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Etiqueta: democracia

Elecciones a rectoría en la UNA… ¿hay candidatas?

Escrito en . Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Andrea Carazo*

En la Universidad Nacional, hay elecciones para nuevas autoridades el próximo lunes 22 de junio. El periodo de Alberto Salom y Ana María Hernández venció hace muy poco y ya hay candidaturas oficiales.

Nos preocupan y deberían ocupar muchas situaciones de la educación superior, pero hay un tema en estas elecciones inusuales y particulares en medio de la situación que atraviesa el país, que no podemos olvidar; esta es la deuda histórica de las mujeres en la Universidad en los puestos de máxima autoridad. Y a cómo avanza el proceso, ese puesto va a ser ocupado de nuevo, por un hombre.

En la campaña #EleccionesRectoría2020, de la FEUNA se señala esto como un problema estructural, pero también como un reflejo de que aún nos falta avanzar en materia de derechos de la mujer, en garantizar la transversalidad de género en el quehacer universitario y como sociedad. ¡Sí hay mujeres!, Claro que las hay. Es responsabilidad de todas y todos que esta participación sea la normalidad. No caben las excusas, ni se vale responsabilizar a las mujeres cuando los entornos son por sí mismos discriminatorios y excluyentes.

En este sentido, hay que mencionar que las tres candidaturas llevan en su papeleta tres candidatas a la rectoría adjunta, en buena hora, definitivamente, hay mujeres; sin embargo, el puesto de la rectoría adjunta ha sido relegado a nosotras, sin posibilidad (de nuevo) de asumir la cabeza de la U. En 47 años de la UNA, solamente hemos tenido tres rectoras de diez.

A la próxima gestión, considerando que la comunidad universitaria está compuesta mayoritariamente por mujeres, se exige claridad y acciones concretas que velen por la eliminación del hostigamiento sexual en los campus; mecanismos eficientes que atiendan y resuelvan las denuncias; requisitos de contratación del personal que no tengan antecedentes de violencia de género; la inclusión de bibliografía de mujeres en los planes de estudio; y por supuesto, impulsar y garantizar a mujeres en los demás puestos universitarios. Finalmente,

¡A las mujeres tomando decisiones las ocupamos hoy, vivas y visibles!  Y ya vamos tarde.

* Representante Estudiantil ante el Consejo Universitario de la UNA

Elementos gráficos utilizados por FEUNA en su campaña de información sobre las elecciones a rectoría 2020:

Entre la indefensión y la mentira más descarada

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro,
Sociólogo y escritor

La imposibilidad que tenemos de reconocer siquiera los contornos más elementales, pero decisivos del mundo en el que realmente vivimos, es tan peligrosa que hasta podemos convertirnos en nuestros propios verdugos. A veces esta falta de sintonía con eso que tenemos la costumbre de llamar la realidad, es algo que se manifiesta como una pérdida hasta del instinto de conservación, que como es bien sabido es un atributo de todas las especies animales.

Por lo general vivimos en mundos imaginarios como pompas de jabón, al decir el poeta Antonio Machado, en sus Proverbios y cantares, que se deshacen después de juguetear con nuestra falta de pertinencia y sentido de la realidad. Es así como muchas gentes pasan por alto lo que se les ha gritado en su cara, como cuando Óscar Arias Sánchez, uno de los ideólogos y verdugo ejecutor de nuestra desgracia contemporánea, dijo con voz altiva y sonora que vivíamos en una “dictadura en democracia” y que debíamos prepararnos para obedecer sus sabios mandatos, teniendo en cuenta que según él “los problemas de la democracia no se resuelven con más democracia”, tal y como ingenuamente habíamos pensado desde tiempos ignotos. En vez de actuar conforme a lo dicho por este gurú de la oligarquía seguimos actuando, durante más de una década, como si tales expresiones no tenían ninguna conexión con la realidad o nunca fueron expresadas, muchas buenas almas ni siquiera lo percibieron y van camino hacia la más gloriosa inanición. El problema es que ese uno de los componentes esenciales del mundo real en que vivimos, la gran pregunta es ¿hasta cuándo lo asumiremos así y dejamos de evadirnos del gran reto que se nos ha lanzado?

En ese mundo real, nos encontramos con que la inmensa cantidad de mentiras que se repiten todos los días en la prensa costarricense y regional, particularmente en los llamados grandes medios impresos y en la televisión, es de tal magnitud que los mentirosos de oficio terminan por atragantarse con ellas ¿será que no están tan convencidos de sus siempre falsas afirmaciones, repetidas hasta el cansancio? ¿será por eso que las repiten hasta el tedio y el cansancio, como si quisieran anestesiarse? En este juego tan astuto, le han metido en la cabeza a las gentes del común la idea de que hay unos “pensionados de lujo” en este país (en realidad gentes que pagaron cuotas muy elevadas por una pensión más alta), a los que les esquilman la mayor parte de la cantidad nominal que aparece como «monto de la pensión», como tampoco saben que muchos de ellos pagan casi un millón de colones sólo por impuesto sobre la renta, además de seguir pagando o aportando para el régimen de enfermedad y maternidad del Seguro Social, además de seguir cotizando para una jubilación de la que supuestamente ya disfrutan, lo peor de todo es que no saben nada del destino final de esos fondos.

También le han hecho creer a un sector importante de la población que los subsidios que entrega la Caja del Seguro Social, a título de «pensiones no contributivas», esos pagos a personas que no cotizaron para ningún régimen, como requisito para haberse jubilado o pensionado, cuando en realidad siguen sin haber alcanzado esa condición, ya que las jubilaciones se conforman con el aporte tripartito del trabajador, el patrono y el estado (algo que fue establecido ya durante la materialización de las políticas del new deal rooseveltiano, en la Norteamérica de los años treinta), debiendo cotizarse para ello durante un importante número de años, y tener ciertos requisitos en cuanto a la edad en la que se puede alcanzar dicho beneficio.

La odiosa campaña mediática contra los pensionados del magisterio y otros trabajadores es de tal magnitud, tan persistente en su odiosidad, como en su apego a la mentira más descarada, lo que ocurre en el caso de algunas gentes como la diputada Xiomara Rodríguez, religiosa neopentescostal (presuntamente cristiana) y conversa a la fe secular de la religión neoliberal del mercado y sus virtudes mágicas, como impulsora en la corriente legislativa del adefesio llamado ley 9796, cuyas inconsistencias se evidenciaron por la notoria ausencia de estudios actuariales, lo que demostraron con creces los economistas Francisco Esquivel y Hernán Alvarado y el doctor Jorge Danilo García Hidalgo, con sus sólidas argumentaciones siempre metódicas, además de acuciosas y certeras, sobre los temas sociales implicados en la peligrosa conjura neoliberal que nos asecha, como también en defensa de nuestro estado social de derecho y de rechazo a la burla a los derechos de los pensionados del magisterio nacional. El descaro de la parlamentaria que no parlamenta(que no habla, ni dialoga nunca) es tal que insiste en hablar de “privilegios para los pensionados del magisterio nacional”, como cuando se afirma que: “(La legisladora Rodríguez)… lamentó que estos jubilados insistan en defender sus privilegios (ante la presentación de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional), más aún cuando el país vive una crisis social y financiera…” de la que no son responsables los educadores pensionados, cuando más bien hace apología de la mentira cuando dice: “Soy respetuosa del Estado de derecho, sin embargo lamento que mientras haya personas tratando de defender sus privilegios hay otros que están literalmente sin comer” pues no sólo irrespeta la legislación vigente en la materia, en especial la ley 7531 de pensiones del magisterio nacional, sino que responsabiliza con evidente hipocresía a las personas que cotizaron una vida entera por una pensión de la gran desigualdad social existente en el país, desde luego no dice ni una palabra de los evasores y elusores fiscales billonarios, ni de los malversadores de los fondos públicos, los que son autores de notorias estafas al fisco, quienes son los verdaderos privilegiados en esta sociedad… Luego agrega, con gran ligereza, que: “Tuvimos todos los cuidados en el trámite de la ley y esperamos que la Sala lo reafirme. Las pensiones de lujo no deben existir en el país y este fue el mecanismo que, la vía de la legalidad, encontramos para frenar estos abusos” insistió” (Diario Extra, martes 2 de junio, página 5), con lo que lanza una cascada de mentiras descaradas e insiste en hablar de unas inexistentes “pensiones de lujo”, a la vez que ignora la necesidad y obligatoriedad de estudios actuariales sobre estos temas, razón por la que señora diputada es quien se introduce en la vía de la ilegalidad, y en la de la burla a los derechos de los pensionados del magisterio nacional. Dicho de otra manera, se materializa en todos sus alcances, con este tipo de acciones y omisiones, la dictadura en democracia, en la que vivimos los costarricenses, aunque muchos no lo admitan o no se hayan percatado de ello.

Mienten sobre el desmantelamiento de la CCSS, una labor criminal en la que llevan ya muchos años, durante al menos un período que supera las tres décadas, negándole el pago en efectivo a la institución encargada de la seguridad social de sumas de muchos millones de colones (en realidad billones), por lo que ahora con esta pandemia están a punto de quebrarla, con lo que se agudizan las graves dificultades que hay como resultado de la mala administración de los fondos de los regímenes de enfermedad y maternidad e invalidez, vejez y muerte (IVM), que es el de la pensiones de la caja siempre amenazado por estas políticas criminales. Estos canallas mentirosos de profesión, aparentan ser los defensores del pueblo, cuando en realidad preparan el exterminio de muchos miles de personas, por vías directas e indirectas, casi por inanición en el caso de muchos de los llamados «adultos mayores». El panorama es tal que todo apunta hacia el saqueo de todos los fondos de pensiones en beneficio de los intereses del capital financiero, y de los estafadores con los llamados «fondos de inversión», como es el caso de ALDESA. ¿Cuándo tomaremos contacto con lo que verdad está ocurriendo y lo llamaremos por su nombre?

¿Democracia o Anarquía?: ¿Cuál Es El Camino A La Libertad?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Macv Chávez

Indudablemente la Anarquía, pero -siempre hay un “pero”- para ser honestos no estamos preparados para una anarquía como la pienso, acorde a estos tiempos, porque ya no estamos en la edad media ni en siglos pasados, donde la ley del más fuerte se manifiesta por las armas, porque ahora todo se mide por la inteligencia, razón por la cual contemplamos que el mundo cinematográfico -y otros- apunta a promover como normalidad las guerras bacteriológicas, algo que requiere de suficiente inteligencia para ser desarrolladas; por ende, debemos ser más inteligentes para romper las cadenas de la opresión, es decir, debemos alcanzar la sabiduría del ser, para no dejarnos someter por el sistema como si fuéramos borregos, por eso creo que la anarquía es mejor, porque la anarquía nos incita a ser sabios, a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestro yo universal.

Pero ¿por qué no elijo la Democracia si es la mejor forma de gobierno? Muy sencillo: Cuando pienso en «Democracia» se me viene a la mente la imagen donde Sócrates tiene que beber la Cicuta para demostrar que los hombres de su tiempo estaban equivocados. Lo mismo sucede con muchísimas personas que han intentado luchar contra la gran corrupción política que existe en la mayoría de los gobiernos democráticos, donde los grupos de poder controlan el poder del sistema, por ende, al gobierno que somete al pueblo para que sigan trabajando para sobrevivir y para los ricos, cosa que lo hemos podido comprobar con mayor fuerza en este tiempo de “pendemia”, porque fue una gran pendejada lo que le hicieron al pueblo los ricos y políticos.

Por otro lado, cuando pienso en Anarquía -como lo ve la mayoría del pueblo- se me vienen dos imágenes a la cabeza, la primera es la del Guasón diciendo: «Introduce un poco de anarquía, altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos. ¿Te digo algo sobre el caos? Es miedo”, cosa que me lleva a la otra imagen: las guerras civiles han terminado en Tiranía o Dictadura, debido a que toda rebelión necesita un líder, un salvador que los libere de la opresión para meterles a otra opresión; y por esta razón digo que no estamos preparados para ser libres, es decir, para una Anarquía Inteligente, acorde a nuestros tiempos, es decir, respetando el derecho y el deber que todos tenemos como personas, algo que es necesario e indispensable para trascender.

Por otro lado, pensar en una Anarquía Inteligente o Autocracia es una utopía de las más grandiosas para estos tiempos, no porque sea imposible, sino porque la gente que tiene edad para ser dueño de su propia vida no está preparada ni lo estará en cincuenta años, porque están acostumbrado a seguir a un guía, y por eso las sociedades han vivido eligiendo tiranos disfrazados de salvadores, hasta hacer de las políticas de gobierno más de lo mismo: la tiranía de la Oligarquía, porque les pagamos suculentos sueldos para que no trabajen como deberían hacerlo. Y por eso, digo que la única Anarquía que podemos hacer en estos tiempos es la de no dejarnos aplastar más los derechos, para pensar que debemos formar a los niños del ahora para que sean los jóvenes del mañana, ese mañana que cambiará la historia de la humanidad en tres generaciones si es que sabemos formarlos como seres racionales, libres y conscientes, dueños de su vida, de sus deberes y derechos, sin ser oprimidos ni oprimir a nadie.

Lima, 13 de junio de 2020 a las 00:09 horas

¿Hablamos en serio de pensiones?

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Hernán Alvarado

            El señor Presidente Carlos Alvarado volvió a su campaña contra las pensiones. Posteó en Facebook que «las pensiones son para proteger, no para enriquecerse», después de presentar personalmente una coadyuvancia que, como ha denunciado la AFUP, es intimidatoria.[1] Por lo visto, la Ley 9796 no se sostiene sola y le espera el merecido viacrucis jurídico. Además, él ha repetido que renunciará a su pensión de ex Presidente en su deslucido «informe» del 4 de mayo pasado.[2]

            El caso es que, a través de la Ley 9796, el Estado costarricense pretende ejercer una violencia patrimonial arbitraria gravando reiteradamente los ahorros de las personas adultas mayores. Además, esa ley cohonesta la irresponsabilidad de un Estado que no formó el fondo de pensiones solidario que mandaba la Ley 2248, cuando menos para el Magisterio Nacional.

            Así responde el mandatario a la acción jurídica de un primer grupo de pensionados que defienden, de manera legítima, sus derechos lesionados. De nuevo, redes sociales, medios de prensa y declaraciones de la clase política aparecen orquestados para intranquilidad de las personas adultas mayores. Ellas debieran demandar también a todos aquellos que usan el cliché o estigma difamatorio con que se les chuza sistemáticamente desde hace tiempo, por ser un comportamiento que atenta contra la dignidad de la persona, corazón del sistema jurídico. No se vale que siga impune y no hay que darle alas al animal ponzoñoso, según reza el refrán popular.

            Ahora bien, ¿habla en serio el Presidente de un tema tan delicado? En primer lugar, nadie se enriquece con una pensión por más alta que sea, como tampoco se puede llamar enriquecimiento a un salario público de ₡ 9,500,000. Si así fuera, habría que decir que él mismo puso a doña Rocío Aguilar a enriquecerse. Pero la verdad es que no hay manera de hacerse realmente rico sin explotar al prójimo, sin contratar a muchos trabajadores que produzcan riqueza para uno. A estas alturas no hay misterio al respecto, ni otra forma legal o ilegal de lograrlo.

            Por eso, ningún pensionado aparecerá jamás en la lista de ricos de la revista FORBES. El Presidente puede preguntar a quienes ahí aparecen: Rodolfo Jiménez Borbón, por ejemplo, recibe ₡ 875,185 millones al año, Carlos Cerdas Araya ₡ 389,600 millones y Steve Aronson ₡ 84,750 millones anuales. Un pensionado que recibiera, supongamos, ₡ 15 millones al mes, obtendría al año ₡ 180 millones, es decir, 0,02 % de lo que recibe don Rodolfo, o bien, 0,2 % de lo que recibe don Steve.

            Por tanto, las categorías de riqueza, privilegio y lujo no aplican a pensionados ni a empleados públicos, a no ser que uno quiera hacerse el cínico, el ignorante o el charlatán. Y si le cabe duda, el Presidente puede preguntar qué es enriquecimiento a la UCAEP, que tal vez podría aconsejarle, de paso, sobre cómo combatir la evasión de impuestos, las deudas con la seguridad social y la exportación de ganancias a paraísos fiscales; o cuando menos podría recomendarle a los mejores asesores en un tema que fue el gran ausente de su «informe a la nación». ¿Por qué, señor Presidente, evade usted el tema de la evasión siendo tan importante para este Pueblo?

            En segundo lugar, una pensión no es para proteger a nadie, salvo en una visión asistencialista o paternalista pasada de moda. El señor Presidente debiera saber que una pensión es un ahorro que una persona hace a lo largo de toda su vida laboral para tener una jubilación digna y puede ser tan alta como corresponda a sus cotizaciones. Hace años se promovió, por ejemplo, pasarse del Magisterio a la CCSS y era atractivo porque implicaba una reducción de las deducciones salariales, o sea, aumentaba los ingresos mensuales. Pero muchas personas no lo hicieron pensando en un futuro mejor, ¿quién les explica ahora que ahorraron en saco roto?

            Por otro lado, una pensión también puede verse como un incentivo para renovar trabajadores activos. La idea es que entren a trabajar fuerzas nuevas que adelanten las innovaciones que el sistema económico demanda constantemente. Por eso, en la medida que la jubilación es voluntaria, si las pensiones no son dignas dicho proceso se retrasa o se malogra. De hecho, varios colegas se han retractado últimamente de pensionarse, por la incertidumbre que pesa sobre el futuro de sus ahorros. Así que los más jóvenes tendrán que esperar. ¿Dónde están los estudios que permitan decidir sobre un asunto clave para la productividad promedio del país?

            Nadie parece haber tenido eso en cuenta en este «debate» tan pobre en ideas. Tanto que ni siquiera ha partido de los correspondientes estudios actuariales de los diferentes fondos. Nadie menciona tampoco el interés de privatizar dichos fondos que le hacen la boca agua al sector financiero, el único y verdadero protegido del neoliberalismo; como se puede ver en el tema de usura, aludido anecdóticamente por el discurso presidencial.

            La protección de los más pobres no se puede lograr confiscando ahorros a las pensiones más altas para pasárselas a las pensiones más bajas. Del todo, la pensión no es el instrumento idóneo para eso. Además, es ilegal e inconstitucional que el Estado pretenda trasladar su responsabilidad a un pequeño grupo de pensionados. Por cierto, ¿alguien puede creer en la sinceridad de unos diputados orgullosos de su «solidaridad» con el dinero de otros?

            Si de protección se trata, hablemos en serio de un salario social o de un ingreso universal que garantice a cada ser humano un mínimo de subsistencia, desde la cuna a la tumba, por el simple hecho de serlo, tema de punta en esta materia. Así se acabaría, por fin, con la pobreza extrema. Aunque no del todo con la pobreza, que es un concepto relativo, como decir riqueza, porque mientras la política pública siga favoreciendo la desigualdad social siempre habrá algunos demasiado ricos que correspondan a muchos demasiado pobres. ¡Cuánta falta hace hoy en día la visión de estadista de Alfredo Gonzalez Flores, Rafael Ángel Calderón Guardia, José Figueres Ferrer, Daniel Oduber Quirós o Rodrigo Carazo Odio!

            En una crisis sanitaria como la actual un ingreso vital universal hubiera mostrado su eficacia porque no habría dejado a nadie librado a su suerte. Luego, sería como un seguro si se toma en cuenta que nunca habrá una vacuna contra todas las pandemias.[3] Como un solo ejército combatiríamos así cualquier virus, entrando y saliendo a las casas, en táctica de acordeón, a una sola orden del Presidente. Además, podría asociarse a determinados deberes cívicos y comunitarios con el fin de fortalecer, por ejemplo, educación y salud, incentivando la participación ciudadana en todos los niveles de la administración pública. Dede luego, mucha tela queda por cortar al respecto, pero eso sería comenzar a caminar en serio hacia los más vulnerados, implicando también al sector financiero con su añorada bancarización universal.

            En cuanto a la renuncia a la pensión de ex Presidente, es casi increíble que el mandatario insista en cosechar un rédito publicitario con un derecho que todavía no goza. A penas comparable con repartir los ahorros confiscados a los pensionados cuando ni siquiera ha entrado en vigencia la Ley 9796, para tildar después de egoístas a quienes defenderían su patrimonio. Si esto no es populismo que alguien nos diga cómo se llama; tal vez algún garante nos pueda explicar qué tipo de ética es esta.

            Además, mientras no se modifique la norma de pensiones para ex Presidentes (Ley 7302, capítulo III) el mandatario no podrá hacer lo que promete y no parece haber voluntad política para esto. Lo que podrá hacer eventualmente es donar lo que será entonces su dinero privado. A la mejor usanza neoliberal que trata la pobreza como un asunto de caridad o filantropía y no de justicia. Pero en ese caso, según recomienda el Evangelio, mejor que la derecha no se entere de lo que hace la mano izquierda.

            Por otro lado, en rigor, la pensión de un ex Presidente es espuria, pues no corresponde a lo cotizado. En ese sentido, el dilema será siempre servir a la Patria o servirse de ella. Por eso, aunque legal, puede que no sea bien vista. Más aún, no debiera existir, ya que ser Presidente es un honor y un servicio a la patria que no tiene por qué ser retribuido de por vida. Tampoco la de un diputado o la de un Ministro en las mismas condiciones. Pero no se justifica hacer escarnio público de personas honorables por algo que es un defecto del diseño institucional.

            En sentido estricto los ex Presidentes no hacen nada ilícito al aceptar ese dinero que, como muchos otros estímulos, hoy se tiene y mañana no. Ellos no fueron quienes aprobaron la ley y esta es una sociedad basada en incentivos monetarios y normas, aunque para algunos resultan ser válidos para el ganso pero no para la gansa. Satanizar los incentivos monetarios es a penas propio del terrorismo neofascista y ultra liberal que campea hace rato en el valle central y que representan mejor que nada la tentación suicida del capitalismo.

            Se ve claro entonces que este no es el caso de una pensión digna o verdadera, como derecho adquirido y consolidado después de 30 o 40 años de cotizaciones. La poca seriedad con que se ha tratado el tema es obvia por la mezcolanza abigarrada que los diputados han hecho en esta materia, en contubernio con una prensa acrítica, superficial y complaciente con los poderosos. La ley 9796 exacerba el conflicto que divide a la sociedad costarricense desde hace más de 30 años y crea más problemas de los que resuelve. Señal de que no es justa, puesto que la justicia pacifica tanto como la injusticia enerva; si fuera justa se defendería sola.

            Por lo demás, en una República participativa, como la que establece el artículo 9 de la Constitución, una reforma de pensiones debiera ser un proceso transparente, participativo y concertado, con rigor técnico y sensibilidad social, garantizando confianza como ingrediente indispensable. El Presidente dejó claro que eso no le interesa al nombrar a doña Rocío Aguilar en la Superintendencia de Pensiones, burlándose sin disimular de la Contraloría. Ella ha reforzado la desconfianza al nombrar a Nogui Acosta. Puede que sea parte del magnánimo espíritu protector del Presidente, pero el hecho es que participación y acción ciudadanas no tienen ningún peso en su discurso. Lo cual no solo es inconsecuente con el nombre de su partido, sino que implica una posición poco democrática que no honra la norma superior.

            En conclusión, todavía no se ha hablado con el rigor que merece de un tema tan complejo, pero el debate ya fue cerrado antes de abrirse, por una campaña que concita prejuicios, envidias y odios. Los daños morales y políticos, directos y colaterales, son cuantiosos; aunque todavía a nadie se le pasa factura. Por su parte, los trabajadores activos no parecen haber considerado debidamente lo que todo esto implica para su futuro. Pero ya se darán cuenta. El pato de la fiesta o «chivo expiatorio» ha sido un grupo de personas mayores a quienes no solo se les quiere confiscar sus ahorros, nuevamente y de modo discriminatorio, sino que encima se les difama gratuitamente y se les insulta porque defienden su derecho.

            Ahora, la justicia tendrá que dirimir de qué lado está la razón. Si rige o no el principio de no retroactividad de la ley. Si se vale o no que el Estado-patrón legisle a su favor para evadir su responsabilidad social y sus compromisos legales; si el derecho defiende al débil o complace al fuerte en un asunto eminentemente laboral. Si está del lado del ciudadano, protegido del Soberano, o valida las pretensiones de un Estado abusivo mal encaminado por intereses politiqueros. Si los derechos humanos están pintados en la pared y sirven para ganar votos e imagen, o deben respetarse seriamente por seguridad jurídica de todos y para la defensa de la paz social y la democracia costarricense.

[1] Lamentablemente, los integrantes de otros Poderes se están habituando a puyar a los magistrados como si fueran diputados que ceden a presiones mediáticas.

[2] Como «evaluación de resultados y rendición de cuentas» que debería dirigirse al Pueblo, más que a la Asamblea Legislativa o al Poder Judicial, ese discurso no es de recibo. El nuevo Presidente de la Asamblea Legislativa se dio el lujo de eximirlo del «control político». Ambos incumplieron flagrantemente el artículo 11 de la Constitución, pues «Los funcionarios son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la Ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.» Ellos que juraron cumplir con la norma superior. Ahora ¿quién podrá defendernos?

[3] Ahora el Gobierno español ha mostrado interés en el «salario social básico» que se ha puesto en práctica en Asturias, desde hace una década, y que cuenta con otras réplicas que pueden servir de referencia.

Foto: Actividad de la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP)

UCR: Desempleo y reducción de ingresos agobian a costarricenses durante la crisis del COVID-19

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Pese al contexto, la ciudadanía expresa su respaldo a las acciones gubernamentales y confía en la gestión de las autoridades

El 57 % de las personas encuestadas reporta dificultades debido a que el ingreso que su familia recibe mensualmente no les alcanza para vivir. Foto: Karla Richmond.

Un 46 % de los costarricenses ha perdido su trabajo y el 52 % afirma que algún familiar ha tenido una disminución de su jornada laboral. El desempleo y la reducción de ingresos dificultan los esfuerzos de los costarricenses para enfrentar el COVID-19.

Así lo revela el más reciente estudio de opinión pública del Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), realizado del 13 al 22 de abril mediante 1 042 entrevistas telefónicas a personas mayores de edad localizadas en todo el país.

La medición reveló que 66.5 % de las personas consultadas perciben con pesimismo la situación económica, cifra que, si bien es menor al panorama registrado en noviembre anterior, cuando este rubro alcanzó el 80 %, no deja de representar a dos tercios de la población.

El 57 % de las personas encuestadas reporta dificultades debido a que el ingreso que recibe su familia mensualmente no les alcanza para vivir, el 32 % afirma que apenas logra cubrir sus gastos y solo un 11 % cuenta con suficientes recursos económicos para vivir e incluso ahorrar.

El coronavirus se coloca como la principal preocupación ciudadana, pero viene acompañado por el desempleo y el costo de la vida, áreas que han sido destacadas entre los principales problemas del país durante los últimos dos años y ahora son agudizadas por la crisis.

Según el politólogo e investigador del CIEP Ronald Alfaro, la situación de emergencia producida por el COVID-19 ha tenido implicaciones en todos los ámbitos de la vida social e incluso en la opinión pública, donde se evidencia un fuerte golpe en el ámbito económico.

El coronavirus se coloca como la principal preocupación ciudadana, pero viene acompañado por el desempleo y el costo de la vida, áreas que han sido destacadas entre los principales problemas del país durante los últimos dos años y ahora son agudizadas por la crisis. (Imagen.CIEP)

Ciudadanía confía en el Gobierno y apoya medidas 

Pese al difícil panorama que plantea el COVID-19, el 74.5 % de la ciudadanía confía en las decisiones gubernamentales para hacer frente a la situación, un 18.1 % se mantiene neutral y apenas un 7.04 % muestra una actitud negativa frente a las acciones tomadas.

Si bien se evidencia un apoyo general a las acciones gubernamentales, destaca que el 93.89 % de las personas cataloga de manera positiva las medidas sanitarias, al igual que lo hace el 70.68 % con las acciones tomadas en materia económica.

La evaluación ciudadana sobre la gestión del Gobierno muestra una variación positiva de 57 puntos porcentuales respecto a la medición realizada por el CIEP en noviembre anterior, pues ahora el 76 % de las personas consultadas la cataloga como buena o muy buena.

La valoración del trabajo del presidente Carlos Alvarado también experimenta un cambio favorable si se compara con la consulta anterior, donde solo el 22 % de los encuestados tenía una opinión positiva sobre el trabajo del jerarca y el 59 % lo evaluaba de manera negativa.

Ahora el mandatorio casi logra invertir los resultados, al obtener un 65 % de opiniones favorables y solo un 20 % de posturas contrarias. Este incremento de 43 puntos porcentuales es el más alto de esta Gobierno y es uno de los mayores respaldos a la gestión de un presidente registrados en el país desde 1995.

El analista del CIEP asegura que, aunque no es posible establecer una causalidad directa, se observa una correlación entre las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo, el apoyo que recibe de la gente y las opiniones favorables hacia quienes gobiernan.

Alfaro afirmó que el incremento en el gasto social puede tener efectos favorables en la aprobación presidencial. Por tanto, el Plan Proteger, junto con las otras acciones de respuesta frente al COVID-19, podría explicar este significativo aumento en la calificación positiva de la labor presidencial en la actual coyuntura.

Este nuevo estudio del CIEP determinó, además, una mejora en la valoración general de las instituciones públicas, las cuales, lejos de verse como algo que surgió de manera espontánea, se vinculan de manera directa con las respuestas ofrecidas por el Estado durante la atención de la crisis.

El 95 % de las personas consultadas reconoció la labor realizada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CSSS) y el Ministerio de Salud, mientras que el 89.2 % destacó el trabajo del Ministerio de Seguridad.

Al tiempo, aumentó la valoración ciudadana a otras instancias como la policía, que pasó de 6.3 % a un 8.25 %, mientras las universidades públicas pasaron de 7.8 % a 8.4 % y la nota de la Asamblea Legislativa incrementó de 4.8 % a 6 %.

Crisis legitima y fortalece sistema democrático costarricense

Según el experto del CIEP, en medio de la crisis, los costarricense perciben de forma positiva a las instituciones públicas como representación política de los intereses colectivos y evidencian un fuerte apego a los principios democráticos.

En esta medición, el respaldo ciudadano a la democracia como forma de gobierno fue de 76 puntos, el valor más alto registrado desde 1987 cuando el país superó la crisis económica del inicio de la década y destacó en el ámbito internacional tras la entrega del Premio Nobel de la Paz al expresidente Óscar Arias.

Según el CIEP, diversas investigaciones en este campo han determinado que la democracia es vulnerable a rupturas y quiebres con profundas implicaciones en las sociedades en tiempos de crisis, pero las democracias maduras son resilientes y resistentes en estos contextos.

La experiencia de Costa Rica en la atención del COVID-19 contrasta con el panorama de otros países de América Latina como Brasil o México, donde la batalla contra la pandemia ha generado acciones colectivas y fuertes cuestionamientos a la legitimidad y a las decisiones de las autoridades.

Alfaro explicó que todas las democracias están expuestas a «shocks» de diversa índole. Unos podrían ser originados por problemas económicos, escándalos de corrupción o por situaciones externas como el COVID-19. Es, entonces, cuando el respaldo gubernamental construido como sociedad a través del tiempo es clave para superar la crisis.

“El coronavirus se convirtió en un disparador y movilizó al país hacia la dirección de fortalecer la creencia ciudadana en la democracia. En otras palabras, los ciudadanos cerraron filas con la democracia para batallar contra la pandemia”, concluyó el investigador.

Como es usual, esta medición del CIEP se basó en un muestreo aleatorio a partir del Plan Nacional de Numeración de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y es representativo de toda la población del país con teléfono celular. Los resultados cuentan con un nivel de confianza del 95 %.

 

Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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La gobernanza de las relaciones laborales en la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

“Ojalá que el virus nos haga salir de la caverna, la oscuridad y las sombras” (E. LLedó)

Manuel Hernández

  • La proscripción de la participación de los sindicatos y la contribución normativa del subgrupo de trabajo de la Mesa de Infraestructura Productiva

1.– El tema y objeto de esta entrega

Ahora que las autoridades del Ministerio de Salud esperan hacer un giro de tuerca y flexibilizar las medidas sanitarias, tendiente a normalizar la actividad productiva y “un retomar organizado” y controlado de las actividades comerciales, que prometedoramente se anticipó que se anunciará el lunes de la próxima semana, en la infaltable y aséptica conferencia de prensa del medio día, cuya primicia ha generado mucha expectativa, es pertinente y oportuno, después de más de un mes de aciaga pandemia, tratar de hacer un intento jurídico, que es mi trinchera, de análisis y caracterización del manejo de la gobernanza de las relaciones laborales, en estos tiempos tan difíciles e inciertos.

2.– La importancia y urgencia del diálogo social

La cuestión tiene que ver con la importancia y urgencia del diálogo social, la participación de los agentes sociales y la intervención de los órganos paritarios o tripartitos radicados en nuestro ordenamiento, en materia relaciones laborales, prevención y protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

La OIT estableció en el Marco de las políticas de lucha contra el COVID-19, que el Diálogo Social constituye uno de los pilares fundamentales, dirigido a fortalecer la negociación colectiva, las instituciones y los mecanismos de relaciones laborales.

Desde luego que el asunto tiene que ver, en definitiva, con la gobernanza democrática de las relaciones de trabajo.

3.- Algunas experiencias internacionales de gobernanza laboral

Pero antes de cumplir mi objetivo, no deja de ser relevante, aunque sea de manera muy general, reseñar la experiencia de algunos países de Europa y América Latina, en los cuales los agentes económicos, pero no sólo los productivos, sino también los agentes sociales, han tenido una significativa participación en la determinación conjunta de la protección del empleo, los salarios y la salud de las y los trabajadores, hasta donde políticamente ha sido posible.

En algunos de estos países, incluido Argentina, se llegó hasta la prohibición del despido, por motivos de fuerza mayor o causas económicas relacionadas con la pandemia del covit-19.

En Italia, por ejemplo, los sindicatos CGIL, CISL y UIL pactaron con la patronal un acuerdo de 13 puntos, que contiene medidas para proteger la seguridad y salud de los trabajadores (control de ingreso al centro trabajo, limpieza y saneamiento de locales de trabajo, precauciones higiénicas, uso de mascarilla y guantes, vestuarios, tiempos de entrada y salidas escalonados, comité de aplicación del protocolo, entre otras).

En España, los principales sindicatos de trabajadores (CCOO Y UGT) y la patronal (CEPYME Y CEOE), desde el principio de la pandemia, celebraron un sustantivo acuerdo que contiene un conjunto de medidas extraordinarias para abordar la problemática laboral generada por el coronavirus.

Ahora que varios países de Europa llegaron al punto alto o pico y se está aplanando la famosa curva, con lamentable pérdida de tantas vidas humanas, la negociación colectiva tiende a volcarse y priorizar en la definición de las condiciones y medidas laborales atinentes a la vuelta de la reactivación de la actividad económica y normalización del funcionamiento del aparato productivo, garantizándose el papel activo de los sindicatos, como tiene que ser en un ordenamiento democrático, en el diseño de protocolos, control y cumplimiento de las medidas de protección de las y los trabajadores.

La discusión está enfocada en la consecución de un equilibrio, hasta donde sea posible pactarlo, entre la protección de las y los trabajadores y la regularización de la actividad productiva.

En Uruguay, en el ámbito del comercio y la industria de la construcción se han celebrado importantes arreglos. El sindicato de la construcción SUNCA pactó con la Cámara de la Construcción un acuerdo que establece las condiciones del retorno de operaciones de esta actividad y las medidas de protección y seguridad de los trabajadores para mitigar el contagio.[1]

No deja de ser interesante un acuerdo global que pactó esta misma semana, la Confederación Sindical Internacional (CSI), IndustriALL y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), cuyo objetivo es construir un espacio para el desarrollo de medidas dirigidas a proteger los ingresos de los trabajadores de la industria de la moda y las empresas integradas en la cadena mundial de producción y suministros, con la finalidad de mitigar los efectos del COVID-19.

A este acuerdo se han adherido fuertes empresas del sector, como Inditex, C§A, Adidas, Primark, Bestseller, Tchibo, Zalando y otras.

4.- La gobernanza de las relaciones laborales en Costa Rica en el escenario de la crisis sanitaria

Mientras en otras latitudes se ha venido gobernando así las relaciones laborales, ciertamente en un escenario inédito, complejo y dinámico, marcado de tensiones entre los intereses patronales y los trabajadores, entre el poder de dirección del patrono y la autonomía colectiva, en nuestro país, el manejo de la crisis ha sido radicalmente no sólo distinto, sino diametralmente opuesto.

El tratamiento político de la emergencia sanitaria se ha caracterizado por una gobernanza unilateral de las relaciones laborales –mejor dicho, relativamente unilateral, por el motivo que se expone en el próximo acápite-, cuya nota más relevante consiste en la exclusión total de la participación de los sindicatos, pero no sólo de los sindicatos, sino además, en la eliminación de los foros institucionales establecidos en nuestro ordenamiento, particularmente en materia de salud ocupacional.

5.– Las medidas laborales de emergencia

Hagamos un ligero repaso de las medidas laborales más significativas, tratando de enfocarnos, no tanto en su contenido, que ya abordé en varios artículos precedentes[2], sino más bien centrándonos en la forma en que se instrumentaron esas medidas, prácticamente sin ninguna resistencia.

Los invito a que realicemos una rápida revista de las principales medidas de carácter laboral impuestas.

La ley que licenció la reducción de la jornada de trabajo, por voluntad unilateral del patrono, con la consecuente disminución proporcional hasta de un 75% de los salarios, se aprobó a expensas de un procedimiento legislativo, fast track y a la carta, a instancia del Poder Ejecutivo, sin que se concediera ninguna instancia de participación a los sindicatos.

La creativa y generosa normativa reglamentaria promulgada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estableció un mecanismo ultra rápido y unilateral de suspensión de los contratos y reducción de las jornadas de trabajo, que se estableció también sin conceder, por lo menos, audiencia previa a los sindicatos.

Pero hasta aquí no llega esta política de Estado de corte unilateralista.

6.- La defenestración de los órganos tripartitos y paritarios en salud ocupacional

Cómo si lo anterior no fuera poco, el Consejo de Salud Ocupacional (CSO) ha sido confinado a una participación simbólica, prácticamente sustituido por un grupo ad hoc de trabajo institucional, con participación del sector privado, que de facto asumió la rectoría de la salud ocupacional.

Las comisiones de salud ocupacional, que por mandato de ley deben funcionar en todas las empresas e instituciones, integradas paritariamente por representantes del patrono y trabajadores, fueron inutilizadas, bloqueadas, que sólo están a la espera que algún samaritano les retire el respirador mecánico, que les conectaron desde que empezó la pandemia.

7.- El cogobierno de los empresarios y patronos

Toda esta política sistemática de interdicción de la Libertad Sindical, la negociación colectiva, la exclusión de la participación de los sindicatos y la defenestración del órgano tripartito (CSO) y los bipartitos en materia de salud ocupacional, contrasta ostentosamente con el co-gobierno y la participación hegemónica del sindicato patronal UCCAEP.

Este sindicato corporativo asumió un rol conductor y determinante en la emisión de aquella ignominiosa ley de rebajo de jornadas, en la reglamentación inconsulta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con base en la cual, como he dicho en artículos anteriores, las autorizaciones administrativas de suspensión de los contratos y reducción de jornada de trabajo, se editan masivamente como rotativos de periódicos impresos.

Ya llevamos al hilo, de acuerdo con el corte de la Inspección de Trabajo, de 20 del mes en curso, cuya misión es -por contrario a lo que ha hecho- velar por los derechos de trabajadores, más de 39.000 personas trabajadoras, con contratos “temporalmente” suspendidos y más de 71.000 a quienes se les redujo la jornada de trabajo y los salarios.

La suspensión “temporal” de los contratos de trabajo, hasta por un período de tres meses, prorrogables por un período igual, configuran materialmente despidos encubiertos, que han sido cohonestados por esa normativa de muy dudosa constitucionalidad y legalidad, para favorecer los intereses del empresariado costarricense y transnacional.

8.- El grupo de trabajo de la Mesa de Infraestructura Productiva: el golpe de facto al CSO y las comisiones de salud ocupacional

Pero en esta entrega, para ir cerrando, quiero concentrarme en un tema, que me permito llamar poderosamente la atención de las y los lectores, ampliamente desconocido, que no podría dejar pasar inadvertido, expresión de esa política de Estado de carácter unilateral y antisindical.

En el seno de la Mesa de Infraestructura Productiva se aprobó la “Guía para la prevención, mitigación y construcción del negocio para la pandemia COVIT-19 en los Centros de Trabajo”.

Esta guía define los lineamientos generales orientados al empresariado, para que implemente las medidas de prevención de salud de los trabajadores, desde la lógica la continuidad de las operaciones de las empresas.

La guía fue elaborada por esa instancia, integrada exclusivamente por varias autoridades institucionales, representantes y asesores del sector privado.

La guía comprende tres áreas: recurso humano, implementación de protocolos y condiciones de trabajo.

El instrumento es bastante extenso del cual se pueden inferir las siguientes conclusiones:

En primer lugar, fue elaborado por un grupo de trabajo, con representantes del sector privado, que excluyó totalmente la participación de los representantes de las y los trabajadores.

La guía contiene medidas concernientes a las condiciones de trabajo, implementación de protocolos, obligaciones que deben cumplir las y los trabajadores y otros aspectos relacionados con el recurso humano, que son del interés natural de la clase trabajadora; por lo que resulta totalmente insólito que ese instrumento se haya construido privándose a la representación de los trabajadores toda clase de intervención.

No puede ser que un grupo institucional, conjuntamente con representantes del sector privado, regule esta importantísima materia, de la mayor trascendencia de la clase trabajadora, dejando por fuera a las representaciones sindicales.

La segunda conclusión a la que uno puede llegar es que las medidas de protección de los trabajadores quedan subordinadas a las necesidades prevalecientes de preservación del tejido empresarial y la continuidad de operación de las empresas: “orientar al empresariado costarricense hacia una cultura de prevención en sus centros de trabajo, desde una lógica de continuidad del negocio.”

Es decir, se privilegia el interés económico y productivo de las empresas, sacrificando el interés público fundamental de tutela de la vida y salud de los y las trabajadoras.

Esto es sumamente grave, pero responde a esa “lógica” empresarial que privilegia las ganancias del capital, a costa de los intereses supremos de la clase trabajadora.

En tercer lugar, lo cual no es menos grave, las competencias que por ley le corresponden al Consejo de Salud Ocupacional, fueron asumidas por ese grupo de trabajo, que con participación de autoridades del Ministerio de Trabajo y otras instancias institucionales, consintieron que esas atribuciones se las arrogara, contra legem, ese grupo de trabajo con participación determinante y exclusiva del sector privado.

9.- Un virus contagioso de la democracia

En conclusión, la gobernanza de las relaciones laborales se ha manejado de manera unilateral, a merced de un ejercicio autoritario del poder político, al mejor estilo neoliberal, al que ya, a fuerza de tanta normativa heterónoma, nos quieren acostumbrar.

El coronavirus pareciera que convenientemente está hecho a la medida de los grandes intereses económicos del empresariado y sus interlocutores políticos, que se aprovechan de la pandemia para reforzar todavía más su sistema de dominación política y económica.

El profesor Cas Mude, autor del libro “La extrema derecha de hoy”, (Polity Press, 2019) a propósito de las medidas extraordinarias que el Gobierno de EEUU aprobó a raíz del 11 de setiembre de 2001, se planteó tres preguntas, que resulta legítimo hoy rescatar y testearlas a la aplicación de aquellas medidas laborales de emergencia:

¿cuál es la contribución efectiva y real que tienen esas medidas en la lucha contra el coronavirus?,

¿cuáles son las consecuencias que tienen para la democracia?, y por último:

 ¿cuándo serán abolidas?

No existe la menor duda que el coronavirus plantea un serio desafío para el sistema democrático.

26/04/2020

Imagen: https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/ataque-cibernetico-como-protegerte-con-ia

[1] El acuerdo firmado el 12 de abril, establece, entre otras estipulaciones, que los trabajadores que no tengan acceso al subsidio por enfermedad, durante la cuarentena tienen derecho a 16.377 pesos, los trabajadores con enfermedades preexistentes a una partida de 23.822 pesos mensuales, hasta por un máximo de 2 meses, incluidos aquellos trabajadores mayores de 65 años que no tengan acceso al susidio por enfermedad. El protocolo pactado estipula que el personal que trabaje en cuadrillas debe mantenerse a una distancia mínima de un metro, la obligatoriedad del uso de la mascarilla, que las herramientas deben estar desinfectadas previo a su uso, rutinas de lavado de manos, focalizarse únicamente en el lugar de trabajo de trabajo de la cuadrilla, entre otras.

[2] Pueden consultarse de mi autoría los siguientes artículos acerca del contenido de las medidas laborales de emergencia: La distribución de los riesgos laborales, sociales y económicos de la pandemia, La participación autónoma y orgánica de las personas trabajadoras en la lucha contra la pandemia, Dos rutas políticas muy diferentes para mitigar la situación de las personas trabajadoras, Trabajo doméstico remunerado, Reducción de la jornada laboral y suspensión contractual, Suspensión exprés y a la carta de los contratos de trabajo, Neoliberalismo en tiempos de pandemia, El procedimiento extraordinario de suspensión de los contratos de trabajo, y Pandemia y suspensión de los contratos de trabajo (2020).

 

 

ENCUESTA NACIONAL: Ética y lucha contra la corrupción Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Percepción de los ciudadanos sobre la Ética y Lucha contra la Corrupción en Costa Rica

La encuesta busca compartir sobre la vivencia de los valores éticos para la práctica democrática, que permita señalar las prácticas fundamentales de la ciudadanía, sobre las bases de una democracia viva, coherente, ética, transparente y dinámica.

Sus aportes son vitales para proponer las condiciones y transformaciones que la sociedad demanda.

Este es un esfuerzo de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional, el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica y el Programa de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa en el marco del IDEARIO DIÁLOGO NACIONAL

Enlace a la ENCUESTA:

https://www.peadepencuestas.una.ac.cr/limesurvey/index.php/349448?lang=es

Imagen ilustrativa https://veritasonline.com.mx/

Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña.

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Enfrentar el impacto

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.

Por:
Dr. Jorge Loaiza Cárdenas-
Msc Efraín Cavallini Acuña-
Académicos
Escuela de Planificación y Promoción Social
EPPS-UNA

Imagen: Rodrigo Valverde Naranjo

Como lo planteara E. Morín en la última página de su libro: La Vía para el futuro de la humanidad: “Quizás encuentren, en alguna parte de las ruinas de una biblioteca, este mensaje que les devuelva la esperanza y el coraje”; queremos compartir con ustedes unas palabras de esperanza y decisión, que nos permita enfrentar estos momentos de desesperanza e incertidumbre, al que hemos sido llevados ante la emergencia nacional que enfrenta el país a causa de la pandemia provocada por la enfermedad coronavirus COVID-19 en Costa Rica.

Hoy más que nunca estamos en crisis, no solo provocada por la pandemia del COVID 19, sino por las crisis de un modelo de desarrollo que nos ha llevado a un subdesarrollo intelectual, psíquico, tecnológico y moral.

Intelectual, porque la formación disciplinar que recibimos los occidentales, al enseñarnos a disociar todo, nos ha hecho perder la capacidad de relacionar las cosas y, por lo tanto, de pensar los problemas fundamentales y globales y abordarlos desde la complejidad en que están insertos, es decir vincular lo global con lo local y lo general con lo particular.

Psíquico, porque estamos dominados por una lógica puramente económica, que no ve más perspectiva política que el crecimiento y el desarrollo, y estamos abocados a considerarlo todo en términos cuantitativos y materiales.

Tecnológico, porque no debemos considerar a las tecnologías, como la herramienta que nos resuelve todos los problemas de la comunicación humana. Las tecnologías de la información y comunicación pueden hacernos bien o mal. No todas las tecnologías y cualquier uso que hagamos de ellas es lo más apropiado. No todas nos harán bien. Al contrario, utilizadas inapropiadamente pueden provocarnos torceduras, golpes en nuestra vida diaria, y pueden, sencillamente, embrutecernos. Pero aprovechadas de manera inteligente serán saludables y nos permitirán avanzar sanamente. Se debe elegir con lupa el menú tecnológico, conectarlo a nuestras necesidades reales y proyectos de mejora de la condición social. Es un imperativo utilizar la tecnología con sabiduría e inteligencia. Con ellas tenemos que hacer esfuerzos para tratar de recuperar el contacto humano, y, por consiguiente, la solidaridad. Como ciudadanía tenemos que apropiarnos de las tecnologías de la comunicación e información y reconocer su valor antes de que ellas desbocadas profieran el bazucazo a la humanidad y sigan colonizando nuestra mente y nuestra sociabilidad. Evitemos caer en la red de sus intereses comerciales y/o políticos. Recordemos, como se ha dicho en varios foros, que no está hecha la persona para la tecnología. Sino la tecnología para el ser humano.

Moral, porque el egocentrismo domina sobre la solidaridad. Además, la hiperespecialidad, el hiperindividualismo y la falta de solidaridad desemboca en el malestar, incluso en el seno del confort material. Como mal social, la corrupción es capaz de permear por completo un sistema político, afectándolo desde la cúpula hasta las actividades más cotidianas de la convivencia social sin importar las circunstancias en que nos encontremos. La permanencia de la corrupción en la política permite y atrae a personas impropias e inadecuadas para ejercer cargos públicos y desmotiva y repele a personas honestas que tienen una legítima vocación de servicio público. Los economistas, los sociólogos y los políticos tienen que tener cuidado con pronósticos imprudentes. En el desarrollo de esta crisis del COVID 19, se han visto algunos políticos que vacilan en asentar su estrategia en el principio de que el esfuerzo del Estado debe orientarse a salvar la vida de todos sus ciudadanos, que son los sectores sociales los que deben tener prioridad frente al cálculo utilitarista y mercantilista de las consecuencias económicas, que puede tener esa estrategia que beneficien a ciertos sectores privilegiados a contrapelo de la clase trabajadora y de quienes no gozan de garantías para acceder a una vida justa. La inseguridad no sólo se refiere a la lucha contra la pandemia, también a las consecuencias económicas y sociales que son impredecibles. Por ello, como sociedad, debemos incidir para lograr liderazgos políticos honestos para las siguientes décadas, que cultiven y promuevan la verdadera democracia y no contaminarla.

La crisis de la humanidad son crisis interdependientes, interrelacionadas, tenemos crisis en la salud, cognitiva, de pensamiento, política, económica, social, ambiental, cultural, ética; tenemos una crisis en la relación fundamental entre el individuo y la sociedad, el individuo y la familia, el individuo y él mismo; es decir, estamos abocados al abismo.

Sufrimos un malestar interior que parasita nuestro bienestar exterior. Aquellos que gozan de un aumento de su nivel de vida, ven reducida la calidad de la misma. Pero este es un malestar difuso, que se vive de maneras distintas; por ejemplo, el malestar que afronta la juventud, la desintegración de la familia, el significado de la vejez para la sociedad mundial actual ante la pandemia del COVID 19, entre muchos otros.

Pero toda crisis comporta riesgos y oportunidades; sin embargo, esta crisis humana que hoy enfrentamos con la pandemia del COVID 19 es solo una de ellas; que nos ha llevado a evidenciar los riesgos, pero nos obliga, a buscar las oportunidades de cómo superarlas.  La oportunidad es ver la crisis como una vía hacia un cambio, Así surge la gran capacidad creadora del ser humano que permita regenerar nuestra vida, la vida de nuestras culturas, del legado del pensamiento y conocimiento al cual hoy en pleno siglo XXI hemos logrado alcanzar; este será nuestro máximo instrumental de lucha que nos permitirá definir la ruta que nos llevará hacia ese gran cambio. Como dice Morin “cambiar de vía”.

Pero cambiar de vía no significa frenar el desarrollo científico-técnico-económico, por el contrario, significa repensar y hacer un alto y un acto de contrición, para valorar lo bueno y malo que tenemos en nuestras vidas, de tal forma, que abramos una pluralidad de caminos, reformadores a nuestra vida. Serán muchos los caminos, pero como dice Machado “. el camino se hace al andar”.

El cálculo monetario no puede evaluar el bienestar y el malestar. La tristeza, el abandono y la soledad buscan consuelo en la compra y el consumo. La lógica del cálculo, de la máquina determinista, del rendimiento y de la productividad se extiende por toda la sociedad y se apoderó de todos nosotros. Por esto, necesitamos una reforma de vida, que pueda reducir el poder del dinero y del afán de lucro y de todos aquellos que siempre nos presentan las mismas recetas economicistas.

Necesitamos de una política de solidaridad real no de una de anonimato de solidaridad del estado de bienestar, es decir pasar de promulgar la solidaridad a liberar la fuerza de las buenas voluntades y favorecer las acciones solidarias, por ejemplo, impulsar la economía solidaria en donde se fortalezca el cooperativismo y las asociaciones sin afán de lucro que presten servicios de proximidad, o en el campo educativo, en donde profesores y docentes ofrezcan espacios de formación y acompañamiento técnico y profesional a aquellos que más lo necesiten; o en el campo de la seguridad ciudadana, en donde las comunidades se organicen para controlar la delincuencia y el robo.

Necesitamos un reencuentro con el trabajo en el que se dignifique el aporte de todo ser humano; volverle a cada ser su capacidad de crear, de innovar, de producir de sentirse útil en la vida, produciendo para sí mismo, para otro o para un mercado. Hoy más que nunca hemos aprendido que la salud y la alimentación son las principales fuentes de vida que todo ser humano necesita de manera indispensable, es nuestra responsabilidad velar porque nuestro país siga conservando y consolidando el sistema de salud que poseemos, pero en cuestiones alimentarias debemos reconocer el abandono y desconocimiento al que hemos llevado a nuestro sistema agroalimentario nacional, haber pasado de un sistema autosuficiente que garantizaba su seguridad alimentaria, de tan solo hace 30 años, con un liderazgo y reconocimiento a nivel ciudadano de nuestros agricultores, a un nivel de dependencia absoluta por lo que consumimos a nivel básico y sobre todo por el desconocimiento e invisibilización del pequeño y mediano agricultor de nuestro país, a punto de desaparecerlo. Es innegable e indispensable reactivar el sistema agropecuario de nuestro país, tarea que solo grupos multidisciplinarios y en dialogo abierto y permanente podrán buscar la forma de lograrlo.

Esta reforma de vida necesita de una reforma del pensamiento, que nos muestre la importancia de los prejuicios y los paradigmas que inconscientemente dirigen nuestras formas de conocimiento y comportamiento y nos hacen incapaces de comprender que los demás obedecen a otros preconceptos y otros paradigmas.

Tres pilares fundamentales para cimentar una sociedad próspera, solidaria, cohesionada, un Estado fuerte, representativo y garante de los intereses de los diversos sectores y que convoque a una ciudadanía participativa y proactiva, son la Ética Pública, la idoneidad- y la probidad, estas cualidades garantizan, a su vez la transparencia, la rendición de cuentas y son el filtro para detener los abusos del poder, la corrupción y el favorecimiento económico de una minoría. De manera tal, que se pueda cumplir con los requisitos de una democracia representativa y de una economía solidaria, eficiente y distributiva de la riqueza social. El modelo de desarrollo del Estado costarricense, desde la Segunda República, es una fuente para repensar el Estado y el rumbo de la Costa Rica, de los próximos 30 años.

Necesitamos afrontar la relación con los demás a través de la comprensión del prójimo, la humanización de las emociones y el respeto democrático.

Todos debemos buscar aquello que es importante y necesario para nosotros, todos debemos encontrar el camino de nuestra regeneración, una vuelta a las fuentes generadoras-creadoras.

Trabajemos para diagnosticar y transformar, trabajemos para relacionar y unir. Las reformas son solidarias; no son solo institucionales, económicas, políticas o sociales, son también mentales, y requieren una aptitud para concebir y abarcar los problemas globales y fundamentales, una aptitud que, a su vez, precisa de una reforma de la mente y la forma de pensar nuestras vidas. Pero la reforma de la mente depende de la reforma educativa y de la reforma del pensamiento, ambas son complementarias e indispensables.

En materia educativa es momento para reorientar el modelo, hacerlo más inclusivo, más participativo, las TICS nos han ofrecido herramientas tecnológicas que van a revolucionar la enseñanza y el aprendizaje, y es precisamente donde la juventud nos ha dado una clase de destreza y habilidad para acoplarse a estas nuevas herramientas, el reto es porqué no incluirlos en el diseño de las nuevas formas de implementar el proceso de enseñanza aprendizaje valiéndonos de las TICS.

Ante esta época de crisis provocada por la pandemia del COVID 19 es momento para replantearnos, hacer un alto en nuestras vidas, valorar lo que tenemos, mirarnos como humanos, preguntarnos qué queremos de nuestras vidas, en qué estamos dispuestos a cambiar, y lo más importante creo yo, que puedo hacer por el prójimo, sobre todo aquel que ha perdido las esperanzas de vivir la vida con dignidad humana, aquel necesitado de espiritualidad, de oportunidad, de valoración por lo que es, y no por lo que tiene o puede producir,  aquel que anda en la calle sin norte, aquella que enfrenta sobrevivir con una familia sin  oportunidades de trabajo o empleo, pero no solamente él o aquella que parece estar alejada de mí, muchas veces, ella o él están muy cerca o son parte de mi núcleo familiar.

Insto a que olvidemos nuestro ego disciplinar que no nos deja ver la realidad compleja que afrontamos, debemos pasar de las recetas que todo lo solucionan desde una disciplina; receta, donde mi disciplina es la más favorecida, y los o las otras, son las que deben implementar las sabias soluciones propuestas; debemos buscar el encuentro con el otro, a reconocernos en el otro u otra, a dialogar, a buscar puntos de convergencia que nos permita avanzar en la convivencia fundamentada en el amor por nuestro semejante, porque solo de esta manera podremos avanzar en una sana convivencia en donde lo que planifiquemos sea producto del aporte de cada uno de nosotros.

Finalmente, consideramos que el gobierno y quienes lo presiden realizan las acciones y medidas que humanitariamente, con meditación o alevosía, consideran más oportunas, más que criticar dichas propuestas, debemos realizar aportes o propuestas que mejoren dichas acciones, hay que pasar de la reacción a la acción propositiva. Ya no basta con denunciar, ahora es preciso enunciar, no es suficiente reconocer la crisis, la urgencia, también hay que saber por dónde empezar, el reto es ahora o nunca.

Aún tenemos tiempo para reconstruir y fortalecer aquellas prácticas ciudadanas, que soportan la institucionalidad y la praxis democrática, y que se fundamentan en la moral y la ética pública.

Radiografía de un golpe de Estado blando

Escrito en . Publicado en Análisis.

Dr. José Solano Alpízar

Vivimos tiempos difíciles, de eso no nos queda la más mínima duda, pero eso no es producto del Coronavirus. Es cierto que la pandemia cambiará nuestras vidas y la forma en que vemos el mundo y al propio planeta, pero no todos cambiarán su forma de pensar, lo han demostrado ayer, lo han demostrado hoy y lo demostrarán mañana.

Desde hace más de tres décadas hemos venido viviendo tiempos muy violentos -me refiero a las y los ciudadanos costarricenses-, hemos venido experimentando violencia económica, violencia mediática, violencia judicial, violencia legislativa, entre otras, impulsada por una camarilla político empresarial que no representa más allá del 0,1 % de la población de Costa Rica, pero cuyas componendas político-jurídicas y económicas tienen a la democracia costarricense al borde del abismo.

La democracia y el neoliberalismo (mercado salvaje y privatización a ultranza) son irreconciliables. La democracia para poder existir requiere de una institucionalidad fuerte, vigorosa, equilibrada.  La democracia es una forma de organización social, una forma de existencia en sociedad en la que se establece un pacto, y en la medida en que ese pacto se rompe y se violenta, la democracia pierde validez, y al perderla deja el terreno fértil para el caos y un tipo de anarquía en la que peligrosamente la ley del más fuerte se hará patente de la forma más brutal.

La democracia pierde sentido y valor cuando sus representantes pierden legitimidad y en Costa Rica eso ha venido sucediendo desafortunadamente. Montesquieu lo planteaba claramente, la democracia es sana, en la medida en que existe clara delimitación entre los poderes de una República (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), pero cuando esas líneas se hacen borrosas, entonces nos enfrentamos a una crisis democrática de grandes proporciones.

Costa Rica vive un momento turbio, oscuro y siniestro en el que una mafia político-empresarial -que repito, no representa más allá del 0,1 % de la población del país- ha cooptado todas las instituciones públicas del país, pisoteando la Constitución Política de la nación y sobre todo violentando los derechos del pueblo soberano que le da contenido a la democracia misma. Alexis de Tocqueville hablaba del retroceso de la política, y por ende de la democracia, frente a formas blandas de tiranía, y no crean compatriotas que sólo existe la tiranía por dominación militar, también existe la tiranía del capital, la que es capaz de llevar a un pueblo a la miseria y pedir su inmolación en el gran altar del mercado.

Y eso es lo que está sucediendo en nuestro país. La culpa no es del ciudadano presidente Carlos Alvarado, podríamos pensar que su incapacidad nos ha llevado por ese despeñadero, pero NO, él es simplemente un palurdo ambicioso al que lo sedujo la posibilidad de ser presidente y a quien sentaron los dueños del poder en Costa Rica, como lo hicieron con Johnny Araya -recuerdan esa imagen- cuando le pidieron que renunciara a la campaña contra Luis Guillermo Solís. Mi hipótesis es que a Carlos Alvarado, el gran capital le ofreció ser presidente a cambio de que entregara las riendas del estado costarricense; de ahí el despliegue de una poderosa campaña de los medios y las redes sociales -durante la segunda ronda electoral- con el apoyo de acérrimos enemigos como los periódicos La Nación o CrHoy.

En virtud de ese acuerdo no es casual su llamado a formar un gobierno de unidad, que en realidad era un gobierno en que se nombrarían las principales fichas de la mafia político-empresarial para orientar el destino del país hacia la liberalización económica total y la privatización de los principales activos del estado (RECOPE, FANAL, INS, CCSS).  Es así como se completa el proceso de apropiación y distribución de las jerarquías de las principales instituciones estatales (juntas directivas, presidencias ejecutivas, ministerios, presidencias y gerencias de Bancos estatales, entes Contralores, Fiscalía General de la República) la lista es enorme, de forma tal que como como una hiedra expandieron su poder por cada uno de los resquicios institucionales y para culminar su esfuerzo crearon entidades de poder y decisión político-económico, que aunque están adscritas al estado, en realidad son dirigidas por el gran capital para favorecer su apetito voraz. Es así como surge el CONASIF (Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional) y se crearon sus hijos putativos, las superintendencias: Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF); Superintendencia General de Seguros (SUGESE); Superintendencia General de Valores (SUGEVAL); la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y finalmente la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). Todas orientadas por el gran capital empresarial que ha venido destruyendo las instituciones públicas y ha creado una cancha demarcada bajo los intereses y requerimientos privados.

¿No les parece curioso conciudadanos y conciudadanas que Tomás Soley, Superintendente de Seguros, órgano adscrito al Banco Central, en lugar de defender el proyecto impulsado por el gobierno para eliminar temporalmente un impuesto al INS para que parte de los recursos del INS pasen a un fondo que permita paliar la pandemia del Coronovirus, defienda a capa y espada el mercado privado de valores, y advierta al presidente y a los diputados de lo peligroso de distorsionar el mercado de seguros? Dicho de otra manera el señor Soley, siendo empleado público que probablemente goza de 9,5 millones de salario, se ha opuesto a una acción de salvamento solidario de aquellos costarricenses que se verán afectados por el recorte de empleos o la reducción de sus jornadas ¿Para quién trabaja el señor Soley?, la pregunta es una perogrullada, la respuesta ya ustedes la conocen y es muy obvia.

De igual manera hace pocos días recibimos la triste noticia de que Rocío Aguilar, flamante representante de la Junta Directiva de Aldesa, ex Contralora General de la República y ex Ministra de Hacienda, asume las riendas de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). Sí usted costarricense que ha ahorrado durante toda su vida, para luego recoger unos dineros que son de su propiedad, le comento que la señora Aguilar ha sido puesta ahí porque los buitres del gran capital le tienen la mira puesta a sus fondos, e igual que hicieron las AFP en Chile, -el modelo que hemos seguido en diferentes campos de la vida económica- seguirán desarrollando estrategias para apropiarse de los fondos privados de los trabajadores.

Conciudadanos y conciudadanas, no podemos pasar inadvertidos los movimientos que realiza la mafia político-empresarial todos los días, mientras mueren personas por el COVID 19, la mafia político-empresarial que tiene como grupo de choque a la Unión de Cámaras Empresariales, sigue impulsando su agenda. La cooptación de los espacios de poder ha sido casi completa, lo vemos en la Asamblea Legislativa con figuras como Pedro Muñoz del PUSC, Carlos Ricardo Benavides del PLN, y diputados de diferentes fracciones al servicio de los proyectos que la UCCAEP presenta, o bien lo vemos en la Contraloría General de la República, entidad que ha venido violentando la Constitución, de alguna manera, pues se convierte en juez y parte, casi actuando en función ejecutiva y sobrepasando las facultades que la Carta Magna le confiere.

Si del ejecutivo se trata, basta comprender que el presidente del Banco Central es un ex funcionario del Fondo Monetario Internacional y que precisamente ha sido él quien se ha opuesto a la baja de las tasas de usura y casi todas sus decisiones están dirigidas a favorecer a la banca privada y a las grandes empresas, y el ministro de Hacienda ex funcionario del Banco Mundial, cuyas actuaciones cuestionables apenas comenzamos a digerir con su impuesto solidario. Finalmente, qué decir de la Fiscalía General de la Republica, la que al parecer ha dejado que el tiempo y la modorra transcurra para que venzan las causas por estafa y asalto de la hacienda pública en casos como los de: Juan Carlos Bolaños y el Cementazo, Hidrotárcoles, Asebanacio, Samuel Yankelewitz, entre otras.

Dos rutas políticas muy diferentes de mitigar la situación de las personas trabajadoras (V)

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

“Yo siempre seré partidario de los que no tienen nada. Y hasta la tranquilidad de la nada se les niega.” (F. García Lorca)

Manuel Hernández

A instancia de las exigencias formuladas por los sindicatos de trabajadores, el 27/03/2020, el Gobierno del Estado Español emitió un Real Decreto-Ley, que complementa las medidas de emergencia, en el ámbito de las relaciones laborales, para mitigar las consecuencias de la pandemia.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo y recientísimo decreto de gobierno, consiste en la prohibición de los despidos y extinciones de contratos de trabajo, por fuerza mayor, causas económicas, tecnológicas, organizativas o productivas, que se relacionen con la emergencia sanitaria que lamentablemente tanto está golpeando ese país.

Esta medida comprende la prohibición de la extinción de los contratos temporales, que constituye una característica estructural del mercado de trabajo español, que principalmente concentra la contratación de jóvenes y mujeres.

Todo despido o extinción contractual que violente estas disposiciones normativas es absolutamente nulo.

Mientras estas medidas progresistas se toman en ese país europeo, por contrario, en esta suiza centroamericana, se han dictado medidas legislativas y de gobierno unilaterales y autoritaristas.

En realidad, corresponde acotar estas expresiones, y en su lugar, resulta más acertado afirmar que esas medidas han sido parcialmente unilaterales y autoritarias, porque han sido consensuadas únicamente con los sindicatos o cámaras empresariales, excluyendo la participación de los sindicatos que representan los legítimos intereses de las y los trabajadores.

Además, las medidas laborales promulgadas por la Asamblea Legislativa y el Gobierno son salvajes, porque licencian los despidos, la suspensión de los contratos de trabajo y la reducción de los salarios, esquilmando a la clase trabajadora más explotada; que vive en una situación de emergencia social y económica desde hace tiempo, mucho antes que apareciera esta grave pandemia.

Entonces, existen dos caminos políticos muy diferentes de resolver las emergentes e imperiosas necesidades de las y los trabajadores: concertar exclusivamente con los sindicatos patronales, descargando todo el peso social y económico de la crisis en la gente más empobrecida, o por contrario, atender las demandas de los sindicatos de trabajadores, procurando medidas de redistribución democráticas que mitiguen las consecuencias de la crisis en este pauperizado sector de la población.

En “nuestro” país, queda absolutamente claro el camino que pactó y escogió la clase política gobernante.

¡Los sacrificios no los tienen que seguir soportando las mismas de siempre!

Ilustración: https://blog2iessantalucia.com/2019/03/16/charla-sobre-participacion-ciudadana-3o-eso/