gobierno de Calderón quizá fue el que mejor aceite puso a la puerta giratoria, con un Poder Judicial mexicano que nunca vio nada y perdió del todo el olfato, junto sobrados arrurús provenientes de las administraciones estadounidenses por su valiente “guerra contra el narcotráfico”. Georgina Kessel, secretaria de Energía durante dicho sexenio, fue la encargada de implementar las licitaciones para abrirle paso a la inversión privada, favoreciendo en particular a las empresas Fenosa e Iberdrola, y debilitando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Unos años después, tras abandonar su cargo, la exfuncionaria terminaría siendo parte del consejo de accionistas de Iberdrola. De igual forma, en 2016, el mismo Calderón, fue incorporado como miembro del Consejo de Administración de Avangrid, compañía que surgió de la fusión entre la filial de Iberdrola en EE.UU. y UIL Holding. Esto, sin renunciar a la pensión de la que aún gozaba como exmandatario de México.
Este personaje político regional cobró relevancia por los estrechos lazos de su gobierno con la DEA y la CIA en la llamada “guerra contra el narcotráfico”, encabezada por su ministro Genaro García Luna. Fue designado por autoridades norteamericanas como el “mejor policía” en la lucha contra los carteles de la droga, hasta el 9 de diciembre de 2019, cuando cayó preso en Estados Unidos con cargos por corrupción.
Para el 1 de marzo de este año tienen previsto fijarle la pena de su condena, luego de enfrentar un rarísimo juicio que, como abogado sigo sin entender, pues circuló la versión periodística, que el fiscal prohibió a García Luna mencionar personas o a asuntos sobre los cuales no le preguntara.
El fenómeno de «puertas giratorias» es un ejemplo más de la corrupción que caracterizó al periodo neoliberal y a los sexenios anteriores, donde se unieron el poder político y el poder económico para beneficiar ciertos intereses por encima de las necesidades del pueblo mexicano. Ilustración tomada de: «Puertas giratorias»: expresidentes contratados por las empresas que beneficiaron.
Brincando hacia Chile, en el sur de nuestro continente, donde se insiste en el mejor experimento social y económico en torno a que la ausencia del Estado o la mínima expresión de él produce libertad, prosperidad y una variada gama de mantras acuñadas por estas élites, demuestra que en cualquier democracia, cuyos actos dentro de los poderes conserven zonas grises y no sean totalmente transparentes frente al pueblo, las puertas giratorias y otras desgracias, relacionadas con los bienes públicos, están presentes, empobreciendo a la gente.
Un estudio denominado “ la puerta giratoria de Piñera y Bachelet” (ver : https://www.ciperchile.cl/2014/12/05/ la-puerta-giratoria-de-pinera-y-bachelet/), demuestra como estas burguesías arrastran hacia ellas a grupos de ciudadanos interesados en la democracia participativa, conocidos por los convencionalismos tradicionales como “izquierdas”, “progres”, “ defensores del capitalismo del bienestar”, “luchadores sociales” etc.; algunos de ellos “líderes” en su momento en los cuerpos docentes, sindicatos, comunidades, entre otras, renunciaron luego de su pasado, al ser premiados con una curul, membresía en alguna junta directiva de banco, puesto de ejecutivo en esta o aquella institución, etc.
En otros casos, cada vez más notorios, si su conducta es de obediencia total y no produce peligrosos sobresaltos, el “premio” la Metrópoli lo entrega de inmediato y consistirá en becas, visa por tiempo indefinido, clases en Universidades o cátedras con salarios que no bajan de los $ 5000 mensuales, habitación y transporte. Siempre recuerdo al “presidente” Juan Guaidó como ejemplo de obediencia y premiación alcanzada: profesor destacado en una U de Miami, cómodo apartamento y salario que más de un “pensionado de lujo” se desearía por acá.
Este estudio sobre la “puerta giratoria” en Chile nos muestra, gracias a la Ley de Transparencia del Servicio Civil chileno, los flujos desde el sector privado de quienes son elegidos a través del sistema de Alta Dirección Pública (eso excluye cargos de confianza, como ministros y subsecretarios). Desde 2004, en promedio, el 27% de quienes asumen estos cargos públicos proviene del sector privado. La tasa está muy por sobre el promedio durante la administración Piñera, con un 42% en 2010, 40% en 2011 y 36% en 2012. En 2013 la cifra cae a 24%, porcentaje que se mantiene durante el primer año de gobierno de Bachelet, aunque la cantidad de nombramientos por esta vía ha sido mucho menor.
En cuanto a las áreas más sensibles para al fenómeno de la “puerta giratoria”, los casos analizados para este proyecto dan cuenta de que la mayor cantidad de conflictos se dan en medio ambiente, seguida por minería, obras públicas y energía. Más atrás los siguen economía, laboral y política, y luego agricultura, salud y telecomunicaciones.
Dobles ocupó el cargo de ministro de Ambiente del 2006 al 2009, pero meses después de salir del puesto acordó una consultoría con la empresa petrolera Black Hills Corp, por la que obtendría beneficios adicionales en caso de realizarse explotación de petróleo en Costa Rica. El medio estadounidense The Dakota Scout reportó que sostiene una demanda contra esa empresa.
En años pasados, la “puerta giratoria” en Aviación Civil permitió repartir pasajes de avión a algunos de sus directivos para fines recreativos. Luego aparecen candidateándose para una curul legislativa. En otros casos, el marido fue electo diputado y años después, su esposa, cuñado o hija resultan “padres” de la patria, ministro o alto ejecutivo.
Otro caso ilustrativo en Costa Rica son los casos de algunos munícipes o alcaldes, que tras cuatro años de gestión, brincan hacia instituciones públicas, Asamblea Legislativa o terminan de asesores en empresas constructoras de trochas, pavimentación de carreteras etc.; cuando no pasan directamente de un ministerio, banco o instituciones autónomas a jetear su propia ONGs, fundación o empresa especializada en la atención de actividades que quitaron al Estado y ahora éste redirecciona fondos del pueblo costarricenses a estos personajes. ¡Mejor no sigo!
Me quedo con las preguntas inteligentes realizadas por la investigadora Ana Castellani en la Revista “Nueva Sociedad”: ¿Cómo afecta la articulación entre Estado y elites económicas la calidad de las democracias? ¿Es posible regular de forma efectiva la relación entre intereses privados y bienes públicos?
Estas preguntas, cobran relevancia en la agenda pública, ya que las relaciones entre elites económicas y elites políticas se visualizan más claramente que en el pasado. Varios gobiernos incorporan en sus filas a empresarios, gerentes corporativos y directivos de asociaciones del empresariado, lo que genera múltiples situaciones de conflictos de interés, captura institucional y deterioro de la autonomía. Pero hasta el momento este tema no ha concitado la suficiente atención regulatoria en América Latina. (Ver https://nuso.org/articulo/lobbies-y-puertas-giratorias/).
¡No se vale desmayar!
*Estudios en geopolítica y petróleo por la Universidad del Zulia, periodista, abogado y notario por la U.C.R
El próximo cuatro de febrero la democracia política costarricense se someterá a una prueba electoral más. Costa Rica tiene reconocimiento internacional de ser un país de larga y estable democracia política y electoral. También tiene reconocimiento de una democracia social avanzada.
De América Latina es el país que más ha gozado de esa estabilidad política como ninguno otro. Trece constituciones políticas desde 1821. La primera, del 1 de diciembre de 1821, a cuatro semanas de haber declarado la Independencia el 29 de octubre de 1821. Once de ellas entre 1821 y 1871, unas de muy poca duración, dos de carácter decenal. La de 1871 llegó de hecho hasta 1949, con una breve interrupción entre 1917 y 1919, y la vigente actualmente desde 1949.
Desde 1849 prácticamente ha habido rotación presidencial cada cuatro años, con breves interrupciones, las últimas dos, en el siglo XX, la dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919 y la Junta de Gobierno o Junta Fundadora de la Segunda República, 1948-1949.
La estructura del Estado, y del Estado de Derecho, con sus tres poderes clásicos viene desde 1824, con independencia funcional reconocida, respetada, exclusiva e indelegable; con sometimiento de los Jefes de Estado, 1824-1848 y de los Presidentes de la República, 1848-2023, a las Constituciones y las Leyes.
Con una presencia, en el ejercicio del Poder Ejecutivo, al frente del Poder Ejecutivo, de educadores, desde el primer Jefe de Estado, 1823-1833, Juan Mora Fernández, especialmente de abogados, de médicos, y de civiles; reformadores y liberales importantes; excepcionalmente de militares.
Administrativamente el país se desarrolló, siguiendo la tradición española, con tres Departamentos, entre 1835 y 1848, y con cinco Provincias y dos comarcas desde 1848 hasta hoy. Las dos comarcas evolucionaron a Provincias en la segunda mitad del siglo XIX.
Al interior de las provincias se desarrollaron, siguiendo la tradición española de los cabildos y ayuntamientos, los cantones, con sus Concejos Municipales y al interior de éstos, los distritos con Concejos distritales. Hoy existen 84 cantones y alrededor de 490 distritos.
El sistema electoral del país evolucionó desde los mismos días de la Independencia, en Centroamérica y en Costa Rica, eligiendo representantes a los organismos federales que se impulsaron y a los órganos de poder interno que surgieron. El sistema electoral evolucionó desde el voto directo, público, restrictivo, de electores y de segunda vuelta, al voto directo, 1913, al secreto en 1924 y al universal en 1949. En 1974 se amplió la ciudadanía a los mayores de 18 años, votando los jóvenes por primera vez ese año.
Desde 1889 se estableció un sistema de partidos políticos mediante el cual solo por medio de partidos políticos se puede aspirar a puestos de elección popular.
El sistema de partidos políticos impuso el control del Gobierno y del Poder Legislativo por pocos partidos políticos, desarrollando en la segunda mitad del siglo XX un fuerte régimen bipartidista, dominado por corrientes políticas socialdemócratas y socialcristianas. Así de los últimos 18 gobiernos, nueve los ha ejercido la socialdemocracia, seis el socialcristianismo.
En el 2014 irrumpieron nuevas fuerzas políticas, heterogéneas, desdibujadas ideológicamente, con dos gobiernos del partido Acción Ciudadana, 2014-2022. En el 2022 surgió como partido gobernante el Partido Progreso Social Democrático, nuevo, de reciente formación, que llevó a la Presidencia a Rodrigo Chaves Robles, más desdibujado ideológicamente, con un discurso político populista, anti bipartidismo gobernante, anticorrupción, sin experiencia personal política en el país; un funcionario de muchos años del Banco Mundial. Acción Ciudadana quedó fuera del escenario electoral. Los tradicionales sobreviven, siendo actualmente la fracción legislativa más fuerte, la socialdemocracia con 18 de 57 diputados.
A nivel legislativo el bipartidismo tradicional socialdemócrata y socialcristiano se distribuyeron el Congreso mayoritariamente, hasta 1998 cuando perdieron las mayorías parlamentarias, obligados a pactar con pequeñas fuerzas políticas que elegían diputados. Esta situación no ha variado desde entonces. Rasgo importante de estos años es que los partidos de gobierno no han tenido mayorías parlamentarias, y los últimos tres gobiernos no han elegido más de 12 diputados. El actual partido gobernante solo tiene 10. Dos de ellos están fuera de la órbita del Poder Ejecutivo. Los otros restantes ocho diputados juegan a varias bandas políticas.
Alrededor del Presidente Rodrigo Chaves se han articulado diferentes grupos políticos, con ánimo de desarrollar casa propia, partido propio, ya que el Partido Progreso Social Democrático fue un partido taxi, Uber, prestado al candidato que resultó electo, sin que él controle en nada a dicha organización ni sea un líder de la misma. Así, han impulsado dos organizaciones electorales, Partido Pueblo Soberano y el Partido Aquí Costa Rica Manda, que las trataron de poner a prueba en las próximas elecciones municipales del 4 de febrero.
La evolución electoral del país ha llegado a un punto de paridad de género, hombres y mujeres, casi absoluto, que obliga a que en las listas de candidatos obligadamente vayan alternos hombres y mujeres en el orden en que inician las papeletas. A ello se ha sumado que cuando un partido político, nacional o provincial, participa en varios cantones de la misma provincia, la paridad de candidaturas ofrecidas por cada partido también sea horizontal, de manera que, si una Provincia tiene 20 cantones, 10 deben ir con candidaturas encabezadas por mujeres y 10 por hombres. La igualdad opera a favor de la mujer. Si un partido llevase 12 candidatas mujeres en doce de veinte cantones no sería problema. Al contrario, sí.
El Tribunal Supremo de Elecciones, el órgano máximo, descentralizado, autónomo, independiente, con rango de Poder de Estado, que administra todos los procesos electorales desde 1948, es quien vela de esta paridad política. En las elecciones del 2022 obligó al Partido Unidad Social Cristiana a cambiar una candidatura masculina en la provincia de San José, donde descansa la capital de la República y los Poderes de Estado como la mayoría de las instituciones públicas.
Para el reciente proceso electoral, de las elecciones municipales, que elige popularmente casi 8000 dirigentes políticos cantonales, los dos partidos que para esta ocasión se trataron de inscribir a favor del actual Presidente Rodrigo Chaves, Partido Pueblo Soberano y el Partido Aquí Costa Rica Manda, fallaron en la inscripción igualitaria de candidaturas, pese a las advertencias que el Tribunal Supremo de Elecciones les señalara, motivo por el cual les anularon la totalidad de sus candidaturas.
Obvio que sus fanáticos, por ahora visiblemente no muchos, han realizado protestas ante el Tribunal Supremo de Elecciones, las que no han tenido éxito alguno. El mismo Presidente ha mantenido una campaña de descrédito hacia los poderes del Estado y hacia el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, que de paso investiga malas prácticas organizativo partidarias, y posiblemente de ilegales financiamientos a la campaña del Presidente, en las instancias paralelas y partidarias que se crearon para llevarlo a la Casa Presidencial.
Para mí es una lástima que le hayan dejado por fuera a sus esfuerzos partidarios, que son dirigidos por funcionarios que desde la Casa Presidencial operan. Una lástima, porque hubiera sido importante medir electoralmente cuál es el alcance, especialmente en simpatía electoral, que realmente ha tenido el Presidente Rodrigo Chaves en sus 21 meses de gobierno, dado que en las encuestas de opinión sobre su figura ha venido cayendo, mientras a nivel presidencial su figura se mantiene con índices relativamente altos para la experiencia política costarricense.
Sí el Presidente Chaves ha impulsado, con sus funcionarios y simpatizantes, dos partidos, por ahora, para participar en elecciones cantonales, es claro que para las próximas elecciones nacionales del 2026, va a tratar de participar con más fuerza para tratar de que con alguno de sus partidos, con estos u otros que pueda inventarse, se pueda elegir su sucesor presidencial, porque en Costa Rica, no hay reelección sucesiva. Es claro que quiere seguir en política, en política electoral y posiblemente sueñe y se desvele con volver a ser electo presidente, en el 2030 o el 2034…
El otro dato interesante es que el gabinete de ministros, y de altos funcionarios del gobierno de escogencia presidencial, del Presidente Chaves ha sido como sacar premios de una tómbola de feria. La inmensa mayoría sin experiencia de partidos políticos, lo que ha provocado, por el estilo de gobernar, que haya habido una remoción en sus 19 meses en promedio cada 15 días, lo que realmente impide desarrollar una real obra de gobierno sujeta a una visión país, de mediano o largo plazo, y de atacar los problemas principales del país, buscando los acuerdos políticos necesarios para ello.
Un problema central del país es el desarrollo del narcotráfico y el peso que cada día han ido tomando los grupos del crimen organizado en todas las esferas de la vida institucional, pública y política, al punto que, a Costa Rica, recientemente se le ha comparado, en su situación, con Ecuador, de ser las bodegas más importantes del tráfico de droga internacional de sur y de centro América hacia Estados Unidos y Europa.
El otro aspecto, es que en el gabinete del Presidente está su Ministra de la Presidencia, muy importante para él hasta este momento, que fue candidata presidencial que lo adversó en la campaña electoral del 2022, quien para las elecciones municipales del 4 de febrero próximo, le estaba compitiendo, con su propio partido, Unidos Podemos, que ha quedado inscrito para participar en estas elecciones, y posiblemente seguirá inscrito para las del 2026, con ella de candidata, por sí misma o como candidata del propio Presidente, quien por su parte tiene también sus ahijados políticos en su propio gabinete, al ministro de Obras Públicas y al de Hacienda, que son por ahora los que mantienen el mayor rumor a su favor.
Valorando el proceso democrático electoral hay que reconocer la independencia del Tribunal Supremo de Elecciones con la decisión tomada, sin temor al Poder Ejecutivo, al Presidente como persona, permitiendo ejemplificar a este Poder electoral, y a la democracia costarricense, con los poderes electorales de Nicaragua o Venezuela, por citar dos casos de la región latinoamericana, donde estos poderes responden a los dictados de sus palacios presidenciales y de sus gobernantes.
Las cartas del proceso electoral ya están echadas. Ya empezó a entregarse la papelería electoral a las Juntas Electorales, que se integran con representantes de los partidos políticos en todo el territorio nacional. Los resultados los tendremos el próximo 5 de febrero a partir de las 8 de la noche, cuando empiecen a darse los primeros resultados electorales.
El poder ciudadano cantonal, base de la democracia administrativa nacional, ya está funcionando. Los votantes tienen la palabra decisoria. El abstencionismo electoral, que a este nivel ha sido alto históricamente, es un gran reto para superar. El aumento de partidos cantonales contra los tradicionales es una gran riqueza política que se manifiesta en esta dirección.
Por ley se ha dispuesto que casi la mitad de los actuales alcaldes y representantes populares cantonales no pueden reelegirse por tener dos o más períodos en el cargo, por lo que tendremos una gran renovación de autoridades políticas cantonales, lo que será una gran expectativa para la vida cívica y ciudadana de los cantones.
Con lo sucedido al Presidente de la República, y a quienes le impulsan en sus proyectos electorales, se les ha dado una gran lección. El Estado de Derecho funciona; el Tribunal Supremo de Elecciones es un órgano del Estado independiente en sus decisiones. En el Tribunal Supremo de Elecciones descansa, en este proceso electoral, la vida política de la democracia costarricense, con el apoyo de la ciudadanía. Al Presidente Chaves de le ha dado un frenazo y se ha fortalecido la democracia costarricense.
Artículo publicado en la revista internacional MEER.com el martes 23 de enero del 2024 y compartido con SURCOS por el autor.
La Universidad de Costa Rica se encuentra ante una encrucijada que amenaza con alterar su estructura interna y la calidad de la educación superior en el país. La implementación de la Ley Marco del Empleo Público, en marzo de este año, ha desatado debates cruciales sobre el futuro de la institución.
Uno de los puntos de mayor controversia es la posible adopción del «salario global». Esta medida, que implica asignar salarios según categorías predefinidas sin tener en cuenta la experiencia, antigüedad o talento individual, plantea serias preocupaciones. En un contexto de presión fiscal, donde la contención del gasto es primordial, la implementación del salario global podría poner en riesgo la capacidad de la universidad para atraer y retener profesionales altamente calificados.
En un país que ha destacado en la región por la calidad de su educación superior, el riesgo de desincentivar a los profesionales mediante salarios no competitivos es evidente. La Dra. Juliana Martínez Franzoni señala que Costa Rica ha perdido su rumbo, y este dilema amenaza con agravar la situación.
La discusión se amplía al impacto en la autonomía universitaria, un pilar fundamental de la democracia costarricense. La autonomía universitaria, según la Constitución Política, garantiza que las instituciones puedan organizarse y regularse sin interferencias externas. La propuesta del salario global amenaza directamente esta autonomía, otorgando al Poder Ejecutivo un control significativo sobre la política salarial de instituciones autónomas.
El profesor Mauricio Castro, experto en Derecho Laboral, destaca cómo el salario global representa una amenaza para la estabilidad laboral y la capacidad de negociación de los trabajadores. Además, la posibilidad de congelar salarios y la falta de pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre ciertos aspectos generan incertidumbre.
En un contexto histórico que llevó a la democratización del poder tras situaciones de caos y corrupción, es crucial recordar la importancia de mantener límites al Gobierno Central y preservar la autonomía de las entidades públicas.
La comunidad universitaria, consciente de la necesidad de una revisión salarial, insta a un diálogo abierto y constructivo que permita encontrar soluciones equitativas sin comprometer la calidad educativa ni la autonomía institucional.
Compartimos tres breves videos explicativos de aspectos claves de este tema y una charla amplia del doctor Mauricio Castro:
En el mundo académico se dice que el concepto de Estado fallido, carece de precisión a causa de ser utilizado de forma indiscriminada y abiertamente que entra en riesgo de ser aplicado para caracterizar a todo Estado que, en un momento dado, tenga problemas de estabilidad, ya sea política o económica, o cualquier otra de orden interno. También se le señala de ambiguo, ligero y políticamente utilizado por las potencias mundiales con el propósito de mantener o lograr sus intereses.
Sin embargo, en este escrito no se pretende hacer uso de algunas precisiones vinculado al concepto de Estado fallido, con el fin de validar la situación crítica que vive el país, sino, como una posibilidad producto de los eventos por los que está transitando el Estado, en este caso, en torno al contexto judicial; esto desde que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hicieron conocer la prórroga de su mandando hasta que la Asamblea Legislativa preseleccione a candidatos, en diciembre de 2023.
Con base en lo anterior mencionado, ¿por qué se dice que Bolivia estaría transitando a un posible Estado fallido vinculado a la justicia? Por una parte, se puede decir que, debido a la prórroga de mandado del TCP, lo cual, se puede entender como abuso de poder y ataque contra la democracia. Por otra, a causa del manejo deficiente e incapacidad del TCP de dar respuesta a las demandas de la población. Con los cuales, el TPC ha expuesto una ausencia de institucionalidad consistente y reconocible, con ineptitud de representar al Estado ante su población y ante al exterior.
En ese sentido, lo anterior muestra al gobierno como incapaz de lograr estabilidad política por sus propios medios, por lo que, requirió de ayuda del TCP. Esto, se puede decir, a causa de haber perdido el monopolio en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Con lo que ha generado una crisis jurídica generalizada. Lo cual, está llevando al país a un proceso de debilitamiento o Estado fallido a través de un conflicto jurídico interno, en contubernio del gobierno y TCP en contra de las facciones políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional en desacuerdo con los magistrados autoprorrogados; por ende, en contra la ciudadanía boliviana.
Inicio con esta frase tan bella del Popol Vuh, nuestro Popol Vuh, que me la hizo llegar mi dilecto amigo el expresidente Luis Guillermo Solís. Yo le respondí que haría falta señalar que, con la juramentación del ahora presidente constitucional de Guatemala, Bernardo Arévalo, se ha ganado una “batalla” importante para hacer renacer una verdadera democracia en Guatemala, pero la lucha será mucho más larga y compleja.
¿A qué herencia hay que renunciar?
Guatemala es probablemente el país que posee la estructura social más oligárquica en todo Centroamérica. Y, esto es una herencia de la colonia que, las fuerzas democráticas guatemaltecas no se han logrado quitar de encima.
En la década de los años cuarenta se produjo en el más nórdico de los países del Istmo centroamericano, el inicio de la llamada “primavera democrática”. Esta “primavera” se abrió con la “revolución democrática” de octubre de 1944, encabezada justamente por el padre del actual gobernante de Guatemala, Juan José Arévalo. ¿Revolución? Sí, porque como nos dijera en una oportunidad a varios revolucionarios costarricenses, el prócer asesinado por las crueles balas del ejército y la oligarquía guatemalteca, Meme Colom Argueta: “en nuestro país (Guatemala), para impulsar reformas democráticas, así chiquititas -y nos mostró sus dedos pulgar e índice de su mano derecha casi juntos- hay que hacer una revolución así grandotota -y nuevamente nos mostró esta vez sus dos manos ampliamente extendidas para evidenciar la diferencia-“.
El gobierno de Arévalo puso una detente a muchos años de regímenes militares de los más bárbaros y despóticos de la historia de los países centroamericanos. Aquellos regímenes militares estaban coludidos con la oligarquía más rica, aristocratizante y antidemocrática de los cinco países que tradicionalmente han constituido Centroamérica. Los militares eran los guardianes de la enorme riqueza amasada sobre la base de la explotación principalmente de la población originaria de Guatemala; sin duda la más extendida en todo el “Istmo”, conformada por diferentes etnias y poseedora de una rica tradición cultural: los Mayas. No obstante, no poco han ayudado los estudiantes universitarios, los intelectuales y hasta sectores minoritarios y democráticos de las fuerzas armadas a apuntalar las luchas progresistas y anti oligárquicas en Guatemala.
Y ¿cuáles fueron esas reformas “pequeñitas”, según la expresión del prócer Meme Colom? Los costarricenses sabremos aquilatar su significado, ya que la primera y fundamental reforma fue la conquista del código del trabajo en 1947. Mediante este código se puso fin a la denominada “Ley de vagancia”, mediante la que se sometió a muchas personas que vivían en el mundo de la pobreza y de la miseria a jornadas laborales extenuantes. Por medio de la seguridad social se legalizó el derecho de huelga, se le otorgó además el derecho al voto a todos los varones mayores de edad y a las mujeres que supieran leer y escribir.
Al terminar con el trabajo forzado, se desestructuró la hacienda como matriz societal de más larga duración; la cual era otra herencia funesta del período colonial, nos dice Julieta Rostica coordinadora del Grupo de Estudios sobre Centroamérica de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Todos estos cambios formaron parte, en principio, de la Carta Constitucional de 1945. En ella se estampó un precepto constitucional que denominaron “la función social de la propiedad”, el cual sirvió de base para la ley de “Reforma Agraria” que se impulsó en el segundo gobierno de la “revolución democrática”, el de Jacobo Árbenz en 1952. Durante el primer gobierno de Arévalo, también se había promovido una reforma educativa, se impulsaron campañas de alfabetización, se reabrió la Universidad Popular de Guatemala, florecieron las escuelas nocturnas para trabajadores, se impulsó como nunca la educación rural y la formación de maestros. También desde el Congreso de la República Antonio Colom Argueta impulsó otras tantas reformas a la educación, entre ellas el “Escalafón de maestros”.
El gobierno de Árbenz fue más radical que el anterior del presidente Arévalo; de hecho, se ganó el mote de “gobierno comunista”, desatando con ello una marejada contrarrevolucionaria, que derivó en un levantamiento militar alentado por la siniestra CIA de los Estados Unidos, dando al traste con los gobiernos de la “primavera democrática” de Arévalo y Árbenz. La “Reforma Agraria” llevó las cosas a un punto que los conservadores sencillamente no soportaron, asimismo, para la United Fruit Co., que acaparaba el 80% de la tierra cultivable en Guatemala, la erradicación de la “Ley de Trabajo Forzado” resultó un hecho insólito e insoportable. Ambos sectores, el de la oligarquía ultraconservadora y la United Fruit Co. financiaron el levantamiento militar junto a la CIA estadounidense, a cuyo frente se colocó el coronel Carlos Castillo Armas, quien entró por la frontera desde territorio hondureño y avanzó hasta la capital, provocando la caída nueve días después de Jacobo Árbenz. (Cfr. Oliva, Ayelén. “¿Quién fue Juan José Arévalo, el padre del nuevo presidente de Guatemala que lideró la “revolución de octubre” hace 80 años? BBC News Mundo. enero 2024).
A partir de ese momento, la represión desatada por los militares contra los sectores populares se tornó sumamente violenta, derivando en consecuencia, en una ola de asesinatos y cárcel contra todo el que se insubordinaba, el proceso en su integralidad estuvo exento de juicio previo. Todavía después de Castillo Armas, prosiguieron los crímenes y las desapariciones, que se han llegado a contabilizar en 200.000 personas entre 1978 y 1990. Es pues a esta herencia de latrocinio y arbitrariedad por parte del Estado guatemalteco, a la que se debe renunciar, y es debido a ello que, al actual mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo le costó tanto ser juramentado el 14 de enero, pasada la medianoche.
Bernardo Arévalo: por la verdadera democracia.
El actual presidente Arévalo, fue juramentado pasada la medianoche, junto a su vicepresidenta Karin Herrera, hecho que se efectuó simbólicamente en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Esta juramentación se llevó a cabo, no sin que antes se hubiese escenificado un intenso debate entre diputados oficialistas y miembros de la oposición, próximo a enfrentamientos violentos entre los representantes del pueblo. En contrapartida, en las calles aledañas al Congreso también se encontraron las fuerzas policiales de la represión en la capital guatemalteca y las fuerzas populares que desde temprano inundaron las calles del centro de la capital y en los alrededores del Congreso.
Con antelación la fiscalía de la Nación había iniciado un espurio proceso contra el ahora presidente constitucional de Guatemala. Este proceso llevaba la intención de impedir que Arévalo y Herrera asumieran el poder político. Arévalo en varias ocasiones y en distintos foros denunció que se fraguaba en su contra un “golpe de Estado”. Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral se pronunció validando el proceso electoral como legítimo, consagrando así, el triunfo de Arévalo y Herrera en las urnas electorales por un porcentaje de votos superior al 60%. Asimismo, la Corte Constitucional rechazó todos los recursos de amparo presentados por políticos de la oposición contra el proceso electoral, pretendiendo tacharlo de fraudulento. Todo esto preconiza las difíciles condiciones en medio de las cuales le corresponderá desenvolverse al actual gobierno, cuya misión política fundamental estriba en reestructurar el sistema democrático guatemalteco. El apoyo popular recibido será el principal bastión con que contará Bernardo Arévalo en el tanto que él, su vicepresidenta y el enorme movimiento popular que ahora los apoya, conserven esa unidad férrea de contenido anti oligárquico, antimilitarista y por una democracia verdadera.
Los enemigos que tienen enfrente no pueden ser subestimados; en esencia, son los mismos que intentaron tantas veces sabotear al Gobierno Constitucional de Juan José Arévalo, padre del actual mandatario y que le propinaron un golpe de Estado al siguiente gobierno del coronel progresista Jacobo Árbenz Guzmán, desatando la contrarrevolución y una represión generalizada contra el pueblo guatemalteco, “los de a pie” como se les dice tradicionalmente. Son los mismos enemigos, excepto uno, por ahora: el gobierno de Los Estados Unidos, encabezado por su presidente Joe Biden, quien ha estado apoyando en todo momento que se llevara a cabo el traspaso de poderes de una manera pacífica. De igual manera, esta vez la Organización de Estados Americanos, OEA, que preside Luis Almagro, ofreció su apoyo irrestricto al presidente electo. Ya era hora que la OEA se apuntara a favor de una causa justa para el pueblo.
Así quedó finalmente constituido el nuevo gobierno democrático de Guatemala, en una larga, aunque fructífera noche. Su objetivo cardinal, la consecución de una democracia verdadera en Guatemala será una tarea harto compleja, jalonada de muchos riesgos en el camino; la solidez democrática, el apoyo popular y la legitimidad que ha ganado el gobierno que recién asumió el mando de la Nación, hacen pensar que esta vez, el movimiento popular se puede solidificar junto a su gobierno con el objeto de poder cumplir así una tarea de gran trascendencia y calado en Guatemala y en todos los países del Istmo centroamericano. Es una responsabilidad histórica.
Enviado a SURCOS por el autor.
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