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Etiqueta: derechos humanos

Derechos Humanos internacionales y criminalización de la protesta social en Costa Rica

Sileny Vásquez O. y Javier Carvajal M conversarán sobre Derechos Humanos internacionales y criminalización de la protesta social en Costa Rica. Han participado en varios espacios organizados en la lucha por la reivindicación de los Derechos Humanos, como la educación, la salud, justicia tributaria, agua y vivienda en Costa Rica.

Puede participar hoy, lunes, 27 de julio, 7:00 de la noche por Facebook Live de Héctor Flores, el Chaco de la pitoreta, el enlace se habilitará a las 7:00 pm en su perfil.

Aumentan las amenazas, asedio e intimidación de finqueros contra familias malekus

ALERTA TEMPRANA de FRENAPI

Aumentan las amenazas, asedio e intimidación de finqueros contra familias malekus recuperantes en Conflicto por Tierras/Territorio

A los Organismos Regionales y Universales de Derechos Humanos
A las Organizaciones, Iglesias y Movimientos Sociales que trabajan por DDHH
A la opinión pública nacional e internacional

El domingo 26 de julio del 2020, en horas de la noche se reportan nuevas acciones de intimidación por parte de finqueros contra las familias recuperantes malekus.

Un grupo de aproximadamente 60 personas No Indígenas se presentaron en horas de la noche a cortar alambrado colocado por recuperantes indígenas, también se reportan nuevas amenazas y amedrentamiento.

Este hecho no es una situación aislada, desde el 12 de julio del 2020 este Frente recibió la Acción Urgente, difundida por la Comisión Coordinadora y Facilitadora (COCOFA) del Congreso Indígena Nacional (COIN), informando “amenazas de agresión por parte de finqueros No Indígenas, que se reclaman “dueños” de las al menos 5 Fincas recuperadas por familias Indígenas Malekus desde el pasado 09 de julio”.

Para el 13 de julio del 2020, el FRENAPI corroboró la recuperación de al menos 7 Fincas, y mediante ALERTA TEMPRANA del 13 de julio del 2020, informó que la acción de las familias recuperantes malekus representa la mayor cantidad de fincas recuperadas simultáneamente en un Territorio Indígena, distribuidas en varios lugares del Territorio Maleku lo que indica que la Comunidad entera se ve involucrada.

Este Frente reitera que el modus operandi de los No Indígenas, -aprendido de personas finqueras usurpadoras de mala fe del Sur-, consiste en aprovechar la noche, fines de semana, feriados, las distancias geográficas, la negligencia policial y en este momento, hasta las medidas restrictivas por la pandemia. NO es casualidad que las nuevas acciones de intimidación y amedrentamiento se dieran la noche de un domingo de “fin de semana largo”.

Reconocemos el derecho de las familias malekus recuperantes a tomar sus Tierras/Territorios establecidas así por la misma Ley costarricense. También, reiteramos que los Tribunales de Costa Rica (Agrarios y Contencioso) han establecido que los No Indígenas que posean de Buena fe, pueden ser indemnizados en el tanto reúnan las condiciones/requisitos legales para ello. Las soluciones que ejecute el Estado/Gobierno costarricense, NO deben permitir la indemnización de las persona poseedoras de mala fe. Lo contrario, como lo hemos afirmado antes, representaría un estímulo para nuevas usurpaciones bajo la promesa de que un hecho delictivo, además de quedar impune, será indemnizado.

Con esta nueva ALERTA TEMPRANA, reafirmamos la ALERTA TEMPRANA del 13 de julio del 2020 a favor de las acciones de recuperación de las familias malekus y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Costa Rica.

A la Comunidad Internacional, Organismos de DDHH y las Organizaciones Sociales solidarias con la Lucha Indígena, les reafirmamos nuestra solicitud para que acompañen nuestra Causa e intercedan ante el Estado/Gobierno Costarricense para que se actúe con prontitud, impidiendo que las personas finqueras usurpadoras e invasoras continúen ejerciendo violencia contra personas indígenas recuperantes, se detenga la ocupación ilegal en el Territorio Maleku y en los demás Territorios Indígenas en Costa Rica. Asimismo, reiteramos que responsabilizamos al Estado/Gobierno costarricense de cualquier agresión en contra de las familias recuperantes malekus.

 ¡NO MAS IMPUNIDAD!
#SergioRojasVIVE #JeryRiveraVIVE
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA

Colegio de Periodistas invita: Derechos de la Población LGTBI / Inauguración de Galería Virtual

Compartimos las siguientes actividades virtuales que estará realizando el Colegio de Periodistas.

1- Diálogos COLPER: “Abordaje de los derechos de la Población LGTBI

Miércoles 29 de julio, 3 p.m.

FB LIVE

Para esta actividad se contará con la participación de Margarita Salas Guzmán, comisionada de la Presidencia de la República para asuntos LGTBI; Gia Miranda Castro, directora Ejecutiva del Movimiento Matrimonio Civil Igualitario; Marco Castillo Rojas, activista.

2- Inauguración de la Galería Virtual: Alberto Cañas: A 100 años de su Natalicio – 16 de marzo 1920 -2020

El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación invita a la Inauguración de la Galería Virtual de las Columnas de Alberto Cañas editadas en la Prensa Libre.

Como homenaje a su fructífera vida como político, ensayista, novelista, columnista y por su aporte imperecedero al periodismo costarricense, al cultivo de la Ética Ciudadana, su trayectoria política y personal, humanista y por su polifacética produccción intelelectual.

Día: jueves 30 de julio de 2020

Hora: 4:00 p.m.

FB LIVE Vicerrectoría de la Investigación

Pronunciamiento de la Comisión Indígena Siwá Pákö

Pronunciamiento Cabecar

La Comisión Indígena Siwá Pákö se pronuncia por los recientes actos de discriminación y violencia hacia la población indígena Cabécar ante el posible contagio por COVID-19 en el cantón de Turrialba.

Dele click a la imagen para ampliar.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

Pronunciamiento por la quema en Turrialba

El martes 14 de junio se dio la noticia de una familia indígena Cabécar que acudió a un centro médico en Turrialba, un niño fue diagnosticado con Covid-19 y tres adultos, su madre incluida, fueron aislados en un albergue acondicionado donde esperan los resultados de las pruebas que les hicieron. Desde horas de la tarde medios de comunicación señalaban que un grupo de vecinos del lugar donde se encuentra el albergue, estaban exigiendo que las personas aisladas fueran sacadas del lugar. La situación continuó hasta que en horas de la madruga realizaron una quema frente al albergue.

Esta acción es una expresión de ignorancia y racismo, primero por el desconocimiento respecto a las formas de transmisión del virus y también por ser un acto de intimidación que puso en peligro la integridad de las personas indígenas que se encontraban dentro del albergue.

Esta situación es injustificable y pone en evidencia el racismo estructural que persiste en la sociedad. El trato inhumano contra las personas indígenas por parte de las personas que las estaban instigando debe ser condenado. El hostigamiento no se produce únicamente por la sospecha de la transmisión del virus, es la evidencia de un trato discriminatorio en contra de la población indígena, esta discriminación es cotidiana en una sociedad que siempre nos han visto como “los otros” y lamentablemente sale a relucir en momentos donde deberían estar presentes la empatía y la solidaridad.

Por otra parte, señalamos la exclusión y la invisibilización histórica que el Estado costarricense ha realizado en contra de los pueblos indígenas, que encadenado al racismo y la discriminación generan una enorme amenaza para los pueblos indígenas en la actual pandemia. Los pueblos son afectados de diversas maneras, en primer lugar por el peligro de contagiarse con el virus, a esto también se suma el poco acceso a centros de salud para la atención médica, por ejemplo, la población indígena cercana a Turrialba debe movilizarse por horas y días completos para acceder a un centro de salud y lugares para abastecerse de comida. Esta situación hace más vulnerable a los pueblos indígenas. Si a lo anterior se agrega las acciones de discriminación de parte de la sociedad que les impide acceder a los centros de salud y elementos básicos como el alimento, se genera una situación crítica para los indígenas, que vulnerabiliza sus derechos más elementales.

Denunciamos los actos de racismo y discriminación sucedidos, pedimos a las autoridades su accionar para evitar estas situaciones a futuro, garantizando el derecho pleno a la salud que tenemos todos como personas. Además, pedimos que las poblaciones indígenas reciban servicios de salud que no los obligue a movilizarse fuera de su territorio y sea pertinente culturalmente, esto incluye que sea dado en un idioma propio, respetando los tiempos de las comunidades y respetando las formas propias de medicina de los pueblos indígenas.

Publicado en la página de Facebook del Movimiento Indígena Interuniversitario de Costa Rica.

 

Compartido con SURCOS por Jorge Arturo Chaves Ortiz.

Tecnologías emergentes: ventana de oportunidades para las mujeres – webinar

El Viceministerio de Telecomunicaciones le invita a participar el próximo jueves 23 de julio a las 3:00 p.m. en el Webinar: “Tecnologías emergentes: ventana de oportunidades para las mujeres”.

Con la participación de las expositoras Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET); Jendy Varela, co fundadora de WOW Emotions y Angélica Chinchilla, directora de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).

Se contará con la participación de Ana Cecilia Escalante, consultora independiente, especialista en género, diversidad cultural y derechos humanos.

El objetivo del Webinar será visualizar los retos pendientes del país en materia de brecha digital de género en el uso y aprovechamiento de las TIC, y las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías emergentes para las mujeres.

 

*Imagen de portada tomada de: http://www.mesaticfid.cl/

Tenemos derecho a vivir sin violencia

Milena Barrientos Blanco es licenciada en Planificación Social de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha dedicado toda su vida a la defensa de los Derechos Humanos, trabajando con la cooperación de internacional en proyectos de desarrollo y protección de derechos, así como en instituciones estatales, como el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Nacional de las Mujeres, defendiendo tanto los derechos de las mujeres como de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas LGTBI.

Junto con Sebastián Barrientos Arroyo y Roberto Barrientos Arroyo, y como un aporte a esta sociedad que está enfrentando la pandemia, han producido una serie de videos.

-Introducción al curso – Tenemos derecho a vivir sin violencia
-Autoestima – Tenemos derecho a vivir sin violencia
-Derechos – Tenemos derecho a vivir sin violencia
-Violencia intrafamiliar parte 1 – Tenemos derecho a vivir sin violencia
-Violencia parte 2 – Tenemos derecho a vivir sin violencia
-Salida de la violencia – Tenemos derecho a vivir sin violencia
-Desde la profundidad de mi alma de mujer – Tenemos derecho a vivir sin violencia

Podrá ver y compartir cada uno de los videos que encontrará en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/channel/UCIypsD7l_ADept5YIVIAsOQ

Desatención del Estado colombiano y COVID-19 incrementan riesgo de exterminio del Pueblo Siona

Washington, D.C., Quito y Bogotá, D.C., 9 de julio, 2020.– El incumplimiento por parte del Estado colombiano en la adopción desde una perspectiva étnico diferencial de las medidas cautelares dispuestas desde hace 2 años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) a favor del Pueblo Siona de los Resguardos Gonzaya (Buenavista) y PoPiyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco), sumado a la crisis mundial sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19), han agudizado el riesgo de su exterminio físico y cultural.

Esta fue la denuncia presentada en una reunión de trabajo el día de hoy ante la CIDH por parte de las  autoridades tradicionales y políticas de la comunidad, en conjunto con sus representantes, Amazon Frontlines, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), quienes exigieron que el Estado colombiano cese de utilizar la pandemia para validar su inacción y falta de avance en el cumplimiento de las medidas de protección dispuestas por la CIDH para prevenir las injerencias y acciones violentas de grupos armados en el territorio Siona.

“La pandemia ha sido la excusa perfecta para la inacción del Estado. No hay ningún avance en el cumplimiento de las medidas cautelares. Esperamos que la CIDH, en cuanto se pueda, realice una visita de verificación al territorio y la emisión de una resolución de seguimiento de las medidas cautelares”, dijo Mario Erazo Yaiguaje, Dirigente del Territorio Siona del Resguardo Buenavista.

Mientras la mayoría de la población respetaba el aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional en respuesta a la pandemia, la falta de presencia del Estado en el territorio Siona profundizó la situación de vulnerabilidad de la comunidad, llevando a un aumento de la presencia y fortalecimiento de distintos actores armados ilegales, quienes pretenden ejercer control territorial y social de las comunidades Siona. Además, se ha intensificado el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los Resguardos, así como las amenazas contra la población y sus dirigentes, ocasionando incluso el desplazamiento forzado de una familia Siona y la amenaza contra otros grupos familiares .

El retraso en la respuesta eficaz de las instituciones gubernamentales quedó en evidencia el pasado 17  de junio, cuando se presentó una violación a una niña siona en el Resguardo Buenavista, y a pesar de que se logró la captura en flagrancia del agresor no indígena por parte de la Guardia Indígena, el Estado tardó más de 3 días en recibir al detenido para su judicialización, sometiéndonos a un escenario de afectaciones sicológicas comunitarias, presiones por parte de los actores armados ilegales, riesgos de impunidad en este caso concreto, falta de garantías para la niña víctima de violencia sexual agravados por el contexto de la pandemia por el COVID-19, que hace aún más ineficiente a los operadores de justicia convirtiéndonos de nuevo en víctimas del sistema judicial.

Por otra parte, la única medida de respuesta estatal frente al Covid-19 fue la entrega de una ayuda alimentaria limitada, la cual ha sido insuficiente toda vez que no hay contención de los riesgos ni una respuesta idónea con información culturalmente apropiada, en idiomas propios o distribuidos por canales eficientes y accesibles. Tal y como fue denunciado públicamente, los actores armados ilegales que pretenden ejercer control territorial en el Departamento del Putumayo han amenazado de muerte a quienes presenten síntomas de contagio durante la pandemia. Además, no ha habido entrega de implementos de bioseguridad a la Comunidad, y particularmente a la Guardia Indígena.

“El último intento para una reunión de concertación se realizó el pasado 17 de diciembre de 2019 en la ciudad de Puerto Asís. Luego de aquello en el mes de febrero la Cancillería y Min Interior pretendió realizar reuniones bilaterales entre beneficiarios y entidades en Bogotá, excluyendo a los peticionarios y desconociendo los mecanismos de gobernanza y participación propios de los beneficiarios. La respuesta estatal es desarticulada, tardía, desconoce criterios étnicos y está condicionada a una oferta institucional genérica y que no toma en cuenta la situación de riesgo y gravedad. El Estado debe reconocer que se ha incrementado el riesgo al Pueblo Siona. Su desaparición del territorio está poniéndoles al borde de la extinción. Nuevamente, recalcamos la urgencia de que se cumplan las medidas cautelares”, dijo Lina María Espinosa, abogada de Amazon Frontlines.

Al concluir la reunión, se solicitó a la CIDH emitir una resolución de cumplimento de las Medidas Cautelares otorgadas de conformidad con resolución 02-2020 y que incluya visita in situ cuando se den garantías por contexto covid. Al Estado colombiano que cumpla inmediatamente y de forma concertada y con enfoque etnico diferencial las medidas cautelares otorgadas, de manera particular se deben concertar e implementar con urgencia medidas que lleven a un cese del reclutamiento forzado de jóvenes Siona, desplazamiento forzado y amenaza contra integridad de dirigentes y autoridades comunitarias.  Ante el Covid-19, el Estado colombiano deberá implementar medidas de bioseguridad y asistencia humanitaria para garantizar la integridad, seguridad y pervivencia del pueblo Siona, especialmente la entrega de material y equipos a la Guardia Indígena.

 

*Imagen tomada de https://www.aa.com.tr/

Red Clamor sobre la realidad de personas migrantes y refugiadas en tiempos de Covid 19

Conocerlos para comprenderlos

“Cuando hablamos de migrantes y desplazados, nos limitamos con demasiada frecuencia a números. ¡Pero no son números, sino personas! Si las encontramos, podremos conocerlas. Y si conocemos sus historias, lograremos comprender. Podremos comprender, por ejemplo, que la precariedad que hemos experimentado con sufrimiento, a causa de la pandemia, es un elemento constante en la vida de los desplazados”.

La anterior frase nos la ha regalado el Papa Francisco en su mensaje para el Día Mundial del Migrante y Refugiado 2020. A nosotros, integrantes de la Red Clamor Costa Rica –una instancia de comunión en la que, diócesis y congregaciones religiosas de la Iglesia Católica, procuramos hacer real el compromiso pastoral liberador junto a hombres y mujeres en situación de migrantes y refugiados–, nos ha parecido muy elocuente para dar a conocer, ante los hermanos miembros de nuestra Iglesia Católica Costarricense y los ciudadanos que habitamos en este hermoso país, nuestra mirada pastoral sobre realidades que viven los hombres y mujeres obligados a migrar o a buscar refugios lejos de sus comunidades de origen.

En el actual contexto provocado por la pandemia del Covid-19, los rostros de los migrantes y refugiados emergen como expresión de un drama humano agudizado, donde no solo la enfermedad misma, que tiene sometida a toda la humanidad, sino otros agravantes sociales y legales, están poniendo de manifiesto el estado de vulnerabilidad que les agrieta la esperanza y les carcome la posibilidad de alcanzar condiciones de vida digna. En medio de una sociedad que parece dejarse empequeñecer por el pánico ante un virus, se están develando una serie de atropellos a la dignidad humana, que tiene como destinatarios a hombres y mujeres empobrecidos, no solo de origen extranjero, sino también a personas de nuestro propio país. Prueba de ello es la constatación de las condiciones en que nuestros hermanos y hermanas son contratados laboralmente, con las consecuentes disminuciones de sus opciones de tener viviendas adecuadas, adquisición de servicios básicos, acceso al derecho humano de condiciones adecuadas en su salud.

Es deplorable que, en medio de lo que una realidad no prevista, y ante la que ningún grupo social podría haber actuado de forma previsora, surjan voces desde las que, con una negación casi absoluta de objetividad, aun cuando hoy se tiene acceso a tanta información calificada, se culpabilice a las personas migrantes y refugiadas como los grandes contagiadores, relevando la responsabilidad de otros actores que por intereses económicos reducen a las personas migrantes y refugiadas a simples medios de producción, ante los que no hay compromisos morales ni legales para preservarles su integridad.

La vida en plenitud (Jn 10,10) de una sociedad que tiene que ver con la salud como asunto público, demanda la corresponsabilidad para todos los miembros de la colectividad, y no puede ser concebida como privilegio de un sector social, en detrimento de las calidades de otro, que, por su origen o condición migratoria, lo excluye de la posibilidad de ser estimado como destinatario de las estrategias para preservarlos de los factores de riesgo. Como ha afirmado el papa Francisco, en el mensaje citado, es necesario conocer para comprender.

Para la Red Clamor Costa Rica la comprensión de la realidad de migrantes y refugiados, no es asunto intelectual, sino el desarrollo de actitudes de cuño cristiano que no requieren de permisos especiales, y que tampoco se dictaminan por decreto, sino que únicamente demandan volver la mirada hacia la presencia acogedora de un Dios que es padre de todos (Lc 11,2-4), que pide mostrar nuestra fidelidad a la Buena Noticia dada a conocer en su Hijo Jesucristo, para que pasemos por el tamiz de la misericordia todas nuestras acciones, asumiendo con rectitud evangélica que dar de comer al hambriento, saciar al sediento, vestir al desnudo, acoger al migrante (cf. Mateo 25, 31 ss), no es un compromiso a negociar, sino un estilo de vida solidaria que urge fortalecer.

Es oportuno y necesario que, como miembros de la familia humana, en estos tiempos aciagos de pandemia, tengamos claro que el cuidado es compromiso universal, y por ello tenemos que poner mucha atención en las poblaciones afectadas por el pecado social, porque “La construcción del Reino de Dios es un compromiso común de todos los cristianos y por eso se requiere que aprendamos a colaborar, sin dejarnos tentar por los celos, las discordias y las divisiones. Y en el actual contexto, es necesario reiterar que: «Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y no hace acepción de personas” (Papa Francisco, Día del Migrante y del Refugiado 2020).

Desde la Red Clamor invitamos a todas las personas que creemos en el Dios de la Vida, fuente del Amor generoso y sin prejuicios, a despertar nuestras conciencias, en este momento de la pandemia, comprender que los y las hermanas migrantes continúan pasando, ahora más que nunca, una situación dolorosa y difícil, la cual reclama un actuar desde la hondura de nuestra fe y desde la dulzura de la misericordia.

Todas las personas tenemos dignidad, independientemente de nuestro origen, y, en consecuencia, todos debemos cuidarnos y debemos ser cuidados. Dios nos auxilie en esta misión de preservar la vida para todos, y nos dé la gracia para comprometernos en ella.

San José, Costa Rica, 6 de julio de 2020

Suscriben.
Secretariado Nacional Pastoral Social-Caritas Costa Rica.
Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Cartago
Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Puntarenas
Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Alajuela
Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Arquidiócesis de San José
Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Tilarán-Liberia
Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de San Isidro El General
Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Limón
JPIC Claretianos Costa Rica
JPIC Familia Franciscana Costa Rica
Pastoral de Jóvenes Migrantes Costa Rica
Servicio Jesuita para Migrantes (SJM Costa Rica)
Hermanas de la Caridad de Santa Ana
Hermanas Scalabrinianas Costa Rica

 

Compartido con SURCOS por Jaime García.

Agroindustria, condiciones laborales y derechos humanos – OPNA

El Observatorio de la Política Nacional (OPNA), en conjunto con la Escuela de Ciencias Políticas a través del programa «Ventanas a la Política Nacional» le invita a la conferencia: «Agroindustria, condiciones laborales y derechos humanos: conflictos históricos evidenciados por la pandemia» a realizarse el jueves 9 de julio a partir de las 6:00 pm, a través del canal de YouTube de la unidad académica: https://www.youtube.com/channel/UClHECxOtdSVbSty1srIlrlg

Si quisiera enviar sus preguntas a los conferencistas, puede hacerlo al correo electrónico: OBSERVATORIO.POLITICANACIONAL@ucr.ac.cr con las mismas o bien, hacerlas durante la actividad.