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Etiqueta: derechos humanos

Hacia la revolución lúdica

El momento más importante es el momento de la creación, es el momento de la emoción, no cuando la obra se termina y firma puesto que entonces, ya no tiene importancia. Leopoldo Flores Valdés (1934-2016)

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

El Cosmovitral Jardín Botánico, en Toluca México, es una obra artística monumental que recoge y expresa la rica tradición muralista mejicana. Una obra excelsa y maravillosa que narra el origen de la humanidad. Fue realizada por el pintor, muralista y escultor Leopoldo Flores Valdés.

En la placa que se erigió en su honor quedó consignada la frase que utilizamos como epígrafe de este artículo, donde se expresa con elocuencia el sentido y el significado del quehacer artístico. Para Leopoldo Flores, el “momento más importante”, en el que se disfruta emocionalmente, se da en el proceso de creación de la obra. El momento en que se concluye y se estampa la firma “no tiene importancia”.

 Efectivamente, es deseable que en el quehacer humano prevalezca la dimensión lúdica sobre la dimensión utilitaria y mercantil. Sin embargo, en el sistema productivista actual, por la primacía que se da al valor de cambio y a la acumulación, el acento se pone en los resultados más que el proceso de producción. El trabajo tiende a degradarse y deshumanizarse ahí donde persisten concepciones y condiciones de trabajo que no contribuyen a la realización emocional y vital del ser humano.

Los avances científico-tecnológicos que aceleran y maximizan los procesos productivos deberían, por eso mismo, contribuir a humanizar el trabajo. Es decir, ofrecer condiciones laborales donde el trabajador-creador (homo faber) disfrute emocionalmente y lúdicamente del mismo (homo ludens). Esta sería, por ejemplo, la sana expectativa de la modalidad de “trabajo en casa”, pero resulta, en la mayoría de los casos, que las jornadas se alargan con impactos negativos para el tejido afectivo familiar.

En el sistema productivo dominante, lo lúdico se concibe al margen del proceso de producción. Por eso se habla del “tiempo libre” destinado a las actividades recreativas. La alternativa sería crear las condiciones óptimas para que el proceso productivo también se convierta en una actividad lúdica, que produzca placer y, como tal, que permita y facilite el despliegue del mayor potencial del ser humano, como sujeto creador-productor. Sin embargo, la tendencia es a hacer del trabajador un apéndice de las nuevas tecnologías, es decir, hacia la robotización del ser humano.

En este aspecto, debemos apostar por la revolución lúdica, que reivindique el derecho que tiene todo ser humano a disfrutar plenamente del trabajo creativo y productivo. Para ello, es necesario que el Estado impulse políticas que garanticen condiciones de trabajo digno. Es decir, que vele por la defensa de los derechos humanos de los trabajadores, y que no permita, bajo ninguna circunstancia, que se aproveche la crisis de desempleo para que se devalúen las condiciones de trabajo, y se legitime la sobreexplotación del trabajador. No habrá verdadera reactivación económica sin trabajo digno y decente.

Asimismo, la crisis fiscal y de la deuda pública no deben convertirse en una excusa más para la sobreexplotación del trabajador público, ahora a punto de ser sometido a los dictámenes de una “Ley de Empleo Público” que pretende precarizar más el salario e impedir la negociación de mejores condiciones para el desempeño de un trabajo digno y saludable. Para ello, hay que contrarrestar la campaña mediática de subterfugios que buscan presentar los derechos de los trabajadores como privilegios inmerecidos.

Hoy, a las puertas de la revolución de la Inteligencia Artificial, se empiezan a ver señales de una “revolución” más, que al parecer tampoco alcanzará a superar las condiciones del trabajo alienado. Todo parece indicar que hay un convenio tácito entre algunos sectores empresariales y gobiernos, dirigido a deteriorar las condiciones de trabajo. La lógica productivista es conducida a los extremos de una sobrexplotación “esclavista” del trabajo humano, algo que también ha evidenciado la pandemia del Covid19.

La revolución de la Inteligencia Artificial tendrá que ser lúdica o no será una verdadera revolución humanista. No podemos permitirnos un avance científico-tecnológico más, acompañado de un retroceso humano y social.

Campaña: “Una hora para Palestina”

SURCOS comparte la siguiente invitación:

Todos los sábados iniciando en febrero al 01 de mayo a las 5:00pm se estará llevando a cabo una campaña por medio de una transmisión de Facebook Live en Red de Solidaridad con Palestina/Costa Rica, lleva por nombre: “Una hora para Palestina” y tiene la finalidad de expresar al Pueblo Palestino, desde Costa Rica, amistad y solidaridad, generando atención y acciones diversas en relación a las necesidades actuales que enfrentan como Pueblo.

La invitación es para que en conjunto se destine una hora por semana al tema palestino: buscar noticias, e informaciones, imágenes, videos o expresar opiniones, oraciones, poemas, música, arte, gastronomía, folclor, luchas o gestiones que se realizan desde el mundo o Costa Rica para la solidaridad y el respeto de los derechos humanos y de la causa este pueblo que lleva 73 años en resistencia.

En el siguiente video pueden encontrar más información:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=762816424631872&ref=watch_permalink

Adjuntamos la invitación formal al evento:

 

Imagen destacada tomada de Telesur.

La ilegalidad normalizada en territorios indígenas de Costa Rica

Observatorio de Derechos Humanos emite 18avo informe sobre situación en Térraba.

A solicitud y por invitación de Recuperantes de la Finca Crun Shurín y del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) se llevó a cabo la 18ava. Misión ODHAIN en Territorio Brörán de Térraba, en vista del aumento de la violencia, por amenazas de muerte, hostigamiento y daños de la naturaleza mediante incendios provocados, destrucción del patrimonio arqueológico y profanación de lugares sagrados, quema de cultivos, daños a cercas y enseres domésticos, así como instigaciones racistas contra las personas recuperadoras.

El surgimiento de nuevos episodios de violencia por conflictos de tierra y territorio se suma al aumento de la tensión que eventualmente podría desembocar en hechos lamentables de pérdidas de vidas humanas como ya ha sucedido en fechas recientes.

El informe presentado hoy 12 de febrero recoge la información sobre la misión que visitó el pueblo Brörán, territorio Térraba, en Buenos Aires de Puntarenas, al sur del país, los días 24,25 y 26 de agosto del 2020. El informe es un documento extenso que recoge testimonios de entrevistas realizadas en el territorio y por vía digital así como registros fotográficos de la vista. La Misión estuvo conformada por Ana Castillo Delgado, del Servicio de Paz y Justicia, Sussy Gonzáles Gonzáles de la Comisión Justicia, Paz e integridad de la creación y Víctor Madrigal Sánchez por el Proyecto Tierra Encantada de la Universidad Nacional.

El documento será enviado a autoridades nacionales e internacionales, entre ellas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un llamado de atención y de alerta temprana sobre la situación conflictiva, tensa y de irrespeto a los derechos humanos. La violencia, una constatación del Informe del Observatorio, se origina en las invasiones a las tierras ancestrales del pueblo Brörán de Térraba y en la inoperancia del Estado/gobierno de Costa Rica en realizar la devolución de la tierra a sus legítimos dueños.

Las principales conclusiones de la 18ava Misión del Observatorio de Derechos Humanos (ODHAIN):

  1. Se constata en las entrevistas realizadas, las denuncias de amenazas de muerte y la necesidad de presencia policial preventiva y disuasiva ante el clima de violencia y tensión que se vive en el Territorio indígena de Térraba. Esa situación de violencia podría intensificarse y generar eventos lamentables con pérdida de vidas humanas.
  2. El origen de la violencia contra los pueblos indígenas no debe situarse en el legítimo reclamo del derecho a la tierra, ni en la recuperación de hecho de la tierra por parte de personas brörán, sino que el detonante de la violencia debe ubicarse en la injusta invasión histórica de la tierra y el territorio indígena y en la inacción del Estado costarricense en implementar el derecho indígena.
  3. La recuperación territorial indígena emprendida para romper el injusto orden establecido desde el periodo colonial estriba en la claridad de conciencia de los pueblos originarios acerca del derecho indígena nacional e internacional y el arraigo a la espiritualidad en torno a la perspectiva de la tierra como Madre que nutre y sostiene la vida. “La tierra es Madre y hermana de caminada cultural”.
  4. La información recopilada evidencia una lucha para recuperar y retomar la tierra y el territorio ancestral brörán por medios pacíficos, sin ostentación de fuerza o violencia, apenas con la convicción y confianza de que se trata de una lucha justa.

El Observatorio (ODHAIN) recomienda:

  1. Al Ministerio de Gobernación y Policía. La presencia policial en el territorio Térraba debe cumplir una función preventiva y disuasiva de violencia para lo cual debe atender de forma pronta y oportuna al llamado que realizan desde las recuperaciones territoriales. Dado a la existencia en el cantón de Buenos Aires de actitudes de odio y racismo contra indígenas deben seguirse protocolos estrictos de formación y capacitación al interno del cuerpo policial a fin de que su actuación sea ejemplar.
  2. Al INDER como institución del Estado a cargo de la tierra, debe priorizar y asignar recursos necesarios para dar cumplimiento a la Ley Indígena 6172, sin más dilaciones.
  3. Que el Estado/Gobierno cumpla de inmediato con el Protocolo de Implementación de las Medidas Cautelares establecidas por la CIDH para los Territorios de Salitre y Térraba e informe de manera pública y periódica a los pueblos interesados y al país.
  4. A los tribunales de Justicia. Que atiendan el clamor de justicia por los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jhery Rivera Rivera. Recordando que los Estados siempre serán responsables, en sus países, de cualquier violación a los Derechos Humanos, sean estas por acción u omisión.

Finalmente, el Informe destaca la percepción de un clima de racismo e incomprensión de la lucha indígena por recuperar sus tierras ancestrales, abonado por el sentimiento de inseguridad por el asesinato impune de sus líderes, así como de incredulidad en la política pública del Estado que no logra el saneamiento o devolución de las tierras invadidas.

Síntesis. Víctor Madrigal Sánchez vic705@gmail.com

Puede descargar el informe en el siguiente enlace:

Arturo Fournier: En Comisión sobre violencia y racismo en EE.UU escuchamos, recabamos pruebas y haremos sugerencias

El abogado costarricense y defensor de derechos humanos, Dr. Arturo Fournier, recibió testimonios en la Comisión Internacional de investigación sobre racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en los Estados Unidos, los días 1, 3 y 5 de febrero.

La Comisión reúne a 12 juristas de Japón, India, Pakistán, Francia, Reino Unido, Kenia, Sudáfrica, Nigeria, Barbados, Antigua, Jamaica y Costa Rica para indagar de manera independiente, complementando con los testimonios de los abogados y familias de las víctimas.

“De momento se están oyendo testimonios de familiares, porque lamentablemente las demás personas fueron víctimas fatales y no están vivas. Han sido esposas, hijos y abogados que los han representado”, comentó Fournier a SURCOS, y agregó que “la Comisión busca demostrar cómo juristas del mundo estamos interesados en escuchar, recabar pruebas y hacer sugerencias”.

En junio de 2020 organizaciones de derechos humanos y fundaciones tales como Mothers against police brutality solicitaron a Naciones Unidas una investigación a raíz de los hechos ocurridos en Minnesota, los cuales acabaron con la vida de George Floyd y otras personas afrodescendientes.

Ante la negativa, la Asociación Internacional de Abogados Democráticos (International Association of Democratic Lawyers-IADL), la Conferencia Nacional de Abogados Afroamericanos (National Conference of Black Lawyers-NCBL) y el Gremio Nacional de Abogados (National Lawyers Guild-NLG) de Estados Unidos conformaron la comisión independiente.

“El ideal sería que fuera el sistema internacional de los derechos humanos porque es algo más institucionalizado, más organizado de acuerdo al sistema internacional vigente, pero en Estados Unidos se usa mucho la formación de comisiones privadas”, dijo Fournier.

Las conclusiones y recomendaciones de la Comisión serán enviadas al Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Los testimonios

De acuerdo con Fournier, en los testimonios se evidencia un patrón sobre los constantes casos de brutalidad policial hacia afrodescendientes.

“Un abogado mencionaba que en el estado de Kansas se tiene como política dispare primero, pregunte después, y eso nos lleva a la facilidad en el uso de armas, de la fuerza letal”, mencionó el abogado.

El abogado y testigo, Stacy Sylvester Lee Merritt, aportó en el testimonio del 27 de enero estudios que establecen que los afroamericanos tienen al menos 2.5 más de posibilidades de ser asesinados por agentes de la policía, que cualquier otro ciudadano.

“El modelo de aplicación de la ley en Estados Unidos representa la cultura policial más mortífera del mundo moderno”, indicó S.Lee en el testimonio.

Fournier aportó a SURCOS cifras de una investigación periodística del medio The Guardian en la cual exponen que en los primeros 24 días de 2015, la policía de los Estados Unidos disparó a matar en mayor número que la policía en Inglaterra y Gales en 24 años.

Según el abogado costarricense, los testigos relatan que algunos de los agentes de policías con casos de agresión aún continúan trabajando, les han sugerido que se pensionen o los pasan a hacer labores de oficina, pero pocos son despedidos.

“Una de las cosas que estamos sugiriendo, y que ha pedido mucha de la gente, es que se haga un esfuerzo institucional, de parte de todos los departamentos de policía y de las ciudades, para que haya una mejor educación y formación de los policías para que no usen con tanta facilidad el arma y los disparos”, comentó, y agregó que la mayoría de víctimas de violencia policial no portaban armas.

En opinión de Fournier, pese a que el racismo y la discriminación llevan siglos, y por tanto es un problema sistémico, los gobiernos pueden dar pasos importantes. “El presidente Biden ha hecho un par de referencias al racismo, y evidentemente Biden es muy diferente a Trump, entonces esperamos que el cambio de administración pueda traer algo bueno”, agregó.

Estados Unidos no acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de modo que las víctimas que no han visto resueltos sus casos en el país no pueden elevarlos al sistema interamericano.

“Lo que recomendaré al final es que el gobierno de los Estados Unidos incorpore a su país a la Corte IDH y al sistema interamericano de derechos humanos. El presidente Biden ha dado unos pasos positivos en sus primeros días y esperamos que tenga disposición a tomar algunas otras determinaciones que son buenas para Estados Unidos, para el sistema en su generalidad, y evidentemente para la población”, expuso Fournier.

Al consultar a Fournier acerca del rol que juegan los medios de comunicación y generadores de opinión pública, mencionó que su papel es fundamental para que la gente se dé cuenta de la gravedad del asunto y tome conciencia de la necesidad de hacer cambios y enmendar, e incluso es una de las preguntas que ha incorporado en las audiencias con los testigos.

Larga trayectoria

Fournier ha dedicado su vida a trabajar en la defensa de los derechos humanos de todas las generaciones. El abogado ha cooperado con organizaciones como la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, entre otras.

Tras haberse desempeñado como Embajador de Costa Rica en Rusia de 2016 a 2018, tomó la decisión de jubilarse. “Lo más bonito es que yo no concursé, no envié mi currículum, sino que me consideraron. Inicialmente había una lista grande como de 25 personas. Como latinoamericano y costarricense eso me llena mucho de orgullo”, destacó.

Las grabaciones de los testimonios son de acceso público. Puede encontrarlas aquí con sus respectivas transcripciones.

“Justicia pronta para Sergio Rojas Ortiz, su familia y el Pueblo Bribri de Salitre”

SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento público:

Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones,  comunidades, proyectos sociales o académicos, comprometidas con el bien común, el bienestar social, los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Originarios, hacemos pública nuestra preocupación y nuestras exigencias ante las circunstancias que se vienen dando, sin la debida atención de las autoridades judiciales y del Estado costarricense, en relación con la investigación del asesinato del líder Sergio Rojas Ortiz.

Considerando que:

  • El 18 de marzo del 2019 murió asesinado de 15 balazos, en su casa de habitación, en la comunidad de Yeri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, bribri costarricense, líder comunitario, defensor de derechos indígenas. Sergio era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321 – 12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática y por haber sufrido otros atentados desde el 2012, todos relacionados con su participación en la recuperación de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas. El asesinato de Sergio Rojas se dio 4 años después del establecimiento de las medidas cautelares por parte de la CIDH, sin que el Estado costarricense realizara las acciones necesarias para responder de manera efectiva a dichas medidas.
  • Pocos días después de cometido el asesinato, el 22 de marzo del 2019, la CIDH repudió el crimen contra Sergio Rojas Ortiz y le recordó al Estado costarricense que el líder indígena se encontraba en una grave situación de riesgo, de ahí que desde el 2015 se le otorgaran medidas cautelares por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las cuales se establecieron para garantizar su vida e integridad personal. Además, la CIDH hizo énfasis en la importancia de una oportuna investigación de las fuentes de riesgo para la vida del líder indígena y los miembros de los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, así como en incluir como línea de investigación del asesinato la hipótesis de que este crimen pudiera haber sido cometido en razón de la actividad de defensor de derechos humanos que ostentaba Sergio Rojas Ortiz.
  • Un año después del homicidio, el 18 de marzo del 2020, la CIDH volvió a pronunciarse, esta vez sobre la situación de violencia, amenazas y hostigamiento que sufren líderes indígenas y personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz. En este momento, la CIDH advirtió sobre la carencia de avances significativos en el enjuiciamiento de los responsables del asesinato del líder indígena e hizo un llamado enérgico al Estado costarricense sobre su obligación de investigar este caso de manera seria, profunda e imparcial, lo que permitiría sancionar oportunamente a los responsables intelectuales y materiales.
  • En setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación respectiva por parte del Ministerio Público. Tal solicitud se realizó bajo el alegato de la imposibilidad de resolver el caso, debido a la negativa reiterada del Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas de autorizar allanamientos necesarios para avanzar en el proceso de esclarecimiento del crimen.
  • Unos pocos días después, el 25 de setiembre del 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un vehemente llamado al Estado costarricense para que no archivara la investigación. Además, invocó y recordó lo externado por Michael Forst (ex Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos), Victoria Tauli Corpuz (ex Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas) y Agnès Callamard (Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias) en cuanto a la importancia de que las autoridades costarricenses lograsen identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del asesinato del líder indígena.
  • Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos y miembros de los distintos Pueblos Originarios del país, y luego de una audiencia con el abogado y con la familia de Sergio Rojas, realizada el pasado 3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires, en fecha 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de la “debida diligencia”.
  • Los días 21 y 22 de enero del presente año, el medio de comunicación digital “CrHoy.com” publicó varios reportajes basados en el expediente judicial 19-000178-0990-PE, correspondiente al caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, en los que se hace especial referencia al informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta publicación se hace a pesar de tratarse de un proceso de investigación penal en curso, para el que la ley establece confidencialidad. Las notas periodísticas publicadas aportan una serie de detalles de la investigación judicial que evidencian una clara, sospechosa e intencionada filtración de la información de este expediente tutelado por las instancias judiciales, lo que podría incidir de manera negativa en el desarrollo de la investigación, a la vez que expone a riesgos adicionales a las personas informantes.
  • En enero del 2020, la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica encargada de analizar el expediente #21360, emitió un informe respecto al caso (expediente Nº 21360), en el cual se interpela a las autoridades costarricenses para que, entre otras importantes acciones, redoblen esfuerzos a fin de garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos de los Pueblos Originarios y de las personas que integran sus comunidades, para asegurar la incorporación de la perspectiva multiétnica y pluricultural en la aplicación de la justicia y para detener la violencia y la impunidad, así como todo acto de discriminación y racismo en el país. A la vez, mediante dicho informe, la Sub-Comisión hizo un llamado vehemente a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y para que aplique toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena.

Todos los hechos referidos anteriormente refuerzan las evidencias y la convicción de que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz fue un crimen político producido en un contexto de creciente violencia física y simbólica, la cual se produce ante la falta de acción del Estado en materia de justiciabilidad de los derechos humanos de los Pueblos Originarios, en especial los derechos de orden territorial.

Estos hechos también generan dudas razonables acerca del manejo que se está haciendo del caso por parte de las autoridades judiciales, y son particularmente preocupantes porque parecen mostrar una tendencia inaceptable hacia la generación de condiciones para la impunidad de este crimen, lo cual, además de constituir una injusticia, afectaría de manera irreparable la credibilidad de nuestro Estado Social de Derecho. Al respecto, corresponde al Poder Judicial asumir un rol garantista de los derechos humanos, mediante la ejecución de todas las medidas que permitan brindar un adecuado acceso a la justicia, en especial para las poblaciones en condición de vulnerabilidad, como es el caso de los Pueblos Originarios.

Llamamiento público

Por tanto, ante la gravedad de todos los hechos reseñados, manifestamos públicamente y hacemos un enérgico y vehemente llamado general, en especial a las autoridades del Estado y a las instancias judiciales del país, en los siguientes términos:

  • APOYAMOS la denuncia interpuesta ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por parte del Lic. Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.
  • APELAMOS a las autoridades del Estado a acoger y atender todos y cada uno de los planteamientos del informe final de la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que analizó el expediente #21360.
  • EXIGIMOS que se garanticen todos los principios procesales en este caso, especialmente el debido proceso, que se concluya con el esclarecimiento del asesinato de Sergio y que se dé acceso real a la justicia y reparación a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre.
  • RECORDAMOS la obligación que tienen el Estado costarricense y sus instituciones de garantizar la vida, la integridad física y los derechos de los Pueblos Originarios, así como de dar cumplimiento real y oportuno a las Medidas Cautelares y a la toda la legislación vigente relacionada con los derechos de estos pueblos.
  • DEMANDAMOS la acción articulada de los distintos Poderes de la República para que se atiendan y resuelvan como corresponde, conforme a los derechos humanos de los Pueblos Originarios, los conflictos de usurpación de territorios indígenas costarricenses, causa estructural de la violencia en estos territorios.
  • ADVERTIMOS nuestra decisión de mantenernos vigilantes y fieles a nuestras obligaciones ciudadanas, para que la institucionalidad pública se respete y actúe conforme al marco jurídico nacional e internacional que protege y garantiza los derechos humanos de los Pueblos Originarios costarricenses, así como la vida y la justicia para sus defensores.

¡No más impunidad!

Organizaciones y Personas Firmantes

Organizaciones Internacionales

  1. Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA (México)
  2. Tequio Jurídico A.C. (México)
  3. Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), México
  4. Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (MODETEAB), Panamá
  5. Regional Latinoamericana de la UITA (Rel UITA). Montevideo, Uruguay
  6. Feministas Periféricas Dementes, Madrid
  7. O Istmo, Red Centroamericanista
  8. GT-CLACSO, El Istmo Centroamericano Repensando los Centro

Organizaciones nacionales

  1. Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa, Pueblo Bribri de Salitre
  2. Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc
  3. Organización Autónoma Gwrvechi Kare, Territorio Ngäbe, Conte Burica
  4. Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego
  5. Recuperador@s Cabécares de Kono Jú.
  6. Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska
  7. Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
  8. Asociación de Desarrollo Indígena de China Kichá.
  9. Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö
  10. Recuperador@s Broran de Crun Shurin
  11. Recuperador@s Broran de Finca San Andrés
  12. Alaklä Sulú Takïlï Wëmi, La Fortaleza de la Mujer Maíz por Siempre
  13. Asociación de Mujeres Mano de Tigre, Orcuo Dbön
  14. Asociación de Productores de Finca 10
  15. Comité de Lucha por la Tierra de finca Chánguena
  16. Cootraosa R.L.
  17. Comité de Lucha por la Tierra de kilómetro 37, Golfito y Corredores.
  18. Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP)
  19. Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia
  20. SOJUPANO, Palmar de Osa
  21. Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA)
  22. SERBUSUR, Finca Puntarenas
  23. Proyecto Conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires, Costa Rica: aportes interdisciplinarios para su resolución, CIAN-UCREA, UCR
  24. Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
  25. Asociación Nacional de Educadores (ANDE)
  26. Asociación Ambientalista Shurakma
  27. Voces Nuestras
  28. Asociación de Iniciativas Populares Ditsö
  29. Coordinadora de Lucha Sur Sur
  30. Proyecto TC635-Comunicación y Cambio para el Buen Vivir, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, UCR
  31. Proyecto ED3526 – Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socio ambiental en territorios rurales de Costa Rica del Programa Kioscos Socioambientales, UCR
  32. Asociación Proyectos Alternativos PROAL-PACUARE
  33. Radio Machete
  34. Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios, Programa Kioscos Socioambientales-UCR, EC-519
  35. Coordinación General del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria-UCR, EC-3555
  36. Observatorio Bienes Comunes Agua y Tierra, EC-518
  37. Programa de Gestión Local, UNED
  38. Ríos Vivos
  39. Bloque Verde
  40. La Barriada
  41. Colectiva Caminando
  42. Departamento Ecuménico de Investigación (DEI)
  43. Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
  44. Red Indígena de Gestores Locales del Pacifico Sur – RIGELOPS
  45. Frente Autónomo de Lucha de los Barrios del Sur
  46. Colectivo CEAAL Costa Rica
  47. Trincheras Expresión Artística
  48. Hablemos de Derechos Humanos
  49. La Cadejos, Comunicación Feminista
  50. Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
  51. Frente Ecologista del Tecnológico de Costa Rica
  52. Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria
  53. Asociación ciudadana ACCEDER
  54. Escuela de Biología, UCR
  55. Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano (CLACSO)
  56. Hablemos de Derechos Humanos
  57. Movimiento Ríos Vivos
  58. Centro Demostrativo de Sostenibilidad
  59. Partido Frente Amplio
  60. Akoben Colectiva Afrofeminista
  61. Grupo de Pesquisa Derecho y Sustentabilidad Socioambiental (GPDS), Facultad de Derecho, UCR
  62. Coordinación, Observatorio sobre la gestión de los conflictos socioambientales en el espacio urbano, Facultad de Derecho, UCR
  63. Proyecto Conflictividad social y su intervención a través del proceso de mediación en el contexto socioambiental costarricense, IIJ-UCR
  64. Asociación Comunidades Unidas para un Desarrollo Ecológico y Sustentable
  65. Colectivo Radio Andante
  66. CEP-Alforja
  67. Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID)

Personas

  1. Marvin Amador Guzmán, docente Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, UCR
  2. Mariano Sáenz Vega, sociólogo, investigador del Centro de Investigaciones en Antropología (CIAN), UCR
  3. Yasy Morales Chacón, docente Escuela de Sociología, Programa de Economía Social Solidaria, UCR.
  4. Juan Carlos Cruz-Barrientos, comunicador social jubilado
  5. Liliana Monge Sánchez, docente Escuela de Trabajo Social UCR
  6. Luis Paulino Vargas Solís, Director CICDE-UNED
  7. Xinia Zúñiga Muñoz, investigadora CICDE-UNED/UCREA-UCR
  8. Carmen Caamaño Morúa
  9. Lucía Molina Fallas
  10. Andrés Dinartes Bogantes
  11. Pablo Sivas Sivas (conocido como Pablo Sibar Sibar)
  12. Daniel Torres Sandí, Sociólogo
  13. Jorge Zeledón Pérez
  14. Eva Carazo Vargas, investigadora CICDE-UNED
  15. Rebeca Gu Navarro, docente Escuela de Ciencias Políticas, UCR
  16. Gustavo Gatica López, investigador CICDE-UNED
  17. Mauricio Castro Méndez, docente e investigador, Facultad de Derecho e Instituto de Investigaciones Jurídicas, UCR
  18. Dylanna Rodríguez Muñoz, docente Programa Kioscos Socioambientales y Escuela de Ciencias Políticas, UCR
  19. Laura Álvarez Garro, profesora asociada, UCR
  20. Gerardo Hernández Naranjo, docente Escuela de Ciencias Políticas, UCR
  21. Ana Tristán Sánchez, jubilada del Poder Judicial
  22. José Gabriel Rivas Ducca, biólogo, activista ecologista
  23. Raquel Molina Huezo, comunicadora y profesora
  24. Paulo Coto Murillo, profesor Posgrado en Sociología, UCR, investigador CICDE-UNED
  25. Marcela Moreno Buján, investigadora UCREA-UCR
  26. Carlos Peralta Montero
  27. Claudia Palma Campos
  28. María Eugenia Bozzoli
  29. Guillermo García Segura, director de la Escuela Sindical de ANDE
  30. María del Carmen Araya Jiménez
  31. Helga Arroyo Araya
  32. Roberto Castillo Vásquez
  33. Freddy Humberto Vargas Chavarría
  34. Juan Antonio Gutiérrez Slon, sociólogo e historiador, Centro Investigaciones en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED.
  35. César Moya Aburto, investigador del Centro Investigaciones en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED.
  36. Mariana Delgado Morales
  37. Miguel Regueyra Edelman
  38. Douglas Esquivel González
  39. Erick Mauricio Zúñiga Monterrosa
  40. Luis Emilio Cortés Ugalde
  41. Gustavo Oreamuno Vignet
  42. Andrés Pages Zamora
  43. Giancarlo Andrade Colón
  44. Ángel Molina Fernández
  45. Lilliam Marbelli Vargas Urbina
  46. Israel Azofeifa Retana
  47. Benjamín Hernández Domínguez
  48. José Ramírez Aguilar
  49. Nayla Carvajal Sancho
  50. María Paula Barrantes Reynolds
  51. María José Víquez Barrantes
  52. Silvia Castillo Morales, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica
  53. Isis Campos Zeledón, docente Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva
  54. Mariana Castillo Rojas
  55. Melissa Mendiola Vásquez, Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA), Universidad Nacional (UNA)
  56. Alberto Gutiérrez Arguedas
  57. Ciska Raventós Vorst
  58. Mario Zúñiga Núñez, director, Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica
  59. Patricia Mora Castellanos
  60. Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria
  61. Sergio Villena Fiengo
  62. José Luis Arce Sanabria
  63. Onésimo Rodríguez Aguilar
  64. Teresita Ramellini, Universidad de Costa Rica
  65. Ivania María Rojas Herrera
  66. Rafael Cuevas Molina
  67. Claudio Vargas Arias
  68. Osvaldo Durán Castro/Sociólogo ITCR-FECON
  69. José Julián Llaguno Thomas, Instituto de Investigaciones Sociales, UCR
  70. Manuel Peralta Reyes
  71. Isabel Avendaño Flores, docente, Facultad de Ciencias Sociales
  72. Irma Arguedas Negrini
  73. Jeisson Gutiérrez Pizarro, bachiller universitario, Heredia
  74. Olman Bolaños Vargas
  75. Pedro Salguero Aguilar
  76. Henry Mora Jiménez
  77. Alexis Rodríguez Brenes
  78. Jaime García
  79. Guadalupe Urbina
  80. Yerling Ruiz Vásquez
  81. Meibell Solera Fernández
  82. Marcela Dumani Echandi
  83. Mariana Zumbado
  84. Maritza Marín Herrera, Escuela de Estudios Generales, Universidad de Costa Rica
  85. Gaus Monge
  86. David Solís Aguilar
  87. Guido Barrientos
  88. Christoph Burkard
  89. Carol Castro Begnozzi
  90. José Ignacio Ureña Umaña
  91. Emanuel Villamil Chinchilla
  92. Cinthya Soto
  93. José María Gutiérrez Gutiérrez
  94. María Elena López Núñez
  95. Juan Fernando Cerdas Albertazzi
  96. Carolina Serrano
  97. Andrey Morales Méndez
  98. Héctor Ferlini Salazar, SURCOS Digital
  99. Carlos Cruz Chaves
  100. Ariel Robles Barrantes, académico, Regidor Municipal de Pérez Zeledón
  101. Doriam Chavarría López
  102. Liz Brenes Cambronero, Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica
  103. María Esther Montanaro Mena
  104. Arturo Montanaro
  105. Ana Marcela Montanaro
  106. Mauricio Álvarez Mora, IDELA-UNA y Proyecto ED3526 – Educación Popular y Geografía
  107. Nery Chaves García
  108. Guillermo Acuña Gonzáles, investigador del Programa Migraciones, Cambio Social e Identidades (IDESPO-UNA)
  109. Adelina Salazar Altamirano, Chacarita # 3
  110. Jacqueline Hernández Contreras
  111. Óscar Jara Holliday
  112. Onésimo Rodríguez Aguilar
  113. Mario Zúñiga Núñez
  114. Carolina Quesada Cordero
  115. Keilyn Rodríguez Sánchez
  116. Ana Cristiana Aguilar Vega
  117. María Ramírez Chinchilla
  118. Paula León Saavedra
  119. Gerardo Miguel Alarcón Zamora
  120. Vania Solano Laclé
  121. Melania Mayela Portilla Rodríguez
  122. Ernesto Cortes Amador
  123. Denia Román Solano
  124. Gerardo Cerdas Vega

Para ver el documento oficial haga click

Presentación del 18avo Informe del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN)

Surcos comparte la siguiente invitación:

El día miércoles 10 de febrero a las 11:0am se llevará a cabo una transmisión por Facebook Live en las redes de @frentenacionaldepueblosindigenas en la que se abordaran aspectos en relación a la presentación del Informe del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena.

Se tendrá la participación de los siguientes expositores:

  • Víctor Madrigal Sánchez

Participante de la 18A. Misión

  • Ana Castillo Delgado

Participante de la 18A. Misión

Adjuntamos la invitación formal del Evento:

Denuncia Internacional: Nos unimos a familiares y comunidades de La Esperanza en Intibucá para exigir justicia frente a la muerte de joven enfermera, estudiante de la UNAH, Keyla Patricia Martínez Rodríguez

Información compartida con SURCOS por la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).

Varias instituciones y organizaciones han levantado una denuncia contra el Estado Hondureño, responsabilizando a este por la muerte de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, joven de 26 años, estudiante de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien el pasado 6 de febrero del 2021 fue detenida por la Policía Nacional de Honduras, junto a otros doctores en la ciudad de La Esperanza, bajo el supuesto de infringir y violentar el toque de queda (PCM 26-021).

La denuncia se fundamenta en base a que los hechos en la forma en la que murió la joven no son claros, pues esta fue encontrada sin vida en las celdas de la Policía Nacional, alegando a un supuesto suicidio. Se responsabiliza al estado hondureño, por su incompetencia para garantizar la protección de la vida y de los derechos humanos.

Además, se manifiesta la preocupación de que esta muerte se da en el marco de la suspensión de garantías constitucionales decretado bajo el PCM 012-2021, mecanismo que está incrementando las sistemáticas acciones violatorios a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas represoras del Estado Hondureño, mismo que agudiza el miedo y el estado de indefensión en tiempos de pandemia por el Covid-19 y en todos los contextos.

Por lo tanto, se exige al Ministerio Público una investigación exhaustiva en la mayor brevedad que puede dar claridad sobre la situación y los responsables de la muerte de Keyla Martínez, a su vez se extiende un abrazo solidario y sororo para familiares y amigos de parte de organizaciones sociales y colectivos de honduras, tales como: Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, Campesinas Lencas, Escuela de Enfermería UNAH, Red Nacional Defensoría de Derechos Humanos en Honduras.

Otra de las demandas es que la familia de Martínez tenga el derecho y potestad para acceder a todos los documentos oficiales y no oficiales pertinentes a este feminicidio, porque cada mujer asesinada le concierne a todo el pueblo.

Por último, se realizan 2 convocatorias una frente a la comandancia de la Policía Nacional de Honduras a las 9:00am, y la otra en las afueras de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH a las 10:00am, con el objetivo de exigir una investigación detallada y exhaustiva por el femicidio de Keyla Martínez.

#JusticiaparaKeyla #Niunfemicidiomás, ¡la policía no cuida, viola y asesina!, ¡Policía Nacional, ustedes son el mal! fueron algunos de los hashtags y consignas que se expresaron en reclamo por justicia ante este lamentable suceso.

Adjuntamos algunos documentos y comunicados de organizaciones y colectivos con respecto al tema:

Un país extraño

Memo Acuña, (sociólogo y escritor costarricense)

El día 2 de febrero el presidente estadounidense Joe Biden firmó una segunda ronda de órdenes ejecutivas vinculadas con la migración. En el marco de la estrategia para transformar la política migratoria impulsada por su antecesor, la administración Biden-Harris ha delineado un conjunto de disposiciones que proponen, al menos en teoría, cambiar la estructura institucional y normativa diseñada para disuadir la migración e implementar un enfoque punitivo y castigador en particular para aquellos que cruzan las fronteras en condiciones irregulares.

La retórica de las disposiciones, su lenguaje técnico y a veces, muchas veces, frío y distante, continúa superponiendo su sentido ante una realidad compleja, difícil, absolutamente dura para cientos de miles de personas que desde Centroamérica ven en la movilidad una acción urgente para salvar sus vidas, continuarlas.

Entre las directivas emitidas por el presidente estadounidense se encuentra » creando un marco regional para atender las causas de la migración, para atender la migración entre Norte y Centroamérica y para proveer un proceso de asilo seguro y ordenado en la frontera de Estados Unidos». En síntesis, emite un conjunto de acciones para «revisar», por ahora, políticas en materia de control fronterizo, expulsiones en frontera, el sistema de asilo.

En mucho, dichas orientaciones importan a las migraciones centroamericanas, que un día si y otro también continúan saliendo a pesar de la crisis sanitaria, las disposiciones de confinamiento, las prohibiciones administrativas y securitarias para cruzar las fronteras internacionales. Importan también porque las necesidades y las urgencias para básicamente ejercer el derecho humano de «vivir», no pueden esperar los acomodos, los lobbys políticos, los acuerdos y desacuerdos de las bancadas demócrata y republicana.

La pobreza, la desigualdad, el extractivismo empresarial, los impactos socioambientales, la corrupción impune, la relación trenzada y amañada entre élites y actores políticos y las múltiples violencias que campean en toda la región centroamericana, son determinantes como condiciones causales de la expulsión.

Contar estas dimensiones políticas y sociales de la movilidad humana en la región centroamericana ha sido una labor amplia y sistemática de la academia regional. Sus lecturas, sus reflexiones e interpretaciones son necesarias para ubicar motivos, efectos, implicaciones tanto desde el punto de vista subjetivo como estructural.

Pero esta labor no es suficiente, porque a la dimensión analítica debe complementarla otra narrativa posible. En anteriores columnas hablamos de esas otras posibilidades como la comunicación implicada y producida en la región, por ejemplo.

Al tiempo que Biden estampaba su firma en estas órdenes ejecutivas, desde la región se presentaban esfuerzos desde la «poética de los exilios» para decir, con imágenes certeras y profundas, lo que la perspectiva académica puede contar desde la teoría y la epistemología de los desarraigos. Una y otras son necesarias, complementarias, precisas.

Desde El Salvador, el recién lanzado proyecto editorial virtual «El escarabajo» (elescarabajo.com.sv) publicó un numero especial titulado «Vámonos patria a migrar, yo te acompaño», incluyendo una selección poética producida desde la región sobre el tema. El nombre de la edición proviene de un verso del poeta Chiapaneco Balam Rodrigo incluido en su «Libro Centroamericano de los muertos», publicado en 2018 por el Fondo de Cultura Económica y ganador del prestigioso «Premio Bellas Artes de Poesía Aguas Calientes» en México, ese mismo año. En este libro, el escritor precisa con maestría y crudeza la realidad del tránsito de las migraciones centroamericanas a través de territorio mexicano.

En el número especial de El Escarabajo confluyen voces, estilos, propuestas, narrativas diversas. Es el caso del escritor salvadoreño Vladimir Amaya, de quien consignamos uno de sus textos.

Viajar en bolsa plástica

Madre:
la mañana te recuerda
que anocheció en mi frente,
que muy poco de mí ha quedado en las fotografías,
que mucho de vos se ha gastado entre las noticias y el papeleo.

Tan escaso ahora todo mi cariño
que no alcanza a descubrirte el retozo;
perdió asombro y altura
entre los alacranes y la hierba seca del desierto.
Extranjeros mis días que ya no son míos ni son días.

Son los peces que tienen por ojos lenguas de niños
y que un ángel, en sueños, puso sobre tu mesa la madrugada en que me fui.

Aquí se echa de menos
lo cálido que fue tu vientre.

«Regresaré,
serán doce meses,
a lo mucho un año y medio», te dije.

Pero no me escuchaste,
todas mis palabras eran el devastador paso de un tren que aullaba.

Las lágrimas que ya no pude entregarte,
seguro las lloraste vos.

«Regresaré», dije.

No pude llegar. Jamás lo hice.

Hoy abrí esta placenta de nuestra muerte.

Abrí este útero donde los hombres pusieron mis pedazos
y me catalogaron en los imperios de la ausencia.

Hacé que el viaje termine, madre.

Abrí la noche de mis ojos cerrados.

Reconoceme,
deciles que soy yo,
y llevame a casa.

La misma semana en que esta selección vió la luz, fue presentado el Libro «Llévate los sueños, déjame los recuerdos» de la poeta mexicana Chary Gumeta. El libro, publicado por Coneculta-Chiapas, expone desde la poesía testimonial, las vivencias recogidas por la autora en una investigación en campo en la frontera entre México y Guatemala. De su libro, es el siguiente poema:

Un país extraño

Bajo el cielo azul de un país extraño
te busco en la profundidad de mis adentros,
en cada mujer que veo pasar por este bosque de miradas,
en cada olor, sonrisa o lugar, te busco.

Al final,
con la sal entre las manos
sé que te he perdido,
la sensación de vacío repasa mi mente,
tu rostro se desmorona,
hace un ruido silencioso
como un sollozo.

Aprenderé a no pensar
en tu larga cabellera con olor a duraznos
y en tu rostro, donde se posa la tarde.

El amor es un huérfano que camina solo por las calles.

Hoy más que nunca precisamos otras formas de acercanos a la realidad centroamericana, objetivarla desde las narrativas que nos atraviesen la epidermis y nos hagan abrir los ojos. En el tema migratorio, aguardaremos por el arte como recurso para no volver a cerrrarlos más.

Imagen: https://elescarabajo.com.sv/

Asamblea autogestionada: “Hacia una agenda global: el derecho humano a la educación desde los movimientos”

El Foro Social Mundial invita a participar de la asamblea autogestionada “Hacia una agenda global: el derecho humano a la educación desde los movimientos” a realizarse el próximo 30 de enero a las 7:00 hora de Centroamérica.

Se trata de un diálogo amplio en el cual se identificarán las claves de la lucha común por el derecho humano a la educación, con intersección de otros derechos.

El evento se realizará en español con traducción simultánea en inglés, portugués y francés.

Inscripciones: redclade.org/asamblea-autogestionada

 

Compartido con SURCOS por José Rafael Quesada.

El gobierno de Biden: más allá de la multiculturalidad

El desajuste no es de raza, sino entre tener y no tener. La diferencia entre el 1% más rico y el otro 99% es terrible.
Jesse Jackson

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

Después de la tragicomedia de Donald Trump en la casa blanca cualquier cambio merece ser celebrado, dirían algunos. Para otros, el optimismo alza vuelo con los cambios y rectificaciones anunciados por Joe Biden, como si se tratara de un presidente sin rostro imperial.

Recuerdo haberme acercado a un profesor para comentarle cómo el líder de los derechos de los negros, Jesse Jackson, celebraba con lágrimas el ascenso del primer presidente negro a la casa blanca, Barack Obama. Su comentario fue contundente: “Ninguna garantía, un negro con chofer en Estados Unidos se emblanquece”. Y una profesora de secundaria me compartía que un estudiante le comentó: “Profesora, qué bueno un presidente negro en Estados Unidos”, a lo que le respondió: “Ojalá que no tenga el hueso muy blanco”.

Por más que valoremos la multiculturalidad y la interculturalidad, con todo lo que significa de reivindicativo en el orden de los derechos humanos y culturales, el problema fundamental de los negros en Estados Unidos sigue siendo el acceso justo y equitativo a los recursos para una vida digna. Así lo constata el articulista David López quien, a propósito de una entrevista a Jesse Jackson, señaló: “La muerte de Floyd desató la tormenta, pero ha sido la crisis del coronavirus la que mejor ha expuesto la realidad en Estados Unidos. A pesar de ser solo el 13% de la población, los negros suponen el 30% de las muertes por COVID-19. Su falta de acceso al sistema de salud, su estilo de vida —las mujeres negras son las personas más obesas del país—, la mayor exposición por sus trabajos y su alarmante diferencia de recursos —una familia blanca tiene una riqueza media de 150.000 euros frente a los 15.000, 10 veces menos, de una negra— los convierte en los más vulnerables. “Hoy luchamos por la justicia económica, por la igualdad y por la paz”, me dice Jackson”[1].

En este aspecto, lleva razón el sociólogo Zygmunt Bauman al apuntar que el multiculturalismo, en el marco de la “tolerancia liberal” y a pesar del reconocimiento a la afirmación de las identidades diversas, “actúa como una refundición de desigualdades […] La fealdad moral de la privación de recursos se reencarna milagrosamente como la belleza estética de la variación cultural. Lo que se ha perdido de vista a lo largo del proceso es que la demanda de reconocimiento es impotente a no ser que la sostenga la praxis de la distribución, y que la afirmación comunal de la distintividad cultural aporta poco consuelo a aquellos cuyas elecciones toman otros, por cortesía de la división creciente desigual de recursos”[2].

Atilio Barón, por su parte, destaca que la diversidad étnica del gabinete de Biden no es ninguna garantía de cambios sustantivos, pues la mayoría están “íntimamente ligados al gran capital”[3]. Por consiguiente, lo más probable es que seguirán prevaleciendo los intereses de los poderosos sobre las razones y argumentos a favor de un nuevo orden mundial más igualitario y menos depredador y guerrerista. Al parecer, la cuarta revolución de la inteligencia artificial y la robotización no significará la caída de la hegemonía del complejo científico-tecnológico y militar sobre el que se asienta el poder imperial de los Estados Unidos.

Y es que “cuando hablan las armas, callan las leyes”. También los intereses de los poderosos prevalecen hoy sobre los derechos, las razones y los argumentos. Para muestra un botón: la negociación actual del gobierno costarricense con el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde ha quedado en evidencia que las razones no importan, los intereses sí.

El bipartidismo en Estados Unidos se asemeja mucho al costarricense de los últimos 40 años: dos caras de una misma moneda. Aunque en Costa Rica perdió legitimidad, entre otras razones por los múltiples escándalos de corrupción (CAJA-FISCHEL e ICE-ALCATEL, para referir los más publicitados), ha buscado reciclarse aliándose con el Partido Acción Ciudadana (PAC) que enarboló la bandera de la ética y la anticorrupción, pero que sigue gobernando al mismo estilo bipartidista neoliberal.

Volvemos sobre el viejo dicho popular: “Por más que la mona se vista de seda, mona se queda” (con perdón de la mona cuyas monadas resultan tan inocentes como artísticas y lúdicas). Ya tuvo Estados Unidos en el pasado un presidente demócrata que se vistió de defensor de los derechos humanos, Jimmy Carter, pero que fue tan solo un maquillaje de su rostro imperial.

Hoy, cuando estamos siendo sacudidos por una pandemia que azota sin clemencia a los pobres de la tierra y la prepotencia imperial de los grandes poderes fácticos de la globalización neoliberal que azota sin clemencia a la tierra de los pobres, no queda otra salida que apostar por otro mundo posible: dignidad y justicia para el 99% y salud y descanso para la tierra. Que prevalezca la fuerza de la razón y los buenos afectos sobre el imperio de las armas, el egoísmo humano y el desamor.

[1] https://www.revistavanityfair.es/poder/articulos/jesse-jackson-reverendo-entrevista-martin-luther-king-racismo-trump/46273

[2] Bauman, Zygmunt (2009) Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid; Siglo XXI p.103 (la cursiva es nuestra).

[3] https://www.pagina12.com.ar/318499-joe-biden-en-la-casa-blanca-ninguna-ilusion

 

*Imagen tomada de France24.