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Etiqueta: derechos laborales

Improvisar con la seguridad pública daña la democracia

Pronunciamiento:

El PAC propone al Poder Ejecutivo que se reestablezcan las jornadas 6×6, esto con el fin de no afectar a las fuerzas policiales en el desarrollo de sus rutinas personales, así como gestionar la adecuada dotación de recursos para mejorar las condiciones de trabajo, asociación, remuneración salarial, alimentación, transporte, alojamiento y capacitación.

Además, reiteramos la necesidad de retomar las operaciones periódicas conjuntas, llamadas mega operativos que fueron muy efectivas; así como fortalecer el programa comunitario “Sembrando seguridad” y otras estrategias de prevención integral.

Como partido político recordamos que durante los ocho años de gobierno PAC se dieron avances en la profesionalización de la fuerza pública, la generación y planeamiento de nuevas delegaciones, centros penitenciarios y la dotación de equipo móvil terrestre, aéreo y marino. Así como la implementación de un enfoque preventivo, entendiendo que el mayor enemigo de la seguridad de un país es la falta de oportunidades de desarrollo personal y empleo de nuestros habitantes.

Es prioritario convocar y apoyar el expediente legislativo de extinción del dominio presentado desde el 2015, que permitiría “quitar bienesal narcotráfico para financiar un modelo de prevención civilista.

Finalmente, hacemos un llamado al Gobierno para que oriente sus acciones en la ruta que establecen los artículos 9 y 11 de nuestra Constitución: Artículo 9 “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias…”

21 de abril de 2023.

COMISIÓN POLÍTICA – COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA

ANEP informa del avance de negociaciones en el Ministerio de Seguridad Pública

Una nota oficial del Ministerio de Seguridad Pública enviada por ANEP a SURCOS señala los siguientes acuerdos:

“PRIMERO. El Ministerio de Seguridad Pública no ha implementado o comunicado ninguna circular referente al cambio de rol policial.

SEGUNDO. Con relación al acuerdo primero, se convoca para el día lunes 24 de abril del 2023, a las 13 horas en el auditorio Príncipe de Asturias, para realizar mesas de trabajo y conocer las propuestas de los diferentes actores, en el contexto del proceso de diálogo abierto esta tarde.

TERCERO. A pedido de los firmantes se suspende a partir de las 15 horas del día 21 de abril del 2023. Continuándose el proceso de construcción con lo visto en el numeral segundo en aras de continuar el proceso de construcción de una propuesta viable para a contención de criminalidad y la violencia en Costa Rica”.

En la reunión se contó con la siguiente asistencia: ANEP, SITECO, UNP, MTSS, MSP, MP.

Movilización e indisciplina policial

Marcos Chinchilla Montes

Este ha sido un gobierno de mucho efecto, pero poca inteligencia, desde el primer decreto malogrado que solo sirvió para hacer notar la incapacidad que tanto él como su equipo en Casa Presidencial tenían.

Sus errores se han venido acumulando de forma desenfrenada, aunque hay que reconocerle la capacidad que tiene para capitalizarlos, darles vuelta y finalmente invisibilizarlos, con el aplauso sórdido de las mazas que aún lo siguen.

Chaves chavacano ha sido un fiasco; no escucha, no negocia, pero lo mejor de todo es que no le importa: su ego patriarcal y machista se lo impide. Siempre atento a destruir la institucionalidad costarricense que tanto costó construir, que tantos réditos nos ha dejado a lo largo de casi ocho décadas; sin la menor duda, sigue siendo un excelente funcionario del Banco Mundial y su dogma neoliberal.

Chaves, el que casi muere por asfixia con un chop-suey de agricultores, sindicatos y otros actores políticos el pasado 29 de marzo, debe estar pasando esta noche una indigestión severa con la manifestación policial a las afueras de su apartamento en Curridabat y en otros lugares del país.

No se lo esperaba, como muchas otras personas tampoco lo esperábamos: que de pronto la disciplina policial se resquebrajara y exigiera su derecho a tener una vida digna: días de descanso, alimentación sana, equipo de trabajo, lugares decentes de descanso, salarios dignos. Casi en el nivel de insubordinación, varios policías sugirieron que la Fuerza Pública debía de quedar fuera de la Regla Fiscal y de la Ley del Empleo Público; tremenda y osada solicitud.

Conociendo a Chaves, en un primer momento asumió una pose de negación ante las manifestaciones policiales, posiblemente pensó que la policía llegó hasta su apartamento para agradecerle la nueva condición de precariedad en la que les sumió de la noche a la mañana. No obstante, en este momento se encontrará furioso, se preguntará cómo se atreven a contrariar sus decisiones.

Mañana o pasado cuando le toque resolver la compleja bronca que se le está armando, responsabilizará de la decisión al ministro de Seguridad, y en un coqueteo con los cuerpos policiales, procederá a despedirlo.

La policía nos dio una importante lección de movilización social, indisciplina incluida; puede que no tengan conciencia de clase, pero esta clase de luchas permiten avanzar en esa dirección; ojalá sepamos emularla, aunque le duela al exdiputado Carlos Ricardo Benavides.

Al margen. Y la ministra del MEP firmó un convenio con AmChan en la cual su prima, es presidenta de la Junta Directiva, desmiente que exista conflicto de intereses.

Contra la privatización de la CCSS- FRENASS

El pasado 23 de marzo en redes sociales, el Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) manifestó su posicionamiento en contra de la privatización de los servicios públicos de salud a través de la tercerización.

En primer lugar, señalan que la tercerización es un mecanismo de concentración de riqueza, porque no solo precarizan las condiciones laborales de las personas trabajadoras, sino que también le permite a los empresarios privados lucrar a costa de la enfermedad de las personas.

Seguidamente, indican que, al precarizar los salarios de las personas trabajadoras se disminuye tanto el aporte al Sistema de Seguridad Social como al FODESAF, repercutiendo directamente en familias vulnerabilizadas que se benefician de los programas sociales.

En muchas ocasiones, las empresas privadas irrespetan los derechos laborales de las personas contratadas por medio de la tercerización, los cuales se estipulan en el Código de Trabajo y en Convenios Internacionales del Trabajo (OIT) en cuanto a elementos como salud ocupacional, seguridad y cobertura de posibles riesgos en el trabajo. 

Por otra parte, el FRENASS denunció que la tercerización es un mecanismo de deterioro de los servicios brindados por la CCSS y, además, un mecanismo de subcontratación y explotación laboral, ya que se les paga un menor salario por una carga laboral mucho mayor que a los demás trabajadores de la Caja. 

Los pecados del gobierno costarricense al pueblo trabajador

Ustedes no les han pagado el sueldo a sus trabajadores,
y el Señor todopoderoso ha oído las protestas de ellos.
Ese dinero que no han pagado también los acusará delante de Dios.

Stg.5:4, TLA.

Recientemente, varios sindicatos de Costa Rica han hecho circular un video en relación al actuar del gobierno costarricense, al poner en ejecutase la Ley Marco del Empleo Público.

Los sindicatos reunidos para plantear su posición al respecto de la LMEP son: la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, la Central General de Trabajadores CR CGT, la Central del Movimiento de Trabajadores CMTC, la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD), el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense BUSSCO, y los sindicatos de sectores como: educación, salud, ministerios, universidades, municipalidades, Poder Legislativo y otros.

Ahora, ¿Que es la Ley Marco del Empleo Público?, antes de conocerla, debemos precisar que actualmente en Costa Rica existe el llamado salario compuesto, que es el salario base para todo trabajador del sector público, más, algunos incentivos, y que, según esta Ley, se sustituirá por un salario global, que la misma Ley no precisa cómo se va a fijar, además de otros elementos que veremos más adelante.

Según la misma Ley, el objetivo es, «regular las relaciones estatutarias, de empleo público y de empleo mixto, entre la Administración Pública y las personas servidoras públicas, con la finalidad de asegurar la eficiencia y eficacia en la prestación de los bienes y servicios públicos», pero según los sindicatos arriba mencionados y otros sectores protectores del pueblo trabajador, es un aparato sistemático de derogación de derechos laborales y sociales.

Los sindicatos fueron llamados a dialogar con el gobierno, para supuestamente reformar la LMEP, pero se fue entregado un documento sindical, en el cual señalan que previo al dialogo deben revisarse estos aspectos: los términos de la convocatoria, la inexistencia de las reglas del juego, las cuales se deben pactar entre las partes previamente. Que la reforma debe ser integral, sustancial y estructural, así como la modificación del decreto que reglamento la Ley.

La discusión debe considerar de inmediato una política sobre el congelamiento de los salarios, y el restablecimiento pleno del derecho a negociar colectivamente en la función pública.

Lo que sucede entonces es que, el gobierno llama a dialogo con los sindicatos, pero trae ya una agenda preestablecida e impuesta. Por ejemplo, se impone la metodología de trabajo e impone unas llamadas «reglas de oro», que no son más que, la no negociabilidad de la mayoría de los capítulos de la Ley, entre los que se destacan: las familias de puestos, la escala salarial global (salario global único), el congelamiento de los salarios, la negociación colectiva y algunas modificaciones al decreto.

La misma Ley señala que, el salario global es «la remuneración o monto único que percibirá una persona servidora pública por la prestación de sus servicios», es decir, no se conoce el salario global.

Con relación a las familias de puestos, solo se indica que, la ley crea siete familias de puestos y cada familia representa a un perfil similar; por ejemplo, quienes se desempeñan en el sector salud o en el sector policial.

Sin embargo, el reglamento que Mideplan saco a consulta, no precisa la metodología para la construcción de las familias y las escalas salariales globales únicas.

Los sindicatos señalan que, el llamado a dialogo y discusión, es como poner un candado, en temas que son dañinos al pueblo trabajador, y que evidencia un autoritarismo antidemocrático, así como un proceso deslegitimado, validado solo por Casa Presidencial y el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).  

El sindicalismo costarricense llama a una salida concertada, por lo que, en estas condiciones, no concurre al llamado de dialogo y llama al pueblo trabajador a la protesta y a la movilización.

Así las cosas, la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC, fiel a la inclusividad, a la justicia, a los derechos de los pueblos pobres, al dialogo fecundo y liberador, lamenta los actos del gobierno actual en Costa Rica quien viola, al concentrar todo el poder en Mideplan, en esta área económica tan importante y pertinente del trabajador, eliminando la participación de otros actores sociales que representan los intereses colectivos de los trabajadores.

Así mismo, se debe valorar el principio de respeto a los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, congelando los salarios de los trabajadores, a expensas del salario único global.

También, cuando se habla de salario único global, tampoco se habla de un tope del mismo, creemos como iglesia, se deben tomar en cuenta criterios que vayan en pro de una vida digna hacia los trabajadores/as, justos, equitativos, incluyentes, donde haya oportunidad para todos/as para su crecimiento integral, profesional y laboral.

A su vez, fieles al cumplimiento de las leyes, al cambiar el esquema salarial de base, más complementos salariales (salario compuesto), al esquema global, la ley es indiscutiblemente inconstitucional, así como lo es también el congelamiento de los salarios, que es en realidad una reducción del sueldo prohibida por normativa laboral general.

Hacemos un llamado a las partes involucradas a sentarse a discutir cuales son los mejores mecanismos económicos, que no violenten al pueblo trabajador costarricense, y que lo privilegien por encima del dinero, como el trabajo y su remuneración justa y decente, el descanso, su vida familiar, entre otros muchos otros aspectos de una vida digna.

Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te ira bien.
Salmo. 128: 2. DHH.

Asociación Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense.

Negociación salarial o conflicto social

Manuel Hernández

La pérdida del valor real de las remuneraciones, a merced de las medidas extraordinarias de la Regla Fiscal y el congelamiento de los salarios que receta la Ley Frankenstein, ya se volvió absolutamente inasumible para los trabajadores.

La política extremista de Estado, que impone una devaluación salvaje e indefinida de las remuneraciones, es una política pública de violencia institucional contra la clase trabajadora.

Hasta la misma Procuraduría General de la República, nada sospechosa de ser simpatizante de los sindicatos, advirtió que el congelamiento indefinido de los salarios, o por un plazo prolongado, tiene un efecto pernicioso, que vulnera el Convenio 131 de la OIT y un precedente de la Sala Constitucional, que dispuso que el congelamiento de los salarios sólo puede ser excepcional, por un plazo definido y claramente determinado.

También existe un precedente del Comité de Libertad Sindical, contra el Gobierno de Costa Rica, que resolvió una queja, prácticamente en los mismos términos del precedente de la Sala Constitucional.

Cómo decían los Indignados:
“Nos sobra mucho mes al final del sueldo”. (Cártel, Madrid, 2011).

¡La política de los sindicatos debe ser: negociación salarial o conflicto laboral!

La UNED no está evitando el salario global

La información que publicó el 12 de marzo de 2023, el medio CRHoy.com en la nota titulada UNED declara a todo su personal “exclusivo y excluyente” para evitar salario global, y cuyo cuerpo de la nota indica “para así escaparse del salario global”, es completamente falsa e induce a error a la persona lectora.

No es real que la UNED esté “escapando” o “evitando” el salario global, ya que el acuerdo del Consejo Universitario, en sesión 2951-2023, Art. III-A, inciso 9), celebrada el 09 de marzo del 2023, que la misma nota informativa menciona, tiene como finalidad, precisamente, incluir el salario global como forma de remuneración a las personas funcionarias de la institución.

El acuerdo se toma en estricto cumplimiento de la Ley Marco de Empleo Público, que establece en sus artículos 31, 32, 33 y 34, que la Metodología de valoración de trabajo, Grados dentro de las familias laborales, Clasificación de puestos de trabajo en familias laborales y grados, y Columna salarial global, deben ser establecidas por las instituciones de educación superior, al ser una Universidad pública con autonomía organizativa.

Ante la nueva modalidad de pago que será establecida por las casas de enseñanza superior, las cinco universidades públicas del país, incluida la Universidad Estatal a Distancia (UNED), trabajan en forma conjunta en la formulación del Régimen de Empleo Superior Universitario (RESU), el cual, entre otras cosas, establecerá el salario global que regirá para las universidades.

Mientras los equipos profesionales de las cinco universidades terminan con esta formulación del RESU, el Consejo Universitario de la UNED ha instruido a la Administración, en el mismo acuerdo referido en la nota, para que elabore una propuesta de salario global transitorio para el personal universitario que ingrese a la institución, bajo la vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, como se indicó al inicio, justamente para el cumplimiento de lo establecido en la Ley.

El RESU es formulado desde el seno del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en concordancia con lo destacado por la Sala Constitucional en las consultas realizadas cuando entonces dicha ley era un proyecto de ley, que declaró inconstitucionalidad en algunos artículos debido a que no excluían a personas funcionarias que realizan labores propias de la actividad universitaria.

Asimismo, no se establecía que, en atención a la Autonomía Universitaria, la construcción de la familia de la columna salarial y sus características corresponde en forma exclusiva y excluyente a los máximos órganos de los entes universitarios.

“Es claro que este es un elemento esencial que afecta a la Autonomía Universitaria en relación con el funcionariado que se desempeña en la docencia, en la investigación, en la extensión social y cultural, así como aquellos funcionarios, profesionales y técnicos, que realizan labores administrativas vinculadas con la materia universitaria. De ahí que los órganos competentes para construir la familia y sus características, desde la óptica constitucional, lo hacen con independencia de las directrices y disposiciones reglamentarias que en este ámbito emita el MIDEPLAN o el Poder Ejecutivo”, dictaminó la Sala Constitucional.

Es así como en mayo del 2022, mediante oficio CNR-181-2022 del 2022, a solicitud de la coordinación del RESU y siendo la UNED la Universidad que presidía el CONARE, se procede a la declaración de que “la totalidad de los puestos existentes en las universidades y el CONARE se encuentran vinculados en forma exclusiva e incluyente, al cumplimiento del PLANES (Plan Nacional de la Educación Superior), de tal manera que ningún puesto podrá quedar excluido del sistema de empleo público universitario y sometido a la administración del Poder Ejecutivo”.

Por esta razón es que también el Consejo Universitario de la UNED acordó el 9 de marzo declarar a su personal, sin excepción alguna, como exclusivo y excluyente “para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas, así como para cumplir la misión, visión, objetivos y funciones encomendadas a la universidad”, no para evadir el salario global, sino para defender la autonomía universitaria consagrada en el artículo 84 de nuestra Constitución Política.

Así las cosas, solicitamos al medio CRHoy.com que se publique la información real sobre los procesos internos que sigue la UNED frente al cumplimiento de la Ley Marco de Empleo Público.

Nota de la edición: Derecho de respuesta solicitado por la UNED al diario CRHoy y enviado a SURCOS.

Magistrados confirman derecho de trabajadoras interinas de la CCSS por licencias de maternidad y lactancia

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE AFINES) dio a conocer dos fallos de la Sala Constitucional, del 27 de enero, y 10 de febrero del 2023, los cuales confirman que las trabajadoras interinas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tienen derecho a disfrutar la licencia de maternidad y lactancia estipulada en el Artículo 42 del Reglamento de Salud. Se realizaron una serie de entrevistas para conversar, conocer y analizar las perspectivas de las partes involucradas, en este caso con las dos auxiliares, Jimena Díaz Solórzano y Faride Matarrita Rojas, afiliadas a SINAE AFINES y quienes interpusieron el recurso. Las otras entrevistas fueron a Ricardo Marin, quien es asesor legal de SINAE AFINES y Dulce Tovar Peña, secretaria de Género. Tovar menciona que hay dos recursos de amparo que respaldan su derecho a la lactancia y a la licencia de maternidad independiente de su condición, ya sea interina o no. 

Además que en el artículo del SINAE para la CCSS mencionan que el artículo 42 del reglamento, el derecho a la licencia de maternidad de las aseguradas activas, está siendo violentado al no cancelar el monto del subsidio correspondiente. A pesar de que existe una obligatoriedad del Estado de garantizar el derecho constitucional a la salud y la vida de la madre y el menor. 

Otras de las solicitudes que se hacen, a los directivos de la institución, es que instruya a todas las jefaturas respetar la continuidad y los efectos del nombramiento de las funcionarias que se encuentran en disfrute de su licencia de maternidad o lactancia. Los derechos de Jimena Díaz y Faride Matarrita fueron violentados, al ser derechos básicos, e incluso Tovar menciona en la entrevista que dicha ley incluye no solo a Díaz y Matarrita, sino a todas las mujeres de Costa Rica en donde el hecho de ser madre, incluye ser respetada en su licencia de maternidad y lactancia.