Ir al contenido principal

Etiqueta: derechos humanos

Femicidios y feminicidios en México, Centroamérica y República Dominicana

En el enlace que compartimos se expone un resumen de los resultados del estudio realizado sobre los feminicidios en la subregión compuesta por México, Centroamérica y República Dominicana. En dicha investigación se muestran los datos sobre en la condición de este tipo de violencia contra las mujeres.

De acuerdo con este estudio, Guatemala es el país con el porcentaje más alto de feminicidios, se menciona que por cada millón de mujeres se producen 42.10 feminicidios, es decir un 28. 74%, mientras que El Salvador representa el 16.72%, Nicaragua el 13.03 %, México el 9.94%, Honduras un 9.80%, Panamá el 9.78%, República Dominicana un 8.76% y Costa Rica un 4.73%

Para ampliar más la discusión sobre este tema se les invita a acceder al artículo completo publicado por la Internacional de los Servicios Públicos.

https://publicservices.international/resources/videos/femicidios-y-feminicidios-en-mxico-centroamrica-y-repblica-dominicana?id=11966&lang=es

Compartido con SURCOS por Óscar Rodríguez León.

Se solicita apoyo para suscribir una declaración en la que se denunciará muertes causadas por las fuerzas de seguridad en Colombia

Se solicita apoyo y la solidaridad de un amplio número de organizaciones de derechos humanos para suscribir una declaración en la que se denunciará el preocupante número de muertes causadas por el actuar de las fuerzas de seguridad y de civiles armados en el transcurso de los 2 meses de protestas en Colombia, número que no cesa de crecer de forma alarmante.

Pueden leer la declaración en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhHHtx9VJQJzmYzYvtvaGi2CjI4ik0G8pH6Jb2bRUqz2IPCg/viewform?usp=sf_link

La declaración ha sido preparada por un grupo de organizaciones de derechos humanos que trabajan sobre/en América Latina basadas en Ginebra con insumos de las organizaciones colombianas, con el objetivo de hacer un llamado urgente a la intervención del Relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitraria y del Consejo de Derechos Humanos.

La declaración será leída el miércoles 30 de junio en la sesión con el mencionado Relator.

Para sumarse, les pedimos llenar el formulario que se incluye en el mismo enlace mencionado. Su organización será incluida en la lista de organizaciones firmantes que se anexará a la declaración y se publicará en la página web de las organizaciones promotoras.

La fecha límite es el 30 DE JUNIO a las 12:00 pm (mediodía) en Ginebra.

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

Interseccionalidad: Una herramienta para visibilizar los derechos de la población LGBTIQ+

La población LBGTIQ+ de la región centroamericana ha visto vulnerados sus derechos humanos debido a causas estructurales.

La falta de educación, dificultad de acceso a salud y derechos elementales se agravan ante la ausencia de leyes que protejan a esta población.

Es necesario la implementación de políticas públicas con un enfoque interseccional donde se logre evidenciar los diferentes factores a los que se enfrenta la población en condición de vulnerabilidad. Así como un enfoque donde cada persona logre verse desde la diversidad.

Una sociedad justa es donde todos se ven por igual y se garantizan sus derechos humanos. Son necesarios las narrativas respetuosas no revictimizantes.

Puede ver el video completo sobre cómo crear una sociedad justa haciendo click aquí

 

Compartido con SURCOS por Marco Castillo Rojas.

¿Para qué sirve el Acuerdo de Escazú?

La Universidad de Costa Rica, Kioskos Socioambientales, Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios, y el Observatorio de Bienes Comunes invitan al taller virtual ¿Para qué sirve el Acuerdo de Escazú?

Un recorrido permitirá conocer algunos puntos claves del Acuerdo en relación con conflictos socioambientales. El foro se realizará el lunes 28 de junio a las 5:00pm desde el enlace: https://udecr.zoom.us/j/81839797382 ID de reunión: 818 3979 7382

Aplicación de un Nuevo Concepto de “Destino Manifiesto” y “Enclave” en Honduras

Por Marlin Óscar Ávila
1 de 2

25 de junio de 2021

Hasta ahora los pueblos y gobiernos de América Latina han derramado sangre defendiendo los territorios donde nacieron; cada metro cuadrado del país ha sido defendido con mucho coraje, patriotismo y gallardía. No obstante, últimamente las fuerzas internacionales del obscurantismo neoliberal están experimentando con uno de los países más pobres y gobernado por narco traficantes tan corruptos, como traidores a su patria, la entrega de un tercio o más del territorio a fuerzas empresariales extranjeras. Todo con la mirada indiferente de sus “gloriosas Fuerzas Armadas”.

Contexto

Honduras “ocupa el segundo lugar en extensión territorial, después de Nicaragua, en Centroamérica con un perímetro de 2401 km y una extensión de 112.492 km²”[1] (61,392 km2 más que Costa Rica), es considerado por muchos peyorativamente, a nivel internacional, como “Banana Republic”, con un territorio de 112.492 km².

Los servicios básicos de energía y agua están privatizados, así como los servicios de educación y salud, se ha llegado a su privatización en un muy alto porcentaje. Asistir a un centro de salud clínica u hospital públicos, es apenas para atención médica, donde los insumos (medicinas e insumos), los debe comprar el paciente. El transporte público es privado en su totalidad y las principales carreteras del país han sido concesionadas, predominando compañías colombianas. En ese, naturalmente rico territorio de Honduras, hay una población mayor a los 9.5 millones de habitantes[2]. Más del 70% vive bajo la línea de la pobreza y arriba del 53.4% de ésta se encuentra en la miseria. Hay una considerable brecha entre ricos y pobres, la clase media tiende a desaparecer y un reducido porcentaje logra pasar la educación superior. El 55% de la oferta en educación superior, en 2018, era del sector público y un 1.7 del total era para sacar doctorado,[3] lo que seguramente se ha reducido en este período de la plandemia SARS-CO2. De la considerada población con ingresos medios (clase madia para muchos), ha sufrido un proceso de pauperización en los últimos dos años que se llega a confundir con el sector que vive bajo la línea de la pobreza, aun con su esfuerzo de aparentar estar en una escala superior.

Por las evidencias existentes, no solamente el gobierno central del poder Ejecutivo ha sido calificado como de mayor corrupción de su historia, pero todo el andamiaje institucional del Estado, junto a sus tres poderes e instituciones descentralizadas, con la complicidad de las elites de los cuerpos armados. Esto se agrava con los resultados de las investigaciones jurídicas realizadas por la Corte Suprema de Justicia de los EUA, donde se ha confirmado el involucramiento de un numeroso grupo de funcionarios de alto nivel en el tráfico de estupefacientes y lavado de activos, logrando que el Congreso dominado por el Partido Nacional, blinde a los corruptos y narcotraficantes con leyes y reformas constitucionales, acrecentando los niveles de impunidad y el cinismo sin precedentes. La desconfianza popular ha ido creciendo constantemente, sin dejar un área e institución pública en donde se llegue a considerar como viable para algo de gobernabilidad. Concluido el segundo período continuo del actual presidente, pero el tercero del Partido Nacional, se prepara las elecciones para noviembre próximo.

Los Enclaves

Luego de la implantación desde finales del siglo XIX al XXI, de una economía de enclave[4] por empresarios estadounidenses. Para el hondureño común, ese período fue de un auge económico que únicamente y parcialmente se puede comparar, posteriormente, con la industria vinculada a la textilería e industria para prendas de vestir y de partes de autos que ha predominado desde la década de los ochentas, principalmente en la zona norte del país. Algunos historiadores piensan que la industria minera también ha utilizado el modelo de “enclave”, más que todo por la compañía Rosario.

Fue a partir de estos enclaves que surgen nuevos ricos, muchos de origen turco, árabe e israelita, y se establecen algunas empresas industriales, como las azucareras, de bebidas (ejem. Cervecería Nacional Hondureña) y financieras como los bancos Atlántida y FICOHSA. Los enclaves bananeros y mineros provocaron la reestructuración de las propiedades de tierra, pequeños y medianos propietarios desaparecieron, como en su momento sucedió con el cultivo y la industria del aceite de palma africana en la zona Atlántida, en el período de la década de los setenta, subsidiado por el gobierno de turno (gobiernos militares). A excepción de los enclaves mineros, el auge de las economías citadas, se han asentado, principalmente en la zona del litoral Atlántico hondureño (671 Km de longitud), que inicia en la frontera con Guatemala y termina en la frontera con Nicaragua, pasando por el gran valle de Sula que cubre 17 municipios, en una extensión territorial de 7,384.6 km2 de adonde se extrae el 63% del PIB nacional y habita un 27% de toda la población[5]. Además, es donde se considera que está la mayor reserva de petróleo aun sin explotar[6].

Sabemos que los enclaves modernos tienen nuevas exigencias y características. La índole de su inversión es diversificada, incluye diferentes compañías y empresas, como su mercado es diversificado. Todo lo que se produce y procesa es para los mercados extranjeros. Sus inversores y empleados no tienen ningún interés en la población que habita en su entorno, excepto por su fuerza laboral. Es una población que no tiene arraigo alguno en los territorios que ocupan. Son tratados como extraños o extranjeros, con la única función de servir a la empresa que lo contrata, bajo condiciones establecidas por los dueños del enclave, sin intermediación de un gobierno o agencia defensora de los derechos laborales. Los enclaves son completamente comandados por sus dueños.

Las ZEDES en Honduras

La oposición política está bastante fraccionada, luchando sin estrategia unificada, en los últimos once años y medio. El Partido Nacional (que de nacionalista no tiene más que el nombre) quiere continuar gobernando después de estar en el poder por los últimos once años[7]. En caso de fracasar en sus pretensiones, sea que gane o pierda, el grupo gobernante tiene una cuartada para seguir enriqueciéndose con la explosión de los recursos del país mediante el proyecto de ZEDES (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico). Proyecto que ha gestado desde la sombra durante todos esos años, presentándolo ocasionalmente a la asamblea de diputados para reformas jurídicas y aprobaciones, últimamente por parte de la Corte Suprema de Justicia, a conveniencia de sus beneficiarios. A diferencia de las Zonas Libres de impuestos, para la inversión extranjera en áreas industriales establecidas en la década de los noventas, cubriendo áreas de hasta 15 hectáreas de terreno, las ZEDES son áreas territoriales de varios miles de hectáreas del territorio nacional donde se pueden instalar diversas compañías para explotar todos los recursos naturales, fuerza laboral, infraestructura e instituciones públicas y privadas con autonomía política, jurídica, de seguridad, libre de impuestos, con manejo fiscal y comercial autónomo, estableciendo y utilizando los medios de comunicación y transporte que mejor les convenga. Esos territorios pueden estar ocupados por poblaciones y asentamientos humanos originarios, pueden incluir zonas urbanas y rurales, las que pueden ser expropiadas por los nuevos inversionistas. Las políticas de contratación, administración y gestión de negocios serán establecidas por los inversionistas. Estas ZEDES, hasta ahora están definidas para cubrir una tercera parte del espacio territorial hondureño, particularmente adonde están los espacios con mayor potencial económico como son las costas del Atlántico y del Pacífico, formando una especie de encierro geográfico a los territorios que, por el momento, no están en oferta, ubicadas en la zona central o, interior del país, sin que eso pueda asegurárseles ser intocables en el futuro.

Esos espacios geográficos que hasta el momento tienen divisiones políticas denominados departamentos y municipios, estructura y jurisdicción definidas en la Constitución, cubre 39 mil 331 kilómetros cuadrados. La compra venta de estos espacios territoriales ya entraron al mercado y desde ahora se inicia la expropiación de sus dueños hondureños para ser transferidos a los nuevos dueños extranjeros y nacionales que hayan decidido invertir en ellos. Para los procedimientos el gobierno actual ha permitido el formal establecimiento de una nueva “constitución” con la normativa y reglamentación en cienes de páginas escritas, firmadas y selladas por los tres poderes de la República de Honduras.

Es algo así como ha venido ocurriéndole a Palestina, donde los israelitas sionistas han ido ocupando su territorio paulatinamente, sin importar quienes habitaron y compraron o se establecieron en esos bienes raises por décadas anteriores. Solamente que, en Honduras, es el mismo gobierno o Estado quien ha gestionado la entrega en venta a firmas y personas extranjeras con algunas nacionales particularmente a empresas con orientación muy conservadora.

Mientras escribimos este artículo, una comisión del gobierno, que incluye a lideres religiosos evangélicos, esta en visita oficial en Israel. Todas las señales nos dicen que detrás de este proyecto ha estado la asesoría constante del gobierno sionista de Israel. Y, coincidiendo con esto, podemos notar el apoyo del gobierno de los EUA, desde el golpe de estado al expresidente Manuel Zelaya Rosales, en 2009, pasando los años del gobierno de Trump, hasta el actual de Joe Biden. Ya es sabido que el actual presidente Joe Biden se declaró sionista en noviembre de 2016, cuando en Nueva York afirmo: “Soy sionista, pero para esto no hace falta ser judío”[8]

El Concepto “Destino Manifiesto” y Grandes Conflictos por Territorialidad

Lo que actualmente ocurre en Honduras, puede llevarnos a recordar el “origen del concepto del «Destino Manifiesto» [el cual] se podría remontar a la época en que comenzaron a llegar los primeros colonos y granjeros desde Inglaterra y Escocia al territorio de lo que más tarde serían los Estados Unidos” [de Norte América]. Bajo ese concepto se justificaba el uso de cualquier medio para alcanzar este objetivo, desde la adquisición por compra, hasta la vía militar.16​ Fue así que el filibustero estadounidense, William Walker, médico y abogado, armó a un grupo de reclutas conocidos como «Los Inmortales», para invadir, en 1855, Centro América, tomándose por las armas a Nicaragua y luego, invadió la provincia de Guanacaste, en Costa Rica, de donde fuera expulsado. Más tarde es aprendido y fusilado en Trujillo, Honduras, el 12 de septiembre de 1860.[9]

En nuestra historia es casi inexistente un país de América Latina que no haya tenido o no tenga conflictos fronterizos por la delimitación fronteriza y no haya defendido hasta con los dientes su territorio usurpado por terceros países, normalmente vecinos. Para ejemplo, los más mencionados en este tiempo son Bolivia con su acceso al mar y sus derechos en disputas con Chile por décadas. También están los conflictos entre Paraguay y Brasil en las riberas del río Paraná.

En el siglo XIX, entre 1846 y 1848, cuando las tropas estadounidenses entraron a la ciudad de México, hasta la formalización de la cesión por medio del Tratado de Guadalupe Hidalgo, suscrito el 2 de febrero de 1848, cuando México traspasó el 119% de su territorio actual a los EUA.[10]

Afuera de nuestro continente, se distingue el caso de Palestina. Cada año, a partir de 1948, Israel ha venido ocupando, contra la voluntad de Palestina, más y más territorio de su país, con centenas de muertos en un conflicto que la misma ONU no ha sido capaz de intermediar adecuadamente, porque el lobby israelita sionista en Washington es tan fuerte que EUA siempre ha vetado las decisiones del Consejo de Seguridad para favorecer a Israel.[11]

Las preguntas obligadas ahora son:

  1. ¿Está y, ha estado, el sionismo israelita detrás de las autoridades y algunos empresarios hondureños?
  2. ¿La tolerancia de la administración de la Casa Blanca ante los abusos de autoridad, crimen organizado, lavado de activos, violación constante de los derechos humanos y destrucción del Estado de Derecho por parte del gobierno de Honduras durante la última década, se debe al padrinazgo sionista y al uso de su territorio como plataforma contra otros países de América del Sur?
  3. ¿La compraventa de buena parte de Honduras en pedazos bajo el título de ZEDES, obedece a una estrategia de posesionar a las grandes corporaciones de territorios dentro de un Estado constituido como el hondureño, aun violentando su Constitución, para luego de aprender de este experimento, pasar luego a otros países bajo el principio ya actualizado de “Destino Manifiesto”?

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Honduras

[2] https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-pobreza_la-pobreza-en-honduras-subi%C3%B3-a-70—en-2020-por-culpa-de-eta–iota-y-la-covid/46581382

[3] https://des.unah.edu.hn/servicio-al-usuario/estadisticas

[4] Desde el concepto más tradicional de monocultivo para exportación, además de control territorial, el poder político interno y administrativo, sin generar beneficios económicos nacionales, más que la mano de obra barata y alguna infraestructura residual Marlin Oscar Avila

[5] https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Sula

[6] https://criterio.hn/en-honduras-hay-petroleo-pero-el-gobierno-mantiene-el-tema-en-secreto/

[7] http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/16510.pdf

[8] ” https://www.hispantv.com/noticias/opinion/493847/coalicion-netanyahu-israel-gabinete

[9] https://es.wikipedia.org/wiki/William_Walker

[10] https://es.wikipedia.org/wiki/Cesi%C3%B3n_mexicana

[11] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54162476

Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la Zona Sur de Costa Rica; enero-diciembre del 2020

La presentación del «informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la Zona Sur de Costa Rica; enero-diciembre del 2020», documento de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) con el apoyo de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y la Asociación Voces Nuestras, elaborado por Nery Chaves García.

El informe versa sobre las agresiones y violaciones a los derechos humanos contra Pueblos Originarios de la zona sur que se encuentran en procesos de recuperación de tierras-territorios. Informe, construido desde los Pueblos en resistencia y que participan en la CLSS.

Esta actividad contará con la participación de:
-Lesner Figueroa, clan Tuadiwák. Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa, Autogobierno de Salitre.
-Doris Ríos Ríos. Recuperadora de Sa Keirö Kaska, Territorio Cabécar de China Kichá.
-Robert Morales Villafuerte, recuperador de Crun Shurin, Territorio Brörán de Térraba.
-Xinia Zúñiga, Investigadora en el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE -UNED/ Proyecto Conflictos interétnicos en el cantón de Buenos Aires. CIAN Fondo UCREA – UCR
-Nery Chaves García. Asociación Voces Nuestras/ Coordinadora de Lucha Sur Sur
-Gustavo Oreamuno Vignet. Asociación de Iniciativas Populares Ditsö / Coordinadora de Lucha Sur Sur

Día: 01 de julio
Hora: 6:00 pm
Vía Facebook Live: Coordinadora de Lucha Sur Sur.

¡JUSTICIA PARA SERGIO, JERHY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

 

Información compartida con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora.

Experto de UNESCO expone sobre conectividad como derecho humano

Promover la reflexión sobre el reconocimiento de la conectividad a internet como un derecho humano para todo habitante de Costa Rica, y en particular para la población estudiantil, es el objetivo de la conferencia virtual “La conectividad en la educación superior: retos y perspectivas postpandemia”, que impartirá Francesc Pedró, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC), el viernes 25 de junio a partir de las 10 a.m.

La conferencia, que subraya la necesidad del acceso a internet en la educación, con énfasis en estudiantes y miembros de la comunidad universitaria, es organizada en el marco de la declaratoria de “2021 Año de las universidades públicas por la conectividad como derecho humano universal”, realizada desde el Consejo Nacional de Rectores (Conare).

El expositor invitado Francesc Pedró -quien funge como director de UNESCO-IESALC desde 2019- previamente lideró el servicio de asesoramiento en políticas educativas, incluyendo las revisiones de las políticas nacionales, así como estudios comparativos internacionales en el sector de educación de la UNESCO en París, Francia, desde 2010.

Además, trabajó en el Centro de Investigación e Innovación Educativas (CERI) de la OCDE donde fue responsable de proyectos como Teaching and Learning International Survey (TALIS) y New Millennium Learners Project.

También dirigió las revisiones de la investigación educativa en los países de la OCDE y el proyecto sobre Innovación Sistémica en Educación.

Como moderador de la conferencia participará Oscar Benavides Argüello, académico de la Escuela de Informática de la UNA e integrante de la comisión de la Vicerrectoría de Docencia encargada de la programación de actividades en el marco de la declaratoria de las Universidades Públicas por la conectividad como Derecho Humano Universal.

Las personas interesadas en participar en la conferencia impartida por el experto de la Unesco, pueden conectarse a través de la plataforma Zoom, mediante el siguiente enlace:
https://una-cr.zoom.us/j/89899983085
ID: 89899983085

Habrá un espacio para consultas y reflexiones de los participantes sobre el tema.

Las universidades públicas promueven la conectividad universal y gratuita en todo el territorio nacional como un derecho fundamental, indispensable para ejercer la libertad de pensamiento y de expresión, cuyo acceso debe ser garantizado y protegido por el Estado.

Para más información con Oficina de Comunicación 8334-4150.

 

Compartido con SURCOS por UNA Comunicación.

Organizaciones de Derechos Humanos condenan el recrudecimiento de la represión en Nicaragua y exigen la liberación inmediata de todas las personas presas políticas

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos condenan enérgicamente la nueva escalada represiva contra líderes opositores, aspirantes presidenciales, periodistas, empresarios, y exfuncionarios de organizaciones de la sociedad civil y gremiales, a tan solo 142 días de las elecciones generales en Nicaragua.

En mayo de 2021, el Gobierno de Daniel Ortega, a través del Ministerio Público, inició una investigación en contra de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios y dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Walter Gómez y Marcos Fletes, por el supuesto delito de «lavado de dinero”, presuntamente detectado en los informes financieros del período 2015 al 2019 de dicha organización.

Periodistas y organizaciones de la sociedad civil, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), han catalogado esta investigación como “parte de una persecución feroz en contra del periodismo independiente, un atropello en contra de los derechos civiles y políticos”, ya que la Fiscalía ha citado e interrogado a decenas de periodistas, dueños de medios de comunicación y representantes de empresas que tuvieron algún tipo de relación con FVBCH.

El pasado 25 de mayo por la noche, los ciudadanos Marcos Fletes y Walter Gómez, ex-contador y ex-administrador financiero de FVBCH, respectivamente, fueron capturados con violencia por policías y paramilitares. El 1 de junio, el Ministerio Público solicitó la inhabilitación para cargos públicos de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro; así como la restricción migratoria de la periodista de Univisión, María Lilly Delgado, y los ex trabajadores de FVBCH, Guillermo Medrano y María Lourdes Arróliga, quienes fueron citados en su calidad de testigos, sin embargo, al éstos solicitar la presencia de sus abogados, los fiscales les advirtieron que por ello pasarían a ser investigados.

Posteriormente, el 2 de junio, una juez dictó orden de allanamiento y detención en contra de Chamorro Barrios. Su casa fue allanada por decenas de agentes policiales y paramilitares por más de cinco horas y desde ese momento, Chamorro se encuentra bajo arresto domiciliario e incomunicada.

Tres días después, el 5 de junio, el aspirante presidencial Arturo Cruz fue detenido de manera arbitraria en el aeropuerto de Managua por actos catalogados como “traición a la Patria”, de acuerdo con la controvertida Ley 1055; Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la paz.

El 8 de junio, el aspirante presidencial Félix Maradiaga, fue citado al Ministerio Público por «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares» y «organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización». Al finalizar su cita, el aspirante fue interceptado y arrestado junto a su conductor y su abogado, quienes luego fueron liberados.

Esa misma noche, la Policía Nacional allanó las viviendas y detuvo al aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro y al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri; e impuso casa por cárcel a la activista opositora y miembro del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera, bajo la acusación de «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos» y «pedir intervenciones militares».

El 9 de junio, el ex-diputado José Pallais, quien es miembro de la Coalición Nacional, también fue arrestado en su casa por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar injerencia extranjera en los asuntos internos”, “exaltar y aplaudir sanciones”, entre otras acciones citadas en la Ley 1055.

La noche del 11 de junio, la UNAB y el CENIDH denunciaron que Violeta Granera fue trasladada en un transporte no oficial desde su casa con rumbo desconocido, que resultó ser la Dirección de Auxilio Judicial. La noche siguiente, Tamara Dávila, quien también es miembro del Consejo Político de la UNAB y dirigente del partido Unamos (antiguo Movimiento Renovador Sandinista), fue detenida por los mismos cargos.

El día 13 de junio, la Policía Nacional allanó la casa de habitación y detuvo a liderazgos de la disidencia sandinista y miembros del partido Unamos, antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Entre ellos, la presidenta de Unamos, Suyen Barahona; su vicepresidente, el General en retiro, Hugo Torres; una de las figuras prominentes de la Revolución Sandinista, Dora María Téllez; la ex-presidenta del MRS, Ana Margarita Vijil, y el ex-canciller del primer Gobierno Sandinista, Víctor Hugo Tinoco.

Finalmente, la noche del 15 de junio, la Policía Nacional arrestó al actual presidente ejecutivo del Banco de Producción (Banpro), Luis Rivas Anduray, quien también estaría siendo investigado por cargos amparados en la Ley 1055.

Cabe destacar que esta nueva ola de allanamientos y detenciones se han dado sin órdenes judiciales y en condiciones inusuales. La mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos detenidos se encuentran incomunicados, no se les ha permitido recibir visitas, ni reunirse con sus abogados.

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la aplicación de la controvertida Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la paz, violatoria de los estándares internacionales de derechos humanos, con el fin de penalizar e inhabilitar a los liderazgos de la oposición; así como la imposición de la medida de prisión preventiva hasta por 90 días para investigar presuntos delitos, en correspondencia a la reciente reforma al Código Procesal Penal que es violatoria de la presunción de inocencia y libertad personal.

Una vez más, llamamos al Estado de Nicaragua a acatar las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), para la realización de unas elecciones libres, justas y observadas nacional e internacionalmente, el próximo 7 de noviembre de 2021.

Exigimos a las autoridades nicaragüenses el cese inmediato de toda acción represiva contra el pueblo, la liberación sin condiciones de todas y todos los presos políticos, y la restauración del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. Las autoridades que han incurrido en semejantes atropellos a los derechos humanos no deben quedar en la impunidad y el Gobierno de Nicaragua debe ser declarado responsable internacionalmente.

Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para que continúe monitoreando la crisis en Nicaragua, y demandando la protección y garantía de los derechos humanos del pueblo nicaragüense.

Firman:
Due Process of Law Foundation
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
CIVICUS
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
OXFAM
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)

¡Palestina Libre!

Adjunto en el enlace final se encuentra un formulario que tiene como fin recolectar firmas de personas, organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones políticas, sindicales y de derechos humanos para solicitar a la Cancillería de la República de Costa Rica su repudio con respecto a la expulsión de familias de Jerusalén, la represión en la Mezquita de Al Aqsa y los bombardeos a Gaza; asimismo para que inste a la finalización de los vínculos con el Estado de Israel y los acuerdos vigentes.

Sumado a esto, se denuncia el proceso de judaización constante de Jerusalén, que expulsa a su población palestina originaria, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que sufre la población palestina de Jerusalén, Gaza y Cisjordania por parte de la potencia ocupante, el infame crimen de Apartheid contra el Pueblo Palestino y los bombardeos y asesinatos de población civil palestina.

Por último, entendiendo que la comunidad internacional no puede permanecer en silencio y que Costa Rica tiene en este espacio un lugar comprometido con los derechos humanos de los pueblos y su autodeterminación, solicitamos de la forma más vehemente impulsar las siguientes medidas:

1-Llevar a la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución que renueve el llamado a generar sanciones legítimas y efectivas a Israel enfocadas en el embargo militar, así como a proveer los medios para implementarlas, como contramedida para detener su anexión de facto y de jure de territorios palestinos ocupados y otras graves violaciones de la ley internacional.

2-Promover la activación del Comité Especial contra el Apartheid de las Naciones Unidas para abordar el régimen de Israel sobre la población autóctona de Palestina.

3-Garantizar la efectividad y actualización regular de la base de datos de las Naciones Unidas de compañías involucradas en negocios en los asentamientos ilegales israelíes.

4-Apoyar la investigación de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad perpetrados en los territorios palestinos ocupados.

Enlace formulario: https://docs.google.com/forms/d/1WuE1dMxTgvZBAa41tAAMEt_gNGT2wLVBJRENO4PNzkE/edit?usp=sharing
Carta a Cancillería sobre Palestina: https://docs.google.com/document/d/19Adx64HypEBVno4wPL1oSZuMCilbY_PHzqnUx7GD9Fo/edit?usp=s0e1ac3haring

Nace el Tribunal Internacional de Opinión para juzgar violaciones a derechos humanos durante protestas en Colombia

Fecha del TRINO: 26 y 27 de junio 2021 en videoconferencia. La audiencia pública será transmitida en redes, hora colombiana: 8 a.m. – 6 p.m.

El TRINO: Es una herramienta social para juzgar las graves violaciones de derechos humanos. Tiene un valor simbólico y moral muy importante. Se conformará por un destacado número de magistrados de diferentes nacionalidades de América y Europa. El TRINO se dividirá en tres salas para escuchar a los denunciantes el sábado 26 de junio. Posteriormente, un fiscal expondrá las acusaciones y el Estado colombiano está convocado a defenderse. Después de deliberar, los jueces emitirán una sentencia y expedirán una declaración. Se compulsarán copias de la sentencia y la declaración a los sistemas internacionales de derechos humanos y a la sociedad civil.

Si sientes que tus derechos han sido vulnerados en el marco de la movilización en Colombia que inicio el 28 de mayo presenta tu denuncia a través del formulario que se encuentra en el siguiente link: https://forms.gle/rhejp5wZwtKMnFM38 o escribe a los siguientes correos electrónicos denuncias.trino@hotmail.com y/o denuncias.trino@gmail.com

Se comparte algunos de los hechos denunciados https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2283008201830981&id=100003654704890&sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/14302129065/posts/10159912653024066/?sfnsn=scwspwa

Se puede realizar envío de pruebas, preguntas o denuncias a: denuncias.trino@hotmail.com; denuncias.trino@gmail.com

Compartido con SURCOS por Arturo Fournier.