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Etiqueta: derechos humanos

Foro Mundial del Nuevo Humanismo 2021

Antonio Carvhalo

Que es el foro, porqué y a que apunta

Imagino al Foro Mundial del Nuevo Humanismo, como un evento de difusión del Nuevo Humanismo a escala mundial, dando a conocer la visión humanista del mundo actual, los principales problemas existentes y nuestro enfoque de cara a su resolución.

Es importante su realización en este momento porque el proceso de crisis social y psicológica se ha acelerado considerablemente durante la pandemia, que ya se extiende por mas de un año y ha exacerbado los problemas existentes y creado otros nuevos en una escala nunca antes vista en el mundo.

Estos problemas deben ser esbozados, discutidos, y enfrentados, primeramente, a escala global y al mismo tiempo a escala regional, nacional y barrial de ser necesario, según sean las estructuras políticas y administrativas en cada nivel.

La gente en todas partes esta necesitada de una visión estructural y de una línea de acción coherente de cara al futuro. Una visión que permita abrir el futuro como proyecto humano. Por primera vez tenemos un registro indubitable de ser parte de una nación humana universal, aunque esta no corresponda aun a nuestro ideal humanista de Nación Humana Universal. La enfermedad y sus variantes se propagan desde todos los lugares y hacia todos los lugares. Las medidas de prevención son similares en todas partes. Las medidas de asistencia, recursos, equipos y vacunas tienen múltiples orígenes; las deficiencias estructurales e ideológicas del sistema global se ponen de manifiesto para todos creando nuevas percepciones e imágenes del mundo establecido.

El siquismo individual y colectivo esta fuertemente choqueado no solo por el aislamiento sino por las inseguridades emergentes de la crisis. Es por eso que en este momento el Nuevo Humanismo debe dar respuestas. Hace muchos años que la doctrina ha anticipado el momento de crisis que hoy toma esta forma y mas tarde tomara muchas otras. Es una crisis de la civilización planetaria. Las respuestas no pueden darse desde las ideologías que configuran el sistema actual. Esto solo crearía mas de los mismo y peor.

El Foro Mundial debe dar a conocer la visión del Nuevo humanismo aplicada a los problemas actuales y al futuro de la humanidad. Sin embargo, la paradoja existe en cuanto a que no somos conocidos y probablemente nadie nos dará las plataformas necesarias para proyectar nuestro mensaje. Sin embargo…existen mayores posibilidades que nunca antes en nuestro propio tiempo histórico, de que se produzcan aperturas y estas debemos buscarlas y utilizarlas al máximo de nuestras posibilidades. Estas oportunidades se darán en los medios de difusión, las plataformas sociales y todas las otras formas de difusión conocidas y posibles.

Creo que ese es el contexto dentro del cual el Foro Mundial del Nuevo Humanismo debería encuadrarse.

Suponiendo que nuestra visión doctrinaria y explicatoria del “momento actual” sea clara y bien definida El Foro podría permitir catapultar nuestra visión a escala global en una dimensión nueva.

El Foro no podrá ser presencial sino virtual. Esto, tiene para nosotros grandes ventajas porque nos permitirá crear una impresión de considerable impacto, en relación a nuestro número y recursos, pero requerirá cuidadosa preparación de contenido y forma. Esta preparación debería tomar prioridad sobre cuestiones de calendario.

El Foro Mundial del Nuevo Humanismo podrá proporcionar contenido que, adaptado adecuadamente, permita posteriores eventos de gran impacto a niveles regionales nacionales hasta penetrar en la base social.

Contenidos

Explicar qué vemos, qué vivimos y creemos, está ocurriendo

Hechos concretos, con la esperanza de que prenda, que sea tomado por la gran difusión

Amplia difusión de los temas fundamentales propuestos y tratados por el Nuevo Humanismo.

Participación de muchas organizaciones de orientación humanista tanto mundiales, como nacionales y regionales con el fin de debatir y posiblemente implantar en el escenario histórico los temas fundamentales del momento para el Nuevo Humanismo.

  • Pocos temas principales, bien esbozados y correcta orientación.
  • El tema de la libertad humana.
  • El ser humano y sus derechos Fundamentales deben estar al centro de cualquier diseño social.
  • Los Derechos Humanos y su cumplimiento deben constituir un punto central de las constituciones nacionales y deben contar con mecanismos para exigir su cumplimiento. En caso contrario constituyen solo declaraciones eufemísticas que condonan su violación sistemática en todas partes. Deben crearse mecanismos globales de verificación y sanción de sus violaciones.
  • Los estados nacionales que declaran ser expresión de la soberanía popular se apropian de esa pretendida legitimidad para servir los intereses egoístas de las minorías que a su vez se apropian del aparato y poder del estado nacional para sus propios intereses de grupo (el 1%) mientras se dejan algunas migajas a la mayoría (el 99% restante).
  • Superación de la violencia individual y social en todas sus formas. Cada individuo debe estudiar y comprender la raíz de la violencia en sí, en los otros y en la sociedad humana y conocer procedimientos para superarla
  • Desarme nuclear, reducción del gasto militar y resolución pacifica de conflictos dentro del marco de NU.
  • Las Naciones Unidas no pueden funcionar adecuadamente sin el marco del multilateralismo. El hegemonismo erosiona la función y eficacia de Naciones Unidas convirtiéndola en un “sello de goma”
  • Sistema financiero global justo, no especulativo y que permita la distribución equitativa de recursos entre países más y menos prósperos. El capital que se mueve en especulación financiera trillones de dólares, crea riqueza artificial que va a los especuladores y son así succionada fuera de la economía real y se aloja en paraísos fiscales. Estas masas de capital deben crear empleo, recursos, servicios, infraestructura y todo aquello que sirve al desarrollo y elevación del estándar de vida de la gente.
  • Eliminación de la pobreza
  • El medio ambiente, medidas urgentes para detener el deterioro y las catástrofes derivadas
  • La salud y prevención de pandemias dentro del marco de OMS
  • Mecanismos de corrección en la circulación de información “Fake News”, la información, necesidad humana fundamental esta envenenada. Eliminación de monopolios. La información es un Derecho Humano fundamental.

 

Imagen tomada de: https://gazeta.gt/

Enviado a SURCOS por Rafael López Alfaro.

Alfabetización Informacional, discursos religiosos e información

Amanda Rodríguez Vargas

Una de las más desgarradoras desigualdades es la informacional, la cual se ve reflejada no solo en el acceso a la información, sino además, en los procesos educativos para discernir y manejarla. Las personas reciben información de manera constante por medio de una gran diversidad de formas: discursos, mandatos, publicidad, entretenimiento, etc, pero el poco acceso a la alfabetización informacional merma las herramientas para reconocer el tono, las intenciones y el campo de acción de dicha información.

Una de las más desgarradoras desigualdades es la informacional, la cual se ve reflejada no solo en el acceso a la información, sino además, en los procesos educativos para discernir y manejarla. Las personas reciben información de manera constante por medio de una gran diversidad de formas: discursos, mandatos, publicidad, entretenimiento, etc, pero el poco acceso a la alfabetización informacional merma las herramientas para reconocer el tono, las intenciones y el campo de acción de dicha información.

La alfabetización mediática e informacional (AMI) es considerada por la UNESCO como un elemento crucial para consolidar la libertad de expresión y la promoción de una comunicación pluralista, ya que nos facilita los instrumentos para preguntarnos sobre la autoría de la información, nos ayuda a reconocer los espacios a los que pertenecen y nos motiva a ser criticos ante los posibles debates. Esto convierte a la AMI en un elemento indispensable para la democracia y el diálogo, por estos motivos no debería ser sorpresivo considerarla como protagonista en un contexto donde diversos actores se preguntan, cada vez más, por el papel y la influencia de los discursos religiosos en la esfera política. La crispación alrededor de discursos religiosos que promueven la violencia y los recientes debates entre el espacio público y religioso, debe ser también señal de alerta sobre las desigualdades en la alfabetización mediática.

Actualmente en las discusiones del campo de lo religioso y lo político hemos visto la constante exposición de falsas dicotomías (religión o ciencia), así como títulos con fines publicitarios o electorales, conspiraciones, ficciones y opiniones personales malinterpretadas como posicionamientos oficiales de grupos de fe e instituciones religiosas. Un caso que quiero exponer para ilustrar esta problemática es el manejo de la supuesta “objeción de conciencia católica con las vacunas contra el COVID-19”. La citada controversia tiene como punto de inicio un video publicitado en redes y servicios de mensajerías, correspondiente a un fragmento de la entrevista realizada por Luis Román al Monseñor Athanasius Schneider,[1] en el canal de youtube:[2] Conoce Ama y Viví tu Fe, publicada el 22 de setiembre de 2020.

La entrevista original supera las dos horas y los temas Covid-19, vacunas y aborto, nunca fueron ejes centrales de la misma, más bien la entrevista se centra en las dudas teológicas de Athanasius sobre la encíclica Fratelli tutti. Sin embargo, en esta conversación se presenta una vaga preocupación en torno a la vacunación contra el COVID-19, en donde Athanasius dice: No se puede descartar la posibilidad que se imponga a todas las personas de este mundo una vacuna obtenida a partir de células de niños abortados. De una forma viral este fragmento del video fue compartido y entendido por muchos como un argumento sólido contra la vacunación y por otros como una especie de evidencia que retrataba una iglesia católica opuesta a la ciencia y la salud. Ambas resonancias cumplían el objetivo de publicitar el canal de Youtube de donde procedía dicho video, sin embargo estas controversias alarmistas solo fueron posibles al ignorar muchos de los aspectos del video original: desde su origen, autoría y forma de ser difundido.

Es mi hipótesis que la viralidad del tal video se sostiene por una estrategia publicitaria de dicho canal, sin embargo se vuelve problemático cuando los discursos y debates públicos se fundamentan en comunicados de este tipo. Las posibles preocupaciones de fondo son transpuestas a la aceptación o no del mensaje de Atanashius Scheneider y el debate es reducido a compartir o cancelar dicho video. En consecuencia, el debate ciudadano es simplificado a la forma de consumir un videoclip omitiendo discusiones necesarias.

Esta forma de consumir la información ayuda a la proliferación de videos que refuerzan la controversia más allá del debate. En el caso analizado vivimos el surgimiento de un segundo video mucho más polémico y redituable para el canal de Youtube. En este segundo video encontramos a Monseñor Atanashius realizando casi un monólogo donde se exacerban los temores y cuestionamientos acerca del carácter inmoral de la vacunación por ser “negocio, que solo fueron posibles debido al asesinato, la destrucción y profanación del cuerpo del niño”[3]. Es necesario decir que las palabras de Atanashius son cuestionamientos y advertencias personales que parten de homologar el uso de líneas celulares embrionarias para la investigación médica con la aceptación moral del aborto. Bajo este razonamiento aceptar una vacuna desarrollada con esta tecnología implica apoyar el aborto. En primer lugar, es necesario decir que la preocupación sobre la investigación de líneas celulares en relación a la vacunación es recurrente en los movimientos antivacunas, sin embargo no lo es en la oficialidad de la Iglesia Católica, quien se ha pronunciado en el año 2005[4],concluyendo que su uso es moral ante la carencia de alternativas tecnológicas. Segundo, que tanto la objeción de conciencia como la libertad religiosa son temas de fondo que merecen una discusión ciudadana a profundidad, que garantice la escucha de la diversidad de sectores.

Las entrevistas de Athanaius Schenieder esparcidas en una población que carece de herramientas de alfabetización informacional fueron interpretadas por muchos como una crítica tajante desde la oficialidad de la Iglesia Católica contra la vacunación. Para otros grupos fue una evidencia que mostraba el falso dilema de religión o ciencia. Incluso páginas como #Nocomocuenta del periódico la Nación[5] se apresuraron a “desligar” el supuesto llamado del Monseñor Athanasios de la conferencia episcopal costarricense. En el tema que tratamos en esta breve reflexión podemos apuntar como los receptores o consumidores de publicidad son tratados. En este caso se han sobresaltando declaraciones polémicas para redirigirlos al sitio de Youtube de una forma paternalista. Y los temas como consentimiento informado, espacio religión-civil, vacunación e investigación de líneas celulares son utilizados como excusas para la polémica, pero sin una intención de fondo por su discusión.

Una de mis conclusiones es que la viralidad de dicha entrevista corresponde más a la eficiencia de estrategias publicitarias que a la preocupación real de aclarar los temas sobre los que opina. Estas controversias benefician a medios sensacionalistas y a la vez impiden o nublan discusiones importantes de fondo acerca de la objeción de conciencia en las sociedades democráticas y la fe. En conclusión, no podemos ignorar la importancia de aprender a escudriñar las informaciones como fuentes diversas para lograr al acceso a espacios de reflexión equilibrados, que se centran en problemas fundamentales, convirtiendo a las AMI también en un eje fundamental para el diálogo y la correspondencia de lo civil y lo religioso.

 

Imagen tomada de YouTube (OLCAMI).

Compartido con SURCOS por Isabel Ducca Durán.

Fuente: https://blog.ubl.ac.cr/2021/02/38/alfabetizacion-informacional-discursos-religiosos-e-informacion?fbclid=IwAR0Obx20Fqg0tXAdSqM9vbhYh2usdhXcL6hDldhUUt3IcMwmnzFhzxohkoc

Solidaridad con la lucha de los pueblos originarios

Isabel Ducca D.

Abordar el tema de los territorios indígenas es asumir una red de conflictos muy compleja que lleva necesariamente a toda la historia de nuestro país. Sin embargo, para conmemorar los asesinatos de Sergio Rojas y Jehry Rivera, vamos a plantear algunas respuestas básicas a lo que, probablemente, son los cuestionamientos principales que surgen desde la desinformación de que somos víctimas, aún sin saberlo en muchos casos.

¿Por qué los matan?

Jehry Rivera, al igual que Sergio Rojas, fue un líder comunitario Bröran del territorio de Térraba, recuperador de un terreno que había sido de sus antepasados y había sido usurpado por personas no indígenas. Fue asesinado el 24 de febrero de 2020, exactamente a escasas tres semanas en que se cumplía un año del asesinato de Sergio Rojas, quien había sido víctima de quince dispararos en su propia casa el 18 de marzo de 2019.

Ambos asesinatos pudieron haber sido evitados si el Estado costarricense cumpliera con sus compromisos con los pueblos indígenas. En abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado costarricense adoptar medidas cautelares para garantizar la seguridad de pueblos indígenas como los Bribri por encontrarse «en riesgo debido a las acciones para recuperar sus tierras». No hubo tal protección, pese a que, en ambos casos, se habían interpuesto denuncias, petición de medidas cautelares o alertas tempranas.

El Estado es cómplice y “comparte derechos de autor” con los criminales. Quienes andan sueltos y siguen amenazando a la población indígena. De hecho, el asesinato de Jehry Rivera al año de la muerte de Sergio Rojas fue un triunfo y celebración de la impunidad con que se vanaglorian los usurpadores de los territorios indígenas.

¿Cuál es el antecedente inmediato a la recuperación de tierras?

La recuperación de tierras fue el laberinto al que lanzó el mismo Estado costarricense a la población indígena como única forma de hacer valer sus derechos, alzar la voz por su dignidad pisoteada una y otra vez, así como lograr una presencia para romper la invisibilización a la que es sometida constantemente.

En el año 2010, el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un grupo de 26 personas indígenas de distintos pueblos había tomado pacíficamente la Asamblea Legislativa para pedir que los y las diputadas votaran la Ley de Autonomía Indígena. La respuesta del “representante del pueblo” que, en ese momento, fungía como presidente de la Asamblea Legislativa, pagado por todos los costarricenses, fue sacarlos como si fueran perros del recinto legislativo en la madrugada del 10 de agosto. Ese “insigne” imitador de algún conquistador español fue Gerardo Villanueva.

Pablo Sibar Sibar, Coordinador de FRENAPI, lo recuerda:

“Sin embargo, lo que logramos fue que después de sembrarnos miedo cerrándonos los servicios, dejarnos sin luz a las dos de la mañana, fuimos expulsados y arrastrados desde el salón Beneméritos de la Patria hasta la calle donde con frio insoportable vimos con impotencia cómo actuaban. Así nos trataron solo por defender nuestros derechos. Afuera gran cantidad de ANTIMOTINES estaban listos como si fuéramos seres peligrosos.

Con mi hermano Sergio llevábamos muchos años de lucha desde FRENAPI trabajando ese proyecto y le dábamos seguimiento. Magdalena dijo: “Nada tenemos que buscar en estos peladeros, defendamos nuestras tierras en nuestros territorios, que ahí nos arrastren”.

Fue ahí cuando definimos comenzar con las recuperaciones por la vía de hecho ya que en los tres poderes de la República no existe ninguna voluntad de solucionar los derechos que nos pertenecen. Así, en el 2011 empezó Salitre con las recuperaciones por la vía de hecho y hoy esa lucha se ha extendido a Cabagra, Rey Curre, China Kicha, Térraba, Maleku y todos los pueblos que conforman el Frente Nacional de Pueblos Indígenas”.[i]

¿Son ilegales las recuperaciones de tierra por parte de los pueblos indígenas?

Toda la legislación nacional e internacional protege a la población indígena. Nicolás Boeglin lo aclaró:

«Este desalojo violento marcó la lucha, pues la dirigencia indígena presente decidió que las siguientes acciones de defensa territorial se harían desde los mismos territorios. En este punto, las y los indígenas decidieron retirarse del Valle Central y ejercer la autonomía desde sus comunidades argumentándola desde los marcos jurídicos de la Ley Indígena de Costa Rica N.º 6172, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 2007, en los que se ratifican los derechos territoriales y el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos».[ii]

No hay interpretaciones posibles a esas leyes, son claras en cuanto a la autonomía y posesión de los territorios se refiere. El problema es de otra índole.

¿Estará dispuesto el Estado y el gobierno de Carlos Alvarado a romper con una herencia racista y colonial en las celebraciones del Bicentenario?

Desde Confluencia Solidaria queremos brindar nuestro apoyo a la lucha por la justicia y autonomía para los pueblos indígenas.

Recordaremos a Sergio Rojas y a Jehry Rivera este miércoles 24 de febrero a las 6 p. m.

Usted puede unirse a este homenaje en Facebook Live de Surcos digital.

[i] Puede leer el texto completo en: Sibar, P. (2020, agosto 10). Una década de que nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa. En: Surcos digital https://surcosdigital.com/una-decada-de-que-nos-sacaron-arrastrados-de-la-asamblea-legislativa/

[ii] Puede leer el texto completo en: Boeglin, N. (2020, agosto 21). A 10 años del desalojo de líderes indígenas por parte del Congreso costarricense. En: Universidad de Costa Rica https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/08/21/voz-experta-a-10-anos-del-desalojo-de-lideres-indigenas-por-parte-del-congreso-costarricense.html#:~:text=El%20pasado%209%20de%20agosto%2C%20se%20conmemoraron%20los%2010%20a%C3%B1os,Asamblea%20Legislativa%20la%20tarde%20anterior.

Desplazamientos forzados en Costa Rica: pueblos indígenas, usurpación blanca, Estado omiso

Por Memo Acuña. (Sociólogo y escritor costarricense)

Entre el 28 y 29 de junio de 2014, mientras la mitad del país se entregaba a la euforia de la celebración por el triunfo de su selección de futbol en el Mundial de Brasil, otro tipo de euforia revestida de ira y odio racista circundaba los territorios indígenas ubicados en el sur del país.

Decenas de finqueros, hombres, blancos, armados, la mayoría de ellos con considerables rastros de ingesta de alcohol, arremetieron contra caseríos y personas del territorio Bribri de Salitre, quemaron sus ranchos, les golpearon, amedrentaron y persiguieron hasta perderlos en las montañas.

Días después de estos hechos fui invitado a participar en la Sétima Misión de Observación Independiente del Observatorio de Derechos Humanos para la Autonomía indígena (ODHAIN), en mi condición de director del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional en aquel periodo. Fuimos a observar y verificar nuevos actos de violencia y desplazamiento ocurridos solo una semana después del acontecimiento de junio. Conversamos, observamos, anotamos. Pudimos constatar en el campo las denuncias de los pobladores indígenas, pero ante todo sus temores, sus miedos fundados.

Se producía así un episodio más de una larga escalada, histórica, en que la legitimidad originaria por el derecho a la tierra y sus recursos ha sido recusada una y otra vez por la apropiación, la ocupación, el despojo y la violencia bajo la cual se escudan sectores de población no indígena para hacerse con sus territorios. La mayoría de estos eventos terminan con una expulsión violenta, inmediata y premeditada de las poblaciones indígenas, obligándolas a vivir fuera de los espacios que por ley ancestral les pertenece y sin que el Estado actúe de forma pertinente.

Es esta una dinámica no verbalizada en Costa Rica, como tantos hechos invisibilizados en su historia reciente, tales como las movilidades de población costarricense hacia el extranjero, las violencias contra poblaciones vulnerables y los desplazamientos forzados internos.

Hablar de desplazamientos forzados en una realidad como la costarricense, implica desmontar el mito sobre el cual se han construido discursos igualitarios y homogenizantes. Significa, reconocer la emergencia de un sujeto social con características particulares: des territorializado, despojado y obligado a dejar su lugar de origen y residencia. Al mismo tiempo, orienta miradas acerca de procesos que han experimentado otros países de la región centroamericana y cuyas manifestaciones vienen aumentando en Costa Rica.

Justamente violencia y despojo son dos rasgos distintivos que experimentan las poblaciones indígenas frecuentemente desalojadas de sus territorios. Por ello, entendemos la noción de desplazamiento forzado interno como una dinámica de movilidad causada por factores de expulsión y que merece ser discutida y reflexionada ampliamente en el contexto costarricense.

Por las constantes denuncias de riesgo y peligro que experimentan las poblaciones indígenas en Costa Rica, en particular las situaciones expuestas por los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, el Estado fue apercibido con una medida cautelar impuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015 en la que se le exhortaba a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de ambos pueblos.

Pese a esta consideración planteada por el organismo internacional, el Estado ha actuado con dilación, lentitud y poca capacidad de respuesta. Entre 2019 y 2020, dos dirigentes indígenas de los territorios fueron asesinados sin que hasta la fecha el sistema judicial haya actuado en consecuencia. En la actualidad, varios dirigentes y líderes indígenas siguen siendo amenazados sin que la institucionalidad judicial costarricense intervenga para su protección.

Desde el año 2020 y en plena coyuntura pandémica, el territorio cabécar de China Kichá ha sido sometido a la continuación de las tensiones producidas por la ocupación-usurpación de personas no indígenas y la recuperación legítima de sus pobladores. Nuevos actos de violencia física y agresiones a personas recuperadoras han sido documentados.

La problemática en este territorio está lejos de resolverse, pese a las acciones de incidencia impulsadas por personas dirigentes, personas recuperadoras y organizaciones sociales y académicas que acompañan a estas poblaciones. Al momento de escribir esta columna se conoció que al menos el Poder Ejecutivo, dadas las presiones de muchos actores involucrados, había emitido la declaratoria de vulnerabilidad social estipulada en la normativa, en el caso de un inminente desalojo en Yuwi Senaglö, perteneciente a este territorio.

Es preciso que la comunidad internacional se pregunte por los mitos que han sostenido la imagen del Estado costarricense como defensor de los derechos humanos. Es necesario cuestionar esta lógica de producción inversa de discurso que alimenta una forma de reconocer un Estado, pero no de profundizar en sus prácticas. De igual manera, es necesario que, en la región centroamericana, en particular en su región norte, se considere el hecho de que los desplazamientos forzados internos son una realidad incuestionable que abarca prácticamente toda la geografía centroamericana, incluyendo Costa Rica. Esta visibilización es urgente para avanzar hacia una restitución real y permanente de las definiciones ancestrales en materia de territorios y derechos, que asisten a nuestras poblaciones indígenas.

“Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua”

SURCOS comparte la siguiente publicación:

Amnistía Internacional presenta una nueva publicación a cerca de la situación de represión que se está viviendo en Nicaragua.

Adjuntamos la introducción del texto y extendemos la invitación a leer el artículo completo que se encontrará disponible para descarga al final de la nota.

  1. Introducción:

Cuando las imágenes de la violenta represión contra las protestas masivas que iniciaron en abril de 2018, por una serie de reformas al sistema de seguridad social en Nicaragua, colmaron las portadas de los principales diarios de todo el mundo, parecía que la crisis de derechos humanos en el país había llegado a su punto más álgido.

Para finales de abril de 2018 era difícil pensar que las cosas podían empeorar. El gobierno del presidente Daniel Ortega hacía uso de todo el aparato de seguridad para castigar a quienes se atrevían a manifestarse en las calles exigiendo rendición de cuentas. Dos años después, la realidad continúa superando las peores predicciones.

La evidencia y testimonios contenidos en este informe muestran la forma en la que el gobierno de Nicaragua no solo ha profundizado, sino que ha perfeccionado su aparato represivo, poniendo en práctica una serie de tácticas sofisticadas para silenciar cualquier forma de crítica y demanda social, a cualquier precio.

Las violaciones de derechos humanos, incluida a la libertad de expresión, no son nuevas en Nicaragua. Sin embargo, el uso de nuevas herramientas, como algunas de las que serán presentadas y descritas en este documento, indican el comienzo de un capítulo más sombrío en la historia reciente del país.

Durante abril y mayo de 2018, las autoridades hicieron un uso excesivo, desproporcionado y, con frecuencia, innecesario de la fuerza e implementaron una estrategia en ocasiones deliberadamente letal contra las personas que se manifestaban.1

La negativa del gobierno a cesar la represión, en los meses posteriores, continuó sumando víctimas fatales y heridos a manos de agentes del Estado y grupos parapoliciales armados afines al gobierno, lo que aumentó la indignación social. Numerosas localidades respondieron a la estrategia represiva levantando barricadas y, en ocasiones, utilizando morteros artesanales para defenderse.

En respuesta, en julio de 2018, Ortega anunció la “Operación para la Paz”, que se conoció popularmente como “Operación Limpieza”. Ésta consistió en destruir por la fuerza las barricadas y enviar a grupos combinados de fuerzas parapoliciales armadas y agentes de la Policía Nacional a enfrentar a quienes se manifestaban. 2

En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la puesta en marcha de la Operación Limpieza estaba marcando un punto de inflexión en la crisis de derechos humanos en Nicaragua. 3

Pocos meses después, en diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua, instalado bajo el auspicio de la CIDH con el fin de coadyuvar en las investigaciones de los hechos violentos ocurridos en el contexto de las protestas, concluyó que la respuesta represiva del Estado se dio en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. El GIEI afirmó que las autoridades nicaragüenses realizaron “conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”. 4

A pesar del escrutinio internacional, la respuesta represiva contra quienes se manifestaban y promovían el respeto a los derechos humanos continuó durante 2019.

De acuerdo con datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), en el 2019 se continuaron reportando casos de homicidios selectivos de personas identificadas como participantes en las protestas o como opositoras al gobierno, incluyendo al menos 40 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, muchas contra personas campesinas.5

Durante ese año el gobierno se cerró al escrutinio internacional y no permitió la entrada de organismos internacionales de derechos humanos, situación que continuaba hasta finales del 2020.

Organizaciones locales actualmente denuncian que las autoridades siguen utilizando al Poder Judicial como uno de los brazos represivos para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios.6 A finales de noviembre de 2020, fecha de finalización de este informe, más de 100 personas continuaban tras las rejas de manera arbitraria.7

Dentro de las cárceles, las personas detenidas bajo cargos que podrían esconder una motivación política siguen reportando malos tratos y hostigamiento, como elementos adicionales de castigo por sus actividades. Además, fuera de las cárceles, quienes trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos son víctimas de una campaña de hostigamiento sistemática, diseñada para detener su labor.

Fuera de las prisiones, activistas excarceladas y sus familias denuncian que el acoso tras volver a sus hogares es tal que les impide ejercer cualquier tipo de trabajo relacionado con los derechos humanos, u otras actividades. En algunos casos, el hostigamiento se materializa en actos de intimidación y acoso por parte de la policía, fuerzas parapoliciales o redes de control local vinculadas con las autoridades.

En otros casos, la represión es más directa. Desde 2018, el gobierno ha cancelado el registro legal y confiscado los bienes de al menos 10 organizaciones de derechos humanos. Las autoridades también han criminalizado a periodistas y cerrado medios de comunicación considerados críticos.

Durante la segunda mitad del año 2020, la Asamblea Nacional, controlada en su mayoría por miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido del presidente Daniel Ortega, aprobó una serie de leyes que restringen considerablemente el ejercicio de los derechos humanos. La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros,8 por ejemplo, cuyo aparente objetivo es fiscalizar el dinero que organizaciones reciben para evitar la “injerencia extranjera”, en la práctica podría forzar a las organizaciones a cerrar sus puertas ante los obstáculos para financiar sus actividades legítimas.

La Ley Especial de Ciberdelitos, por su parte, bajo el pretexto de evitar la propagación de “noticias falsas”, define un marco legal que puede ser utilizado para castigar penalmente a quienes expresen opiniones que, a los ojos de las autoridades, “produzcan alarma, temor o zozobra”.9 En la misma línea, se aprobó, en primera lectura, una reforma constitucional que permitiría la pena a perpetuidad. Debido a la vaguedad del texto que se propone reformar, existe el temor fundado de que sea otra herramienta que pueda ser utilizada para criminalizar a personas percibidas como opositoras.

Personas defensoras de derechos humanos temen que lo peor todavía no ha llegado. Afirman que, en el contexto preelectoral de cara a los comicios presidenciales de noviembre 2021, las violaciones a los derechos humanos, que no se han detenido, se recrudecerán mientras el gobierno busca silenciar cualquier forma de oposición, a cualquier costo.

Mientras tanto, la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus familiares, quienes han sido objeto de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, y de otras violaciones de derechos humanos o de crímenes de derecho internacional, continúan siendo una ilusión.

Tras la finalización de este documento, en noviembre de 2020, los reportes sobre el incremento de los actos de hostigamiento contra las personas identificadas como opositoras al gobierno, defensores de los derechos humanos, periodistas, así como víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias, continuaron sin pausa. Adicionalmente, en diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, cuya aprobación fue rechazada por la CIDH, quien además señaló que su contendido limita el ejercicio de los derechos políticos protegidos por las normas internacionales de derechos humanos. 10

 

Enviado por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Comunicado Público: Juez reitera desalojo de Yuwi Senaglö, recuperación en Territorio Cabécar de China Kichá

Estado de Costa Rica insiste en desalojo de miembros del Pueblo Cabecar de China Kichá.
• En el ámbito judicial persisten serias irregularidades y el Ejecutivo no responde a solicitud de declaratoria de vulnerabilidad social del desalojo de Yuwi Senaglö.

Martes 16 de febrero de 2021. El 28 de setiembre de 2020 un grupo de familias del Pueblo Cabécar de China Kichá (al sur de Costa Rica) ante la ocupación ilegal de su territorio por parte de personas no indígenas y la omisión del Estado de Costa Rica al no garantizar su integridad territorial, decidieron iniciar el proceso de recuperación del terreno Yuwi Senaglö, ejerciendo su derecho humano colectivo a la tierra-territorio de acuerdo al bloque de constitucionalidad y legitimados por su cultura e historia.

Hasta ese momento el terreno estaba siendo ocupado ilegalmente por Miguel Vargas Mata, persona no indígena. Ese mismo día Vargas Mata logró ingresar a la casa que se ubica en el terreno, casa que se encontraba rodeada y custodiada completamente por la Fuerza Pública, donde se mantiene atrincherado hasta el día de hoy y sin existir una explicación satisfactoria y verosímil por parte del Ministerio de Seguridad sobre la forma en que Vargas logró ingresar a la edificación.

El 13 de octubre de 2020 el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria) Expediente No. 20-000018-1555-AG-1, mediante resolución 48-2020 acoge la medida cautelar solicitada por Miguel Vargas (como parte actora) y ordena el desalojo de las familias recuperadoras Cabécares (como demandados), resolución que es ratificada el 1 de febrero de 2021 por el mismo Juzgado, ordenando a la Policía de Proximidad de Pérez Zeledón proceder con el desalojo de las y los recuperadores Cabécar; ambas resoluciones contrarias al Bloque de Constitucionalidad y violatorias de los Derechos Humanos del Pueblo Cabecar de China Kichá.

Hasta el día de hoy, ambas resoluciones no han sido notificadas personalmente, ni conforme a la ley a la totalidad de las y los demandados; ante evidentes vicios en el cumplimiento del acto de notificación, el 15 de octubre las y los demandados interpusieron un incidente de nulidad del acto de notificación, sin embrago, hasta el momento no se les ha respondido dicho incidente, ni se corrigieron las irregularidades en las notificaciones. Esta causa es conocida por el Juez Jean Carlo Céspedes Mora quien mantiene relaciones de parentesco con personas no indígenas que ocupan territorios indígenas; hoy mismo las y los recuperadores interpusieron 2 incidentes de suspensión y nulidad que esperan se resuelvan conforme a Derecho.

Ante las graves consecuencias que traería la ejecución de esta orden de desalojo judicial, las y los recuperadores acompañados por la Asociación de Desarrollo Indígena de China Kichá, presentaron hoy martes 16 de febrero, formal Solicitud de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Yuwi Senaglö, ante el Viceministerio de la Presidencia y el de Seguridad, este último ente encargado de otorgar dicha declaratoria. (Se adjunta Solicitud).

Esta es la tercera ocasión que se presenta formalmente dicha solicitud, la primera fue el 13 de noviembre de 2020, la segunda el 21 de diciembre de 2020 ante la cual el Ejecutivo sobre la Solicitud indicada “es un tema que está siendo analizado por los Ministerios encargados”.

El día de hoy las y los recuperadores de Yuwi Senaglo con el apoyo de la ADI reiteraron su Solicitud de que el Ministerio de Seguridad declare la Vulnerabilidad Social del Desalojo de Yuwi Senaglö; lo anterior de acuerdo a las facultades y obligaciones que asisten al Poder Ejecutivo según el Decreto Ejecutivo No.39227-MP-MSP-JP-MIVAH-MDIHS que crea la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID) y el Procedimiento Especial para la atención de desalojos considerados de vulnerabilidad social, tomando en cuenta el antecedente de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Kono Jü y en aras de lograr la paz social del Pueblo Cabecar de China Kichá.

Las y los miembros, recuperadoras y recuperadores del Pueblo Cabécar de China Kichá y las organizaciones y personas que suscriben este Comunicado Público manifestamos:

1. Denunciamos las irregularidades presentadas en el Expediente No. 20-000018-1555-AG-1 que se tramita en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria).
2. Solicitamos al Poder Judicial se investigue una vez más el actuar del Juzgador Jean Carlos Céspedes Mora, encargado de dicho expediente y por fin se establezcan las responsabilidades administrativas y penales del caso.
3. Demandamos que el Poder Ejecutivo emita la Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo Yuwi Senaglö en un plazo máximo de 3 días a partir del día de hoy, ya que han contado con 3 meses para el análisis y resolución de la solicitud.
4. Demandamos que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de garantizar la integridad territorial del pueblo Cabecar de China Kichá y sin más dilaciones realice los desalojos administrativos de personas no indígenas que ocupan ilegalmente este Territorio y así devolver la totalidad del Territorio al Pueblo Cabecar de China Kichá.

¡NO AL DESALOJO DE YUWI SENAGLÖ!

Organizaciones firmantes:
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc.
Recuperador@s Cabecar de Kono Ju de China Kichá.
Recuperador@s Cabecar de Sa Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperador@s Broran de Crun Shurin.
Recuperador@s Broran de Finca San Andrés.
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica.Asociación de Productores de Finca 10.
Comité de lucha por la tierra de finca Changuina.
Cootraosa.
Voces Nuestras.
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores.
Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia.
SOJUPANO de Palmar de Osa.
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA).
SERBUSUR de Finca Puntarenas.
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Personas firmantes:
Mauricio Alvarez Mora, cédula 1 0877 0217proyecto ED-3526 Educación Popular y Geografía, Kioscos Ambientales UCR.
Marvin Amador Guzmán cédula 1 0673 0592, docente, investigador, UCR.
Luis Mariano Sáenz Vega, cédula 3 0220 0485, docente e investigador UCR.
Denia Román Solano, cédula: 3 0305 0908. Docente Escuela de Antropología. UCR.
Xinia Zúñiga Muñoz 104880642 investigadora UNED.

Enviado a SURCOS por Mauricio Álvarez Mora,

Hacia la revolución lúdica

El momento más importante es el momento de la creación, es el momento de la emoción, no cuando la obra se termina y firma puesto que entonces, ya no tiene importancia. Leopoldo Flores Valdés (1934-2016)

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

El Cosmovitral Jardín Botánico, en Toluca México, es una obra artística monumental que recoge y expresa la rica tradición muralista mejicana. Una obra excelsa y maravillosa que narra el origen de la humanidad. Fue realizada por el pintor, muralista y escultor Leopoldo Flores Valdés.

En la placa que se erigió en su honor quedó consignada la frase que utilizamos como epígrafe de este artículo, donde se expresa con elocuencia el sentido y el significado del quehacer artístico. Para Leopoldo Flores, el “momento más importante”, en el que se disfruta emocionalmente, se da en el proceso de creación de la obra. El momento en que se concluye y se estampa la firma “no tiene importancia”.

 Efectivamente, es deseable que en el quehacer humano prevalezca la dimensión lúdica sobre la dimensión utilitaria y mercantil. Sin embargo, en el sistema productivista actual, por la primacía que se da al valor de cambio y a la acumulación, el acento se pone en los resultados más que el proceso de producción. El trabajo tiende a degradarse y deshumanizarse ahí donde persisten concepciones y condiciones de trabajo que no contribuyen a la realización emocional y vital del ser humano.

Los avances científico-tecnológicos que aceleran y maximizan los procesos productivos deberían, por eso mismo, contribuir a humanizar el trabajo. Es decir, ofrecer condiciones laborales donde el trabajador-creador (homo faber) disfrute emocionalmente y lúdicamente del mismo (homo ludens). Esta sería, por ejemplo, la sana expectativa de la modalidad de “trabajo en casa”, pero resulta, en la mayoría de los casos, que las jornadas se alargan con impactos negativos para el tejido afectivo familiar.

En el sistema productivo dominante, lo lúdico se concibe al margen del proceso de producción. Por eso se habla del “tiempo libre” destinado a las actividades recreativas. La alternativa sería crear las condiciones óptimas para que el proceso productivo también se convierta en una actividad lúdica, que produzca placer y, como tal, que permita y facilite el despliegue del mayor potencial del ser humano, como sujeto creador-productor. Sin embargo, la tendencia es a hacer del trabajador un apéndice de las nuevas tecnologías, es decir, hacia la robotización del ser humano.

En este aspecto, debemos apostar por la revolución lúdica, que reivindique el derecho que tiene todo ser humano a disfrutar plenamente del trabajo creativo y productivo. Para ello, es necesario que el Estado impulse políticas que garanticen condiciones de trabajo digno. Es decir, que vele por la defensa de los derechos humanos de los trabajadores, y que no permita, bajo ninguna circunstancia, que se aproveche la crisis de desempleo para que se devalúen las condiciones de trabajo, y se legitime la sobreexplotación del trabajador. No habrá verdadera reactivación económica sin trabajo digno y decente.

Asimismo, la crisis fiscal y de la deuda pública no deben convertirse en una excusa más para la sobreexplotación del trabajador público, ahora a punto de ser sometido a los dictámenes de una “Ley de Empleo Público” que pretende precarizar más el salario e impedir la negociación de mejores condiciones para el desempeño de un trabajo digno y saludable. Para ello, hay que contrarrestar la campaña mediática de subterfugios que buscan presentar los derechos de los trabajadores como privilegios inmerecidos.

Hoy, a las puertas de la revolución de la Inteligencia Artificial, se empiezan a ver señales de una “revolución” más, que al parecer tampoco alcanzará a superar las condiciones del trabajo alienado. Todo parece indicar que hay un convenio tácito entre algunos sectores empresariales y gobiernos, dirigido a deteriorar las condiciones de trabajo. La lógica productivista es conducida a los extremos de una sobrexplotación “esclavista” del trabajo humano, algo que también ha evidenciado la pandemia del Covid19.

La revolución de la Inteligencia Artificial tendrá que ser lúdica o no será una verdadera revolución humanista. No podemos permitirnos un avance científico-tecnológico más, acompañado de un retroceso humano y social.

Campaña: “Una hora para Palestina”

SURCOS comparte la siguiente invitación:

Todos los sábados iniciando en febrero al 01 de mayo a las 5:00pm se estará llevando a cabo una campaña por medio de una transmisión de Facebook Live en Red de Solidaridad con Palestina/Costa Rica, lleva por nombre: “Una hora para Palestina” y tiene la finalidad de expresar al Pueblo Palestino, desde Costa Rica, amistad y solidaridad, generando atención y acciones diversas en relación a las necesidades actuales que enfrentan como Pueblo.

La invitación es para que en conjunto se destine una hora por semana al tema palestino: buscar noticias, e informaciones, imágenes, videos o expresar opiniones, oraciones, poemas, música, arte, gastronomía, folclor, luchas o gestiones que se realizan desde el mundo o Costa Rica para la solidaridad y el respeto de los derechos humanos y de la causa este pueblo que lleva 73 años en resistencia.

En el siguiente video pueden encontrar más información:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=762816424631872&ref=watch_permalink

Adjuntamos la invitación formal al evento:

 

Imagen destacada tomada de Telesur.

La ilegalidad normalizada en territorios indígenas de Costa Rica

Observatorio de Derechos Humanos emite 18avo informe sobre situación en Térraba.

A solicitud y por invitación de Recuperantes de la Finca Crun Shurín y del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) se llevó a cabo la 18ava. Misión ODHAIN en Territorio Brörán de Térraba, en vista del aumento de la violencia, por amenazas de muerte, hostigamiento y daños de la naturaleza mediante incendios provocados, destrucción del patrimonio arqueológico y profanación de lugares sagrados, quema de cultivos, daños a cercas y enseres domésticos, así como instigaciones racistas contra las personas recuperadoras.

El surgimiento de nuevos episodios de violencia por conflictos de tierra y territorio se suma al aumento de la tensión que eventualmente podría desembocar en hechos lamentables de pérdidas de vidas humanas como ya ha sucedido en fechas recientes.

El informe presentado hoy 12 de febrero recoge la información sobre la misión que visitó el pueblo Brörán, territorio Térraba, en Buenos Aires de Puntarenas, al sur del país, los días 24,25 y 26 de agosto del 2020. El informe es un documento extenso que recoge testimonios de entrevistas realizadas en el territorio y por vía digital así como registros fotográficos de la vista. La Misión estuvo conformada por Ana Castillo Delgado, del Servicio de Paz y Justicia, Sussy Gonzáles Gonzáles de la Comisión Justicia, Paz e integridad de la creación y Víctor Madrigal Sánchez por el Proyecto Tierra Encantada de la Universidad Nacional.

El documento será enviado a autoridades nacionales e internacionales, entre ellas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un llamado de atención y de alerta temprana sobre la situación conflictiva, tensa y de irrespeto a los derechos humanos. La violencia, una constatación del Informe del Observatorio, se origina en las invasiones a las tierras ancestrales del pueblo Brörán de Térraba y en la inoperancia del Estado/gobierno de Costa Rica en realizar la devolución de la tierra a sus legítimos dueños.

Las principales conclusiones de la 18ava Misión del Observatorio de Derechos Humanos (ODHAIN):

  1. Se constata en las entrevistas realizadas, las denuncias de amenazas de muerte y la necesidad de presencia policial preventiva y disuasiva ante el clima de violencia y tensión que se vive en el Territorio indígena de Térraba. Esa situación de violencia podría intensificarse y generar eventos lamentables con pérdida de vidas humanas.
  2. El origen de la violencia contra los pueblos indígenas no debe situarse en el legítimo reclamo del derecho a la tierra, ni en la recuperación de hecho de la tierra por parte de personas brörán, sino que el detonante de la violencia debe ubicarse en la injusta invasión histórica de la tierra y el territorio indígena y en la inacción del Estado costarricense en implementar el derecho indígena.
  3. La recuperación territorial indígena emprendida para romper el injusto orden establecido desde el periodo colonial estriba en la claridad de conciencia de los pueblos originarios acerca del derecho indígena nacional e internacional y el arraigo a la espiritualidad en torno a la perspectiva de la tierra como Madre que nutre y sostiene la vida. “La tierra es Madre y hermana de caminada cultural”.
  4. La información recopilada evidencia una lucha para recuperar y retomar la tierra y el territorio ancestral brörán por medios pacíficos, sin ostentación de fuerza o violencia, apenas con la convicción y confianza de que se trata de una lucha justa.

El Observatorio (ODHAIN) recomienda:

  1. Al Ministerio de Gobernación y Policía. La presencia policial en el territorio Térraba debe cumplir una función preventiva y disuasiva de violencia para lo cual debe atender de forma pronta y oportuna al llamado que realizan desde las recuperaciones territoriales. Dado a la existencia en el cantón de Buenos Aires de actitudes de odio y racismo contra indígenas deben seguirse protocolos estrictos de formación y capacitación al interno del cuerpo policial a fin de que su actuación sea ejemplar.
  2. Al INDER como institución del Estado a cargo de la tierra, debe priorizar y asignar recursos necesarios para dar cumplimiento a la Ley Indígena 6172, sin más dilaciones.
  3. Que el Estado/Gobierno cumpla de inmediato con el Protocolo de Implementación de las Medidas Cautelares establecidas por la CIDH para los Territorios de Salitre y Térraba e informe de manera pública y periódica a los pueblos interesados y al país.
  4. A los tribunales de Justicia. Que atiendan el clamor de justicia por los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jhery Rivera Rivera. Recordando que los Estados siempre serán responsables, en sus países, de cualquier violación a los Derechos Humanos, sean estas por acción u omisión.

Finalmente, el Informe destaca la percepción de un clima de racismo e incomprensión de la lucha indígena por recuperar sus tierras ancestrales, abonado por el sentimiento de inseguridad por el asesinato impune de sus líderes, así como de incredulidad en la política pública del Estado que no logra el saneamiento o devolución de las tierras invadidas.

Síntesis. Víctor Madrigal Sánchez vic705@gmail.com

Puede descargar el informe en el siguiente enlace:

Arturo Fournier: En Comisión sobre violencia y racismo en EE.UU escuchamos, recabamos pruebas y haremos sugerencias

El abogado costarricense y defensor de derechos humanos, Dr. Arturo Fournier, recibió testimonios en la Comisión Internacional de investigación sobre racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en los Estados Unidos, los días 1, 3 y 5 de febrero.

La Comisión reúne a 12 juristas de Japón, India, Pakistán, Francia, Reino Unido, Kenia, Sudáfrica, Nigeria, Barbados, Antigua, Jamaica y Costa Rica para indagar de manera independiente, complementando con los testimonios de los abogados y familias de las víctimas.

“De momento se están oyendo testimonios de familiares, porque lamentablemente las demás personas fueron víctimas fatales y no están vivas. Han sido esposas, hijos y abogados que los han representado”, comentó Fournier a SURCOS, y agregó que “la Comisión busca demostrar cómo juristas del mundo estamos interesados en escuchar, recabar pruebas y hacer sugerencias”.

En junio de 2020 organizaciones de derechos humanos y fundaciones tales como Mothers against police brutality solicitaron a Naciones Unidas una investigación a raíz de los hechos ocurridos en Minnesota, los cuales acabaron con la vida de George Floyd y otras personas afrodescendientes.

Ante la negativa, la Asociación Internacional de Abogados Democráticos (International Association of Democratic Lawyers-IADL), la Conferencia Nacional de Abogados Afroamericanos (National Conference of Black Lawyers-NCBL) y el Gremio Nacional de Abogados (National Lawyers Guild-NLG) de Estados Unidos conformaron la comisión independiente.

“El ideal sería que fuera el sistema internacional de los derechos humanos porque es algo más institucionalizado, más organizado de acuerdo al sistema internacional vigente, pero en Estados Unidos se usa mucho la formación de comisiones privadas”, dijo Fournier.

Las conclusiones y recomendaciones de la Comisión serán enviadas al Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Los testimonios

De acuerdo con Fournier, en los testimonios se evidencia un patrón sobre los constantes casos de brutalidad policial hacia afrodescendientes.

“Un abogado mencionaba que en el estado de Kansas se tiene como política dispare primero, pregunte después, y eso nos lleva a la facilidad en el uso de armas, de la fuerza letal”, mencionó el abogado.

El abogado y testigo, Stacy Sylvester Lee Merritt, aportó en el testimonio del 27 de enero estudios que establecen que los afroamericanos tienen al menos 2.5 más de posibilidades de ser asesinados por agentes de la policía, que cualquier otro ciudadano.

“El modelo de aplicación de la ley en Estados Unidos representa la cultura policial más mortífera del mundo moderno”, indicó S.Lee en el testimonio.

Fournier aportó a SURCOS cifras de una investigación periodística del medio The Guardian en la cual exponen que en los primeros 24 días de 2015, la policía de los Estados Unidos disparó a matar en mayor número que la policía en Inglaterra y Gales en 24 años.

Según el abogado costarricense, los testigos relatan que algunos de los agentes de policías con casos de agresión aún continúan trabajando, les han sugerido que se pensionen o los pasan a hacer labores de oficina, pero pocos son despedidos.

“Una de las cosas que estamos sugiriendo, y que ha pedido mucha de la gente, es que se haga un esfuerzo institucional, de parte de todos los departamentos de policía y de las ciudades, para que haya una mejor educación y formación de los policías para que no usen con tanta facilidad el arma y los disparos”, comentó, y agregó que la mayoría de víctimas de violencia policial no portaban armas.

En opinión de Fournier, pese a que el racismo y la discriminación llevan siglos, y por tanto es un problema sistémico, los gobiernos pueden dar pasos importantes. “El presidente Biden ha hecho un par de referencias al racismo, y evidentemente Biden es muy diferente a Trump, entonces esperamos que el cambio de administración pueda traer algo bueno”, agregó.

Estados Unidos no acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de modo que las víctimas que no han visto resueltos sus casos en el país no pueden elevarlos al sistema interamericano.

“Lo que recomendaré al final es que el gobierno de los Estados Unidos incorpore a su país a la Corte IDH y al sistema interamericano de derechos humanos. El presidente Biden ha dado unos pasos positivos en sus primeros días y esperamos que tenga disposición a tomar algunas otras determinaciones que son buenas para Estados Unidos, para el sistema en su generalidad, y evidentemente para la población”, expuso Fournier.

Al consultar a Fournier acerca del rol que juegan los medios de comunicación y generadores de opinión pública, mencionó que su papel es fundamental para que la gente se dé cuenta de la gravedad del asunto y tome conciencia de la necesidad de hacer cambios y enmendar, e incluso es una de las preguntas que ha incorporado en las audiencias con los testigos.

Larga trayectoria

Fournier ha dedicado su vida a trabajar en la defensa de los derechos humanos de todas las generaciones. El abogado ha cooperado con organizaciones como la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, entre otras.

Tras haberse desempeñado como Embajador de Costa Rica en Rusia de 2016 a 2018, tomó la decisión de jubilarse. “Lo más bonito es que yo no concursé, no envié mi currículum, sino que me consideraron. Inicialmente había una lista grande como de 25 personas. Como latinoamericano y costarricense eso me llena mucho de orgullo”, destacó.

Las grabaciones de los testimonios son de acceso público. Puede encontrarlas aquí con sus respectivas transcripciones.