El próximo 26 de abril del 2021, iniciará el programa Orden del Día. El espacio busca analizar los proyectos que están en la corriente legislativa, sus implicaciones en el Estado Constitucional de Derecho y los derechos humanos.
Este programa se transmitirá todos los lunes a las 5pm por la frecuencia 96.7 de Radio Universidad, de las Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Conducido por las abogadas Rosaura Chinchilla Calderón y Giselle Boza Solano.
El espacio de reflexión técnica de temas de interés ciudadano es una colaboración del Instituto de Investigaciones Jurídicas, IJJ, y el Programa de Libertad de Expresión UCR, PROLEDI.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Los primeros resultados de una rápida búsqueda en cualquier explorador de internet a la palabra Manrique, Colombia, devuelven cierta narrativa sobre violencia y peligrosidad. Se trata de un gran conglomerado poblacional, la comuna número 3, ubicada al noroeste de Medellín, capital de Antioquia, con una historia ciertamente compleja, pero no la única que atraviesa sus espacios sociales.
Hace algunos años como parte de un proyecto sobre trata de personas y derechos humanos que nos juntaba a personas investigadoras de Colombia, España y Costa Rica, fuimos a dar a Manrique, donde conocimos a un cura revolucionario, organizador incansable de acciones encaminadas a arrebatarle al niño, niña y joven de esta comuna, al riesgo social.
Una tarde, conversando en su comuna, me confesó que una de las estrategias para trabajar con estas poblaciones era alentar su cercanía con el arte como vehículo de transformación. Que tenía que ser contextualizada esa relación. Y cómo no advertir que justamente en Manrique se teje una de las conexiones populares de largo aliento con el tango como expresión cultural.
Durante esos días en la comuna, pude observar el trabajo de academias enteras de niños y niñas practicando tango por las calles. A todas horas y en todos los espacios, este territorio con una rica historia gardeliana, permite a sus niños y niñas expresar y recrear sentido de la vida.
Recordé justamente una de las formas mediante las cuales Medellín encontró para contender la violencia a nivel político, pero sobre todo sociocultural: disputar los espacios públicos a los actores involucrados y crear uno de los festivales de poesía más emblemáticos a nivel mundial, como es el Festival Internacional de Poesía de Medellín, que este año cumple 31 años ininterrumpidos de llevar la palabra a las comunas y zonas más complejas de esta capital antioqueña.
Como un brazo artístico y amoroso, este festival desarrolla el Proyecto Gulliver, consistente en impulsar la creación poética y literaria en los niños y niñas de las distintas comunidades en riesgo. En ambos casos, la poesía y el tango, no resultan solamente expresiones estéticas y de representación de la vida, sino herramientas comprometidas para la transformación social.
Hará quizá hace dos años fui invitado a participar en un encuentro literario en el municipio de Quezaltepeque, en El Salvador. También las narrativas sobre las violencias en ese país son recurrentes y provienen casi siempre de interlocutores con poca capacidad analítica para sopesar las razones históricas y estructurales de los procesos de exclusión social y desigualdad en aquel país.
En el marco de esa actividad fuimos invitados a leer a una escuela de un sector rural del municipio. Al llegar, nos recibieron cerca de 300 niños y niñas que prepararon un escenario con nuestras fotografías, buscaron nuestros trabajos poéticos en internet para leerlos en la actividad y hurgaron en nuestras biografías para conocernos mejor.
Esa mañana comprendí el profundo vínculo entre el arte como vehículo social y las formas diversas para reconocer la realidad para transformarla, como es el caso de las diversas disciplinas que conforman el vasto campo de las Ciencias Sociales.
En una nota sobre la proclamación del Día Mundial del Arte, que se celebra todos los 15 de abril, la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, el Arte y la Cultura (UNESCO) indicaba: “El arte nutre la creatividad, la innovación y la diversidad cultural de todos los pueblos del mundo, y desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos y en el fomento del interés y el dialogo. Estas son cualidades que el arte siempre ha tenido y tendrá, si continuamos apoyando entornos donde se promuevan y protejan los artistas y la libertad artística. De esta manera, al fomentar el desarrollo del arte también se fomentan los medios a través de los cuales poder lograr un mundo libre y pacífico” (es.unesco.org).
Ciertamente experimentamos un entorno plagado de incertidumbre, de hegemonías duras en lo económico y excluyentes en lo social. A estas durezas solo se les resiste desde otras posibilidades expresivas, que contienen en sus cimientos una política de los cambios y las transformaciones.
Vincular el arte como herramienta y la ciencia social como expresión ontológica y epistemológica de vida y de transformación, debe ser un objetivo común para quienes aspiramos a un mundo un poco mejor al que ya existe. En ese camino andamos.
Luego de un análisis realizado al texto, la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica (Colper) manifiesta su oposición, al proyecto de Reglamento de Afiliación para trabajadores independientes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Consideramos que: 1. La propuesta es lesiva a los trabajadores independientes, en nuestro caso periodistas, relacionistas públicos, productores audiovisuales, publicistas, diseñadores publicitarios y comunicólogos. 2. La base del cálculo resulta discriminatoria. 3. Se le confieren poderes amplios a la CCSS, que pueden resultar en actos abusivos de los derechos humanos de los ciudadanos. 4. Violentas normas constitucionales al derecho, al trabajo, la salud y la vida digna. 5. El plan es discriminatorio y confiscatorio.
Recordemos que el trabajo es un derecho humano y constitucional, por lo que le solicitamos a la CCSS, revisar dicho reglamento y modificar, las cláusulas que pueden ir en detrimento de los trabajadores independientes, en especial porque muchos de ellos, vieron afectados sus ingresos, a causa de la pandemia del Covid-19.
Junta Directiva 2021 Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación
San José, 08 de abril de 2021.- Esta semana dio inicio el juicio oral y público contra Roberto David Castillo, ex gerente general de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), acusado por su responsabilidad como co autor del asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres Flores el 02 de marzo de 2016. El día de ayer, en el segundo día del proceso, la defensa de David Castillo presentó ante la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una recusación contra el Tribunal que lleva el juicio. Aunque el proceso fue suspendido a raíz de ello, la Corte deberá resolver en los próximos días y el juicio deberá reanudarse.
Ante este proceso, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como representantes de la familia de Berta Cáceres y las comunidades organizadas del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras (COPINH) en el marco del proceso de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llamamos al Estado de Honduras a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la familia de Berta Cáceres y el COPINH.
Este llamado se vuelve urgente ante la agudización de los ataques perpetrados en contra del COPINH en los últimos años, y, en particular, tras el incidente enfrentado por las hijas de Berta Cáceres y un integrante del COPINH el pasado 03 de abril, fecha en que fueron detenidas ilegal y arbitrariamente por al menos 10 agentes de la policía nacional civil por alrededor de 3 horas. Preocupa que estos hechos constituyan un intento de intimidación en su contra pocos días antes del inicio del juicio oral y público.
Recordamos que la familia de Berta Cáceres y las comunidades del COPINH cuentan con medidas de protección otorgadas por la CIDH desde 2016 y reconocemos que estos hechos demuestran que la situación de riesgo a la que continúan expuestas sigue siendo extremadamente grave, por lo que el Estado de Honduras tiene la obligación de tomar todas las medidas para garantizar su protección, en particular, ante los riesgos agravados que podría implicar el proceso de juicio oral y público contra David Castillo.
En el marco de este juicio, desde CEJIL llamamos también al Estado hondureño a cumplir con todos los estándares del debido proceso y garantizar verdad y justicia para la familia de Berta Cáceres, el COPINH, las comunidades lencas y la sociedad hondureña.
Reconocemos que la recusación presentada ayer se suma a cuatro anteriores y representa una acción más dentro de una serie de medidas dilatorias por parte de la defensa que, a cinco años del crimen, representan un obstáculo más en el acceso a la justicia. Denunciamos también la exclusión de Laura Zúniga, hija de Berta Cáceres, y de personas y organizaciones nacionales e internacionales de observación en la sala de audiencia el primer día del juicio.
Ante ello, hacemos un llamado para que el proceso avance sin más dilaciones y demandamos al Estado de Honduras a cumplir con los principios de publicidad y transparencia, aspectos esenciales para ejercer el control y vigilancia sobre las actuaciones de las autoridades; garantizar que las acciones judiciales se desarrollen de manera independiente e imparcial; y asegurar que se dé un proceso legal justo.
Asimismo, desde CEJIL esperamos que este juicio sea un paso contundente para avanzar hacia la investigación, juicio y sanción de todos los autores intelectuales responsables por el asesinato de la lideresa lenca. Recordamos que a 5 años de los hechos tan solo autores materiales e intermedios han sido procesados, y reconocemos, como lo ha hecho la CIDH, que “la justicia para las víctimas será efectiva e integral cuando se judicialice y responsabilice a todos los autores materiales e intelectuales del crimen”.
El caso de Berta Cáceres continúa representando la grave situación de violencia e impunidad que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos y el territorio al ejercer su labor en Honduras y toda la región Latinoamericana, así como los intereses detrás de los proyectos extractivos y su rol en las amenazas, criminalización y agresiones perpetradas contra quienes defienden el territorio.
Avanzar hacia la justicia integral en este caso resulta vital para debilitar la impunidad estructural que impera en Honduras; evitar que hechos como los enfrentados por Berta Cáceres se repitan; y garantizar que las personas defensoras de derechos humanos, la tierra y el territorio, puedan ejercer su labor de forma segura.
Desde CEJIL continuaremos observando el proceso contra David Castillo y acompañando a la familia de la lideresa lenca, al COPINH y a las comunidades en su camino por justicia para Berta Cáceres, que es también justicia para las defensoras, para los pueblos y para la sociedad en su conjunto.
En los últimos días de su sesión anual en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, máxima instancia de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, adoptó la resolución titulada «Human Rights situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the obligation to ensure accountability and justice» (véase texto completo).
Se trata de un recordatorio anual de las distintas obligaciones que, en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, incumple impunemente Israel desde hace ya muchos años. Es así como se lee que el Consejo de Derechos Humanos
«4. Deplora la persistente falta de cooperación de Israel con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y otros mecanismos de las Naciones Unidas que intentan investigar las presuntas vulneraciones del derecho internacional en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y pide que se coopere plenamente con el Consejo de Derechos Humanos y todos sus procedimientos especiales, mecanismos pertinentes e investigaciones, así como con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
5. Exige a Israel, la Potencia ocupante, que ponga fin a todas las acciones ilegales en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, entre otras la construcción de asentamientos; la demolición de estructuras residenciales, incluidas las demoliciones punitivas de viviendas; el desalojo forzoso de habitantes palestinos y la revocación de los permisos de residencia de los palestinos que viven en Jerusalén Oriental mediante una serie de leyes discriminatorias; las excavaciones en lugares religiosos e históricos y sus alrededores; y todas las demás medidas unilaterales que tienen por objeto alterar el carácter, el estatus y la composición demográfica de todo el territorio, todas las cuales tienen, entre otras cosas, efectos graves y nocivos para los derechos humanos del pueblo palestino y las perspectivas de un arreglo justo y pacífico«.
Entre los párrafos añadidos a los usualmente reunidos en esta resolución, que se adopta cada año en Ginebra, se lee que para este 2021, el Consejo de Derechos Humanos:
«18. Exhorta a Israel, la Potencia ocupante, a que cumpla las obligaciones que le impone el derecho internacional respecto de la población ocupada protegida y garantice un acceso sin discriminación a las vacunas contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, entre otros medios en coordinación con el Gobierno del Estado de Palestina«.
Como se observará si se lee el texto completo, el Consejo de Derechos Humanos no hace sino externar su profunda preocupación por la situación imperante en el territorio palestino ocupado, exhortando a la potencia ocupante a cumplir sus obligaciones como tal y a investigar y sancionar a los responsables de exacciones cometidas contra la población civil palestina.
Imagen de bombardeos israelíes en Gaza extraída de nota de France24 titulada «Israël bombarde massivement Gaza, l’ONU appelle à éviter la guerre», edición del 20/07/2014
Una resolución objeto de un fuerte cabildeo israelí en su contra
Como es ya bastante usual, Israel (Estado que no integra este órgano de Naciones Unidas) desplegó intensas gestiones diplomáticas semanas antes de la votación, así como su incondicional aliado norteamericano (que tampoco lo es) en aras de intentar obtener un resultado favorable entre los 47 Estados que integran este Consejo. Pocamente divulgado en algunos medios internacionales, cabe recordar el hecho siguiente: el Presidente israelí realizó personalmente una gira en Austria, Alemania y Francia pocos días antes de la votación, como parte de la campaña oficial de Israel en contra de la justicia penal internacional de La Haya (véase cable de la agencia china de noticias Xinhua del 16/03/2021).
Como se recordará, en junio del 2018 Estados Unidos optó por retirarse del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas después de votarse una resolución de este órgano creando una comisión de investigación sobre las exacciones de todo tipo de las fuerzas de seguridad israelíes contra los manifestantes palestinos participando a la denominada «Gran Marcha del Retorno» (véase al respecto nuestra breve nota al respecto).Con 29 votos a favor, 14 abstenciones y dos votos en contra (Australia y Estados Unidos), Estados Unidos consideró que retirarse del Consejo de Derechos Humanos era lo más apropiado y oportuno: un gesto raramente observado, y saludado únicamente por Israel. El informe de esta comisión de investigación está disponible desde febrero del 2019 en este enlace oficial.
Los resultados de la votación en breve
Para este año 2021, la resolución titulada «Situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y obligación de garantizar la rendición de cuentas y la justicia» se adoptó con 32 votos a favor (incluyendo los de Francia y Alemania), 6 en contra (entre los cuales el de Austria) y 8 abstenciones.
Un Estado de Oriente Medio y miembro del Consejo de Derechos Humanos particularmente observado, Bahrein, optó por no participar en la votación (ausencia de su delegado en el momento de la votación, también denominado «No Show«): es el único Estado de los 47 en haber recurrido a esta peculiar técnica para el voto de esta resolución. Como se recordará, el 15 de setiembre del 2020, Bahrein e Israel anunciaron la firma, desde Washington, de un sorpresivo acuerdo sobre la normalización de sus relaciones oficiales.
En esta ocasión, Israel pudo únicamente contar con los votos de Austria, Bulgaria, Brasil, Camerún, Malawi y Togo (que votaron en contra del texto) según se desprende del registro de la votación (véase enlace) y que a continuación reproducimos:
Por parte de América Latina y el Caribe, con excepción de Brasil que votó en contra, los demás Estados de la región votaron a favor de la resolución (Argentina, Bolivia, Cuba, México, Uruguay y Venezuela), Bahamas optando por abstenerse (al igual que Filipinas, India, Islas Marshall, Nepal, Reino Unido, República Checa y Ucrania). Siempre con relación a América Latina, no está de más recordar que en octubre del 2020, resultaron electos por parte de América Latina, Bolivia, Cuba y México, en sustitución de Perú y Chile, con México logrando ser reelecto (véase nuestra breve nota al respecto); mientras que en octubre del 2019, resultaron electos Brasil (reelección) y Venezuela, al tiempo que Costa Rica intentó de manera sorpresiva postularse, sin lograrlo (véase nuestra breve nota al respecto).
Cabe señalar que en el 2020, un texto muy similar contó con 17 abstenciones, entre las cuales las de Alemania, Corea del Sur, Dinamarca, Italia, Japón, Países Bajos, Senegal y Uruguay: 8 Estados que optaron entre el 2020 y el 2021 por cambiar su posición y votar afirmativamente en favor del texto.
Justicia y rendición de cuenta en Palestina: un acento diferente en este 2021
A diferencia de otros años, esta votación acaecida este 23 de marzo del 2021 en el máximo órgano de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, resulta de mayor relevancia para Palestina y para las víctimas y las organizaciones palestinas que claman desde hace mucho tiempo por justicia ante las exacciones israelies cometidas en territorio palestino.
En efecto, el pasado 5 de febrero, la Sala Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió que la CPI es plenamente competente para examinar lo ocurrido y ello en todos los territorios palestinos, sin ningun tipo de excepción (véase al respecto nuestra breve nota titulada: «Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: ¿el fin de la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos en Palestina?«, disponible en este enlace).
Un reciente foro con juristas de habla francesa (el profesor Eric David, de Bélgica y el magistrado galo Ghislain Poissonnier) auspiciado por la AURDIP (Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine) detalló el alcance de esta histórica decisión que fue dada a conocer en La Haya el 5 de febrero del 2021 (véase programa y enlace del foro, realizado el 30/03/2021).
Al respecto, resulta oportuno mecionar que este próximo 9 de abril vencerá el plazo otorgado por la CPI a Israel (así como a Palestina) para contestar la notificación enviada el pasado 9 de marzo a ambos Estados: como bien se sabe, el principio de complementaridad (Nota 1) obliga a la CPI a solicitar inicialmente al Estado incriminado el listado de investigaciones realizadas sobre los mismos hechos (de manera a no duplicar los esfuerzos de entidades nacionales preexistentes). En estos primeros días de abril, no pareciera tenerse mucha claridad sobre la estrategia de Israel (véase nota del Jerusalem Post del 1/04/2021 titulada «Israel has no planned approach, response to ICC, with 9 days to go» y este artículo de opinión publicado en Haaretz titulado «Israel and the ICC: Denial Isn’t Just a River in Egypt» en la misma fecha ). De contestar formalmente Israel a la CPI sobre las eventuales investigaciones internas realizadas en Israel con relación a los hechos que quiere investigar la CPI, legitimaría la decisión del pasado 5 de febrero (que oficialmente Israel considera oficialmente ilegítima, sesgada e incluso «antisemita» (Nota 2); y de no contestar a la CPI, habilitaría jurídicamente a los investigadores de la CPI a examinar ellos mismos todos los hechos, sin excepción de ningun tipo, objeto de la solicitud presentada por Palestina a la Fiscalía de la CPI.
Cabe también señalar que este 3 de abril del 2021, la CPI saludó el retiro de sanciones en su contra por parte de la nueva administración norteamericana (véase comunicado oficial de la CPI). Como bien se sabe, el único Estado en haber felicitado a Estados Unidos por esta insólita decisión tomada en junio del 2020 fue Israel (véase nota del Times of Israel del 11/06/2020): habíamos tenido la oportunidad de explicar que las justificaciones oficiales dadas por Estados Unidos al anunciar estas sanciones disimulaban otras, menos explícitas, relacionadas a Israel (Nota 3).
Votaciones anteriores en breve sobre justicia y rendición de cuentas en Palestina
En el año 2020, una resolución muy similar (véase texto integral en inglés) había sido adoptada por el Consejo de Derechos Humanos con 22 votos a favor (incluyendo el voto de Bahrein), 8 en contra (Austria, Australia, Brasil, Bulgaria, Islas Fidji, República Checa, Togo y Ucrania) y 17 abstenciones.
En 2019 (véase texto integral), el resultado obtenido fue de 23 votos a favor, 8 en contra y 15 abstenciones. Es de notar que en el 2019, Bahrein figuraba entre los Estados proponentes del proyecto de resolución.
En 2018, un texto similar (véase texto integral) obtuvo 27 votos a favor, 4 en contra (Australia, Estados Unidos, Togo y Reino Unido) y un total de 15 abstenciones.
A modo de conclusión
Más allá de la situación bastante peculiar para este 2021 de la delegación de Bahrein en Ginebra, y del súbito cambio de parecer de varios Estados partidarios de abstenerse el año pasado, la comparación de los resultados obtenidos desde el 2018 en la votación de esta resolución evidencia el siguiente dato: la marca registrada en este 2021 es la peor obtenida por la diplomacia israelí y la de su fiel aliado norteamericano en los últimos 4 años.
Lo cual viene a confirmar (nuevamente) el efecto contraproductivo que conllevan para Israel la tónica y la actitud adoptada por sus máximas autoridades en los últimos tiempos, consistiendo en desafiar abiertamente las bases del ordenamiento jurídico internacional.
—
Notas:
Nota 1: El principio de complementariedad (también denominado «subsidiaredad«) de la CPI significa que únicamente examina asuntos que no hayan sido objeto de investigaciones por parte de las autoridades judiciales nacionales. O bien, cuando a través de supuestas «investigaciones«, se manifiesta claramente la renuencia del Estado a investigar y a sancionar debidamente a los responsables de los hechos incriminados. Véase al respecto: C.-TOUSSIGNANT M., «L’instrumentalisation du principe de complémentarité de la CPI: une question d’actualité» RQDI (Revue Québécoise de Droit International), 2012, pp.73-99. Texto integral del artículo disponible aquí.
Con relación al crimen de guerra que constituye la colonización ilegal a la cual ha procedido Israel desde muchos años y objeto de la solicitud hecha por Palestina a la CPI, se leyó recientemente por parte de especialistas franceses, que: «Le droit israélien considérant la colonisation comme légitime, aucune enquête nationale ne sera bien sûr menée sur les auteurs du crime de colonisation. Le bureau du procureur pourra donc enquêter sans délai sur ces faits, sans qu’Israël puisse lui opposer la règle de la « complémentarité », à savoir l’existence de procédures pénales menées dans un État contre les auteurs de crimes de guerre et qui peut faire obstacle à l’exercice de la compétence de la CPI, comme cela sera peut-être le cas dans les deux premiers types de crimes commis à Gaza» (véase PICHET E. & POISSONNIER G., «Colonisation des territoires palestiniens : quelles conséquences peut entraîner l’ouverture de l’enquête de la CPI ?«, The Conversation, edición del 17/03/2021, y disponible en este enlace).
Nota 2: Remitimos a nuestros estimables lectores a esta nota del Times of Israel, titulada «Netanyahu: An ICC investigation of Israel would be ‘pure anti-Semitism’ » (edición del 6/02/2021) y a este artículo de opinión publicado por el Presidente de Israel en Le Figaro (Francia), el pasado 18 de marzo del 2021, disponible en este enlace.
Nota 3: Véase al respecto nuestra breve nota: BOEGLIN N., «Sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional (CPI): algunos apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, 24 de setiembre del 2020, y disponible aquí. Nos permitímos concluir en aquella oportunidad con la siguiente reflexión que a continuación reproducimos:
«En relación con estas recientes sanciones contra el personal de la CPI, resulta un tanto sorprendente que la Administración norteamericana se preste para semejante espectáculo ante los demás integrantes de la comunidad internacional, sin percatarse de que esta actitud de profunda hostilidad puede también estar influyendo en los jueces de la CPI para mostrarse aún más severos con Israel en su decisión preliminar (actualmente en preparación), relativa a la solicitud de investigación presentada en diciembre del 2019 por la fiscal de la CPI.»
(*) Esta nota fue escrita por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica
El matemático y máster en matemática actuarial Rodrigo Arias López envió a la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, sus observaciones y solicitud de información adicional en relación con dos proyectos de reglamento.
Se trata del proyecto de Reglamento para la Afiliación de los Trabajadores Independientes y del proyecto de Reglamento de Aseguramiento Voluntario y Aseguramiento de Migrantes. Ambos fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta N° 53 del miércoles 17 de marzo de 2021.
El especialista Arias López compartió ambos documentos con SURCOS. Puede descargarlos en formato PDF para su lectura completa.
Entre los elementos que el actuario indica a la junta directiva de la CCSS se encuentran los siguientes:
“… me apersono ante esa Junta Directiva para hacerle ver las inconstitucionalidades, ilegalidades, vicios y errores técnicos que contiene el proyecto…”.
En cuanto al Reglamento para la Afiliación de los Trabajadores Independientes el especialista en matemática actuarial precisa:
“Lo pretendido por esa Junta Directiva en el Artículo 1 del citado proyecto es inconstitucional, discriminatorio, abusivo y espurio, desigual, además violenta los principios de razonabilidad proporcionalidad que son también de rango constitucional.
La definición de “ingreso por base presunta” y de “ingreso neto” para el caso de los trabajadores independientes son asuntos de reserva de ley y ninguna ley a la fecha define o establece su definición o significado.
El “ingreso por base presunta” queda EN indefinido, no se sabe lo que es y además, queda al antojo y arbitrio de lo que los jefes o unidades de la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social) quieran que signifique. ¿Qué es ese “ingreso determinado” ?, ¿qué incluye? ¿cuál es el significado de “aquella derivada de las revisiones que realice la Caja”? ¿Qué revisa la Caja?; cuando se trata de actos administrativos para que sean validos eficientes y eficaces deben estar bien claros y precisos, puntuales, y el reglamento carece de todos esos principios.
Lo mismo sucede en el caso del “ingreso neto”, está indeterminado, no define lo que son “gastos propios para la operación de la actividad económica o trabajo”; tampoco define lo que es “actividad económica”; no se sabe que es “razonable” ni “necesario”; en fin, lo que resulta es un círculo vicioso e indeterminado que depende de sí mismo. No indica, si, por ejemplo, las cuotas que el trabajador independiente le paga a la CCSS forman parte o no de esos gastos propios, entre otros. Tampoco queda claro si, por ejemplo, los ingresos en caso de alquileres, venta de propiedades, ingresos por trabajos realizados fuera de Costa Rica, etc., forman parte del “ingreso bruto” que se indica”.
En relación con el Reglamento de Aseguramiento Voluntario y Aseguramiento de Migrantes Rodrigo Arias López indica:
“Si bien no soy asegurado voluntario, me presento ante esa Junta Directiva como interesado dado que el Estado aporta recursos que son fondos públicos para el financiamiento de los beneficios que se indican en el proyecto de reglamento, y yo contribuyo por obligación constitucional con el financiamiento de los gastos públicos. Véase el artículo 7 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública”.
Rodrigo Arias López detalla:
“En el caso del aseguramiento voluntario el problema surge además porque no está definido el ingreso de referencia que se menciona en el artículo 8 del mismo proyecto; así como tampoco se regula, ni define “La persona que asume el pago de las cuotas respectivas a favor del solicitante debe encontrarse al día en el pago de las obligaciones con la Caja”.
Nótese que no es que todos los que soliciten el seguro voluntario es porque no tengan ingresos propios; en particular los rentistas y pensionados.
En tales artículos es probable que existan personas o familias que se encuentran en condición de pobreza que calificaría para estar aseguradas por cuenta del Estado conforme al artículo 2 de la Ley y que ahora pretendan obligarlas o engañarlas para que se aseguren por esta modalidad, porque en el mismo proyecto NO SE ACLARA QUE LAS FAMILIAS QUE ESTÁN EN CONDICIÓN DE POBREZA NO REQUIEREN ASEGURARSE COMO ASEGURADOS VOLUNTARIOS”.
El actuario y experto en temas de la CCSS señala en otra parte de su escrito, que lo pretendido en el proyecto de reglamento “podría violentar los derechos humanos de las personas migrantes”.
Le invitamos a descargar los documentos y compartir esta información para propiciar la reflexión y la participación ciudadana en estos temas.
Entre 1642 y 1672, es decir, en los inicios mismos de la edad moderna, tuvo verificativo en Holanda la primera gran revolución democrático-liberal; esa revolución es conocida en la historia como “La República de los Hermanos De Witt” por haber sido Jan De WITT su máximo líder; su asesinato en las calles de La Haya significó el término de esa especie de “primavera” de las luchas por la democracia dentro del marco de una ideología liberal. Su ideólogo más connotado fue Baruc Spinoza, filósofo holandés de origen sefardita; en su última e inconclusa obra, TRATADO POLÍTICO, Spinoza intentó darnos una definición de lo que hoy entendemos por democracia; allí afirmó que la defensa de las libertades públicas constituye la esencia misma de lo que se debe entender por “democracia”. Esas libertades públicas son para Spinoza tres: la libertad de conciencia (fundamental en una época como la suya, que ya llevaba un siglo de guerras de religión posteriores a las Reforma Protestante, que dividió la cristiandad occidental), la libertad de expresión (muy novedosa para una época en que en se acababan de crear los periódicos) y la libertad de organización como expresión social y política de las otras dos. Hoy solemos hablar más ampliamente de “derechos humanos”, cuya carta plasma la razón de ser de las Naciones Unidas, por lo que ésta constituye el fundamento ético y jurídico del derecho internacional, pues no pueden darse relaciones civilizadas entre naciones si no se inspiran en esos principios doctrinales.
Es dentro de esa concepción filosófica que debemos entender la libertad de prensa como un derecho humano. La libertad de prensa es legítima jurídica y éticamente tan sólo si expresa la soberanía del pueblo, entendiendo por “soberanía” el ejercicio de las libertades colectivas como condición indispensable para que un pueblo sea dueño de su destino y pueda escribir la historia con su puño y letra. La libertad de prensa es legítima tan sólo si expresa la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a saber la verdad. Quienes convierten ese derecho sagrado en un poder fáctico, lo tergiversan al reducirlo a un instrumento de manipulación de conciencias y en un monopolio de facto que da origen a una dictadura mediática. Su más brutal expresión es el manejo descarado de las llamadas “redes sociales”, que han sustituido en la práctica a los partidos políticos como expresión del pluralismo ideológico y la confrontación de ideas. Ab(usando) de esos poderosísimos recursos tecnológicos, han llegado al poder figuras espernibles, como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y, más cerca de nosotros, Bukele en El Salvador. Todo lo cual es consecuencia en el ámbito político de la revolución tecnológica actual, pues las comunicaciones han sido monopolizadas por las grandes empresas de la comunicación, quienes las financian. Al autocalificarse como “paladines de la libertad”, no hacen sino defender los intereses de esos monopolios mediáticos, convirtiendo así el derecho constitucional a la información en una mercancía. Quienes están a su servicio, subordinan los valores democráticos a los intereses de sus patronos; los periodistas a su servicio no son más que empleados.
Lo que sucede en el ámbito nacional no es más que un reflejo de lo que acaece en la esfera internacional. La campaña de difamación y de medias verdades en contra de las universidades públicas, emprendida por los empleados de la familia Jiménez Borbón, acostumbrada a tratar a la Patria de Juanito Mora y García Monge como si fuera un feudo azucarero, constituye un ejemplo de lo dicho. Se les cobra a nuestras beneméritas instituciones el estar formando ciudadanos con conciencia patriótica, como nos enseñaron a hacerlo nuestros grandes maestros humanistas, como Omar Dengo y Rodrigo Facio, a fin de inspirarse en el ejercicio del poder en la práctica de los derechos humanos, entendiendo “derechos” en el sentido kantiano de la palabra, a saber, como condición de posibilidad de la libertad como ejercicio de la razón práctica. Esos valores son tres, porque señalan la finalidad de las tres facultades superiores o dimensiones que definen al ser humano como “espíritu absoluto” (Hegel). La razón teórica (“pura” para Kant) aspira a la verdad, la voluntad (“razón práctica” para Kant) procura el bien ético, y la sensibilidad busca la belleza. Las libertades públicas deben ubicarse en la segunda dimensión, dado que son, insisto, la expresión social de la libertad como ejercicio de la racionalidad.
En filosofía política y derecho constitucional se habla del “pueblo” con el calificativo de “soberano”; este calificativo es altamente honroso, pues en los regímenes regidos por democracias absolutistas era un atributo tan sólo del rey , debido a que la monarquía era concebida como investida de atributos divinos (Bossuet). Debemos al más influyente ideólogo de la Revolución Francesa (1789), Juan Jacobo Rousseau, el haber conferido dicho atributo al pueblo llano que, desde entonces, se convierte en un principio fundamental de lo que entendemos por “democracia”. Es el pueblo-soberano la única matriz o fuente de las libertades públicas. Éstas se desarrollarán en consonancia con la conciencia que de sus derechos adquieren los pueblos, al calor de las luchas libertarias que despliegan; lo cual hace que debamos concebir los derechos humanos no como una especie de entelequia metafísica, sino como un proceso dialéctico, es decir, dentro de un marco de dimensiones históricas, movido por la dinámica de las fuerzas sociales.
La campaña en contra de las universidades públicas, como muy bien lo señala el actual Rector de la UCR, Doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, constituye un atentado en contra de los valores y principios democráticos, cimientos de nuestro sistema de vida republicana. Las universidades públicas, al luchar por sus derechos constitucionales, lo hacen igualmente por la soberanía de nuestro pueblo, por la dignidad de nuestra república. De esta manera honran con hechos y no con altisonantes y demagógicas declaraciones, el Bicentenario de Nuestra Independencia.
NO A LA IMPUNIDAD, NO A LA REPRESIÓN CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS DEFENSORES Y RECUPERADORES DE SUS TERRITORIOS
Por el fortalecimiento del movimiento social en defensa de las comunidades y pueblos originarios recuperadores de sus tierras y territorios
Desde la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) manifestamos nuestra preocupación ante los hechos recientes de violencia contra el territorio recuperado Yuwi Senaglö, Cabecar, China Kichá. Durante el día jueves 24 de marzo, 2021, mientras la comunidad Yuwi Senaglö sostenía reuniones con altos funcionarios del gobierno costarricense, tales como los viceministros de Vice-presidencia Eduardo Solano y de Seguridad Randall Otárola, bajo un supuesto diálogo, habitantes de la comunidad sufren de acoso y persecución por parte de la fuerza pública. Después de retirarse del territorio dichas autoridades de gobierno, la fuerza pública atacó con gases lacrimógenos, uno detrás del salón comunal y el otro directamente en Yuwi Senaglö, durante la medianoche del día 24 de marzo, 2021. Como organización de Derechos Humanos, la ACODEHU exige a la administración del señor Carlos Alvarado lo siguiente: 1. Garantizar que la fuerza pública y las autoridades pertinentes implementen verdaderos mecanismos para la protección y la seguridad de las comunidades indígenas; en lugar de aterrorizar a la niñez y a las familias con mecanismos de acoso, intimidación, persecución, represión, criminalización y judicialización contra los pueblos indígenas recuperadores de sus territorios. 2. Demostrar con acciones contundentes la voluntad política del gobierno del señor Carlos Andrés Alvarado Quesada de investigar, procesar y castigar a los responsables de las constantes violaciones de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas. Para ello, impedir que estos actos queden impunes, porque la impunidad niega la justicia para las víctimas, incrementando el escenario de tensión y sufrimiento que atenta contra la integridad física y emocional de las víctimas de esta violencia. 3. Cumplir con normativas, Tratados y Convenios establecidos a nivel nacional e internacional frente al compromiso y responsabilidades que tiene el Estado en este tema. 4. Investigar los actos de agresión de la fuerza pública durante la noche del martes 24 de marzo de 2021, contra las personas de la comunidad la comunidad Yuwi Senaglö de China Kichá. Aclarar el porqué del uso de los gases lacrimógenos y los abusos de autoridad, los cuales han sido recurrentes por parte de los efectivos de la Fuerza Pública contra los pueblos indígenas; y en esta ocasión los ataques de agresión fueron contra dicha comunidad, quienes se han visto en la necesidad de defenderse y proteger sus territorios recuperados como acciones amparadas a los acuerdos internacionales y suscrito por el Estado Costarricense y por los tribunales nacionales. 5. Que los Ministerios de la Presidencia y Seguridad rindan un informe a la población de China Kichá, a la sociedad en general y a los organismos de Derechos Humanos sobre los hechos violentos, las personas responsables y las autoridades involucradas en dichas acciones. La ACODEHU se suma al conjunto de voces y organizaciones quienes reafirmamos que el Estado costarricense continúa violando de manera sistemática los Derechos Humanos del pueblo Cabecar de China Kichá. A la vez, responsabilizamos al Estado costarricense y al gobierno actual de los actos violentos que continúan vulnerabilizando los derechos humanos de los pueblos indígenas; en especial quienes recuperan en forma pacífica sus tierras y territorios que históricamente les pertenecen. Existe una deuda histórica frente a la violencia contra los derechos humanos y la autonomía que los pueblos originarios defienden desde hace más de cinco siglos.
ACODEHU Ana Cecilia Jiménez Arce Presidenta Tatiana Otto Golobina Secretaria
25 de marzo, 2021 www.acodehu-ddhh.org derechos.humanos@acodehu-ddhh.org
Los funcionarios encargados de los discursos oficiales del DÍA MUNDIAL DEL AGUA no deberían desdeñar el DESPERDICIO inhumano que exhibe Costa Rica. Solo en el balneario de OJO DE AGUA, se derrocha constantemente agua suficiente para abastecer a unas 140.000 personas.
Así, cuando vemos que hace casi 90 años, el expresidente Ricardo Jiménez hizo construir una larga cañería desde ese balneario hasta la costa puntarenense, no se entiende cómo, en pleno siglo XXI, sea tanta la incapacidad exhibida por jerarcas del AyA que les hace imposible detener esa vergonzosa irracionalidad, que se resuelve con ¡recircular el agua que hoy fluye a través de las piscinas y el laguito, para conducirla por una cañería de solo 1 km! hasta Potrerillos o Puente de Mulas.
Otro ejemplo de enfermiza indolencia es el otro gran desperdicio que se hace en Guanacaste con las aguas del embalse del Arenal, luego de que ha cumplido con generar electricidad en tres plantas del ICE, ¡para fluir hacia el mar!
El Proyecto «AGUA PARA GUANACASTE», que se dijo que estaba financiado por el BCIE, vendría a darle un gran impulso al desarrollo de la región Chorotega, con el riego de 17.000 hectáreas de suelo productivo, el abastecimiento de agua potable para más de 60 acueductos rurales (ASADAS) y para el TURISMO, la principal fuente de empleo y divisas de nuestro país.
Aunque paradójicamente, unos políticos libertarios y hasta una federación conservacionista, le ha puesto obstáculos en los tribunales para atrasar su ejecución. Y a lo anterior le agregamos el casi desconocido hecho (¿por conveniencia?) de que alrededor del 50% del agua que «produce» el AyA, ¡agua para más de DOS MILLONES de personas!, se pierde por FUGAS desde sus viejas cañerías, sin que ese problema de INFRAESTRUCTURA, el más relevante de Costa Rica, merezca ni unas pocas palabras de los participantes del «gobierno de unidad nacional» que nos han impuesto.
Como también el manejo irresponsable que se hace con el prometedor proyecto de Orosi II para abastecer el área metropolitana, que pasan los años y no da signos de vida.
POR eso la gente ha abierto sus ojos y mente y logrado entender que el importante DERECHO HUMANO que establece que el ACCESO al agua en cantidad y calidad adecuadas, NO se cumple con una «nueva» Ley de Aguas redactada por comerciantes del insustituible líquido vital, sino más bien con una nueva visión gubernamental que ubique al ser humano en el centro, pero que dolorosamente no se cumple.
Por eso, parafraseando respetuosamente al Papa Francisco, DEFENDAMOS el agua nuestra de cada día. El agua que no se le ha de negar a ningún ser humano. El agua que no debe ser sujeto del comercio insaciable del capitalismo salvaje. El agua necesaria para las semillas que siembra el agricultor. El agua que no se ha de desperdiciar por incompetencia administrativa. El agua como BIEN SOCIAL, y no como la »cosa económica» que impulsa el Banco Mundial. El agua amenazada por proyectos de ley que circulan en la Asamblea Legislativa.
En enero pasado 16 migrantes guatemaltecos fueron asesinados en México. La masacre tomó estado público, pero a diario se registran hechos de violencia contra los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos.
El diputado Aldo Dávila analiza en el siguiente podcast las razones que obligan a emigrar a miles de guatemaltecos, hombres y mujeres. Seguidamente podrá escuchar otras informaciones de UITA.
“Se necesitan estrategias de resistencia y apoyo ante el avance de la ultraderecha” –
Rel Podcast
Mariano Hoya, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA UGT), examina alcances y objetivos del acuerdo de cooperación suscrito junto a la Rel UITA y afiliadas de Argentina que enfrentan junto al resto del movimiento obrero la embestida del gobierno de Javier Milei.
“Este acuerdo nos hace reflexionar sobre el grave problema que está teniendo Europa, el mundo, las sociedades democráticas ante la proliferación de movimientos de ultraderecha que gobiernan ya importantes
países, con el propósito bien definido del adelgazamiento o eliminación en su totalidad del Estado de bienestar”.
Escucha y difunde el Podcast.
