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Etiqueta: derechos laborales

Violencia institucional contra gente trabajadora

Manuel Hernández

Desde el inicio de la pandemia, casi 250.000 personas trabajadoras se han visto afectadas por la salvaje reducción de las jornadas de trabajo y la suspensión de los contratos de trabajo, sin goce de salario.

La Inspección de Trabajo, en lugar de proteger los intereses legítimos de los trabajadores, ha tenido a su cargo la dirección de esta deplorable orquesta patronal.

Esto se llama violencia institucional contra la gente trabajadora más vulnerable.

Sobreseimiento definitivo para Carlos Andrés Pérez Sánchez

Surcos comparte la siguiente información:

La Protesta Social es un Derecho Humano

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), el Bloque de Vivienda Nacional, la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Coordinadora Campesina y el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) solicitamos de forma vehemente al Estado costarricense la cesación de la persecución política en contra de personas defensoras de derechos humanos. Así, exigimos EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para el joven trabajador y sindicalista de 28 años Carlos Andrés Pérez Sánchez, obrero de la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) quien ha sido acusado de manera ilegítima de supuestos delitos que jamás ocurrieron.

Carlos Andrés es una víctima más de la persecución política, administrativa y judicial ejecutada por el estado a través del Poder Ejecutivo, RECOPE y la Fiscalía General de la República. Una persecución sistemática que ha sido alimentada a través de los medios de comunicación hegemónicos que ejercen una dictadura mediática complaciente de los intereses de las élites económicas.

Carlos Andrés fue detenido injustamente el 11 de septiembre del año 2018 cuando, en ejercicio de su derecho fundamental a la manifestación pacífica reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, suscritos y debidamente aprobados por Costa Rica, se le acusó de causar daños a bienes propiedad de RECOPE, institución para la cual trabajaba. Carlos Andrés en un acto heroico acudió a atender una emergencia de una posible fuga de gas en las instalaciones de su trabajo, acción para la cuál ha sido preparado como parte de las medidas de atención de riesgos ante eventuales peligros. Hecho que se da durante el período de huelga acontecido durante el año 2018 en contra del combo fiscal (Proyecto Ley 20.580. Ley de Modernización de las Finanzas Públicas) promovido por el gobierno central y la Asamblea Legislativa; huelga que él apoyaba dentro de los límites del ordenamiento jurídico, esta es la verdadera razón del por la cual es acusado.

Este joven trabajador y padre de familia, fue sometido a un juicio mediático a nivel nacional, siendo catalogado por los medios de comunicación más poderosos como un terrorista, inclusive fue acusado por el presidente de la república, Carlos Alvarado Quesada, sin antes tener un juicio en el cual se demostrara su culpabilidad, violentando así el principio constitucional y penal de inocencia.

Posteriormente fue sometido a un amañado juicio penal de flagrancia donde es declarado culpable, juicio que luego fue anulado por el Tribunal de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José al demostrarse vicios de nulidad en el fallo condenatorio emitido por el juez Sergio Céspedes Rivera (Tribunal del Flagrancia de Limón, causa 18-000244-1130-PE), quien en primera instancia fue amonestado, ordenando la liberación de Carlos (26 de febrero, 2019).

Carlos Andrés Pérez Sánchez ha tenido que sufrir el injustificable peso de atravesar un proceso penal donde estuvo detenido en prisión durante 100 días, como preso político, condenado en un juicio con serios vicios procesales. Todo esto a pesar de que el material probatorio, el análisis fáctico y jurídico del caso, señalan claramente su inocencia. Además, a nivel de derechos laborales, fue despedido de su trabajo arbitrariamente sin responsabilidad laboral, causando un impacto en la estabilidad emocional y económica a nivel personal y familiar.

Por todo lo anterior, como organizaciones del movimiento social defensoras de los Derechos Humanos solicitamos se declare el sobreseimiento definitivo a Carlos Andrés Pérez Sánchez, con fundamento en el inciso a) del artículo 311 del Código Penal, que dicta que procederá el sobreseimiento cuando el hecho denunciado no se realizó o no fue cometido por el imputado.

Hacemos un llamado a las personas comprometidas con la justicia social, a las organizaciones sociales nacionales y a la comunidad internacional para que se solidaricen con Carlos Andrés, denuncien la violación sistemática de derechos fundamentales que sucede en Costa Rica y se unan para denunciar la represión y persecución penal, civil y política contra quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta social. A la vez, convocamos a hacernos presentes los días 24 y 25 de febrero a los Tribunales de Limón, para recuperar la confianza en los tribunales de justicia y se dicte el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO A CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ.

PROTESTAR NO ES UN DELITO, ES UN DERECHO HUMANO
Firmas responsables:

ACODEHU, CUT, MTC

Bloque de Vivienda Nacional,

Coordinadora Campesina

Costa Rica

Por lo que le solicitamos adscribirse como persona o como organización a Petición  del SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para compañero Carlos Andrés Pérez Sánchez, joven obrero de Costa Rica víctima de persecución penal y política desde la huelga 2018.

https://forms.gle/M6DnYU17m19CZ9b8A

Gracias de antemano.

Nuevo golpe para la clase trabajadora por parte de la Asamblea Legislativa

La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum expresa su decepción y profunda preocupación ante la conducta deplorable de las y los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, de archivar una importante iniciativa para la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el cual es el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.

Para nuestro país, es de la más alta prioridad lograr un mundo del trabajo totalmente libre de violencia y acoso laboral, lo que debe lograrse con la acción comprometida y patriótica de los tres poderes del Estado para dar esa garantía esencial a toda la ciudadanía, y especialmente a las mujeres trabajadoras que tanto sufren el flagelo de la violencia, el acoso y la discriminación en el trabajo.

Es muy lamentable que la Asamblea Legislativa saliente, con pocas y muy meritorias excepciones, tenga un nivel tan bajo de compromiso con la ciudadanía, con los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores de la nación, y con la comunidad internacional, en un asunto que es trascendente para la democracia y la sana convivencia social y laboral.
La CTRN espera que el nuevo Gobierno y la nueva Asamblea Legislativa puedan retomar lo antes posible las acciones para ratificar el Convenio 190, y de esa forma reforzar las leyes y políticas para prevenir y erradicar la violencia y el acoso en los centros de trabajo, como corresponde en toda sociedad civilizada.

Condena internacional por cancelación del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra (MEC) y otras organizaciones en Nicaragua

Centroamérica, 16 de febrero de 2022.

Las organizaciones que integran la Red Centroamericana en Solidaridad con las Trabajadoras de la Maquila (REDCAM), consorcios, sindicatos y organizaciones no gubernamentales centroamericanas y europeas, condenamos la violencia institucional del Gobierno de Nicaragua contra el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra (MEC) y otras cinco organizaciones no gubernamentales, a las que el gobierno nicaragüense, a través, de la Asamblea Nacional, canceló su personalidad jurídica este 15 de febrero de 2022, entre ellas: Fundación Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Arauz (Fundemuni), Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Centro Nicaragüense para la Promoción de la Juventud y la Infancia y la Fundación Iberoamericana de las Culturas (Fibras).

La cancelación es parte de un largo proceso de persecución, que ha incluido allanamientos, capturas y otras vulneraciones a los derechos humanos del personal y dirigentes del Movimiento María Elena Cuadra, así como a más de 90 organizaciones no gubernamentales, universidades y periodistas, ya que se han aprobado leyes atentatorias del derecho a la asociación, libertad de expresión y defensa de los derechos humanos, como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Amparados en esta ley, se atribuyen afirmaciones falsas al MEC y se violó su derecho al debido proceso, ya que las autoridades se negaron a recibir la documentación que demostraba el cumplimiento de la ley, por parte de esta organización feminista con más de 28 años de trayectoria en la defensa de los derechos de las trabajadoras y las mujeres más pobres del país. 

Demandamos al Gobierno de Nicaragua y al Presidente de la República Daniel Ortega, cesar la persecución contra el personal del MEC y cualquier vulneración de sus derechos humanos. Reiteramos que el gobierno nicaragüense es suscriptor de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, que contienen una serie de principios y derechos elementales derivadas de instrumentos nacionales e internacionales que protegen a las personas defensoras de derechos humanos. 

La cancelación y persecución de las organizaciones no gubernamentales demuestran la gravedad del accionar represivo del gobierno contra los derechos de las mujeres y la ciudadanía nicaragüense, a expresarse con libertad, a ejercer su derecho al trabajo, derecho al debido proceso, a organizarse, a defender sus derechos y vivir dignamente. Es una muestra más de que la vida en Nicaragua es insostenible, ante lo cual la comunidad internacional no puede quedarse apática ya que estas medidas violan derechos elementales reconocidos desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por mencionar algunos:

Artículo 3:

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; Artículo 6. “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

Artículo 8:

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 10:

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Demandamos al Estado de Nicaragua la restitución de los derechos violentados, expresamos nuestra solidaridad y solicitamos el apoyo de instancias internacionales, a pronunciarse y demandar el cese inmediato de los reiterados atropellos y vulneraciones a los derechos humanos de las dirigentes y personal del Movimiento María Elena Cuadra y de las organizaciones no gubernamentales canceladas por el gobierno nicaragüense, en los últimos meses.

 

Imagen ilustrativa.

Acción urgente: Ataque a las normas de salud y seguridad en la industria cárnica brasileña

Imagen: Allan McDonald – Rel UITA

El establecimiento, en 2013, de la norma de salud y seguridad (NR 36), para la industria de procesamiento de carne y sus derivados, fue un gran avance para los derechos de trabajadores y trabajadoras en Brasil.

UITA

Actualmente las empresas cárnicas están presionando al Gobierno brasileño para que retire o debilite la normativa. Pulse AQUÍ para enviar un mensaje urgente al Gobierno.

La NR 36 entró en vigor tras 15 años de campaña nacional e internacional en favor de la seguridad y salud en la industria frigorífica y se promulgó para frenar la epidemia de lesiones por esfuerzo repetitivo y otras enfermedades profesionales, regulando una revisión de las prácticas laborales para prevenir dichas lesiones; entre estas medidas destaca la estipulación de pausas durante la jornada laboral.

La NR 36 establece además la participación de trabajadores y trabajadoras y sus representantes en el desarrollo y el control de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, de acuerdo con las normas internacionales, incluido el Convenio 155 de la OIT.

El secretario general Adjunto de la UITAJames Ritchie, declaró «Hoy, en medio de una pandemia mundial, el gobierno brasileño, respaldado por poderosos intereses empresariales, se prepara para retirar o debilitar seriamente la NR 36.

Instamos a todas las afiliadas de la UITA y organizaciones hermanas a enviar un mensaje a las autoridades de Brasil, para pedirles que no retiren o modifiquen la legislación.»

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/

Solicitan públicamente a autoridades de la CCSS apoyo urgente para el personal ante variante Ómicron

Juan Carlos Duran Castro, dirigente sindical, SIFUOCR

Por este medio se informa que actualmente el Hospital San Juan de Dios mantiene un recargo de funciones, esto debido a que hay una tasa de contagios sumamente agresiva lo que ha elevado la tasa de incapacitaciones, esto resulta particularmente preocupante ya que podría afectar e ir en detrimento de la salud de los pacientes y el servicio que se les brinde.
En atención a la situación sanitaria actual que enfrentamos el Movimiento por la salud y la Libertad y del Consejo Asesor Médico-Científico Médicos por la Libertad, tomando en cuenta la necesidad de acceso a profesionales éticos para apoyar a la población con su salud y bienestar con respecto de patologías crónicas preexistentes y, por otro lado de cara al llamado Sars-Cov-2, así como los efectos adversos que las inoculaciones podrían ocasionar, hemos decidido crear un Directorio Médico de profesionales de la salud para que ustedes puedan acercarse a ellos para solicitar una valoración de su condición de salud y evacuar dudas con respecto de las inoculaciones desde el punto de vista médico.

Con respecto a la elaboración de dictámenes médicos, les informamos que esto está sujeto al criterio del médico que valora en la consulta al paciente y podrían requerirse exámenes de laboratorio y/o la presentación del expediente médico para una valoración del historial clínico del paciente. Así mismo, queremos informarle a toda la ciudadanía, que de acuerdo con lo señalado por la Dra. Jaqueline Aguilar Marín, en su calidad de Fiscal Auxiliar del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en el oficio del FJG-1728-2021, del 06 de octubre del 2021, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7, inciso a), del Decreto Ejecutivo No. 39609-S así como lo que dispone la Ley General de Salud de nuestro país, todo médico debidamente acreditado cuenta con fe pública, por lo que en caso de ser necesario emitir un dictamen, este se constituye en un documento debidamente legitimado de acuerdo con la normativa existente actualmente, independientemente de si es realizado por un médico que atienda de manera privada o en alguna institución del Estado.

Además, deseamos recordarles que la mejor manera de prevenir enfermedades es manteniendo un estilo de vida saludable y activo. Por ello, les recomendamos evitar el uso de artículos que impidan una respiración libre, comer saludable y balanceadamente, incorporando una variedad de carbohidratos saludables (de bajo índice glicémico) como vegetales, verduras, legumbres, frutas; suficiente proteína (preferiblemente magra); grasas saludables como aguacate, semillas, aceite de oliva y evitando frituras; así como tomar una adecuada cantidad de agua y realizar -al menos- 30 minutos de ejercicio físico diario.

Esperamos que esta información sea de utilidad para toda la ciudadanía y les deseamos una vida saludable y balanceada. Les enviamos un abrazo de parte del Movimiento por la Salud y La Libertad y del Consejo Asesor Médico-Científico Médicos por la Libertad.
A continuación el comunicado completo y el directorio de consulta médica- Médicos por la Libertad

 

*Imagen de portada ilustrativa, UCR.

Solicitan firmas contra despido de Ariane Grau

El día 3 de enero fue despedida de la APSE la funcionaria Ariane Grau Crespo, quien desde hace 11 años se desempeñaba como coordinadora de la Escuela Sindical, realizando funciones para la construcción y formación del sindicato, siempre ha estado al servicio de las luchas. Su puesto en el sindicato no era ni de elección popular ni de confianza, era el de una trabajadora más, con los mismos derechos laborales que los de cualquier otra persona funcionaria.

Este despido fue aprobado en la última reunión de la Junta Directiva saliente y aplicado por la Junta Directiva entrante (que alegó no tener conocimiento del mismo). Según la carta entregada a Ariane, el despido se fundamenta en una “reestructuración de personal”.

Las personas aquí firmantes, conocemos la trayectoria de Ariane Grau en la formación sindical, la defensa de derechos laborales y los procesos de articulación con los distintos movimientos sociales, y es por ello que nos preocupa lo que significa su despido de APSE, ya que su salida afecta profundamente a la organización en un momento donde se vuelve más necesaria la formación sindical ante el aumento de los ataques del gobierno, la persecución contra el empleo público y las sobrecargas inhumanas de trabajo que enfrentan las personas trabajadoras del magisterio. El legado de Ariane en la formación del sindicato está por perderse, debilitando a APSE en un momento crucial.

Pero además nos preocupa profundamente que para fundamentar el despido, la Junta Directiva debió pedir prestadas palabras al gran empresariado, lo mismo que le dicen las grandes piñeras o bananeras a sus empleados para despedirlos sin justificación. Según la legislación, una “reestructuración de personal” no es justificación de despido. Se esperaba más de una organización que dice defender los derechos de los trabajadores, como lo es un sindicato, cuya imagen está quedando seriamente cuestionada al hacer un despido que es a todas luces injustificado.

Por ello, como activistas y personas luchadoras que somos, queremos manifestar nuestra solidaridad con Ariane, pero además nuestra preocupación con las medidas de la Junta Directiva de APSE, quien debe pronunciarse respecto a esta reestructuración de personal planteada por la junta saliente.

Para firmar la solicitud, acceda al siguiente enlace: https://chng.it/TcDCqVfM 

IMPORTANTE: EN ESTA PETICIÓN NO ESTAMOS TRAMITANDO DONACIONES, FAVOR HACER CASO OMISO A LA SOLICITUD DE CHANGE.

ANEP denuncia despido antisindical en el TSE con la venia del MTSS

ANEP informó:

«El secretario general del sindicato de TSE, Lic. Ruy González López, presentó este martes 4 de enero ante el Tribunal Contencioso solicitud de medida cautelar de suspensión de su antisindical despido, el cual fue avalado por el propio Ministerio de Trabajo. ANEP condena y denuncia la acción coordinada, políticamente hablando, del TSE y del Poder Ejecutivo, en contra del Derecho Humano de Libertad Sindical del sindicato SETSE en la humanidad de su secretario general. Es una agresión contra todas las Libertades Democráticas».

El movimiento sindical condena la criminalización de la protesta social

SURCOS comparte la siguiente información:

Las diversas corrientes sindicales aglutinadas en las Centrales Sindicales (CTRN,CMTC,CGT, CUT, CCTD), el Bloque Unitario Sindical y Social BUSSCO y demás sindicatos queremos denunciar a toda la ciudadanía costarricense sobre la persecución que las élites políticas, económicas, la extrema derecha y el actual gobierno están impulsando por medio de sus redes de influencia, para controlar y anular las críticas y las manifestaciones de descontento popular y sindical, que son de hecho la única oposición real que ha tenido el gobierno ante sus políticas antipopulares y antilaborales contra la clase trabajadora, con prepotencia y sin ninguna vocación de diálogo democrático con el pueblo, como dice la Constitución.

Ahora, en una nueva y amañada maniobra leguleya, somete al dirigente sindical, Albino Vargas Barrantes, a un juicio estrictamente político, que pone en entredicho una serie de derechos fundamentales, como son la libertad sindical, el derecho a la libertad de expresión y opinión y el derecho a la libertad de manifestación. 

Este acto responde a una práctica persecutoria a la dirigencia social y sindical que se viene ejerciendo por diversos gobiernos; en la lucha contra el Combo Fiscal las sedes de diversos sindicatos y dirigentes fueron objeto de vigilancia policial, también juicios anteriores contra activistas sociales, todo lo anterior, es inaceptable y refleja la deriva autoritaria del gobierno, con conductas que van en contra de nuestra institucionalidad democrática.

Esta es una muestra más de ese obsesivo control político sobre la población que el gobierno quiso instalar e intensificar con la fallida Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), hecho que hasta la fecha se mantiene impune en cuanto a la responsabilidad presidencial.

Por lo tanto, denunciamos esta involución de represión selectiva y silenciamiento político de opositores, y solicitamos al pueblo costarricense, y las instituciones públicas no permitir ni en este ni en otros casos que triunfen las formas oscuras e intolerables de callar a la gente que exige sus derechos, empleo decente, dignidad y protección social.

No a la violencia política contra la protesta social y la libertad sindical

Se logró mantener el pago bisemanal de las personas funcionarias de la CCSS

SURCOS comparte la siguiente información:

Juan Carlos Duran Castro celebra el logro obtenido por la sociedad costarricense y el movimiento sindical con respecto a mantener el pago bisemanal para las personas trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social. Infiere en que, a pesar de las dificultades del proceso, fracciones de partidos tradicionales apoyaron y colaboraron en buscar soluciones para que se pudiera mantener esta modalidad.

Sin embargo, Durán hace un llamado a la ciudadanía a hacer un uso responsable de su voto, informado y consciente para las elecciones electorales que se avecinan en este 2022. Destaca la labor del Frente Amplio y en específico José María Villalta, pues fue el promotor de todo el movimiento en contra de la medida que el Ministerio de Hacienda pretendía ejercer sobre la dinámica económica y salarial de la CCSS.

Adjuntamos video: