Este martes 8 de febrero, en el programa Saber Vivir UCR 870 AM, se tocó el tema de los derechos humanos y resultados de las elecciones, a cargo de los miembros de la junta directiva de OIDHCR, la representación fue hecha por medio de la Licda. Gloriana Rodríguez y Marco Castillo.
El programa se transmitió por medio de Facebook Live de OIDHCR.
Jueves 03 de febrero de 2022. Al ser las 9 de la mañana, personas recuperadoras cabécares divisaron humo en una de las recuperaciones de tierra-territorio. Se trata del terreno nombrado como Sá Ka Keirö Kaska (tierra de mayores) en el Territorio Cabécar de China Kichá.
El fuego inició en las cercanías del río General de Térraba. En las inmediaciones del terreno no fue divisado ninguna persona sospechosa pero sí un perro que fue abandonado al momento de provocar el incendio. Al ser la 1 p.m. alrededor de 30 hectáreas han sido consumidas por el fuego y a pesar de que las y los recuperadores continúan trabajando por detener su avance, el fuego sigue su curso.
Posteriormente, a las 11 a.m. fue identificado un nuevo incendio en las inmediaciones de la quebrada Pita, justo en la colindancia con otra propiedad de Gilberth Fernández. En ese lugar, fue identificado un peón de Fernández. Al ser la 1 p.m. Se identifica que al menos 10 hectáreas han sido consumidas por este segundo incendio.
Sá Ka Keirö Kaska era un terreno que fue ocupado ilegalmente por Gilberth Fernández, dueño de la empresa de autobuses MUSOC- GAFESO. Kaska fue recuperada el 28 de enero del 2020 por el Pueblo Cabécar. Desde entonces el hostigamiento, amenaza y riesgo de las y los recuperadores por parte de peones de Fernández ha sido una constante. Pues, Kaska limita con un terreno propiedad del dueño de MUSOC-GAFESO (que se encuentra fuera del Territorio Cabécar).
Estos incendios impactan directamente en la pérdida de cultivos de las familias recuperadoras y afectan la flora y fauna que se ha venido recuperando gracias al cuido de las y los recuperadores.
En 2020 la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) denunció públicamente que los incendios provocados son una forma de hostigamiento en contra de los Pueblos Originarios que se encuentran recuperando sus Territorios ancestrales. Este flagelo también está dentro del: «Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos contra los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica; enero-diciembre 2020» y es una de las agresiones más recurrentes.
Demandamos al Estado que haga cumplir la ley Indígena de 1977, misma que reconoce que los únicos poseedores legales y ancestrales de estos Territorios somos los Pueblos Originarios.
También es responsabilidad del Estado proteger nuestra integridad física y vida.
¡Repudiamos esta agresión en nuestra contra!
¡Alto a la impunidad!
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
Recuperadoras (es) Cabécares de Sá Ka Keirö Kaska.
Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
Compartido con SURCOS por Lucha Sur Sur (CLSS).
El 26 de enero de 2022 desde la Universidad de Costa Rica se emite un comunicado para repudiar el intento de asesinato hacia el líder indígena Leonel Garcia Segura, del Territorio Cabecar Bajo Chirripo (cantón Matina, provincia de Limón), acontecido el día 30 de diciembre de 2021). En esta nota, se exhorta al gobierno y a los otros poderes de la república, que se intervenga de forma oportuna para que se proteja la vida y los derechos de los líderes y las personas indígenas.
Durante más de cuatro décadas, mencionan, se ha incumplido la Ley Indígena, N° 6172, artículo 3, que establece que las “reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan”. Esto, efectivamente, se ha incumplido debido a la ocupación irregular de tierras por parte de personas no indígenas en los territorios indígenas oficialmente establecidos en Costa Rica.
Sostienen que “es la desposesión de sus derechos territoriales y culturales, las razones que obligan a las personas indígenas a emprender sus propias gestiones legales, administrativas y comunitarias para restituir y proteger sus territorios”. Ya desde el 2014 ha habido asesinatos y un aumento en la violencia con respecto a estos temas, de los cuales la Universidad de Costa Rica les advierte. Por ese motivo, es que están invitando a construir una sociedad e institucionalidad que respete la integridad individual y colectiva de los pueblos indígenas y fortalecer las acciones que garanticen sus derechos humanos.
– Espiar activistas sociales no puede ser tolerado en un país que se precie de respeto a los Derechos Humanos
FECON (04/02/2022) | El Semanario Universidad en su edición del 2 de febrero, publica el artículo “A solicitud de exjerarca de la DIS Neotrópica diseñó sistema para manejar bases de datos de activistas sociales para la Presidencia”. En el mismo se brinda un análisis del contrato firmado entre el gobierno y esa fundación para la creación de una “aplicación web para recolectar información sobre conflictos sociales y los actores involucrados en ellos, con amplio detalle.”
Es claro según el análisis que hace el artículo periodístico del contrato, que dicha herramienta crearía una detallada base de datos sobre los conflictos ambientales en el país. La idea de contar con esa herramienta surgió de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) cuyo rol no es precisamente, tener un papel en los conflictos ambientales.
Las respuestas tanto del gobierno como de la Fundación Neotrópica consignadas en el artículo no dicen nada: no manejamos datos, no conocemos que pasa, todo está en una hoja de Excel. Estas son las típicas respuestas que generan indignación porque es imposible que, existiendo un contrato, no se hayan hecho al menos algunas labores y no se tenga claridad del fin de la herramienta.
Se debe recordar que la administración de Luis Guillermo Solís ha sido las más conflictiva de la historia de nuestro país, con más de 2.562 reportes durante su mandato, según la Base de Datos de Acciones Colectivas ́Protestas ́ de la Universidad de Costa Rica. Las prácticas de espionaje contra activistas sociales no tienen cabida dentro de una sociedad que se precie de defensora de los Derechos Humanos, ni mucho menos es aceptable dentro de un sistema democrático.
Para FECON esta noticia es de extrema gravedad debido a que puede haber espionaje oficial en los conflictos ambientales y la experiencia que tenemos como organización nacional (y que conocemos de otros países) es que el espionaje gubernamental esta siempre ligado a represión, toma de represalias y criminalización de acciones legítimas desde diversos actores sociales, en este caso el movimiento ecologista nacional.
Desde FECON rechazamos el uso de este tipo de herramientas. De igual forma no podemos aceptar respuestas como las consignadas ya que o representan un grado de cinismo alto desde el gobierno y la Fundación Neotrópica o un desconocimiento tal por el cual esas personas deberían ser despedidas ya que no están cumpliendo con sus obligaciones.
Para la Federación Ecologista existen más preguntas que respuestas sobre este asunto. ¿Qué tipo de información sobre personas y organizaciones tiene a disposición la DIS y Casa Presidencial? ¿Quiénes tuvieron acceso a esta base de datos? ¿Qué usos se le ha dado a dicha información tanto la administración Solís como la de Alvarado? ¿Qué otro tipo de herramientas han sido encargadas a entidades privadas para vigilar y espiar a activistas sociales?
Freddy Pacheco León
Desde el siglo XIX el Estado costarricense, en su afán de proteger a su población, y muy especialmente a sus niños, estableció que la vacunación era obligatoria, logrando erradicar o mitigar muchas enfermedades contagiosas. Jamás los padres de familia hemos cuestionado el calendario de vacunación que inicia a pocas semanas del nacimiento de nuestros infantes, y que la Caja nos garantiza. La actual pandemia no es la excepción y por eso ya se han puesto unas 8 millones de dosis a millones de personas, evitando así que, además de los 7.500 pacientes que han muerto, haya sido mayor.
De haber tenido a disposición las vacunas antes del año que llevamos vacunando, algunos de esos miles de lamentables fallecimientos se habrían evitado. Los políticos que hacen escándalo saben que cualquier acción legal presentada en estos días se rechazará pasadas las elecciones por no tener sustento jurídico. Después del 6 de febrero, los antivacunas se olvidarán de su «gran cruzada» en defensa de una patria potestad vista fuera del contexto que conforma la legislación costarricense.
Ni idea. Simplemente no hay forma de saberlo. Pero leo comentarios acerca de las simpatías que alguna gente de ese colectivo manifiesta a favor de Eli Feinzaig. Lo cual resulta paradójico, puesto que Feinzaig ha coqueteado reiteradamente con grupos muy conservadores, de natural hostiles a ese sector de la población, cuando, por otra parte, lo que su programa plantea en esta materia, es sumamente limitado.
Dije que es paradójico, pero no necesariamente extraño. Y aquí diré algo solamente en relación con la letra G (gay), que es la que mejor conozco, reconociendo y respetando las heterogeneidades que se ocultan detrás del mencionado acrónimo.
Como lo expliqué en un artículo que publiqué en mi blog en mayo 2018 (“Los que éramos entonces, teníamos tantos nombres pero no teníamos ninguno”), el concepto “gay” jugó en su momento un papel muy importante: para quienes habíamos tenido que sobrevivir en el territorio de la denigración y la infamia (bajo apelativos humillantes como playo, platanazo, maricón, marica, pájaro, culiolo y un largo etcétera), ofrecía, por primera vez, la posibilidad de una nominación que intentaba conceder un lugar propio y digno en la vida, o sea, una posibilidad de autoafirmación desde la propia humanidad. De ahí la idea del “orgullo”: ser orgullosamente gay era simplemente ser orgullosamente humano. Reivindicar, pues, lo que se nos había negado: el respeto inherente a nuestra condición como persona parte del género humano.
O sea, el autorreconocimiento como gay era subversivo y comportaba un gesto de rebelión frente a un orden opresivo y violento.
Con el paso de los años las cosas han cambiado. El camino que se suponía conducía al pleno reconocimiento de nuestra dignidad humana, se desvió por atajos que más bien conllevan, otra vez, su negación. Progresivamente las reivindicaciones LGBTIQ fueron asumidas por poderosas corporaciones transnacionales y, con cada vez más frecuencia, vimos a sectores del activismo aliados a esas grandes empresas. Aquella fuerza contestaria y transgresora perdió ímpetu y tendió, gradualmente, a hacerse inofensiva. Se le limaron garras y colmillos; se le domesticó y apacentó.
Pero la cuestión se centra fundamentalmente en la letra G. Por razones que habría que investigar, fue ahí donde las fuerzas del marketing y el negocio tendieron a enfocarse.
De resultas de lo anterior, la identidad gay ha sido reconfigurada, alejándose cada vez más de sus fuentes originales. Es, cada vez, una construcción mercadológicamente concebida, alrededor de ciertos rasgos estereotipados: muchachos usualmente blancos, invariablemente jóvenes, muy guapos y con cuerpo de gimnasio; lucen ropa de marca, viajan por el mundo y son manirrotos en el consumo. Chicos muy individualistas, hipersexualizados, que viven para el disfrute, despolitizados e insolidarios. De ahí que hoy tanto se hable del “dólar rosa”, toda una fuente de redituable negocio.
Es una concepción terriblemente discriminatoria, que oculta mucho más de lo que revela, y que conlleva un altísimo grado de violencia. Dicho de otra forma: es una forma de reconfigurar la discriminación y la exclusión, y de reinventar la infamia y la ignominia. Ahí no caben los muchachos gais de rasgos indígenas, de piel oscura, los que son obreros de la construcción o peones en una piñera o recolectores de basura. No caben los que son pobres, pero tampoco aquellos que no tienen ingresos lo suficientemente elevados, que son la enorme mayoría. No caben quienes no son guapos y bellos y de gustos refinados. No cabemos los viejos que, con nuestras canas y nuestras arrugas, somos la más vívida negación del estereotipo, y, por ello mismo, los más invisibles, los que en mayor grado hemos sido lanzados al canasto de lo indeseable.
Esta identidad estereotipada, esculpida por el marketing, impone una norma cuyo incumplimiento es fuente de frustración y aislamiento. Reconstruye la soledad, reinstaura la indignidad vergonzante, imposibilita a muchos ser lo que son, orgullosos de poder serlo. Nos devuelve a la vía ominosa del odio hacia sí mismo, por no lograr ser lo que se le exige que sea, en vez de simplemente ser lo que realmente es. Construye nuevos armarios, obliga a nuevos juegos de fingimiento y, por lo tanto, a vivir de nuevo una doble vida. Es, al cabo, fuente de vaciamiento afectivo y emocional, y reinstauración del divorcio entre sexualidad y afectividad. También despolitiza e inmoviliza, al crear sujetos que no ven más allá de lo que tienen entre las piernas, descomprometidos con el mundo y la sociedad de que son parte.
No es de extrañar que, entonces, algún sector de la población gay opte por votar a candidaturas -como la de Eli Feinzaig- cuyo mensaje, de tonalidad fuertemente economicista, es enemigo del Estado social costarricense, puesto que es ignorante de la opción histórica de justicia social que lo hizo nacer. Votar, si, a candidaturas como la de Feinzaig, que beben de la despolitización y se alimentan de la falta de compromiso cívico y conciencia ciudadana.
Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su blog
https://sonarconlospiesenlatie
La Organización Interseccional por Derechos Humanos Costa Rica comunicó:
«Profundamente impactada, denunciamos el crimen de odio contra el joven Genaro Antonio Vega Pérez, quien fue violado, golpeado y encendido con gasolina. Repudiamos estas crueles, injustificadas e inhumanas acciones que instigan los mensajes de irrespeto a los derechos humanos.
Urgimos a las autoridades correspondientes una pronta investigación de quien o quienes cometieron esta atrocidad para que rindan cuentas».
Como parte de la denuncia y el acuerpamiento colectivo que se debe generar ante la violencia, distintas organizaciones y personas están invitando para que este domingo 30 de enero, a las 5 pm en la Plaza de la Democracia, -y con ropa blanca., se acuda a pedir que se haga justicia por Genaro Vega Pérez.
Compartido con SURCOS por la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos.
La resistencia de los pueblos indígenas
En los últimos años hemos sido testigos y testigas del nivel desproporcionado de violencia que sufren los pueblos indígenas y la amenaza a su modo de vida, la llamada ley indígena delimitó como territorios indígenas, muchas de las tierras donde los pueblos originarios resisten tratando de conservar su estilo de vida, sin embargo las transnacionales del monocultivo, y los grandes terratenientes ocupan hoy en día la mayor cantidad de este territorios (70%), esto a pesar de ir en contra de dicha ley, sin embargo desde 1977 hasta 2009 el estado nunca mostró interés en que esta ocupación violenta no solo se mantenía sino aumentaba, es por eso que los pueblos en 2009 se organizan y toman la asamblea legislativa para exigir que se les devuelvan sus tierras, sin embargo esto concluyó con desalojo por la fuerza contra las personas indígenas, lo que originó que la determinación de recuperar los terrenos usurpados desde de los territorios indígenas, con lo cual iniciaron los procesos de las recuperaciones del territorio indígena.
La violencia organizada y la complicidad del Estado
Las recuperaciones del territorio indígena por parte de las comunidades, han tenido que enfrentar una serie hostilidades y agresiones contra las comunidades indígenas que buscan hacer cumplir su derecho a la tierra, las continuas amenazas por parte de los terratenientes y sus peones, sin olvidar trasnacionales del monocultivo que usurpan los territorios, las hostilidades han ido desde amenazas, hasta auténticas “cacerías” donde turbas de terratenientes y peones llegan a intimidar incluso con armas de fuego alas comunidades, todo esto ante presencia de la policía, sin que esta intervenga a desarmar o dispersar estos grupos de atacantes, y es así como la violencia ha llegado incluso a la quema de las casas de las personas indígenas, cabe resaltar el cobarde asesinato de Sergio Rojas a tiros en su casa en Salitre, después de haber sido preso político del estado, las agresiones de este tipo son bastante frecuentes, por lo que la Corte Interamericana ordeno en 2015 darle protección especial a los pueblos indígenas de Térraba y Salitre además devolver las tierras usurpadas sin embargo esto es algo que nunca paso del papel y la violencia contra los pueblos sigue en aumento, así estas “turbas” fueron también responsables de la muerte del activista indígena Jhery Rivera asesinado en su comunidad, con un arma de fuego por personas ajenas a la comunidad que llegaron en manada a intimidar y amenazar al pueblo de Térraba, sin embargo el estado continua con oídos sordos sobre esta problemática, y existen ya un numero muy grande de agresiones, amenazas e intentos de asesinato contra activistas indígenas que siguen siendo constantes, el ultimo perpetuado el 30 de diciembre de 2021 donde Leonel Garcia fue macheteado en todo su cuerpo (brazos, piernas, tronco cabeza) hecho que casi acaba con su vida y lo mantuvo hospitalizado 2 semanas en condición grave, el ataque fue perpetrado por un finquero no indígena de la zona, quien ya previamente lo había amenazado de muerte, ante todo este panorama de violencia y a pesar de los fallos de la corte interamericana de derechos humanos, el estado sigue sin responder, mostrando con su silencio la complicidad en contra de los pueblos indígenas.
Exigimos un alto a la violencia contra los pueblos indígenas
No daremos nuestro silencio ante estos ataques y queremos que las medidas de protección se cumplan de verdad y se extiendan a todos los territorios indígenas, también que el estado cumpla con lo históricamente adeudado y devuelva por fin las tierras de los territorios indígenas
Invitamos a las organizaciones autónomas, que luchan por la defensa de la tierra, de los pueblos originarios, de los derechos humanos, a quienes luchan por la libertad total, que desde sus individualidad o colectivos firman este comunicado para brindar su apoyo, y/o colaboren con la difusión de esta información, y que las personas se mantengan informadas sobre esta situación.
Firman:
-Frente de Resistencia Animal y de la Tierra -Feminismo Antiespecista -Rinconcito Animal
Furia Antiespecista -Acción Animal – Sembrando Libertad – Yo no voy al zoo
-Frente Ecologista Universitario (FECOÜ) -Hablemos de Derechos Humanos -Red Punto Violeta
-La Cadejos Comunicacion Feminista -GuanaRED Red de arte y gestión cultural comunitaria
-Handmaids Costa Rica -Debate Feminista Costa Rica -Bloque Nacional de Vivienda
-Colectivo Solidaridad con el pueblo de Honduras -Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) -Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
-Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) -Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE)
Compartido con SURCOS por varias colectivas.
Marco Antonio Castillo Rojas
La Corte Suprema de Justicia ratificó la separación de su cargo del juez notarial Francis Porras, quien trató de anular el matrimonio de Rodrigo Campos Hernández conmigo.
Esa noticia nos satisface porque conlleva el reconocimiento de nuestros derechos como personas de la diversidad sexual y de género. Además, porque conlleva el reconocimiento a la labor realizada por la jueza que nos casó.
Considero una victoria que nos hace sentir que vamos caminando hacia adelante y no retrocediendo como pretendía Francis Porras. Es el reconocimiento a la lucha emprendida por muchos y muchas y que nos llevará algún día a la equidad social.
Solo me preocupa que la resolución habla de separación del cargo, y no dice despido, lo que no sé como se interpreta porque Francis Porras fue entrevistado este jueves 27 por la comisión de la Corte de nombramientos para el cargo de Fiscal General. Indudablemente que el Fiscal debe ser una persona de amplio criterio jurídico y no alguien que se oponga al de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
San José, enero de 2022.
El pasado domingo 23 de enero del 2022, diversas organizaciones, colectivas y personas marcharon en repudio a la “Guía de Buenas Prácticas de Seguridad en las Operaciones Turísticas”, publicada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), asimismo, para levantar la voz en contra de los recientes hechos de violencia hacia las mujeres sucedidos en la zona del Caribe Sur, donde dos turistas fueron abusadas sexualmente.
En dichas guías se proponían medidas revictimizantes, en las cuales se sugería a las turistas que cuando viajen solas deben cuidar su vestimenta, no caminar solas en la noche, entre otras. Ante esto, diversas organizaciones y personas salieron a las calles a exigir justicia por las víctimas, además de exigir al Gobierno medidas reales ante dicha problemática de violencia.
Una de las marchas dio inicio en la fuente de la Hispanidad, y culminó en el Paseo Colón; ésta fue convocada por la colectiva feminista HANDMAIDSCR. Gran cantidad de mujeres, organizaciones y demás personas se hicieron presentes. Ese mismo día, en Sámara otra colectiva organizó una marcha por la playa, bajo la consigna “la culpa no era mía ni dónde estaba ni como vestía”.
Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.
