El movimiento sindical condena la criminalización de la protesta social
SURCOS comparte la siguiente información:
Las diversas corrientes sindicales aglutinadas en las Centrales Sindicales (CTRN,CMTC,CGT, CUT, CCTD), el Bloque Unitario Sindical y Social BUSSCO y demás sindicatos queremos denunciar a toda la ciudadanía costarricense sobre la persecución que las élites políticas, económicas, la extrema derecha y el actual gobierno están impulsando por medio de sus redes de influencia, para controlar y anular las críticas y las manifestaciones de descontento popular y sindical, que son de hecho la única oposición real que ha tenido el gobierno ante sus políticas antipopulares y antilaborales contra la clase trabajadora, con prepotencia y sin ninguna vocación de diálogo democrático con el pueblo, como dice la Constitución.
Ahora, en una nueva y amañada maniobra leguleya, somete al dirigente sindical, Albino Vargas Barrantes, a un juicio estrictamente político, que pone en entredicho una serie de derechos fundamentales, como son la libertad sindical, el derecho a la libertad de expresión y opinión y el derecho a la libertad de manifestación.
Este acto responde a una práctica persecutoria a la dirigencia social y sindical que se viene ejerciendo por diversos gobiernos; en la lucha contra el Combo Fiscal las sedes de diversos sindicatos y dirigentes fueron objeto de vigilancia policial, también juicios anteriores contra activistas sociales, todo lo anterior, es inaceptable y refleja la deriva autoritaria del gobierno, con conductas que van en contra de nuestra institucionalidad democrática.
Esta es una muestra más de ese obsesivo control político sobre la población que el gobierno quiso instalar e intensificar con la fallida Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), hecho que hasta la fecha se mantiene impune en cuanto a la responsabilidad presidencial.
Por lo tanto, denunciamos esta involución de represión selectiva y silenciamiento político de opositores, y solicitamos al pueblo costarricense, y las instituciones públicas no permitir ni en este ni en otros casos que triunfen las formas oscuras e intolerables de callar a la gente que exige sus derechos, empleo decente, dignidad y protección social.
No a la violencia política contra la protesta social y la libertad sindical
