Si el Pueblo estadounidense quiere le dará carta de ciudadanía, eso sí, para lograrlo tendrá que dar muchas y durísimas batallas incruentas y quizá cruentas.
Y no nos estamos refiriendo a la tradicional, vetusta, legendaria y sobre todo mítica «Democracia Americana» que, -ráspese por dónde se raspe con un trocito de análisis riguroso-, lo único que queda al descubierto es plutocracia (gobierno de los grandes ricos) con una enorme dosis de cleptocracia (gobierno de los grandes ladrones), que por cierto, esta vez también ha quedado intacta, sino, a la que esta vez han parido por todo el país, mediante toda clase de laboriosas y dolorosas luchas, los sectores más despiertos, lúcidos, informados y honestos de la sociedad estadounidense, unificados circunstancialmente bajo el pendón partidario azul que, eso sí, mucho pero mucho más allá de votar por Biden y el partido Demócrata, han votado para dejar patente su fe y su empeño por un mundo integralmente mejor, fundamentado en la auténtica justicia económica, política, social, cultural y ecológica para la Humanidad en general y la Madre Naturaleza.
Lo especial de esta tiernísima y veraz Democracia es que, pigmentos más o menos, es la misma Humanitarista Ecologista y Participativa que también nace, tanto en Nuestra América -del Río Bravo a la Patagonia, Caribe incluido-, como en los demás Pueblos del mundo y que, más temprano que tarde se impondrá pues «el Pueblo unido jamás será vencido».
¿Y qué nos unifica y mueve? Una mezcla muy particular por lo dialéctica y humana, entre instinto de conservación y, racional lucidez.
Fascinante, multifacético, vital y por ende ineludible proceso en el que, cada vez más juntos hoy estamos empeñados.
«Algún día seremos un mismo Pueblo, algún día comeremos en la misma canoa» Filosofía Bibri.
Nosotras feministas y mujeres defensoras de Derechos Humanos que conformamos la Red de Puntos Violentas nos posicionamos ante el caso de nuestra compañera defensora Claudia Campos Rodríguez, quien en este momento está lidiando con una demanda por difamación por parte de Juan Diego Castro.
El programa Suave un Toque, donde Claudia Campos Rodríguez era presentadora, realizó una serie de ediciones donde se abordó las candidaturas presidenciales, entre ellas Juan Diego Castro del Partido Integración Nacional (PIN). Debido a la crítica realizada y la información recopilada que realizó el programa durante la contienda presidencial del 2017, Claudia está siendo injustamente demandada por el delito difamación como reprimenda por ejercer el ejercicio de la comunicación popular.
Las organizaciones feministas y de mujeres aquí firmantes denunciamos esto como un ataque directo a la libertad de expresión y señalamos las intenciones en las que en muchas ocasiones se ha procurado en censurar las voces de jóvenes y mujeres críticas que han asumido el compromiso de informar y comunicar a la población nacional en el contexto electoral. La libertad de expresión es sustancial a la Democracia y la pluralidad de medios alternativos también.
La denuncia de Juan Diego Castro contra la compañera Claudia Campos durante su colaboración en el programa Suave un Toque, es un acto que busca desacreditar el trabajo de comunicadoras y comunicadores populares quienes encabezan el periodismo crítico y libre en la región de América Latina.
Recordemos que la libertad de expresión es piedra angular de la democracia por fortalecer el funcionamiento de los sistemas pluralistas y deliberativos. La libertad de expresión protege y fomenta la libre circulación de información, ideas y expresiones de toda índole. Sin libertad de expresión el concepto de opciones políticas se convierten en una ficción y la democracia en ilusión. La democracia se construye día a día, ¡por eso la defendemos!
Instamos al Poder Judicial y al Gobierno de Costa Rica poner alto a los intentos de coartar los derechos humanos con actos que son claramente antidemocráticos. También hacemos un llamado a la prensa libre y a las defensoras y defensores de Derechos Humanos a sumar su apoyo a Claudia en este momento de violencia política, donde la violencia machista, adultocentrista la quieren no sólo callar sino también castigar por expresar lo que es de conocimiento público.
Acompañemos a Claudia este 11 de noviembre a partir de las 8:00 a.m. en el II Circuito Judicial de San José en Calle Blancos Goicoechea, porque la #JusticiaParaClaudia es Democracia. #NadieNosCalla #EntreNosotrasNosCuidamos #ProtejamosLaLibertadDeExpresión
Además de definir al actual presidente de Costa Rica, el último proceso electoral en el país dio a conocer aspectos relevantes sobre la situación democrática nacional
Las elecciones del 2018 evidenciaron que en Costa Rica existen identidades políticas muy debilitadas, es decir, que una parte significativa de la población no tiene una vinculación importante con los partidos. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR..
Diversos aspectos permiten considerar las elecciones presidenciales del 2018 en Costa Rica como un proceso inédito. Fue la primera vez que las agrupaciones políticas que consolidaron el bipartidismo en el país estuvieron fuera de la segunda ronda de votación y, además, el partido con la mayoría de votos en la primera ronda no llegó a la Presidencia.
El Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), y el Programa Estado de la Nación prestaron atención a las particularidades menos evidentes de la más reciente fiesta democrática nacional y profundizaron en su comprensión mediante una serie de investigaciones que plantean el retrato de una democracia amenazada.
Los investigadores y editores del libro que compila los análisis realizados por un amplio grupo académico, Felipe Alpízar Rodríguez y Ronald Alfaro Redondo, reflexionan sobre la forma en que los diversos aspectos retratados en las últimas elecciones podrían favorecer la comprensión de realidad política en el país y la toma de decisiones.
-La democracia costarricense es considerada liberal, madura y estable como resultado de la ausencia de perturbaciones que hayan puesto en entredicho su legitimidad por un largo periodo histórico ¿Cuáles son los principales aspectos a los cuales se atribuye lo anterior?
Felipe Alpízar Rodríguez (FAR): En Costa Rica se habla de una democracia madura, porque tenemos una tradición de muchas décadas, en las cuales las elecciones democráticas han sido el mecanismo para elegir a las autoridades. Es estable, porque no hemos sufrido rupturas al orden democrático, durante al menos los últimos 70 años. Y es liberal, porque superadas las limitaciones de la primera mitad del siglo XX, todos los hombres y mujeres tienen la capacidad de elegir y ser electos. Estas características se explican con la trayectoria histórica del país.
La estabilidad se atribuye también a la existencia de una institucionalidad política muy fuerte, la cual empezó a construirse a inicios del siglo XX y que en diferentes momentos creóinstituciones como la Sala IV y la Defensoría de los Habitantes. Esto no quiere decir que no hayan existido tensiones, pero se han diseñado una serie de mecanismos democráticos para tratar de proteger a la ciudadanía.
Todo ese entramado institucional le da mucha fortaleza al sistema, pero eso no lo deja exento de amenazas. La estabilidad democrática no está exenta de conflicto, pero alcanzar ese estatus es el resultado de un proceso muy extenso de luchas, reformas y que no necesariamente ha acabado, porque el proceso de democratización es algo permanente en la sociedad.
-Las investigaciones realizadas señalan el advenimiento de una democracia disfuncional, como resultado de la falta de capacidad de las instituciones públicas y de las organizaciones de representación política ciudadana para adaptarse a los contextos que presenta el país. ¿De qué forma se manifiesta esta situación en la vida cotidiana?
FAR: Tener una democracia estable y madura no quiere decir que se ha alcanzado todo lo que se necesita para convertirse en un paraíso democrático. Al mismo tiempo que la democracia ha logrado proteger los derechos de la ciudadanía y los procesos electorales, siguen sin resolverse muchos problemas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo o que son producto de unos equilibrios políticos consustanciales, los cuales pueden llegar a generar una parálisis decisional. Es decir, que el sistema democrático a veces puede resultar más lento para resolver asuntos comunes o que hay momentos donde una instancia bloquee a la otra.
Estas situaciones no solo son parte del diseño de la democracia, sino también del diseño del apartado estatal, porque de alguna forma hemos sido incapaces de realizar reformas estructurales al sistema político y al Estado en los últimos 40 años. Esto hace sentir a la gente que existen dificultades para resolver los problemas y que el sistema político de alguna manera está entrabado.
Las disfuncionalidades surgen porque no se han podido atender todas las inquietudes, demandas y necesidades en diferentes temas que a la gente le pesan y se van arrastrando.
Según los expertos, la combinación de las disfuncionalidades estructurales con las débiles identidades políticas ciudadanas, detectadas en las elecciones del 2018, conforma una amenaza latente para la democracia. Foto: Cristian Araya Badilla, UCR.
-¿Cómo es que a la luz de los fenómenos sociopolíticos experimentados en las elecciones presidenciales de Costa Rica en el año 2018 es posible plantear el retrato de una democracia amenazada?
Ronald Alfaro Redondo (RAR): Muchas veces, las amenazas que experimentan las democracias no están necesariamente materializadas, algunas pueden ser latentes, pero las democracias pueden tener mecanismos para resolver o librarse de esas amenazas. Es posible realizar algunas transformaciones o apegarse a algunos principios y valores, y de esta forma evitar que esas amenazas pasen de ser latentes a volverse reales.
Las elecciones del 2018 evidenciaron que en Costa Rica existen identidades políticas muy debilitadas, es decir, que una parte significativa de la población no tiene una vinculación importante con los partidos. Cuando hay identidades políticas fuertes, la gente tiene claro por quién va a ir a votar, mucho antes de que se celebren las elecciones. Pero cuando ocurre lo contrario, la gente no sabe qué hacer, no sabe a quién apoyar o quién es el oponente.
Cuando una democracia tiene identidades políticas debilitadas se corre el riesgo de que cualquier evento externo pueda alterar por completo el juego, romper con el orden y crear las condiciones para que exista muchísima incertidumbre política y electoral.
La combinación de las disfuncionalidades estructurales —que ya arrastraba el país— con las débiles identidades políticas ciudadanas —que detectamos en las elecciones del 2018— conforma una amenaza latente, porque pueden generar mucha volatilidad e incertidumbre de cara a situaciones futuras que, incluso, pueden atentar contra la misma democracia.
FAR: La democracia amenazada surge cuando los descontentos y temas que no se resuelven terminan convirtiéndose en reivindicaciones que van en contra de la democracia misma, como puede ser —por ejemplo— el hecho de optar por la salida autoritaria.
La erosión de las identidades genera gobiernos con poca legitimidad. Y la legitimidad es el cemento que mantiene unidas a las sociedades. Cuando eso se erosiona, nos enfrenta a gobiernos débiles en los que la gente no cree y donde el apoyo ciudadano se vuelve líquido o volátil. Son como globos que se lleva el viento, porque no están amarrados a ningún lugar.
Más allá de la popularidad de un presidente, la sensación de descrédito de la política, de los políticos y la falta de sentido de pertenencia en el país impiden que haya una base, un proyecto político común para concretar ciertas reformas. En Costa Rica, esta identidad está muy erosionada y eso ocasiona mucha inestabilidad para el funcionamiento del sistema. Entonces la amenaza actual es que se pongan en riesgo los cimientos mismos de la democracia, que la sociedad deje de creer que la democracia es el medio para resolver sus asuntos.
-La investigación que presentan señala la existencia de disfuncionalidades endémicas y convergentes en el país que, lejos de responder a eventos coyunturales, han sido arrastradas por un largo periodo. ¿De qué forma es que la comprensión de esta realidad puede guiar la toma de decisiones en el presente?
RAR: Las democracias pueden tener disfuncionalidades, problemas, defectos y hay formas de corregirlos. Por su parte, la ciudadanía puede tener cierto conjunto de actitudes que, en algunas ocasiones, sean desfavorables. El asunto que detectamos es que tenemos una combinación de disfuncionalidades estructurales y de actitudes sociales que no fortalecen la democracia.
Si tuviéramos partidos políticos más fuertes, es probable que esa molestia y esa protesta de la gente se canalizaría a través de ellos. Pero como no es así, no pueden ser los escuderos de la gente, y ese papel lo asumen otras organizaciones de la sociedad civil fuera de los partidos. Esta situación plantea grandes dificultades, porque si los partidos están pensados para que sean los que procesen esas demandas y necesidades del pueblo, y no lo hacen, se desconfigura un actor central del escenario político.
FAR: Costa Rica tiene un parlamento muy pequeño y eso representa una dificultad importante en este tiempo, porque no todos los grupos y voces encuentran un canal institucional para manifestar su descontento. Se evidencia así la imposibilidad del sistema de tramitar esas demandas por una vía institucional. Todos los llamados al diálogo que estamos viendo en este momento por parte del Gobierno son intentos para tratar de traer al campo de lo institucional ese descontento que hoy está en la calle.
Frente a este contexto, uno de los principales retos para el país es mejorar la representatividad de los diversos sectores de la sociedad costarricense, la cual se ha complejizado y que, de alguna manera, el actual Congreso no refleja.
Andrea Méndez Montero Periodista, Oficina de Divulgación e Información
En el Sindicato de Trabajadores y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, creemos firmemente en el principio de transparencia como pilar de la democracia y la función pública, por lo que nos parece deplorable y condenamos vehementemente lo sucedido este martes 3 de noviembre con la transmisión en vivo de la sesión de la comisión de Gobierno y Administración, la cual no se pudo escuchar por los problemas técnicos con el audio, según informaron los administradores del canal de YouTube AsambleaCR03 (Perteneciente al departamento de prensa de la Asamblea Legislativa).
Es extraño que al mismo tiempo que se daba a conocer el problema técnico, los administradores informaban en el chat que la comisión no estaba sesionando, pero por otros medios de prensa se comunicaba la votación afirmativa a varias mociones de fondo presentadas al proyecto 21.336 “Ley Marco de Empleo Público”.
Por lo tanto, condenamos este acto y solicitamos se respete el principio de transparencia en la función pública, a la democracia participativa y a la correcta libertad de prensa. Exigimos se tomen las respectivas cartas en el asunto al ser una sesión ilegítima, que no debió realizarse dadas las circunstancias señaladas
Reiteramos el rotundo rechazo al proyecto de ley Marco de Empleo Público que se tramita en dicha comisión, solicitamos no se dictamine mientras se desarrollan los procesos de Diálogo Multisectoriales como principio deBUENA FE.
El 08 de noviembre de 2012 desde los diferentes confines de esta Patria SAQUEADA por los desgobiernos, nos movilizamos desde muy temprano hacia San José nuestra Capital.
Íbamos acompañados de adultos mayores y familiares de diferentes edades incluidos niños que también defendían el Derecho Humano a tener una Seguridad Social como la que pensaron en las luchas de la década de 1940 que costaron FUSILADOS, REPRIMIDOS, TORTURADOS Y DESTERRADOS de nuestra Patria.
Centenas acudimos a San José el 08 de noviembre de 2012, marchamos en Paz hacia la Caja Costarricense de Seguro Social en DEFENSA de uno de los mejores Sistemas de Seguridad Social en el mundo, en peligro de ser PRIVATIZADO ya que para las cúpulas políticas empresariales: ¡el negocio de la SALUD es lo más lucrativo que existe!
Grandes costarricenses como Monseñor Víctor Manuel Sanabria por la Iglesia Católica, Licenciado Manuel Mora Valverde del Partido Comunista y el Doctor Calderón Guardia entonces Presidente de la República, unieron pensamiento en la DIVERSIDAD de las ideas, y parieron en las luchas de la década de 1940, las GARANTÍAS SOCIALES, aún hoy AMENAZADAS por los DESGOBIERNOS en estas últimas décadas.
¡ESE 08 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN UNA MARCHA PACÍFICA FUIMOS BRUTALMENTE REPRIMIDOS POR LAS FUERZAS DE CHOQUE POLICIALES DEL DESGOBIERNO DE LAURA CHINCHILLA, POR EL DELITO DE DEFENDER EL DERECHO A LA SALUD COMO SINÓNIMO DEL DERECHO A LA VIDA PARA TODOS! ¡Estamos OBLIGADOS por DIGNIDAD y PATRIOTISMO A QUE LA MEMORIA HISTÓRICA NUNCA SEA BORRADA! Celebremos esta fecha, ¡la Caja Costarricense del Seguro Social aún está en peligro! ¡Costa Rica se DEFIENDE! ¡Los únicos derrotados son los que dejan de luchar!
Saludos fraternos Ing. Carlos Vega Luchador Social Grecia
Dentro de una concepción democrático-liberal del Estado, la razón de ser del parlamento es, ciertamente, aprobar leyes para el buen funcionamiento de la República; pero el principal acto de legislar es aprobar, reformar o improbar anualmente el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo; de esta manera, el Poder Legislativo ejerce su función de primer poder de la nación, al ejercer un control efectivo sobre lo más importante de los otros poderes, cual es la dotación de recursos para que estos poderes ejerzan sus funciones constitucionales. En efecto, es en el presupuesto que se demuestra la voluntad política real del Estado en cuanto a sus prioridades; sin recursos económicos, ninguna declaración tiene valor real; si las cifras contenidas en el presupuesto dicen lo contrario, estamos ante un vulgar acto de demagogia o de doble moral. Eso mismo acaba de hacer la mayoría de los actuales diputados al cercenar drásticamente los recursos para los Ministerios de Cultura y Educación y a las universidades públicas. Al proceder así, esos diputados están erosionando las bases mismas de la democracia, al privar al Estado de los medios indispensables para ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de cultivar los mejores valores del espíritu, sin los cuales el ser humano corre el riesgo de embrutecerse.
Al tomar estas nefastas decisiones, los diputados no hacen sino reforzar la imagen altamente deteriorada que una creciente porción de sus compatriotas tiene de ellos. Acaban de estrenar un espernible mamotreto como recinto parlamentario, que costó millones de millones del pueblo.
Hace miles de años, nuestros antepasados primitivos eran más cultos que el grupúsculo que ha perpetrado ese “culturicidio”, pues en las Cuevas de Altamira y Lascaux nuestros ancestros demostraron ser más dignos de llamarse humanos. ¿Qué estarían pensando los prohombres que forjaron nuestra República? No me cabe la menor duda que, desde sus tumbas, los maestros humanistas, como Joaquín García Monge, Roberto Brenes Mesén, Omar Dengo, Rodrigo Facio, Alberto Cañas, por no alargar la lista con los grandes escritores, artistas plásticos, actores y músicos, estarán reprobando tan grave golpe inferido al desarrollo de nuestra cultura, en un momento en que la decadencia moral y cívica se convierte en una epidemia peor que el Covid-19.
Las futuras generaciones señalarán con dedo acusador a quienes, abusando del poder que el pueblo les confirió, han llevado a cabo este atropello a nuestros mejores valores. Esto no obstante, abrigo la esperanza de que en el próximo presupuesto extraordinario, el Poder Ejecutivo dará oportunidad a quienes hoy han cometido este lamentable error de enmendarlo. Por su parte, los hombres y mujeres que honran con su esfuerzo y creatividad la ciencia y la cultura deben continuar la lucha y organizarse más sólidamente que nunca.
Es función prioritaria del Estado fomentar los valores humanísticos; sólo así ese animal bípedo que somos nosotros, mereceremos el calificativo de HUMANOS; el ser humano no nace, se hace en cada una de sus acciones, el humanismo no es un eslogan: es una norma de vida.
La histórica creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, financiada con la contribución tripartita obligatoria por parte del Estado, el sector patronal y la clase trabajadora; tuvo lugar el 1 de noviembre de 1941, en un proceso de alianzas entre el gobierno del Rafael Ángel Calderón Guardia, el partido comunista (compuesto por sectores obreros como artesanos, zapateros, bananeros e intelectuales) liderado por el Lic. Manuel Mora Valverde y la Iglesia Católica, en la figura de Monseñor Víctor Manuel Sanabria.
En esa época se establecieron las primeras reformas sociales, una de las más importantes fue la Ley N° 17 que dio vida a esta honorable Institución, que desde sus inicios tuvo el objetivo de proteger a la clase trabajadora de los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte.
La magnitud de esta obra de salud pública, su impacto social y humanitario, contribuyeron a la consolidación de la democracia que ha gozado el pueblo costarricense, logrando la universalización de los servicios de salud, que cubre a todos los habitantes de nuestro país, sin distingos de región, estrato social, etnia o credos, desde la gestación hasta la vejez.
Su fundación representó el auxilio y protección de quienes, en el pasado, no contaban con otro respaldo que su fuerza de trabajo, en ese entonces sobreexplotada, principalmente por las compañías bananeras y la oligarquía cafetalera.
La Caja Costarricense de Seguro Social es motivo de orgullo nacional, por contar con todo un enorme capital humano; trabajadores con alto sentido humanitario y con conocimientos de nivel mundial en las diferentes ramas de la salud, ubicados en todos los centros de trabajo a lo largo y ancho del país. Todo ese personal está comprometido con la salud pública, particularmente en tiempos de crisis y pandemia, como la del COVID-19. Ha garantizado una atención de primera calidad que merece todo nuestro reconocimiento.
UNDECA, desde hace 66 años, ha asumido la tarea de rescatar a nuestra institución de los más oscuros intereses mercantilistas, de los intentos privatizadores de sectores políticos neoliberales.
Costa Rica debe defender, rescatar y fortalecer esta noble institución, es nuestro legado para las futuras generaciones.
CCSS legado para las futuras generaciones UNDECA ORGULLOSAMENTE COMBATIVA
La firma de la III Convención Colectiva de Trabajo en el Ministerio de Educación Pública (MEP), el pasado viernes 16 de octubre, ha desatado críticas infundadas y la ira de quienes por motivos ideológicos e intereses económicos, pretenden negar el valor histórico que han tenido los sindicatos a la hora de conseguir por medio de la negociación colectiva, no solo condiciones de trabajo más dignas para las personas trabajadoras, sino también importantes contribuciones de mejora en los derechos sociales y el fortalecimiento de la democracia.
De manera interesada desconocen que la Constitución Política, en el Título V, Derechos y Garantías Sociales, en su artículo 62, otorga fuerza de ley profesional a las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados; lo anterior, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste (artículo 54, del Código de Trabajo). Pretenden negar a la negociación colectiva, la naturaleza de derecho humano fundamental, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 98). Los críticos de la Convención ocultan que el artículo N° 112, inciso 5 de la Ley General de la Administración Pública, dice: “5) Tienen derecho a negociar convenciones colectivas de trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política, tanto en las empresas públicas y servicios económicos del Estado como en el resto de la Administración Pública, todos los empleados públicos que no participen de la gestión pública administrativa, conforme a la determinación que de estos hacen los artículos 683 y 689 de la Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943”.
La Sala Constitucional, ha revisado con anterioridad la primera (2013) y segunda versión (2016) de la Convención Colectiva del MEP y en tres ocasiones (Votos 7.221-2015; 8.396-2020 y 21.808-2020) determinó que la misma se encuentra sometida al Derecho de la Constitución y que las cláusulas convencionales guardan conformidad con las normas y principios de igualdad, prohibición de discriminación, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. La III Convención Colectiva del MEP (2020), reproduce las normas ya revisadas por la Sala Constitucional; las nuevas disposiciones que se introducen, son conformes con el principio de legalidad presupuestaria, pues no hacen incurrir a la Administración en nuevas erogaciones, ya que se financian con los recursos que la Administración ya dispone para garantizar servicios públicos existentes, generando más bien importantes economías, como ocurre por ejemplo con la formalización de los contratos de trabajo de las cocineras de comedores escolares, donde en los primeros 4 años (2021-2024) el gobierno ahorrará cerca de 5.400 millones de colones y para el periodo 2025 al 2030, producirá un ahorro total de 1.300 millones de colones.
Pero lo más importante es que la situación laboral de las cocineras al ser nombradas por el MEP, mejorará en términos de estabilidad y continuidad laboral, garantizando el cumplimiento de sus derechos.
Al pasar de una contratación informal a la formalidad, el 30% de estas trabajadoras que se encuentran en situación de pobreza extrema, tendrán acceso a la seguridad social y al crédito, entre otros beneficios que dignifican su condición de mujeres trabajadoras y mejoran su calidad de vida. Todo un avance en materia de derechos sociales, por la igualdad de género en el trabajo y por el fortalecimiento de la democracia. En los sindicatos SEC-ANDE-APSE- SITRACOME, nos sentimos orgullosos de este logro alcanzado y los defenderemos frente a detractores carentes de sensibilidad y de respeto por el trabajo humano y los derechos fundamentales.
Con la jornada “Estado social y políticas públicas” se dio por concluidas las 4 jornadas programas durante el mes de octubre del seminario “Crisis de la democracia en los tiempos del COVID-19. Crítica y propuesta”, que inició el miércoles 7 de octubre.
Esta jornada estuvo compuesta por tres ponencias elaboradas por investigadoras e investigadores del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), las cuales abordaron las temáticas de seguridad social, convivencia urbana y sistemas de cuido. Las palabras de bienvenidas estuvieron a cargo de Luis Paulino Vargas Solís, director del CICDE, y de Paulo Coto Murillo, investigador del centro y moderador de la actividad.
Vargas Solís, acotó la importancia de la realización de estas cuatro jornadas ya que permite mostrar al público parte del trabajo que se ha venido de realizando a través de los años desde el CICDE, asimismo hacer una rendición de cuentas a la sociedad por los recursos brindados al centro. Por parte de Coto Murillo hizo un repaso de las tres anteriores sesiones y recalcó la importancia de los tres temas de las ponencias en esta sesión.
La exposición inicial estuvo a cargo del investigador Andrej Badilla Solano, titulada “Renta básica universal en Costa Rica: un barco en el que cabemos todos”, en la que el investigador inicia su exposición haciendo una comparación entre la exploración espacial como un de los logros de nuestra era y la renta básica universal. La metáfora utilizada por el investigador señala argumentos comunes como: el alto costo asociado de un ideal utópico y sin embargo hoy son el ejemplo de dos actividades humanas a nuestro alcance, explicó Badilla Solano.
La renta básica universal (RBU) corresponde a una transferencia de dinero que el Estado realiza hacia una población, una especie de dividendo ciudadano de la riqueza socialmente construida, que no depende la condición laboral o nivel de ingresos de la población beneficiaria, en este sentido la renta básica universal tiene como características principales que es individual, regular, suficiente, permanente, incondicional y universal. El investigador señala además el rol que tendría la RBU en la lucha contra la pobreza extrema y la desigualdad. Por otra parte, si bien el autor señala posibles fuentes de financiamiento, es enfático al señalar que hace falta investigación experimental para poder determinar las formas más eficientes para su puesta en práctica.
Las investigadoras Natalia Dobles Trejos y Marcela Pérez Rodríguez presentaron el trabajo “Una aproximación al cuido en tiempos de COVID-19: una mirada desde adentro”, la cual estuvo divido en dos partes.
En la primera parte Dobles Tejos trató el tema de la situación de la mujer, la maternidad, cuidado y como la pandemia del COVID-19 vino a profundizar la violencia estructural sobre el cuerpo de las mujeres. “En el caso de Costa Rica con la pandemia se profundiza mucho la situación de recargo de las tareas domésticas en el caso de las mujeres, dedicando un aproximado de 35.49 horas por semana a las tareas domésticas más el trabajo, a las que se dedican al teletrabajo o trabajo fuera del hogar, y los hombres solo representan un 13.42 horas, con relación al trabajo de las mujeres”.
Además, la investigadora plantea que debe haber una educación en el tema del cuido y así esa tarea será más equilibrada para las mujeres. En el caso de reeducar en «corresponsabilidad social» para tener más equilibrio en las tareas de cuidados y también mencionar que el concepto de cuidados es un concepto político en el cual se llevan a cabo relaciones de poder y una separación marcada entre lo público y privado, sobre todo desde la concepción neoliberal que promueve el individualismo. Al mismo tiempo, este concepto debe ser universal a toda la sociedad, ya que cambiar hacia una visión más democrática de los cuidados permite equilibrar las relaciones sociales y económicas dentro de las democracias porque todo es un tejido social, el cual está entretejido entre las relaciones de cuidados porque somos interdependientes.
Marcela Pérez Rodríguez enfatizó su exposición en las personas adultas mayores, derechos humanos y acceso a cuidados, aprovechando que octubre es el mes de las personas adultas. Indicó que las personas adultas mayores son una responsabilidad de todos y todas y que esta población va en aumento rápidamente, según como lo indica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) se proyecta que para el 2050 existan 1 262 253 personas adultas mayores.
También explicó que la pandemia del COVID-19 ha afectado en mayor parte a esta población: “El 12 de agosto del 2020, mediante un comunicado de prensa el Dr. Daniel Salas, Ministro de Salud, informó que el 66.3 % de las personas fallecidas por esta enfermedad corresponden a este grupo etario. Éste presenta una tasa de letalidad del 12.1%, calculado con el porcentaje de las personas fallecidas afectadas por el virus.” Además, expresó que en Costa Rica se ha avanzado en el fortalecimiento del cuidado de esta población. Por ejemplo, en junio del presente año se aprobó la ley 9857 en la que se penaliza el abandono de las personas adultas mayores. Según CONAPAM, a junio del presente año se habían registrado 537denuncias relacionadas violencia psicológica, patrimonial y violencia física. En este momento, el Estado social no puede cubrir todas demandas específicas de las personas adultas mayores, de ahí la importancia de reconocer los tejidos, a veces invisibles del cuidado. Esto permitiría reducir las cargas de las personas cuidadoras (la mayoría mujeres) y fortalecer las políticas sociales.
El distanciamiento social, es parte de la trama del cuidado, son estrategias de protección y prevención ante el contagio de virus COVID-19, pero, esta medida agudiza los problemas de salud mental como es la percepción de soledad, depresión y desvinculación de las redes de apoyo formales e informales.
Pérez propone que estas políticas de cuidado, tendrían que formularse con una visión ética y, de solidaridad intergeneracional. La solidaridad intergeneracional no se puede visualizar desde una perspectiva dualista, competitiva, personas jóvenes-adultos mayores, sino comprende todos los grupos etarios, todas las personas diversas, sujetas de derecho, que conviven y están vinculadas por diferentes circunstancias, sean éstas, redes de apoyo formales e informales. Las redes de cuidado no solo hay que visualizarlas como soporte social para aquellas personas adultas mayores con situación de dependencia crítica, sino también, tendrían que estar dirigidas a personas sanas con edades avanzadas que aportan y contribuyen a la sociedad como personas activas y con derechos.
El cierre de las exposiciones fue con el investigador Julio Solís Moreira y la exposición titulada “Desventajas sociales y segregación territorial en el Área Metropolitana de San José (AMSJ). Sus efectos en la participación ciudadana.”
Mediante la utilización de diferentes mapas y gráficos, Solís Moreira abordó de forma puntual los cambios que se han dado desde 1960 en la distribución urbana y la población rural, y como en 1990 pasamos a ser una sociedad urbana. En este contexto, el investigador expuso como se fue dando un crecimiento de la ciudad mediante ensanches y ampliación en términos de densidad y edificación urbana.
Asimismo, señaló como el COVID-19 vino demostrar y poner en evidencia las zonas de vulnerabilidad y desigual social, debido a que es en esas zonas donde se encuentran los mayores focos de contagios del virus, donde hay mayor hacinamiento y segregación socio-habitacional.
El acto de clausura será el jueves 19 de noviembre, a las 2 p.m., con la conferencia internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19”, en la cual contará con la participación de Ricardo Sáenz de Tejeda, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Ana Lucia Álvarez Vijil, de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, y Álvaro Artiga González, Universidad Centroamericana de El Salvador.
Detengamos el golpe de estado que se anuncia públicamente. Quizás suene a quijotesco, pero solos y divididos nos COMEN a todos.
Hay que cerrar filas, los patriotas tenemos que reagruparnos en los 82 cantones del país y salir a conquistar la mente de las personas es la Batalla de las Ideas, entre todos estamos obligados a detener el GOLPE DE ESTADO que con bombas y platillos se anunció por parte del tarifado Juan Carlos Hidalgo para montar a Rodrigo Arias Sánchez.
De mi parte preparo una entrevista en el medio regional Periódico Mi Tierra a la cual me invitó el Director este martes tipo 3pm para alertar a toda la población en la zona de influencia fuera del Cantón de Grecia, hablar del Recurso de Amparo, la Denuncia ante la Defensoría y la Denuncia ante la CIDH, fomentar la reflexión que permita aglutinar amplios sectores de la sociedad, son tareas que tenemos todos a nivel nacional en cada una de nuestros Cantones.
TODOS tenemos la OBLIGATORIEDAD para con la PATRIA, nuestros hijos y nietos de dar la lucha en contra de TODOS los poderes que se han juntado para destruir lo que nos queda de país, hay, que detener el golpe de estado.
¡Es la hora de mayor cohesión y Unidad en las diferencias!
Si barren y reprimen a los que les «molestamos» hacer sus negocios corruptos, nadie se salva.
Saludos fraternos Ing Carlos Vega Luchador Social Grecia
¡Ayer fueron decenas los reprimidos BRUTALMENTE! ¡Hoy la REPRESIÓN se da en la zona Atlántica! ¡Mañana seremos TODOS!
«Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista, Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista, Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío, Cuando finalmente vinieron a buscarme a mi, no había nadie más que pudiera protestar.” Martin Niemöller
Imagen ilustrativa.
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