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Etiqueta: derechos humanos

Apoyo a la compañera maestra Soledad Ortiz Vásquez, Defensora de Derechos Humanos y luchadora social

A las organizaciones estatales, nacionales e internacionales
A los pueblos de Oaxaca, México y el mundo
Alos organismos de Derechos Humanos
A los medios de comunicación

El Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer organización integrante del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos (CODEM-ODHP), tiene más de tres décadas de trabajo colectivo por la defensa de los derechos humanos y la construcción del poder popular. En nuestro proceso organizativo hemos priorizado la lucha por los derechos de nuestras compañeras, compañeros y la participación en otras luchas en Oaxaca, en México y en otras partes del mundo, anteriormente como CODEP, y ahora COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER-OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS (CODEM-ODHP).

Somos una organización de pueblos y comunidades indígenas, negras, mestizas y feminista. Reivindicamos la cultura y la organización ancestral de los pueblos originarios: la asamblea, el tequio, la gueza, el dialogo y el consenso, como base fundamental de las relaciones humanas de los pueblos originarios. Rechazamos la toma de decisiones verticales, negamos las prácticas autoritarias, la corrupción y reprobamos a quienes la ejercen, porque dichas prácticas deterioran las relaciones humanas, el trabajo colectivo y van en contra de los valores comunitarios y del buen vivir de nuestros pueblos.

Por ello repudiamos y rechazamos las difamaciones en contra de nuestra compañera maestra Soledad Ortiz Vásquez, Defensora de Derechos Humanos y luchadora social. Es su trayectoria y sus principios éticos los que desmienten dichas difamaciones. Soledad Ortiz Vásquez, es conocida y reconocida por los pueblos de la mixteca, del estado, el país y en plano internacional. Ha sido docente de educación indígena durante 32 años; ha laborado con esfuerzo y voluntad al servicio de los pueblos mixtecos por la defensa de la lengua Ñuu Savi: como locutora y productora, EN LA VOZ DE LA MIXTECA. Desde el CODEM-ODHP ha llevado la voz y la presencia de los pueblos originarios a los lugares que ha sido invitada en Europa y América Latina para intercambiar experiencias en educación, salud y agroecología.

Respaldamos totalmente a nuestra compañera Soledad Ortiz Vásquez como representante digna y congruente y con principios éticos, responsabilizamos del daño físico y psicológico a quienes sean responsables de provocar estos daños, hacia nuestra compañera, su familia y demás integrantes de la organización. Si tocan a una, nos tocan a todas y todos.

COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS
CODEM – ODHP

“POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DE LOS PUEBLOS

CONSTRUYENDO PODER POPULAR”

Oaxaca, México a 16 de junio del 2021.

Mesa informativa sobre Misión de Solidaridad y Observación de DDHH en Colombia

El pasado 15 de junio del 2021 se llevó a cabo la mesa informativa organizada por la Asociación Americana de Juristas

Participantes:

  • Luis Dussan (AJJ COL)
  • Armando Palau Aldana (AJJ COL)
  • Alejandro Rusconi (AJJ ARG, abogado argentino integrante de la Misión)
  • Paola Gallo Peláez (AAJ ARG, abogada colombiana)
  • Pietro Lora Alarcón (AAJ Brasil, abogado colombiano)

La Dra. Paola Gallo Peláez comienza dando un breve agradecimiento a la Asociación Americana de Juristas por la solidaridad llevada a Colombia, y al Dr. Alejandro Rusconi que representó a la Asociación Americana de Juristas rama Argentina en la misión internacional. Y a la Asociación Americana de Juristas rama Colombia por cumplir un rol fundamental en la defensa de derechos humanos en Colombia durante los días de lucha.

Se procedió a informar sobre quienes son como AJJ y un poco sobre su historia.

Luego se procedió con la participación de cada uno de los miembros presentes en la mesa informativa sobre Misión de Solidaridad y Observación de DDHH en Colombia.

El vídeo completo de la mesa informativa se encuentra en el siguiente enlace. La presentación comienza en el minuto 4 con 57 segundos: https://www.youtube.com/watch?v=2qTm7e8VKKI

 

Compartido con SURCOS por Arturo Fournier.

Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la Zona Sur de Costa Rica

La presentación del «Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la zona sur de costa rica; enero-diciembre del 2020», documento de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) con el apoyo de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y la Asociación Voces Nuestras, elaborado por Nery Chaves García.

El informe versa sobre las agresiones y violaciones a los derechos humanos contra Pueblos Originarios de la zona sur que se encuentran en procesos de recuperación de tierras-territorios. Informe, construido desde los Pueblos en resistencia y que participan en la CLSS.

Esta actividad contará con la participación de:
-Lesner Figueroa, clan Tuadiwák. Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa, Autogobierno de Salitre.
-Doris Ríos. Recuperadora de Sa Keirö Kaska, Territorio Cabécar de China Kichá.
-Robert Morales Villafuerte, recuperador de Crun Shurin, Territorio Brörán de Térraba.
-Xinia Zúñiga, Investigadora en el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE -UNED/ Proyecto Conflictos interétnicos en el cantón de Buenos Aires. CIAN Fondo UCREA – UCR
-Nery Chaves García. Asociación Voces Nuestras/ Coordinadora de Lucha Sur Sur
-Gustavo Oreamuno Vignet. Asociación de Iniciativas Populares Ditsö / Coordinadora de Lucha Sur Sur

Día: 24 de junio
Hora: 6:00 pm
Vía Facebook Live: Coordinadora de Lucha Sur Sur.

¡JUSTICIA PARA SERGIO, JERHY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

Información compartida con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora.

Conferencia de prensa en respaldo a la compañera Maestra Soledad Ortiz Vásquez

Actualmente se está dando el caso de una compañera maestra y defensora de DDHH en Oaxaca que se encuentra en situación de mucho riesgo frente a una campaña mediática y amenazas de muerte.

Mediante la conferencia de prensa que se dio en días pasados, un grupo de personas hacían representación de diferentes comunidades, autoridades del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer, y en respaldo y solidaridad de la compañera Maestra Soledad Ortiz Vásquez. Mencionan que tienen las cartas de respaldo a nivel estatal, nacional e internacional hacia la compañera Maestra Soledad Ortiz Vásquez.

Proceden a leer un boletín de prensa que se preparó para la conferencia.

Brindan todo su apoyo y respaldo a la compañera Maestra Soledad Ortiz Vásquez, mencionan sus logros y las luchas que ha llevado a cabo la compañera Soledad.

Video completo de la conferencia en el Facebook de Codem en el siguiente enlace https://fb.watch/69VBEs3bRW/

¡Solidaridad con la profesora Soledad Ortiz Vázquez del CODEM ODHP!

UCR condena acciones del gobierno nicaragüense contra derechos humanos

Zaida Siles R. /Sesión 6498, artículo 7

Fiel a sus principios y políticas institucionales, la Universidad de Costa Rica (UCR) condenó las acciones del Gobierno de Nicaragua que atentan contra la libertad de pensamiento, de expresión y de tránsito del pueblo nicaragüense, así como la afectación al ejercicio de derechos políticos, que ponen en peligro el régimen democrático y la promoción de la paz

La posición de esta casa de estudios superiores fue emitida por medio de un pronunciamiento del Consejo Universitario, este martes 15 de junio, en el que demandó al gobierno de Daniel Ortega la liberación, no solo de las cuatro personas candidatas a la presidencia, sino, también, de las otras que han sido detenidas arbitrariamente, en clara violación a sus derechos fundamentales.

Además, le pidió que realice elecciones presidenciales libres bajo observación internacional.

Al mismo tiempo, la UCR instó al Gobierno de la República a pronunciarse sobre los actos atroces que ocurren en el país vecino, tomando en cuenta que Costa Rica es respetuosa de los derechos y libertades de todas las personas.

El Consejo Universitario fue enfático al manifestar que la Universidad de Costa Rica promueve el respeto y la garantía en el cumplimiento de los derechos humanos, por lo cual no puede guardar silencio ante actos que violentan los derechos más intrínsecos de la persona, independientemente del país en el que se encuentre.

En las últimas semanas, en Nicaragua se han presentado constantes actos de violencia en contra de su ciudadanía, especialmente, de quienes no comparten el pensamiento de la actual administración. Estas personas han visto violentadas sus libertades fundamentales, así como el ejercicio de sus derechos políticos, ante la posibilidad de que presenten sus candidaturas presidenciales a las elecciones nacionales, por realizarse en noviembre de este año.

De acuerdo con el pronunciamiento, el correcto ejercicio y vigencia plena en un proceso democrático requieren de la participación de partidos políticos que cuenten con garantías de competencia electoral y que representen a diferentes segmentos de la sociedad.

El Consejo Universitario manifestó que se debe asegurar el respeto a la multiplicidad de criterios y de opiniones críticas que emanan de la expresión de la libertad de pensamiento sin que las personas sean castigadas con represiones ni persecuciones.

“Los derechos humanos son universales e intrínsecos a cada persona y deben ser respetados, protegidos y garantizados en todo momento”, destacó el Órgano Colegiado.

El pronunciamiento fue aprobado a partir de una propuesta presentada por el rector, Dr. Gustavo Gutiérrez; la directora del Consejo Universitario, M.Sc. Patricia Quesada y el Dr. Germán Vidaurre, miembro de dicho Órgano.

La libertad de pensamiento y expresión es consagrada como un derecho humano y fundamental en una sociedad democrática, destacó la UCR.

Pronunciamiento oficial de la Junta Directiva Nacional de la ANEP sobre Nancy Hernández como jueza de la Corte IDH

SURCOS comparte la siguiente información

“Las conductas promovidas por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa de Costa Rica nos lleva a afirmar que en este momento el Estado no es apto para asumir un puesto en la Corte IDH

De manera que nuestra oposición a que Costa Rica presente la candidatura de la magistrada Nancy Hernández López no es producto de la mezquindad. El tema es que el gobierno de Costa Rica, por su gestión, no está legitimado para asumir dicha candidatura. Resulta cínico adjudicarle la defensa de la dignidad de América Latina aun gobierno que desconoce los derechos humanos de su propia gente.

Por experiencias recientes sabemos que el gobierno de Costa Rica no está eligiendo a las personas idóneas, es decir, no selecciona a aquellas que tienen el perfil de garantismo que este tipo de cargos requieren. Por el contrario, favorece el nombramiento de quienes exaltan su gestión de gobierno, de quienes exponen una realidad distinta a la que objetivamente atraviesa el país. ANEP considera que este tipo de personas no merecen asumir puestos de representación y, mucho menos, en temas transversales, como son los Derechos Humanos.

El gobierno del Estado de Costa Rica, en este momento, desconoce las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cuanto a “promover un entorno seguro y propicio para que los individuos y los grupos puedan ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación, velando además porque sus leyes y procedimientos nacionales relacionados con estos derechos se ajusten a sus obligaciones y  compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluyan de forma clara y explícita un supuesto favorable al ejercicio de estos derechos, y se apliquen de forma efectiva.”

Por el contrario, el Estado de Costa Rica, su gobierno y la Asamblea Legislativa, en aras de beneficiar a pequeños grupos de poder, han propiciado una reforma fiscal que afecta negativamente a quienes menos tienen. Se les ha concedido amnistía tributaria a grandes empresarios en plena crisis económica y se han gravado varios productos de la canasta básica, con efectos adversos, para quienes menos tienen. La absurda justificación gira en torno a la crisis fiscal, pero se ignora las recomendaciones de organismos internacionales en cuanto a proteger a las personas trabajadoras y a las poblaciones que presentan mayor condición de vulnerabilidad.

ANEP considera que un gobierno que obliga a sus fuerzas policiales a agredir a los manifestantes (el uso de la fuerza en el contexto de protestas); que está cuestionado por irregularidad en la creación de una unidad de análisis de datos (caso UPAD); que se escuda en la incorrecta interpretación de orden público y paz social para justificar decisiones restrictivas de los derechos a la protesta; y, que, tiene denunciado penalmente a activistas sociales, alegando falsamente instigación pública, no es la mejor opción para disputar una candidatura que busca defender derechos humanos.

Finalmente, creemos que por decencia el gobierno de Costa Rica debería dar un paso al lado y permitirle a otro país de la región que proponga una candidatura idónea y capaz”.

Usted puede leer el comunicado completo haciendo click aquí

Del paro indefinido a la comuna popular

Por Carlos Meneses Reyes

Así como los poetas traspasan el Parnaso, adonde pocos llegan, los analistas del conflicto colombiano vislumbran el desenlace de acontecimientos, sin ser prestidigitador. Un Paro Nacional dirigido acertadamente por el Comité Nacional de Paro (CNP), tras 46 días de intensa actividad, comenzó a reclamar un salto cualitativo en su conducción, debido a un fenómeno de cualificación política. Significa que el impulso de motivación primaria, debido a la negativa por tramitar un pliego de peticiones, presentado hacia 11 meses y no tramitado por desidia del gobierno central, ha cambiado esencialmente como resultado de los acontecimientos.

Planteamiento de la actual situación

El Comité Nacional de Paro sesionó adelantando que daría a conocer variantes, en cuanto al tema de las manifestaciones públicas; la posibilidad de entrar en un cese de esa clase de manifestaciones y lo derroteros a cumplirse, sobre la constante que el Paro Nacional se mantendría, acorde con la posición de instar al gobierno nacional en la continuidad de las conversaciones en miras a negociar el contenido de los reclamos expuestos, truncado por la decisión unilateral de levantarse de la mesa, ante la actitud de pasividad y no interés del gobierno central, en una solución definitiva a la problemática vivida. Corresponde destacar la presencia en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instalada en Bogotá DC. Su visita- como factor de referencia- para investigar la violación a los Derechos Humanos durante las jornadas de protesta del Paro Nacional, se constituyó en un lugar al que afluyeron defensores de los Derechos Humanos en todas sus expresiones organizativas, asociaciones de víctimas, de desaparecidos, de activistas, protestantes y manifestantes, en todos los niveles de representación de la sociedad civil; así como escuchado la posición del gobierno, en audiencia con el presidente de la república; del pleno del comité nacional de paro; presentación de los gremios económicos; agregado a la visita a sitios neurálgicos de zonas en Paro y protesta permanente en la Capital y a ciudades de mayor conflictividad. Por lo intenso de las confrontaciones entre manifestantes y la fuerza pública, la visita a Cali, fue de especial interés y atención.

Existe conocimiento y claridad en la opinión nacional e internacional sobre el desarrollo de las jornadas de protesta y la característica de respuesta desmedida de la fuerza pública contra los manifestantes y población civil en general. Se ha divulgado el contenido de más de las 120 peticiones de reclamación, resumidas en treinta temas puntuales de exigencias. De sobra conocido que la chispa que incendio la pradera la constituyó el abusivo proyecto de reforma tributaria con carga en hombros de la clase media y sectores populares; seguido de la infame atribución de beneficio privatizado de malsano ajuste al ya impopular sistema de privatización de la salud. Para la segunda semana de continuidad del paro nacional, esos dos esperpentos de proyectos de ley fueron retirados del congreso, a ello unido la renuncia del ministro de Hacienda de apellido Carrasquilla; de la ministra de relaciones exteriores de apellido Blum; del consejero nacional de paz de apellido Ceballos. No fue compensado tal desgaste gubernamental por parte de las fuerzas activas del Paro Nacional, como lo calculó el gobierno. Por el contrario, se intensificaron las acciones de protesta a nivel nacional y se alinearon en la lucha activa de las mismas, la protesta de sectores de Transportistas; las consecuentes reclamaciones de la Minga Indígena; la fortaleza de las reclamaciones de los sectores campesinos; medianos y pequeños productores y sobre todo, la vinculación activa de sectores populares en la mayoría de municipios del país, organizándose en las Comunas de las ciudades; en los Barrios y en las Veredas. Es de destacar que, en el frente de las barricadas en confrontación, se dio la elevación del factor organizativo de las masas, al crearse los colectivos de LA 1a LINEA por parte de los jóvenes, emulados con la creación de las MADRES DE LA 1a LINEA, creciendo con el acumulado de adherencias y solidaridad por parte de profesionales, contándose con los Abogados, Ingenieros, Médicos, Enfermeros de LA 1a LINEA.

Resultado de la brutalidad policial aplicada por el Escuadrón de la Muerte Policial, Esmad, los jóvenes crearon una forma organizativa llamada LA 1a LINEA. Los muchachos o pelaos de LA 1a Línea, están en la lucha callejera, con cascos, gafas plásticas de seguridad, escudos de lata y plásticos, tapabocas y disponibilidad total. Enfrentan las bombas lacrimógenas y chorros de agua dirigidos a los manifestantes. Orientan a la población alzada. Controlan a saqueadores. Organizan los Bloqueos, evitando la extorsión. Encausan y ayudan. Previenen, orientan, socorren a golpeados, o a sitiados, a quienes ayudan a salir. Participan en las ollas comunitarias, junto con LAS MADRES DE LA 1A LINEA. A esto agregar las iniciativas con apoyos de solidaridad económica, recaudándose significativas sumas de dinero para dotar a los jóvenes de LA 1a LINEA, de cascos y gafas protectoras, tapones protectores de las bombas aturdidoras, asegurarles la alimentación diaria, conceder auxilios monetarios a afectados; constituyéndose en una sumatoria de factores que realzan el valor y reconocimiento en la permanencia de la lucha callejera.

Volviendo al anuncio del CNP, en la base de la Asamblea Nacional de Delegados de organizaciones sociales, políticas, gremiales, juveniles, de minorías, Lgtb, se dieron contradicciones en la toma de decisión del cambio de estrategia de suspender las movilizaciones y en su lugar impulsar un mega concierto para el día 20 de junio de los corrientes y la propuesta de una “campaña pedagógica” para en unión con la academia, presentar un cuerpo de proyectos normativos, al congreso, que abarquen el contenido de las propuestas del pliego presentado al gobierno. Todo esto unido a la concepción que “el Paro sigue… pero se transforma”. De manera que quedó demarcado el área de influencia nacional del CNP y la respuesta de los sectores del país que el mismo no representa y que se traduce en la continuación de la protesta, en distintos puntos de la geografía nacional y en la capital de la república, conforme ha venido sucediendo en más de 45 días de Paro Indefinido.

De lo gremial a lo político

La dirección del Comité de Paro Nacional, no contribuyo a la cualificación política del movimiento nacional de protesta. Tampoco lo hicieron los vectores del movimiento político alternativo y de oposición. La unión en torno a objetivos de las centrales obreras superó el infortunio de no convocatoria tradicional, de los últimos años, del movimiento sindical. Gracias a la dinámica de la CUT, con tres directivos y el peso de 500 mil docentes afiliados de Fecode, el sindicalismo con sus centrales obreras, aglutinaron a un amplio sector de organizaciones a nivel nacional, representadas en un órgano de discusión, como lo fue la Asamblea Nacional de Delegados, reunificados en la presentación de pliegos, en lo esencial reivindicativos. El desarrollo de los enfrentamientos, no solo con la fuerza pública, sino con el conjunto del poder estatal, contribuyó a determinar los alcances de las propuestas, jamás escuchadas ni tenidas en cuenta por lo gubernamental y el empantanamiento de unas conversaciones que no alcanzaron negociación alguna. La parte gubernamental impuso el compás de espera, la dilación, la negación de lo pre acordado, con voluntad manifiesta de no negociar. Ello trajo consigo la imposición de líneas rojas intransigentes, desdiciendo el espíritu de cualquier negociación alternativa y su solución. Por ello, la dirección del Comité Nacional de Paro decidió, en forma unilateral, levantarse del recinto de reuniones; lo cual desemboco en la tomas de nuevas estrategias y la decisión del gobierno nacional de cerrar nuevamente las puertas de conversación y negociación; anunciando acudir a centenares de mesas concertadas, que mantiene en los lugares de conflictos en todo el país; lo cual no deja de ser sino físico aspavientos.

El papel de la Juventud ha sido definitivo en el derrotero que agudizan el conflicto político, como uno más de los conflictos existentes en Colombia. Sabido es que los conflictos sociales jamás son superados en las sociedades y Colombia no será la excepción. Siempre existirán los conflictos sociales. Por ello en Colombia no ha ha habido un “estallido social”. Estamos transitando por un conflicto político y económico de grandes proporciones, cuyos fines y alcances aún están por verse y sopesarse.

Los jóvenes han comprendido y asimilado los alcances y capacidad de sus actividades. Para ellos no existe un programa político a alcanzar. Ellos están por lo inmediato: la defensa del territorio. Pero esta acepción no la circunscriben solo a un terreno o a una superficie terrestre o porción de una región, como a una concepción de ámbito espacial de aspiración; a una cosmovisión de alcances prácticos de la vida, apuntando a imaginarios, como metas logrables. Para ellos, en el imaginario colectivo, la legalidad no les funcionó, ni sirvió. Las vías legales y el dialogo están agotados. Acuden a las acciones de hecho. Por esta razón, la decisión del Comité Nacional de Paro, de recurrir a la presentación de una serie de proyectos de ley que resuman el alcance de sus propuestas de pliego no escuchadas por el ejecutivo, con miras a alcanzar un cuerpo normativo que materialice el alcance de sus aspiraciones, no deja de ser una pifiada y paso en falso ante ellos y el movimiento popular, combativo y de masas. Pareciere que no asimilaren la crudeza de los hechos. La rama del Poder Legislativo y en especial el Congreso (Cámara de Representantes y Senado) ha develado, corrido el velo, como el principal enemigo de las aspiraciones populares. Esto no es anti santanderismo, es físico realismo. Durante las jornadas del 21N de 2.019, impusieron la fatídica reforma tributaria que lleno de gabelas y exenciones a los sectores parasitarios financieros y más pudientes, de la inequitativa sociedad colombiana, cargando sobre los hombros del pueblo las crisis de un modelo neoliberal mundial y latinoamericano, en decadencia. Suplantar la lucha de las masas por el alcance del ejercicio leguleyo ante un senado y cámara de soporte oligárquico, narco estatal mayoritario, deja mucho que desear. Como si con acudir a la Academia y el pulir de técnicas legislativas los proyectos de ley adocenados y adornados, les habilitaran alcance alguno de reivindicaciones. Insólito acudir a los causantes de tantos males populares. A los reformadores, a su favor, de la CP91. Les enrostran que ese mismo órgano legislativo fue el que sepultó los alcances de la previsión y seguridad social de los trabajadores. Acabó con las conquistas laborales y sindicales. Implantó a las mafias blancas el control de la salud al privatizarla. Ferió la cosa pública al sistema financiero parasitario. Recordándoles que aun con el pueblo volcado revolucionariamente en las calles, campos y veredas, durante las jornadas de este Paro Nacional, desde el 28 de abril (28A), continúan en la nefasta función legislativa de sepultar: las aspiraciones de la matrícula cero pesos ($0). El proyecto contra el uso del fracking. Tramitan otra deleznable reforma tributaria, inspirada en los intereses gubernamentales y de su secta, que no partido, de gobierno. Aprueban la reforma a la Procuraduría, cual baluarte burocrático de puestos y favores a funcionarios investigados por corrupción en sonados casos como Odebrecht, Ruta del Sol, Reficar, Ñoño Elías, “volteo de tierras en Cundinamarca, atribuciones de función judicial, enfrentamiento al ordenamiento jurídico de acuerdos internacionales y de defensa y respeto a los elegidos por voto popular, etc. Eso no tiene presentación diferente a la de la capitulación de la lucha del movimiento popular.

Del paso a seguir

Aunque corresponde a un tema de trasfondo, se prevé la continuidad del paro, con mayor intensidad, tal como lo demuestran las protestas y plantones en diferentes ciudades de país y en especial en Bogotá. Múltiples formas organizativas y de vocería afloran. El uso de instrumentos como los Cabildos Abiertos, están al orden del día y suplantaran los ineficientes consejos municipales en la lluvia de aspiraciones populares y respuestas efectivas locales. El uso- en la práctica-de la revocatoria del mandato a toda la rama legislativa (concejos, asambleas, congreso), ante el no logro de acuerdos con alcance políticos, insidiara en correspondencia al rechazo de presentación o aspiraciones electorales de los mismos. Transcender del simple leguleyismo al logro de la implementación de los Acuerdos de La Habana, como materialización de programas máximos y mínimos a alcanzar el movimiento popular y la lucha de masas. Cada día que transcurra aportara mayores elementos.

El Colper condena la persecución por parte del régimen de Daniel Ortega, en contra de los candidatos opositores a la Presidencia

La Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica (Colper) condena enérgicamente la persecución por parte del régimen de Daniel Ortega, en contra de los candidatos opositores a la Presidencia de la República de Nicaragua, así como de varios líderes contrarios a ese gobierno.

El Colper hace un llamado a las autoridades de ese país para que se respeten los derechos humanos de toda la población nicaragüense, incluidos los periodistas y otros trabajadores de la prensa. Asimismo, insta a ese gobierno a respetar y resguardar la seguridad e integridad de Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Cristiana Chamorro y José Adán Aguerri, quienes han sido arrestados por defender sus posiciones ante la libertad de prensa y el rescate de la democracia en Nicaragua.

Junta Directiva 2021.

 

Imagen de cabecera tomada de aa.com.tr

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

UCR, Voz experta: La necesidad de un enfoque diferenciado para personas adultas mayores privadas de libertad

15 de junio: Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez

Posición de la Facultad de Derecho formará parte de la Opinión Consultiva presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Dra. Marcela Moreno Buján, docente e investigadora de la Facultad de Derecho

A raíz del seguimiento dado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid del 8 al 12 de abril del 2002, desde el año 2011 se designó el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

En este día, se invita a los Estados Miembros, a las distintas organizaciones que conforman el sistema de protección de derechos humanos de la ONU, a otras de carácter internacional, regional y nacional, a las instituciones académicas y la sociedad civil a visibilizar la situación general y las realidades de vida que atraviesan las personas adultas mayores (PAM). Aunado a ello, es un momento en donde han de unirse todos los esfuerzos posibles para dar a conocer y llamar a la operacionalización de la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.

En la situación pandémica actual resulta de vital importancia que la comunidad internacional, incluidas las instituciones académicas, prioricen sus actividades y recursos en aras de desarrollar iniciativas y proyectos que tengan como objetivo mitigar y erradicar los distintos obstáculos que impiden a las PAM el goce y disfrute pleno de sus derechos humanos, especialmente, el derecho a la salud.

Al respecto, António Manuel de Oliveira Guterres, secretario general de la ONU, al presentar en el 2020 el Informe de políticas: Los efectos de la COVID-19 en las personas de edad, ha señalado que “la pandemia del COVID-19 está causando temor y sufrimiento indescriptibles a las personas de edad en todo el mundo. La tasa de letalidad para las personas de edad es más alta en general y, para los mayores de 80 años, es cinco veces el promedio mundial. Más allá de su impacto inmediato en la salud, la pandemia coloca a las personas de edad en una situación de mayor riesgo de pobreza, discriminación y aislamiento. Es probable que tenga un efecto particularmente devastador para las personas de edad de los países en desarrollo”.

En este contexto, en agosto del 2020, la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a la luz del numeral 73.3 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, invitó a presentar observaciones sobre la solicitud de Opinión Consultiva (OP) presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los enfoques diferenciados en materia de personas privadas de libertad, donde se consultó de forma específica por las PAM privadas de libertad.

Las PAM privadas de libertad constituyen una población en condición de especial riesgo y vulnerabilidad respecto al acceso y justiciabilidad de sus derechos humanos puesto que, en ellas confluyen, o mejor dicho, al mismo tiempo pertenecen a dos de las poblaciones que se reconocen como vulnerables respecto al acceso a la justicia (ser persona adulta mayor y privada de libertad), poblaciones consensuadas de esa forma en la XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasilia del 4 al 6 de marzo del 2008, donde se han emitido y adoptado las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.

Las reglas referidas reconocen que, en el contexto judicial iberoamericano, existen obstáculos y desafíos para brindar un acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación, encontrándose poblaciones específicas en las cuales concurren varias condiciones de vulnerabilidad o el especial agravamiento de una de ellas para ver satisfechos sus derechos humanos y necesidades básicas. En este sentido, la CIDH ha procedido a consultarle a la Corte IDH sobre si esas poblaciones en condición de especial riesgo y vulnerabilidad respecto al acceso a la justicia, que se encuentran en situación de privación de libertad, ameritan el desarrollo e implementación de un enfoque diferenciado de derechos humanos.

Sobre el particular, desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica se han realizado esfuerzos importantes por emitir un conjunto de observaciones que fueron presentadas de forma escrita y oral, mediante la participación en la audiencia pública convocada por la Corte IDH, celebrada el 21 de abril del 2021.

En el marco de las observaciones presentadas se hizo hincapié en la obligación que tienen los Estados que han ratificado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores respecto a diseñar y desarrollar un enfoque diferenciado de derechos humanos sobre envejecimiento y vejez, donde también se contemplen aspectos que remiten a la condición de discriminación múltiple que sufren las personas en condición de vulnerabilidad, como lo sería para el caso concreto, ser una PAM privada de libertad.

Al respecto, en el informe presentado por parte de la Facultad de Derecho, se ha afirmado que para desarrollar un enfoque diferenciado de derechos humanos para las personas privadas de libertad en especial condición de riesgo y vulnerabilidad respecto al acceso y justiciabilidad de sus derechos, ha de tomarse como acción prioritaria la operacionalización de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, conocidas también como Reglas de Tokio, en lo que obedece a la aplicación de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad en beneficio de las poblaciones objeto de análisis en el documento referido.

De forma coincidente, el Informe de políticas: Los efectos de la COVID-19 en las personas de edad, divulgado por la ONU en 2020, indica que “el distanciamiento físico suele ser difícil en las cárceles y otros lugares de detención. Es posible que la atención sanitaria también sea limitada, lo que supone una amenaza para las personas de edad, dado que corren mayor riesgo de contraer la COVID-19. Deben explorarse opciones de puesta en libertad y alternativas a la detención a fin de mitigar esos riesgos, en particular para las personas con enfermedades preexistentes” (ONU, 2020, p. 9).

Una versión actualizada del informe presentada por la Facultad de Derecho se publicará en la obra colectiva y de acceso gratuito Comunidad académica y COVID 19. Volumen 1: Reflexiones sobre los quehaceres universitarios de la acción social, la investigación y la docencia en contextos de pandemia y pospandemia en Costa Rica y Brasil. Se espera que el libro esté disponible en su versión digital en la página web de la Facultad de Derecho para el mes de setiembre de este año.

 

Dra. Marcela Moreno Buján
Docente e investigadora de la Facultad de Derecho

América Latina cambia fusiles por votos

Rafael A Ugalde Quirós (*)

Sin mayor inversión pública, una crisis sanitaria sin precedentes y literalmente hambre a cualquier lado que vayas al Perú actual, todo parece indicar que los primeros 100 días de gobierno de Pedro Castillo serán clave para la reconstrucción de una nación destruida en todos los sentidos, por décadas de “recetas” económicas y falsas promesas de “desarrollo”, provenientes de quienes a veces parecen más una mafia al mejor estilo de Al Capone.

La ventaja mínima de Castillo en el boletaje del pasado 6 de junio frente a Seiko Fujimori, matemáticamente, es irreversible; sin embargo consolidar las aspiraciones de libertad, justicia social y autodeterminación de quienes despectivamente la clase dominante denomina “cholismo”, representa una de las tareas más titánicas para este nuevo líder latinoamericano, que desafío el otro Perú; el educado, el culto, el que da gracias a Francisco Pizarro por descender de él, el de las películas y los videos turísticos, el de “la libertad de prensa” para presentar en plena segunda vuelta a quien resultó electo como el “comunista”, ”ateo”, ”terrorista”, “ignorante del sombrero,” “populista peligroso”,etc.

Para el analista Vicente Otta el escenario que espera al nuevo gobierno de Castillo es de “alto riego” dada la urgencia sanitaria, el hambre y el desempleo que azota a Perú. Como sí lo anterior fuera poco, el boicot y sabotaje de los ultra reaccionarios derrotados no están descartados del todo, pues recuérdese que en el pasado, Estados Unidos cerró filas con la oligarquía local, cuando Juan Velazco Alvarado (1968- 1975), cansado de exclusiones sociales e injusticias, mediante un golpe de estado trató de dar participación al campesinado en una reforma agraria y nacionalizó recursos de los peruanos.

El gobierno norteamericano no dejó que el llamado “Perú profundo” se desarrollara con independencia y de inmediato elevó los aranceles a las exportaciones de azúcar, provocó desabastecimiento entre el pueblo y así fomentó un “contra golpe”, frustrando las aspiraciones de las mayorías peruanas.

Otta, en el análisis divulgado recientemente por la Red mundial de Comunicadores por los Derechos Humanos (RED DDHH), llamó a considerar, en el corto plazo, el avance en la región de las fuerzas derechistas (traducido, debe agregarse, en fascismo puro), como ocurre en la Columbia actual, o en el pasado reciente en Chile, Bolivia y Ecuador. Tener presente, plantea Otta, el escenario internacional y las actuaciones de las fuerzas reaccionarias, en tanto los sectores progresistas registraron retrocesos. “Se ejemplifica, añade, en el desarme de la UNASUR, el debilitamiento del ALBA, y en la formación del denominado conservador Grupo de Lima, que ha tenido como país líder y anfitrión al Perú”, sostiene.

A este panorama, precisa el analista, se suma la presencia gravitante de las fuerzas del narcotráfico, así como los esfuerzos de EE. UU por mantener el control de América Latina, junto a la desesperada contención del ocaso de una hegemonía que pierde aceleradamente en favor de un mundo multipolar, impulsado por China y Rusia.

Asimismo, el “blindaje constitucional” que hicieron los representantes oligárquicos en el congreso para no perder privilegios, a solo horas de conocerse que Fujimori perdía fuelle en las votaciones de segunda ronda, tropezará, inevitablemente, con los planes esbozados por Castillo, tendiente a convocar a una Asamblea Constituyente que haga más justo al Perú actual.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú –información de acceso público mediante la internet- este país es testigo de la estafa de sus tecnócratas, pues sufrió un aumento en la tasa de desempleo solo en Lima Metropolitana de 88%, comparando el primer trimestre del 2020 y el mismo del 2021; es decir, se ha incrementado el número de las personas con capacidad para laborar que no están trabajando. En términos porcentuales el Perú últimamente ha pasado de una tasa de desempleo de 7% a 14,5%.

La participación del sector informal aumentó en el mercado laboral. En el 2019, la tasa de participación fue de 73%, mientras que en 2020 habría estado cerca del 90%. Tampoco se sostienen la tesis irresponsable -Costa Rica no escapa de este engaño- de préstamos en “condiciones muy favorables” para pagar deudas y “creación de empleo”. El Perú es la economía número 51del mundo por volumen del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, su deuda pública en 2019 fue de $ 62.514; cada peruano viene al mundo con una “hipoteca” de $ 1.923.

Castillo y su agrupación “Perú Libre”, por tanto, tendrá que alejarse de la creencia pusilánime de un gobierno para “mayorías” y con “desarrollo” nacional, bajo la égida de las grandes transnacionales y los banqueros especuladores. Enfrentará un panorama por demás complejo y de riesgos cada vez mayores, sí políticamente no hace además de la convocatoria amplia y constante de la ciudadanía para la toma de sus decisiones, de la alta eficiencia una arma sin errores, de la gran responsabilidad social, la honestidad y la transparencia la nueva antítesis peruana, frente a un “pueblo ansioso de justicia” y “al que no fallaré”, según dijo Castillo.

El fenómeno castillo

Cuando el nacionalista Velazco Alvarado asumió el poder en aquel Perú del 3 de octubre de 1968, el hoy nuevo dignatario peruano -salvo un atraco electoral a mano armada- apenas contaba con un año y 16 días de nacido, en el lejano municipio de Tacabamba, Cajamarca, a 980 kilómetros de Lima.

Si bien Castillo solo se tragaba el aire fresco que bajan de las montañas de Cajamarca y saltaba los charcos de su natal Puña, cuando quitaron al General Velazco Alvarado, a sus seis años de edad el contacto con aquella realidad cotidiana resultó ser para el fogoso párvulo la principal enciclopedia y educadora del mundo.

Campesinos sin tierra, caminos olvidados por todos los gobiernos, casitas sencillas y levantadas rudimentariamente por sus propietarios, sin duda alguna, “educaron” los oídos, la vista y el tacto de Castillo a muy temprana vida, en el sentido que, sin solidaridad vecinal y apoyo entre todos, casi es imposible sobrevivir en esas tierras olvidadas. Lo de educador rural, por tanto, solo era cuestión de tiempo. Al menos, así quedó planteado durante una visita reciente realizada por un equipo periodístico argentino a Puña, cuyos habitantes resaltaron la dedicación de Castillo como maestro de la lejana escuela de Tacabamba, a la cual llegaba a pie, entre barriales y lluvia, o en moto, si el tiempo lo permitía, según sus vecinos.

Son estos “cholos” vecinos del candidato ganador – despectivamente así descalificados por quienes se consideran blancos educados- quienes dijeron a los periodistas argentinos que Castillo venía predestinado a gobernar, a pesar de ser un total desconocido en las “grandes ligas” de la política peruana.

Su liderazgo empezó a verse cuando el 15 de junio de 2017 los maestros peruanos iniciaron una huelga en el departamento del Cuzco, a la que se sumaron miles de docentes de distintas regiones. Sí bien había formado parte de la agrupación “Perú Posible” entre 2005 y 2017, es con el partido “Perú Libre”, el año pasado, que logra una mayor organización y una eficaz articulación de los campesinos, maestros, pequeños y medianos empresarios, cristianos, etc., olvidados por el “establishment”.

Acéptese o no, Castillo forma parte de las ansias de los pueblos de ver una efectiva independencia de sus gobiernos y, consecuentemente, hay en ellos un evidente hartazgo de las clases políticas tradicionales, responsables durante más de 30 años del hambre, la desnutrición, la corrupción, el narcotráfico, los bajos salarios, el hacinamiento de millones de personas, con las falsas premisas de reducciones de faltantes fiscales para alcanzar “desarrollo” y “progreso” entre los más desposeídos.

Con antelación a Castillo, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, acabó con la ininterrupción del poder durante 39 años de Miguel de la Madrid 1982- 1988 (PRI); Carlos Salinas de Gortari 1988- 1994 (PRI), Ernesto Zedillo 1994-2000 (PRI);Vicente Fox 2020-2006 (PAN);Felipe Calderón 2006-2012 (PAN) y Enrique Peña Nieto 2012-2018 (PRI).Encontró, según el Jefe de Estado, un país saqueado.

 En estos casi 40 años hicieron del tráfico de influencia una “cultura” normal en política, vendieron activos del Estado a diestra y siniestra, asesinaron y desaparecieron gente etc. Extrañó por eso, que en la más reciente visita a México de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, no solo su agenda tuviera temas relativos con migraciones, sino con el financiamiento de organizaciones no gubernamentales (ONGs), vía USAID, dirigido a los grupúsculos que ejercieron el poder en el pasado y que, a juicio López Obrador, son “neoliberales”, “conservadores” o “mafiosos”.

En marzo pasado la burguesía boliviana trató de echar hacia atrás las aspas de la historia, pero el pueblo confió su soberanía al Movimiento al Socialismo (MAS), tras el vulgar golpe de estado contra Evo Morales, respaldado por la Organización de Estados Americanos (OEA). En El Salvador, en las elecciones de 2019, el derechista Nayib Bukele, canalizó el descontento de la gente y aplastó en las urnas al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

La llamada oposición venezolana, propiciada por Estados Unidos y el entonces “presidente en funciones”, Juan Guaidó, huyeron de las urnas electorales para escoger el año pasado a 277 diputados a la Asamblea Nacional, ante el inminente fin de las “funciones” de quien nunca gobernó ni siquiera la cuadra en que vivía. En Brasil, en entrevista publicada por la revista “Paris Match”, expresidente Luiz Inácio.»Lula» da Silva, aseguró que si, está “en la mejor posición para ganar” y tiene “buena salud”, no dudará en ser candidato contra Bolsonaro el próximo año. En Nicaragua, el próximo 7 de noviembre, los grupos que recibían dinero de las ONGs para financiar “oposición”, estarán ausentes por una ley que controla el lavado de dinero y mete a la cárcel a quienes conspiran con fondos provenientes del extranjero.

¡Sí, callaron los fusiles y la gente está aprendiendo, solo el pueblo salva al pueblo! Han pasado 200 años.

(*) Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

 

Imagen: La sorpresa electoral en Perú, Pedro Castillo. (Foto cortesía Prensa Latina).