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Etiqueta: democracia

La ignorancia, la educación y el poder en la pandemia

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La ignorancia ha sido usada como epíteto contra adversarios, sin embargo, no existe nadie que carezca de conocimiento, todos poseemos conocimientos, pero nadie tiene los mismos conocimientos ni posee todos los conocimientos existentes. Así, todos somos ignorantes y sabedores de muchos conocimientos. No es un atentado contra la autoestima reconocerse ignorante, sin embargo, es vergonzoso no reconocerlo, porque la autosuficiencia omnisapiente del ignorante, es una posición atrevida, absurda y contradictoria.

Tampoco la ignorancia puede ser interpretada como contraria a la ciencia, pues la ciencia admite su ignorancia para superar sus propios conocimientos, descubrir nuevas realidades y crear nuevas explicaciones de realidades desconocidas. T.S. Eliot, en 1928, lo sintetiza en un ensayo: “No debemos dejar de explorar. Y al final de nuestras exploraciones llegaremos al lugar del que partimos, y lo conoceremos por primera vez” y lo reiteraba en un poema en 1934: “Todo nuestro conocimiento nos acerca a nuestra ignorancia”. La ciencia omnicomprensiva no existe, imaginarla absoluta, dogmática o estática, contradice lo que pretende comprender y explicar.

El sabernos ignorantes tampoco es motivo de satisfacción en las relaciones con las personas, organizaciones, la sociedad y el mundo, pues al desconocer el medio donde vivimos y trabajamos y nos relacionamos, perdemos libertad y somos víctimas de quienes pretenden modelar y dominar el devenir de los otros. Las nuevas interpretaciones son exigencias cognoscitivas, ante un mundo que se modifica radicalmente. Creer que todo puede seguir igual en medios convulsos, inciertos e imprevisibles, es sin duda, un conservadurismo regresivo, que impulsa prácticas caducas y fallidas. El nuevo conocimiento crea dudas, interrogantes y cuestiona lo que creíamos saber y dominar, luego aferrarse al pasado, sin reconocer el dinamismo del presente, satisface nuestras creencias y reafirma ideologías, pero alejadas y separadas de los acontecimientos y realidades que se reconstruyen permanente. Somos ignorantes de nuestra propia ignorancia, imposibilitados de reconocer y descifrar las inconsistencias de las creencias, ideologías, prejuicios y contradicciones del devenir cotidiano.

En el presente costarricense donde prevalece la autocracia sobre la democracia, la certidumbre sobre la relatividad de un mundo incierto y dinámico, es un absurdo sustentarse en falsos e inexistentes universos absolutos, aunque no pocos graduados universitarios pregonan y aplican repetitivas y estandarizadas certezas, a pesar que las realidades requieren interpretaciones particulares, complejas y holísticas. Aspectos sobre los que no se habla, analiza ni discute, por el contrario, se difunde mediáticamente e incluso se difunden en las aulas de algunas universidades, donde no importan las inconsistencias ni las contradicciones, pues se repite lo que muchos creen y hacen, sea por tradición, creencias, ideologías, prejuicios, estereotipos o por prácticas impuestas desde poderes ignorantes. El desarrollo del quehacer científico e investigativo convierte en conocimiento vulgar el pensamiento predominante, así como revela totalitarismo en algunas de las autodenominadas democracias.

La ignorancia sobre la falsedad de las certezas o verdades disciplinarias, no solo afecta el conocimiento sobre la situación y condición de la realidad, sea esta individual, social u organizacional, también puede tener efectos perniciosos en los negocios, la salud, el bienestar o el desarrollo, cuando se toman decisiones sobre realidades que se desconocen o que se pretenden modelar al antojo e interés.

Así, cuando los actuarios estiman que el régimen de pensión es insostenible, proponen aritméticamente, el aumento de las cotizaciones y cuotas, encubriendo ineficiencias administrativas y transgresiones políticas a los ciudadanos y justifican que sean los trabajadores quienes resuelvan la crisis fiscal del gobierno. De modo similar, las operadoras del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) se apropian y deciden sobre los dineros que no les pertenecen y en casos excepcionales, -como posiblemente se aprobará a partir del 28 de julio en la Asamblea Legislativa-, se devolverán parcial y en eternos tractos a sus dueños, que deberán demostrar a la burocracia estar sin trabajo remunerado, a pesar que la crisis muchos trabajadores están impedidos de satisfacer sus necesidades e inclusive afecta su alimentación y salud familiar, lo cual es evidente y no requiere demostración ni certificación patronal alguna.

Las necesidades básicas insatisfechas de los asalariados inciden en sus demandas por reanudar sus labores para la obtención del salario de subsistencia, esa es su verdad, la cual coincide con las exigencias empresariales por la apertura de sus negocios para seguir obteniendo ganancias, -en muchas pequeñas y microempresas las ganancias son una transfiguración del salario-, pero para los dueños del capital, su verdad es incrementar sus riquezas con el trabajo de los asalariados. Son verdades polarizadas socialmente distintas y contradictorias, aunque son mutuamente dependientes, pero los dueños del capital cuentan con el servicio de una estructura social, política y económica que los beneficia, mientras que la institucionalidad pública, que debe auxiliar, amparar y proteger a los excluidos del poder, es débil, precaria, burocrática y caótica.

Las autoridades sanitarias, intelectuales y entidades internacionales de la salud, coinciden en que la reanudación de los negocios, sin vacuna ni tratamientos eficaces para contrarrestar la pandemia, incrementará el número de infectados que colapsará nuestro sistema hospitalario, con las fatales consecuencias, así como alterará dramáticamente la vida de sus familias y compañeros. Esta consideración no es una especulación, ya ocurre en otros espacios y también se inicia en Costa Rica. No obstante, los empresarios, el gobierno, los legisladores y magistrados no les interesa esa realidad y prefieren ignorar las previsiones y advertencias, así como eluden las contradicciones con las autoridades sanitarias para continuar la flexibilización y la eliminación de las restricciones sanitarias. ¿Podrá ser desconocimiento de los efectos de la eliminación de las medidas de las sanitarias, o es más bien una intención premeditada deshumanizada y totalitaria?

Las personas que están obligadas a trabajar se exponen a enfermarse, ante la fragilidad de la asistencia y ayuda estatal, como aquellas que son engañadas con la publicidad gubernamental y empresarial de supuestas y absolutas garantías sanitarias, son personas obedientes y disciplinadas al poder, y su confianza se trastoca en ignorancia, que les limita evitar el contagio y difusión del Covid-19 del cual además aún se ignoran todas las características de sus diversos modos de diseminación.

La transparente subordinación del poder político a los imperios de los dueños y administradores de negocios, que no les importa la salud pública ni la vida de trabajadores ni clientes, al fin y al cabo y otra vez más responsabilizarán a la población por irrespetar los cuidados sanitarios, dejando inmunes e impunes al gobierno y a los mercaderes causantes de la propagación de la enfermedad pandémica, como un medio para las determinaciones políticas contra las libertades, la democracia y la liquidación de la institucionalidad y el Estado Social de Derecho.

A través de los tiempos, la ignorancia y la obediencia ciega han sido los medios usados para el dominio y la explotación, así como, lo es para eliminar todo tipo de resistencia al poder y su perpetuación. En algunos contextos y en diversos periodos, la educación fue un contendiente radical contra la ignorancia y el poder tiránico, pero hoy la educación está debilitada, controlada, descontextualizada y es indiferente ante la problemática pública y nacional, así como pasiva en su función cognoscitiva transformadora de la sociedad. Al parecer, la educación sufre también el impacto conservador del presente, al reeditar su significación etimológica, relacionada con los actos de “reducir, seducir, inducir y conducir”, atributos propios de las prácticas políticas totalitarias.

La educación formal contemporánea al repetir caducos conocimientos, ya no reflexiona ni cuestiona interpretaciones sobre las realidades ni el poder. La supeditación política de la educación reproduce ignorancia. ¿Será la sabiduría de nuestra ignorancia la que nos de la fuerza para dudar y cuestionar el poder? En cualquier caso, la educación requiere ser pensada y revisada con una alta dosis de pensamiento crítico, pero ello no la exime de su compromiso con los procesos políticos en la pandemia.

Enseñando dogmas se impide la discusión, debate y el disenso en las aulas y en el quehacer cotidiano. En nuestro contexto, rebelarse contra la obsolescencia cognoscitiva, obtiene desaprobación y exclusión del poder prevaleciente y de los medios privados de difusión, como es de suponer, pero es lastimosa la función educativa que crea los peores analfabetos que, a decir de Ortega y Gasset, son los que sabiendo leer y escribir, no leen ni escriben, como pernicioso es el dicho acuñado, ante el temor a represalias y críticas, “calladito más bonito”. ¿Acaso en Costa Rica somos felices conservadores por temerosos e ignorantes?

La ignorancia se difunde mediáticamente y aprueba la repetición de falsedades, como la absurda negación de la existencia de la enfermedad pandémica por parte de fanáticos fundamentalistas amigos de viaje de las fuerzas políticas más conservadoras; la falaz creencia de que el cumplimiento de las restricciones sanitarias de manera individual, en un medio contaminado, es garantía para no contaminarse; o que la crisis se resuelve confiscando salarios a los trabajadores, entre otras mentiras, mientras se busca silenciar a quienes relativizan o cuestionan falsas verdades y anquilosados conocimientos.

Las falsedades son certezas para el ignorante, como la reiteración de las mentiras por parte de los medios y del poder tiránico, son parte de proyectos totalitarios. Voltaire lo escribía en 1736, como parte de las prácticas autoritarias: “Es necesario mentir como un demonio, sin timidez, no por el momento, sino intrépidamente y para siempre […] Mentid, amigos míos, mentid, que ya os lo pagaré cuando llegue la ocasión.” Al parecer, el poder totalitario, en todos los tiempos ha tenido en la mentira, en un recurso para la conservación y reproducción del poder, como también es el medio para que tiranos reclamen democracia como lo hacía Hitler, antes de alcanzar el poder estatal, o lo hacen actualmente los empresarios en la pandemia.

[1] Es catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Planteamiento público al Presidente Carlos Alvarado Quesada

COORDINADORA PATRIOTICA ALAJUELENSE
JUAN SANTAMARIA

23 de julio del 2020

Carta Pública

Sr. Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República de Costa Rica

Miles de costarricenses integrantes de organizaciones sociales, cívicas, sindicales y ambientales coincidimos en que llegó la hora de hacer ejercicio de nuestros derechos y deberes ciudadanos, ante la crítica situación fiscal, económica y social, y nos vemos en la obligación de hacerle públicamente el siguiente planteamiento.

Para nosotros y para miles de costarricenses es evidente que en esta situación de pandemia, las libertades que tanto apreciamos están bajo la amenaza de grupos privilegiados que utilizan la crisis para mantener, reforzar y ampliar su control del poder político y así obtener mayores beneficios económicos, consolidando una preocupante e inaceptable plutocracia.

Además, somos conscientes de que nuestros antepasados instauraron la democracia como sistema para proteger los derechos de todos los ciudadanos, especialmente los de minorías y grupos vulnerables.

También tenemos claro, que quienes ahora intentan reforzar su control del poder, son los que en las últimas décadas han minado y debilitado sistemáticamente esos derechos logrados durante décadas de trabajo colectivo para lograr la democratización. Ese ha sido también un trabajo de búsqueda de igualdad y de oportunidades.

Sabemos que en este momento la democracia es más importante que nunca y estamos dispuestos a defenderla en cualquier momento y en cualquier terreno, incluyendo la calle.

La democracia real, no la del papel, permite a la sociedad civil movilizarse, enfrentar las desigualdades, debatir abiertamente los asuntos políticos, distribuir información confiable y pedir la rendición de cuentas. En estos momentos de crisis necesitamos y vamos a defender esa democracia, en los medios y en las calles.

Aún más, nuestra democracia y nuestra Constitución Política establecen que el gobierno de la república ha de ser popular, representativo, PARTICIPATIVO, alternativo y responsable, Lo ejercen el PUEBLO y tres Poderes distintos e independientes entre sí.

El respaldo constitucional de los artículos 9 y 11 nos convoca como PUEBLO hoy y aquí a hacer los siguientes planteamientos que usted por deber constitucional no puede obviar.

Los políticos en los últimos 25 años han saqueado las arcas del Estado a través de actos de corrupción (INS reaseguro 1.220.100.000 de colones (PUSC), Pacto La Nación- Hacienda 2.100.000.000 de colones, Canal 7 obligado a pagar 3.724.419.539 de colones, platina (PLN) 7.000.000.000 de colones, cemento chino (PAC) 18.592.000.000 de colones, Caja Fischel (PUSC) 18.600.000.000 de colones, Yamber (PAC) 21.500.000.000 de colones, Préstamo Español (PLN) 23.240.000.000 de colones, trocha (PLN) 50.000.000.000 de colones, pensiones de lujo (PAC-PLN-PUSC) 663.002.340.000 de colones ) que sumados alcanzan la muy importante suma de 804.039.285519 millones de colones, cerca del 2.7% del PIB.

Además el Estado, por maniobras cuestionables de esos mismos políticos han llevado la deuda del Estado con la CCSS a la inimaginable suma de al menos 1.8 billones de colones al 2020.

Esto lo han hecho los negligentes e irresponsables del PLUSC_PAC, coludidos con empresarios que han actuado directamente en contra de esa institución a través de tácticas dilatorias y hasta evasión y elusión crónicas, que han hecho sucumbir la seguridad social, pero también al margen de sagrados principios, valores y deberes constitucionales.

Más recientemente como parte del proyecto de Plan Fiscal (PAC, PUSC, PLN, RN, NR, PIN) se otorgó una amnistía tributaria al sector privado de 194.000.000.000 de colones (0.7% del PIB). Por otro lado el Gobierno de Costa Rica informó este miércoles 1 de Julio que el déficit fiscal del 2019 cerró en el 6,96 % del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra más alta de los últimos años y que superó en un punto porcentual a la del 2018. Los efectos de la pandemia podrían estar llevando el déficit fiscal alrededor del 10% del PIB. La deuda externa de nuestro país alcanzaría para fin de año los 43 mil millones de dólares.

Apenas la última semana de Junio, como acciones para cargar una vez más el déficit fiscal y los efectos de la corrupción de los políticos de las últimas décadas sobre las espaldas del pueblo, se anuncia la posible venta, probablemente a precios de remate para negocio de políticos nacionales, de parte importante del patrimonio común de los costarricenses. Vale decir el BICSA, el BCR, FANAL, RECOPE y KOLBI de ICE), en unos 532.000.000.000 de colones, cerca del 1.4% del PIB. Todo eso como parte de las negociaciones, por cierto muy opacas, entre uno de los poderes de la república (sin participación del pueblo y en violación del artículo 9 de la Constitución) con el FMI, a quien su administración le ha solicitado financiamiento para que el pueblo pague las sumas considerables de dinero que los políticos y empresarios corruptos se han robado en los últimas dos décadas.

Ciertamente como pueblo consciente de este saqueo, no vamos a permitir que nos vendan las joyas de la abuela. Esa es una acción más de los poderosos que nos quieren robar la democracia endeudándonos y empobreciéndonos aún más, comprometiendo injusta e irresponsablemente a las futuras generaciones.

También tuvimos la oportunidad de escuchar una entrevista a su exministro de Hacienda en el medio digital EL Faro el 28 de Junio de 2020, en la que se mencionan datos escandalosos pero muy clarificadores de los asuntos internos de la hacienda pública.

Estos datos dejan claro que la solución de los problemas fiscales no está en las cosas que hasta ahora se han hecho o se proponen, sino casualmente en lo que no se ha hecho, como es el control de la evasión y la elusión, entre otras cosas, y en lo que los políticos de turno y los burócratas tecnócratas no están dispuestos a trabajar como es su obligación ética y legal en cumplimiento de la ley 8292 (Ley general de control interno).

Los datos que se dan a conocer por parte del exministro Chaves no pueden ser ignorados, ni puede el Poder Ejecutivo decir que no son reales porque vienen casualmente de su exministro de Hacienda.

De acuerdo con el exministro la evasión fiscal en Costa Rica está entre los $3.800 millones y los $5000 millones (entre 2,2 y 2.9 millones de millones de colones), entre el 6% y el 8% del PIB. Una suma a todas luces escandalosa que hace palidecer lo recaudado por el mismo plan fiscal impulsado por su gobierno y la Asamblea Legislativa, además de que nos deja muy claro que en Costa Rica no existe un déficit fiscal, lo que existe es una enorme evasión fiscal.

La recaudación de los montos de dinero que son del gobierno de la república, y que algunos no pagaron y se dejaron esas exorbitantes sumas de dinero terminaría con el problema fiscal de manera eficaz, eficiente y expedita mediante un decreto suyo.

Con voluntad política y con manejo efectivo de la autoridad que les otorga el puesto, al presidente, al ministro de hacienda y a los burócratas de mandos medios y ejecutivos, en cuestión de 3 o 4 años se recaudaría esa suma que se roban los evasores. Esos montos no solo pagarían el déficit fiscal en casi su totalidad, sino que serían montos mucho más altos que los montos que el mismo FMI nos podría prestar. Tampoco tendríamos que vender ninguno de los preciados e invaluables bienes patrimoniales de los costarricenses.

Evidentemente no tiene explicación alguna el querer endeudarnos cuando no necesitamos hacerlo, excepto que existan intermediarios percibiendo jugosos ingresos por asesorar en el trámite de préstamos y/o el de “venta de activos” del Estado. Lo que necesitamos es recuperar el dinero que algunos se vienen robando de la hacienda pública y esto es lo que exige el Soberano a usted (y a su gobierno), electo en el marco de una elección popular y de la Constitución Política, la cual usted juró cumplir y la cual nosotros tenemos el derecho y el deber de vigilar y garantizar que se haga valer y prevalecer, por encima de presiones, privilegios e intereses corporativos o individuales, nacionales o extranjeros.

Según lo dicho en esa entrevista solo se requiere de una inversión de entre $150 y $250 millones en la compra y puesta en práctica de los instrumentos tecnológicos requeridos para iniciar la recuperación de esos dineros. Por supuesto, además sería imprescindible la voluntad política para hacer lo que a todas luces hay que hacer y que es precisamente lo que el pueblo exige hacer.

No es posible que tengamos a mano la solución a mediano plazo de la situación fiscal y no se tenga la voluntad política de un gobierno que se llama democrático para ejecutarla. No podemos permitir que se esté comprometiendo el futuro de varias generaciones por la inacción, colusión o complicidad del gobierno en una situación como la que tenemos entre manos y que ya no se puede seguir ocultando.

Este saqueo sistemático y paulatino de la hacienda pública, que ya es sistémico y se ha consolidado a lo largo de los años, está acompañado de un proceso de empobrecimiento de la población, de un incremento de la desigualdad, la discriminación y la exclusión, las cuales vienen a traernos como resultado un país más pobre y de muy pocas oportunidades para las mayorías. Costa Rica se encuentra entre los más desiguales de América Latina, y para no solo combatir esa desigualdad, sino también para poder desarrollarnos como sociedad con base en planes operacionales y a 25 años plazo, es necesario cerrarles los portillos a los defraudadores del fisco.

Este país ocupa el tercer lugar en desigualdad en América Latina. Sabemos que la desigualdad es el resultado de las políticas de un país. En nuestro caso ese grado de desigualdad se da como resultado de las acciones y presiones que sobre el Estado han ejercido tradicionalmente los grupos poderosos, para su propio beneficio. De esta manera, la distribución de la riqueza simplemente dejó de darse y pasó a unas pocas manos. Son las mismas manos que ahora nos tienen en esta encrucijada fiscal.

Ante todo esto, el pueblo, representado en las más diversas organizaciones sociales exige que:

1-su gabinete le explique al país porqué insiste en tomar medidas económicas en contra del pueblo y en buscar endeudamientos muy negativos para nuestro futuro, mientras existen opciones viables para solventar los problemas, siempre y cuando se tenga el coraje, la entereza moral y la voluntad política para hacerlo. Es imperante en esta hora de la historia que usted dé soluciones de cara al pueblo de Costa Rica, es decir ante el cuarto poder que también debe constitucionalmente ejercer el poder en este país a la par del Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo.

2- escuche al pueblo que por derecho y mandato constitucional también ejerce el poder

3- no se vendan empresas del estado (banca estatal, ICE, FANAl, RECOPE y otras)

4-no se vendan activos importantes del país

5-el gobierno se abstenga de aprobar más deuda externa e interna

6-se inicie de inmediato el proceso de instrumentalización de la Hacienda Pública para el cobro urgente a los evasores.

7- rinda cuentas al pueblo explicando las razones que le impiden, como presidente, tomar este camino constitucional de solución expedita, contundente, eficaz, eficiente , legal y ética a los problemas financieros del Estado y que es, además, un camino mucho más beneficioso y menos agobiante para la mayoría de la población, sabiendo que en materia de control de la evasión y la elusión fiscal, tendría usted garantizado el respaldo total del 99% de los costarricenses .

8-rebaje los salarios a los más altos funcionarios de Hacienda por su ineficiencia y por haber permitido esa escandalosa evasión.

9-aplique la equidad en la carga que debemos pagar todos los costarricenses ante esta crisis fiscal, económica, social y de salud asociada con el Covid-19, de manera que se cumpla con el artículo 33 de la Constitución Política que dice:

Artículo 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Reforma dada por ley No.7880 y Publicada en la Gaceta 118 del 18 de junio de 1999.

10-aplique justicia tributaria, de manera que paguen más los que más tienen.

11-proceda a eliminar las odiosas e inconstitucionales exoneraciones tributarias que por su naturaleza discriminatoria maltratan otros sectores del país.

12-cesen de amnistías para sectores económicamente poderosos

13- se detenga la desigualdad por medio de la aplicación de un sistema tributario que en efecto controle la evasión y la elusión.

14- explore otras fuentes limpias de ingreso económico para el Estado (complementarias a los Impuestos).

15- realice un inventario de gastos innecesarios, para eliminarlos o reducirlos: pago de asesorías superfluas, pago a organismos internacionales como OCDE y otros.

16- efectúe un inventario de gastos en pensiones de lujo y pensiones a difunto, con miras a reducir o eliminar, según corresponda.

17-Lidere un verdadero, nuevo e histórico Pacto Social de cara al bicentenario en el que participen todos los sectores que democráticamente deben de participar.

Para todo esto tenemos los instrumentos y las condiciones. Lo único que nos falta en este proceso es la voluntad política para hacerlo y esa es nuestra mayor exigencia en este momento.

Los ciudadanos que dieron su voto para elegirle presidente, igualmente le exigen en este momento esa acción determinante para un futuro menos doloroso, de mayor esperanza y más digno para Costa Rica.

COORDINADORA PATRIOTICA ALAJUELENSE JUAN SANTAMARIA
Por la consolidación de instancias regionales de unidad en la diversidad de los movimientos sociales
POR LA ARTICULACION PROPOSITIVA Y UNITARIA DEL PUEBLO COSTARRICENSE

Por prudencia señor presidente no nos invite a la desobediencia civil

Dr. José Solano Alpízar

Ciudadano presidente Carlos Alvarado usted está haciéndonos una invitación pública al pueblo de Costa Rica para que nos lancemos a la calle en medio de la pandemia, lo suyo es una invitación a que realicemos una protesta como nunca antes la ha habido desde los tiempos de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio (TLC), que no era ni tan tratado ni era tan libre. Usted, con su accionar a favor del gran empresariado reunido en la UCCAEP está invitando a la ciudadanía costarricense a la desobediencia civil al contribuir a que los dueños del poder económico sigan lucrando con el dolor de las personas y el hambre de todo un pueblo.

Usted, el rico empresariado y los líderes políticos del PLN, PUSC, PAC y Nueva República le han dicho a la ciudadanía que prefieren gobernar para la agenda económica oculta que dirige la estrategia de mercantilización y privatización total, que buscar alternativas que favorezcan realmente al país y a la sociedad como un todo.

Se equivoca usted señor presidente cuando anunció el 11 de julio en cadena nacional que concertará las medidas económicas de shock con los diputados y los líderes de las fracciones políticas de los partidos. Se le olvidó a usted un pequeño gran detalle, la democracia no está constituida por la Asamblea Legislativa o los desprestigiados partidos políticos corruptos que pululan en ella, la democracia costarricense la conforman cientos de agentes sociales y políticos como los sindicatos, los educadores, los obreros, los campesinos, los partidos políticos no tradicionales, etc. con quienes su gobierno debe dialogar, cuando hablamos de tomar medidas que afectan a las grandes mayorías y al propio corazón de la democracia costarricense.

La ciudadanía tiene claro que pareciera que usted trabaja para la UCCAEP, ya que desde su función como presidente ejecutivo en el IMAS, pareciera haber estado relacionado con André Garnier representante de los más fuertes intereses económicos del gran empresariado, pero ahora le tocará gobernar para el pueblo costarricense, por ello usted debe detener de inmediato las leyes y políticas que atentan contra la estabilidad democrática del país y contra los sectores trabajadores, y comenzar a dialogar de verdad con el gran movimiento social que se está alineando para contener el ataque mercantil neoliberal.

Como pueblo, como ciudadanía y como representantes legítimos en quien reside la soberanía, le exigimos cambiar su agenda con la UCCAEP, por una agenda social y económica inclusiva de todos los sectores sociales y políticos.

Diferentes profesionales le han aconsejado cambiar el rumbo y tomar decisiones oportunas y realistas que no ataquen a los sectores sociales que han venido sosteniendo la economía, aún, con la política salarial regresiva que su gobierno les ha impuesto a golpe y porrazo.

Con claridad meridiana el economista Luis Paulino Vargas le ha planteado que es más pertinente crear un adicional sobre el impuesto a la renta, graduado de forma progresiva, en lugar de un recorte del 15%, que unido al congelamiento de anualidades y aumentos no solo afecta la capacidad adquisitiva de los trabajadores y sus familias, sino que lesiona el consumo y por ende inhibe la reactivación económica.

El economista William Hayden, exgerente General del Banco Nacional le ha planteado que en lugar de realizar un préstamo por 508 millones de dólares con el FMI tome ese monto de los 8.600 millones de reservas que posee el Banco Central, reserva adquirida en gran parte con la compra de divisas, y los traslade al gobierno comprando un Bono Covid por esa suma.

Evidentemente usted no gobierna para todos los costarricenses, sino para esa élite empresarial que como una jauría hambrienta busca apropiarse de los activos del estado y acabar con las resistencias sociales y políticas de aquellos grupos que ponen en cuestión el modelo de gestión basado en el asalto de la hacienda pública y la expoliación de los sectores menos afortunados de la sociedad.

Al igual que la UCCAEP nosotros, el pueblo costarricense, tenemos una serie de puntos que queremos que cumpla decididamente como gobernante. Le hemos titulado Acuerdo por el Desarrollo Integral de Costa Rica.

  1. Detener la iniciativa conducente a la construcción del tren interurbano, pues la urgencia sanitaria y la crisis fiscal evidencian la impostergable urgencia de inyectar recursos a la salud, la educación, la obra pública establecida y sobre todo el apoyo a la producción nacional.
  2. Establecer durante un año un impuesto del 10% al gran capital que no se ha mostrado solidario con el pueblo costarricense en el contexto de la crisis fiscal y la pandemia provocada por el Covid 19.
  3. Detener cualquier intento de privatización de las instituciones públicas, tales como: ICE, RECOPE, INS, CCSS y FANAL y establecer un plan de reorganización y fortalecimiento de estas instituciones.
  4. Eliminar durante dos años la posibilidad de que las empresas que han venido declarando cero ganancias lo sigan haciendo.
  5. Establecer medidas inmediatas para reducir al mínimo la evasión fiscal que han realizado las grandes empresas, cuyos montos, de acuerdo con datos ofrecidos por el anterior ministro de Hacienda ronda el 8 % del P.I.B.
  6. Iniciar de inmediato el pago, en tractos, de los dineros que el gobierno le ha dejado de pagar a la CCSS.
  7. Exigir que las empresas privadas morosas paguen las deudas millonarias que han venido acumulando con la CCSS.
  8. Eliminar por un año las exoneraciones a las empresas piñeras que han demostrado su falta de solidaridad y patriotismo con el violentamiento de los derechos laborales de los trabajadores costarricenses y extranjeros.
  9. Tomar prestado de las reservas del Banco Central los 508 millones dólares que se requieren y no iniciar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional que lesiona de manera drástica el futuro inmediato de nuestros hijos e hijas.
  10. Retrasar el cobro del IVA a los productos de la canasta básica a fin de ayudar a las familias de menores recursos que han visto mermados sus ingresos debido a las medidas fiscales y la crisis sanitaria.
  11. Solicitar la renuncia de la Defensora de los Habitantes por acciones que lesionan la ética en la función pública.
  12. Mantener la legislación ambiental que impide la contaminación y la destrucción de la naturaleza por parte de las grandes empresas.
  13. Mantener la prohibición de la minería a cielo abierto, porque la misma no sólo riñe con la política ambiental de su gobierno, sino también con la estrategia de desarrollo adoptada hace más de tres décadas por el país.
  14. Impedir la explotación del gas natural o la explotación petrolera en el país porque contraviene la cultura ambiental del pueblo costarricense y su declaración de paz con la naturaleza.
  15. Permitir que el ICE pueda construir obra pública, ya que ha demostrado capacidad y conocimiento, y lo que es mejor, no cobrara sobreprecios como la venido haciendo la empresa privada por décadas.
  16. Apoyar la ley de control de precios de medicamentos, garantizando que nuestros ancianos y ancianas, así como las personas de menos recursos puedan adquirir medicamentos con precios justos y razonables.
  17. Establecer un impuesto de 5% durante dos años a las empresas del régimen de zonas francas para que solidariamente contribuyan con la situación económica del del país.
  18. Readecuar el pago del marchamo 2020, reduciéndolo significativamente, debido al impacto que la pandemia y la crisis fiscal han tenido sobre los ingresos de las familias costarricenses.
  19. Mantener la ley de Fortalecimiento de la Inspección General de Trabajo y más bien redoblar la vigilancia a las evidentes violaciones de los derechos de los trabajadores en las grandes empresas agrícolas.
  20. Establecer con claridad las áreas estratégicas para el desarrollo nacional en las que la alianza público-privada puede gestionar la construcción de obra pública.
  21. Mantener la Ley de Contratación Administrativa, garantizando que las instituciones estatales puedan realizar compras entre instituciones, para no dejar a los vaivenes del mercado la compra de bienes, muchas veces sobreprecios por las empresas privadas.
  22. Desarrollar un acuerdo nacional sobre la ley de actualización de jornadas laborales que no lesionen los derechos de los trabajadores, para ello se debe discutir ampliamente la Ley de Empleo Público.
  23. Crear una Comisión de alto nivel que incorpore economistas no tradicionales que puedan buscar una salida heterodoxa a la crisis fiscal y contribuyan con sus propuestas a las necesidades de reactivación económica del país.
  24. Revisar de manera integral, seria y rigurosa del CONESUP para que realmente responda a los intereses de desarrollo nacional y no a necesidades comerciales de las empresas educativas existentes en el país.
  25. Exigir el mismo marco para la acreditación de carreras en universidades públicas y privadas, a fin de que se responda efectivamente a estándares internacionales consolidados.
  26. Fortalecer los recursos del fondo FEES, pues la democracia costarricense se fortalece en la medida en que las universidades públicas contribuyen al desarrollo nacional y la movilidad social.
  27. Eliminar la deuda política que se le da a los partidos políticos y revisar el Código Electoral a fin de democratizar los procesos electivos en particular y el proceso electoral en general.
  28. Establecer una reducción del 40 % del salario de las y los ministros, presidentes ejecutivos y gerentes de instituciones del estado por un año.
  29. Reducir 40 % el salario de las y los diputados por un año y eliminación del presupuesto de la Asamblea los rubros de pagos de servicio celular y gasolina.
  30. Que el ejecutivo solicite a la Fiscalía General de la República el estado de las investigaciones sobre el Cementazo, el caso Hidro Tárcoles y el caso Yanber, entre otros.

Como bien puede observar usted señor presidente, no sólo la UCCAEP tiene su hoja de ruta, nosotros, el pueblo de Costa Rica también tenemos una hoja de ruta y la vamos a seguir al pie de la letra.

Con nuestras mejores muestras de aprecio;

Dr. José Solano Alpízar.

 

Compartido con SURCOS por Guillermo Fernández Arias.

 

Foto: Semanario Universidad.

La verdad en la ciencia y la política

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La verdad en la ciencia es relativa, como lo es también en la política, aun cuando son totalmente distintas, porque los conocimientos científicos cambian como también lo hace la realidad en su peculiar dinamismo. En la política, o como vulgarmente se concibe a la actuación de los individuos vinculados con el poder estatal, también son verdades relativas, porque dependen de los criterios, intereses o posiciones adoptadas en determinadas coyunturas, pero esas pretendidas verdades no están sustentadas ni son comprobadas, como tampoco son fehacientes ni aceptadas por todos.

Esto es, en la construcción individualista de la verdad en la política, o de las opiniones, decisiones y acciones de los actores de la acción estatal en la sociedad, son arbitrarias y de ningún modo serán verdades para la ciencia, aun cuando afecten las realidades donde actúan. Estas características se corresponden con formas predominantes del poder estatal contemporáneo, son modos autocráticos del poder o, dicho de otro modo, no responden a intereses, necesidades o anhelos ciudadanos, por tanto, no son espacios sociales democráticos, son dictatoriales y están asociados a formas de poder del pasado, a un mundo donde no existían derechos igualitarios, ni existía ciudadanía.

La historia tiene continuidad en el tiempo, pero las significaciones de los acontecimientos se modifican, como cambian los sistemas sociales. Creer que las interpretaciones de las realidades son estáticas, a pesar de sus evidentes transformaciones y rupturas con el pasado, es un error.  La visión vulgar y mediática ha entendido la política, como el quehacer del tirano, al cual incluso se le califica absurdamente como líder, no como una ciencia que interrelaciona el quehacer estatal con el devenir de su sociedad civil.

Los autócratas del presente y del pasado han despreciado a los pobres, a los trabajadores, a los pueblos, a los hacedores de historia y constructores de culturas. Los que dan sustento al poder estatal y a la riqueza privada son, sin embargo, sacrificados por el sistema imperante y por los propietarios del capital, los cuales se han arrogado del bienestar, los recursos y la vida de personas y pueblos. Ellos agudizan su agresión, violencia y explotación en tiempos de crisis, no obstante, aceleran su desaparición, se suicidan asesinando, porque no son autosuficientes y porque no pueden vivir sin aquellos que desprecian. La ignorancia y estupidez del poder estatal y económico se exacerban con sus miedos. El presente no es una excepción, por el contrario, es una regularidad sistémica.

La verdad de los explotadores y autócratas, es la falsa conciencia del poder que les impide reconocer las evidencias de su responsabilidad en las peores iniquidades sociales, la degradación de la naturaleza y la liquidación del desarrollo, la democracia y la libertad.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Imagen: https://blog.oxfamintermon.org/que-es-la-ciudadania-en-un-mundo-global/

Elecciones a rectoría en la UNA… ¿hay candidatas?

Andrea Carazo*

En la Universidad Nacional, hay elecciones para nuevas autoridades el próximo lunes 22 de junio. El periodo de Alberto Salom y Ana María Hernández venció hace muy poco y ya hay candidaturas oficiales.

Nos preocupan y deberían ocupar muchas situaciones de la educación superior, pero hay un tema en estas elecciones inusuales y particulares en medio de la situación que atraviesa el país, que no podemos olvidar; esta es la deuda histórica de las mujeres en la Universidad en los puestos de máxima autoridad. Y a cómo avanza el proceso, ese puesto va a ser ocupado de nuevo, por un hombre.

En la campaña #EleccionesRectoría2020, de la FEUNA se señala esto como un problema estructural, pero también como un reflejo de que aún nos falta avanzar en materia de derechos de la mujer, en garantizar la transversalidad de género en el quehacer universitario y como sociedad. ¡Sí hay mujeres!, Claro que las hay. Es responsabilidad de todas y todos que esta participación sea la normalidad. No caben las excusas, ni se vale responsabilizar a las mujeres cuando los entornos son por sí mismos discriminatorios y excluyentes.

En este sentido, hay que mencionar que las tres candidaturas llevan en su papeleta tres candidatas a la rectoría adjunta, en buena hora, definitivamente, hay mujeres; sin embargo, el puesto de la rectoría adjunta ha sido relegado a nosotras, sin posibilidad (de nuevo) de asumir la cabeza de la U. En 47 años de la UNA, solamente hemos tenido tres rectoras de diez.

A la próxima gestión, considerando que la comunidad universitaria está compuesta mayoritariamente por mujeres, se exige claridad y acciones concretas que velen por la eliminación del hostigamiento sexual en los campus; mecanismos eficientes que atiendan y resuelvan las denuncias; requisitos de contratación del personal que no tengan antecedentes de violencia de género; la inclusión de bibliografía de mujeres en los planes de estudio; y por supuesto, impulsar y garantizar a mujeres en los demás puestos universitarios. Finalmente,

¡A las mujeres tomando decisiones las ocupamos hoy, vivas y visibles!  Y ya vamos tarde.

* Representante Estudiantil ante el Consejo Universitario de la UNA

Elementos gráficos utilizados por FEUNA en su campaña de información sobre las elecciones a rectoría 2020:

Entre la indefensión y la mentira más descarada

Rogelio Cedeño Castro,
Sociólogo y escritor

La imposibilidad que tenemos de reconocer siquiera los contornos más elementales, pero decisivos del mundo en el que realmente vivimos, es tan peligrosa que hasta podemos convertirnos en nuestros propios verdugos. A veces esta falta de sintonía con eso que tenemos la costumbre de llamar la realidad, es algo que se manifiesta como una pérdida hasta del instinto de conservación, que como es bien sabido es un atributo de todas las especies animales.

Por lo general vivimos en mundos imaginarios como pompas de jabón, al decir el poeta Antonio Machado, en sus Proverbios y cantares, que se deshacen después de juguetear con nuestra falta de pertinencia y sentido de la realidad. Es así como muchas gentes pasan por alto lo que se les ha gritado en su cara, como cuando Óscar Arias Sánchez, uno de los ideólogos y verdugo ejecutor de nuestra desgracia contemporánea, dijo con voz altiva y sonora que vivíamos en una “dictadura en democracia” y que debíamos prepararnos para obedecer sus sabios mandatos, teniendo en cuenta que según él “los problemas de la democracia no se resuelven con más democracia”, tal y como ingenuamente habíamos pensado desde tiempos ignotos. En vez de actuar conforme a lo dicho por este gurú de la oligarquía seguimos actuando, durante más de una década, como si tales expresiones no tenían ninguna conexión con la realidad o nunca fueron expresadas, muchas buenas almas ni siquiera lo percibieron y van camino hacia la más gloriosa inanición. El problema es que ese uno de los componentes esenciales del mundo real en que vivimos, la gran pregunta es ¿hasta cuándo lo asumiremos así y dejamos de evadirnos del gran reto que se nos ha lanzado?

En ese mundo real, nos encontramos con que la inmensa cantidad de mentiras que se repiten todos los días en la prensa costarricense y regional, particularmente en los llamados grandes medios impresos y en la televisión, es de tal magnitud que los mentirosos de oficio terminan por atragantarse con ellas ¿será que no están tan convencidos de sus siempre falsas afirmaciones, repetidas hasta el cansancio? ¿será por eso que las repiten hasta el tedio y el cansancio, como si quisieran anestesiarse? En este juego tan astuto, le han metido en la cabeza a las gentes del común la idea de que hay unos “pensionados de lujo” en este país (en realidad gentes que pagaron cuotas muy elevadas por una pensión más alta), a los que les esquilman la mayor parte de la cantidad nominal que aparece como «monto de la pensión», como tampoco saben que muchos de ellos pagan casi un millón de colones sólo por impuesto sobre la renta, además de seguir pagando o aportando para el régimen de enfermedad y maternidad del Seguro Social, además de seguir cotizando para una jubilación de la que supuestamente ya disfrutan, lo peor de todo es que no saben nada del destino final de esos fondos.

También le han hecho creer a un sector importante de la población que los subsidios que entrega la Caja del Seguro Social, a título de «pensiones no contributivas», esos pagos a personas que no cotizaron para ningún régimen, como requisito para haberse jubilado o pensionado, cuando en realidad siguen sin haber alcanzado esa condición, ya que las jubilaciones se conforman con el aporte tripartito del trabajador, el patrono y el estado (algo que fue establecido ya durante la materialización de las políticas del new deal rooseveltiano, en la Norteamérica de los años treinta), debiendo cotizarse para ello durante un importante número de años, y tener ciertos requisitos en cuanto a la edad en la que se puede alcanzar dicho beneficio.

La odiosa campaña mediática contra los pensionados del magisterio y otros trabajadores es de tal magnitud, tan persistente en su odiosidad, como en su apego a la mentira más descarada, lo que ocurre en el caso de algunas gentes como la diputada Xiomara Rodríguez, religiosa neopentescostal (presuntamente cristiana) y conversa a la fe secular de la religión neoliberal del mercado y sus virtudes mágicas, como impulsora en la corriente legislativa del adefesio llamado ley 9796, cuyas inconsistencias se evidenciaron por la notoria ausencia de estudios actuariales, lo que demostraron con creces los economistas Francisco Esquivel y Hernán Alvarado y el doctor Jorge Danilo García Hidalgo, con sus sólidas argumentaciones siempre metódicas, además de acuciosas y certeras, sobre los temas sociales implicados en la peligrosa conjura neoliberal que nos asecha, como también en defensa de nuestro estado social de derecho y de rechazo a la burla a los derechos de los pensionados del magisterio nacional. El descaro de la parlamentaria que no parlamenta(que no habla, ni dialoga nunca) es tal que insiste en hablar de “privilegios para los pensionados del magisterio nacional”, como cuando se afirma que: “(La legisladora Rodríguez)… lamentó que estos jubilados insistan en defender sus privilegios (ante la presentación de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional), más aún cuando el país vive una crisis social y financiera…” de la que no son responsables los educadores pensionados, cuando más bien hace apología de la mentira cuando dice: “Soy respetuosa del Estado de derecho, sin embargo lamento que mientras haya personas tratando de defender sus privilegios hay otros que están literalmente sin comer” pues no sólo irrespeta la legislación vigente en la materia, en especial la ley 7531 de pensiones del magisterio nacional, sino que responsabiliza con evidente hipocresía a las personas que cotizaron una vida entera por una pensión de la gran desigualdad social existente en el país, desde luego no dice ni una palabra de los evasores y elusores fiscales billonarios, ni de los malversadores de los fondos públicos, los que son autores de notorias estafas al fisco, quienes son los verdaderos privilegiados en esta sociedad… Luego agrega, con gran ligereza, que: “Tuvimos todos los cuidados en el trámite de la ley y esperamos que la Sala lo reafirme. Las pensiones de lujo no deben existir en el país y este fue el mecanismo que, la vía de la legalidad, encontramos para frenar estos abusos” insistió” (Diario Extra, martes 2 de junio, página 5), con lo que lanza una cascada de mentiras descaradas e insiste en hablar de unas inexistentes “pensiones de lujo”, a la vez que ignora la necesidad y obligatoriedad de estudios actuariales sobre estos temas, razón por la que señora diputada es quien se introduce en la vía de la ilegalidad, y en la de la burla a los derechos de los pensionados del magisterio nacional. Dicho de otra manera, se materializa en todos sus alcances, con este tipo de acciones y omisiones, la dictadura en democracia, en la que vivimos los costarricenses, aunque muchos no lo admitan o no se hayan percatado de ello.

Mienten sobre el desmantelamiento de la CCSS, una labor criminal en la que llevan ya muchos años, durante al menos un período que supera las tres décadas, negándole el pago en efectivo a la institución encargada de la seguridad social de sumas de muchos millones de colones (en realidad billones), por lo que ahora con esta pandemia están a punto de quebrarla, con lo que se agudizan las graves dificultades que hay como resultado de la mala administración de los fondos de los regímenes de enfermedad y maternidad e invalidez, vejez y muerte (IVM), que es el de la pensiones de la caja siempre amenazado por estas políticas criminales. Estos canallas mentirosos de profesión, aparentan ser los defensores del pueblo, cuando en realidad preparan el exterminio de muchos miles de personas, por vías directas e indirectas, casi por inanición en el caso de muchos de los llamados «adultos mayores». El panorama es tal que todo apunta hacia el saqueo de todos los fondos de pensiones en beneficio de los intereses del capital financiero, y de los estafadores con los llamados «fondos de inversión», como es el caso de ALDESA. ¿Cuándo tomaremos contacto con lo que verdad está ocurriendo y lo llamaremos por su nombre?

¿Democracia o Anarquía?: ¿Cuál Es El Camino A La Libertad?

Macv Chávez

Indudablemente la Anarquía, pero -siempre hay un “pero”- para ser honestos no estamos preparados para una anarquía como la pienso, acorde a estos tiempos, porque ya no estamos en la edad media ni en siglos pasados, donde la ley del más fuerte se manifiesta por las armas, porque ahora todo se mide por la inteligencia, razón por la cual contemplamos que el mundo cinematográfico -y otros- apunta a promover como normalidad las guerras bacteriológicas, algo que requiere de suficiente inteligencia para ser desarrolladas; por ende, debemos ser más inteligentes para romper las cadenas de la opresión, es decir, debemos alcanzar la sabiduría del ser, para no dejarnos someter por el sistema como si fuéramos borregos, por eso creo que la anarquía es mejor, porque la anarquía nos incita a ser sabios, a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestro yo universal.

Pero ¿por qué no elijo la Democracia si es la mejor forma de gobierno? Muy sencillo: Cuando pienso en «Democracia» se me viene a la mente la imagen donde Sócrates tiene que beber la Cicuta para demostrar que los hombres de su tiempo estaban equivocados. Lo mismo sucede con muchísimas personas que han intentado luchar contra la gran corrupción política que existe en la mayoría de los gobiernos democráticos, donde los grupos de poder controlan el poder del sistema, por ende, al gobierno que somete al pueblo para que sigan trabajando para sobrevivir y para los ricos, cosa que lo hemos podido comprobar con mayor fuerza en este tiempo de “pendemia”, porque fue una gran pendejada lo que le hicieron al pueblo los ricos y políticos.

Por otro lado, cuando pienso en Anarquía -como lo ve la mayoría del pueblo- se me vienen dos imágenes a la cabeza, la primera es la del Guasón diciendo: «Introduce un poco de anarquía, altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos. ¿Te digo algo sobre el caos? Es miedo”, cosa que me lleva a la otra imagen: las guerras civiles han terminado en Tiranía o Dictadura, debido a que toda rebelión necesita un líder, un salvador que los libere de la opresión para meterles a otra opresión; y por esta razón digo que no estamos preparados para ser libres, es decir, para una Anarquía Inteligente, acorde a nuestros tiempos, es decir, respetando el derecho y el deber que todos tenemos como personas, algo que es necesario e indispensable para trascender.

Por otro lado, pensar en una Anarquía Inteligente o Autocracia es una utopía de las más grandiosas para estos tiempos, no porque sea imposible, sino porque la gente que tiene edad para ser dueño de su propia vida no está preparada ni lo estará en cincuenta años, porque están acostumbrado a seguir a un guía, y por eso las sociedades han vivido eligiendo tiranos disfrazados de salvadores, hasta hacer de las políticas de gobierno más de lo mismo: la tiranía de la Oligarquía, porque les pagamos suculentos sueldos para que no trabajen como deberían hacerlo. Y por eso, digo que la única Anarquía que podemos hacer en estos tiempos es la de no dejarnos aplastar más los derechos, para pensar que debemos formar a los niños del ahora para que sean los jóvenes del mañana, ese mañana que cambiará la historia de la humanidad en tres generaciones si es que sabemos formarlos como seres racionales, libres y conscientes, dueños de su vida, de sus deberes y derechos, sin ser oprimidos ni oprimir a nadie.

Lima, 13 de junio de 2020 a las 00:09 horas

¿Hablamos en serio de pensiones?

Hernán Alvarado

            El señor Presidente Carlos Alvarado volvió a su campaña contra las pensiones. Posteó en Facebook que «las pensiones son para proteger, no para enriquecerse», después de presentar personalmente una coadyuvancia que, como ha denunciado la AFUP, es intimidatoria.[1] Por lo visto, la Ley 9796 no se sostiene sola y le espera el merecido viacrucis jurídico. Además, él ha repetido que renunciará a su pensión de ex Presidente en su deslucido «informe» del 4 de mayo pasado.[2]

            El caso es que, a través de la Ley 9796, el Estado costarricense pretende ejercer una violencia patrimonial arbitraria gravando reiteradamente los ahorros de las personas adultas mayores. Además, esa ley cohonesta la irresponsabilidad de un Estado que no formó el fondo de pensiones solidario que mandaba la Ley 2248, cuando menos para el Magisterio Nacional.

            Así responde el mandatario a la acción jurídica de un primer grupo de pensionados que defienden, de manera legítima, sus derechos lesionados. De nuevo, redes sociales, medios de prensa y declaraciones de la clase política aparecen orquestados para intranquilidad de las personas adultas mayores. Ellas debieran demandar también a todos aquellos que usan el cliché o estigma difamatorio con que se les chuza sistemáticamente desde hace tiempo, por ser un comportamiento que atenta contra la dignidad de la persona, corazón del sistema jurídico. No se vale que siga impune y no hay que darle alas al animal ponzoñoso, según reza el refrán popular.

            Ahora bien, ¿habla en serio el Presidente de un tema tan delicado? En primer lugar, nadie se enriquece con una pensión por más alta que sea, como tampoco se puede llamar enriquecimiento a un salario público de ₡ 9,500,000. Si así fuera, habría que decir que él mismo puso a doña Rocío Aguilar a enriquecerse. Pero la verdad es que no hay manera de hacerse realmente rico sin explotar al prójimo, sin contratar a muchos trabajadores que produzcan riqueza para uno. A estas alturas no hay misterio al respecto, ni otra forma legal o ilegal de lograrlo.

            Por eso, ningún pensionado aparecerá jamás en la lista de ricos de la revista FORBES. El Presidente puede preguntar a quienes ahí aparecen: Rodolfo Jiménez Borbón, por ejemplo, recibe ₡ 875,185 millones al año, Carlos Cerdas Araya ₡ 389,600 millones y Steve Aronson ₡ 84,750 millones anuales. Un pensionado que recibiera, supongamos, ₡ 15 millones al mes, obtendría al año ₡ 180 millones, es decir, 0,02 % de lo que recibe don Rodolfo, o bien, 0,2 % de lo que recibe don Steve.

            Por tanto, las categorías de riqueza, privilegio y lujo no aplican a pensionados ni a empleados públicos, a no ser que uno quiera hacerse el cínico, el ignorante o el charlatán. Y si le cabe duda, el Presidente puede preguntar qué es enriquecimiento a la UCAEP, que tal vez podría aconsejarle, de paso, sobre cómo combatir la evasión de impuestos, las deudas con la seguridad social y la exportación de ganancias a paraísos fiscales; o cuando menos podría recomendarle a los mejores asesores en un tema que fue el gran ausente de su «informe a la nación». ¿Por qué, señor Presidente, evade usted el tema de la evasión siendo tan importante para este Pueblo?

            En segundo lugar, una pensión no es para proteger a nadie, salvo en una visión asistencialista o paternalista pasada de moda. El señor Presidente debiera saber que una pensión es un ahorro que una persona hace a lo largo de toda su vida laboral para tener una jubilación digna y puede ser tan alta como corresponda a sus cotizaciones. Hace años se promovió, por ejemplo, pasarse del Magisterio a la CCSS y era atractivo porque implicaba una reducción de las deducciones salariales, o sea, aumentaba los ingresos mensuales. Pero muchas personas no lo hicieron pensando en un futuro mejor, ¿quién les explica ahora que ahorraron en saco roto?

            Por otro lado, una pensión también puede verse como un incentivo para renovar trabajadores activos. La idea es que entren a trabajar fuerzas nuevas que adelanten las innovaciones que el sistema económico demanda constantemente. Por eso, en la medida que la jubilación es voluntaria, si las pensiones no son dignas dicho proceso se retrasa o se malogra. De hecho, varios colegas se han retractado últimamente de pensionarse, por la incertidumbre que pesa sobre el futuro de sus ahorros. Así que los más jóvenes tendrán que esperar. ¿Dónde están los estudios que permitan decidir sobre un asunto clave para la productividad promedio del país?

            Nadie parece haber tenido eso en cuenta en este «debate» tan pobre en ideas. Tanto que ni siquiera ha partido de los correspondientes estudios actuariales de los diferentes fondos. Nadie menciona tampoco el interés de privatizar dichos fondos que le hacen la boca agua al sector financiero, el único y verdadero protegido del neoliberalismo; como se puede ver en el tema de usura, aludido anecdóticamente por el discurso presidencial.

            La protección de los más pobres no se puede lograr confiscando ahorros a las pensiones más altas para pasárselas a las pensiones más bajas. Del todo, la pensión no es el instrumento idóneo para eso. Además, es ilegal e inconstitucional que el Estado pretenda trasladar su responsabilidad a un pequeño grupo de pensionados. Por cierto, ¿alguien puede creer en la sinceridad de unos diputados orgullosos de su «solidaridad» con el dinero de otros?

            Si de protección se trata, hablemos en serio de un salario social o de un ingreso universal que garantice a cada ser humano un mínimo de subsistencia, desde la cuna a la tumba, por el simple hecho de serlo, tema de punta en esta materia. Así se acabaría, por fin, con la pobreza extrema. Aunque no del todo con la pobreza, que es un concepto relativo, como decir riqueza, porque mientras la política pública siga favoreciendo la desigualdad social siempre habrá algunos demasiado ricos que correspondan a muchos demasiado pobres. ¡Cuánta falta hace hoy en día la visión de estadista de Alfredo Gonzalez Flores, Rafael Ángel Calderón Guardia, José Figueres Ferrer, Daniel Oduber Quirós o Rodrigo Carazo Odio!

            En una crisis sanitaria como la actual un ingreso vital universal hubiera mostrado su eficacia porque no habría dejado a nadie librado a su suerte. Luego, sería como un seguro si se toma en cuenta que nunca habrá una vacuna contra todas las pandemias.[3] Como un solo ejército combatiríamos así cualquier virus, entrando y saliendo a las casas, en táctica de acordeón, a una sola orden del Presidente. Además, podría asociarse a determinados deberes cívicos y comunitarios con el fin de fortalecer, por ejemplo, educación y salud, incentivando la participación ciudadana en todos los niveles de la administración pública. Dede luego, mucha tela queda por cortar al respecto, pero eso sería comenzar a caminar en serio hacia los más vulnerados, implicando también al sector financiero con su añorada bancarización universal.

            En cuanto a la renuncia a la pensión de ex Presidente, es casi increíble que el mandatario insista en cosechar un rédito publicitario con un derecho que todavía no goza. A penas comparable con repartir los ahorros confiscados a los pensionados cuando ni siquiera ha entrado en vigencia la Ley 9796, para tildar después de egoístas a quienes defenderían su patrimonio. Si esto no es populismo que alguien nos diga cómo se llama; tal vez algún garante nos pueda explicar qué tipo de ética es esta.

            Además, mientras no se modifique la norma de pensiones para ex Presidentes (Ley 7302, capítulo III) el mandatario no podrá hacer lo que promete y no parece haber voluntad política para esto. Lo que podrá hacer eventualmente es donar lo que será entonces su dinero privado. A la mejor usanza neoliberal que trata la pobreza como un asunto de caridad o filantropía y no de justicia. Pero en ese caso, según recomienda el Evangelio, mejor que la derecha no se entere de lo que hace la mano izquierda.

            Por otro lado, en rigor, la pensión de un ex Presidente es espuria, pues no corresponde a lo cotizado. En ese sentido, el dilema será siempre servir a la Patria o servirse de ella. Por eso, aunque legal, puede que no sea bien vista. Más aún, no debiera existir, ya que ser Presidente es un honor y un servicio a la patria que no tiene por qué ser retribuido de por vida. Tampoco la de un diputado o la de un Ministro en las mismas condiciones. Pero no se justifica hacer escarnio público de personas honorables por algo que es un defecto del diseño institucional.

            En sentido estricto los ex Presidentes no hacen nada ilícito al aceptar ese dinero que, como muchos otros estímulos, hoy se tiene y mañana no. Ellos no fueron quienes aprobaron la ley y esta es una sociedad basada en incentivos monetarios y normas, aunque para algunos resultan ser válidos para el ganso pero no para la gansa. Satanizar los incentivos monetarios es a penas propio del terrorismo neofascista y ultra liberal que campea hace rato en el valle central y que representan mejor que nada la tentación suicida del capitalismo.

            Se ve claro entonces que este no es el caso de una pensión digna o verdadera, como derecho adquirido y consolidado después de 30 o 40 años de cotizaciones. La poca seriedad con que se ha tratado el tema es obvia por la mezcolanza abigarrada que los diputados han hecho en esta materia, en contubernio con una prensa acrítica, superficial y complaciente con los poderosos. La ley 9796 exacerba el conflicto que divide a la sociedad costarricense desde hace más de 30 años y crea más problemas de los que resuelve. Señal de que no es justa, puesto que la justicia pacifica tanto como la injusticia enerva; si fuera justa se defendería sola.

            Por lo demás, en una República participativa, como la que establece el artículo 9 de la Constitución, una reforma de pensiones debiera ser un proceso transparente, participativo y concertado, con rigor técnico y sensibilidad social, garantizando confianza como ingrediente indispensable. El Presidente dejó claro que eso no le interesa al nombrar a doña Rocío Aguilar en la Superintendencia de Pensiones, burlándose sin disimular de la Contraloría. Ella ha reforzado la desconfianza al nombrar a Nogui Acosta. Puede que sea parte del magnánimo espíritu protector del Presidente, pero el hecho es que participación y acción ciudadanas no tienen ningún peso en su discurso. Lo cual no solo es inconsecuente con el nombre de su partido, sino que implica una posición poco democrática que no honra la norma superior.

            En conclusión, todavía no se ha hablado con el rigor que merece de un tema tan complejo, pero el debate ya fue cerrado antes de abrirse, por una campaña que concita prejuicios, envidias y odios. Los daños morales y políticos, directos y colaterales, son cuantiosos; aunque todavía a nadie se le pasa factura. Por su parte, los trabajadores activos no parecen haber considerado debidamente lo que todo esto implica para su futuro. Pero ya se darán cuenta. El pato de la fiesta o «chivo expiatorio» ha sido un grupo de personas mayores a quienes no solo se les quiere confiscar sus ahorros, nuevamente y de modo discriminatorio, sino que encima se les difama gratuitamente y se les insulta porque defienden su derecho.

            Ahora, la justicia tendrá que dirimir de qué lado está la razón. Si rige o no el principio de no retroactividad de la ley. Si se vale o no que el Estado-patrón legisle a su favor para evadir su responsabilidad social y sus compromisos legales; si el derecho defiende al débil o complace al fuerte en un asunto eminentemente laboral. Si está del lado del ciudadano, protegido del Soberano, o valida las pretensiones de un Estado abusivo mal encaminado por intereses politiqueros. Si los derechos humanos están pintados en la pared y sirven para ganar votos e imagen, o deben respetarse seriamente por seguridad jurídica de todos y para la defensa de la paz social y la democracia costarricense.

[1] Lamentablemente, los integrantes de otros Poderes se están habituando a puyar a los magistrados como si fueran diputados que ceden a presiones mediáticas.

[2] Como «evaluación de resultados y rendición de cuentas» que debería dirigirse al Pueblo, más que a la Asamblea Legislativa o al Poder Judicial, ese discurso no es de recibo. El nuevo Presidente de la Asamblea Legislativa se dio el lujo de eximirlo del «control político». Ambos incumplieron flagrantemente el artículo 11 de la Constitución, pues «Los funcionarios son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la Ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.» Ellos que juraron cumplir con la norma superior. Ahora ¿quién podrá defendernos?

[3] Ahora el Gobierno español ha mostrado interés en el «salario social básico» que se ha puesto en práctica en Asturias, desde hace una década, y que cuenta con otras réplicas que pueden servir de referencia.

Foto: Actividad de la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP)

UCR: Desempleo y reducción de ingresos agobian a costarricenses durante la crisis del COVID-19

Pese al contexto, la ciudadanía expresa su respaldo a las acciones gubernamentales y confía en la gestión de las autoridades

El 57 % de las personas encuestadas reporta dificultades debido a que el ingreso que su familia recibe mensualmente no les alcanza para vivir. Foto: Karla Richmond.

Un 46 % de los costarricenses ha perdido su trabajo y el 52 % afirma que algún familiar ha tenido una disminución de su jornada laboral. El desempleo y la reducción de ingresos dificultan los esfuerzos de los costarricenses para enfrentar el COVID-19.

Así lo revela el más reciente estudio de opinión pública del Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), realizado del 13 al 22 de abril mediante 1 042 entrevistas telefónicas a personas mayores de edad localizadas en todo el país.

La medición reveló que 66.5 % de las personas consultadas perciben con pesimismo la situación económica, cifra que, si bien es menor al panorama registrado en noviembre anterior, cuando este rubro alcanzó el 80 %, no deja de representar a dos tercios de la población.

El 57 % de las personas encuestadas reporta dificultades debido a que el ingreso que recibe su familia mensualmente no les alcanza para vivir, el 32 % afirma que apenas logra cubrir sus gastos y solo un 11 % cuenta con suficientes recursos económicos para vivir e incluso ahorrar.

El coronavirus se coloca como la principal preocupación ciudadana, pero viene acompañado por el desempleo y el costo de la vida, áreas que han sido destacadas entre los principales problemas del país durante los últimos dos años y ahora son agudizadas por la crisis.

Según el politólogo e investigador del CIEP Ronald Alfaro, la situación de emergencia producida por el COVID-19 ha tenido implicaciones en todos los ámbitos de la vida social e incluso en la opinión pública, donde se evidencia un fuerte golpe en el ámbito económico.

El coronavirus se coloca como la principal preocupación ciudadana, pero viene acompañado por el desempleo y el costo de la vida, áreas que han sido destacadas entre los principales problemas del país durante los últimos dos años y ahora son agudizadas por la crisis. (Imagen.CIEP)

Ciudadanía confía en el Gobierno y apoya medidas 

Pese al difícil panorama que plantea el COVID-19, el 74.5 % de la ciudadanía confía en las decisiones gubernamentales para hacer frente a la situación, un 18.1 % se mantiene neutral y apenas un 7.04 % muestra una actitud negativa frente a las acciones tomadas.

Si bien se evidencia un apoyo general a las acciones gubernamentales, destaca que el 93.89 % de las personas cataloga de manera positiva las medidas sanitarias, al igual que lo hace el 70.68 % con las acciones tomadas en materia económica.

La evaluación ciudadana sobre la gestión del Gobierno muestra una variación positiva de 57 puntos porcentuales respecto a la medición realizada por el CIEP en noviembre anterior, pues ahora el 76 % de las personas consultadas la cataloga como buena o muy buena.

La valoración del trabajo del presidente Carlos Alvarado también experimenta un cambio favorable si se compara con la consulta anterior, donde solo el 22 % de los encuestados tenía una opinión positiva sobre el trabajo del jerarca y el 59 % lo evaluaba de manera negativa.

Ahora el mandatorio casi logra invertir los resultados, al obtener un 65 % de opiniones favorables y solo un 20 % de posturas contrarias. Este incremento de 43 puntos porcentuales es el más alto de esta Gobierno y es uno de los mayores respaldos a la gestión de un presidente registrados en el país desde 1995.

El analista del CIEP asegura que, aunque no es posible establecer una causalidad directa, se observa una correlación entre las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo, el apoyo que recibe de la gente y las opiniones favorables hacia quienes gobiernan.

Alfaro afirmó que el incremento en el gasto social puede tener efectos favorables en la aprobación presidencial. Por tanto, el Plan Proteger, junto con las otras acciones de respuesta frente al COVID-19, podría explicar este significativo aumento en la calificación positiva de la labor presidencial en la actual coyuntura.

Este nuevo estudio del CIEP determinó, además, una mejora en la valoración general de las instituciones públicas, las cuales, lejos de verse como algo que surgió de manera espontánea, se vinculan de manera directa con las respuestas ofrecidas por el Estado durante la atención de la crisis.

El 95 % de las personas consultadas reconoció la labor realizada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CSSS) y el Ministerio de Salud, mientras que el 89.2 % destacó el trabajo del Ministerio de Seguridad.

Al tiempo, aumentó la valoración ciudadana a otras instancias como la policía, que pasó de 6.3 % a un 8.25 %, mientras las universidades públicas pasaron de 7.8 % a 8.4 % y la nota de la Asamblea Legislativa incrementó de 4.8 % a 6 %.

Crisis legitima y fortalece sistema democrático costarricense

Según el experto del CIEP, en medio de la crisis, los costarricense perciben de forma positiva a las instituciones públicas como representación política de los intereses colectivos y evidencian un fuerte apego a los principios democráticos.

En esta medición, el respaldo ciudadano a la democracia como forma de gobierno fue de 76 puntos, el valor más alto registrado desde 1987 cuando el país superó la crisis económica del inicio de la década y destacó en el ámbito internacional tras la entrega del Premio Nobel de la Paz al expresidente Óscar Arias.

Según el CIEP, diversas investigaciones en este campo han determinado que la democracia es vulnerable a rupturas y quiebres con profundas implicaciones en las sociedades en tiempos de crisis, pero las democracias maduras son resilientes y resistentes en estos contextos.

La experiencia de Costa Rica en la atención del COVID-19 contrasta con el panorama de otros países de América Latina como Brasil o México, donde la batalla contra la pandemia ha generado acciones colectivas y fuertes cuestionamientos a la legitimidad y a las decisiones de las autoridades.

Alfaro explicó que todas las democracias están expuestas a «shocks» de diversa índole. Unos podrían ser originados por problemas económicos, escándalos de corrupción o por situaciones externas como el COVID-19. Es, entonces, cuando el respaldo gubernamental construido como sociedad a través del tiempo es clave para superar la crisis.

“El coronavirus se convirtió en un disparador y movilizó al país hacia la dirección de fortalecer la creencia ciudadana en la democracia. En otras palabras, los ciudadanos cerraron filas con la democracia para batallar contra la pandemia”, concluyó el investigador.

Como es usual, esta medición del CIEP se basó en un muestreo aleatorio a partir del Plan Nacional de Numeración de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y es representativo de toda la población del país con teléfono celular. Los resultados cuentan con un nivel de confianza del 95 %.

 

Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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La gobernanza de las relaciones laborales en la pandemia

Ojalá que el virus nos haga salir de la caverna, la oscuridad y las sombras” (E. LLedó)

Manuel Hernández

  • La proscripción de la participación de los sindicatos y la contribución normativa del subgrupo de trabajo de la Mesa de Infraestructura Productiva

1.– El tema y objeto de esta entrega

Ahora que las autoridades del Ministerio de Salud esperan hacer un giro de tuerca y flexibilizar las medidas sanitarias, tendiente a normalizar la actividad productiva y “un retomar organizado” y controlado de las actividades comerciales, que prometedoramente se anticipó que se anunciará el lunes de la próxima semana, en la infaltable y aséptica conferencia de prensa del medio día, cuya primicia ha generado mucha expectativa, es pertinente y oportuno, después de más de un mes de aciaga pandemia, tratar de hacer un intento jurídico, que es mi trinchera, de análisis y caracterización del manejo de la gobernanza de las relaciones laborales, en estos tiempos tan difíciles e inciertos.

2.– La importancia y urgencia del diálogo social

La cuestión tiene que ver con la importancia y urgencia del diálogo social, la participación de los agentes sociales y la intervención de los órganos paritarios o tripartitos radicados en nuestro ordenamiento, en materia relaciones laborales, prevención y protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

La OIT estableció en el Marco de las políticas de lucha contra el COVID-19, que el Diálogo Social constituye uno de los pilares fundamentales, dirigido a fortalecer la negociación colectiva, las instituciones y los mecanismos de relaciones laborales.

Desde luego que el asunto tiene que ver, en definitiva, con la gobernanza democrática de las relaciones de trabajo.

3.- Algunas experiencias internacionales de gobernanza laboral

Pero antes de cumplir mi objetivo, no deja de ser relevante, aunque sea de manera muy general, reseñar la experiencia de algunos países de Europa y América Latina, en los cuales los agentes económicos, pero no sólo los productivos, sino también los agentes sociales, han tenido una significativa participación en la determinación conjunta de la protección del empleo, los salarios y la salud de las y los trabajadores, hasta donde políticamente ha sido posible.

En algunos de estos países, incluido Argentina, se llegó hasta la prohibición del despido, por motivos de fuerza mayor o causas económicas relacionadas con la pandemia del covit-19.

En Italia, por ejemplo, los sindicatos CGIL, CISL y UIL pactaron con la patronal un acuerdo de 13 puntos, que contiene medidas para proteger la seguridad y salud de los trabajadores (control de ingreso al centro trabajo, limpieza y saneamiento de locales de trabajo, precauciones higiénicas, uso de mascarilla y guantes, vestuarios, tiempos de entrada y salidas escalonados, comité de aplicación del protocolo, entre otras).

En España, los principales sindicatos de trabajadores (CCOO Y UGT) y la patronal (CEPYME Y CEOE), desde el principio de la pandemia, celebraron un sustantivo acuerdo que contiene un conjunto de medidas extraordinarias para abordar la problemática laboral generada por el coronavirus.

Ahora que varios países de Europa llegaron al punto alto o pico y se está aplanando la famosa curva, con lamentable pérdida de tantas vidas humanas, la negociación colectiva tiende a volcarse y priorizar en la definición de las condiciones y medidas laborales atinentes a la vuelta de la reactivación de la actividad económica y normalización del funcionamiento del aparato productivo, garantizándose el papel activo de los sindicatos, como tiene que ser en un ordenamiento democrático, en el diseño de protocolos, control y cumplimiento de las medidas de protección de las y los trabajadores.

La discusión está enfocada en la consecución de un equilibrio, hasta donde sea posible pactarlo, entre la protección de las y los trabajadores y la regularización de la actividad productiva.

En Uruguay, en el ámbito del comercio y la industria de la construcción se han celebrado importantes arreglos. El sindicato de la construcción SUNCA pactó con la Cámara de la Construcción un acuerdo que establece las condiciones del retorno de operaciones de esta actividad y las medidas de protección y seguridad de los trabajadores para mitigar el contagio.[1]

No deja de ser interesante un acuerdo global que pactó esta misma semana, la Confederación Sindical Internacional (CSI), IndustriALL y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), cuyo objetivo es construir un espacio para el desarrollo de medidas dirigidas a proteger los ingresos de los trabajadores de la industria de la moda y las empresas integradas en la cadena mundial de producción y suministros, con la finalidad de mitigar los efectos del COVID-19.

A este acuerdo se han adherido fuertes empresas del sector, como Inditex, C§A, Adidas, Primark, Bestseller, Tchibo, Zalando y otras.

4.- La gobernanza de las relaciones laborales en Costa Rica en el escenario de la crisis sanitaria

Mientras en otras latitudes se ha venido gobernando así las relaciones laborales, ciertamente en un escenario inédito, complejo y dinámico, marcado de tensiones entre los intereses patronales y los trabajadores, entre el poder de dirección del patrono y la autonomía colectiva, en nuestro país, el manejo de la crisis ha sido radicalmente no sólo distinto, sino diametralmente opuesto.

El tratamiento político de la emergencia sanitaria se ha caracterizado por una gobernanza unilateral de las relaciones laborales –mejor dicho, relativamente unilateral, por el motivo que se expone en el próximo acápite-, cuya nota más relevante consiste en la exclusión total de la participación de los sindicatos, pero no sólo de los sindicatos, sino además, en la eliminación de los foros institucionales establecidos en nuestro ordenamiento, particularmente en materia de salud ocupacional.

5.– Las medidas laborales de emergencia

Hagamos un ligero repaso de las medidas laborales más significativas, tratando de enfocarnos, no tanto en su contenido, que ya abordé en varios artículos precedentes[2], sino más bien centrándonos en la forma en que se instrumentaron esas medidas, prácticamente sin ninguna resistencia.

Los invito a que realicemos una rápida revista de las principales medidas de carácter laboral impuestas.

La ley que licenció la reducción de la jornada de trabajo, por voluntad unilateral del patrono, con la consecuente disminución proporcional hasta de un 75% de los salarios, se aprobó a expensas de un procedimiento legislativo, fast track y a la carta, a instancia del Poder Ejecutivo, sin que se concediera ninguna instancia de participación a los sindicatos.

La creativa y generosa normativa reglamentaria promulgada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estableció un mecanismo ultra rápido y unilateral de suspensión de los contratos y reducción de las jornadas de trabajo, que se estableció también sin conceder, por lo menos, audiencia previa a los sindicatos.

Pero hasta aquí no llega esta política de Estado de corte unilateralista.

6.- La defenestración de los órganos tripartitos y paritarios en salud ocupacional

Cómo si lo anterior no fuera poco, el Consejo de Salud Ocupacional (CSO) ha sido confinado a una participación simbólica, prácticamente sustituido por un grupo ad hoc de trabajo institucional, con participación del sector privado, que de facto asumió la rectoría de la salud ocupacional.

Las comisiones de salud ocupacional, que por mandato de ley deben funcionar en todas las empresas e instituciones, integradas paritariamente por representantes del patrono y trabajadores, fueron inutilizadas, bloqueadas, que sólo están a la espera que algún samaritano les retire el respirador mecánico, que les conectaron desde que empezó la pandemia.

7.- El cogobierno de los empresarios y patronos

Toda esta política sistemática de interdicción de la Libertad Sindical, la negociación colectiva, la exclusión de la participación de los sindicatos y la defenestración del órgano tripartito (CSO) y los bipartitos en materia de salud ocupacional, contrasta ostentosamente con el co-gobierno y la participación hegemónica del sindicato patronal UCCAEP.

Este sindicato corporativo asumió un rol conductor y determinante en la emisión de aquella ignominiosa ley de rebajo de jornadas, en la reglamentación inconsulta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con base en la cual, como he dicho en artículos anteriores, las autorizaciones administrativas de suspensión de los contratos y reducción de jornada de trabajo, se editan masivamente como rotativos de periódicos impresos.

Ya llevamos al hilo, de acuerdo con el corte de la Inspección de Trabajo, de 20 del mes en curso, cuya misión es -por contrario a lo que ha hecho- velar por los derechos de trabajadores, más de 39.000 personas trabajadoras, con contratos “temporalmente” suspendidos y más de 71.000 a quienes se les redujo la jornada de trabajo y los salarios.

La suspensión “temporal” de los contratos de trabajo, hasta por un período de tres meses, prorrogables por un período igual, configuran materialmente despidos encubiertos, que han sido cohonestados por esa normativa de muy dudosa constitucionalidad y legalidad, para favorecer los intereses del empresariado costarricense y transnacional.

8.- El grupo de trabajo de la Mesa de Infraestructura Productiva: el golpe de facto al CSO y las comisiones de salud ocupacional

Pero en esta entrega, para ir cerrando, quiero concentrarme en un tema, que me permito llamar poderosamente la atención de las y los lectores, ampliamente desconocido, que no podría dejar pasar inadvertido, expresión de esa política de Estado de carácter unilateral y antisindical.

En el seno de la Mesa de Infraestructura Productiva se aprobó la “Guía para la prevención, mitigación y construcción del negocio para la pandemia COVIT-19 en los Centros de Trabajo”.

Esta guía define los lineamientos generales orientados al empresariado, para que implemente las medidas de prevención de salud de los trabajadores, desde la lógica la continuidad de las operaciones de las empresas.

La guía fue elaborada por esa instancia, integrada exclusivamente por varias autoridades institucionales, representantes y asesores del sector privado.

La guía comprende tres áreas: recurso humano, implementación de protocolos y condiciones de trabajo.

El instrumento es bastante extenso del cual se pueden inferir las siguientes conclusiones:

En primer lugar, fue elaborado por un grupo de trabajo, con representantes del sector privado, que excluyó totalmente la participación de los representantes de las y los trabajadores.

La guía contiene medidas concernientes a las condiciones de trabajo, implementación de protocolos, obligaciones que deben cumplir las y los trabajadores y otros aspectos relacionados con el recurso humano, que son del interés natural de la clase trabajadora; por lo que resulta totalmente insólito que ese instrumento se haya construido privándose a la representación de los trabajadores toda clase de intervención.

No puede ser que un grupo institucional, conjuntamente con representantes del sector privado, regule esta importantísima materia, de la mayor trascendencia de la clase trabajadora, dejando por fuera a las representaciones sindicales.

La segunda conclusión a la que uno puede llegar es que las medidas de protección de los trabajadores quedan subordinadas a las necesidades prevalecientes de preservación del tejido empresarial y la continuidad de operación de las empresas: “orientar al empresariado costarricense hacia una cultura de prevención en sus centros de trabajo, desde una lógica de continuidad del negocio.”

Es decir, se privilegia el interés económico y productivo de las empresas, sacrificando el interés público fundamental de tutela de la vida y salud de los y las trabajadoras.

Esto es sumamente grave, pero responde a esa “lógica” empresarial que privilegia las ganancias del capital, a costa de los intereses supremos de la clase trabajadora.

En tercer lugar, lo cual no es menos grave, las competencias que por ley le corresponden al Consejo de Salud Ocupacional, fueron asumidas por ese grupo de trabajo, que con participación de autoridades del Ministerio de Trabajo y otras instancias institucionales, consintieron que esas atribuciones se las arrogara, contra legem, ese grupo de trabajo con participación determinante y exclusiva del sector privado.

9.- Un virus contagioso de la democracia

En conclusión, la gobernanza de las relaciones laborales se ha manejado de manera unilateral, a merced de un ejercicio autoritario del poder político, al mejor estilo neoliberal, al que ya, a fuerza de tanta normativa heterónoma, nos quieren acostumbrar.

El coronavirus pareciera que convenientemente está hecho a la medida de los grandes intereses económicos del empresariado y sus interlocutores políticos, que se aprovechan de la pandemia para reforzar todavía más su sistema de dominación política y económica.

El profesor Cas Mude, autor del libro “La extrema derecha de hoy”, (Polity Press, 2019) a propósito de las medidas extraordinarias que el Gobierno de EEUU aprobó a raíz del 11 de setiembre de 2001, se planteó tres preguntas, que resulta legítimo hoy rescatar y testearlas a la aplicación de aquellas medidas laborales de emergencia:

¿cuál es la contribución efectiva y real que tienen esas medidas en la lucha contra el coronavirus?,

¿cuáles son las consecuencias que tienen para la democracia?, y por último:

 ¿cuándo serán abolidas?

No existe la menor duda que el coronavirus plantea un serio desafío para el sistema democrático.

26/04/2020

Imagen: https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/ataque-cibernetico-como-protegerte-con-ia

[1] El acuerdo firmado el 12 de abril, establece, entre otras estipulaciones, que los trabajadores que no tengan acceso al subsidio por enfermedad, durante la cuarentena tienen derecho a 16.377 pesos, los trabajadores con enfermedades preexistentes a una partida de 23.822 pesos mensuales, hasta por un máximo de 2 meses, incluidos aquellos trabajadores mayores de 65 años que no tengan acceso al susidio por enfermedad. El protocolo pactado estipula que el personal que trabaje en cuadrillas debe mantenerse a una distancia mínima de un metro, la obligatoriedad del uso de la mascarilla, que las herramientas deben estar desinfectadas previo a su uso, rutinas de lavado de manos, focalizarse únicamente en el lugar de trabajo de trabajo de la cuadrilla, entre otras.

[2] Pueden consultarse de mi autoría los siguientes artículos acerca del contenido de las medidas laborales de emergencia: La distribución de los riesgos laborales, sociales y económicos de la pandemia, La participación autónoma y orgánica de las personas trabajadoras en la lucha contra la pandemia, Dos rutas políticas muy diferentes para mitigar la situación de las personas trabajadoras, Trabajo doméstico remunerado, Reducción de la jornada laboral y suspensión contractual, Suspensión exprés y a la carta de los contratos de trabajo, Neoliberalismo en tiempos de pandemia, El procedimiento extraordinario de suspensión de los contratos de trabajo, y Pandemia y suspensión de los contratos de trabajo (2020).