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Etiqueta: derechos humanos

Costarricense Dr. Arturo Fournier Facio recibirá testimonios en Comisión Internacional que investiga la situación de violencia policial y racismo sistémico en EEUU

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

El Dr. Arturo Fournier Facio, quien destaca como único comisionado latinoamericano entre los 12 que conforman la Comisión Internacional de investigación sobre racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en los Estados Unidos, estará recibiendo testimonios los días 1, 3 y 5 de febrero a partir de las 6:00 pm.

En junio de 2020 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó la continua discriminación racial, racismo estructural en el sistema de justicia y prácticas violentas perpetradas contra personas afrodescendientes en los Estados Unidos, particularmente ante los eventos ocurridos en Minnesota en el mes de mayo y que acabaron con la vida de George Floyd y otras personas afrodescendientes.

Así, la Asociación Internacional de Abogados Democráticos (IADL), la Conferencia Nacional de Abogados Negros (NCBL) y el Gremio Nacional de Abogados (NLG) decidieron convocar una Comisión Internacional de Investigación compuesta por Miembros Expertos Distinguidos de África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe.

La Comisión remitirá un informe final con los hallazgos al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, autoridades competentes y público general. Las audiencias públicas de investigación se realizarán de manera remota, dentro de las cuales participará el Dr. Fournier junto al comisionado de Japón.

Para más información puede visitar el sitio web: www.inquirycommission.org

 

Imagen ilustrativa.

#EsTiempoDeUnaMujer en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Diversas organizaciones y colectivos enviarán una carta abierta dirigida al presidente, primera vicepresidenta y segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reiterar la solicitud de que la CIDH seleccione a una mujer como su próxima Secretaria Ejecutiva.

En 60 años de labor, la CIDH solo ha contado con una mujer en la Secretaría Ejecutiva, en contraste con 9 hombres en dicho puesto.

Puede apoyar la petición en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4Xb9_AwO2DiRz-8UFh9-ONB0I94xYAw2BjfvRMuhO9MjUew/viewform

“Enero 22, 2021

Joel Hernández García, Presidente
Antonia Urrejola Noguera, Primera VicePresidenta
Flávia Piovesan, Segunda VicePresidenta

Estimada Comisión:

Las firmantes de esta carta queremos reiterar nuestra solicitud de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) seleccione a una mujer como su próxima Secretaria Ejecutiva. Reconocemos el valor de la inclusión de seis candidatas en la lista corta y esperamos también que se incluya una mayoría de mujeres en la lista final, como un cambio positivo de experiencias pasadas y como una acción afirmativa para incrementar las posibilidades de seleccionar a una mujer.

Seleccionar a una mujer avanzará el cumplimiento de la Resolución 1149 (2020) de la OEA reconociendo que “la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en la toma de decisiones y en las más altas escalas laborales, sigue siendo un reto para la Organización”, así como el compromiso que “aumente progresivamente la participación y representación de las mujeres en los puestos de toma de decisión al interior de la Organización […] con el objetivo de alcanzar la paridad, entendida como la participación igualitaria y activa de las mujeres en su dirección y composición”.

Debido a que la CIDH entra en una nueva fase en el proceso de selección, evaluando a las candidaturas incluidas en la lista corta, tenemos el honor de compartir con ustedes los requisitos que consideramos son esenciales para la posición de Secretaria Ejecutiva. Estos requisitos son más explícitos que los requisitos generales de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos para servir en tan importante puesto, de acuerdo a los artículos 22 del Estatuto y 11 del Reglamento de la CIDH.

  1. Compromiso real en la defensa de derechos humanos y fuerte dedicación a la igualdad. En particular, la nueva secretaria ejecutiva debería tener un récord comprobado de compromiso con y experiencia práctica en derecho de las mujeres a la igualdad, incluido trabajo directo a nivel nacional e internacional. La próxima Secretaria Ejecutiva necesita tener experiencia demostrada trabajando directamente y extensivamente con mujeres, niñas y adolescentes diversas en situación de mayor vulnerabilidad. Una fuerte conexión con los movimientos de derechos de las mujeres y feminismo debería ser altamente valorado.
  2. Competencia para ejercer un liderazgo feminista interseccional: en estos tiempos desafiantes para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la causa de los derechos de las mujeres en la región, creemos que el funcionamiento efectivo de la CIDH requiere un liderazgo que enfatice la cooperación, comparta el poder entre equipos, y practique una genuina participación en la toma de decisiones. Buscamos un liderazgo transformador, que estimule dentro de la CIDH los cambios que buscamos en las estructuras culturales y políticas.
  3. Un récord probado en la construcción de liderazgos femeninos y abordando los prejuicios raciales, de género y otros así como los obstáculos que impiden el avance profesional de las mujeres dentro de las instituciones debería ser altamente valorado. Esto es particularmente relevante teniendo en cuenta que el personal de la CIDH está compuesto predominantemente por mujeres. La próxima líder debe tener habilidades para crear un ambiente de trabajo seguro para que las mujeres puedan participar y desarrollarse profesionalmente, así como poner en práctica y promover el autocuidado y cuidado colectivo.
  4. Habilidad comprobada para generar diálogo con todos los actores de la comunidad internacional es fundamental para desempeñar un cargo tan importante. Buscamos un liderazgo pueda generar un diálogo centrado en las normas y principios de derechos humanos y que desafíe las instituciones y sistemas patriarcales y racistas, en línea con una Política Exterior Feminista. El dominio de los idiomas oficiales de la OEA ayudarían a hacer más efectivo este diálogo.
  5. Un record personal libre de acusaciones de acoso laboral y violencia contra las mujeres, y un récord probado de instituir mecanismos de rendición de cuentas y responsabilidad para atender estos asuntos dentro de las instituciones que ha liderado, de acuerdo a los más altos estándares y normas interamericanos de derechos humanos.

Solicitamos a la CIDH que valore los criterios antes señalados al momento de adoptar su decisión final, e incluso solicite a las personas preseleccionadas que se refieran a su experiencia en estos importantes asuntos.

Confiamos que la CIDH sabrá honrar la deuda histórica que tiene en relación con la representación de mujeres en este importante cargo”.

 

Compartido con SURCOS por Marcia Aguiluz.

SEDAC: “reafirmamos nuestro compromiso cristiano en favor de las personas que se movilizan en las caravanas migrantes”

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el pronunciamiento del Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC):

“«Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran» (Rm 12,15). Cuando el corazón asume esa actitud, es capaz de identificarse con el otro sin importarle dónde ha nacido o de dónde viene”.
Papa Francisco. Fratelli Tutti 84

El Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC), ante los flujos migratorios mixtos que se desplazan en caravana, a la opinión pública regional:

Manifiesta

  1. Los obispos de América Central, desde nuestra caridad pastoral reafirmamos nuestro compromiso cristiano en favor de las personas que se movilizan en las caravanas de migrantes que en los últimos días han salido desde Honduras buscando llegar hasta Estados Unidos. Estamos atentos a este hecho y queremos servir a los hermanos migrantes desde nuestras posibilidades.
  2. Reconocemos y respetamos el legítimo derecho a la soberanía de los países involucrados en el tránsito de estos migrantes. Sin embargo, en nombre de la caridad política auspiciada por el Papa Francisco, les pedimos que no se vulneren sus Derechos Humanos y que haya una actitud profundamente humanitaria hacia los mismos independientemente de su situación migratoria.
  3. Ante las eventuales situaciones de hechos de violencia, hacemos un llamado urgente a las instituciones garantes y fiscalizadoras del cumplimiento y respeto de los derechos humanos y de las garantías constitucionales a que se mantengan en total alerta y en monitoreo constante para defender a las personas, especialmente las mujeres y los niños.
  4. La debida atención de los flujos migratorios mixtos en toda su dimensión no es asunto de un solo país. Por ello reiteramos el llamado a los gobiernos de la región y México a trabajar de manera conjunta, integral y humana la realidad migratoria regional. De nuevo lo recordamos: hay que atacar las causas estructurales que originan la migración.
  5. Exhortamos a las autoridades respectivas a garantizar la seguridad de las personas migrantes que transitan en sus respectivos países, impidiendo que sean víctimas del crimen organizado y la delincuencia común.
  6. Requerimos de los Estados involucrados a que se respete el derecho de acceso al territorio y la no devolución de todas aquellas personas que tienen una necesidad especial de protección internacional. Asimismo, instamos a que se respete la unidad familiar.
  7. Hacemos un llamado a los gobiernos de la Región, a desarrollar políticas que efectivamente brinden oportunidades de superación a todos, principalmente de estudio para los jóvenes y trabajo para los adultos; para que no se vean obligados a dejar su propio país, poniendo en tan alto riesgo sus vidas.
  8. Reiteramos nuestro respaldo y manifestamos nuestra gratitud a todas aquellas personas y organismos de la Iglesia que en primera fila brindan la atención humanitaria. Ese es el ejemplo del Buen Samaritano pedido por el Señor Jesús.
  9. Pedimos a Dios, por intercesión de Santa María de Guadalupe, proteja a nuestros hermanos migrantes y bendiga a todos los que les ayudan.

San Salvador, 19 de enero de 2021.

Mons. José Luis Escobar Alas
Presidente del SEDAC

Mons. Gregorio Cardenal Rosa Chávez
Secretario General del SEDAC

La superación de la pandemia de COVID-19 sólo es posible con políticas de vacunación universal y sin discriminación por nacionalidad o condición migratoria

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

SURCOS comparte el pronunciamiento del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL):

  • Más de 400 organizaciones y personas de todo el continente americano exigen a los Estados de la región que las políticas contra la pandemia no dejen a ninguna persona atrás.

Las Américas, 18 de enero de 2021. En el contexto de la emergencia sanitaria actual, y frente a la inminente creación y ejecución de planes de vacunación en todo el continente americano en contra de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19), las organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas, especialistas, defensoras y defensores de derechos humanos, y pueblos indígenas abajo firmantes exigimos a las autoridades de todos los Estados de la región a garantizar a las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas el acceso a todos los servicios de salud y vacunación sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad que el resto de la población que se encuentra bajo la jurisdicción de cada Estado. Obligaciones legales ineludibles y fundamentos básicos de salud pública hacen imprescindible la universalidad en el acceso a todas las medidas que los Estados implementen frente a la pandemia del virus COVID-19.

Recordamos a las autoridades que la obligación de respetar y garantizar los derechos de la vida, integridad y salud de absolutamente todas las personas que se encuentren en su territorio y bajo su jurisdicción está expresamente establecida en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos adoptados y ratificados por los mismos Estados, los cuales tienen carácter vinculante. Entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo de San Salvador», el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

El derecho a la salud se debe garantizar sobre la base del principio de igualdad y no discriminación, principio vertebrador de todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) desarrollado por los Estados desde mediados del siglo pasado. Los órganos internacionales creados por los Estados a través de los tratados, han reafirmado una y otra vez esta obligación, enfatizando la prohibición de discriminación por razones como la nacionalidad, el tiempo o tipo de residencia, o la condición migratoria:

  • El Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al interpretar el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud, ha señalado que los Estados deben abstenerse de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluyendo las personas en situación migratoria irregular, garantizando el acceso a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos. Asimismo, ha reafirmado la obligación de garantizar a las personas migrantes los derechos protegidos en el Pacto (PIDESC), incluyendo el derecho a la salud, sin ninguna discriminación.
  • Los Comités de Derechos de Trabajadores Migratorios y de Derechos del Niño han subrayado que las restricciones impuestas al derecho a la salud de los migrantes adultos a causa de su nacionalidad o su situación migratoria podrían afectar también al derecho a la salud, la vida y el libre desarrollo de sus hijos. Por consiguiente, un enfoque integral de los derechos de los niños debe incluir medidas encaminadas a garantizar el derecho a la salud de sus familiares adultos sin importar su situación migratoria y, en caso de ser no acompañados, de sus cuidadores principales. Hasta en tanto las autoridades sanitarias competentes garanticen que la vacunación a menores de 16 años es segura y adecuada, niñas, niños y adolescentes migrantes deben de tener el mismo acceso que los nacionales al resto de servicios de salud disponibles, sin importar su situación migratoria o la de sus familiares.
  • En el ámbito interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los Principios Interamericanos sobre derechos de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas y víctimas de trata de personas, incluyó los siguientes:
    • Principio 2: Dignidad humana. Todo migrante tiene derecho al respeto de su dignidad humana, incluida su dignidad física y su integridad sexual, psíquica y moral, cualquiera que sea su situación migratoria o lugar de origen. Los Estados deben crear las condiciones que provean un nivel de vida adecuado y compatible con la dignidad de la persona humana y no crearán, por comisión u omisión, condiciones que la dificulten o la impidan, garantizando, entre otros, los derechos a la salud (…).
    • Principio 35: Derecho a la salud. Todo migrante tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y a los determinantes subyacentes de la salud; no se puede denegar la atención médica a un migrante por razón de su situación migratoria, ni se le pueden negar los servicios de salud por falta de documentos de identidad. Toda persona, independientemente de su situación migratoria o su origen, tiene derecho a recibir la misma atención médica que los nacionales (…).

Asimismo, en contexto de la pandemia actual, estos organismos han reafirmado la importancia de asegurar, en condiciones de igualdad, el derecho a la salud de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “solo a través de la inclusión de toda la población en dichas medidas [sanitarias], sin discriminación de nacionalidad y origen, la región podrá superar la crisis de salud pública”. Recientemente, ha recordado “que los Estados deben garantizar a las personas migrantes, independientemente de su estado migratorio, el acceso voluntario y en igualdad de condiciones a las vacunas, tratamientos y demás acciones de protección”. Por su parte, la Corte Interamericana ha señalado que, “dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas (…) migrantes, los refugiados, los apátridas (…)”.

En la misma dirección, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas incluyó, entre las Directrices relativas a la COVID-19, que los “Estados deben aplicar medidas específicas para incluir a los migrantes, los desplazados internos y los refugiados en los esquemas nacionales de prevención y respuesta al COVID-19. Entre estas medidas deberían figurar las destinadas a garantizar el acceso equitativo a la información, los análisis y la atención médica para todos…, cualquiera que fuere su condición jurídica”. El Relator de Derechos de Migrantes, junto al Comité de Derechos de Migrantes y sus Familias, también subrayó que los Estados deben integrar a las personas “migrantes a los planes y políticas nacionales de prevención y respuesta al COVID-19 (…) y respeten su derecho a la salud, incluyendo a través del aseguramiento de que las pruebas, las medicinas esenciales, y las medidas de prevención y de tratamiento sean proporcionadas de manera no discriminatoria”.

Por otra parte, en términos de salud pública y para que los Estados puedan efectivamente alcanzar los objetivos urgentes y fundamentales frente a esta gravísima pandemia mundial, la vacunación masiva y universal es absolutamente indispensable. Es la única forma segura de lograr la inmunidad colectiva, pues su efectividad estará supeditada a que suficientes personas desarrollen protección contra la enfermedad.

En este marco, toda exclusión, preferencia o restricción que afecte a personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y/o apátridas no solamente configuraría una violación de los derechos a la salud y a la vida, sino también representaría una medida contraria a las metas de salud pública de cada Estado y la comunidad internacional a fin de superar esta grave pandemia mundial. Por ende, el resto de las personas de cada sociedad, aún pudiendo acceder a la vacunación, pueden verse afectadas también en sus derechos a la salud y la vida, como consecuencia de la exclusión de las personas en razón de la nacionalidad o condición migratoria. No hay beneficio para las personas “nacionales” en la exclusión de las personas migrantes que conviven en la misma sociedad, como plantean algunas autoridades de manera irresponsable. Al contrario, esa exclusión puede poner en riesgo la salud de millones de personas, o incluso poner en riesgo el éxito de las políticas que los Estados implementen para enfrentar esta gravísima e inédita crisis sanitaria mundial.

Finalmente, junto a la obligación legal ineludible de garantizar estos derechos en condiciones de igualdad y sin ninguna clase de discriminación, lo cual a su vez es esencial para alcanzar las metas de salud pública -y por ende, prevenir que se propague el virus-, múltiples aspectos operativos, incluyendo recursos económicos y humanos, también exigen la universalidad como estrategia esencial para enfrentar la pandemia. En efecto, la exclusión de personas migrantes y refugiadas de los planes para prevenir y combatir la pandemia, afectando consecuentemente su salud y la de otras personas, podría derivar en la necesidad de mayores recursos de todo el sistema de salud para la atención de personas enfermas, incluyendo en los servicios de emergencia. Eso afectaría también la atención de esos servicios en general, para todo tipo de prestaciones de urgencia del sistema dirigido a toda la población. Ello, sin contar el impacto que, en otras áreas – como el mercado de trabajo-, tendría el agravamiento de la condición de salud de las personas que no puedan acceder a las vacunas y otros tratamientos desarrollados en cada país para enfrentar la pandemia.

En virtud de todo lo expuesto, consideramos inadmisibles y totalmente contrarias a derechos humanos y obligaciones legales inexcusables cualquier política, programa, protocolo u otra medida dirigida a prevenir y combatir la pandemia de la COVID-19, que excluya total o parcialmente a las personas en virtud de su nacionalidad, lugar de origen, tipo de residencia o tiempo de residencia, o estatus migratorio. Asimismo, como se explicó, esas restricciones constituyen medidas contrarias a metas de salud pública que son más vitales que nunca para todos los pueblos del mundo, y pueden afectar los recursos humanos, técnicos y financieros de los sistemas de salud, agravando la emergencia sanitaria existente.

Por lo tanto, exigimos a los Estados americanos el pleno cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos a través de la garantía del acceso a todos los tratamientos, preventivos y terapéuticos necesarios para enfrentar la pandemia por COVID-19 para todas las personas, sin perjuicio de su nacionalidad, lugar de origen, residencia o estatus migratorio.

De manera complementaria, instamos a todas las autoridades de los Estados de la región a actuar con profunda responsabilidad en esta delicada y desafiante etapa que atraviesa la humanidad, absteniéndose de todo tipo de discurso discriminatorio y estigmatizante en contra de la población migrante y refugiada. En esta emergencia sanitaria mundial que exige que todas las personas accedan al tratamiento (por derecho y para proteger a las demás), los discursos de corte nacionalista o de preferencia con base en la nacionalidad no solo derivan en la vulneración de derechos sino que pueden poner en serio riesgo todos los esfuerzos que se están haciendo para luchar contra la pandemia.

Organizaciones sociales e Instituciones académicas firmantes:

  1. Acceso a la Justicia
    2. Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino AC
    3. AlertaVenezuela
    4. Alianza Américas
    5. América Diversa
    6. American Friends Service Committee LAC
    7. Amnistía Internacional
    8. Articulate Foundation INC
    9. Asociación Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras de Costa Rica
    10. Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE)
    11. Asociación de Desarrollo Social de Ixcán ADESI
    12. Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG)
    13. Asociación Intercultural Miranda
    14. Associacao Casinha de Acolhida para Lesbicas. Gays, Bissexuais, Transexuais e Transgeneros (Brazil)
    15. Asociación Pop No’j
    16. Asociación pro Derechos Humanos, APRODEH (Perú)
    17. Asylum Access Mèxico (AAMX) A.C
    18. Belo Horioznte
    19. Canada Venezuela Democracy Forum
    20. Casa de la Mujer
    21. Casa del Migrante de Saltillo
    22. Casa Paraguaya de Cordoba
    23. Cátedra Racismos y Migraciones Contemporaneas, Universidad de Chile
    24. Catedra Sérgio Vieira de Mello na UFPR – CSVM/UFPR- Brasil
    25. Cecavid-Venezuela
    26. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
    27. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.
    28. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ», CSMM (Ecuador)
    29. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
    30. Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA)
    31. Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE-UNED
    32. Centro de Investigaciones para la Infancia y la Familia (CENDIF) Venezuela
    33. Centro de Justicia y Paz – Cepaz
    34. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos- Perú EQUIDAD (Perú)
    35. Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe, OBMICA
    36. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL
    37. Chicago Religious Leadership Network on Latin America
    38. Corporación ONG Raíces, Chile
    39. Civilis Derechos Humanos, CivilisDDHH, (Venezuela)
    40. Clínica Jurídica Alaíde Foppa para personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
    41. Colectiva Luna Celaya
    42. Colectivo de Prostitutas de Sevilla
    43. Colectivo Feminista Abrazadas & Autónomas
    44. Colectivo justicia y esperanza de San Luis de la paz, Guanajuato
    45. Colectivo Rebeldía
    46. Coletivo Flores de Lótus – Brasil
    47. Colegiado do NIEM – Núclei Interdisdisciplinar de Estudos Migratórios. Brasil, Rio de Janeiro
    48. Comisión de Derechos Humanos de Ica CODEHICA (Perú)
    49. Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH
    50. Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS (Perú)
    51. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPDH, (México)
    52. Comite Migracoes e Deslocamentos_ Associacao Brasileira de Antropologia(ABA)
    53. Comité de familiares

UCR repudia intentos por menoscabar libertad de expresión

Escrito en . Publicado en Derechos.

Alejandra Amador Salazar, Periodista Consejo Universitario

Mediante un Pronunciamiento aprobado en el mes de diciembre por el Consejo Universitario, la Universidad de Costa Rica (UCR) reiteró su compromiso con la defensa del principio de libertad de expresión y el trabajo que realiza el sistema de medios de esta casa de estudios superiores al ofrecer a la ciudadanía costarricense información analítica, crítica y de alta calidad.

Para el Órgano Colegiado, la libertad de expresión, resguardada por la Constitución Política, garantiza que ninguna persona pueda ser inquietada o perseguida por la manifestación de sus opiniones ni por actos que no infrinjan la ley.

En un Estado de derecho, la libertad de expresión es un requisito indispensable para la democracia, pues permite la construcción de una dinámica social de intercambio de ideas, conocimientos e informaciones que coadyuvan a generar consensos y tomar decisiones.

En este sentido, la Universidad reconoció que los y las periodistas deben gozar de independencia y protección para poder mantener informada a la sociedad, y esto se torna particularmente importante en el debate político que precede a las elecciones de las autoridades que gobernarán un Estado.

Medios universitarios

Durante sus 80 años de historia, la UCR se ha caracterizado por brindar una formación humanista, con el propósito de preparar profesionales con un pensamiento crítico de la realidad nacional e internacional y respetuosos de las diferentes áreas del saber.

El sistema de medios de comunicación institucionales contribuye con la defensa de esos principios, así como con la promoción y consolidación de la comunicación como un derecho y bien público, por lo cual, mediante información veraz, pretende enriquecer el espíritu reflexivo y el conocimiento de la realidad universitaria, nacional e internacional.

Por lo tanto, el Consejo Universitario considera que cualquier intento de silenciarlos violenta no solo la libertad de expresión, sino también el derecho de la sociedad costarricense de recibir información.

Este pronunciamiento surgió a raíz de una propuesta de miembro presentada por la Dra. Teresita Cordero Cordero, la Prof. Cat. Madeline Howard Mora, el M.Sc. Carlos Méndez Soto y la M.Sc. Patricia Quesada Villalobos.

 

Nota periodística publicada originalmente en página web del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica.

ACODEHU: Alto a la criminalización y judicialización de la protesta social

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el pronunciamiento de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (Acodehu):

San José, Costa Rica
12 de enero de 2021

Alto a la criminalización y judicialización de la protesta social

Solidaridad con ciudadanía judicializada

Los últimos meses 2020, en medio de la crisis social, económica y sanitaria agudizada por la pandemia COVID19, diferentes sectores de la sociedad civil se suman al llamado del Movimiento Rescate Nacional (MRN), para impulsar protestas sociales contra las intenciones tácitas del gobierno de Carlos Alvarado de condicionar la vida y el futuro de nuestro pueblo a las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Demostrando de manera consciente y creativa que ante la semiparalización por pandemia, los protocolos de distanciamiento social no son sinónimo de indiferencia social, y mucho menos, negación de la política económica nefasta emprendida por el estado costarricense a partir de la imposición del Combo Fiscal.

En este escenario de lucha social, el 12 de octubre 2020, en una manifestación cívica frente a casa presidencial, son víctimas de detenciones arbitrarias ciudadanía que ejerce el derecho legítimo de toda democracia a protestar y defender la soberanía política, cultural y económica del país, ante las intenciones del gobierno de supeditar aún más nuestras vidas a los mandatos fruto del capitalismo voraz representado en el FMI; lejos de impulsar medidas para que la carga tributaria sea asumida por los sectores de mayor poder adquisitivo del país y no por los sectores más vulnerabilizados, que de hecho, la pandemia ha visibilizado a nivel nacional e internacional el creciente índice de pobreza que sufrimos.

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos reitera su profunda preocupación y rechazo al conjunto de violencias emprendidas por el estado costarricense y apoya las diferentes acciones impulsadas por nuestro pueblo en defensa de sus territorios, conquistas y dignidad, como la reciente marcha emprendida el 11 de enero 2021 por representantes de organizaciones base de las comunidades Ngäbes (ATIAPSI, ATIGUSI, COIS) desde Sixaola hacia San José y denunciamos la práctica del gobierno a hacer caso omiso al mandato desde la CIDH de proteger a las comunidades indígenas recuperadoras de sus territorios y aplicar la normativa respectiva en su defensa.

Precisamente, después de la burla de un supuesto proceso de diálogo, este 11 de enero el gobierno confirma que inicia conversaciones formales con el FMI para lograr un acuerdo “para garantizar la estabilidad económica del país a mediano y largo plazo, y para promover un crecimiento más fuerte, inclusivo y sustentable.” Denunciamos que estas acciones constituyen una continuidad para afianzar la imposición de medidas, políticas económicas y proyectos de ley tendientes a despojarnos de las garantías sociales que han sido pilar para el estado de derecho que históricamente ha caracterizado a Costa Rica y hoy cada vez más amenazado, recargando la crisis económica en los hombros de nuestro pueblo.

Así, nos sumamos al llamado solidario de diferentes colectivas, instancias y organizaciones a fin de sumarse a piquete en solidaridad con compañeros y compañeras que mañana han sido citados a audiencia judicial como parte de esta ola de represión institucional emprendida por el estado costarricense.

Primer Circuito Judicial, San José

Miércoles 13 de enero, 2021
9 AM

De igual manera, reiteramos que dicho proceso de judicialización orquestado desde los grupos de poder, donde incluso medios de comunicación asumen un papel mediático intentando convertir en delito el derecho humano a la protesta social, se suma a una gran cantidad de casos de compañeras y compañeros víctimas de abusos policiales, persecución y detenciones arbitrarias, quienes muchas y muchos hoy se encuentran con procesos judiciales que atentan contra su dignidad y proyectos de vida.

¡No al FMI!
¡La protesta social es un derecho humano inalienable!
¡No a la criminalización y judicialización de la protesta social!
¡Respeto a la integridad física y emocional por parte de la fuerza pública!

ACODEHU

Ana Cecilia Jiménez
Presidenta ACODEHU

Personas de la comunidad indígena Ngäbe de Sixaola marchan por sus derechos

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Personas indígenas Ngäbes de Sixaola marchan hasta San José para exigir el respeto a sus derechos y peticiones relacionadas con la cédula, proyecto de vivienda y por los cortes de electricidad que se han hecho recientemente, mencionan en un video.

Recientemente este grupo de indígenas ngäbes se reunieron en modalidad virtual con autoridades del gobierno central, con el apoyo de la Municipalidad de Talamanca, para comunicar sus peticiones.

Puede apoyar la marcha de las personas indígenas ngäbes de Sixaola:

Cuenta IBAN del BNCR: CR61015111220010571594 a nombre de Galletano Villagra Torres.

 

Compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.

El Gobierno debe atender oportuna y adecuadamente las peticiones de población Ngäbe de Sixaola

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el comunicado de la Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe:

La Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe saluda y se solidariza con la lucha emprendida por las comunidades indígenas Ngäbes de Sixaola por su justo derecho como personas indígenas transfronterizas.

Dichas comunidades están compuestas por centenares de familias de obreros y obreras que trabajan para empresas bananeras nacionales y transnacionales, dedicando sus energías y vidas en el trabajo para la prosperidad de dichas empresas y la economía costarricense, sin embargo, no se les retribuyen dignamente, manteniéndoles en condiciones de explotación. Así, después de la huelga decenas de trabajadores fueron despedidos y defraudados por la transnacional Del Monte sin pago de sus derechos correspondientes. Los actuales dueños de la empresa quieren desalojar a las familias de las viviendas, cortándoles la luz eléctrica, negándoles el agua, entre otros.

Tratados como extranjeros en estas tierras y con las limitaciones que esto implica, la población Ngäbe históricamente habitan las áreas transfronterizas entre Costa Rica y Panamá desde mucho antes de la existencia de ambos estados. Esto es reconocido por la ley N.° 9710 del 9 de agosto del 2020 “Protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza” que en su art. 4 entiende por persona indígena transfronteriza:

“persona indígena que forma parte de pueblos, cuyo territorio histórico y establecimiento, como entidad poblacional, se produce antes de la existencia de las fronteras que sirven de límite entre Costa Rica y sus países limítrofes, en concordancia con lo estipulado en el artículo 32 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales LEY N.° 9710 2 y el artículo 36.1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

Pese a la existencia de esta ley la situación de la población Ngäbe no ha cambiado, y las situaciones relacionadas con la pandemia han agudizado la problemática de la población.

La marcha iniciada por indígenas ngäbes hacia la capital San José representa un enorme sacrificio para las familias ngäbes y los expone a riesgos evitables al realizarse en un contexto de pandemia. Ya han caminado 47 kms el día lunes 11 de enero entre Sixaola y Cahuita.

Como red integrada por gestores y gestoras locales de 7 territorios indígenas de la región caribe sur y comunidades ngäbes de Sixaola, y 3 comarcas indígenas de Panamá, hacemos un llamado de urgencia al presidente de la República Sr. Carlos Alvarado y autoridades competentes para atender oportuna y adecuadamente las peticiones de la delegación, y evitar situaciones que puedan ser lamentables para los ngäbes.

Atentamente
Carlos Zúñiga Zúñiga
Cédula 1-1020 969
Coordinador
Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe

 

Foto: Vicerrectoría de Acción Social, UCR.

Infanticidio múltiple en Paraguay, desaparición y tortura de niñas, detención arbitraria y tortura de mujeres

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento:

Abya Yala, 6 de enero de 2021

-Organización de Naciones Unidas ONU
-José Antonio Galeano Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ACNUDH Paraguay
-ACNUDH Argentina, Bolivia, Perú, México, Brasil, Perú, Chile, Guatemala
-Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH/ Relatoría sobre los derechos de las mujeres
-CIDH/ Relatoría sobre los derechos de la Niñez
-Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer CEDAW
-Rafael Obregón, Representante de UNICEF en Paraguay
-UNICEF Argentina, Bolivia, Perú, México, Brasil, Perú, Chile, Guatemala
-Susana Chiaroti Comité de Expertas MESECVI Argentina
-Pilar Callizo Comité de Expertas MESECVI Paraguay
-Comité de Expertas MESECVI Bolivia, Perú, México, Brasil, Perú, Chile, Guatemala

Infanticidio múltiple en Paraguay, desaparición y tortura de niñas, detención arbitraria y tortura de mujeres / solicitamos visita de Comisión Especial a Paraguay e informe de vulneración de derechos de niñas y mujeres

Las organizaciones, feministas y activistas firmantes, nos dirigimos con suma urgencia y profunda indignación a las distintas organizaciones de Derechos Humanos, Derechos de las Mujeres y Derechos de la Niñez en el continente:

El 2 de septiembre de 2020 dos niñas de 11 años de nacionalidad argentina, María Carmen Villalba y Lilian Mariana Villalba fueron asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjuntas FTC de Paraguay, en lo que para nosotras fue un crimen de estado premeditado, y parte del genocidio y total vulneración de derechos que lleva adelante el gobierno de Paraguay presidido por Mario Abdo Benítez.

El cruel asesinato de las niñas fue festejado por el presidente Abdo Benítez. Se quemaron las pruebas, se modificó toda la escena del crimen, y no se respetó ningún protocolo para dar espacio a una investigación imparcial. Los cuerpos de las niñas fueron manipulados, enterrados y negados a su familia.

En este mismo operativo, otras niñas que al igual que María Carmen y Lilian habían viajado de Argentina a Paraguay a visitar a sus padres, fueron heridas y perseguidas. A la fecha Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años, está desaparecida y existen testigos de que ella fue apresada por militares del gobierno paraguayo.

Posterior a la masacre de las niñas, organizaciones de mujeres y feministas fueron parte de una marcha de indignación en el centro de Asunción. El gobierno paraguayo identificó a varias mujeres que actualmente están siendo procesadas y amedrentadas, vulnerando su derecho a la protesta y defensa de la vida.

El 23 de diciembre Laura Villalba, madre de una de las niñas asesinadas, enfermera residente en Argentina, que se había trasladado a Paraguay para acompañar a las niñas en la visita a sus familiares, fue secuestrada por las fuerzas militares del gobierno paraguayo, torturada, y actualmente se encuentra detenida en un cuartel militar, vulnerando todos sus derechos al debido proceso y a una detención en un centro adecuado, quedando absolutamente expuesta a múltiples violencias en el cuartel, además de encontrarse totalmente incomunicada.

Todos estos hechos muestran la responsabilidad del Estado de Paraguay en una estrategia de infanticidio premeditado y persecución a mujeres y niñas. La persecución, secuestro, tortura y masacre de las niñas María Carmen y Lilian Mariana, el secuestro y desaparición de la niña Carmen Elizabeth, la detención de Laura Villalba y la imputación con causas inventadas para acallarla como testigo, la persecución, amenazas y amedrentamiento sistemático que viven la familia Villalba, la persecución a feministas y activistas en Paraguay, el amedrentamiento a organizaciones de DDHH, abogadas y abogados son crímenes de lesa humanidad, por lo que organizaciones feministas, de derechos humanos, y de defensoras de los derechos de la niñez de diversos países del continente, les solicitamos:

-La visita urgente de una Comisión Especial a Paraguay que pueda relevar el estado de situación de los derechos de las niñas y las mujeres y pueda hacer un informe detallado de los crímenes que se están cometiendo. Esta visita es inaplazable, para garantizar la vida y la libertad de Laura Villalba, y para asegurar la aparición con vida de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba.

– La presentación de un informe internacional y público que identifique las vulneraciones que el Estado paraguayo ha hecho de todos los tratados internacionales de derechos humanos, derechos de la niñez y derechos de las mujeres, y que exija al gobierno de Mario Abdo Benítez que garantice la aparición con vida de Carmen Elizabeth Oviedo, la libertad de Laura Villalba, la investigación de la masacre de las niñas María Carmen y Lilian Mariana, y el cese a la persecución de la familia Villalba y de las activistas feministas.

Solicitamos a los representantes de las distintas organizaciones en Argentina, Bolivia, México, Perú, Guatemala, Brasil, Chile, Uruguay, Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador, El Salvador, ser parte en la conformación de esta Comisión Especial, pues la defensa de los derechos a la que están destinadas estas instancias que representan no tienen fronteras.

Como organizaciones, feministas, activistas, abogadas, defensoras de los derechos humanos, de los territorios, la vida y la dignidad entendemos que cualquier crimen de estado debe ser sancionado. Exigimos justicia. “Eran Niñas”. Les informamos que seguiremos con acciones internacionalistas que denuncien los crímenes del gobierno de Paraguay y el silencio cómplice de los organismos internacionales.

Solicitamos una respuesta escrita sobre las acciones a tomarse con carácter de urgencia pues las vidas de Carmen Elizabeth Oviedo y Laura Villalba están en peligro.

Argentina
Feministas de Abya Yala
Pañuelos en Rebeldía
Bolivia
Feminismo Comunitario Antipatriarcal
Articulación Sororidad Bolivia
México
CEAAL
Perú
Guatemala
Brasil
Chile
Honduras
Nicaragua
Paraguay
Venezuela

Para dar su apoyo:

Escribir a este correo adjuntando sus datos o nombre de organización: Abyayala Libre abyayalalibre@gmail.com

Publicación: “Fundamentalismos, crisis de la democracia y amenaza a los derechos humanos en América del Sur: tendencias y desafíos para la acción”

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El Fórum Ecuménico de la ACT Alianza en América del Sur (Fesur) publicó la investigación “Fundamentalismos, crisis de la democracia y amenaza a los derechos humanos en América del Sur: tendencias y desafíos para la acción” de la Dra. Magali do Nascimento Cunha.

La publicación promueve una reflexión acerca de cómo se ha dado el avance de los fundamentalismos en América del Sur y los períodos de intensos procesos reaccionarios frente a avances en el campo de los derechos sociales, sexuales y reproductivos, derechos de trabajadores y de poblaciones tradicionales.

La investigación incorpora la conceptualización del fundamentalismo, entrevistas a profundidad con especialistas, grupos focales y entrevistas grupales con líderes y activistas, y Seminarios de Investigación con el Grupo de Investigación Comunicación y Religión de la Sociedad Brasileña de Estudios Interdisciplinares de la Comunicación (Intercom), la cual está integrada al Grupo de Estudios de Medios, Religión y Cultura (MIRE).

Además, la investigación fue desarrollada entre febrero y junio del 2020, en el contexto del COVID-19 en América del Sur.

SURCOS invita a reflexionar con base en los contenidos de la publicación.

Investigación-FESURDescarga

 

Compartido con SURCOS por Carlos Tamez.