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Etiqueta: derecho a la tierra

Comunidad Ngäbe de Sixaola propone fincas para conformar su nuevo territorio

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La representación indígena mostró a la delegación del gobierno las fincas propuestas para el desarrollo del nuevo territorio Indígena Ngäbe de Sixaola.

  • Ministro de Justicia y Paz recorre las fincas y mesa técnica visitará la zona el próximo 2 de setiembre*

  • Programa kioscos Socio ambientales reconoció las fincas propuestas por la comunidad

El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, reconoció el pasado 19 agosto, las fincas propuestas por la representación indígena para conformar un nuevo territorio Indígena Ngäbe de Sixaola de Talamanca. Este acercamiento es parte del compromiso asumido por el Gobierno de la República el pasado 9 de agosto en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, tras la visita que realizó una delegación del pueblo Ngäbe para exigir de forma pacífica su territorio.

Thalía Jiménez de la Asociación Meri Dirikä de Mujeres Ngäbe de Sixaola aseguró que “este 2 de septiembre* viene de nuevo el ministro para sentarse con nosotros a ver las posibles tierras que nos van a conceder. Nosotros basándonos en el Convenio169, por derecho nos deberían de dar los terrenos para nuestra costumbre y tradición verdad, estamos pidiendo un poco de lo mucho que nos ha quitado”.

El pasado 26 de agosto el Programa Kioscos Socioambientales realizó el mismo recorrido que el ministro para evaluar con la comunidad el estado y las condiciones de las fincas. Además de Thalía Jiménez, Federico Abrego de la Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI) y Nicolás Gonzáles de la Asociación de Trabajadores Productores Indígenas Afines de Sixaola (ATPIS) fueron parte del trayecto que se realizó en la gira.

Federico Abrego Abrego declaró: “creo que el Gobierno está muy claro de lo que le estamos exigiendo, no estamos pidiendo nada que no esté escrito, sino es algo que es un derecho de nosotros, las declaraciones de las Naciones Unidas lo dice muy clarito también.”

Nicolás asegura que su interés es “tener nuestro propio territorio en donde podamos vivir tranquilos a futuro pues también pensando de que tenemos un pocotón de niños nacidos en Costa Rica y que se merecen sus terrenos ya libres de cualquier otra cosa”.

En una carta presentada en marzo le recordaron al presidente Rodrigo Chaves, que en campaña política él se comprometió a concretar esta urgente aspiración, pues “en la actualidad el pueblo de Sixaola vivimos una situación de pobreza y además no podemos desarrollar nuestra cultura dignamente debido a la limitación territorial que impide que podamos vivir libremente como pueblo originario”.

Esta comunidad logró después de años de lucha, que en el 2019 la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza (Ley Nº 9710), donde se le otorgó pleno derecho a la nacionalidad costarricense, en tanto son un pueblo originario previo a la constitución de las naciones y fronteras costarricense y panameña.

Esta ley fue un paso importante para visibilizar su existencia y poder ejercer sus derechos, pero ahora la principal problemática, que le hicieron saber en dicha carta al presidente Rodrigo Chaves, “es la carencia de un territorio en el cual podamos vivir libremente, sin temor a que sea atropellado el modo de convivencia cultural tradicional”. Esto pues a “más de 10.000 personas indígenas Ngäbes de Sixaola nos han negado espacios para practicar nuestras creencias ancestrales de Mama Tata, las danzas, la medicina tradicional, la elaboración de artesanías, espacios para sembrar nuestros alimentos y otros (…)”.

Informes con Manuel Palacios tel. 6408-4597 y al correo manupab06@gmail.com

* Inicialmente la visita estaba pactada para el 8 septiembre, sin embargo, el gobierno pidió adelantar la fecha al sábado 2 de septiembre aprovechando la gira presidencial que se está desarrollando esta semana en la provincia de Limón.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

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ACODEHU expresa apoyo total a las campesinas y campesinos de las fincas “Ramón Machado García”, Zona Sur-Costa Rica

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SURCOS comparte la siguiente carta enviada por ACODEHU:

San José, martes 15 de agosto de 2023

En primer lugar, queremos manifestar a la opinión pública e internacional nuestro total apoyo a las campesinas y campesino que hoy ocupan las tierras de las fincas denominadas “Ramón Machado García”, formadas por las siguientes fincas: Mariposa 1, Mariposa 2, Mariposa 3 y 5, Mariposa 4, además las fincas: China, Veracruz, Las Torres, El Ceibo y los Corrales y finalmente Mitre y Corrales.

En estas fincas se ubican 632 familias, que han venido laborando la tierra con esmero, compromiso y voluntad de trabajo.

¿Debe la política de Estado dirigirse al Desarrollo Rural?, sin embargo, parece que la misma está centrada en el afiche, las fotografías sonrientes y los dibujitos multicolores.

Bajo los principios que rigen hoy al Instituto de Desarrollo Rural-INDER, exigimos una respuesta inmediata y de forma escrita, a fin de que, el área de interés que conforman dichos terrenos, sean entregados a quienes producen la tierra. Sin campesinos y campesinas, no es posible la alimentación en las mesas de los costarricenses

El 26 de julio 2023, representantes de este amplio sector de campesinos(as), con el apoyo de la ACODEHU presentaron por escrito la solicitud de una cita con el presidente de la institución (INDER), hasta la presente fecha no se ha logrado respuesta alguna.

Como organización protectora y defensora de los Derechos Humanos Fundamentales en Costa Rica, nos embarga una serie de preocupaciones que deben tener una respuesta concreta para las familias establecidas, con arraigo y amor a la producción.

En primer lugar, cuando se creó la Ley de Tierras y Colonización-ITCO, ley No. 2825. Octubre de 1961, el espíritu de esa ley, en el marco del Estado Social Democrático, era favorecer al campesinado sin tierra.

Posteriormente, vino una modificación al ITCO, y nace así la Ley 6735; ley del IDA, aunque se mantiene la intervención del Estado en todos los casos, el espíritu de reforma agraria del ITCO, se pierde y la agricultura se orienta a una economía de agricultura transnacionalizada. Son los años de la «agricultura de cambio».

Hoy día, nuestra gran preocupación gira en torno a la Ley 9036, ley que crea el INDER, porque se debilita su naturaleza en apoyar al sector agrícola y al campesinado. Por el contrario, se convierte en un ente mediador para negociar propiedades y orientar la realidad del campesino a una proletarización acentuada, en función del capital privado.

Aunque el INDER establece una gobernanza para la ruralidad costarricense, una política de desarrollo de los territorios rurales; pensamos, desde la ACODEHU, que si en verdad la “visión” y “los objetivos” de la Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial 2015-2030-PEDRT, estuviesen comprometidos con las y los agricultores, el sector campesino no hubiese sido víctima del menosprecio que han sufrido en las últimas tres magistraturas, incluyendo lo que va de la actual administración de Rodrigo Chaves.

Una marcha multitudinaria de las y los campesinos realizada en el presente año, es objetivada con un lenguaje vulgar, por parte del presidente como “la marcha del chopsui”. De igual forma, se establece “la ruta del arroz”, pero es una ruta que lleva a la quiebra a pequeños y medianos productores de arroz. Se ejecutan desalojos administrativos de manera violenta y Costa Rica dejó de ser un país autosuficiente en el tema agropecuario. . Hoy importamos el arroz, los frijoles, el maíz. El respeto a los territorios ancestrales y a los territorios de la ruralidad viven el abandono, la desprotección y violencia institucional y gubernamental.

En este gobierno, desaparece la política de mercado de los productos agrícolas nacionales, se cierran los créditos bancarios, la pobreza, pauperización y proletarización del campesinado costarricense están presente. Se vive así, una desatención absoluta del agro costarricense. De tal forma que, la gobernanza hacia un desarrollo equitativo e inclusivo solo es una expectativa de derecho. Lo real son las cifras de pobreza en nuestro sector agrario.

Lo real son los datos duros en nuestro sector agrario, en lo que atañe a los medianos y pequeños productores.

Finalmente, la sostenibilidad y las acciones de intervención directa a favor de la soberanía alimentaria y a la autogestión de un buen vivir, no son atendidas por el aparato institucional, como lo sugiere el PEDRT.

Con base en lo anterior, la ACODEHU solicita al INDER y al gobierno del presidente Rodrigo Chaves una respuesta pronta para solucionar el conflicto agrario en las fincas referidas como «Ramón Machado García».

Sin campesinos no hay comida en las mesas
de los miles de costarricenses que
dependemos del sector agrícola.

La tierra para quien la trabaja.

Alto a los desalojos administrativos.

Firmas responsables, por la ACODEHU
Asociación Costarricense de Derechos Humanos
Ana Cecilia Jiménez Arce. Presidenta-ACODEHU
Efraín Valverde. Fiscal-ACODEHU

C.
Casa Presidencial
Asamblea Legislativa
Bussco
Archivos

Asociación del Territorio indígena de Kéköldi exige consulta de Plan Regulador de Talamanca

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

  • Presenta amparo por falta de consulta que fue acogido por la Sala Cuart

  • Demandando anular todo lo actuado por la Municipalidad de Talamanca

  • Llaman a la solidaridad de los otros territorios del país

La Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi (ADITIK) emitió su posición sobre la Propuesta de Plan Regulador Costero del Distrito Cahuita impulsado por la Municipalidad de Talamanca. Como autoridad representativa del Pueblo indígena de Keköldi, ADITIK demanda a la Municipalidad de Talamanca “iniciar el proceso de consulta bajo las condiciones aquí planteadas, elaborar junto a nosotros un plan de consulta a la comunidad indígena de Keköldi”.

Signia Villanueva Morales, Clan Yeyewak presidenta de ADITIK y lideresa del Territorio Indígena Kéköldi mediante un video (adjunto) denunció que “este Plan Regulador va a tener un impacto en nuestras tierras y nosotros como pueblos indígenas que vivimos desde hace muchos años en nuestros territorios, estamos nuevamente siendo afectados por una decisión que siempre es tomada por otras personas que tienen más poder y que se posicionan en nuestras tierras. Hacemos un llamado como personas indígenas, esto es por nuestro futuro, nos levantamos en contra de este Plan Regulador”.

Para la organización ADITIK, la Municipalidad “ha elaborado una Propuesta de Plan Regulador Costero, afectando al Pueblo Indígena Bribri de Kekoldi violentando nuestros derechos sobre la tierra y la consulta bajo el Principio del Consentimiento Previo Libre e Informado (CPLI), ambos aspectos tutelados por el convenio 169 de OIT, la Declaración de Pueblos indígenas de las Naciones Unidas (DPI-ONU), fallos de la sala IV y resolución N° 04507-2019 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia sobre la tierra en Cocles”.

Ante este hecho han iniciado “la defensa de nuestros derechos con la presentación de un recurso de amparo bajo el expediente No. 23- 016445-0007-CO el cual fue acogido por la Sala IV”.

Debido a la falta de consulta, estos visualizan afectaciones en su territorio como: “El desconocimiento u otorgamiento de derechos a favor de terceros y planes de desarrollo para las tierras de Kéköldi, que la Sala Primera ha ordenado al Estado devolverlas al Pueblo de Kéköldi, agudizará la problemática jurídica, social, cultural y ambiental de estas tierras”.

También aseguran que “al ser aplicado un Plan Regulador en el Distrito de Cahuita donde está nuestro Territorio, lo planteado en dicho plan tiene implicación directa en el derecho de nuestro pueblo en definir nuestro propio desarrollo, (Art#3 DPI-ONU)”.

Además, señala una posible afectación a sitios de importancia para otros territorio indígenas cercanos, pues al afectarse “los ecosistemas de Manglares de la Costa, y teniendo muy cerca la desembocadura del río Sixaola, que se alimenta de los ríos Yorkin, Uren Lari, Coen y Telire todos ellos fuente vital de los medios de vida los indígenas Bribris y Cabecares de Alta Talamanca, el potencial desequilibrio de este ecosistema, pondrá en peligro los micro ecosistemas de estos ríos, teniendo una afectación directa al pueblo Bribri y Cabécar de Alta Talamanca a quienes también deberían consultarles”.

Señalan que “la Municipalidad al querer aprobar el Plan Regulador, sin el más mínimo criterio de consulta al Pueblo Bribri de Kéköldi y eventualmente a los de Alta Talamanca ha violentado el derecho fundamental de nuestros pueblos de una consulta bajo el principio del CPLI”.

Ante estos hechos, exige “que se anule todo lo actuado y trabajado para este Plan Regulador de la Municipalidad de Talamanca y se construya un verdadero proceso con los y las afectadas especialmente con el Territorio Indígena de Kekoldi, bajo el principio del CPLI. El principio del CPLI implica y se reconoce internacionalmente los siguientes aspectos a trabajar”.

ADITIK exige “derecho a conocer y comprender todos los estudios técnicos para el plan regulador, el cual debe ser expuesto en nuestra lengua indígena y la utilización de mediadores culturales, en este apartado tenemos el derecho como Pueblo de elaborar nuestros propios estudios técnicos o solicitar asesoría especializada a profesionales de nuestra confianza”.

Además de “realizar la consulta a la comunidad indígena bajo nuestro procedimiento de diálogo Siwä Pakök (Dialogando sobre conocimiento) con el derecho que nos ampara de elegir mediadores culturales que logren interpretar el sentir de la población con relación a lo propuesta del Plan Regulador”. Con respeto “a que los tiempos culturales indígenas no son los tiempos de ley, por lo tanto, tenemos el derecho a analizar hasta que logremos comprender y emitir un criterio positivo, negativo o de solicitar más información o estudios sobre lo consultado”.

Finalmente comunican a “hermanos y hermanas del Pueblo Bribri y Cabécar de Alta Talamanca, del Caribe y todos los 24 territorios indígenas del País, hacemos un llamado a solidarizarse con nuestra lucha una lucha por nuestras tierras, por nuestros derechos al desarrollo propio a la protección de Iriria la madre tierra y la protección de las futuras generaciones de nuestros pueblos”.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Kioscos Ambientales UCR

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Justicia y derechos para el pueblo Ngäbe de Sixaola*

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Por Eusebio Julián, indígena Ngäbe de Sixaola

Tenemos el día de hoy una petición al gobierno de Costa Rica. Exigimos el derecho a nuestro territorio, estamos enfrentando mucha vulnerabilidad, el no tener garantizado el acceso a la tierra nos impide poder sembrar, no podemos hacer nuestras actividades culturales, necesitamos acceder a salud, contar con agua, luz, servicios, acceso a vivienda y mucho más.

Nuestro pueblo ha sido históricamente transfronterizo, una vez que construyeron la frontera nos dejaron aislados. Tenemos más de 500 años de estar en la lucha, solicitando una condición de vida digna para nuestro pueblo originario.

En este momento estamos en una situación crítica. Nos obligan a vivir en territorio de las dos empresas transnacionales que nos han invadido durante los últimos años, valiéndose de la explotación laboral y el atropello de los derechos humanos de los trabajadores. Hemos comunicado ya nuestra preocupación y necesidades a las autoridades, al señor Rodrigo Chaves, a través de la carta entregada al viceministro de Justicia y Paz, Sergio Sevilla, quien nos indicó que para la segunda o tercera semana de mayo se haría presente, o enviaría algún representante al territorio para escuchar nuestras demandas. No estamos pidiendo más de lo que nos corresponde. El Estado costarricense está en la obligación de acatar lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas.

Como pueblo indígena tenemos derecho a organizarnos desde nuestra cosmovisión, organizarnos desde nuestra cultura, nuestras creencias y resolver nuestros conflictos como usualmente lo hacemos, y no con mecanismos impuestos que nos son ajenos. El Gobierno está en la obligación de realizar la consulta indígena cuando se toman decisiones que nos afectan, y no lo han hecho así. En ocasiones han consultado a los pueblos Cabécar y Bribri, pero a nosotros, como pueblo Ngäbe nadie nos ha consultado, precisamente por no tener un territorio reconocido como tal. Ya no estamos pidiendo, estamos exigiendo un derecho para nuestra juventud, para las nuevas generaciones, estamos luchando también por ellos y ellas.

La explotación laboral nos tiene en una situación vulnerable. Las empresas bananeras buscan implementar las leyes laborales de los países de donde provienen, lo que abre más espacio para esta explotación, ya que se saltan las regulaciones que deberían aplicar en territorio nacional. Las empresas bananeras no nos proporcionan seguro social. Cuando los trabajadores se accidentan, la empresa no se hace responsable y no hay seguro que nos cubra. Los salarios son cada vez más bajos, los precios de la canasta básica siguen subiendo todos los días y el dinero ya no nos alcanza. Sufrimos también de persecución, los trabajadores que se manifiestan contra el maltrato y explotación son reprimidos por los jefes. Han venido haciendo persecuciones hasta los hogares y no nos permiten tener fogones dentro de las casas, aunque sea nuestra tradición.

En este momento hay compañeros trabajadores en huelga, ya que no les han pagado sus prestaciones, los desalojan de sus casas y se valen de la ayuda de la Fuerza Pública para hacerlo, sacan a las mujeres, niñas y niños de sus casas también. A pesar de que Costa Rica se diga ser democrática, en Sixaola son las empresas quienes mandan. El capataz es el dueño y los trabajadores no pueden reclamar nada, aunque prácticamente todos los trabajadores somos indígenas. Cuando alguno de nosotros se queja de todo lo que estamos viviendo, el capataz usa la violencia contra nosotros. Todo esto que estoy contando ocurre porque el Estado lo ha permitido, porque no ha intervenido en estas situaciones y ha facilitado la permanencia de las empresas bananeras en nuestro territorio indígena.

Nosotros, existiendo ya el Convenio 169, no vamos a permitirlo, estamos cansados de tanto maltrato y tanto abuso, somos más de 10 mil indígenas en Sixaola discriminados todos los días por el gobierno de Costa Rica.

*Con base en participación del Programa Voces y Política de Radio Universidad del 19-4-23.

Kioscos Ambientales UCR

Urgente/ Alianza Campesina denuncia: Fuerza Pública planea desalojar familias campesinas en la Zona Norte

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

La Alianza Campesina denuncia amenaza de desalojo a familias recuperadoras de tierra en dos asentamientos en Los Chiles, frontera norte.

Desde la Alianza Campesina denunciamos que el Ministerio de Seguridad Pública tiene planeado ejecutar órdenes de desalojo para los asentamientos La Guaria y Monteverde, ubicados en el cantón de los Chiles de Alajuela. Ambas medidas represivas se llevarían a cabo el próximo jueves 11 de mayo, casi un año después del último desalojo en contra de dichos asentamientos.

En el caso de La Guaria, la finca está inscrita a nombre del terrateniente holandés Roderick Gustav Boer Westra. Allí viven unas 170 familias desde finales de 2019, y en general no han sido inquietadas por la posesión y cultivo de las tierras desde hace más de 1 año.

La finca, que estuvo abandonada por años, ha servido de refugio, fuente de trabajo, alimento y vivienda a centenares de personas de todas las edades, quienes han logrado sobrellevar la crisis económica provocada por el desempleo, la pobreza y el alto costo de la vida, que golpean con especial fuerza a las mujeres.

En el caso de la finca Monteverde, localizada en la comunidad de Cristo Rey de Los Chiles, se trata de un territorio con más de 120 núcleos familiares, con fuerte presencia de niñez, mujeres y personas adultas mayores quienes, en el último desalojo recibido, fueron intimidados por agentes de la Fuerza Pública y seguridad privada, quienes lanzaron balas al aire. Este grupo lleva 17 desalojos desde que ocuparon la finca (también a nombre del terrateniente holandés), así como personas luchadoras con procesos judiciales en su contra.

Desde la Alianza Campesina del Norte denunciamos al gobierno de Rodrigo Chaves, a la Fuerza Pública y al INDER porque todas estas instituciones, lejos de buscar una solución al conflicto por tierra en conjunto con las familias campesinas, insiste en reprimir y enviar desalojos, como el que se anuncia para este jueves 11 de mayo.

A un año de gobierno, ya se demostró que este no representa los intereses de las familias campesinas, sino de los grandes terratenientes y dueños de las empresas piñeras de la zona. Ante los inminentes desalojos, exigimos inmediatamente que frene estos desalojos y convoque a la Alianza Campesina a una nueva reunión de trabajo para encaminar la solución del conflicto por tierra para vivir y trabajar.

Denunciamos este atropello policial a las familias, y a la inoperancia del INDER que más de tres años después de la existencia de ese conflicto campesino no ha hecho absolutamente nada para poner en práctica las obligaciones que tiene como institución en ese tipo de casos, donde debe tutelar el derecho de las familias a tener tierra para vivir y trabajar.

Ya se están tramitando las defensas legales posibles ante la inminente destrucción de los cultivos y viviendas y como Alianza Campesina estamos preparados para rodear de solidaridad la legítima defensa que realizarán las comunidades en caso de llevarse a cabo los desalojos.

Hacemos un llamado fraterno a todas las organizaciones del movimiento social y popular costarricense, a reproducir y a sumarse a nuestra denuncia, y a brindar toda la solidaridad posible esas comunidades organizadas.

Alianza Campesina del Norte
Miércoles 10 de mayo de 2023.

Información enviada a SURCOS por la Alianza Campesina del Norte.

Tierra para quien la trabaja: 12 años de la lucha en Medio Queso, hoy El Triunfo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por: Eva Chaves Arias, estudiante de Sociología, y Miguel Cruz Guevara, estudiante de Ciencias Políticas

Como país y como institucionalidad pública, le debemos mucho a las comunidades. El hecho de que, como estudiantes podamos salir de nuestros entornos académicos y nos desplacemos hacia territorios en donde predomina el abandono estatal, pero también las resistencias comunitarias, no solo implica un proceso fundamental de formación, sino de responsabilidad ética y política que el Estado costarricense debe cumplir hacia las personas agricultoras, migrantes, indígenas y defensoras de los territorios. La Acción Social permite acompañar, escuchar y construir formas de bienestar con las comunidades.   

Desde el TC-590 Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales de Kioscos Socioambientales y la Escuela de Sociología, las personas estudiantes acompañamos y aprendemos de conflictos socioambientales que múltiples comunidades, como la de El Triunfo, sufren día a día a manos de empresas extractivistas productoras de monocultivos como la piña o la naranja. Transnacionales que no solo se benefician de la destrucción de los bienes comunes como el agua, la tierra y los bosques de nuestro país, sino que, además, lucran a costa de la salud y el bienestar de quienes habitan estas tierras. Explotación y condiciones precarizadas, son las únicas opciones laborales que brindan estas empresas.

Ante esto, el Gobierno hace poco o nada para contrarrestar las violaciones de los derechos laborales y humanos en general de estas comunidades. Asimismo, mantiene en vilo a familias enteras, pues el acceso a tierra y a un hogar digno, aún está lejos de ser una realidad. Actualmente, el Inder sostiene un proceso de arrendamiento para las familias de El Triunfo, pero no ha garantizado servicios básicos como el agua o la luz. 

Diferentes administraciones, desde la expresidenta Laura Chinchilla, hasta el actual presidente Rodrigo Chaves, han convertido las promesas de un mejor futuro para estas comunidades en un desamparo o, en su defecto, en un asedio estatal para que abandonen su lucha por la tierra. 

Pese a esto y gracias a la resistencia comunitaria, el acuerpamiento por parte de las universidades públicas y de las organizaciones sociales, este asentamiento campesino conmemora 12 años de lucha por el derecho a la tierra para trabajar y vivir. 

El pasado fin de semana (del 14 al 16 de abril) en un trabajo conjunto entre este TCU y la organización comunitaria, se llevaron a cabo diversas actividades que recuperan tradiciones de ocio y diversión propios de su cultura campesina y nicaragüense, como una forma de encuentro y fortalecimiento de la lucha.

La historia de este asentamiento ha servido de ejemplo para el surgimiento de procesos de organización campesina en la zona, como la Alianza Campesina del Norte, integrado por 7 nuevos asentamientos de familias que exigen tierra para trabajar y vivir.  

La experiencia de acompañamiento a ese proceso organizativo, nos enseña a nosotros, estudiantes y ciudadanos, que el avance en materia de derechos humanos es posible a través de la organización colectiva, la cual nace de la denuncia, la autogestión de los pueblos  y la articulación de redes institucionales.  

En el marco de esa doceava celebración, se llevó a cabo el Encuentro Campesino Nacional, el cual contó con la participación de más de 300 personas de los asentamientos que integran la Alianza Campesina, además de distintas delegaciones de sindicatos y organizaciones civiles. 

En este encuentro, las personas campesinas establecieron, por unanimidad, una serie de acuerdos que fortalecen y direccionan su lucha: 

  • Que la Alianza Campesina prepare una jornada para presionar al gobierno y al INDER, con el fin de iniciar el proceso de expropiación.
  • La oposición al gobierno proempresarial de Rodrigo Chaves, quién rompió la mesa de diálogo.
  • Se declaró la organización independiente del gobierno y los grandes empresarios.
  • La denuncia de la violencia estatal, empresarial, policial y de la seguridad privada contra las personas campesinas.
  • La lucha por una reforma agraria que garantice el derecho a la tierra para quien la trabaja. 
  • Que habrá una representación de la Alianza en la marcha del 1 de mayo, Día Internacional de la Persona Trabajadora.

A propósito de la celebración del Día de la Persona Originaria Indígena

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

19 de abril Día de la Persona Originaria Indígena

Elides Rivera Navas

Los pueblos y personas indígenas tienen derecho a su tierra, territorio, cultura e identidad propia.

El Estado mediante sus instituciones públicas tienen la obligación de velar y garantizar los derechos humanos que corresponden a todos y especialmente a la niñez.

Un Estado que no vele y garantice la seguridad de los niños indígenas en sus territorios y pueblo es un estado racista y vulnerable.

El PANI es la institución rectora en materia de defender y asegurar que toda persona menor goce a plenitud de su cultura, familia de vínculo directo y otros derechos que los asiste como perteneciente a un pueblo distinto y NO usar su protocolo mal inducido para SACAR a los niños indígenas de su pueblo y territorio.

Exhortamos al PANI, a los juzgados de familia a reintegrar a los niños indígenas a sus respectivos pueblos y territorio…

YA NO MÁS ASIMILACIÓN FORZADA Y NO MÁS COLONIZACIÓN…

Territorio y autonomía para el Pueblo Ngäbe de Sixaola, en Voces y Política

Escrito en . Publicado en Derechos.

Este miércoles 19 de abril tendremos el programa: “Territorio y autonomía para el Pueblo Ngäbe de Sixaola” con la participación de Eusebio Julián y Eulalia Tomás representantes del Pueblo Ngäbe de Sixaola.

Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.

Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM y véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica https://www.facebook.com/radiouniversidad

Mensaje de Pablo Sibar Sibar en el cuarto aniversario del asesinato del líder Bribri Sergio Rojas

Escrito en . Publicado en Derechos.

Estamos a punto de cumplir cuatro años del asesinato del hermano Sergio Rojas. Un asesinato que sigue en la impunidad, un asesinato que el Estado-gobierno de Costa Rica no ha querido ratificar, no ha querido investigar a profundidad. Es para nosotros los pueblos indígenas un problema grave de que realmente este proceso de este asesinato no se logre identificar a los culpables. Realmente hay cosas muy claras que dicen, sin embargo, las investigaciones no se han querido llevar por el lado que se deberían de hacer.

Nosotros igual en la finca Crun Shurin estamos cumpliendo cinco años de una recuperación de 1000 hectáreas, donde estamos ubicados 16 familias y cerca de 80 personas viven acá, donde se trabaja, donde se cultiva, donde hay una esperanza de vida y un nuevo renacer.

Esas recuperaciones son vida, son el sueño que tenemos donde podemos cultivar nuestra cultura, nuestra espiritualidad y todo el proceso. Dentro de esto es que las recuperaciones tienen que continuar, no podemos aceptar que el gobierno de Costa Rica desde el gobierno de Chávez diga que las recuperaciones no van, que nos meterá a la cárcel. ¡Pues tendrá que meternos a la cárcel!

Porque las recuperaciones continuarán siempre y cuando el gobierno no cumpla con los derechos legales establecidos que tenemos los pueblos indígenas sobre la tierra. Esta tierra nos pertenece, esta tierra es vida y esperanza para las nuevas generaciones que vienen. Desde ahí es que tenemos que trabajar e impulsar este proceso de lucha para que la tierra quede realmente en manos de esas futuras generaciones. Que no les pase lo que nos pasó a nosotros que no teníamos ni siquiera donde sembrar una yuca.

Hoy estas recuperaciones cambian, en esta recuperación (Crun Shurin) hay una vida diferenciada, hoy no hay ganado en la intensidad que había, hoy hay venados, saínos, tepezcuintes, miles de pajaritos que están en esta recuperación y que son lo que generan la recuperación, esperanza y vida.

Pablo Sibar es un defensor de los derechos indígenas y de la tierra de Costa Rica, que trabaja desde hace más de 40 años en la defensa de los derechos de los indígenas y en las últimas décadas para recuperar pacíficamente tierras indígenas que fueron arrebatadas ilegalmente. Es miembro del Consejo de mayores del pueblo indígena Brörán. Su labor en materia de derechos humanos empezó en 1980, junto al defensor Sergio Rojas y conformaron el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI).

Sibar ha sido atacado en múltiples ocasiones y recibido múltiples amenazas de muerto, de la misma forma que sucedió con Sergio Rojas y Jerhy Rivera.  “Si a Sergio lo hubieran protegido, por lo menos les hubiera costado más matarlo.  Nosotros sabemos que estamos en peligro, que nuestras familias estamos en peligro, que en nuestras propias tierras estamos en peligro, y eso no lo quiere asumir el Gobierno”, dijo Sibar.

Por ejemplo, en mayo 2012 sufrió dos ataques uno cuando tres personas no indígenas se le acercaron y la emprendieron contra él a golpes, patadas y hasta mordiscos causándole heridas en todo el cuerpo, por lo que fue trasladado de emergencia a la Clínica del Seguro en Buenos Aires de Puntarenas. Una semana en la comunidad de Macho de Monte, fue atacado nuevamente por 2 personas -uno de las mismo de la semana pasada. “Esta vez fueron más allá” dice el comunicado de los Térraba, “lo persiguieron por la Carretera Interamericana y a la altura de la catarata lo insultaron y cuchillo en mano intentó cortar a Pablo que conducía su carro con niños, niñas y familias de la comunidad de Macho de Monte”.

El 2020 en los procesos de recuperación en el sitio de Cancha Rayada, liderado Elides Rivera y su hermana, tías de Jehry Rivera, y que culminaron con el asesinato de Jehry una turba de cerca de 400 personas, quienes llegaron con machetes, incluyendo el asesino de Jehry. En esa oportunidad relato Elides Rivera, se encontraba con ellas Pablo Sibar, y “le gritaban que lo iban a matar, que lo iban a tasajear”. Fue por suerte que logró escapar y resguardar su vida ante la inacción policial.

Uno días después el 3 de marzo de 2020, personas no identificadas incendiaron la finca de Pablo Sibar. Al día siguiente, hubo ataques incendiarios en otros dos lugares de la finca. Tres casas de familias indígenas fueron parcialmente quemadas, y muchas hectáreas de cultivos y pastos fueron completamente destruidas.

Fuente: Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria VAS-UCR, Proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía y Proyecto Pueblos Originarios y Universidades (CONARE)