Filmado el 22 de febrero del 2020 por Buen Vivir Costa Rica, Oscar Espinoza Ramos nos comparte esta canción en homenaje a Sergio Rojas. Este líder Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, al sur de Costa Rica, fue asesinado el 18 de marzo del 2019 en su propiedad, debido a sus esfuerzos por la recuperación de territorio indígena. Después de tres años, este asesinato permanece impune ante la mirada cómplice de las autoridades.
Compartimos la canción:
Las imágenes son elecuentes y revelan el drama de cientos de miles de personas desplazadas como consecuencia de la intervención rusa en Ucrania. Los medios internacionales se han encargado de vibilizar con insistencia, escenas de personas corriendo por carreteras, tratando de abordar medios de transporte, huyendo de sus edificios destruidos, casi al borde del derribo.
Son, evidentemente, imágenes que no quisiéramos haber visto luego de dos años de crisis civilizatoria, que nos hizo cuestionarnos todo lo que somos como especie humana: el modelo económico depredador, desequilibrante e inhumano, el daño ambiental que le hemos hecho a los territorios y que ahora llamamos de forma conveniente como los efectos del cambio climático, la desigualdad presente en el acceso a la información, la salud y los medios de reproducción de la vida.
Pensamos, efectivamente, que estos eran tiempos de aprendizaje, de reconstituirnos como especie. Hace unos años en una vista a la Universidad Nacional, en Costa Rica, el teólogo Leonardo Boff decía que posiblemente estábamos en los últimos cinco minutos de la existencia de toda vida posible, si no éramos capaces de cambiar nuestras formas de relacionarnos con la economía, la naturaleza, el otro y la otra. Nada aprendimos.
Lo que nos devuelven esas imágenes sobre la guerra es la confirmación de que tenemos pendiente tareas y que los aprendizajes persisten. Si, es claro que se trata de cientos de miles de personas desesperadas, desplazadas (que es distinto conceptual y operativamente al concepto de refugio) y que buscan por todos los medios, subsistir.
Sin embargo, lo que esas imágenes provenientes de los principales medios de comunicación no nos cuentan es que no todas las personas en situación de riesgo por el conflicto tienen las mismas oportunidades de sobrevivencia.
En un artículo publicado por Gabriela Wiener el 11 de marzo (Un mundo que nos odia. recuperado de eldiario.ar el 18 de marzo de 2022) se denuncia la desigualdad, discriminación y racismo que experimentan otros miles de personas que han querido salir de Ucrania y que por razones étnicas y de nacionalidad son conminados a permanecer en ese país en contra de su voluntad.
En su reflexión, Wiener es bastante enfática al indicar como el sistema de asilo europeo se volcó a apoyar a la población ucraniana en condiciones de desplazamiento, pero años antes amuralló sus contornos contra la crisis humanitaria producida en varios países africanos. La actualización de esa selectividad en el sistema de solidaridad europeo ha sido tema en estas semanas de conflicto, sin que la comunicación hegemónica cuente como personas no ucranianas son obligadas a abandonar la posibilidad de escapar de los horrores de la tensión bélica que no cesa. Un fragmento de un testimonio incluido en su artículo, es elocuente en este sentido:
“Los negros no, los negros no, cuenta una mujer que escuchó mientras intentaba con sus hijos subir a un tren gratuito para salir de Ucrania. Vio cómo un hombre ucraniano sacaba una pistola y hacía bajar a un hombre negro del tren: ”ayudan a su gente pero no quieren ayudar a los negros“. Quienes no son blancos no llegarán al otro lado porque sus vidas no son importantes si no es para ser carne de cañón de unos bandos”.
En uno de sus últimos trabajos sobre la coyuntura migratoria en Europa, el sociólogo Sigmund Bauman refería que había personas de tercera, cuarta categoría, que literalmente “tocaban a la puerta” para ser escuchadas, sin éxito. En esta ocasión, seguimos viendo a los extraños pasar y ya no solo no les abrimos las puertas sino que los amenazamos con quitarles la vida, por precisamente querer conservarla.
Es cierto, nada aprendimos. El reloj de Boff sigue su marcha inexorable. Ya solo quedan segundos y posiblemente esto que conocemos como civilización se acabe para siempre. Está en nosotros decidir cómo queremos vivir este periodo de tránsito hacia nuevas etapas, nuevos vínculos.
Hoy viernes 18 de marzo de 2022 en honor a Sergio Rojas Ortiz del clan Uniwak, desde el Territorio Bribri Yabami Di (Cabagra), la organización propia Consejo Iríria Sat Kök continúa ejerciendo su derecho a la tierra y construyendo autonomía.
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Imagen ilustrativa.
Viernes 18 de marzo de 2022. Hace 3 años las voces del odio acabaron con la presencia física del compañero Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, al sur de Costa Rica.
Ante la ocupación ilegal de los territorios de los Pueblos Originarios por parte de personas no indígenas y la inacción del Estado; Sergio y el Pueblo Bribri de Salitre comenzaron a recuperar las tierras – territorios que les pertenecen, luego otros Pueblos siguieron su ejemplo.
Ante este ejercicio del derecho a la tierra, la respuesta de los ocupantes ilegales y grupos de poder ha sido la violencia, y por parte del Estado la violación a los derechos humanos de estos Pueblos perpetuando además la impunidad.
Ante las múltiples agresiones contra los Pueblos Originarios, ninguno de los agresores ha sido sancionado penalmente; el único que estuvo privado de libertad 7 meses por razones políticas fue Sergio Rojas en el 2014; en una causa judicial donde hasta el día de hoy no se ha presentado la pieza acusatoria.
A pesar de las amenazas de muerte y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2015 a favor del Pueblo Bribri de Salitre y el Pueblo Brörán de Térraba, el Estado de Costa Rica fue incapaz de garantizar la vida e integridad de Sergio y de los Pueblos Originarios.
Después de 3 años de su asesinato, el Poder Judicial ha sido incapaz de avanzar en el establecimiento de los autores intelectuales y materiales del crimen, esto a pesar de que en el Buenos Aires de Puntarenas es «vox populi» o de conocimiento público quienes mandaron a asesinar a Sergio.
A pesar de que la Fiscalía General conformó un equipo «especial» para atender el caso; 3 años después no hay ningún avance significativo, ni resultado alguno para que se haga justicia.
La misma Fiscalía solicitó en el 2020 el archivo temporal del caso y el Juzgado Penal de Buenos Aires se había negado a ordenar allanamientos y otras diligencias importantes para el caso.
Ante esta impunidad, los Pueblos Originarios han continuado con los procesos de recuperación de sus territorios y denunciando la agresiones y violaciones a sus derechos humanos por parte del Estado de Costa Rica por omisión o acción; exigiendo justicia.
¡Sergio vive, la lucha sigue!
¡Alto a la impunidad!
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
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La historia moderna de Chile está jalonada de sorpresas. En 1970, una coalición de fuerzas de izquierda denominada la Unidad Popular, llevó a la presidencia a Salvador Allende Gossens, primer presidente marxista electo por voto popular en el mundo. Un hito sin duda en la política del país austral y en el mundo. Después del cruento golpe de estado de setiembre de 1973, una oposición democrática y popular se agrupó nuevamente para derrotar al dictador Pinochet, en el plebiscito que fue convocado el día 5 de octubre de 1988. No sin cierta sorpresa, una marejada popular, a pesar de la intimidación por parte del dictador, derrotó la aspiración de Pinochet a perpetuarse en el poder. La participación fue de un 97.53% de los inscritos para votar, de los cuales, los partidarios de la no continuidad del dictador, desafiándolo, sumaron 3.967.569 votos, un porcentaje del 55.99%; contra 3.119.110 votos, un 44,01% que emitieron su voto por el “sí”. Una gran mayoría popular había derrotado una sangrienta dictadura.
Después de estos acontecimientos, se sucedieron una serie de gobiernos coaligados en lo que se denominó “la Concertación Democrática”, una suerte de transición de la dictadura hacia la democracia. Estos gobiernos se extendieron de 1990 hasta el 2010. Ese año queda electo por primera vez Sebastián Piñera, para reintroducir a plenitud el neoliberalismo en Chile, contando con la legitimidad de haber resultado electo con el 51% de los votos. Piñera se reelige el 11 de marzo del 2018, periodo durante el cual pretendió reemprender un crecimiento económico sin atender la creciente desigualdad y pobreza que generó el mismo modelo. Fue en estas condiciones que un pueblo exhausto se lanzó a la calle en octubre del 2019. Se produjo un auténtico estallido social, en gran parte dirigido por Gabriel Boric y todas las personas dirigentes que le acompañaban en aquella empresa social tan significativa. El movimiento social obligó al gobierno de Sebastián Piñera a sentarse a negociar. La hora final de este capítulo de un gobierno neoliberal que le dio continuidad al de Pinochet, estaba tocando la puerta.
No dejó de sorprender semejante estallido social con violencia incluida. Puede que ayude a entenderlo, un estudio sobre el llamado período de “transición democrática” desde la dictadura de Pinochet, que comenzó en la década de los 90 con los gobiernos de la “Convergencia”. Se suponía que en el 2010 habían quedado saldadas las cuentas con la imposición neoliberal por parte de Pinochet. Manuel Antonio y Roberto Garretón, en un estudio publicado en el 2010, en la Revista de Ciencia Política de la Universidad de Chile, desmenuzan ese período anterior a los dos gobiernos de Piñera y postulan lo siguiente:
“Nuestra hipótesis central es que estamos frente a una democracia incompleta, como resultado de la transición desde la dictadura de Pinochet ocurrida a finales de los ochenta.3 No es que no se haya terminado la transición, como sostienen algunos, o que hubiera terminado, ya sea en el gobierno de Lagos o de Bachelet, sino que si bien ella terminó con la inauguración del gobierno del Presidente Aylwin, lo que quedó después de esa transición, e incluso pese a ciertas reformas políticas implantadas por los gobiernos democráticos, fue esta democracia incompleta en las tres dimensiones: electoral, constitucional y ciudadana. Lo que explicaría tal caracterización es que la institucionalidad de la democracia chilena fue en gran parte impuesta por la dictadura, por lo que estaríamos frente a gobiernos elegidos de manera legítima, vigencia de libertades públicas, es decir, lo que podríamos llamar una «situación» democrática,4pero difícilmente el régimen institucional en cuanto tal pasaría el test democrático […] el caso chileno -prosiguen los autores- presenta enclaves autoritarios heredados tanto de la dictadura como de los amarres o acuerdos de transición, que limitan el carácter democrático […] esta hipótesis u orientación básica -continúan argumentando- entra en contradicción con el sentido común generalizado en la opinión pública de la región y difundido por múltiples informes y rankings internacionales que ubican en un lugar privilegiado de los índices democráticos a Chile. […] estamos frente a una paradoja básica, -concluyen- esto es, existe una contradicción entre esta democracia incompleta y el desempeño de los gobiernos con respecto al crecimiento económico, la superación de la pobreza y la inserción en la economía global, por nombrar sólo algunas variables (aunque los niveles de desigualdad se mantienen relativamente constantes, con muy leve mejoramiento en los últimos años gracias a la focalización de subsidios y gasto social).” (Cfr. Garretón, Manuel A. y Roberto, “La Democracia Incompleta en Chile. La realidad tras los Ranking Internacionales.” Scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0718-090×2010000100007)
A lo dicho hay que sumarle, la aceleración de las desigualdades y de la pobreza, a pesar del crecimiento económico, sobre todo en los dos siguientes gobiernos de Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que tuvieron un interregno”, el gobierno Bachelet (2014-2018), que tampoco fue muy auspicioso en reformas democráticas. Ello explica el estallido social que, no obstante, sorprendió a muchos.
Todo ello constituye el contexto del triunfo de Gabriel Boric en las más recientes elecciones celebradas este año.
El nuevo gobierno que acaba de iniciar en Chile posee algunas características peculiares respecto de todo lo anterior, que permiten preconizar que se tratará de una inédita experiencia político social. Para comenzar diremos que el gabinete recién integrado posee, por primera vez también en la historia de Chile, más mujeres que hombres. No esta una característica meramente cuantitativa, responde a un formidable repunte de los movimientos feministas que han sido protagonistas de primer orden, tanto durante el estallido social y en las negociaciones con el gobierno de Piñera, como en el proceso electoral que llevó al poder a esta nobel coalición. Esto quiere decir que el gabinete resulta en una medida muy importante de las lideresas y los líderes que encabezaron las luchas del 2019 contra el modelo neoliberal.
El programa enarbolado contiene las reformas educativas largamente planteadas por el movimiento estudiantil universitario, en el centro de la propuesta. Además de esto el Plan de Gobierno del movimiento “Apruebo Dignidad”, se estructuró sobre cuatro perspectivas transversales que integran cada una de las propuestas que buscan justicia social, descentralización del poder y garantía del trabajo decente, así como feminismo y transición ecológica justa. El programa contiene además 53 cambios concretos para Chile, entre los que destacan: recuperar 500 mil empleos femeninos, reducción de la jornada laboral a 40 horas, reparar la deuda histórica con el profesorado chileno, generar el sistema universal de salud y reducción de las listas de espera, relevar la importancia de la salud mental integral, duplicando el presupuesto y creación de al menos 15 nuevos “Centros Comunitarios de Salud Mental”, reactivar la economía con las Mipymes, fortalecer el Ministerio de la Mujer y la equidad de Género, generar un plan nacional de derechos sociales LGBTIAQ+, protección de la infancia, creación del sistema nacional de cuidados, un plan para disminuir el precio de la vivienda, firma del acuerdo de Escazú, impulso a la mediana y pequeña agricultura, creación de un Banco Nacional de Desarrollo, avanzar en seguridad y soberanía alimentaria, creación de una empresa estatal del litio, un fondo estatal para financiar pensiones alimenticias adeudadas. (Cfr, reseña biográfica de Gabriel Boric Font. Bcn.cl).
El presidente Boric ha enfatizado que el desafío que se tiene como gobierno, es el de generar un nuevo orden, ya que el contrato social ha sido roto por las élites, desde su punto de vista.
Es en verdad el triunfo de una nueva idea, una nueva generación, una nueva sociedad opuesta a la que representó el gobierno anterior. Se busca un mejor camino de renovación, no en función de las élites sino de los grupos subalternos de la sociedad, en el que se consagren los derechos sociales universales, el pleno respeto a los derechos humanos, la descentralización del poder, que se haga cargo de los enormes desafíos ambientales generados por la crisis climática, en lo que a Chile concierne. La ruta está planteada, el reto es enorme.
Nota compartida con SURCOS por el autor.
Carta abierta del Movimiento Diversidad Abelardo Araya a los candidatos presidenciales Figueres Olsen y Chaves Robles
(18 de marzo de 2022)
Lamentamos y rechazamos con indignación las declaraciones de los dos señores candidatos, cuando hacen suyo el falaz concepto de “ideología de género”, para, sobre esa base, comprometerse a intervenciones en el Ministerio de Educación, y a la realización de cambios diversos, no precisados, en los programas educativos, para, presuntamente, eliminar esa tal “ideología”. Es llamativo que ninguno de los dos candidatos haya explicado qué significado atribuyen a ese concepto, pero, en cambio, si se muestran deseosos de “suprimirlo”. Reconocemos que el señor Figueres Olsen, ha intentado rectificar su posición, pero advertimos que sus ambigüedades y contradicciones siembran muchas dudas, y hacen necesario mantener una actitud de alerta y vigilancia permanentes. Al momento de escribir esta nota, desconocemos si el señor Chaves Robles ha brindado alguna aclaración en relación con sus afirmaciones, las cuales fueron de tono muy fuerte.
En relación con todo este penoso asunto, manifestamos lo siguiente:
Estos son los temas que deberían preocupar a los candidatos presidenciales, en vez de dejarse llevar por la retórica falaz de la tal “ideología de género”. Es su responsabilidad clarificar su posición sobre estos asuntos, en forma seria, fundamentada y transparente. Les solicitamos, de forma respetuosa y muy encarecida, que así lo hagan. Es lo que corresponde, por un imperativo de respeto hacia la ciudadanía costarricense.
Por el Movimiento Diversidad Abelardo Araya
Luis Paulino Vargas Solís Erika Susana León Rey
Cédula 2-0327-0373 Cédula 108710011
Víctor Hugo Monge Aguilar
Cédula 1 0432 0270
Compartido por Luis Paulino Vargas.
La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), el Bloque de Vivienda Nacional, la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Coordinadora Campesina y el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) solicitamos de forma vehemente al Estado costarricense la cesación de la persecución política en contra de personas defensoras de derechos humanos. Así, exigimos EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para el joven trabajador y sindicalista de 28 años Carlos Andrés Pérez Sánchez, obrero de la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) quien ha sido acusado de manera ilegítima de supuestos delitos que jamás ocurrieron.
Carlos Andrés es una víctima más de la persecución política, administrativa y judicial ejecutada por el estado a través del Poder Ejecutivo, RECOPE y la Fiscalía General de la República. Una persecución sistemática que ha sido alimentada a través de los medios de comunicación hegemónicos que ejercen una dictadura mediática complaciente de los intereses de las élites económicas.
Carlos Andrés fue detenido injustamente el 11 de septiembre del año 2018 cuando, en ejercicio de su derecho fundamental a la manifestación pacífica reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, suscritos y debidamente aprobados por Costa Rica, se le acusó de causar daños a bienes propiedad de RECOPE, institución para la cual trabajaba. Carlos Andrés en un acto heroico acudió a atender una emergencia de una posible fuga de gas en las instalaciones de su trabajo, acción para la cuál ha sido preparado como parte de las medidas de atención de riesgos ante eventuales peligros. Hecho que se da durante el período de huelga acontecido durante el año 2018 en contra del combo fiscal (Proyecto Ley 20.580. Ley de Modernización de las Finanzas Públicas) promovido por el gobierno central y la Asamblea Legislativa; huelga que él apoyaba dentro de los límites del ordenamiento jurídico, esta es la verdadera razón del por la cual es acusado.
Este joven trabajador y padre de familia, fue sometido a un juicio mediático a nivel nacional, siendo catalogado por los medios de comunicación más poderosos como un terrorista, inclusive fue acusado por el presidente de la república, Carlos Alvarado Quesada, sin antes tener un juicio en el cual se demostrara su culpabilidad, violentando así el principio constitucional y penal de inocencia.
Posteriormente fue sometido a un amañado juicio penal de flagrancia donde es declarado culpable, juicio que luego fue anulado por el Tribunal de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José al demostrarse vicios de nulidad en el fallo condenatorio emitido por el juez Sergio Céspedes Rivera (Tribunal del Flagrancia de Limón, causa 18-000244-1130-PE), quien en primera instancia fue amonestado, ordenando la liberación de Carlos (26 de febrero, 2019).
Carlos Andrés Pérez Sánchez ha tenido que sufrir el injustificable peso de atravesar un proceso penal donde estuvo detenido en prisión durante 100 días, como preso político, condenado en un juicio con serios vicios procesales. Todo esto a pesar de que el material probatorio, el análisis fáctico y jurídico del caso, señalan claramente su inocencia. Además, a nivel de derechos laborales, fue despedido de su trabajo arbitrariamente sin responsabilidad laboral, causando un impacto en la estabilidad emocional y económica a nivel personal y familiar.
Por todo lo anterior, como organizaciones del movimiento social defensoras de los Derechos Humanos solicitamos se declare el sobreseimiento definitivo a Carlos Andrés Pérez Sánchez, con fundamento en el inciso a) del artículo 311 del Código Penal, que dicta que procederá el sobreseimiento cuando el hecho denunciado no se realizó o no fue cometido por el imputado.
Hacemos un llamado a las personas comprometidas con la justicia social, a las organizaciones sociales nacionales y a la comunidad internacional para que se solidaricen con Carlos Andrés, denuncien la violación sistemática de derechos fundamentales que sucede en Costa Rica y se unan para denunciar la represión y persecución penal, civil y política contra quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta social. A la vez, convocamos a hacernos presentes los días 24 y 25 de febrero a los Tribunales de Limón, para recuperar la confianza en los tribunales de justicia y se dicte el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO A CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ.
SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO PARA CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ
PROTESTAR NO ES UN DELITO, ES UN DERECHO HUMANO
Firmas responsables:
ACODEHU, CUT, MTC
Bloque de Vivienda Nacional,
Coordinadora Campesina
Costa Rica
Se adscribieron a esta petición internacional:[1]
Adhesiones de organizaciones: 114
26 organizaciones de Costa Rica
88 organizaciones internacionales
Adhesiones personales: 312
115 firmas personas a nivel internacional
197 firmas de personas de Costa Rica
ADHESIONES A NIVEL DE ORGANIZACIONES
Organizaciones de Costa Rica
Organizaciones internacionales
Alemania
Bolivia
Canadá
Colombia
Ecuador
España
Honduras
Guatemala
México
Estados Unidos
Venezuela
Suiza
Otros países
ADHESIONES A NIVEL PERSONAL
Alemania
Argentina
Austria
Canadá
Costa Rica
Estados Unidos
Ecuador
El Salvador
España
Guatemala
Honduras
México
Perú
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Integrantes del Consejo Consultivo (34)
Argentina
Colombia
España
Estados Unidos
Suiza
Venezuela
Ecuador
Bolivia
Palestina
Guatemala
Panamá
Brasil
Perú
Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche
México
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos (35)
Organizaciones integrantes:
España
Suiza
Estados Unidos
Venezuela
Colombia
Guatemala
Uruguay
Ecuador
Panamá
Perú
Brasil
Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche
Palestina
Honduras
México
[1] Incluido el apoyo del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: 34 personas y 35 organizaciones.
Magister José Manuel Arroyo Gutiérrez
(Anotaciones al margen leyendo a Boaventura de Sousa Santos)
Costa Rica es una democracia que padece una especie de bipolaridad. Una patología consistente en ser, por un lado, una democracia formal (electoral) bastante desarrollada y hasta ejemplar en el mundo, pero a la vez, una democracia real (participativa) bastante débil, diríamos que raquítica. Los mecanismos puramente normativos existen: un tribunal electoral independiente, eficiente y con credibilidad; un régimen de partidos políticos amplio y relativamente accesible; contiendas electorales regladas y pacíficas; y un comprobado respeto por los resultados del sufragio. Sin embargo, todo eso está muy lejos de una efectiva intervención e influencia ciudadana en las decisiones que finalmente se imponen. El poder real de la ciudadanía sobre la escogencia de candidatos a la Presidencia o a la Asamblea Legislativa no existe, queda en manos de reducidos grupos, asambleas o convenciones partidarias, cuando no, en simples encuentros de amigos; en la mayoría de los casos, es mediante vínculos familiares (nepotismo puro y duro) o religiosos (fundamentalismos morales) como se manejan las posibilidades fuertes de elección; los procesos de financiación adolecen de opacidad y subterfugios sin control, uno de cuyos peores síntomas es la compra-venta de bonos conforme los requisitos de la deuda pública adelantada; y, además, un círculo vicioso que liga los pronósticos de encuestas con el poder financiero de los bancos –ahora sobre todo privados- sellan el destino de más de una candidatura.
En la práctica no se ha querido modificar esta realidad. No ha sido posible asegurar a toda propuesta electoral un mínimo razonable de difusión y conocimiento entre la población. Sigue habiendo una dependencia total de la propaganda a los medios financieros y de comunicación de masas y, en fin, el poder económico bien puede manipular quién si, y quién no, tiene chances reales de obtener un buen resultado en las urnas. Parece imposible, hasta ahora, que quienes resultan electos en medio de esta atmósfera viciada vayan a querer cambiar las reglas del juego.
Para mal de todos, el funcionamiento estable de la democracia formal-electoral no ha impedido el deterioro creciente de la democracia real en tanto forma de organización política concebida para asegurar a toda la ciudadanía, no sólo el respeto a sus derechos fundamentales, sino también el acceso a los servicios públicos básicos (alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda, energía, nuevas tecnologías). Los defectos señalados en los procesos electorales y la lejanía práctica entre electores y elegidos, ha puesto en crisis el principio de representatividad. Cada vez la calificación de la gente al Parlamento o al Ejecutivo es más severa y hasta brutal. No hay manera de que un ex-presidente de la República, haga lo que haga, conserve un poco de prestigio y estima popular. La representación popular en Costa Rica se ha convertido en un auténtico ejercicio vital, sólo para masoquistas.
Pero además, en lo importante, como si se tratara de ese bulto, grano o lunar sospechoso que crece sin cesar y que indica que algo grave, profundamente malo, nos está carcomiendo por dentro, la inequidad social, medida por un índice “gini” cada vez más cercano al valor “1”, es decir, cada vez más revelador de una concentración peligrosa de la riqueza social en pocas manos, nos advierte que, en efecto, somos un organismo democrático seriamente polarizado.
Otra cuestión clave en esta deriva bipolar de la democracia costarricense tiene que ver con una curiosa ambigüedad en cuanto a la tutela de los derechos humanos. Aunque gracias a presiones externas, la Sala Constitucional ha terminado por confirmar derechos esenciales para algunas minorías (fecundación in vitro, matrimonio igualitario y un buen número de otros derechos particulares), con efecto directo en la esfera individual de las personas; pero ha fallado estruendosamente en cuanto a la custodia de los derechos humanos de carácter colectivo, al bendecir una reforma fiscal nada progresiva; una reaccionaria prohibición de la huelga en el sector público; y una ley de empleo público que contiene, entre otras perlas, un “derecho” a la objeción de conciencia en el ejercicio de la función pública. Es decir, serios retrocesos en todo aquello que tiene que ver con el tema laboral y una apuesta por el sacrificio de los sectores trabajadores del país, cuestión que parece vital para la afirmación de una economía fanáticamente adherida al modelo neoliberal, y que ha contado con la complicidad de una justicia que ha hecho auténticos malabares con la Constitución Política.
Me temo que la debacle del PAC en la última contienda electoral tiene mucho que ver con lo que venimos diciendo. Es cierto lo que se ha señalado como causas de este fenómeno: la inviabilidad de un tercer período de gobierno; el hecho de dar la espalda a los sectores medios, urbanos y educados que fueron su apoyo tradicional; la debilidad de las candidaturas; la asfixia financiera a que fue sometido el partido; el gobierno Alvarado Quesada que, en temas económico-sociales de gran trascendencia, terminó asumiendo la agenda neoliberal y pagando el coste político que implicaba, y que se suponía prioridad de otros; y, en fin, el “deporte” nacional promovido por importantes medios de comunicación y redes sociales en orden a desprestigiar la institucionalidad pública y la gestión de cualquier gobierno, cualesquiera sean sus logros o fracasos.
No obstante, en este diagnóstico convencional se ha dejado por fuera una causa esencial. La promesa cardinal del PAC no fue ni siquiera la eticidad en la gestión pública. Antes de eso, se propuso la “acción ciudadana”, es decir, el reencuentro de la gente con la democracia participativa, la posibilidad de rescatar el legítimo principio de representatividad; el trabajo con organizaciones de base según temas e intereses sectoriales y, en fin, la recuperación de la confianza en que se iba a escuchar y atender las demandas de la gente. Sin embargo, en medio del fragor político y electoral de estos últimos veinte años, esta fue una cuestión esencial que se dejó de lado, una alternativa que no se cuidó ni se fortaleció y que no quiso, o no pudo, capitalizar los movimientos sociales en contra del Combo ICE o el rechazo al TLC. No sé qué van a hacer los responsables de esta agrupación política a futuro, pero si algo me parece elemental, es que tienen que definir con absoluta claridad -como lo tendría que hacer cualquier otra agrupación partidaria que pretenda salvar nuestra democracia-, tópicos esenciales como: si siguen creyendo en la acción y participación de la ciudadanía; si, en la dicotomía entre libertinaje (bandera neoliberal) y democracia (participativa), tienen claros cuáles son sus límites y qué están dispuestos a rescatar en razón de una convivencia democrática efectiva; también tienen que definirse sobre si los derechos humanos son sólo cuestión de reivindicaciones individuales o, necesariamente, cuestión de conquistas colectivas esenciales. Tendría que comenzarse por hacer un inventario de los temas/problemas que están incidiendo en esa yaga abierta llamada “inequidad” y decirle a la población costarricense si se va a seguir estrujando a la clase trabajadora (pública y privada) en cuanto a regímenes salariales y de pensiones; si el modelo de desarrollo nacional pasa por tomarse en serio el cambio climático y las estrategias de energías limpias; si se va a pagar la enorme deuda pendiente en materia de violencia y desigualdad contra las mujeres; si se van a tutelar los derechos de las poblaciones originarias, su cultura y su derecho a la tierra; si el tema de la igualdad entre hombres y mujeres se va a llevar hasta sus últimas consecuencias; y si, para terminar con estos ejemplos, algún día se le va a entrar en serio a la defraudación y elusión fiscal para que cada quien contribuya en la medida de sus posibilidades y el Estado tenga recursos para la prestación de servicios estratégicos.
En conclusión, en el marco de un capitalismo que parece tener largo aliento, a la par de respetar la propiedad privada y la iniciativa empresarial, de lo que se trataría es de contener la voracidad extractiva sobre la naturaleza y la desalmada especulación financiera del capitalismo salvaje, con el propósito de afirmar los valores de una democracia participativa que traiga equilibrios, que cierre brechas, y donde las personas estén siempre por delante del lucro y la acumulación insaciables de unos pocos.
#NicaraguaEnImpunidad
CIDH analizará situación de derechos humanos en el contexto de impunidad en Nicaragua y la necesidad de adoptar mecanismos extraordinarios de verificación y rendición de cuentas.
Este lunes 14 de marzo, a las 9:00 am (hora de Guatemala), 11:00 am hora de Washington DC, tendrá lugar una Audiencia Pública en la cual las organizaciones solicitantes expondrán la grave situación de derechos humanos que impera en Nicaragua en un contexto de impunidad.
Durante la audiencia se presentará información actualizada sobre los siguientes temas:
En la audiencia participarán las organizaciones peticionarias Centro de Derechos Civiles y Políticos (CCPR), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y Urnas Abiertas. El Estado está llamado a comparecer, sin embargo, no hay seguridad de que asista.
La Audiencia se celebrará de manera virtual y podrá seguirse en directo, en idioma español, en las redes sociales de la CIDH.
Invitamos a seguirla y a acompañar a las organizaciones utilizando las etiquetas #NicaraguaEnImpunidad, #SOSNicaragua y #MecanismoParaNicaragua
El pasado 26 de febrero el inicio de un incendio acabó con el rancho del pueblo ubicado en Matambú, el cual representaba la identidad de los indígenas de la región Chorotega, en cuanto se trata de una de las tradiciones más emblemáticas en dicha zona, la cual era la construcción de estos ranchos.
Además, la creación de dicho rancho también tenía el propósito de ser un lugar donde se mostrara parte de la cultura de los indígenas a los visitantes y así ayudar a la comunidad. El origen del incendio aún se desconoce, sin embargo la denuncia ya fue interpuesta al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) .
Información recopilada de la nota elaborada por Cesar Arroyo publicada en el periódico La Voz de Guanacaste.
