SURCOS comparte la siguiente información:
Organizaciones locales de Guácimo convocan a Sesión Concejo Municipal de Guácimo para el viernes 4 de noviembre, a las 3 pm.
«DEFENDAMOS EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y BIENESTAR DE NUESTRAS COMUNIDADES»
Entre el 7 y el 18 de noviembre de 2022, en Sharm el-Sheij, Egipto, se realizará la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), dando seguimiento a las 26 conferencias anteriores; la última realizada en Glasgow, Escocia. Como siempre, la gente optimista espera que los gobiernos y el mundo corporativo, dialoguen y regresen a sus países a aplicar acciones efectivas para frenar y en el mejor de los casos, revertir las causas y efectos del cambio climático.
El agua está relacionada al cambio climático por su uso energético y productivo, porque es el elemento más determinante para la vida humana y porque de ella depende la sobrevivencia de los ecosistemas. El agua es también el origen de las más desafiantes disputas económicas y la desigualdad en el acceso a ella, delata la inaceptable inequidad social que vivimos.
LA FARSA DE LAS REPRESAS “SOSTENIBLES”
En todo el planeta el agua sigue siendo explotada de manera ilimitada en la producción de hidroelectricidad, que es una energía sucia y destructiva. En la “Declaración Global de Ríos por el Clima” presentada en la COP26 en Glasgow, Escocia por 340 organizaciones de 78 países, explicamos con detalle el aporte de esta energía a la contaminación y el calentamiento global. Un solo dato: “Las represas y embalses emiten cantidades masivas de metano, un gas de efecto invernadero 86 veces más potente a corto plazo que el dióxido de carbono”. Las represas impiden que los ríos cumplan su “papel vital en el secuestro de carbono y la creación de resiliencia climática”.
Algunos de los estudiosos más calificados, entre ellos Patrick Mc Cully, en su extenso y elogiado trabajo, y particularmente en su clásico libro “Ríos silenciados. Ecología y política de las grandes represas” (Proteger Ediciones. Argentina. 2004), explica que, si consideramos la definición de desarrollo sustentable de la Comisión Brundtland, se llegará a la conclusión de que “mediante la destrucción de los ríos y estuarios y la extinción de especies, las represas afectan las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades”. El autor explica que, contrario a la tesis oficial de gobiernos y empresarios, los embalses “…consumen y emiten grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4), los dos gases de efecto invernadero no sintéticos más importantes” (pág. 169).
En la “Declaración por los derechos de los ríos y los pueblos” de la “Movida global” realizada en Costa Rica en setiembre 2021, más de 2000 personas de organizaciones de América, Europa y África, expusimos también sobre la destrucción social generada por las represas hidroeléctricas, pues esa explotación del agua provoca el “desplazamiento forzado y violento de muchos pueblos del mundo que han quedado sin agua para tomar, pescar, cultivar y con sus culturas y tejido social destruidos. Muchas de las víctimas son pueblos indígenas originarios, cuyos ríos y territorios son un botín para las corporaciones”.
En la COP27 es indispensable reconocer que el negocio de las hidroeléctricas además de acelerar el calentamiento del planeta, ni siquiera asegura el acceso al servicio básico de electricidad a la gente más pobre. “Actualmente en América Latina y el Caribe, 17 millones de personas no tienen acceso a la electricidad”, dice la Comisión económica para América Latina, CEPAL. Es una tragedia humana para “el 15% de la población que reside en viviendas precarias sin acceso a electricidad” y en Bolivia, Chile, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua esta carencia la viven entre el 30 y 40% de las personas. Esta carencia reafirma que la hidroelectricidad es una fuente de exclusión social y miseria, lo cual no impide que la presenten cono energía “sostenible” y “verde”, ni que empresas nacionales y transnacionales continúen acumulando fortunas.
SIN AGUA Y MÁS POBRES
Los modelos económicos excluyentes han provocado que miles de millones de personas vivan con agua de mala calidad, con escasa cantidad o sin agua. Los datos de la ONU siguen siendo alarmantes, pero las respuestas efectivas no llegan a pesar de los diagnósticos repetidos:
Según la CEPAL, en América Latina “161 millones de personas (equivalente a 2,5 de cada 10 personas) no tienen acceso adecuado a agua potable”. Aún más grave, es que 431 millones de personas (equivalente a 7 de cada 10) en la región no tienen acceso a saneamiento “gestionado de manera segura”. La falta de agua de buena calidad está relacionada directamente con la inequidad. En muchas ciudades de América Latina y el Caribe millones de personas “no solamente no tienen acceso al agua potable, sino que tampoco tienen acceso a instalaciones de higiene para lavarse las manos: más de 9 millones de personas en Colombia, casi 5 millones en Bolivia y 2 millones en México”.
En países de África la situación es igual o peor. “En el África subsahariana“un 40% de sus 783 millones de habitantes -viven- sin acceso a una fuente de agua potable mejorada”. Con datos de 35 países, la ONU señala que “en las zonas rurales, el agua canalizada no existe en el 40% de las viviendas de los más pobres y menos de la mitad de la población tiene acceso a una fuente mejorada de agua”. En la vida cotidiana de gente como Issiaka Konate de Mali la existencia no puede ser peor como ella misma explica: “la situación del agua en nuestra comunidad es insoportable, la gente bebe agua sucia directamente. En algunas localidades de nuestro país, cuando una mujer da a luz, hay que caminar varios kilómetros para sacar agua del río para lavar al bebé y a la madre” (Com. Pers.).
Ya estamos viviendo en una “catástrofe climática” y con “la biodiversidad que se derrumba”, como advirtió el secretario general de la ONU António Guterres en 2021. A esto se suma que el abismo entre la élite ultrarrica y la mayoría sigue creciendo, pues “en el último año se ha producido un aumento de cinco billones de dólares en el patrimonio de los más ricos del mundo”, y por tanto urge un «cambio de paradigma que permita alinear al sector privado con las metas globales para hacer frente a los retos futuros”, dice Guterres. Pero esto será imposible si no se pasa de los diagnósticos y los discursos, a las obligaciones para gobiernos y empresas.
Si se mantienen las condiciones actuales de destrucción de la vida en el planeta y de inequidad social, será del todo imposible, como ha sido hasta hoy, cumplir objetivos de la Agenda 2030 como “6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” y “7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos”. El acceso justo al agua es imposible dentro de sistemas aberrantes que privilegian la opulencia y exacerban la miseria extrema. Por eso no se pueden desligar los objeticos climáticos de las COP, de un cambio social radical orientado a la equidad. La justicia climática, antes que nada, debe ser justicia social.
En la COP27, los pueblos del mundo pueden reafirmar que no necesitamos “adaptarnos” al cambio climático. Esa adaptación es una falacia que tras 26 cumbres climáticas no arroja resultados positivos. Por el contrario, lo único comprobable es que los sistemas de producción siguen operando con energías sucias originadas en petróleo, gas, carbón, minerales, hidroelectricidad, etc, que implican la explotación ilimitada del planeta, de la gente y de los elementos más vitales y frágiles como el agua. Si las acciones contra el cambio climático siguen siendo voluntarias, no podemos esperar nada positivo.
NEGOCIANDO EL FUTURO DEL AGUA
Otra amenaza directa contra el agua que no debemos descuidar, es la creación del índice NQH2O para negociar futuros del agua en California, Estados Unidos. Este es otro paso alarmante que consolida negocios privados con el agua y eleva la disputa global y nacional por el control del agua entre corporaciones y gobiernos -muchas veces asociados- y los pueblos. Todas las formas de privatización atentan contra el dominio público del agua y su condición de derecho humano. Esta es una línea promovida por corporaciones privadas y también facilitada por entidades financieras como el Banco Mundial y hasta organizaciones no gubernamentales transfronterizas y sus referentes nacionales, con el pretexto de mejorar la “gobernanza” del agua.
Las disputas en los mercados del agua en California, Australia, Sudáfrica y muchos más países y regiones, permiten confirmar que el acceso al agua es una cuestión de riqueza y poder, frente a los derechos sociales y de la naturaleza. El agua privatizada en Chile está escribiendo un nuevo y brutal capítulo con la agroindustria del aguacate o palta, que en regiones como Petorca, al norte de Santiago, ha dejado innumerables ríos muertos, ecosistemas desaparecidos y sin agua a pueblos enteros. Los extensos monocultivos agroindustriales también acaparan el agua en otros países de Sur América, y hasta en países pequeños como Costa Rica, la agroindustria del monocultivo de piña dejó extensos territorios y pueblos sin bosques, sin agua, con agua envenenada y literalmente fumigados con tóxicos.
Esos, y todos los demás conflictos asociados con el agua, deberían discutirse y sobre todo ser materia de acuerdos y resoluciones vinculantes para los gobiernos que no hacen justicia con el agua y las corporaciones que la explotan. Por la urgencia de asegurar una agenda del agua verdaderamente inclusiva y democrática, es que la Conferencia del Agua de la ONU, que se realizará en marzo de 2023, podría tener una importancia relevante, pero, dado que los acuerdos de esa cumbre no serán vinculantes, es poco lo que podemos esperar. Es lo mismo que ocurre con las COP: los compromisos siguen siendo apenas voluntarios.
¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LA COP27 en 2022?
Hasta ahora, tras 26 cumbres no hay evidencia de acciones efectivas, aunque sí, miles de escritos y discursos de diagnósticos científicos y políticos que aclaran sobre la catástrofe en curso. Si en la COP27 los gobiernos, las entidades de financiamiento y las corporaciones verdaderamente quisieran asumir compromisos reales para detener las causas estructurales que aceleran el cambio climático y la miseria, deberían obligarse a desafíos como:
Agua potable para unas 140.000 personas, está cayendo mientras usted lee está breve nota, por la «catarata» del balneario de Ojo de Agua. Valioso líquido que luego corre por las piscinas recreativas, antes de pasar a la laguna artificial y a una quebrada sin nombre, para terminar en el muy contaminado río Virilla. Así sucede, pese a que es innegable que constituye un gran desperdicio del valioso líquido, en momentos en que decenas de miles de niños, adultos y ancianos, padecen por escasez de agua en poblaciones vecinas del valle central.
Así como en tiempos de don León Cortés y don Ricardo Jiménez, ambos con muy clara visión de sus responsabilidades gubernamentales, ordenaron la construcción de un extraordinario acueducto de más de 90 km de longitud, que conduciría 360.000 litros por hora hasta Puntarenas (desde donde después se construyera el balneario), creemos que así también se deberá hacer lo posible porque no se desperdicien completamente, los MÁS DE UN MILLÓN de litros, que por hora se están botando sin aprovechamiento alguno, y caprichosamente, al río Virilla.
Ante lo que consideramos una barbaridad, esperamos que se ejecute un proyecto que, mediante un adecuado diseño, detenga el derroche de esa riqueza natural que se nos está yendo entre los dedos. Proyecto que, obviamente, permitiría garantizar el aporte necesario del agua a las piscinas y la laguna artificial del balneario, para su permanencia. Con un racional sistema de recirculación y desinfección del agua de las piscinas, como se hace en las piscinas recreativas y de competencia del mundo, esa millonaria cantidad de litros de agua potable dejaría de desaprovecharse, para, en su lugar, hacer un uso racional de ella, dirigiendo un porcentaje determinado para satisfacción de los habitantes que realmente la necesitan con urgencia y que ven cómo se pierde en el balneario.
Y es que, amigos, con un racional manejo, tal agua, perteneciente a todos los costarricenses, no solo serviría para hacer cumplir el precepto que nos dice que «el acceso al agua en calidad y cantidad adecuadas es un DERECHO HUMANO», sino que tanto las piscinas como la laguna seguirían cumpliendo sus funciones recreativas.
No sobra decir, que tiene el AyA los profesionales y técnicos capacitados para garantizar que racionalmente, pueda compartirse el agua que brota del acuífero Barva en ese particular lugar, entre la población que realmente la necesita, y el balneario.
Pues bien, así como hace 90 años los costarricenses valoraron y agradecieron el gran esfuerzo que nuestras autoridades gubernamentales hicieron por satisfacer las necesidades de agua en la vertiente del Pacífico, así esperamos que la lógica y la razón se impongan por sobre esa extraña, pero equivocada idea, de que la riqueza acuífera del país pertenece a unos cuantos pobladores cercanos a sus fuentes, y no a todos los costarricenses, como bien demanial que es.
En fin, puestos en una balanza la urgencia de agua en tantos cantones de Heredia, Alajuela y San José, frente al mantenimiento del desperdicio que hoy más bien debería de avergonzarnos, como «personas inteligentes», es fácil vislumbrar hacia a dónde se inclinaría el fiel de la balanza.
(FECON 26-7-2022) El “Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras” PAACUME por sus siglas, es de sobra conocido por beneficiar a unas pocas grandes empresas de monocultivo y mega turismo. En la misma Declaración de Impacto Ambiental (1) queda claro que el grueso del agua quedara en manos de CATSA, Pelón de la Bajura, Hacienda el Viejo, la Corporación Del Monte y Exporpack S.A. Algunas de estas empresas cuestionadas en casos de Panama Papers (2), desastres ambientales y con fuerte vinculo con el partido Liberación Nacional.
¿Es ecológicamente aceptable regalarle infraestructura tan cara a empresas con muy cuestionables prácticas ambientales? ¿Es justo ofrecer más agua a empresarios como estos que han demostrado moverse bajo esquemas de poca transparencia ? ¿Es justo que todo el país les regalemos una infraestructura tan cara a empresarios que esconden sus ganancias para no pagar impuestos?
El movimiento ecologista ha señalado, en múltiples ocasiones, que este megaproyecto de infraestructura carece de sustento técnico suficiente; tiene errores catastrales importantes y pone en riesgo la biodiversidad de un Área RAMSAR. Por otro lado el PAACUME no cuenta con estudios de costo-beneficio y se prevé que no será rentable para el Estado y necesita la inversión de $458 millones; de los cuales $425 millones (unos 300.000 millones de colones) provendrían del empréstito aún por ratificar en segundo debate por la Asamblea Legislativa.
El Paacume requiere inundar unas 113 hectáreas de un ecosistema en riesgo donde se protejen especies en peligro en extinción como lo es el Jabiru mycteria, conocida como Galán sin Ventura y denominada la mayor cigüeña de América y que se contabilizan tan solo 120 individuos.
Por otro lado, el Registro Nacional en el oficio DIG-0388-2018 dirigido a la Asamblea Legislativa advirtió de los errores que existen en el proyecto que aprobó el plenario mediante la llamada vía rápida conocida también como 208 bis. El Registro Nacional demostró que las nuevas fronteras tienen errores catastrales importantes, pero los diputados lo pasaron por alto.
Sumado a esto tanto SENARA, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería admitieron que no tenían el dinero para adquirir las fincas que supuestamente compensarían las 113 hectáreas y dependen de la modificación del Presupuesto Extraordinario pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa. La Federación Ecologista consultó en 2018 al Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre la fuente de financiamiento de los recursos necesarios para adquirir las tierras supondrían la compensarían la perdida de biodiversidad. El oficio DM-MAG-715-2018, el ahora exministro Renato Alvarado admitió que el Gobierno Central no tiene el dinero para adquirir las tierras al momento de firmar la ley de modificación de los limites de la Reserva Biológica. ¿Entonces no será posible la compensación de las más de cien hectáreas que le quitarán en al Área Protegida?
Por otro lado, en el oficio SENARA-GG-0674 del 13 de setiembre de 2018, la directora del SENARA, Patricia Quirós confirmó sobre la ausencia de estudios técnicos y científicos suficientes, para justificar la decisión de desafectar 113 ha de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, lo cual significa, que no existió el respaldo científico suficiente, para tomar la medida, a pesar de eso fue aprobado en la legislatura pasada con 41 votos a favor.
Tanto el SENARA como el AyA han señalado que el Paacume no considera dentro de sus objetivos el tratamiento y distribución de agua potable de consumo humano. La necesidad de abastecimiento poblacional no es viable en este proyecto según el mismo AyA. Es evidentemente que Paacume sólo tiene como objetivo beneficiar a grandes empresas cañeras, meloneras y arroceras; sumado a esto megaturismo.
Referencias
1.Declaración de Impacto Ambiental PAACUME https://www.bcie.org/
2.Azucarera CATSA allanada por supuesta defraudación con impuestos. https://www.nacion.com/
3. Anidación de Jabirú en Ceibas en el Bosque Seco Tropical de Costa Rica https://www.periodicomensaje.
4. MAG oficio DM-MAG-715-2018 https://www.dropbox.com/s/
5. Registro Nacional oficio DIG-0388-2018 https://www.dropbox.com/s/
6. Oficio SENARA-GG-0674 https://www.dropbox.com/s/
(Bloque Verde, 21-07-2022) El Poder Ejecutivo ha convocado en la corriente legislativa el proyecto n.º22.709 y se encuentra en el orden del día en el Plenario. Este texto brinda amnistía a los pozos de agua y a las captaciones superficiales ilegales que operen en el país. La única información que brindarán los usurpadores de agua será una declaración jurada del caudal extraído. Este proyecto de ley tiene impactos inmediatos en zonas con alto estrés hídrico.
La Contraloría General de la República en su informe DFOE-SOS-0109 le hizo saber a los señores y señoras diputadas que este proyecto de ley incrementaría la vulnerabilidad de las comunidades que ya sufren de escasez de agua, líquido que pasaría a ser usado para regar plantaciones agrícolas descuidado el abastecimiento para el consumo humano. La CGR señala que esta iniciativa de ley conllevaría apropiaciones y privación de un recurso que es escaso, finito y vulnerable. Además la amnistía de pozos y captaciones superficiales ilegales de agua podría contravenir el orden constitucional del derecho humano al agua, el equilibro ecológico y el bienestar de los habitantes.
Lo más alarmante de todo es que la administración Chaves pretenda legalizar el saqueo del agua sin criterio técnico ni científico, convocando a la corriente legislativa un mamarracho de proyecto de ley que le da el agua a los monocultivos, al mismo tiempo que condena a la sequía y la salinización de las fuentes de aguas de poblaciones enteras.
Hay que recordar que la usurpación de bienes de dominio publico, como el agua superficial y subterránea es un delito, tipificado así en el Código Penal: “Artículo 226.- Usurpación de aguas. Se impondrá prisión de un mes a dos años y de diez a cien días multa al que, con propósito de lucro: 1) Desviare a su favor aguas públicas o privadas que no le corresponden, o las tomare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho; …”
Rodrigo Chaves continua los pasos de su predecesor, Carlos Alvarado, en esta materia. No se diferencian en mucho ambas políticas, el fin de ambos enfoques es el mismo: es que el saqueo del agua siga sucediendo. Este proyecto de ley es muy similar a lo que propuso el último gobierno del PAC mediante el Decreto Ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG “Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas”. Decreto fue llevado ante los Tribunales de Justicia mediante una acción de in-constitucionalidad presentada por la Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza y el abogado Álvaro Sagot. En esta ocasión la Sala Constitucional falló a favor de los ecologistas en la resolución 2021025386, respaldando el argumento de que es inconstitucional perdonar los delitos de usurpación del agua. Es decir que va contra nuestra carta magna usurpar un bien de dominio público como es el líquido vital. .
Pese al fracaso de Carlos Alvarado, la administración Chaves insiste con legalizar el robo y otorgar estatus legal al saqueo del agua superficial y subterránea por parte de los grandes monocultivos. Esto significa privar al país del análisis científico que debe primar a la hora de otorgar una concesión de agua. Estas industrias no solo les estarían perdonando el delito sino además se les exonerará de evaluar el impacto ambiental de la extracción del agua.
El proyecto n.º 22.709 fue originalmente propuesto por el partido Restauración Nacional en la legislatura anterior. De aprobarse veremos más ríos secos y saqueados. En época de verano son frecuentes las noticias de ríos que desaparecen, se secan o que ya no llegan más al mar. La explotación de muchos de esos ríos da como resultado su extinción. Incluso el monumental Río Tempisque ha sido victima de este fenómeno. Pero muchas otras comunidades ven como los niveles de agua de los pozos que les abastecían han bajado o incluso se han quedado sin agua.
Lejos del Principio Precautorio, esta ley da rienda suelta a las más feroces fuerzas de saqueo del agua. El insaciable agro-negocio y el megaturismo serán los directos beneficiarios de una propuesta que ponen en riesgo el agua de miles de personas, en escenarios de crisis climática e inestabilidad.
Imagen ilustrativa, UCR.
Alejandra Ramírez-Arce
El pasado 11 de junio, la comunidad de Longo Mai en Buenos Aires de Puntarenas celebró la sexta edición de la Fiesta del Agua. Dicha actividad nace en el año 2014, como herramienta de lucha para defender los ríos Sonador y Convento de la intervención empresarial que, para entonces, sostenía la construcción de una represa hidroeléctrica privada, amenazando sus caudales naturales, el abastecimiento local de agua potable y la autonomía del territorio. Tiempo después, la iniciativa se convirtió en un espacio de encuentro para conmemorar la resistencia comunitaria y el triunfo en contra del proyecto. Hoy, es un lugar para tejer memorias y construir diálogos en torno a la importancia del agua y la conservación de los ríos.
Este año, la Fiesta del Agua se realizó en el marco de la declaratoria institucional “Universidades para las Comunidades” y contó con el apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, el Programa Kioscos Socioambientales y el TCU-590 “Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales”.
Las actividades se llevaron a cabo en el Salón Comunal de Longo Mai, donde participaron vecinas y vecinos de la comunidad, compañeras y compañeros de los territorios indígenas Crun Shurin, San Andrés, Térraba, Salitre, China Kichá, Chomes, Guacimal, Orocú, Talamanca, Siquirres, Sixaola, Upala y Medio Queso, estudiantes de la Universidad de Costa Rica, representantes de la Sede del Sur y Sede de Occidente y público en general.
El día inició con una caminata de cuatro kilómetros hacia el río Convento y un acto inaugural que abrió paso a la improvisación del Grupo de Teatro Universitario Puntarenense, quienes brindaron un taller de actuación en horas de la tarde. También se llevó a cabo una charla sobre el Acuerdo de Escazú, en la que se conversó acerca de los impactos socioambientales que podría traer dicho acuerdo a las comunidades, dadas las condiciones políticas bajo las que se está negociando la protección de los territorios y grupos defensores de bienes comunes.
Seguidamente, las personas de la comunidad y territorios indígenas invitados conversaron con las personas de la Universidad, en un diálogo que tenía como objetivo construir una cartografía oral de la situación actual de los territorios y sus luchas, así como, escuchar las percepciones en torno al desacompañamiento que significó la pandemia por COVID-19 y la distancia incrementada entre la Universidad y las comunidades. Actividad que abrió paso a una charla sobre Caudales Ecológicos, a cargo del defensor comunitario, Dany Villalobos, del territorio de Guacimal de Puntarenas.
De manera paralela, se organizaron varias actividades en la plaza de deportes de la comunidad de Longo Mai y El Galerón, sitio donde se llevaron a cabo dos charlas de abonos orgánicos y plantas medicinales. El espacio también contó con una feria de productores locales y actividades para niñas y niños, preparadas por los estudiantes del TCU-590 de la Sede Rodrigo Facio Brenes.
Finalmente, la Fiesta del Agua cerró con un intercambio de semillas en el que personas de los distintos territorios se acercaron a compartir sus saberes y prácticas de soberanía alimentaria. Este y los otros espacios tuvieron lugar desde la educación popular, dejando de lado las formas verticales de enseñanza-aprendizaje y abriendo paso al intercambio horizontal de conocimientos desde la consigna: “construir de la mano con las comunidades”.
Fuentes de las imágenes: Alejandra Ramírez-Arce, Dany Villalobos, Kioscos Socioambientales y Walter Solano.
SURCOS comparte la siguiente información:
El gobierno ha convocado a sesiones de la Asamblea Legislativa el proyecto para legalizar pozos ilegales. Expediente 22709.
Los diputados proponentes, todos de RESTAURACIÓN NACIONAL, reconocen en su exposición de motivos, la existencia de miles de pozos perforados ilegalmente.
También, dicen que esta ilegalidad pone en riesgo a los exportadores de frutas, por la reticencia de los clientes en los mercados a ser cómplices de esta situación.
Lo que no dicen los exdiputados, es que estas personas cometen el delito de USURPACIÓN DE AGUAS, penado en el artículo 226 del CODIGO PENAL de Costa Rica.
Ellos, como diputados, tenían la obligación de denunciar a esos ladrones.
Claro, hay otros cómplices necesarios para que este abuso se dé hace años, con graves daños para la economía del país y el medio ambiente.
En uno de los Decretos Ejecutivos que se han emitido sobre este asunto dice: –
Decreto 35882-MINAE, Artículo 16.-Del cierre de pozos. Corresponde a la Dirección de Agua del MINAET indicar sobre el cierre y sellado de los pozos. Se procederá ordenar el cierre de los pozos que no cumplan con lo estipulado en el presente Reglamento. Los costos y gastos de este procedimiento serán cubiertas por el dueño de la propiedad donde se localice el pozo; y subsidiariamente la perforadora que realizó la perforación y el geólogo responsable de esta, cuando se compruebe su actuación en el desarrollo del pozo. El sellado debe realizarse con tapa metálica, utilizando material impermeable y hermético para asegurar el no ingreso de posibles agentes contaminantes y chorrear una losa de concreto sobre el sitio de la perforación, debiendo levantar acta notarial que así lo consigne, todo conforme lo disponga la resolución de la Dirección.
Da la casualidad de que hace como 30 años que JOSÉ MIGUEL ZELEDÓN CALDERÓN es DIRECTOR DE AGUAS de MINAE.
Así que no tiene quite.
Si hay pozos ilegales, y claro que los hay, y se estiman en decenas de miles, es total responsabilidad de este funcionario.
Él tramitó y gestionó 3 amnistías en 2002, 2020 y 2019. Allí se perdonó por Decreto y legalizó al menos 1.323 pozos ilegales.
El señor Zeledón ya ha impulsado también 3 proyectos de ley anteriores con el mismo fin. Exp. N° 17.742, N° 17.694 y N° 21.061. Todos fracasaron.
Por los artículos de la ley propuesta, queda claro, que el proyecto es para beneficio de los GRANDES EXPORTADORES.
Recalquemos, los productos agrícolas, principalmente las frutas, tienen un alto porcentaje de agua. Así es que exportamos agua.
Esto queda más claro que el agua. Por ejemplo, el artículo 2 habla de beneficiar a “quienes tengan uno o más pozos no inscriptos”.
No se indica nada de cuantos ya tienen inscriptos y concesionados.
El artículo 4 le otorga la potestad de definir el caudal que quiere explotar. Sin estudios ni criterio técnico alguno.
No se pone ningún requisito de límite al caudal a explotarse en cada cuenca. ES UN SUICIDIO AMBIENTAL.
En el comunicado del GOBIERNO dice la ministra Bonilla. – ´´Se pretende evitar la desaparición de fincas de pequeños y medianos productores, para asegurar el abastecimiento de los alimentos y sostener la actividad agropecuaria en las zonas rurales”.
Las posibilidades son, la ministra no ha leído el proyecto, no lo ha entendido o simplemente miente.
Además, parece que nadie ha leído la OPINION de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA sobre este proyecto.
Con fecha 4 de marzo 2022 se remitió el oficio DFOE – SOS-0109.
Que entre las “pequeñas anormalidades” señala que el artículo 8 les otorga el derecho de concesión sin poner plazo, lo que se interpreta A PERPETUIDAD. Les da, les regala el agua tuya y mía, a los empresarios privados para siempre.
Además, señala que no se toma en cuenta la prioridad del agua para la población, ni los estudios técnicos de caudales disponibles, ni la planificación existente.
La Contraloría enfatiza que “se garantice la mayor satisfacción del interés público, el justo equilibrio entre el mayor bienestar de los habitantes del país, la producción agropecuaria, el derecho a un ambiente sano ecológicamente equilibrado y el acceso al agua.”
Adjuntamos este documento para que lo lean.
Esto no es lo que prometió el señor RODRIGO CHAVES al pueblo de COSTA RICA.
Para enmendar el horror, propio de inicios de gestión del gobierno, solicitamos el retiro inmediato de tal proyecto de la ASAMBLEA LEGISLATIVA.
Gadi Amit
Asociación Confraternidad Guanacasteca
Imagen ilustrativa.
Manuel Zumbado Corrales*
manuel.zumbado@periodicoelguacho.com
La nueva tarifa de agua implementada por la administración municipal estaría traduciéndose en un beneficio para los abonados de mayor consumo en varios de los bloques tarifarios.
Así lo afirmó la Unidad Tributaria en el oficio UT-033-2022 del pasado 9 de mayo, en el cual la administración respondió las consultas solicitadas por Alexander Porras Quesada, vecino del cantón.
La respuesta se da luego que el Consejo Municipal conociera en la sesión ordinaria de 21 de abril del año en curso, la solicitud de Porras de una revisión de la tarifa.
En el documento, Porras solicita aclarar, entre otras cosas, “por qué los usuarios del bloque domiciliar (casas de habitación, estén o no ocupadas por su propietario) que consuman más de 81 metros cúbicos tienen una reducción en su tarifa en lugar de incremento”.
En la nota publicada por El Guacho de la edición de mayo del 2022 “Nueva tarifa de agua entra en vigencia a pesar de rechazo comunal” dimos a conocer que la nueva tarifa incluiría aumentos de hasta 64% en el bloque domiciliar.
Sin embargo, la solicitud enviada por Porras evidenció una reducción de la tarifa de agua para sectores de mayor consumo en varios de los bloques definidos por la administración del acueducto (Ver gráfico de barras en rojo). Según los datos aportados por Porras y luego confirmado por la Unidad Tributaria, los abonados en los bloques domiciliar (casas de habitación), ordinario (comercios) y reproductiva (comercios que utilizan agua como insumo de producción) en los segmentos de mayor consumo, se verían beneficiados por una disminución de la tarifa de agua.
A su vez, los bloques industrial (industria que utiliza el agua como materia prima de su proceso productivo) y provisional (construcciones) no se incluyeron en los aumentos tarifarios.
La Unidad Tributaria aclaró además que la nueva tarifa cumplió con los requerimientos establecidos por la Unidad de Acueducto Municipal y el debido proceso para su aprobación, según lo estipulado por el Reglamento para la Aprobación de Tarifas Por Servicios Municipales del Cantón de Belén.
A partir de lo solicitado por el Consejo Municipal, la administración deberá contratar nuevamente una empresa para realizar un estudio tarifario para el acueducto.
Los datos utilizados para concluir dichas afirmaciones corresponden a la información de consumo e ingresos por bloque para los abonados del acueducto municipal del año 2019, aportados por la Unidad Tributaria.
*Artículo publicado en Periódico El Guacho.
ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA
A pocas semanas de terminar su gobierno, Carlos Alvarado firma un préstamo más para endeudar a Costa Rica.
PAACUME es un proyecto viejísimo, destinado al riego. Engavetado por ser malo, inviable e impagable.
La pregunta es ¿falta agua en Guanacaste?
Nuestra respuesta es NO. El agua hoy, la tienen acaparada 4 empresas, que manejan el 70% de todo el agua de Guanacaste.
Estas 4 empresas tienen hoy unos 32.000 litros x segundo de agua. PAACUME produciría solo 20.000 litros xs.
AyA no quiere y no necesita esa agua, no tiene planes, ni proyectos relacionados con esa agua.
El ICE no necesita construir una represa hidroeléctrica más.
El desarrollo costero, puede obtener en su zona, agua reutilizada o desalinizada. No necesita depender de traerla de tan lejos.
La verdad, está en los mismos estudios, que los que no son ciegos, pueden leer:
SENARA, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Proyecto PAACUME
CAPÍTULO 7. EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA
7.1.4 Análisis Financiero
“Los indicadores de rentabilidad del proyecto muestran que no es un proyecto financieramente rentable. Su valor actual neto es negativo, así como su tasa interna de retorno. Su relación beneficio-costo tampoco supera la unidad. En general, se puede ver que la inversión inicial es muy fuerte y no es posible recuperarla en el tiempo restante.”
Esa es la verdad.
La ocultan con disfraces, de seda, de mentiras, de falsedades.
Si los 4 empresarios, antes mencionados y que son- HACIENDA EL PELÓN, INGENIO TABOGA, AZUCARERA EL VIEJO Y CATSA, pagaran como se debe por el agua que consumen y no como hoy hacen a menos de 20 centavos de colon por metro cúbico, entonces habría agua suficiente en todo GUANACASTE.
Por eso, hemos puesto una ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ante SALA IV que la acogió y la tramita bajo expediente 22- 001372-0007-CO para regularizar las tarifas que pagan los azucareros y arroceros, por privilegios sin sustento en estudios técnicos.
La PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA abogado del ESTADO, en escrito de 1 marzo 2022, firmado por Julio Alberto Jurado Fernández, dice: IV. Conclusiones.
Si los Magistrados resuelven a favor nuestra acción, los empresarios tendrán que optar por MODERNIZAR sus sistemas de riego.
Con eso, sin bajar la producción, se lograría ahorrar agua en al menos el 60 % de lo que hoy utilizan y eso es TODO EL VOLUMEN que eventualmente produciría PAACUME.
La mitad de ese caudal lo toman hoy, del rio y acuífero del TEMPISQUE – por lo que es fácil usarla en la orilla correcta.
Solo administrarlo y repartirlo bien.
Creemos que el presidente electo esta semana en Costa Rica, analizará, los datos y números de este proyecto y confirmará lo aquí expuesto. Él puede arreglarlo vía Decreto Ejecutivo.
Evitamos la destrucción del área protegida LOMAS DE BARBUDAL.
Además, nos ahorramos un gasto y una deuda. Aumentamos los ingresos, hacemos justicia y generamos desarrollo
Si el balde tiene huecos, el agua nunca alcanzará a llenarlo.
ANEXAMOS
A.- Folio 467 de ESTUDIO FACTIBILIDAD -PROYECTO PAACUME
B.- Trámite Acción Inconstitucionalidad exp. 22-1372-007-CO
C.- Criterio de PROCURADURÍA
Compartido con SURCOS por ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA.
En el programa Alternativas del viernes 8 de abril de 2022, se desarrolló el tema de la realidad del agua y su acceso en el occidente del Valle Central de Costa Rica. Se contó con la participación de los siguientes invitados:
En este programa, se discutieron las implicaciones socioeconómicas del acceso público al agua, y hubo una presentación por Adriana Muñoz sobre la gestión comunitaria del recurso hídrico en la zona del Occidente, y la incapacidad del estado para cubrir las demandas de acceso.
Se le invita a ver el programa emitido en YouTube, o a escuchar el programa Alternativas todos los viernes por Radio 16, 1590 AM.
Compartido con SURCOS por el Colectivo Reflexión-Acción.
