Ir al contenido principal

Etiqueta: derechos humanos

El Colper condena la persecución por parte del régimen de Daniel Ortega, en contra de los candidatos opositores a la Presidencia

La Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica (Colper) condena enérgicamente la persecución por parte del régimen de Daniel Ortega, en contra de los candidatos opositores a la Presidencia de la República de Nicaragua, así como de varios líderes contrarios a ese gobierno.

El Colper hace un llamado a las autoridades de ese país para que se respeten los derechos humanos de toda la población nicaragüense, incluidos los periodistas y otros trabajadores de la prensa. Asimismo, insta a ese gobierno a respetar y resguardar la seguridad e integridad de Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Cristiana Chamorro y José Adán Aguerri, quienes han sido arrestados por defender sus posiciones ante la libertad de prensa y el rescate de la democracia en Nicaragua.

Junta Directiva 2021.

 

Imagen de cabecera tomada de aa.com.tr

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

UCR, Voz experta: La necesidad de un enfoque diferenciado para personas adultas mayores privadas de libertad

15 de junio: Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez

Posición de la Facultad de Derecho formará parte de la Opinión Consultiva presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Dra. Marcela Moreno Buján, docente e investigadora de la Facultad de Derecho

A raíz del seguimiento dado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid del 8 al 12 de abril del 2002, desde el año 2011 se designó el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

En este día, se invita a los Estados Miembros, a las distintas organizaciones que conforman el sistema de protección de derechos humanos de la ONU, a otras de carácter internacional, regional y nacional, a las instituciones académicas y la sociedad civil a visibilizar la situación general y las realidades de vida que atraviesan las personas adultas mayores (PAM). Aunado a ello, es un momento en donde han de unirse todos los esfuerzos posibles para dar a conocer y llamar a la operacionalización de la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.

En la situación pandémica actual resulta de vital importancia que la comunidad internacional, incluidas las instituciones académicas, prioricen sus actividades y recursos en aras de desarrollar iniciativas y proyectos que tengan como objetivo mitigar y erradicar los distintos obstáculos que impiden a las PAM el goce y disfrute pleno de sus derechos humanos, especialmente, el derecho a la salud.

Al respecto, António Manuel de Oliveira Guterres, secretario general de la ONU, al presentar en el 2020 el Informe de políticas: Los efectos de la COVID-19 en las personas de edad, ha señalado que “la pandemia del COVID-19 está causando temor y sufrimiento indescriptibles a las personas de edad en todo el mundo. La tasa de letalidad para las personas de edad es más alta en general y, para los mayores de 80 años, es cinco veces el promedio mundial. Más allá de su impacto inmediato en la salud, la pandemia coloca a las personas de edad en una situación de mayor riesgo de pobreza, discriminación y aislamiento. Es probable que tenga un efecto particularmente devastador para las personas de edad de los países en desarrollo”.

En este contexto, en agosto del 2020, la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a la luz del numeral 73.3 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, invitó a presentar observaciones sobre la solicitud de Opinión Consultiva (OP) presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los enfoques diferenciados en materia de personas privadas de libertad, donde se consultó de forma específica por las PAM privadas de libertad.

Las PAM privadas de libertad constituyen una población en condición de especial riesgo y vulnerabilidad respecto al acceso y justiciabilidad de sus derechos humanos puesto que, en ellas confluyen, o mejor dicho, al mismo tiempo pertenecen a dos de las poblaciones que se reconocen como vulnerables respecto al acceso a la justicia (ser persona adulta mayor y privada de libertad), poblaciones consensuadas de esa forma en la XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasilia del 4 al 6 de marzo del 2008, donde se han emitido y adoptado las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.

Las reglas referidas reconocen que, en el contexto judicial iberoamericano, existen obstáculos y desafíos para brindar un acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación, encontrándose poblaciones específicas en las cuales concurren varias condiciones de vulnerabilidad o el especial agravamiento de una de ellas para ver satisfechos sus derechos humanos y necesidades básicas. En este sentido, la CIDH ha procedido a consultarle a la Corte IDH sobre si esas poblaciones en condición de especial riesgo y vulnerabilidad respecto al acceso a la justicia, que se encuentran en situación de privación de libertad, ameritan el desarrollo e implementación de un enfoque diferenciado de derechos humanos.

Sobre el particular, desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica se han realizado esfuerzos importantes por emitir un conjunto de observaciones que fueron presentadas de forma escrita y oral, mediante la participación en la audiencia pública convocada por la Corte IDH, celebrada el 21 de abril del 2021.

En el marco de las observaciones presentadas se hizo hincapié en la obligación que tienen los Estados que han ratificado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores respecto a diseñar y desarrollar un enfoque diferenciado de derechos humanos sobre envejecimiento y vejez, donde también se contemplen aspectos que remiten a la condición de discriminación múltiple que sufren las personas en condición de vulnerabilidad, como lo sería para el caso concreto, ser una PAM privada de libertad.

Al respecto, en el informe presentado por parte de la Facultad de Derecho, se ha afirmado que para desarrollar un enfoque diferenciado de derechos humanos para las personas privadas de libertad en especial condición de riesgo y vulnerabilidad respecto al acceso y justiciabilidad de sus derechos, ha de tomarse como acción prioritaria la operacionalización de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, conocidas también como Reglas de Tokio, en lo que obedece a la aplicación de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad en beneficio de las poblaciones objeto de análisis en el documento referido.

De forma coincidente, el Informe de políticas: Los efectos de la COVID-19 en las personas de edad, divulgado por la ONU en 2020, indica que “el distanciamiento físico suele ser difícil en las cárceles y otros lugares de detención. Es posible que la atención sanitaria también sea limitada, lo que supone una amenaza para las personas de edad, dado que corren mayor riesgo de contraer la COVID-19. Deben explorarse opciones de puesta en libertad y alternativas a la detención a fin de mitigar esos riesgos, en particular para las personas con enfermedades preexistentes” (ONU, 2020, p. 9).

Una versión actualizada del informe presentada por la Facultad de Derecho se publicará en la obra colectiva y de acceso gratuito Comunidad académica y COVID 19. Volumen 1: Reflexiones sobre los quehaceres universitarios de la acción social, la investigación y la docencia en contextos de pandemia y pospandemia en Costa Rica y Brasil. Se espera que el libro esté disponible en su versión digital en la página web de la Facultad de Derecho para el mes de setiembre de este año.

 

Dra. Marcela Moreno Buján
Docente e investigadora de la Facultad de Derecho

América Latina cambia fusiles por votos

Rafael A Ugalde Quirós (*)

Sin mayor inversión pública, una crisis sanitaria sin precedentes y literalmente hambre a cualquier lado que vayas al Perú actual, todo parece indicar que los primeros 100 días de gobierno de Pedro Castillo serán clave para la reconstrucción de una nación destruida en todos los sentidos, por décadas de “recetas” económicas y falsas promesas de “desarrollo”, provenientes de quienes a veces parecen más una mafia al mejor estilo de Al Capone.

La ventaja mínima de Castillo en el boletaje del pasado 6 de junio frente a Seiko Fujimori, matemáticamente, es irreversible; sin embargo consolidar las aspiraciones de libertad, justicia social y autodeterminación de quienes despectivamente la clase dominante denomina “cholismo”, representa una de las tareas más titánicas para este nuevo líder latinoamericano, que desafío el otro Perú; el educado, el culto, el que da gracias a Francisco Pizarro por descender de él, el de las películas y los videos turísticos, el de “la libertad de prensa” para presentar en plena segunda vuelta a quien resultó electo como el “comunista”, ”ateo”, ”terrorista”, “ignorante del sombrero,” “populista peligroso”,etc.

Para el analista Vicente Otta el escenario que espera al nuevo gobierno de Castillo es de “alto riego” dada la urgencia sanitaria, el hambre y el desempleo que azota a Perú. Como sí lo anterior fuera poco, el boicot y sabotaje de los ultra reaccionarios derrotados no están descartados del todo, pues recuérdese que en el pasado, Estados Unidos cerró filas con la oligarquía local, cuando Juan Velazco Alvarado (1968- 1975), cansado de exclusiones sociales e injusticias, mediante un golpe de estado trató de dar participación al campesinado en una reforma agraria y nacionalizó recursos de los peruanos.

El gobierno norteamericano no dejó que el llamado “Perú profundo” se desarrollara con independencia y de inmediato elevó los aranceles a las exportaciones de azúcar, provocó desabastecimiento entre el pueblo y así fomentó un “contra golpe”, frustrando las aspiraciones de las mayorías peruanas.

Otta, en el análisis divulgado recientemente por la Red mundial de Comunicadores por los Derechos Humanos (RED DDHH), llamó a considerar, en el corto plazo, el avance en la región de las fuerzas derechistas (traducido, debe agregarse, en fascismo puro), como ocurre en la Columbia actual, o en el pasado reciente en Chile, Bolivia y Ecuador. Tener presente, plantea Otta, el escenario internacional y las actuaciones de las fuerzas reaccionarias, en tanto los sectores progresistas registraron retrocesos. “Se ejemplifica, añade, en el desarme de la UNASUR, el debilitamiento del ALBA, y en la formación del denominado conservador Grupo de Lima, que ha tenido como país líder y anfitrión al Perú”, sostiene.

A este panorama, precisa el analista, se suma la presencia gravitante de las fuerzas del narcotráfico, así como los esfuerzos de EE. UU por mantener el control de América Latina, junto a la desesperada contención del ocaso de una hegemonía que pierde aceleradamente en favor de un mundo multipolar, impulsado por China y Rusia.

Asimismo, el “blindaje constitucional” que hicieron los representantes oligárquicos en el congreso para no perder privilegios, a solo horas de conocerse que Fujimori perdía fuelle en las votaciones de segunda ronda, tropezará, inevitablemente, con los planes esbozados por Castillo, tendiente a convocar a una Asamblea Constituyente que haga más justo al Perú actual.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú –información de acceso público mediante la internet- este país es testigo de la estafa de sus tecnócratas, pues sufrió un aumento en la tasa de desempleo solo en Lima Metropolitana de 88%, comparando el primer trimestre del 2020 y el mismo del 2021; es decir, se ha incrementado el número de las personas con capacidad para laborar que no están trabajando. En términos porcentuales el Perú últimamente ha pasado de una tasa de desempleo de 7% a 14,5%.

La participación del sector informal aumentó en el mercado laboral. En el 2019, la tasa de participación fue de 73%, mientras que en 2020 habría estado cerca del 90%. Tampoco se sostienen la tesis irresponsable -Costa Rica no escapa de este engaño- de préstamos en “condiciones muy favorables” para pagar deudas y “creación de empleo”. El Perú es la economía número 51del mundo por volumen del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, su deuda pública en 2019 fue de $ 62.514; cada peruano viene al mundo con una “hipoteca” de $ 1.923.

Castillo y su agrupación “Perú Libre”, por tanto, tendrá que alejarse de la creencia pusilánime de un gobierno para “mayorías” y con “desarrollo” nacional, bajo la égida de las grandes transnacionales y los banqueros especuladores. Enfrentará un panorama por demás complejo y de riesgos cada vez mayores, sí políticamente no hace además de la convocatoria amplia y constante de la ciudadanía para la toma de sus decisiones, de la alta eficiencia una arma sin errores, de la gran responsabilidad social, la honestidad y la transparencia la nueva antítesis peruana, frente a un “pueblo ansioso de justicia” y “al que no fallaré”, según dijo Castillo.

El fenómeno castillo

Cuando el nacionalista Velazco Alvarado asumió el poder en aquel Perú del 3 de octubre de 1968, el hoy nuevo dignatario peruano -salvo un atraco electoral a mano armada- apenas contaba con un año y 16 días de nacido, en el lejano municipio de Tacabamba, Cajamarca, a 980 kilómetros de Lima.

Si bien Castillo solo se tragaba el aire fresco que bajan de las montañas de Cajamarca y saltaba los charcos de su natal Puña, cuando quitaron al General Velazco Alvarado, a sus seis años de edad el contacto con aquella realidad cotidiana resultó ser para el fogoso párvulo la principal enciclopedia y educadora del mundo.

Campesinos sin tierra, caminos olvidados por todos los gobiernos, casitas sencillas y levantadas rudimentariamente por sus propietarios, sin duda alguna, “educaron” los oídos, la vista y el tacto de Castillo a muy temprana vida, en el sentido que, sin solidaridad vecinal y apoyo entre todos, casi es imposible sobrevivir en esas tierras olvidadas. Lo de educador rural, por tanto, solo era cuestión de tiempo. Al menos, así quedó planteado durante una visita reciente realizada por un equipo periodístico argentino a Puña, cuyos habitantes resaltaron la dedicación de Castillo como maestro de la lejana escuela de Tacabamba, a la cual llegaba a pie, entre barriales y lluvia, o en moto, si el tiempo lo permitía, según sus vecinos.

Son estos “cholos” vecinos del candidato ganador – despectivamente así descalificados por quienes se consideran blancos educados- quienes dijeron a los periodistas argentinos que Castillo venía predestinado a gobernar, a pesar de ser un total desconocido en las “grandes ligas” de la política peruana.

Su liderazgo empezó a verse cuando el 15 de junio de 2017 los maestros peruanos iniciaron una huelga en el departamento del Cuzco, a la que se sumaron miles de docentes de distintas regiones. Sí bien había formado parte de la agrupación “Perú Posible” entre 2005 y 2017, es con el partido “Perú Libre”, el año pasado, que logra una mayor organización y una eficaz articulación de los campesinos, maestros, pequeños y medianos empresarios, cristianos, etc., olvidados por el “establishment”.

Acéptese o no, Castillo forma parte de las ansias de los pueblos de ver una efectiva independencia de sus gobiernos y, consecuentemente, hay en ellos un evidente hartazgo de las clases políticas tradicionales, responsables durante más de 30 años del hambre, la desnutrición, la corrupción, el narcotráfico, los bajos salarios, el hacinamiento de millones de personas, con las falsas premisas de reducciones de faltantes fiscales para alcanzar “desarrollo” y “progreso” entre los más desposeídos.

Con antelación a Castillo, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, acabó con la ininterrupción del poder durante 39 años de Miguel de la Madrid 1982- 1988 (PRI); Carlos Salinas de Gortari 1988- 1994 (PRI), Ernesto Zedillo 1994-2000 (PRI);Vicente Fox 2020-2006 (PAN);Felipe Calderón 2006-2012 (PAN) y Enrique Peña Nieto 2012-2018 (PRI).Encontró, según el Jefe de Estado, un país saqueado.

 En estos casi 40 años hicieron del tráfico de influencia una “cultura” normal en política, vendieron activos del Estado a diestra y siniestra, asesinaron y desaparecieron gente etc. Extrañó por eso, que en la más reciente visita a México de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, no solo su agenda tuviera temas relativos con migraciones, sino con el financiamiento de organizaciones no gubernamentales (ONGs), vía USAID, dirigido a los grupúsculos que ejercieron el poder en el pasado y que, a juicio López Obrador, son “neoliberales”, “conservadores” o “mafiosos”.

En marzo pasado la burguesía boliviana trató de echar hacia atrás las aspas de la historia, pero el pueblo confió su soberanía al Movimiento al Socialismo (MAS), tras el vulgar golpe de estado contra Evo Morales, respaldado por la Organización de Estados Americanos (OEA). En El Salvador, en las elecciones de 2019, el derechista Nayib Bukele, canalizó el descontento de la gente y aplastó en las urnas al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

La llamada oposición venezolana, propiciada por Estados Unidos y el entonces “presidente en funciones”, Juan Guaidó, huyeron de las urnas electorales para escoger el año pasado a 277 diputados a la Asamblea Nacional, ante el inminente fin de las “funciones” de quien nunca gobernó ni siquiera la cuadra en que vivía. En Brasil, en entrevista publicada por la revista “Paris Match”, expresidente Luiz Inácio.»Lula» da Silva, aseguró que si, está “en la mejor posición para ganar” y tiene “buena salud”, no dudará en ser candidato contra Bolsonaro el próximo año. En Nicaragua, el próximo 7 de noviembre, los grupos que recibían dinero de las ONGs para financiar “oposición”, estarán ausentes por una ley que controla el lavado de dinero y mete a la cárcel a quienes conspiran con fondos provenientes del extranjero.

¡Sí, callaron los fusiles y la gente está aprendiendo, solo el pueblo salva al pueblo! Han pasado 200 años.

(*) Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

 

Imagen: La sorpresa electoral en Perú, Pedro Castillo. (Foto cortesía Prensa Latina).

Mesa informativa sobre misión de solidaridad y observación de DDHH en Colombia

La Asociación Americana de Juristas – AAJ a la mesa informativa sobre misión de solidaridad y observación de DDHH en Colombia.

Se contará con la participación de:

  • Luis Dussan (AJJ COL)
  • Armando Palau Aldana (AJJ COL)
  • Alejandro Rusconi (AJJ ARG, abogado argentino integrante de la Misión)
  • , Paola Gallo Peláez (AAJ ARG, abogada colombiana)
  • Pietro Lora Alarcón (AAJ Brasil, abogado colombiano)

Día: 15 de junio del 2021

Hora: 17 hs COL / 18 hs ARG

Se trasmitirá en vivo a través de las redes de la AAJ Argentina:
Facebook: Asociación Argentina de Juristas
YouTube:
Prensa AAJ Argentina

 

Compartido con SURCOS por Arturo Fournier.

La situación de los derechos humanos en Centroamérica es lamentable

Por Giovanni Beluche V
Sociólogo

Es inadmisible la persecución que hace el gobierno de Daniel Ortega contra sus opositores políticos en vísperas de las elecciones en ese país hermano. Una clara maniobra para proscribir las candidaturas de sus adversarios, tan burda como la inhabilitación que hizo el gobierno de Lenín Moreno para sacar de la contienda a Rafael Correa o la realizada por la derecha brasileña para quitar del camino a Lula Da Silva y que Bolsonaro tuviera vía libre.

La diferencia es que sobre lo ocurrido en Ecuador y Brasil no escuchamos el coro de condenas orquestado por los Estados Unidos y el séquito de gobiernos marionetas que abundan en América Latina.

Repito, es inaceptable, injustificable y condenable la persecución contra los opositores nicaragüenses.

Llama la atención que los grandes medios de comunicación dan escasa cobertura sobre el creciente autoritarismo del gobierno encabezado por el señor Bukele, que controla los tres poderes del Estado a sus anchas. El bravucón de Bukele que no toca a los criminales de la guerra civil que sufrió ese heroico pueblo durante los ochenta.

Tampoco hacen campaña sobre los posibles vínculos del gobierno de Juan Orlando Hernández de Honduras, surgido de un escandaloso fraude electoral, cuyo hermano está preso por narcotráfico en los Estados Unidos. Cuesta pensar que el reo no haya puesto dinero para la campaña electoral de su hermanito Orlando. Muy poco de esto se habla en los medios de Centroamérica.

Ni hablar de Guatemala, donde la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas y la violencia de todo tipo contra las niñas, los niños y la gente humilde, cuenta con la complicidad de un Estado inútil. Sobre esto tampoco hablan en los medios.

Costa Rica no se queda atrás, los sectores hegemónicos están desmontando el Estado social de derecho y han arremetido contra las clases asalariadas y la pequeña producción urbana y rural, cargándole todo el peso de la crisis que viene desde antes del Covid 19. Los políticos y buena parte del empresariado costarricense, que gustan de criticar a Ortega, no dudaron en criminalizar la protesta social y proscribieron el derecho a huelga. Mientras, siguen rampantes escondiendo fortunas en paraísos fiscales, evadiendo y eludiendo impuestos de forma escandalosa.

En Costa Rica se mantienen impunes los asesinatos de dos líderes indígenas, recuperadores de tierras y cuidadores de la naturaleza. El Estado no solo no los protegió, como lo exigieron organismos internacionales, sino que ahora cubren de impunidad a sus asesinos.

Así las cosas, nuestra región se acerca a la celebración de su bicentenario de independencia, con muchas cuentas por saldar en materia de derechos humanos y de acceso libre a la información.

 

Compartido con SURCOS por Mariano Sáenz.

Consejos de Mayores de pueblos indígenas emiten alerta temprana ante incitación a la violencia

El siguiente documento es una “alerta temprana” que los Consejos de Mayores de varios pueblos indígenas hicieron pública con fecha 8 de junio, advirtiendo sobre las graves amenazas de violencia que finqueros blancos han venido reiterando, por diferentes medios, y de forma totalmente pública y desembozada, en contra las comunidades y familias indígenas, ubicadas en los territorios que las leyes de Costa Rica y los convenios internacionales asignan a estos pueblos como un derecho inalienable. Es una situación extremadamente peligrosa, que exige una urgente intervención de las autoridades de gobierno.

Compartimos el documento:

08 de junio de 2021

Ministerio de Seguridad Pública
Viceministerio de Seguridad
Despacho del Señor Viceministro
República de Costa Rica

REF: Alerta temprana de ataque generalizado y sistemático contra defensoras y defensores indígenas del sur del país

Respetable Señor(a) Viceministro(a):

Reciba un cordial saludo de parte de la representación de los Territorios Indígenas China Kichá, Salitre, Iriria Bribri Sá Ká (Cabagra) y Térraba, incluidos los beneficiarios de las MC 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sean estos los Territorios Indígenas de Salitre y Térraba. Desde hace aproximadamente un mes grupos de indígenas, ligados directamente con el movimiento de usurpación no-indígena de los cuatro Territorios Indígena que acá suscribimos, ha realizado amenazas directas de atacar las fincas que hemos recuperado pacífica y legítimamente de manos de no-indígenas.

Este grupo está públicamente representado por Leonel Arburola y por Doris Ortíz. Quienes se reconocen por trabajar en beneficio del aparato económico de finqueros usurpadores en los territorios. El señor Arburola acostumbra a usar plataformas como Facebook para incitar a la violencia, ya sea mediante su perfil personal o mediante perfiles falsos[1]. Por otro lado, es importante señalar que la señora Ortíz es conocida por realizar fraudulentamente certificados de persona indígena falsamente a personas no-indígenas, certificados que incluso han sido anulados absolutamente en sede judicial, pues se comprobó que la señora no tiene la legitimidad para dicho acto, a diferencia de los Concejos de Mayores o figuras afines en cada territorio (quienes sí suscribimos esta nota).

Dentro de estas amenazas destaca un ultimátum con fecha 17 de mayo 2021 dirigida al gobierno de la República, donde beligerantemente le otorga un plazo de dos semanas para que remueva a los indígenas de su propia tierra, o de lo contrario ellos actuarían a mano propia (se adjunta). Dicho ultimátum fue entregado durante una convocatoria racista, en la cual figura un audio de 4min 45seg en el que de manera expresa el señor Arburola a partir del minuto 4:04 indica “[el 17 de marzo]le entreguemos el ultimátum al gobierno y dos semanas después, si dios lo permite y el gobierno no ha cumplido con las exigencias que van contenidas en el ultimátum, pues estaremos iniciando nosotros en cada territorio ir recuperando todas y cada una de las fincas invadidas, no queríamos llegar a esto que podría desencadenar en una guerra civil y la pérdida de vidas humanas, pero bueno señores a dios rogando y con mazo dando, esperamos que miles de personas se sumen a esta campaña…” (adjunto también). Cabe señalar que dicho ultimátum también cuenta con la firma de la señora Angie Durán Granados, usurpadora indígena del Territorio Indígena Térraba, la cual junto con su madre Hilda Granados, ilegalmente mantiene un bar restaurante, chanchera y cabinas dentro de Crun Shurín (Tierra de Venados), cuyos desperdicios caen el fuentes de agua del territorio y han sido denunciadas en múltiples ocasiones.

El día 3 de junio tanto la señora Ortíz como el señor Arburola, se presentaron a la Asamblea Legislativa a presentar una nota -cuyo contenido desconocemos- a un diputado de la República. El pasado domingo 6 de junio empezaron a circular 2 audios altamente peligrosos, de 21seg y de 3min 12seg (acá adjuntos) donde el señor Arburola convoca e incita a más personas a favor de dicho movimiento de usurpadores no indígenas, a levantarse con mano propia y atacar a las y los defensores de tierra, incluidos aquellas y aquellos cubiertos por las MC 321/12 CIDH. En los audios no especifican cuál Territorio Indígena atacarían primero o si lo realizarán de manera simultánea en varios territorios.

Por todo lo anterior los cuatro Concejos legítimos, de los Territorios Indígenas China Kichá, Iriria Bribri Sá Ká (Cabagra), Salitre y Térraba, últimos dos cubiertos por las MC 321/12 CIDH, solicitamos respetuosamente lo siguiente:

  1. Se realice y ejecute un esquema de seguridad concertado con quienes suscribimos, para identificar y prevenir violencia en las fincas prioritarias o con mayor riesgo.
  2. Se programen reuniones periódicas con los Concejos que acá suscribimos, con la finalidad de establecer factores de riesgo de acuerdo al contexto de usurpación masiva e ilegal de tierras en cada uno de los Territorios Indígenas.
  3. Se someta la situación acá expuesta a la autoridad competente para la debida investigación y sanción de los responsables de los hechos ilícitos relacionados.

Muy cordialmente,

Doris Rios Rios
Defensora de DDHH
Concejo Territorio Indígena China Kichá
Manuel Villanueva Villanueva
Defensor de DDHH
Concejo Brörán del Territorio Indígena Térraba
Felipe Figueroa Morales
Defensor de DDHH
Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Territorio Indígena Salitre
Maximiliano Torres Torres
Defensor de DDHH
Concejo de Mayores Iriria Jtecho Wakpa del Territorio Indígena Iriria Bribri Sá Ká “Cabagra”

CC:
UN Costa Rica, Sra. Allega Baiocchi.
OCHCR, Sra. Ana Maria Upegui.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, Asamblea Legislativa.
Defensoría de los Habitantes.
Front Line Defenders.
Forest Peoples Programme.
Universidad Estatal a Distancia.
Universidad de Costa Rica.

[1]

Publicaciones en Facebook:

3 de mayo 2021, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1603213899867191&id=100005357894039&sfnsn=mo

31 de mayo de 2021

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=121433460060619&id=103347648535867

31 de mayo de 2021, Convocatoria Racista en Iriria Bribri Sá Ka (Cabagra)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1622055831316331&id=100005357894039&refid=17&_ft_=mf_story_key.1622055831316331%3Atop_level_post_id.1622055831316331%3Atl_objid.1622055831316331%3Acontent_owner_id_new.100005357894039%3Athrowback_story_fbid.1622055831316331%3Aphoto_attachments_list.%5B1622042581317656%2C1622050361316878%2C1622053687983212%2C1622041281317786%2C1622042461317668%5D%3Astory_location.4%3Astory_attachment_style.album%3Athid.100005357894039%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1625122799%3A4490388497556677241&__tn__=-R

Otra plataforma utilizada en diversas ocasiones:

https://www.facebook.com/profearielcr/

Xaviera Molina ¡No están solas!

9 de junio de 2021, San José, Costa Rica

Pronunciamiento feminista: llamado a las organizaciones, colectivas, periodistas, medios de comunicación independientes e instituciones costarricenses

Nos solidarizamos y acuerpamos a nuestra hermana Xaviera Molina, activista por los derechos humanos, mujer Nicaragüense solicitante de refugio en Costa Rica, quien se vio en la obligación de salir de Nicaragua para proteger su vida. A la vez es madre de dos niñas, sin embargo, una de ellas, corre el riesgo de separarse de su mamá y de sus dos hermanas porque el padre quien reside en Nicaragua busca desvirtuar su maternidad legal y custodia de la niña de 7 años y un juzgado de familia en Costa Rica resolvió a favor del padre.

Exigimos que se resguarde el interés superior de la niña y que se respete su voluntad de permanecer con su familia en Costa Rica. Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades costarricenses a detener la reproducción de los discursos que revictimiza y culpabiliza a las mujeres migrantes de las condiciones de vulnerabilidad y opresión a las que se enfrentan. El lugar de la niña es al lado de su madre, una mujer comprometida con el cuido, el amor y la protección de sus hijas a pesar de los retos y las discriminaciones que resisten las mujeres migrantes Nicaragüenses desde Costa Rica.

Por lo tanto, organizaciones y colectivas que representamos a diversos sectores de la sociedad civil comprometidas en la promoción y defensa de los Derechos Humanos de la población migrante Nicaragüense y de los Derechos las Mujeres que integran la sociedad Costarricense, nos solidarizamos a Xaviera Molina y hacemos un llamado colectivo hacia las autoridades competentes para actuar a favor de la justicia hacia las mujeres desde:

Festival cultural por los derechos humanos de las mujeres

El día 11 de junio a las 8:00 pm se realizará el Festival Cultural por los Derechos Humanos de las Mujeres.

Se contará con la participación de Claroscuro, agrupación musical de Costa Rica fundada en 1991 e integrado por mujeres, única en su género, considerada un hito en la historia de la cultura costarricense por su compromiso con los derechos humanos de las mujeres y las luchas sociales.

La transmisión se dará por medio de Facebook Live Costa Rica 200 años de independencia.

Plantón por Colombia

Ecos de Colombia Migración y Refugio, Comité de Solidaridad con las víctimas de la violencia en Colombia convocan al Plantón por Colombia, como muestra de solidaridad con Colombia, ya que actualmente hay más de 70 personas asesinadas, más de 500 desaparecidos, más de 1100 detenciones arbitrarias y demás atropellos a la población. Recuerde utilizar el tapabocas durante toda la actividad.

Día: 10 de junio del 2021
Hora: a partir de las 10:30 a.m.
Lugar: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los Yoses. San José.

Mesa Redonda: El Acuerdo de Escazú

El pasado viernes 4 de junio, la Asociación Americana de Juristas Rama Costa Rica (AJJ), la Facultad de Derecho y el Posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica realizaron una mesa redonda donde se debatió sobre el Acuerdo Escazú.

Para analizar este tema se contó con la participación de panelistas tanto nacionales como internacionales, la discusión se dividió en tres segmentos; En un primer punto Rosa Peña Lizarazo y Nicolas Boeglin Naumovic, analizaron si la puesta en vigencia del Acuerdo de Escazú ¿altera significativamente el equilibrio presupuestario del Poder Judicial? En el segundo punto Jaime Cárdenas Gracia, Álvaro Sagot Rodríguez, debatieron si es cierto o no que la participación ciudadana en materia ambiental que el Acuerdo de Escazú busca consolidar ¿constituye un derecho humano? Por último, Constance Nalegach Romero y Mario Peña Chacón, discutieron si unas salvaguardas en tratados internacionales que permiten a los Estados cierto margen de maniobra: el caso del Acuerdo de Escazú

Para ampliar la discusión sobre estos temas puede ver el siguiente video: